–

en nombre de Vueling Airlines, S.A., por la Sra. B. Liebert, Rechtsanwältin;

–

en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

–

en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. G. Braun y la Sra. N. Yerrell, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).

2

Esta petición se presentó en el marco de un litigio seguido entre los Sres. de Harms y sus cuatro hijos, por un lado, y Vueling Airlines, S.A., por otro, en relación con el reembolso del precio de billetes comprados con la intermediación de Opodo Ltd.

3

El artículo 2, letra f), del Reglamento n.o 261/2004 define el término «billete» como «todo documento válido que dé derecho al transporte, o su equivalente en forma no impresa, incluida la electrónica, expedido o autorizado por el transportista aéreo o por su agente autorizado».

4

El artículo 5 del Reglamento, titulado «Cancelación de vuelos», establece lo siguiente en su apartado 1:

5

El artículo 8 de ese mismo Reglamento, titulado «Derecho al reembolso o a un transporte alternativo», prevé lo siguiente en su apartado 1:

–

un vuelo de vuelta al primer punto de partida […]

6

El artículo 10 del mismo Reglamento, titulado «Cambio de clase», establece lo siguiente en su apartado 2:

7

El Sr. Harms compró en el sitio web opodo.de billetes con los que viajar con su esposa y sus cuatro hijos desde Hamburgo (Alemania) hasta Faro (Portugal), con escala en Barcelona, en un vuelo realizado por la compañía aérea Vueling Airlines. Opodo facturó al Sr. Harms por dicha compra la cantidad de 1 108,88 euros, enviándole una confirmación a tal efecto en la que se indicaba el importe en cuestión sin más precisiones. Opodo remitió paralelamente a Vueling Airlines la cantidad de 1 031,88 euros.

8

Sin embargo, el vuelo que debía tomar la familia de Harms no se realizó con arreglo al plan de viaje establecido por Vueling Airlines, y según el tribunal remitente dicha situación debe asimilarse a su cancelación a efectos del Reglamento n.o 261/2004.

9

En nombre propio y en el de sus cuatro hijos, los Sres. de Harms sostienen ante el tribunal remitente que, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 261/2004, la compañía Vueling Airlines está obligada a reembolsarles la totalidad de los 1 108,88 euros que les facturó Opodo. Vueling Airlines no rebate dicha reclamación en lo que atañe a los 1 031,88 euros que le remitió Opodo, que indica que son el precio de los billetes que compró el Sr. Harms. Por el contrario, estima que no tiene que reembolsarle la diferencia entre dicha cantidad y los 1 108,88 euros que percibió Opodo, alegando que esa diferencia de 77 euros no es parte del precio mencionado.

10

Así las cosas, el Amtsgericht Hamburg (Tribunal de lo Civil y Penal de Hamburgo, Alemania) acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

11

Mediante su cuestión prejudicial el tribunal remitente pregunta en esencia si el Reglamento n.o 261/2004, y concretamente su artículo 8, apartado 1, letra a), deben interpretarse en el sentido de que el precio del billete que se tomará en consideración a la hora de calcular el importe del reembolso que el transportista aéreo adeuda al pasajero en caso de cancelación del vuelo incluye la diferencia entre la cantidad abonada por dicho pasajero y la recibida por dicho transportista aéreo, cuando tal diferencia corresponda a la comisión percibida por una persona que participó como intermediaria entre ambos.

12

A tenor del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 261/2004, en relación con su artículo 5, apartado 1, letra a), corresponderá al transportista aéreo ofrecer como asistencia a los pasajeros afectados, en caso de cancelación del vuelo, el reembolso del coste íntegro de su billete al precio al que se compró y, llegado el caso, un vuelo de vuelta al primer punto de partida.

13

La formulación del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 261/2004 vincula directamente el concepto de «billete» con la expresión «coste íntegro […] al precio al que se compró», ya que dicho billete puede ser adquirido por los pasajeros afectados tanto directamente al transportista aéreo como pasando por un intermediario que bien puede ser el agente autorizado al que se refiere el artículo 2, letra f), del mismo Reglamento.

14

Cuando con tal motivo un intermediario de esas características percibe de un pasajero una comisión, como sucede en el litigio principal, se plantea la cuestión de si dicha comisión es un elemento integrante del precio del billete que el transportista aéreo en cuestión ha de reembolsar a ese pasajero en caso de cancelación del vuelo de que se trate y, de ser así, en qué medida lo es.

15

Sobre ese particular, resulta oportuno señalar a nivel general que entre los objetivos del Reglamento n.o 261/2004 está no solo salvaguardar un elevado nivel de protección de los pasajeros sino también garantizar un equilibrio entre los intereses de esos mismos pasajeros y los de los transportistas aéreos (sentencia de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros, C‑402/07 y C‑432/07, EU:C:2009:716, apartado 67).

16

Procede entender a la vista de esos objetivos que, si bien en principio debe considerarse que la comisión que el intermediario percibe del pasajero en la venta del billete es un elemento integrante del precio que ha de reembolsarse a dicho pasajero en caso de cancelación del vuelo en cuestión, tal inclusión estará sujeta a determinados límites, habida cuenta de que es contraria a los intereses de los transportistas aéreos.

17

En relación con este último particular, con arreglo al artículo 2, letra f), del Reglamento n.o 261/2004 el «billete» es un documento o equivalente no impreso, incluido el electrónico, expedido o autorizado por un transportista aéreo o por un agente autorizado por este. De dicha definición se desprende que en cualquiera de los casos los distintos aspectos del billete (también su precio) deben haber sido autorizados por el transportista aéreo, si es que el billete no ha sido expedido por este, y que por tanto no pueden fijarse a sus espaldas.

18

Esa interpretación se ve corroborada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la que se desprende que el reembolso parcial del «precio del billete» que se establece en el artículo 10, apartado 2, letras a) a c), del Reglamento n.o 261/2004 para el caso de que el transportista aéreo acomode al pasajero en una plaza de clase inferior a aquella por la que se pagó el billete debe calcularse tomando únicamente en consideración los elementos de ese precio que sean «inevitables», en el sentido de que resulte necesario abonarlos para disfrutar a cambio de los servicios ofrecidos por el transportista aéreo (sentencia de 22 de junio de 2016, Mennens, C‑255/15, EU:C:2016:472, apartado 36).

19

Pues bien, no puede considerarse que un elemento del precio del billete que se haya fijado a espaldas del transportista aéreo resulte necesario para disfrutar de los servicios por este ofrecidos.

20

Habida cuenta de todos los argumentos anteriores, ha de contestarse a la cuestión prejudicial planteada que el Reglamento n.o 261/2004, y concretamente su artículo 8, apartado 1, letra a), deben interpretarse en el sentido de que el precio del billete que se tomará en consideración a la hora de calcular el importe del reembolso que el transportista aéreo adeuda al pasajero en caso de cancelación del vuelo incluye la diferencia entre la cantidad abonada por dicho pasajero y la recibida por dicho transportista aéreo, cuando tal diferencia corresponda a la comisión percibida por una persona que participó como intermediaria entre ambos, salvo si esa comisión se fijó a espaldas del transportista aéreo, extremo este que corresponde comprobar al tribunal remitente.

21

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.