El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión (en lo sucesivo, «las tres instituciones») reconocen la importancia de reforzar la protección de los intereses financieros de la Unión, tal como se reconoce en el Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 y se establece en el artículo 325 del TFUE.

Las tres instituciones convienen en que es necesario seguir desarrollando la herramienta de conformidad con las normas de seguridad informática y protección de datos. Con el fin de reducir la carga administrativa y evitar costes informáticos desproporcionados para los Estados miembros y los demás usuarios, se tomarán en consideración los sistemas aprobados establecidos en los Estados miembros.

Las tres instituciones se comprometen a cooperar con vistas a seguir desarrollando la herramienta. La Comisión confirma que seguirá desarrollándola en consulta con los usuarios y ofreciendo apoyo a los Estados miembros para resolver cualquier duda técnica. Los Estados miembros cooperarán con la Comisión a fin de facilitar las sinergias necesarias para la interoperabilidad con los sistemas informáticos y las bases de datos pertinentes.

Tras una evaluación de la Comisión que confirme la idoneidad de la herramienta sobre la base de los criterios mencionados en el artículo 36, apartado 6, del Reglamento Financiero, las tres instituciones, sin perjuicio de sus respectivas competencias, se comprometen a examinar y volver a debatir el uso obligatorio de la herramienta durante el marco financiero plurianual posterior a 2027.