1

Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, las demandantes, PGI Spain, S. L., Berry Superfos Pamplona, S. A., Promens Packaging, S. A., RPC Envases, S. A., y Zeller Plastik España, S. L., solicitan la anulación de la Decisión C(2022) 3942 final de la Comisión, de 8 de junio de 2022, sobre la ayuda estatal SA.102454 (2022/N) — España y SA.102569 (2022/N) — Portugal — Mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista ibérico (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

Antecedentes del litigio

2

El Reino de España y la República Portuguesa notificaron a la Comisión Europea, el 20 y el 23 de mayo de 2022 respectivamente, una medida dirigida a reducir el precio mayorista de la electricidad en la península ibérica mediante la subvención del coste de los insumos de las tecnologías basadas en combustibles fósiles (en lo sucesivo, «medida notificada»).

3

Mediante la Decisión impugnada, la Comisión decidió no formular objeciones con arreglo al artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE (DO 2015, L 248, p. 9).

4

En la Decisión impugnada, en primer término, la Comisión describió las características esenciales de la medida notificada. En particular, señaló que:

–

la medida notificada se inscribía en el contexto de las crisis que habían tenido que afrontar los mercados nacionales e internacionales de energía en las últimas décadas, crisis que habían conducido a un alza de los precios de los combustibles fósiles, en particular del gas natural (puntos 4 y 5);

–

esto había tenido impacto en los hogares y en las pequeñas y medianas empresas acogidas a contratos regulados en España, a saber, el «precio voluntario para el pequeño consumidor» (PVPC) y el descuento regulado para determinados consumidores vulnerables, denominado «bono social» (en lo sucesivo, conjuntamente, «contratos regulados»), y, prácticamente, en todo tipo de actividades económicas (puntos 6 y 7);

–

el mercado diario de la electricidad de la Unión Europea se sustentaba en un método de tarificación basado en el precio marginal, que implicaba que el precio de la electricidad se fijaba mediante la última fuente de producción necesaria para satisfacer la demanda en un momento dado, a saber, con frecuencia las centrales eléctricas de combustibles fósiles, que son las centrales más costosas debido a sus elevados costes de explotación (puntos 20 a 23 y 34);

–

la medida notificada consistía en efectuar pagos a los operadores de centrales eléctricas de combustibles fósiles situadas en la península ibérica con el fin de reducir los precios de la electricidad en los mercados mayoristas y, consiguientemente, en los minoristas (puntos 24 y 33 a 39);

–

la medida notificada se financiaría, entre otras, mediante una contribución (en lo sucesivo, «contribución») impuesta por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía-Polo Español, S. A. (OMIE), a los compradores de electricidad en el mercado mayorista, a saber, los suministradores de electricidad y los consumidores que compraban directamente electricidad en el mercado mayorista para su propio uso (en lo sucesivo, «consumidores directos»), en proporción a la cantidad de electricidad que comprasen (puntos 25 y 44);

–

algunos compradores de electricidad en el mercado mayorista quedarían exentos del pago de la contribución, en particular, aquellos que hubieran suscrito contratos a precio fijo con anterioridad al 26 de abril de 2022, siempre que cumpliesen determinadas condiciones, entre ellas, la notificación de sus contratos al OMIE (en lo sucesivo, «exención de la contribución») [puntos 45, letra d), a 48].

5

En segundo término, la Comisión examinó la calificación de la medida notificada a la luz del artículo 107 TFUE, apartado 1. Si bien consideró que la medida notificada estaba comprendida en el ámbito de aplicación de la referida disposición, no llegó a la misma conclusión por lo que respecta a la exención de la contribución. En este sentido, consideró que los compradores en el mercado mayorista que hubieran celebrado acuerdos para dar cobertura a sus compras de electricidad antes de la adopción de la medida notificada no se beneficiarían de los efectos de esa medida y dedujo de lo anterior que la exención no daba lugar a que se les confiriera una ventaja selectiva y, por lo tanto, no cabía calificarla de ayuda de Estado (puntos 97 a 106 de la Decisión impugnada).

6

En tercer término, la Comisión analizó la compatibilidad de la medida notificada con el mercado interior, a la luz del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b). En particular, consideró que la referida medida era necesaria, adecuada y proporcionada (puntos 107 a 154 de la Decisión impugnada) y que no infringía ninguna de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y, específicamente, del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad (DO 2019, L 158, p. 54), o de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO 2019, L 158, p. 125) (puntos 174 a 192).

Pretensiones de las partes

7

Las demandantes solicitan al Tribunal General que:

–

Anule la Decisión impugnada.

–

Condene en costas a la Comisión.

8

La Comisión y el Reino de España solicitan al Tribunal General que:

–

Desestime el recurso.

–

Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho

9

Las demandantes son sociedades españolas que no adquieren su electricidad directamente en el mercado mayorista de electricidad, sino a través de suministradores de electricidad. Para garantizar la estabilidad del precio del suministro eléctrico, las demandantes celebraron acuerdos de compra de electricidad. Para una parte del suministro de electricidad las demandantes celebraron acuerdos en los que estaba implicada una empresa distinta de su suministrador físico de electricidad y que se basaban en pagos compensatorios en función de la diferencia entre el precio de mercado y el precio fijado en el contrato. Las demandantes califican a este tipo de acuerdos de compra de electricidad como acuerdos financieros.

10

Las demandantes, en su condición de partes interesadas y con el fin de garantizar la salvaguardia de los derechos procedimentales que les confieren el artículo 108 TFUE, apartado 2, y el artículo 1, letra h), del Reglamento 2015/1589, reprochan a la Comisión que no considerara que la medida notificada planteaba dificultades serias que podían justificar la incoación del procedimiento de investigación formal.

11

Es preciso recordar que la legalidad de una decisión de no formular objeciones —como es el caso de la Decisión impugnada—, basada en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento 2015/1589, depende de si la apreciación de la información y de los elementos de que disponía la Comisión en la fase previa de examen de la medida notificada debería haber planteado objetivamente dudas en cuanto a la calificación de dicha medida como ayuda y a la compatibilidad de esta medida con el mercado interior, puesto que tales dudas deben dar lugar a la apertura de un procedimiento de investigación formal en el que pueden participar las partes interesadas a las que se refiere el artículo 1, letra h), del referido Reglamento (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Tempus Energy y Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, apartado 38, y de 5 de septiembre de 2024, Eslovenia/Comisión, C‑447/22 P, EU:C:2024:678, apartado 53).

12

Cuando una parte demandante solicita la anulación de una decisión de no formular objeciones, está cuestionando, en esencia, que la decisión adoptada por la Comisión respecto a la ayuda en cuestión haya sido adoptada sin que la referida institución incoe el procedimiento de investigación formal, vulnerando, por este motivo, sus derechos de procedimiento. Para que se estime su demanda de anulación, la parte demandante puede invocar cualquier motivo que permita demostrar que la apreciación de la información y de los elementos de que disponía la Comisión en la fase previa de examen de la medida notificada debería haber planteado dudas en cuanto a la calificación de la ayuda o a su compatibilidad con el mercado interior. La formulación de este tipo de alegaciones no puede, sin embargo, transformar el objeto del recurso ni modificar sus requisitos de admisibilidad. Por el contrario, la existencia de dudas sobre la calificación o sobre la compatibilidad es precisamente la prueba que debe aportarse para demostrar que la Comisión debía haber incoado el procedimiento de investigación formal a que se refiere el artículo 108 TFUE, apartado 2 (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Tempus Energy y Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, apartado 39 y jurisprudencia citada).

13

La prueba de la existencia de tales dudas, que debe buscarse tanto en las circunstancias de la adopción de la decisión de no formular objeciones como en su contenido, debe aportarse por el solicitante de la anulación de la referida decisión a partir de un conjunto de indicios concordantes (sentencias de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Tempus Energy y Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, apartado 40, y de 5 de septiembre de 2024, Eslovenia/Comisión, C‑447/22 P, EU:C:2024:678, apartado 51).

14

En particular, el carácter insuficiente o incompleto del examen realizado por la Comisión durante el procedimiento de examen previo constituye un indicio de la existencia de dificultades serias para apreciar la medida en cuestión, cuya presencia le obliga a incoar el procedimiento de investigación formal (sentencias de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Tempus Energy y Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, apartado 41, y de 5 de septiembre de 2024, Eslovenia/Comisión, C‑447/22 P, EU:C:2024:678, apartado 52).

15

Además, el juez de la Unión debe apreciar la legalidad de una decisión de no formular objeciones adoptada al término del procedimiento de examen previo no solo en función de la información de que la Comisión disponía en el momento en que la adoptó, sino también de la información de que esta podía disponer (véase la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Tempus Energy y Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, apartado 42 y jurisprudencia citada).

16

Pues bien, la información de que la Comisión «podía disponer» incluye aquellos elementos que resultaban pertinentes para la apreciación que debía efectuarse conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 11 de la presente sentencia y que, a petición suya, habría podido obtener durante el procedimiento administrativo previo (sentencias de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Tempus Energy y Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, apartado 43, y de 5 de septiembre de 2024, Eslovenia/Comisión, C‑447/22 P, EU:C:2024:678, apartado 54).

17

En efecto, la Comisión debe llevar a cabo el procedimiento de examen de las medidas de que se trate de manera diligente e imparcial con el fin de disponer, en el momento de adoptar una decisión final que determine la existencia de una ayuda y, en su caso, su incompatibilidad o su ilegalidad, de los elementos más completos y fiables posibles para ello (sentencias de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Tempus Energy y Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, apartado 44, y de 5 de septiembre de 2024, Eslovenia/Comisión, C‑447/22 P, EU:C:2024:678, apartado 55).

18

No obstante, si bien el Tribunal de Justicia ha declarado que, durante el examen de la existencia y de la legalidad de una ayuda de Estado, puede ser necesario que la Comisión vaya, llegado el caso, más allá del mero examen de los elementos de hecho y de Derecho puestos en su conocimiento, de esta jurisprudencia no cabe deducir que corresponda a la Comisión buscar, por iniciativa propia y a falta de cualquier indicio en este sentido, toda la información que pueda tener relación con el asunto de que conoce, aun cuando tal información sea de dominio público (sentencias de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Tempus Energy y Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, apartado 45, y de 5 de septiembre de 2024, Eslovenia/Comisión, C‑447/22 P, EU:C:2024:678, apartado 56).

19

En apoyo de su recurso, las demandantes invocan cinco motivos, basados, el primero, en la incorrecta comprensión por la Comisión de la medida notificada; el segundo, en errores en la apreciación del carácter adecuado y proporcionado de la medida notificada; el tercero, en la infracción del artículo 10 del Reglamento 2019/943 y del artículo 5 de la Directiva 2019/944; el cuarto, en la vulneración del principio de no discriminación, y, el quinto, en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima.

20

Implícitamente, mediante esos motivos las demandantes reprochan a la Comisión que no hubiera incoado el procedimiento de investigación formal de la medida notificada, pese a que existían dudas en cuanto a la compatibilidad de esta con el mercado interior, por la limitación del ámbito de aplicación de la exención de la contribución exclusivamente a los compradores de electricidad en el mercado mayorista, no así a los compradores en el mercado minorista, y por las repercusiones negativas que tal limitación había tenido para los compradores en el mercado minorista que habían suscrito acuerdos de compra de electricidad financieros, como es el caso de las demandantes, a quienes su suministrador físico de electricidad les había repercutido el coste de la contribución sin que se beneficiaran de una bajada del precio de su electricidad.

Sobre las pruebas y las alegaciones de las demandantes presentadas el 10 de agosto de 2023

21

La Comisión y el Reino de España estiman que las pruebas y las alegaciones presentadas por las demandantes el 10 de agosto de 2023 en respuesta al escrito de formalización de la intervención del Reino de España deben declararse inadmisibles por haber sido presentadas fuera de plazo. La Comisión añade que, en todo caso, son inoperantes, ya que son posteriores a la Decisión impugnada y, por tanto, no pueden ser tenidas en cuenta a efectos del control de legalidad de tal Decisión.

22

A este respecto, ha de reseñarse que, al presentar sus observaciones el 10 de agosto de 2023, las demandantes aportaron nuevas pruebas, relativas, por un lado, a la modificación de la medida notificada con posterioridad a la Decisión impugnada —modificación que permite en lo sucesivo a los compradores de electricidad en el mercado minorista notificar al OMIE sus acuerdos de compra de electricidad correspondientes al período comprendido entre mayo y diciembre de 2023— y, por otro lado, a la Decisión de la Comisión de 25 de abril de 2023 de no formular objeciones en relación con esta modificación de la medida.

23

Sin que sea necesario preguntarse si estas nuevas pruebas y las alegaciones vinculadas a ellas tienen o no carácter extemporáneo que pueda hacerlas inadmisibles, basta con señalar que, en cualquier caso, esas pruebas no pueden tenerse en cuenta para controlar la legalidad de la Decisión impugnada, como acertadamente aduce la Comisión.

24

En efecto, de la jurisprudencia citada en el apartado 15 de la presente sentencia se desprende que la Decisión impugnada debe apreciarse en función de la información de que podía disponer la Comisión en el momento en que la adoptó. Nos hallamos aquí ante una aplicación particular del principio más general según el cual, en un recurso de anulación, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto, de modo que los actos posteriores a la adopción de una decisión no pueden afectar a la validez de esta (véase la sentencia de 17 de octubre de 2019, Alcogroup y Alcodis/Comisión, C‑403/18 P, EU:C:2019:870, apartado 45 y jurisprudencia citada).

25

Así pues, las pruebas presentadas por las demandantes el 10 de agosto de 2023 y, en consecuencia, las alegaciones vinculadas a ellas no pueden tenerse en cuenta para controlar la legalidad de la Decisión impugnada.

Sobre los motivos primero y cuarto, basados, respectivamente, en una incorrecta comprensión por la Comisión de la medida notificada y en su carácter discriminatorio

26

El Tribunal General considera que estos dos motivos han de examinarse conjuntamente.

27

Mediante el primer motivo, las demandantes sostienen que el análisis por la Comisión del funcionamiento de la medida notificada carece de precisión, ya que de él no se desprende claramente si esta tuvo presente que los compradores en el mercado minorista también recurrían a mecanismos de cobertura de sus compras de electricidad equivalentes a los de los compradores en el mercado mayorista, incluidos los acuerdos de compra de electricidad financieros. A este respecto, alegan que la utilización de este tipo de acuerdos se deriva de la organización jurídica del mercado de la electricidad en virtud del Derecho de la Unión y constituye una fórmula contractual simple y habitual que la Comisión no podía ignorar.

28

Las demandantes deducen de lo anterior que la Comisión se hallaba en una situación de incertidumbre en cuanto a la determinación exacta de los operadores que podían beneficiarse de la exención. A su entender, esto la llevó a autorizar un régimen de ayudas cuya conformidad con el Derecho de la Unión era dudosa. A este respecto subrayan que, aunque la Comisión indica haberse basado, a efectos de su apreciación, en la información proporcionada por el Reino de España y la República Portuguesa en su notificación y en la información complementaria que dichos Estados miembros presentaron, esa información no les resultaba accesible. Por lo tanto, solicitan que la Comisión una a los autos las notificaciones y cualquier otra información pertinente relativa a la medida notificada que le hayan comunicado los referidos Estados miembros.

29

Con arreglo al cuarto motivo, las demandantes reprochan a la Comisión no haber examinado la conformidad de la medida notificada con el principio de no discriminación. En este contexto, sostienen, en esencia, que el criterio de comparación pertinente no podía ser el de la adquisición en el mercado mayorista o minorista, sino que tendría que haber sido el relativo a la «capacidad de dar cobertura y de hacer que se proporcione cobertura a sus suministros» y subrayan las grandes similitudes existentes entre su situación y las de los consumidores directos en el mercado mayorista, a saber, aquellas empresas que adquieren electricidad para sus necesidades en el referido mercado.

30

La Comisión, apoyada por el Reino de España, estima que estos dos motivos no revelan la existencia de dificultades serias.

31

De la lectura conjunta de estos dos motivos se desprende que las demandantes formulan, en esencia, tres imputaciones para demostrar la existencia de dificultades serias que justificaban la incoación de un procedimiento de investigación formal. En primer término, consideran que de la lectura de la Decisión impugnada se deduce la existencia de incertidumbre en cuanto a la determinación exacta de los compradores de electricidad que pueden acogerse a una exención. En segundo término, sostienen que la Comisión no podía ignorar que algunos compradores en el mercado de electricidad minorista garantizaban la estabilidad de los precios de su suministro eléctrico mediante acuerdos de compra de electricidad financieros. En tercer término, estiman que los compradores en el mercado minorista que recurren a acuerdos de esa índole se encuentran en una situación comparable a la de los consumidores directos en el mercado mayorista, de modo que la medida notificada vulnera el principio de no discriminación.

32

En primer lugar, procede señalar que, en particular, de los puntos 4 a 7, 24 y 33 a 39 de la Decisión impugnada se desprende, por un lado, que el objetivo de la medida notificada es propiciar una bajada de los precios de la electricidad en un contexto de una fuerte presión al alza sobre los precios de los combustibles, que está vinculada a un contexto de crisis que los mercados nacionales e internacionales de la energía debían afrontar, y, por otro lado, que la medida pretende alcanzar ese objetivo mediante la subvención de determinadas fuentes de electricidad para conseguir una bajada del precio en el mercado mayorista, que, consiguientemente, debería dar lugar a una bajada de los precios en el mercado minorista.

33

Por lo que respecta, en primer término, a las fuentes de energía subvencionadas, de los puntos 33 a 39 de la Decisión impugnada se desprende que la medida notificada tiene por objeto reducir los costes de producción de las centrales eléctricas de combustibles fósiles y llevar a una reducción de las ofertas que presentan a la subasta diaria en el mercado de electricidad mayorista. Según el punto 43, el cálculo de la subvención correspondiente y su establecimiento efectivo corresponden al OMIE.

34

En lo que atañe, en segundo término, a los compradores de electricidad en el mercado mayorista, por un lado, del apartado 44 de la Decisión impugnada se infiere que estos, en su condición de beneficiarios de la reducción de los precios en el mercado mayorista, quedan obligados a una contribución que cubre, en parte, el coste de la medida cuyo importe determina el OMIE en función del volumen de las adquisiciones de estos en el mercado mayorista. Por otro lado, del punto 45, letra d), de la Decisión impugnada y del artículo 8, apartado 3, de la medida notificada se desprende que los referidos compradores quedan exentos del pago de la referida contribución por la parte de sus compras de electricidad para la que hayan suscrito contratos de suministro de electricidad a precio fijo con anterioridad al 26 de abril de 2022, a condición de notificar los referidos contratos al OMIE dentro de los plazos especificados en dicha medida. De los apartados 46 a 48 de la Decisión impugnada se desprende, asimismo, que esta exención tiene carácter temporal, ya que se prevé dejar de aplicarla cuando los contratos se renueven.

35

En lo tocante, en tercer término, a los compradores en el mercado minorista, de la lectura conjunta, en particular, de los puntos 6, 35, 49, 50 y 134 de la Decisión impugnada se deduce que se establece una diferenciación según que estos hayan suscrito o no contratos regulados, es decir, los consumidores que se benefician de la tarifa PVPC y del descuento denominado «bono social».

36

En efecto, la incidencia tanto de la bajada del precio de la electricidad como del importe de la contribución únicamente tiene carácter obligatorio respecto de los contratos regulados. En lo que atañe a los contratos no regulados, los autores de la medida notificada contaron con que, por lo que a los contratos sometidos a precios dinámicos se refiere, es decir, que reflejan directamente las variaciones de los precios mayoristas en los precios de consumo, tanto la bajada del precio de la electricidad en el mercado mayorista como el importe de la contribución se repercutirían directamente en los consumidores finales. Para los demás tipos de contratos no regulados, los mencionados autores estimaron que la repercusión de la bajada del precio del mercado mayorista y de la contribución derivaría de la aplicación de la competencia, puesto que existía un elevado número de suministradores minoristas en los mercados español y portugués.

37

En segundo lugar y consiguientemente, la imputación basada en la incertidumbre en cuanto al alcance de la exención en la Decisión impugnada no se ajusta a los hechos. En efecto, de los apartados 34 y 35 de la presente sentencia se desprende, por un lado, que dicha exención se aplica exclusivamente a los compradores en el mercado mayorista que hayan suscrito contratos de suministro de electricidad a precio fijo con anterioridad al 26 de abril de 2022 y, por otro lado, que la incidencia, tanto de la bajada del precio en el mercado mayorista como del eventual pago de la contribución depende, en los contratos suscritos por los consumidores finales distintos de los contratos regulados, de la aplicación de la competencia en el mercado minorista.

38

Más concretamente, por lo que respecta a los puntos 48, 80, 104 y 142 de la Decisión impugnada, que las demandantes pusieron de relieve al considerar que implicaban, en esencia, que determinados compradores en el mercado minorista podrían beneficiarse de una exención del pago de la contribución, es preciso señalar que no cabe interpretarlos en ese sentido.

39

Primero, el punto 48 de la Decisión impugnada se inscribe en el contexto de los puntos 44 a 48 a los que se ha hecho mención en el apartado 34 de la presente sentencia, que versan sobre la contribución a la que están sujetos los compradores de electricidad en el mercado mayorista y sobre su posible exención. Más concretamente, en el referido punto se expone la postura de las autoridades portuguesas y españolas, conforme a la cual esta exención tiene carácter temporal, al preverse que deje de aplicarse en caso de renovación de los contratos de suministro de electricidad a precio fijo, y, en este contexto, indica que su duración es generalmente de un año.

40

Segundo, el punto 80 de la Decisión impugnada se limita a recordar la distinción establecida en el punto 49 de esta y que se ha mencionado en el apartado 35 de la presente sentencia, en relación con la repercusión del importe de la contribución, que tiene carácter obligatorio respecto de los consumidores acogidos a contratos regulados y que es esperable respecto de los demás.

41

Tercero, del punto 104 de la Decisión impugnada se desprende sin ambigüedad alguna que este se refiere exclusivamente a los compradores en el mercado mayorista. Más concretamente, en él se examina si la exención de la que disfrutan quienes suscribieron contratos de suministro de electricidad a precio fijo con anterioridad a la entrada en vigor de la medida notificada puede conferir a estos una ventaja selectiva en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

42

Y, cuarto, por lo que respecta al punto 142 de la Decisión impugnada, basta con subrayar que la Comisión se refiere expresamente, en la primera frase de este, al hecho de que «la medida exime de la obligación de pagar la contribución a los compradores en el mercado de electricidad mayorista por la parte de sus compras de electricidad para la que hayan suscrito contratos de suministro de electricidad a precio fijo con anterioridad al 26 de abril de 2022». Por lo tanto, no cabe entender que las consideraciones que figuran a continuación, sobre la importancia de reducir los riesgos de precios mediante coberturas financieras, sugieran, como sostienen las demandantes, que todos los contratos celebrados con una finalidad de cobertura, incluidos los celebrados por compradores en el mercado minorista, deban ser tenidos en cuenta para evitar que el coste de la contribución se repercuta, incluso indirectamente, sobre ellos.

43

En tercer lugar, tampoco puede prosperar la imputación basada en que la Comisión no tuvo en cuenta que los compradores en el mercado minorista recurren a acuerdos de compra de electricidad financieros.

44

Es cierto que los acuerdos de compra de electricidad financieros como los que suscribieron las demandantes presentan particularidades que, si se atiende al funcionamiento de la medida notificada, implican para los compradores en el mercado minorista que los han suscrito la repercusión del importe de la contribución, pero no de la bajada del precio de la electricidad. En efecto, si bien la medida notificada tiene la consecuencia de que el suministrador físico repercute el coste de la contribución, la aplicación de un contrato con otra empresa, basado en pagos compensatorios en función de la diferencia entre el precio de mercado y el precio fijado en ese contrato, tiene como efecto que los mencionados compradores no se beneficien de la reducción global del precio de la electricidad que los autores de la medida notificada dieron por hecho que se produciría.

45

Sin embargo, es preciso señalar que las demandantes no demuestran la existencia de indicios que impliquen que determinados acuerdos de compra de electricidad suscritos por los compradores en el mercado minorista, por mor de su estructura, no permitían, o permitían con dificultad, la repercusión de la bajada de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, indicios que habrían podido justificar que la Comisión fuera más allá del mero examen de los elementos de hecho y de Derecho puestos en su conocimiento, en aplicación de la jurisprudencia citada en el apartado 18 de la presente sentencia.

46

En primer término, en sus escritos procesales, las demandantes se limitan a subrayar que «no cabe duda de que la Comisión está al corriente de la existencia de [acuerdos de compra de electricidad] a largo plazo», deduciendo tal conocimiento de la posibilidad, derivada del Derecho de la Unión, de que los consumidores elijan este tipo de fórmulas de suministro de electricidad. Sin embargo, una alegación de esta naturaleza no permite acreditar que el hecho de que los compradores en el mercado minorista hubieran recurrido a acuerdos de compra de electricidad financieros tuviera el carácter de notorio cuando la Comisión adoptó la Decisión impugnada.

47

En segundo término, es preciso señalar que las demandantes remiten de manera general a determinados documentos de la Comisión, sin identificar los pasajes de esos documentos que se refieren a la promoción de fórmulas contractuales equiparables a aquellas por las que ellas habían optado. Así sucede con la propuesta de la Comisión, de 14 de marzo de 2023, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos 2019/943 y (UE) 2019/942 y las Directivas (UE) 2018/2001 y 2019/944 para mejorar la configuración del mercado de la electricidad de la Unión (COM/2023/148 final) o con el documento de trabajo de la Comisión, de 18 de mayo de 2022, titulado «Orientaciones para los Estados miembros sobre buenas prácticas para acelerar los procedimientos de concesión de permisos para proyectos de energías renovables» (SWD/2022/0149 final). Aunque es cierto que estos documentos ponen de relieve el interés que puede tener la celebración de acuerdos de compra de electricidad, no abordan el caso particular de acuerdos como los que habían suscrito las demandantes, quienes, por otra parte, no remiten a ningún pasaje específico de los referidos documentos.

48

A este respecto, la única prueba aportada por las demandantes que, según la presentación que hacen de ella, hace mención a su fórmula contractual de suministro es un estudio elaborado por cuenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de la Comisión. Sin embargo, basta con destacar que se trata de un análisis prospectivo sobre las posibilidades de desarrollar en la Unión los acuerdos de compra de energías renovables —incluyendo los de igual naturaleza que los que suscribieron las demandantes—. Tal análisis no puede demostrar, por tanto, que el recurso a este tipo de acuerdos de compra de electricidad por los compradores en el mercado minorista tuviera un carácter de notoriedad que implicase que la propia Comisión debía haber tenido en cuenta su existencia al analizar la medida notificada.

49

En cuarto lugar, tampoco puede prosperar la imputación basada en la vulneración del principio de no discriminación, en la medida en que en ella las demandantes critican que se limite el ámbito de aplicación de la exención de la contribución exclusivamente a los compradores en el mercado mayorista.

50

A este respecto, en primer término, procede señalar que una crítica como esta equivale a reprochar a la Comisión no haber señalado que el ámbito de aplicación de la exención de la contribución daba lugar a que se confiriera una ventaja selectiva únicamente a los compradores en el mercado mayorista y, por tanto, constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

51

En efecto, la apreciación del requisito referido al carácter selectivo de la ventaja tiene precisamente el propósito de determinar la existencia de un trato diferenciado que, en esencia, puede calificarse de discriminatorio. Implica determinar si, en el marco de un régimen jurídico concreto, la medida nacional en cuestión puede favorecer a «determinadas empresas o producciones» en relación con otras que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable, habida cuenta del objetivo perseguido por el referido régimen (véase la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group y otros, C‑20/15 P y C‑21/15 P, EU:C:2016:981, apartado 54 y jurisprudencia citada).

52

En segundo término, debe por un lado señalarse que, en los puntos 97 a 101, 104 y 105 de la Decisión impugnada, la Comisión examinó si dicha exención constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y concluyó que no era así, ya que no se cumplía respecto de ella el requisito de selectividad inherente al referido concepto. Por otro lado, más concretamente del punto 104 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión únicamente se pronunció de modo expreso sobre si la diferencia de trato entre los compradores en el mercado mayorista, en función de que disfrutaran o no de una exención, daba lugar a una ventaja selectiva, pero no abordó la posible existencia de una ventaja selectiva por el hecho de que los compradores en el mercado minorista quedaran excluidos del disfrute de la exención.

53

Sin embargo, en tercer término, atendiendo a la lógica de la medida notificada, según se recuerda en la Decisión impugnada (véanse los apartados 32 a 36 de la presente sentencia), era evidente que los compradores en el mercado mayorista y en el minorista no estaban en una situación comparable desde el punto de vista de la forma en que la bajada de los precios en el mercado mayorista y el pago de la contribución debían tener reflejo en el precio de la electricidad, de modo que la Comisión no tenía que pronunciarse expresamente sobre si limitar el ámbito de aplicación de la exención de la contribución únicamente a los compradores en el mercado mayorista constituía una ventaja selectiva.

54

En efecto, en lo que atañe, por una parte, a los compradores en el mercado mayorista, estos adquieren directamente su electricidad al precio que deriva de ese mercado. La ventaja de que disfrutan depende precisamente de la diferencia, calculada por el OMIE, entre, de un lado, el precio de mercado resultante de subvencionar determinadas fuentes de energía y, de otro lado, el que habría habido de no haber existido esa subvención. Asimismo, el OMIE se encarga de determinar con precisión el importe de la contribución y de la exención para los compradores que no hayan podido beneficiarse de la bajada de esos precios.

55

Por otra parte, el precio en el mercado minorista de electricidad se forma sobre la base de la oferta y la demanda en este segundo mercado. Según se ha expuesto en el apartado 36 de la presente sentencia, esta consideración la tuvieron en cuenta los autores de la medida notificada, al prever —excepción hecha de los contratos regulados— una repercusión indirecta de la reducción del precio de la electricidad, pero también del importe de la contribución sobre los consumidores, gracias a la competencia en ese mercado, al hacer referencia al gran número de suministradores minoristas en España y en Portugal.

56

De las anteriores consideraciones se desprende que la tercera imputación de las demandantes no permite demostrar la existencia de dificultades serias que pudieran justificar la incoación del procedimiento de investigación formal.

57

La anterior conclusión no queda invalidada por la alegación de las demandantes basada en que se encuentran en una situación comparable a la de los consumidores directos en el mercado mayorista.

58

Por una parte, esta alegación se basa en la hipótesis de que la propia Comisión tendría que haber tenido en cuenta la especificidad de los compradores en el mercado minorista que recurrieron a acuerdos de compra de electricidad financieros. Ahora bien, por las razones expuestas en los apartados 43 a 48 de la presente sentencia, esa hipótesis no puede tomarse en consideración.

59

Por otra parte, y en cualquier caso, aunque la adquisición de la electricidad por los consumidores directos en el mercado mayorista se asemeja, por su finalidad, a la de las demandantes, en el sentido de que se lleva a cabo para su propio consumo y no para suministrar electricidad a compradores subsiguientes, no es menos cierto que esta adquisición se realiza en dos mercados diferentes en los que la fijación de los precios no sigue la misma lógica, como se ha expuesto en los apartados 53 y 54 de la presente sentencia.

60

A la vista de las anteriores consideraciones, procede desestimar por infundados los motivos primero y cuarto.

61

Por lo que respecta a la solicitud de las demandantes que, en esencia, busca que se unan a los autos las notificaciones realizadas por el Reino de España y la República Portuguesa y los intercambios que estos Estados miembros mantuvieron con la Comisión, procede recordar que corresponde al Tribunal General apreciar la utilidad de las diligencias de ordenación del procedimiento solicitadas por alguna de las partes principales (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 1999, Séché/Comisión, T‑112/96 y T‑115/96, EU:T:1999:134, apartado 284).

62

Para permitir que el Tribunal General determine si es útil para el curso correcto del procedimiento ordenar la presentación de determinados documentos, la parte que los pide debe identificar los documentos solicitados y facilitar al Tribunal General al menos un mínimo de datos que acrediten la utilidad de tales documentos para el proceso (sentencia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, apartado 93; véase también la sentencia de 16 de octubre de 2013, TF1/Comisión, T‑275/11, no publicada, EU:T:2013:535, apartado 117 y jurisprudencia citada). De este modo, dicha parte debe, en particular, aportar indicios precisos y pertinentes que expliquen de qué modo los documentos en cuestión podrían ser de interés para la solución del litigio [véase, en este sentido, la sentencia de 20 de julio de 2016, Oikonomopoulos/Comisión, T‑483/13, EU:T:2016:421, apartado 253 (no publicada)].

63

En primer término, es preciso señalar, por un lado, que las demandantes tuvieron acceso al texto de la medida notificada y, por otro lado, por las razones expuestas al examinar el presente motivo, que esta se basa en una lógica clara apoyada en la distinción entre adquisiciones en los mercados mayorista y minorista.

64

En segundo término, la solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento por parte de las demandantes, por su amplitud, tiene por objeto que se incluyan en el debate los documentos del expediente administrativo de la Comisión, a pesar de que las demandantes, ni siquiera por su condición de partes interesadas, tienen derecho de acceso a ese expediente (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, apartado 58).

65

En tercer término, en las circunstancias señaladas habría sido necesario que las demandantes aportaran elementos probatorios que acreditaran que, más allá del texto de la medida notificada, con motivo de los intercambios que acompañaron a la notificación se había abordado la cuestión de que los compradores en el mercado minorista recurrían a acuerdos de compra de electricidad financieros, extremo este que tanto la Comisión como el Reino de España refutan. Pues bien, es preciso señalar que no concurren elementos probatorios de esa índole.

66

Por consiguiente, debe denegarse la solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento.

Sobre el segundo motivo, basado, en esencia, en el carácter desproporcionado de la medida notificada

67

Las demandantes sostienen, en esencia, que la Comisión tendría que haber considerado que la medida notificada no era adecuada ni proporcionada y, por tanto, tendría que haber incoado el procedimiento de investigación formal. A estos efectos critican, en primer lugar, la supuesta exclusión del ámbito de aplicación de la exención de ciertas formas de dar cobertura a los precios de la electricidad, a saber, usando contratos de compra de electricidad financieros; en segundo lugar, la limitación, únicamente a los compradores en el mercado mayorista, de la posibilidad de disfrutar de la exención, y, en tercer lugar, que la Comisión no tuviera en cuenta los efectos de la medida notificada sobre los consumidores finales que se encuentran en la misma situación que las demandantes.

68

La Comisión, apoyada por el Reino de España, recuerda, con carácter preliminar, que no estaba obligada a tener en cuenta la situación de los compradores de electricidad en el mercado minorista que se encontraban en la situación de las demandantes. En cualquier caso, considera que el examen de la proporcionalidad de la medida notificada no planteaba ninguna dificultad seria.

69

Con carácter previo, por razones análogas a las expuestas en los apartados 43 a 48 de la presente sentencia, el presente motivo ha de ser desestimado de entrada, en la medida en que se basa en la idea de que la Comisión tendría que haber tenido en cuenta la situación particular de los compradores en el mercado minorista que suscribieron acuerdos como aquellos por los que optaron las demandantes.

70

Asimismo, la alegación de las demandantes basada en que la medida notificada excluyó del ámbito de aplicación de la exención un tipo específico de acuerdos de compra de electricidad deriva de una lectura errónea de la Decisión impugnada. Por las razones expuestas en los apartados 33 a 35 de la presente sentencia, el ámbito de aplicación de la exención contemplada en el punto 45, letra d), de la Decisión impugnada no depende del tipo de acuerdos suscritos, sino del mercado en el que se adquiere la electricidad.

71

Así pues, solo es pertinente la cuestión de si constituía una dificultad seria, desde el punto de vista de su proporcionalidad, el hecho de limitar la exención de la contribución exclusivamente a los compradores en el mercado mayorista.

72

El principio de proporcionalidad, al que hace referencia el artículo 5 TUE, apartado 4, exige que los actos de las instituciones de la Unión no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 1984, Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, apartado 25), entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos [sentencia de 30 de abril de 2019, Italia/Consejo (Cuota de pesca del pez espada del Mediterráneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, apartado 55].

73

Así pues, para que una medida respete el principio de proporcionalidad deben concurrir tres componentes. El primer componente se refiere a su idoneidad, a saber, su aptitud para hacer efectivo el objetivo legítimo perseguido. El segundo componente se refiere a su necesidad e implica que dicho objetivo legítimo no pueda ser alcanzado por medios menos coercitivos, pero igualmente adecuados (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, Dansk Jurist- og Økonomforbund, C‑546/11, EU:C:2013:603, apartado 69). Por último, el tercer componente, a veces denominado «proporcionalidad en sentido estricto», se refiere a su condición de proporcionado, es decir, a que no existan inconvenientes desmesurados en relación con los objetivos perseguidos (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de marzo de 2013, Polonia/Comisión, T‑370/11, EU:T:2013:113, apartado 89, y de 26 de septiembre de 2014, Romonta/Comisión, T‑614/13, EU:T:2014:835, apartado 74).

74

Por lo que respecta, más concretamente, al componente relativo a la necesidad de la medida notificada, de reiterada jurisprudencia se desprende que la Comisión no tiene que pronunciarse en abstracto sobre todas las medidas alternativas que quepa imaginar, ya que, si bien el Estado miembro interesado debe exponer de manera detallada las razones que tuvieron influjo en la adopción del régimen controvertido de ayudas, en particular en lo que respecta a los criterios de elegibilidad aplicados, no está obligado a demostrar de forma positiva que ninguna otra medida imaginable, por definición hipotética, permitiría garantizar mejor el objetivo perseguido. Si dicho Estado miembro no se somete a la citada obligación, la parte demandante no puede razonablemente pedir al Tribunal General que imponga a la Comisión que sustituya a las autoridades nacionales en esa tarea de prospección normativa para analizar cualquier medida alternativa que quepa imaginar (véase la sentencia de 6 de mayo de 2019, Scor/Comisión, T‑135/17, no publicada, EU:T:2019:287, apartado 94 y jurisprudencia citada).

75

Además, dado que las demandantes cuestionan, mediante el presente motivo, la apreciación de la proporcionalidad de un régimen de ayudas que la Comisión consideró compatible con el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), procede recordar que esta goza, para la aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 3, de una amplia facultad de apreciación cuyo ejercicio implica consideraciones complejas de orden económico y social (véase la sentencia de 29 de julio de 2019, Bayerische Motoren Werke y Freistaat Sachsen/Comisión, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, apartado 80 y jurisprudencia citada), de modo que el control jurisdiccional ha de limitarse a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos y la ausencia de error manifiesto de apreciación, de error de Derecho y de desviación de poder (véase la sentencia de 22 de diciembre de 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, apartado 78 y jurisprudencia citada).

76

En primer lugar, como se ha subrayado en el apartado 32 de la presente sentencia, procede señalar que la medida notificada tiene por objetivo conseguir una bajada de los precios de la electricidad en el contexto de una fuerte presión al alza sobre los precios de los combustibles vinculada a un contexto de crisis que los mercados nacionales e internacionales deben afrontar. Pues bien, por un lado, las demandantes no cuestionan la realidad de este contexto de crisis y de su repercusión en los precios. Por otro lado, un objetivo de esa naturaleza es conforme con el previsto en el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), consistente en «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro».

77

En segundo lugar, como también se ha subrayado en el apartado 32 de la presente sentencia, la medida notificada pretende alcanzar este objetivo mediante la subvención de determinadas fuentes de electricidad para conseguir una bajada del precio en el mercado mayorista, que debe dar lugar, consiguientemente, a una bajada en el mercado minorista. Además, como se desprende de los apartados 33 a 35 y 53 a 56 de la presente sentencia, la repercusión de la bajada de precios en el mercado minorista, salvo en lo que atañe a los contratos regulados, depende de la aplicación de la competencia en dicho mercado.

78

En este contexto, en primer término, la Comisión pudo en los puntos 131 a 134 de la Decisión impugnada considerar, sin incurrir en error manifiesto de apreciación, que, de no concurrir la medida notificada, la competencia no permitiría alcanzar esos objetivos legítimos.

79

En segundo término, procede señalar que tanto el artículo 3, letras a) y b), del Reglamento 2019/943 como el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2019/944 promueven la libre formación de los precios de la electricidad sobre la base de la oferta y de la demanda. Los referidos artículos indican que «los precios se formarán en función de la oferta y la demanda», «las normas del mercado alentarán la libre formación de precios y evitarán las acciones que impidan la formación de los precios sobre la base de la oferta y la demanda», «los suministradores podrán determinar libremente el precio al que suministran electricidad a los clientes» y «los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar una competencia efectiva entre suministradores».

80

Pues bien, es preciso señalar que la medida notificada, al limitar la intervención directa de las autoridades nacionales en la formación de los precios del mercado mayorista y no extenderla al mercado minorista, salvo por lo que respecta a los contratos regulados, preserva en la medida de lo posible el principio de libre formación de los precios de la electricidad en función de la oferta y la demanda que figura en el Reglamento 2019/943 y en la Directiva 2019/944.

81

En tercer término, en la medida en que las demandantes sostienen que la bajada del precio de la electricidad en el mercado minorista debería haberse propiciado previendo la posibilidad de que los compradores en ese mercado notificaran sus acuerdos de compra de electricidad para disfrutar, en tal condición, de una exención del pago de la contribución, están abogando por un enfoque alternativo al adoptado por los Estados miembros y avalado por la Comisión, que, en aplicación de la jurisprudencia citada en el apartado 74 de la presente sentencia, no puede tenerse en cuenta.

82

En cualquier caso, procede subrayar que el enfoque al que se refieren las demandantes se aparta aún más de la lógica del principio de libre formación de precios que deriva de la Directiva 2019/944 y del Reglamento 2019/943 y, por lo tanto, no cabe considerarlo necesario en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 73 de la presente sentencia.

83

Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el segundo motivo.

Sobre el tercer motivo, basado en la inobservancia por la medida notificada del Reglamento 2019/943 y de la Directiva 2019/944

84

Las demandantes defienden que, dado que la medida notificada se aparta del principio de libre formación de los precios, tendría que haberse ajustado a los requisitos que permiten una excepción a la aplicación de tal principio que figuran en el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2019/944, lo que, a su entender, no fue el caso, debido a los efectos de la medida notificada sobre los consumidores de electricidad que se encuentran en la misma situación que ellas.

85

Es preciso señalar que el presente motivo se basa exclusivamente en la idea de que la Comisión tendría que haber tenido en cuenta la situación de los compradores de electricidad en el mercado minorista que suscribieron acuerdos de compra de electricidad financieros. Por consiguiente, el presente motivo debe desestimarse de entrada, por razones análogas a las expuestas en los apartados 43 a 48 de la presente sentencia, como acertadamente aducen la Comisión y el Reino de España.

Sobre el quinto motivo, basado en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima

86

Las demandantes subrayan que la Comisión y, con carácter más general, la Unión fomentaron la celebración de acuerdos de compra de electricidad financieros, en particular para promover las energías renovables. Deducen de lo anterior que podían esperar legítimamente no recibir un trato menos favorable que las empresas que no habían intentado buscar cobertura frente a los riesgos del mercado, organizarse mejor o ser menos contaminantes.

87

La Comisión, apoyada por el Reino de España, alega que no cabía que se generara confianza legítima alguna en las demandantes.

88

Con arreglo a reiterada jurisprudencia, el principio de protección de la confianza legítima forma parte de los principios fundamentales de la Unión y la posibilidad de invocarlo está abierta a todo operador económico en el que una institución, al darle garantías concretas, haya generado esperanzas fundadas (véase la sentencia de 24 de octubre de 2013, Kone y otros/Comisión, C‑510/11 P, no publicada, EU:C:2013:696, apartado 76 y jurisprudencia citada).

89

Constituyen garantías de esa índole, cualquiera que sea la forma en que hayan sido comunicadas, los datos precisos, incondicionales y concordantes que emanan de fuentes autorizadas y fiables. Por el contrario, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la Administración no le ha dado unas seguridades concretas (véase la sentencia de 14 de febrero de 2006, TEA-CEGOS y otros/Comisión, T‑376/05 y T‑383/05, EU:T:2006:47, apartado 88 y jurisprudencia citada).

90

Es preciso señalar que la argumentación de las demandantes se basa en la idea de que la Comisión les hizo concebir una confianza legítima en que los consumidores finales que habían recurrido a acuerdos de compra de electricidad financieros serían tratados, al menos, tan favorablemente como aquellos que suscribieron otros tipos de acuerdos.

91

A este respecto, basta con subrayar que, por razones análogas a las expuestas en los apartados 46 a 48 de la presente sentencia, las demandantes no aportan ninguna prueba que demuestre la presencia de datos precisos, incondicionales y concordantes emanados de fuentes autorizadas y fiables que previeran que la situación de los consumidores que recurrieron a acuerdos de compra de electricidad financieros sería tenida en cuenta por la Comisión al ejercer esta sus competencias de control de las ayudas de Estado.

92

Por consiguiente, debe desestimarse el quinto motivo.

93

De cuanto antecede resulta que ninguno de los motivos invocados por las demandantes permite demostrar que la Comisión tendría que haber reparado en la existencia de dificultades serias que hubieran implicado la incoación del procedimiento de investigación formal de la medida notificada.

94

Por consiguiente, procede desestimar el recurso.

Costas

95

A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de las demandantes y al haberse desestimado las pretensiones de estas, procede condenarlas a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión.

96

Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por lo tanto, el Reino de España cargará con sus propias costas.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar a PGI Spain, S. L., Berry Superfos Pamplona, S. A., Promens Packaging, S. A., RPC Envases, S. A., y Zeller Plastik España, S. L., a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3)

El Reino de España cargará con sus propias costas.