14En la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia desestimó el primer motivo. Asimismo, declaró la inadmisibilidad de las pretensiones de las recurridas de que se condenara a la Comisión al pago del saldo de la ayuda económica del FSE. Por ùltimo, en lo que atañe a los motivos segundo y tercero, que son los únicos del presente recurso, el Tribunal de Primera Instancia declaró:42.El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, según jurisprudencia reiterada, el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aun cuando no exista una normativa relativa al procedimiento de que se trate (véanse, en especial, las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 1992, Países Bajos y otros/Comisión, asuntos acumulados C-48/90 y C-66/90, Rec. p. I-565, apartado 44, y de 29 de junio de 1994, Fiskano/Comisión, C-135/92, Rec. p. I-2885). Dicho principio exige que cualquier persona contra la que pueda adoptarse una decisión lesiva tenga la posibilidad de expresar efectivamente su punto de vista sobre los elementos que la Comisión formule en su contra para fundamentar la decisión controvertida.43.Para examinar si el derecho de defensa de las demandadas ha sido vulnerado en el presente caso, debe analizarse si, teniendo en cuenta el papel desempeñado por el Estado miembro en el procedimiento de que se trata, como interlocutor único del FSE, la decisión impugnada puede afectar directamente a las demandantes y ser lesiva.44.A este respecto, es evidente que la Decisión impugnada priva a las empresas beneficiarias de una parte de la ayuda inicialmente concedida, sin que el Reglamento no 2950/83 conceda al Estado miembro interesado ninguna facultad de apreciación propia (véase el reciente auto del Tribunal de Primera Instancia de 20 de junio de 1994, Frinii y otros/Comisión, T-446/93, no publicado en la Recopilación, apartado 29).45.Procede señalar, además, que la Comisión decidió reducir definitivamente la ayuda concedida mediante el requerimiento de devolución de 3 de marzo de 1992, como había anunciado en el escrito dirigido por la DG V al D AFSE el 14 de junio de 1991. En efecto, es cierto que la decisión de la Comisión, incorporada en el citado escrito, se remitió únicamente a las autoridades portuguesas. Sin embargo, designó por su nombre y se refirió explícitamente a las demandantes como beneficiarias directas de la ayuda concedida. Este Tribunal de Primera Instancia considera, por consiguiente, que la decisión de reducción impugnada afecta directa e individualmente a las demandantes.46.La fundamentación de este análisis queda corroborada, por una parte, por ei hecho de que según jurisprudencia reiterada las empresas beneficiarias de ayudas económicas concedidas por el FSE están legitimadas para interponer recursos contra las decisiones que les privan de semejante ayuda (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1991, Interhotel/Comisión, C-291/89, Rec. p. I-2257, apartado 13, y de 4 de junio de 1992, Infortec/Comisión, C-157/90. Rec. p. I-3525. apartado 17), lo que supone no sólo que dichas decisiones les afectan individualmente, sino que también les afectan directamente.47.La fundamentación de este análisis queda corroborada, por otra parte, por las disposiciones del Reglamento no 2950/83, de las que resulta que, a pesar de que el Estado miembro es el único interlocutor del FSE, existe un vínculo directo entre la Comisión y el beneficiario de la ayuda. En efecto, el artículo 6 del citado Reglamento dispone, por un lado, que corresponde a la Comisión suspender, reducir o suprimir la ayuda, cuando esta última no sea utilizada con arreglo a las condiciones fijadas en la decisión de aprobación, dándosele únicamente al Estado miembro de que se trate la oportunidad de formular sus observaciones, y, por otro, que las cantidades abonadas que no hayan sido utilizadas con arreglo a las condiciones fijadas en la decisión de aprobación habrán de ser devueltas y el Estado miembro interesado sólo será subsidiariamente responsable del reembolso de las cantidades indebidamente abonadas cuando se trate de acciones a las que sea aplicable la garantía prevista en el apartado 2 del artículo 2 de la Decisión 83/516.48.Por lo tanto, las demandantes soportan directamente las consecuencias económicas de la decisión de reducción que les perjudica, puesto que son responsables con carácter principal de la devolución de las cantidades indebidamente abonadas (sentencia Países Bajos y otros/Comisión, antes citada, apartado 50). A este respecto, la Comisión reconoció además en la vista que, llegado el caso, podía entablar ante el Juez nacional una acción contra las demandantes para la recuperación de las cantidades controvertidas.49.De lo anterior resulta que la Comisión, única que asume la responsabilidad jurídica del acto impugnado ante las demandantes, no podía adoptar la decisión controvertida sin haberles dado previamente la posibilidad, o haberse asegurado de que gozaban de ella, de expresar efectivamente su punto de vista sobre la reducción de la ayuda prevista.50.Ahora bien, las partes no discuten que, por un lado, no se dio traslado a las demandantes ni los informes de la investigación de la Comisión ni de los cargos que esta última formulaba en su contra, ni tan siquiera fueron oídas por la Comisión antes de que ésta adoptara la decisión controvertida, y tampoco niegan, que, por otro lado, el DAFSE, tras haber invitado a la Comisión a formular sus observaciones, mediante escrito de 14 de junio de 1991, notificó a ésta, mediante escrito de 8 de julio de 1991, sin haber oído previamente a las demandantes, su voluntad de aceptar la decisión que la Comisión se disponía a adoptar respecto a aquéllas.51.En estas circunstancias, procede declarar que al adoptar la decisión controvertida se vulneró el derecho de defensa de las demandantes.