—

en nombre de los demandantes en el litigio principal, por el Sr. Alfonso F. Ognibene, Abogado de Milán;

—

en nombre de las demandadas en el litigio principal, por los Sres. Giacinto Favalli y Salvatore Trifirò, Abogados de Milán;

—

en nombre del Gobierno francés, por el Sr. Claude Chavance, attaché principal düadministration centrale en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente;

—

en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, en calidad de Agente;

—

en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Giuliano Marenco, Consejero Jurídico, asistido por la Sra. Karen Banks, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

1

Mediante resolución de 23 de octubre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de noviembre siguiente, el pretore di Milano planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos (léase transmisiones) de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (DO L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122; en lo sucesivo, la «Directiva»).

2

Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Giuseppe d'Urso, Adriana Ventadori y otros, por una parte, y Ercole Marelli Elettromeccanica Generale SpA (en lo sucesivo, «EMG»), sociedad en administración extraordinaria, y la sociedad Ercole Marelli Nuova Elettromeccanica Generale SpA (en lo sucesivo, «Nuova EMG»), por otra parte.

3

De los datos que figuran en la resolución de remisión se desprende que mediante una Orden del Ministro de Industria, de fecha 26 de mayo de 1981, EMG quedó sometida a un procedimiento denominado expediente de administración extraordinaria, al tiempo que se le autorizaba a continuar sus actividades. En el mes de septiembre de 1985, se realizó la cesión de la totalidad de la empresa a la sociedad Nuova EMG, constituida al efecto. En ejecución del contrato de cesión y de conformidad con los acuerdos sindicales a los que el propio contrato estaba vinculado, 940 trabajadores pasaron al servicio de la sociedad cesionaria. Otros 518 trabajadores siguieron al servicio de la sociedad cedente; no obstante, las relaciones laborales de estos últimos quedaron suspendidas y la Cassa integrazione guadagni straordinaria se hizo cargo de su remuneración.

4

Los demandantes en el litigio principal, que forman parte de esos 518 trabajadores, solicitaron al pretore di Milano que declarase que sus relaciones laborales habían continuado con la sociedad cesionaria, con arreglo al párrafo primero del artículo 2112 del Codice civile, que está redactado de la siguiente manera: «En el supuesto de transmisión de la empresa, si el cedente no hubiera procedido al despido a su debido tiempo, el contrato de trabajo seguirá siendo vinculante para el cesionario, conservando el trabajador los derechos derivados de la antigüedad alcanzada con anterioridad a la transmisión».

5

Las sociedades demandadas en el litigio principal se opusieron a esa pretensión, invocando una disposición de la legislación nacional según la cual, en lo relativo a las empresas sujetas a administración extraordinaria, las mencionadas disposiciones del Codice civile no se aplican al personal que no haya sido transferido al mismo tiempo que la empresa.

6

Al estimar que para poder emitir su fallo en el litigio principal resultaba necesaria la interpretación de la Directiva, el pretore di Milano decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se hubiese pronunciado sobre las siguientes cuestiones prejudiciales:

7

Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal y del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

8

Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional quiere saber si el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que todos los contratos de trabajo o relaciones laborales que en la fecha de la transmisión de una empresa existan entre el cedente y los trabajadores de la empresa se transfieren de pleno derecho al cesionario por el solo hecho de la transmisión de la empresa.

9

Tal como ha declarado este Tribunal de Justicia (sentencia de 5 de mayo de 1988, Berg, asuntos acumulados 144/87 y 145/87, Rec. p. 2559, apartados 12 y 13), la Directiva pretende garantizar el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario, permitiendo que queden al servicio del nuevo empresario en condiciones idénticas a las convenidas con el cedente. Las normas aplicables en caso de transmisión de una empresa o de un centro de actividad a otro empresario pretenden proteger, en interés de los empleados, las relaciones laborales existentes, que forman parte del conjunto económico transmitido.

10

Se desprende asimismo de la jurisprudencia (sentencia de 7 de febrero de 1985, Botzen, 186/83, Rec. p. 519, apartado 16) que en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva se incluyen los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o relación laboral que exista en la fecha de la transmisión y que se haya celebrado con aquellos trabajadores que, para el cumplimiento de sus funciones, estén destinados en la parte transmitida de la empresa o del centro de actividad.

11

En la sentencia de 10 de febrero de 1988, Daddy's Dance Hall (324/86, Rec. p. 739, apartado 14), este Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones de la Directiva deben considerarse imperativas, en el sentido de que en perjuicio de los trabajadores no pueden admitirse excepciones a lo previsto en ellas. Por consiguiente, la efectividad de los derechos que la Directiva confiere a los trabajadores no puede depender de la voluntad del cedente, ni del cesionario, ni de los representantes de los trabajadores, ni siquiera de los propios trabajadores, con la única excepción, en lo relativo a estos últimos, de la posibilidad que tienen de no continuar después de la transmisión de la empresa la relación laboral con el nuevo empresario, si así lo deciden libremente (sentencia de 11 de julio de 1985, Mikkelsen, 105/84, Rec. p. 2639, apartado 16).

12

De lo anterior se deduce que, en caso de transmisión de la empresa, el contrato de trabajo o relación laboral que vincula al personal de la empresa transmitida deja de vincular al cedente y continúa de pleno derecho con el cesionario, debiéndose tener en cuenta que, según la jurisprudencia (sentencia de 15 de junio de 1988, Bork, 101/87, Rec. p. 3057, apartado 17), la existencia o no de un contrato de trabajo o de una relación laboral en la fecha de la transmisión debe ser apreciada con arreglo al Derecho nacional.

13

Para oponerse a tal interpretación de la Directiva, las demandadas en el litigio principal y el Gobierno italiano alegaron ante el Tribunal de Justicia argumentos de tres órdenes.

14

En primer lugar, mantuvieron que, si se interpretaba de ese modo, la Directiva vulneraría la libertad de empresa.

15

A este respecto, procede señalar que tal vulneración es inherente al objeto mismo de la Directiva, cuya finalidad es transferir al cesionario, en interés de los trabajadores, las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo o relaciones laborales.

16

En segundo lugar, continúan, tal interpretación de la Directiva conduce, en un caso como el del litigio principal, a cuestionar los acuerdos celebrados con las organizaciones sindicales que versan sobre las modalidades de la transferencia y el número de trabajadores transferidos.

17

No puede tomarse en consideración este argumento, puesto que, como se ha indicado antes, las normas de la Directiva son obligatorias para todos, incluidos los representantes sindicales de los trabajadores, que no pueden disponer nada contra ellas por medio de acuerdos celebrados con el cedente o con el cesionario.

18

Por último, se ha alegado que una interpretación de la Directiva que suponga impedir que sigan al servicio del cedente los trabajadores de la empresa que no sean ya necesarios para ésta podría ser menos favorable para dichos trabajadores, bien porque se podría disuadir al cesionario potencial de adquirir la empresa en caso de que hubiese de hacerse cargo del personal excedentário de la empresa transferida, bien porque dicho personal sería despedido y perdería así las ventajas que habría podido obtener, en su caso, de la continuación de las relaciones laborales con el cedente.

19

En contra de esta argumentación, procede recordar que, si bien es cierto que el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva excluye que la transmisión constituya en sí misma un motivo de despido para el cedente o para el cesionario, no es menos cierto que dicha disposición «no impedirá los despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización, que impliquen cambios en el plano del empleo». Debe añadirse que la Directiva tampoco impide que, si para evitar en la medida de lo posible los despidos una normativa nacional contiene disposiciones en favor del cedente que permitan aligerar o suprimir las cargas relacionadas con el empleo de trabajadores excedentários, tales disposiciones se apliquen en beneficio del cesionario con posterioridad a la transmisión.

20

Procede, pues, responder a la primera cuestión prejudicial que el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 77/187 del Consejo, de 14 de febrero de 1977, debe interpretarse en el sentido de que todos los contratos de trabajo o relaciones laborales que, en la fecha de la transmisión de una empresa, existan entre el cedente y los trabajadores de la empresa transmitida serán transferidos de pleno derecho al cesionario por el solo hecho de la transmisión de la empresa.

21

Del tenor literal y de los fundamentos de derecho de la resolución de remisión se desprende que, mediante esta cuestión, el pretore di Milano pretende que se determine si la Directiva es —para utilizar los términos del apartado 1 de su artículo 1— aplicable a las transmisiones «de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad a otro empresario, como consecuencia de una cesión contractual o de una fusión», cuando la empresa de que se trate se rija por disposiciones como las del Decreto-Ley n° 26, de 30 de enero de 1979, relativo a las medidas de urgencia para la administración extraordinaria de las grandes empresas en crisis (GURI n° 36 de 6.2.1979), Decreto convertido, con algunas modificaciones, en la Ley n° 95 de 3 de abril de 1979 (GURI n° 94 de 4.4.1979).

22

Para responder a esta cuestión, procede recordar las distinciones que este Tribunal de Justicia ha establecido, principalmente en la sentencia de 7 de febrero de 1985, Abels (135/83, Rec. p. 469), distinciones que el pretore di Milano ha resumido sucintamente.

23

Este Tribunal de Justicia declaró que la Directiva no se aplica a las transmisiones efectuadas en el contexto de un procedimiento de quiebra destinado, bajo el control de la autoridad judicial competente, a la liquidación de los bienes del cedente. Basó esta conclusión en que no existe en la Directiva una disposición expresa referida a la quiebra (apartado 17), en que el objetivo de la Directiva es evitar que la reestructuración dentro del mercado común se realice en perjuicio de los trabajadores de las empresas afectadas (apartado 18) y en el grave riesgo de que a nivel global se deteriorasen las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, en contradicción con los objetivos sociales del Tratado (apartado 23), si la Directiva hubiese de aplicarse a las transmisiones efectuadas en el contexto de un procedimiento de quiebra.

24

En esa misma sentencia, en cambio, este Tribunal de Justicia declaró que la Directiva sí es aplicable a un procedimiento del tipo de la «surséance van betaling» (suspensión de pagos), por más que este procedimiento presente ciertas características comunes con el procedimiento de quiebra. En efecto, este Tribunal de Justicia consideró que las razones que justifican la inaplicabilidad de la Directiva en el caso de los procedimientos de quiebra no resultan válidas cuando el procedimiento de que se trate implique un control por parte del Juez de alcance más limitado que en caso de quiebra y cuando su objetivo sea, en primer lugar, la protección de la masa y, en su caso, la continuación de la actividad de la empresa mediante un convenio con los acreedores que conceda un aplazamiento del pago de las obligaciones destinado a hacer posible la continuación de la actividad de la empresa en el futuro (apartado 28).

25

Procede hacer constar que, si la citada sentencia de 7 de febrero de 1985, Abels, se refiere en su apartado 28 al alcance del control que ejerce el Juez sobre el procedimiento, esta referencia —que se explica por la dificultad, expuesta en el apartado 12 de dicha sentencia, de definir el concepto de cesión contractual a los efectos del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva, habida cuenta de las diferencias existentes entre los sistemas jurídicos de los diversos Estados miembros— no permite, como señala la misma sentencia en su apartado 13, determinar el alcance de la Directiva basándose únicamente en la interpretación literal de ese concepto de cesión contractual, ni permite tampoco, por consiguiente, determinar su ámbito de aplicación en función de la naturaleza del control que ejerza la autoridad administrativa o judicial sobre las transmisiones de empresas en el marco de un procedimiento concursal determinado.

26

Así pues, a la vista de las consideraciones que hizo este Tribunal de Justicia en el asunto Abels, el criterio determinante que debe tenerse en cuenta es el del objetivo que persiga el procedimiento de que se trate.

27

La Ley italiana de 3 de abril de 1979 prevé que mediante Orden Ministerial se aplique el expediente de administración extraordinaria a las empresas que la propia Ley define. Según dicha Ley, la Orden Ministerial produce o puede producir dos tipos de efectos.

28

Por un lado, para aplicar «a todos sus efectos» la Ley de Quiebras, la referida Orden debe equipararse a la Orden que dispone la liquidación forzosa administrativa, regulada en los artículos 195 y siguientes y en el artículo 237 de la Ley de Quiebras. De estas disposiciones en su conjunto se desprende que, sin perjuicio de las particularidades que le son propias, la liquidación forzosa administrativa tiene efectos sustancialmente idénticos a los de la quiebra.

29

Por otro lado, la Orden que decide la aplicación del expediente de administración extraordinaria puede asimismo decidir que continúen las actividades de la empresa, bajo la dirección de un comisario, por un período cuyas modalidades de cálculo determina la Ley. Con arreglo al artículo 2 de la Ley de 3 de abril de 1979, dentro de las atribuciones del comisario figura la de elaborar un programa cuya ejecución habrá de autorizar la autoridad de control y que deberá contener, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta los intereses de los acreedores, un «plan de saneamiento, compatible con las grandes líneas de la política industrial, en el que se indique de un modo específico las instalaciones que deban volver a entrar en funcionamiento y las que hayan de ser completadas, así como las instalaciones y unidades productivas de la empresa que deban ser transferidas».

30

De lo anterior se desprende que una legislación como la Ley italiana sobre administración extraordinaria de grandes empresas en crisis presenta características diferentes según que la Orden que imponga la liquidación forzosa administrativa decrete o no la continuación de las actividades de la empresa.

31

En el caso de que no exista decisión sobre este extremo, o después de que finalice el plazo de validez de una decisión que autorice la continuación de las actividades de la empresa, el objetivo, las consecuencias y los riesgos de un procedimiento como el de liquidación forzosa administrativa son comparables a los que motivaron que, en la citada sentencia de 7 de febrero de 1985, Abels, este Tribunal de Justicia llegase a la conclusión de que el apartado 1 del artículo 1 de la Directiva no se aplica a las transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad en los supuestos en que el cedente haya sido declarado en quiebra. A semejanza de lo que sucede con la quiebra, este procedimiento tiene por objeto la liquidación de los bienes del deudor con vistas al resarcimiento de todos los acreedores, de manera que las transmisiones efectuadas dentro de este marco jurídico están excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva. Como ha declarado este Tribunal de Justicia en la citada sentencia de 7 de febrero de 1985, Abels, sin esta exclusión no se podría descartar el grave riesgo de que a nivel global se deterioren las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, en contradicción con los objetivos del Tratado.

32

En cambio, de las disposiciones de la Ley italiana se desprende que, cuando la Orden que acuerda la aplicación del expediente de administración extraordinaria decide asimismo que continúen las actividades de la empresa bajo la dirección de un comisario del procedimiento de administración extraordinaria, la finalidad de dicho expediente es, en primer lugar, la de proporcionar a la empresa un equilibrio que haga posible garantizar su actividad en el futuro. El objetivo económico y social así perseguido no puede explicar ni justificar que, cuando la empresa de que se trate sea objeto de una transmisión total o parcial, sus trabajadores se vean privados de los derechos que les reconoce la Directiva con sujeción a las condiciones que la misma especifica.

33

A este respecto, el Juez nacional pone de relieve, en la resolución de remisión, que la exposición de motivos del Decreto-Ley n° 26/1979 declara que la finalidad del expediente de administración extraordinaria es salvar las partes sustancialmente saneadas de la empresa; que la empresa en régimen de administración extraordinaria puede obtener créditos, cuya devolución garantiza el Estado, que estén destinados a hacer posible reanudar la actividad, así como completar instalaciones, inmuebles y bienes de equipo; y, por último, que en el expediente de administración extraordinaria la protección de los intereses de los acreedores reviste menor amplitud que en otros procedimientos de liquidación y que, en particular, los acreedores no participan en la elaboración de las decisiones relativas a la continuación de las actividades de la empresa.

34

Procede, pues, responder a la segunda cuestión prejudicial en el sentido de que el apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 77/187 del Consejo, de 14 de febrero de 1977, no se aplica a las transmisiones de empresas efectuadas en el contexto de un procedimiento concursal, como el previsto en la legislación italiana sobre liquidación forzosa administrativa, a que se refiere la Ley de 3 de abril de 1979, relativa a la administración extraordinaria de grandes empresas en crisis. En cambio, esa misma disposición de la misma Directiva sí se aplica cuando, en el marco de una legislación como la relativa a la administración extraordinaria de grandes empresas en crisis, se haya decidido que la empresa continúe sus actividades, y mientras esta última decisión permanezca en vigor.

35

Los gastos efectuados por los Gobiernos francés e italiano y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el pretore di Milano mediante resolución de 23 de octubre de 1989, declara: