<TI><NP><NO.P>V.</NO.P><TXT>Respuesta a la cuestión prejudicial</TXT></NP></TI>14.Mediante la cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea que el Tribunal de Justicia dilucide si, en caso de que un socio de una sociedad civil arriende un bien corporal a dicha sociedad, el citado arrendamiento constituye una actividad económica independiente a efectos del artículo 4 de la Sexta Directiva, circunstancia que permite considerar como sujetos pasivos del impuesto tanto a la sociedad como al socio arrendador, o si, en tal caso, el socio y la sociedad se equiparan con la consecuencia de que la actividad no se ejerce con carácter independiente y, por consiguiente, ha de considerarse que, en realidad, existe sólo un sujeto pasivo del impuesto.15.En primer lugar, procede señalar que, como indican el órgano jurisdiccional remitente y la Comisión, conarreglo al Derecho neerlandés, una sociedad civil como la controvertida en el litigio principal, la cual, pese a no tener personalidad jurídica, en tanto que unión de personas físicas, posee una independencia societaria de hecho, puede ejercer actividades económicas con carácter independiente y, en consecuencia, puede considerarse sujeto pasivo a efectos del artículo 4 de la Sexta Directiva.Como acertadamente observa la Comisión, esta postura del ordenamiento jurídico neerlandés no es contraria ni a la letra ni al espíritu de la Sexta Directiva. Por un lado, el artículo 4, apartado 1, de la Sexta Directiva establece que serán considerados como sujetos pasivos del IVA quienes realicen con carácter independiente las actividades económicas enunciadas en el mismo artículo. Por otro lado, de conformidad con la finalidad de la Sexta Directiva, que consiste en garantizar una mejor neutralidad fiscal, mediante una definición amplia del concepto de sujeto pasivo, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se ha subrayado de manera reiterada que el artículo 4 de la Directiva tiene un ámbito de aplicación muy amplio.Véase, a título indicativo, la sentencia de 4 de diciembre de 1990, Van Tiem (C-186/89, Rec. p. I-4363), apartado 17.
La forma jurídica particular que reviste, en general, una persona no afecta por sí sola a la posibilidad de calificar a dicha persona como sujeto pasivo del impuesto. En consecuencia, tampoco la existencia, más concretamente, de personalidad jurídica constituye un requisito sine qua non para calificar a una unión de personas como sujeto pasivo del impuesto. Siempre que, de conformidad con el Derecho nacional, dicha unión de personas sin personalidad jurídica pueda realizar, en la práctica, actividades económicas sujetas al IVA con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Sexta Directiva, desde el punto de vista orgánico puede ser considerada como sujeto pasivo del impuesto, al igual que cualquier otra persona con personalidad jurídica.
16.Asimismo, debe señalarse que, acertadamente, ni el órgano jurisdiccional remitente ni ninguna de las partes interesadas cuestionaron el carácter económico del arrendamiento del bien inmueble por el Sr. Heerma a la sociedad civil de la que forma parte.El Tribunal de Justicia, que adopta una interpretación muy amplia de los términos actividad económica y explotación de un bien corporal o incorporal Véase la sentencia Van Tiem, citada en la nota 6 supra, en Ia que el Tribunal de Justicia consideró que el artículo 4 de la Sexta Directiva asigna un ámbito de aplicación muy amplio a! Impuesto sobre el Valor Añadido, que engloba todas las fases de producción, de distribución y de prestación de servicios {apartado 17).
empleados en el artículo 4 de la Sexta Directiva,Con respecto a la relación existente entre dichas expresiones y, en particular, al hecho de que la explotación de un bien corporal o incorporal , mencionada en el artículo 4, apartado 2, segunda frase, de la Sexta Directiva, constituye una aplicación específica y no una excepción al criterio de actividad económica mencionado en la primera frase de ese mismo apartado, véanse la sentencia Enkler, citada en la nota 5 supra, apartado 22, y mis conclusiones en dicho asunto (puntos 12 a 14).
siempre que tiene la certeza de que se ejercen con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo,Como se subraya en la sentencia Van Tiem, citada en la nota 6 supra, el concepto de explotación se refiere, conforme a las exigencias del principio de la neutralidad del sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, a todas las operaciones, independientemente de su forma jurídica, que tienen por finalidad obtener del bien de que se trate ingresos continuados en el tiempo {apartado 18). Sobre la necesidad de verificar si la actividad presenta un determinado grado de permanencia o de continuidad, véanse mis conclusiones en el asunto Enkler, citado en la nota 5 supra, punto 15. Así, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no deben considerarse actividades económicas que confieran al autor de dichas operaciones la condición de sujeto pasivo la mera adquisición en propiedad y la mera tenencia de obligaciones, que no contribuyen a otra actividad empresarial, y la percepción del rendimiento de las mismas [...] [véase la sentencia de 6 de febrero de 1997, Harnas & Helm (C-80/9J, Rec. p. I-745), apartado 20], ni la mera adquisición y tenencia de participaciones sociales. La mera adquisición de participaciones financieras en otras empresas no constituye una explotación de un bien con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo, ya que el eventual dividendo, fruto de esta participación, depende de la mera propiedad del bien [véase la sentencia de 20 de junio de 1991, Polysar Investments Netherlands (C-60/90, Rec. p. I- 3111), apartado 13]. El Tribunal de Justicia también ha declarado que, al no ser contraprestación de ninguna actividad económica a efectos de la Sexta Directiva, la percepción de dividendos no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del IVA [véase, a este respecto, la sentencia de 22 de junio de 1993, Sofitam (C-333/91, Rec. p. I-3513), apartado 13].
ha estimado que el arrendamiento de un bien corporal constituye una explotación de dicho bien que debe ser calificada de actividad económica en el sentido del apartado 2 del artículo 4 de la Sexta Directiva, siempre que se realice con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.Véase la sentencia Enkler, citada en la nota 5 supra, apartados 21 y 22. El Tribunal de Justicia también ha declarado que el hecho de que el propietario de un bien inmueble ceda a un tercero un derecho de superficie sobre dicho bien debe considerarse como una explotación del bien, siempre y cuando se acepte, contra pago de un precio, por un período determinado. Este requisito debe considerarse cumplido cuando, como en el caso objeto del litigio principal, el derecho de superficie se cede por una duración de dieciocho años, a cambio de una retribución anual. Véase la sentencia Van Tiem, citada en la nota 6 supra, apartado 19.
Así, para determinar si, en un caso concreto, el arrendamiento de un bien corporal se efectúa para obtener ingresos continuados en el tiempo, el Tribunal de Justicia ha declarado que corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar todas las circunstancias del casoVéase la sentencia Enkler, citada en la nota 5 supra, apartado 30.
y, en especial, apreciar la naturaleza del bien y las condiciones de su explotación.Véase la sentencia Enkler, citada en la nota 5 supra, apartados 23 a 29.
En el presente caso, dado que, como indica el órgano jurisdiccional remitente, el órgano jurisdiccional nacional que era competente para la apreciación de las cuestiones de hecho (a saber, el Gerechtshof te Leeuwarden, cuyas apreciaciones de hecho al respecto, como se señala en la resolución de remisión, no fueron impugnadas en el marco del recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente) estimó que el arrendamiento controvertido en el litigio principal se realizó con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo, debe admitirse que dicho arrendamiento, relativo a un establo, que tiene una duración contractual de seis años y se pactó por una renta anual de 12.000 NLG, es correctamente considerado tanto por el órgano jurisdiccional remitente como por todos los interesados como actividad económica a efectos del artículo 4, apartado 2, de la Sexta Directiva.
17.De las observaciones que anteceden se desprende que, en realidad, la cuestión decisiva planteada en el presente caso estriba en dilucidar si la actividad económica de que se trata se ejerce con carácter independiente en el sentido en que dichos términos se emplean en el artículo 4 de la Sexta Directiva.18.En el artículo 4, apartado 1, de la Sexta Directiva, no se precisa más el contenido de los términos con carácter independiente. No obstante, debe admitirse lo siguiente: en primer lugar, basándose en el tenor de todo el apartado, la independencia no califica, en general, el régimen jurídico o la profesión de la persona que ejerce una actividad económica, sino las condiciones concretas en las que ejerce dicha actividad; en segundo lugar, siempre que el ejercicio con carácter independiente de la actividad económica constituye un requisito para la calificación de una persona como sujeto pasivo del impuesto, el contenido de los términos con carácter independiente, como, por lo demás, también el contenido del concepto más general de sujeto pasivo del impuesto, no resulta afectado por los fines o resultados de dicha actividad;Véase, a este respecto, la sentencia Enkler, citada en la nota 5 supra, apartado 25: [...], como resulta del apartado 1 -del artículo 4 de la Sexta Directiva, los objetivos o los resultados de la actividad, como tales, no son pertinentes para determinar el ámbito de aplicación de la Sexta Directiva.
en tercer lugar, de conformidad con la finalidad de la Sexta Directiva, que consiste en garantizar una mejor neutralidad fiscal, debe admitirse que el concepto del carácter independiente del ejercicio de la actividad económica puede ser objeto de interpretación amplia, como sucede con el propio concepto más general de sujeto pasivo del impuesto.Véase el punto 15 supra.
19.La exigencia de una interpretación amplia se desprende también, por otra parte, de las disposiciones del artículo 4, apartado 4, de la Sexta Directiva. En dichas disposiciones se definen mediante una formulación negativa los términos con carácter independiente mencionados en el apartado 1 del mismo artículo. En concreto, se establecen, sucesivamente, un supuesto que excluye la existencia de independencia jurídica (párrafo primero) y un supuesto en el que, con carácter excepcional, se permite considerar como un único sujeto pasivo a dos personas independientes entre sí desde el punto de vista jurídico, pero que se encuentran estrechamente vinculadas en los órdenes financiero, económico y de organización (párrafo segundo).20.Habida cuenta de lo anterior, antes de analizar la actividad económica controvertida en el litigio principal a la luz de las observaciones generales referentes al artículo 4, apartado 1, de la Sexta Directiva, procede dilucidar si dicha actividad puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de los dos párrafos del apartado 4 del mismo artículo.21.Según el artículo 4, apartado 4, párrafo primero, de la Sexta Directiva, los términos con carácter independiente se definen negativamente, en el sentido de que excluye[n] del gravamen a los asalariados y a otras personas en la medida en que estén vinculadas a su empresario por un contrato de trabajo o por cualquier otra relación jurídica que cree lazos de subordinación en lo que concierne a las condiciones laborales y retributivas y a la responsabilidad del empresario.La Directiva 67/228/CEE del Consejo, de 11 de abril de 1967, Segunda Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Estructura y modalidades de aplicación del sistema común de Impuesto sobre el Valor Añadido (DO L 71, p. 1303; EE 09/01, p. 6: en lo sucesivo, Segunda Directiva), dispone, en el Anexo A, punto 2, Adición al artículo 4, párrafo cuarto, primera frase: La expresión con carácter independiente tiene el significado especialmente de excluir del gravamen a los asalariados vinculados a sus patronos por un contrato de arrendamiento de servicios.
Procede señalar que en el texto de la Sexta Directiva no se incluye ya el término especialmente, sin que ello, de todas maneras, signifique, en mi opinión, que la definición negativa del término con carácter independiente haya dejado de ser indicativa.
Es manifiesto que el socio de una sociedad civil que cede en arriendo a dicha sociedad un bien inmueble no es un asalariado, y que dicho arrendamiento del bien inmueble no constituye una relación jurídica que cree lazos de subordinación en lo que concierne a las condiciones laborales y retributivas y a la responsabilidad del empresario. Por tanto, la única cuestión que cabría examinar estriba en si, en el presente caso, el contrato de arrendamiento entre el socio de la sociedad civil y esta última constituye una relación jurídica que, en todo caso, crea vínculos de subordinación de intensidad análoga a los creados por una relación de trabajo por cuenta ajena entre una persona y su empresario.Con respecto a la definición de dichos vínculos, véase la sentencia de 25 de julio de 1991, Ayuntamiento de Sevilla (C-202/90, Rec. p. I-4247), relativa a las actividades de los recaudadores de impuestos locales en España. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, en lo que se refiere, en primer lugar, a las condiciones laborales, no existe vínculo de subordinación toda vez que la persona que ejerce una actividad económica se procura y organiza ella misma de modo autónomo, dentro de los Omites fijados por la ley, los recursos humanos y materiales necesarios para el ejercicio de sus actividades {apartado 11); que en lo que se refiere, en segundo lugar, a las condiciones retributivas, no existe vínculo de subordinación toda vez que dicha persona soporta el riesgo económico de su actividad y que, por último, el criterio decisivo es el de la responsabilidad derivada de las relaciones contractuales establecidas por dicha persona en el ejercicio de su actividad, así como su responsabilidad por los perjuicios causados a terceros. Así, tal como señalaba el Abogado General Sr. Tesauro en sus conclusiones en dicho asunto, procede calificar de trabajador autónomo al trabajador que orgánicamente no se halle integrado en una empresa; que disponga de una apropiada libertad de organización en cuanto a los recursos humanos y materiales que ha de utilizar para el desarrollo de la actividad de que se trate, y que asuma el riesgo económico de dicha actividad (punto 6).
Véase, también, la sentencia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Países Bajos (235/85, Rec. p. 1471), apartado 14: [...] es preciso hacer constar [...] que los notarios y gerechtsdeurwaarders, al no estar integrados en la Administración pública, no se encuentran ligados a la autoridad pública por lazo alguno de subordinación jerárquica. Ambos, en efecto, ejercen sus actividades por cuenta propia y bajo su exclusiva responsabilidad, organizan libremente las modalidades de ejecución de su trabajo, dentro de los límites impuestos por la ley, y perciben ellos mismos los emolumentos que constituyen sus ingresos. El hecho de que estén sometióos a un control disciplinario bajo la supervisión de la autoridad pública, lo que también ocurre en otras profesiones reglamentadas, así como el hecho de que sus remuneraciones se determinen mediante ley, no basta para considerar que se encuentran en una situación jurídica de subordinación respecto a un empresario en el sentido propio del apartado 4 del artículo 4.
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Con independencia del caracter lícito o ilícito de una posible aplicación analógica de la disposición de que se trata al caso de un contrato de arrendamiento,A primera vista, cabría considerar que dicha aplicación analógica contradice el hecho de que el supuesto de ejercicio con carácter no independiente de una actividad económica previsto en el artículo 4, apartado 4, párrafo primero, de la Sexta Directiva, por constituir básicamente una definición negativa del concepto de sujeto pasivo, debe interpretarse de forma estricta. No obstante, estimo que la mencionada aplicación analógica puede lícitamente tenerse por interpretación autónoma de los términos con carácter independiente empleados en el apartado 1 del mismo artículo, dado que dicha definición negativa parece ser de carácter indicativo. Véase la nota 15 supra.
es asimismo manifiesto que, como correctamente observan la Comisión y el Gobierno alemán, un contrato de arrendamiento, como el controvertido en el litigio principal, no entraña entre las partes unos lazos de subordinación análogos a los que lleva aparejados una relación de trabajo por cuenta ajena u otra relación jurídica que crea lazos de subordinación en lo que concierne a las condiciones laborales y retributivas y a la responsabilidad del empresario.
En efecto, el contrato de arrendamiento de inmueble controvertido en el litigio principal parece configurar una relación jurídica en el marco de la cual el Sr. Heerma ejerce la actividad económica del arrendamiento por cuenta propia y bajo su propia responsabilidad, no recibe indicaciones ni órdenes de la sociedad arrendataria y asume el riesgo económico y la responsabilidad del arrendamiento. Por otra parte, de los elementos obrantes en los autos no se infiere que la relación de participación social que une al arrendador con la arrendataria cree, en el marco de las condiciones de ejercicio de la actividad económica que interesa en el presente caso, a saber, en el seno de la relación contractual de arrendamiento,Como antes señalaba, el examen del carácter independiente del ejercicio de una actividad económica por una persona que alega ser sujeto pasivo a efectos de la Sexta Directiva, no guarda relación, en general, con el régimen jurídico que Te es aplicable, sino únicamente con las condiciones concretas en las que ejerce la actividad específica controvertida. Véase el punto 18 supra.
lazos de subordinación jurídica a efectos del artículo 4, apartado 4, párrafo primero, de la Sexta Directiva.
De lo que antecede se desprende, así pues, que no cabe subsumir los hechos concretos del litigio principal en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 4, párrafo primero, de la Sexta Directiva.
22.Con arreglo al artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, sin perjuicio de la consulta prevista en el artículo 29, cada Estado miembro quedará facultado para considerar como un solo sujeto pasivo a las personas establecidas en el interior del país que gocen de independencia jurídica, pero que se hallen firmemente vinculadas entre sí en los órdenes financieros, económico y de organización.La Segunda Directiva, antes citada, disponía en el Anexo A, punto 2. Adición al articulo 4, párrafo cuarto, segunda frase: Con esta expresión [con carácter independiente) se permite igualmente a los Estados miembros no considerar como sujetos autónomos, sino como un solo sujeto pasivo, a las personas que, si bien independientes desde el punto de vista jurídico, están, no obstante, vinculadas entre si a través de relaciones económicas, financieras y de organización interna. Cuando un Estado miembro pretenda adoptar un régimen de esta naturaleza, queda obligado a plantear la consulta previa a que se refiere el articulo 16.
Los Países Bajos ya han cumplido los requisitos establecidos en el artículo precedente y pueden, con carácter general, hacer uso de la posibilidad prevista en el mismo.Véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Van Gerven en el asunto Polysar Investments Netherlands, citado en la nota 9 supra. Véase, también, el primer informe de la Comisión al Consejo sobre el funcionamiento del sistema común del IVA, de 13 de septiembre de 1983 [COM(83) 426 final, pp. 10 y 11].
Con respecto a la misma posibilidad durante la vigencia de la Segunda Directiva, antes citada, véase la sentencia de 12 de junio de 1979, Ketelhandel van Paassen (asuntos acumulados 181/78 y 229/78, Rec. p. 2063).
Según la Comisión, en el presente asunto no cabe concebir la aplicación de la referida posibilidad por dos razones: por un lado, porque la sociedad civil no tiene personalidad jurídica y, por tanto, tampoco independencia jurídica y, por otro, porque la administración neerlandesa no invocó la existencia de una unidad fiscal con arreglo a dicho artículo.
En lo que respecta al primer punto de las observaciones de la Comisión, estimo que no procede invocar la falta de personalidad jurídica para justificar, en el presente caso, la inexistencia de independencia jurídica. El hecho de que, con arreglo al Derecho neerlandés, la sociedad civil constituya una entidad capaz de celebrar válidamente un contrato de arrendamientoVéase el punto 10 supra.
le dota de la independencia jurídica que se exige para plantear, de manera formalmente fundada, la cuestión de la posible subordinación en los órdenes financiero, económico y de organización.
Por el contrario, el segundo punto de las observaciones de la Comisión reviste mayor interés. El hecho de que la administración neerlandesa no invocase la disposición del artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Sexta Directiva parece justificar, en efecto, la imposibilidad de aplicar dicha disposición por dos razones: en primer lugar, porque, desde el punto de vista de la carga de la prueba, a la Administración neerlandesa le incumbe alegar y demostrar la concurrencia de los requisitos de la excepción establecida en la citada disposición; en segundo lugar, porque, con arreglo al Derecho neerlandés, para considerar que dos personas, debido a que forman una unidad fiscal, son un único sujeto pasivo del IVA, la existencia de dicha unidad debe desprenderse de un acto formal previo de las autoridades tributarias, y no puede constituir el resultado de una interpretación a posteriori de las condiciones concretas en las cuales las personas de que se trata ejercen una actividad económica.Véase, a título indicativo, Boomsma, A. et al. (ed.), Ernst Sí Young, VAT in Europe, Sweet & Maxwell, Londres, 1989, p. 146.
De lo anterior se desprende que tampoco cabe subsumir los hechos concretos del litigio principal en la excepción especial del artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Sexta Directiva. Resta, pues, examinar los datos del litigio principal desde la perspectiva de la interpretación general de los términos con carácter independiente, a efectos del artículo 4, apartado 1, de la Directiva.
23.En el marco de esta interpretación, la Comisión, basándose en el sentido y la finalidad de la excepción introducida por el artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Sexta Directiva,La Comisión se remite al considerando relativo al articulo 4 de su propuesta inicial de Sexta Directiva sobre el IVA, de 20 de junio de 1973 (Bulletin des Communautés européennes, Supplément 11/73, p. 8). En dicho considerando se indicaba que estaba previsto poder considerar, basándose en dicha disposición, a empresas jurídicamente independientes como un solo sujeto pasivo, bien en aras de la simplificación administrativa, bien para evitar determinados abusos (por ejemplo, el fraccionamiento de una empresa entre varios sujetos pasivos con el fin de acogerse a un régimen particular).
observa, en particular, que el Sr. Heerma y la sociedad no deben ser considerados como un sujeto pasivo, puesto que no es probable que se hayan infringido o utilizado abusivamente las disposiciones de la Sexta Directiva con fines de fraude o de evasión fiscal.Véanse las observaciones de la Comisión, punto 16.
24.En lo que respecta a la observación precedente, procede señalar, en primer lugar, que ni el Tribunal de Justicia dispone de los elementos necesarios para tener en cuenta tal probabilidad —exista o no—, ni la utilidad de la respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión prejudicial planteada depende del examen de tales eventualidades.De la resolución de remisión no se desprende que, en el presente caso, quepa hablar de simplificación administrativa o de eventual aplicación abusiva de las disposiciones de la Sexta Directiva por el Sr. Heerma y la sociedad, puesto que, en efecto, los vínculos entre parientes o personas allegadas no constituyen, por sí solos, un elemento suficiente para demostrar un fraude o evasión fiscal.Véase, a este respecto, la sentencia de 29 de mayo de 1997, Skripalle (C-63/96, Rec. p. I-2847), apartados 24 a 26.
Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente no solicitó al Tribunal de Justicia que examinase dicha cuestión ni le proporcionó, como también observa el Gobierno alemán, todos los elementos de hecho y de Derecho nacional necesarios para efectuar dicho examen.Por ejemplo, no se precisa si la sociedad de que se trata (explotación agrícola) está sujeta — y en qué condiciones— al régimen general de los agricultores retribuidos por unidad de obra,
A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen del litigio y que deben asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia .Véanse, en particular, las sentencias de 16 de julio de 1992, Asociación Española de Banca Privada y otros (C-67/91, Rec. p. I-4785), apartados 25 y 26; de 3 de marzo de 1994, Eurico Italia y otros (asuntos acumulados C-332/92, C-333/92 y C-335/92, Rec. p. I-711), apartado 17; de 18 de junio de 1991. Piagane (C-369/89, Rec. p. I-2971), apartado 10; de 8 de noviembre de 1990, Gmurzynska-Bschcr (C-231/89, Rec. p. I-4003), apartado 19; de 16 de julio de 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673), apartado 15; de 6 de julio de 1995, BP Soupergaz (C-62/93, Rec. p. I-1883), apartado 10, y de 15 de junio de 1995, Zabala Erasun y otros (asuntos acumulados C-422/93, C-423/93 y C-424/93, Rec. p. I-1567), apartado 14.
En consecuencia, corresponde al órgano jurisdiccional nacional, que conoce mejor los hechos del litigio y los detalles de la legislación neerlandesa, la competencia de examinar en primer lugar, planteando eventualmente la correspondiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, si cabe hablar de un abuso de Derecho, fraude o evasión fiscal que influya en la apreciación acerca del carácter independiente del ejercicio de la actividad económica controvertida.Por otra parte, corresponde también al órgano jurisdiccional nacional examinar las cuestiones de Derecho nacional a que aludió la Comisión en la introducción de sus observaciones, a saber, en qué casos la actuación de un socio vincula a la sociedad en la que participa v si el régimen económico matrimonial adoptado por el interesado y su cónyuge afecta a la capacidad de obrar de los interesados en relación con el bien inmueble y, por tanto, también a la validez de su contrato de arrendamiento.
25.No obstante, en lo que respecta a la mencionada observación de la Comisión, estimo que, en todo caso, en el marco de la interpretación general de los términos con carácter independiente, a efectos del artículo 4, apartado 1, de la Sexta Directiva, no sería correcto referirse de nuevo a la problemática de la excepción enunciada en el artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, prescindiendo de los requisitos formales y sustantivos concretos que establece la disposición de dicho párrafo. Por un lado, el hecho de que el artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, con el fin de alcanzar una simplificación administrativa o de impedir eventuales abusos, otorgue a los Estados miembros la facultad de considerar como un sujeto pasivo a dos personas que son jurídicamente independientes pero se hayan firmemente vinculadas entre sí en los órdenes financiero, económico y de organización significa que, según dicha Directiva, la existencia de este tipo de vínculos entre dos personas no suprime, de forma necesaria y automática, el carácter independiente de la actividad económica que se desarrolla entre ellas. Por otro lado, la nueva alusión a la problemática de la disposición del artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, de la Sexta Directiva en el marco de la interpretación general de los términos con carácter independiente conduciría, esencialmente, a una interpretación extensiva de dicha disposición. Sin embargo, este tipo de interpretación no es compatible con la circunstancia de que la citada disposición constituye una definición negativa de los términos con carácter independiente empleados en el artículo 4, apartado 1, de la Sexta Directiva, y puede ser objeto de interpretación amplia.Véase el punto 18 supra.
26.Así pues, en el marco de la interpretación general de los citados términos, estimo que en el presente caso, basándose en el significado de las disposiciones pertinentes de la Sexta Directiva, no cabe negar que se ejercite con carácter independiente la actividad económica consistente en el arrendamiento del establo, por el mero hecho de que sea el socio de una sociedad civil quien lo ceda en arriendo a dicha sociedad.27.Conduce a esta conclusión el hecho de que el contrato de arrendamiento controvertido fue celebrado entre dos personas que, desde el punto de vista jurídico, no son idénticas. Puesto que las dos partes contratantes son entes jurídicos distintos, con capacidad jurídica, con arreglo al Derecho neerlandés, para celebrar válidamente un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, el negocio jurídico celebrado entre sí surte efecto de forma jurídicamente independiente y, en principio, se crean entre ellos derechos y obligaciones como sucedería en el caso de que los contratantes fuesen terceros no vinculados, paralelamente, por la relación de participación social antes referida. Asimismo, el hecho de que el Sr. Heerma, aunque contrate con una sociedad de la que es socio, no sea sin embargo, como señala el Gobierno neerlandés, el único responsable de las obligaciones contractuales de dicha sociedad, no justifica la tesis según la cual el Sr. Heerma, al ceder en arriendo el establo a la citada sociedad, en realidad está arrendando elementos de su propio patrimonio.28.Paralelamente, como observa también la Comisión, toda persona física tiene derecho a constituir sociedades o personas jurídicas y nada impide a dichas personas físicas, sociedades o personas jurídicas prestar servicios o entregar bienes a personas allegadas y, simultáneamente, ser consideradas sujetos pasivos del IVA. Esta conclusión se desprende también indirectamente del razonamiento de la sentencia Skripalle,Citada en la nota 25 supra.
en la cual el Tribunal de Justicia, al admitir que las relaciones entre parientes o personas allegadas no constituyen, por sí solas, un elemento suficiente para demostrar un fraude o evasión fiscal, parece haber admitido, a fortiori, que en principio es posible que dichas relaciones estén sujetas al IVA.29.Por otra parte, el Sr. Heerma, al actuar como arrendador de un bien inmueble de su propiedad, ejerce una actividad que, manifiestamente, no guarda relación con la gestión o representación de la sociedad en la que participa, puesto que actúa en tanto que arrendador en su propio nombre y no en tanto que órgano de la sociedad.Véanse, también, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Sr. Van Gerven en el asunto Polysar Investments Netherlands, citado en la nota 9 supro, punto 6.
En consecuencia, si bien corresponde al órgano jurisdiccional nacional, que conoce mejor el Derecho nacional y los hechos del litigio, precisar en qué casos los actos de un socio se reputan, desde el punto de vista orgánico, actos de la sociedad en la que participa y, por tanto, se atribuyen a esta última, el vínculo societario existente en el presente caso no parece afectar al contrato de arrendamiento celebrado hasta el punto de no poder considerar dicho arrendamiento de inmueble jurídicamente independiente de la posición del arrendador en tanto que socio de la arrendataria.30.Y a la inversa, la actividad de arrendamiento del inmueble de que se trata a la sociedad no puede equipararse, en principio, a una aportación del Sr. Heerma a dicha sociedad en el marco de la relación societaria. El Sr. Heerma, al arrendar el establo por una renta anual convenida de 12.000 NLG, explota el inmueble de que se trata con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. Por consiguiente, como podría hacer también un tercero, efectúa una prestación a título oneroso, a efectos del artículo 2 de la Sexta Directiva, y no una prestación que resulte compensada por la participación en los resultados de dicha sociedad.31.De lo que antecede se infiere que, en principio, la vinculación entre un contrato de arrendamiento y la cualidad de socio, tal como se produce en el presente caso, no parece obligar a considerar que el citado arrendamiento, pese a constituir una actividad económica, no se realiza con carácter independiente, con la consiguiente obligación de considerar al socio arrendador, conjuntamente con la sociedad arrendataria, como un único sujeto pasivo a efectos del artículo 4, apartado 1, de la Directiva.