(1)

El Reglamento (UE) 2024/1263, que entró en vigor el 30 de abril de 2024, establece los objetivos del marco de gobernanza económica, que tiene por objeto promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, un crecimiento sostenible e integrador y la resiliencia a través de reformas e inversiones, y evitar los déficits públicos excesivos. El Reglamento establece que el Consejo y la Comisión llevarán a cabo una supervisión multilateral en el marco del Semestre Europeo, de conformidad con los objetivos y requisitos establecidos en el TFUE. El Semestre Europeo incluye, en particular, la formulación y la supervisión de la aplicación de las recomendaciones específicas por país. El Reglamento promueve también la apropiación nacional de las políticas fiscales y hace hincapié en la perspectiva a medio plazo, a lo que se suma un control del cumplimiento más efectivo y coherente. Cada Estado miembro debe presentar al Consejo y a la Comisión un plan fiscal-estructural nacional a medio plazo que contenga sus compromisos fiscales y en materia de reformas e inversiones para un período de cuatro o cinco años, dependiendo de la duración de la legislatura nacional. La senda de gasto neto (3) de estos planes tiene que cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento, entre los que se incluyen los que exigen situar o mantener la deuda de las administraciones públicas en una senda decreciente verosímil al final del período de ajuste, o mantenerla en niveles prudentes por debajo del 60 % del producto interior bruto (PIB), y situar o mantener a medio plazo el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. Cuando un Estado miembro se comprometa a llevar a cabo una serie de reformas e inversiones pertinentes de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento, el período de ajuste podrá ampliarse hasta tres años.

(2)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, el «Mecanismo») entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que constituye un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas, el Mecanismo fomenta la recuperación económica y social e impulsa al mismo tiempo la realización de reformas e inversiones sostenibles, en particular dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y aumentar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, contribuye a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que se siga ejecutando el pilar europeo de derechos sociales.

(3)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. La medida contribuye a la seguridad energética y a diversificar el suministro energético de la Unión, aumentando al mismo tiempo la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. Hungría incluyó un nuevo capítulo de REPowerEU en su plan nacional de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU.

(4)

El 11 de mayo de 2021, Hungría presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 de dicho Reglamento, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en su anexo V. El 15 de diciembre de 2022, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Hungría (6), que se modificó el 8 de diciembre de 2023 con arreglo al artículo 18, apartado 2, para incluir el capítulo de REPowerEU (7). El desembolso de tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión, de conformidad con el artículo 24, apartado 5, por la que se establezca que Hungría ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes enunciados en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio exige que no se haya frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores correspondientes a la misma reforma o inversión.

(5)

El 18 de febrero de 2025, el Consejo, a partir de una recomendación de la Comisión, adoptó una Recomendación por la que se aprueba el plan fiscal-estructural nacional a medio plazo de Hungría (8). El plan se presentó de conformidad con el artículo 11 y el artículo 36, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1263, abarca el período comprendido entre 2025 y 2028 y presenta un ajuste fiscal distribuido a lo largo de un período de cuatro años.

(6)

El 26 de noviembre de 2024, en virtud del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, la Comisión adoptó el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2025, en el que determinó que Hungría era uno de los Estados miembros que requerían un examen exhaustivo. La Comisión adoptó asimismo una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo de 2025, en el que se analiza la ejecución de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 13 de mayo de 2025, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (9) y el 10 de marzo de 2025, el Informe conjunto sobre el empleo.

(7)

El 29 de enero de 2025, la Comisión publicó la Brújula para la Competitividad, un marco estratégico cuyo objetivo es impulsar la competitividad mundial de la UE a lo largo de los próximos cinco años. Señala los tres imperativos de transformación que requiere el crecimiento económico sostenible: i) la innovación; ii) la descarbonización y la competitividad, y iii) la seguridad. Para corregir el desfase en innovación, la UE pretende fomentar la innovación industrial, apoyar el crecimiento de las empresas emergentes a través de iniciativas como la Estrategia de la UE para las Empresas Emergentes y en Expansión y promover la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la computación cuántica. En aras de una economía más ecológica, la Comisión ha esbozado un amplio Plan de Acción para una Energía Asequible y un Pacto por una Industria Limpia, para garantizar que la transición hacia una energía limpia siga siendo rentable, propicia a la competitividad, en particular para los sectores de gran consumo de energía, y un motor de crecimiento. Para reducir las dependencias excesivas y aumentar la seguridad, la Unión está decidida a reforzar las asociaciones comerciales en todo el mundo, diversificar las cadenas de suministro y asegurarse el acceso a materias primas fundamentales y fuentes de energía limpias. Estas prioridades están respaldadas por catalizadores transversales, como la simplificación normativa, la profundización del mercado único, la financiación de la competitividad y la Unión de Ahorros e Inversiones, la promoción de las capacidades y el empleo de calidad y una mejor coordinación de las políticas de la UE. La Brújula para la Competitividad está en consonancia con el Semestre Europeo y vela por que las políticas económicas de los Estados miembros sean coherentes con los objetivos estratégicos de la Comisión, lo que da lugar a un enfoque unificado de la gobernanza económica que fomenta el crecimiento sostenible, la innovación y la resiliencia en toda la Unión.

(8)

En 2025, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue su desarrollo en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes ayudan a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos constatados en las correspondientes recomendaciones específicas por país formuladas en los últimos años. Estas recomendaciones específicas por país siguen siendo igualmente pertinentes para la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia modificados de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(9)

Las recomendaciones específicas por país de 2025 hacen referencia a retos clave de política económica que no se tratan suficientemente en las medidas incluidas en los planes de recuperación y resiliencia, teniendo en cuenta los retos pertinentes constatados en las recomendaciones específicas por país del período 2019-2024.

(10)

El 4 de junio de 2025, la Comisión publicó el informe específico de 2025 sobre Hungría. En él se evalúan los avances realizados por Hungría para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes y se hace balance de la ejecución del plan de recuperación y resiliencia por parte de Hungría. Partiendo de este análisis, el informe señala los retos más urgentes a los que se enfrenta Hungría. Asimismo, evalúa los avances de Hungría en la ejecución del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión para 2030 en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza y la exclusión social, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(11)

La Comisión llevó a cabo un examen exhaustivo sobre Hungría con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. Las principales conclusiones de la evaluación que la Comisión ha llevado a cabo de las vulnerabilidades macroeconómicas de Hungría a efectos de dicho Reglamento se publicaron el 13 de mayo de 2025 (10). El 4 de junio de 2025, la Comisión llegó a la conclusión de que Hungría está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las vulnerabilidades relacionadas principalmente con la competitividad y las necesidades de financiación pública siguen siendo importantes. El rápido crecimiento de los salarios ha puesto en peligro la competitividad de costes en los últimos años y persisten presiones inflacionistas más fuertes que en el resto de la UE, mientras que la recuperación económica es lenta y está sometida a riesgos de corrección a la baja. La cuenta exterior registró un superávit en 2024, pero las políticas que impulsan la demanda interna plantean riesgos para la sostenibilidad exterior. El déficit público disminuyó en 2024 debido a una menor inversión y a una disminución del gasto en subvenciones a la energía, pero sigue siendo elevado y no se prevé que mejore mucho este año ni el próximo. La ratio de deuda pública no está disminuyendo y los costes del servicio de la deuda y las necesidades brutas de financiación siguen siendo elevados. La vinculación entre los bancos y la deuda soberana se ha intensificado debido a los incentivos fiscales para que los bancos nacionales compren deuda pública. Los precios de la vivienda se aceleraron notablemente en 2024, impulsados por la fuerte demanda, que se ha visto agravada por las medidas gubernamentales en favor de la demanda. El progreso en el ámbito de las políticas ha sido limitado. Hungría tendrá que introducir medidas fiscales permanentes y depender menos de impuestos temporales sobre los beneficios inesperados o de recortes en las inversiones. La política monetaria ha sido restrictiva, pero su eficacia se ha visto debilitada por las intervenciones gubernamentales: persisten las subvenciones y los préstamos poco orientados a los hogares y las empresas, y los controles de los tipos de interés de los préstamos limitan la eficacia de la política monetaria. Al mismo tiempo, las subvenciones a la vivienda y los regímenes de préstamos preferenciales siguen distorsionando el mercado inmobiliario y exacerbando las presiones sobre los precios de la vivienda.

(12)

El 18 de febrero de 2025, el Consejo recomendó las siguientes tasas máximas de crecimiento del gasto neto para Hungría: 4,3 % en 2025, 4,0 % en 2026, 3,9 % en 2027 y 3,7 % en 2028, lo que se corresponde con las tasas máximas de crecimiento acumulado calculadas con respecto a 2023: del 9,1 % en 2025, del 13,5 % en 2026, del 17,9 % en 2027 y del 22,2 % en 2028. En 2025-2026, estas tasas máximas de crecimiento del gasto neto coinciden con la senda correctiva prevista en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1467/97, tal como recomendó el Consejo el 18 de febrero de 2025 con vistas a poner fin a la situación de déficit excesivo (11). El 30 de abril de 2025, Hungría presentó su informe anual de situación (12) sobre las medidas adoptadas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 18 de febrero de 2025 con vistas a poner fin a la situación de déficit excesivo y la ejecución de reformas e inversiones en respuesta a los principales retos señalados en las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo. El informe anual de situación recoge el informe semestral de Hungría sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241.

(13)

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus repercusiones constituyen un desafío existencial para la Unión Europea. La Comisión recomendó activar la cláusula de salvaguardia nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de manera coordinada para apoyar las iniciativas de la UE encaminadas a lograr un aumento rápido y considerable del gasto en defensa, propuesta que fue acogida favorablemente por el Consejo Europeo de 6 de marzo de 2025. A raíz de la solicitud de Hungría de 30 de abril de 2025, el 8 de julio de 2025, el Consejo, por recomendación de la Comisión, adoptó una recomendación que permitía a Hungría desviarse y superar las tasas máximas de crecimiento del gasto neto recomendadas (13).

(14)

Según datos validados por Eurostat (14), el déficit de las administraciones públicas de Hungría disminuyó del 6,7 % del PIB en 2023 al 4,9 % en 2024, mientras que la deuda de las administraciones públicas se redujo del 73,0 % del PIB a finales de 2023 al 73,5 % a finales de 2024. Según los cálculos de la Comisión, esta evolución corresponde a una tasa de crecimiento del gasto neto del 2,3 % en 2024. En el Informe anual de situación, Hungría estima un crecimiento del gasto neto en 2024 del 2,3 %. Según las estimaciones de la Comisión, la orientación fiscal (15), que incluye tanto el gasto financiado por la UE como el financiado por Hungría, fue contractiva (3,3 % del PIB) en 2024.

(15)

Según el informe anual de situación, el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias de Hungría prevé un crecimiento del PIB real del 2,5 % en 2025, mientras que la inflación IPCA se estima en el 4,5 % en 2025. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2025, el PIB real crecerá un 0,8 % en 2025 y un 2,5 % en 2026, y la inflación IPCA se situará en el 4,1 % en 2025 y en el 3,3 % en 2026.

(16)

En el Informe anual de situación se prevé que el déficit de las administraciones públicas disminuya al 4,1 % del PIB en 2025, mientras que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB disminuiría hasta el 73,1 % a finales de 2025. Esta evolución corresponde a un crecimiento del gasto neto del 7,4 % en 2025. Las previsiones de la Comisión de la primavera de 2025 contemplan un déficit público del 4,6 % del PIB en 2025. Esta disminución del déficit en 2025 refleja principalmente una reducción del gasto en concepto de intereses como consecuencia de la reducción de los pagos de cupones de los bonos vinculados a la inflación y una nueva disminución de las ayudas a las empresas de servicios públicos por las pérdidas sufridas a causa de los límites máximos impuestos a los precios de la energía en el sector residencial. Según los cálculos de la Comisión, esta evolución corresponde a un crecimiento del gasto neto del 6,1 % en 2025. Esta cifra es inferior a la prevista por las autoridades húngaras en el informe anual de situación debido a la disminución de los gastos financiados a nivel nacional. Las previsiones de la Comisión prevén un mayor déficit debido a una disminución significativa de los ingresos procedentes de los impuestos sobre la producción y sobre la renta, impulsada por un menor crecimiento del PIB. Con arreglo a las estimaciones de la Comisión, se prevé que la orientación fiscal, que incluye tanto el gasto financiado por la UE como el financiado por Hungría, sea expansiva (0,4 % del PIB) en 2025. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB se eleve al 74,5 % a finales de 2025. El aumento de la ratio de deuda con respecto al PIB en 2025 refleja principalmente el elevado déficit de las administraciones públicas y un ajuste stock-flujo positivo debido a los importantes pagos de intereses en términos de efectivo devengados durante el año anterior.

(17)

Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2025, se prevé que en 2025 se financie el gasto de las administraciones públicas por un importe equivalente al 0,4 % del PIB mediante ayudas no reembolsables («subvenciones») del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, frente al 0,2 % del PIB en 2024 (16). Los gastos financiados mediante ayudas no reembolsables del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia permiten realizar inversiones de gran calidad y reformas que mejoran la productividad sin una repercusión directa en el saldo y la deuda de las administraciones públicas de Hungría.

(18)

En Hungría, el gasto de las administraciones públicas en defensa fue del 1,1 % del PIB en 2021, del 1,4 % del PIB en 2022 y del 1,9 % del PIB en 2023 (17). Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2025, se espera que el gasto en defensa alcance el 2,0 % del PIB en 2024 y 2025. Esto corresponde a un aumento de 0,9 puntos porcentuales del PIB con respecto a 2021. El período en el que se activa la cláusula de salvaguardia nacional (2025-2028) permite a Hungría volver a dar prioridad al gasto público o aumentar los ingresos públicos, de modo que un gasto en defensa más elevado durante más tiempo no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

(19)

Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2025, se prevé que el gasto neto de Hungría crezca en un 6,1 % en 2025 y en un 8,6 %, de manera acumulada, en 2024 y 2025. Sobre la base de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2025, se espera que el crecimiento del gasto neto de Hungría en 2025 se sitúe por encima de la tasa de crecimiento máxima recomendada establecida por la senda correctiva, lo que corresponde a una desviación (18) del 0,7 % del PIB en términos anuales. Para 2024 y 2025, tomados conjuntamente, se prevé que la tasa de crecimiento acumulado del gasto neto se sitúe por debajo de la tasa de crecimiento máxima recomendada. La desviación prevista está dentro de la flexibilidad de la cláusula de salvaguardia nacional basada en las previsiones actuales para el gasto en defensa. Por consiguiente, el procedimiento de déficit excesivo para Hungría queda en suspenso.

(20)

Además, el Consejo recomendó a Hungría que eliminara las medidas de apoyo de emergencia en materia energética antes de la temporada de calefacción 2024/2025. Según las previsiones de la primavera de 2025 de la Comisión, si bien el coste presupuestario neto (19) de las medidas de apoyo de emergencia en materia energética se situó en el 1,0 % del PIB en 2024, se prevé que disminuya al 0,5 % en 2025. En particular, las ayudas a las empresas de servicios públicos por las pérdidas sufridas debido a los límites máximos impuestos a los precios de la energía en el sector residencial permanecieron en vigor. Las medidas de apoyo de emergencia en materia energética no se eliminaron antes de la temporada de calefacción 2024/2025. Esto no se ajusta a lo recomendado por el Consejo.

(21)

El Informe anual de situación no incorpora previsiones presupuestarias para después de 2025. Teniendo en cuenta las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2025 prevén un déficit público del 4,7 % del PIB en 2026. El ligero aumento del déficit de las administraciones públicas en 2026 refleja principalmente el impacto del aumento de las exenciones fiscales para las madres, así como los aumentos salariales y las primas del sector público. Esta evolución corresponde a un crecimiento del gasto neto del 6,0 % en 2026. Con arreglo a las estimaciones de la Comisión, se prevé que la orientación fiscal, que incluye tanto el gasto financiado por la UE como el financiado por Hungría, sea expansiva (1,0 % del PIB) en 2026. La Comisión prevé una disminución de la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB hasta situarse en el 74,3 % a finales de 2026. La disminución de la ratio de deuda con respecto al PIB en 2026 refleja principalmente el aumento del crecimiento del PIB nominal.

(22)

Algunas prácticas distorsionan el funcionamiento del mercado financiero y minorista, lo que también puede limitar la eficacia de la política monetaria. Mientras que los límites máximos de los tipos de interés de los depósitos bancarios y de los préstamos a empresas se eliminaron en 2024, se espera que los bancos reduzcan los tipos de interés de los préstamos. Además, para impulsar la demanda interna, existe un uso generalizado de préstamos subvencionados de amplio alcance a hogares y empresas, así como de tipos hipotecarios controlados administrativamente. La proporción de préstamos subvencionados sigue siendo elevada en comparación con los niveles anteriores a la pandemia de COVID19, lo que da lugar a una asignación de capital subóptima al financiar proyectos con bajos rendimientos y mejoras limitadas de la productividad. Aunque los límites de precios de los productos alimenticios se eliminaron en 2024, en 2025 el Gobierno limitó la diferencia entre el precio de compra al por menor y el precio de venta de una amplia gama de productos alimenticios.

(23)

Las insuficiencias en la planificación y ejecución presupuestarias han limitado la transparencia de las políticas y han contribuido al sesgo expansivo de la política fiscal en el pasado. La muy temprana aprobación de los presupuestos anuales desde 2016, salvo en 2024, ha reducido la fiabilidad de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias. La introducción de un «estado de alarma», en vigor desde 2020, ha aumentado la discrecionalidad en la ejecución de los presupuestos anuales. El marco fiscal nacional de Hungría no ha dado lugar a una orientación fiscal más prudente y presenta una serie de deficiencias, como las características procíclicas de la norma en materia de deuda y la deficiente aplicación de la planificación presupuestaria a medio plazo. Las revisiones frecuentes y significativas de los objetivos fiscales han socavado el papel del presupuesto como ancla para los participantes en el mercado y han puesto en tela de juicio la credibilidad de los planes fiscales a medio plazo. Basar la planificación fiscal a medio plazo en límites máximos de gasto plurianuales, tal como se establece en las reglas fiscales revisadas de la UE, ayudaría a abordar el sesgo expansivo de la política fiscal. El mandato y las capacidades operativas del Consejo Presupuestario de Hungría siguen siendo limitados. Las nuevas estructuras de gestión de los fondos públicos, como los fideicomisos de interés público, debilitan la supervisión presupuestaria, ya que parecen operar sin mecanismos de control eficaces.

(24)

Se prevé que el envejecimiento de la población intensifique los retos en materia de sostenibilidad fiscal a largo plazo en Hungría. Se prevé que la proporción entre la población en edad laboral y las personas de 65 años o más disminuya de 2,9 en 2023 a 1,8 en 2070. Como consecuencia de ello, se prevé que el gasto en pensiones aumente sustancialmente, pasando de alrededor del 7,7 % en 2022 a más del 12 % del PIB en 2070. Según el análisis de la sostenibilidad de la deuda de la Comisión, los riesgos fiscales son elevados a medio plazo y de nivel medio a largo plazo. El diseño del sistema de pensiones genera problemas de equidad, como el aumento del gasto en pensiones para las personas con ingresos elevados y las grandes brechas de pensiones entre pensionistas de diferentes grupos de edad debido a la sensibilidad del método de cálculo de las pensiones a las fluctuaciones del salario medio nacional. La pensión mínima se ha mantenido nominalmente sin cambios desde 2008 y no es eficaz para garantizar unas pensiones adecuadas a las personas con una vida laboral interrumpida y con unos ingresos medios bajos durante su carrera profesional.

(25)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. Se espera que estas ayuden a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte considerable de los retos señalados en las correspondientes recomendaciones específicas por país. Dado que el calendario es ajustado, es esencial finalizar la ejecución efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para impulsar la competitividad a largo plazo de Hungría mediante las transiciones ecológica y digital, sin dejar de lado la equidad social. La Comunicación de la Comisión «NextGenerationEU — Camino a 2026», adoptada el 4 de junio de 2025, aclara el calendario aplicable a la finalización del Mecanismo y ofrece orientaciones a los Estados miembros para maximizar su aplicación antes del 31 de agosto de 2026 —también sobre la manera de seguir racionalizando los planes de recuperación y resiliencia—, establece opciones clave que deben tenerse en cuenta en la revisión de los planes, y destaca la importancia de planificar cuidadosamente, de manera conjunta y con antelación de cara a la presentación de las últimas solicitudes de pago en 2026. Para cumplir los compromisos del plan de recuperación y resiliencia a más tardar en agosto de 2026, es esencial que Hungría acelere urgentemente la ejecución de reformas e inversiones abordando los retos pertinentes, en primer lugar, aplicando rápidamente las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los intereses financieros de la UE. Reforzar el marco de lucha contra la corrupción y aumentar la competencia en la contratación pública son elementos clave a este respecto y también son cruciales para mejorar el entorno empresarial y fomentar la competitividad. La participación sistemática de las administraciones locales y regionales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo esencial para garantizar una amplia implicación en la ejecución satisfactoria del plan de recuperación y resiliencia.

(26)

La ejecución de los programas de la política de cohesión, que abarcan el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Transición Justa (FTJ), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo de Cohesión (FC), se ha acelerado en Hungría. Es importante seguir trabajando para garantizar la rápida ejecución de estos programas, maximizando al mismo tiempo sus efectos sobre el terreno. Además, para ejecución satisfactoria de los programas de la política de cohesión es fundamental que Hungría resuelva urgentemente las cuestiones pendientes sobre las condiciones favorables, en particular las cuestiones pendientes en relación con el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales, y sobre la protección de los intereses financieros de la Unión. Hungría ya está tomando medidas en el marco de sus programas de la política de cohesión para impulsar la competitividad y el crecimiento mejorando también la cohesión social. Al mismo tiempo, Hungría sigue enfrentándose a retos, en particular los relacionados con la mejora de la competitividad en el contexto de la transición industrial, el refuerzo de las capacidades digitales y de innovación, la aceleración de la transición energética, la mejora del acceso a una vivienda asequible, incluidas las viviendas sociales, la mejora de las capacidades y la integración en el mercado de trabajo de los grupos desfavorecidos, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como las desigualdades educativas, y el aumento de la resiliencia hídrica. De conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/1060, Hungría, en el marco de la revisión intermedia de los fondos de la política de cohesión, debe revisar cada programa teniendo en cuenta, entre otras cosas, los retos señalados en las recomendaciones específicas por país de 2024. Las propuestas de la Comisión adoptadas el 1 de abril de 2025 (20) amplían el plazo para la presentación de las evaluaciones (una por programa) de los resultados de la revisión intermedia, que podrán presentarse después del 31 de marzo de 2025. Asimismo, ofrecen flexibilidad para ayudar a acelerar la ejecución de los programas e incentivos a los Estados miembros para que destinen recursos de la política de cohesión a cinco ámbitos estratégicos prioritarios de la Unión, a saber, la competitividad en tecnologías estratégicas, la defensa, la vivienda, la resiliencia hídrica y la transición energética, así como a la inversión en capacidades en sectores prioritarios, al tiempo que establecen que los programas del FSE+ se seguirán centrando en las personas más vulnerables.

(27)

La Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP, por sus siglas en inglés) brinda la oportunidad de invertir en una prioridad estratégica clave de la UE reforzando la competitividad de la Unión. STEP se canaliza a través de once fondos de la UE ya existentes. Los Estados miembros también pueden contribuir al programa InvestEU, que facilita inversiones en ámbitos prioritarios. Hungría podría hacer un uso óptimo de estas iniciativas para promover el desarrollo o la fabricación de tecnologías críticas, como las tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos.

(28)

Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupan el plan de recuperación y resiliencia y otros fondos de la UE, Hungría debe abordar de forma efectiva el resto de los desafíos relacionados con el entorno empresarial, el acceso a la financiación, la innovación, la dependencia de los combustibles fósiles rusos, las subvenciones a los combustibles fósiles, el equilibrio de la red eléctrica, la gestión del agua, la educación, los niveles de capacidades y la integración de los grupos desfavorecidos en el mercado laboral, la asistencia social, el diálogo social y la vivienda.

(29)

Como establece la Brújula para la Competitividad, todas las instituciones de la UE, nacionales y locales deben poner un empeño considerable en simplificar las normas y acelerar los procedimientos administrativos. La Comisión se ha fijado objetivos ambiciosos para reducir la carga administrativa: al menos en un 25 % y al menos en un 35 % en el caso de las pymes; y ha creado nuevos instrumentos para alcanzar estos objetivos, como la realización sistemática de pruebas de resistencia del corpus legislativo de la UE y un diálogo reforzado con las partes interesadas. Para alcanzar este objetivo, Hungría también debe tomar medidas. El 49 % de las empresas considera que la complejidad de los procedimientos administrativos es un problema para su empresa a la hora de llevar a cabo su actividad en Hungría (21). La debilidad del entorno empresarial sigue siendo un obstáculo importante para la innovación. Según los indicadores de competitividad, Hungría se encontraba entre los países con peores resultados de la UE en 2024. Las empresas se enfrentan a un alto nivel de volatilidad normativa, lo que dificulta la planificación empresarial a largo plazo. No se consulta al público ni a las partes interesadas sobre proyectos de ley importantes, ya que a menudo son presentados en el Parlamento por diputados individuales en lugar de por el Gobierno, por lo que no requieren una consulta pública. El Gobierno sigue utilizando ampliamente decretos de emergencia para modificar las leyes durante el «estado de alarma», que se ha prorrogado continuamente durante los últimos cinco años por diversas razones. El prolongado régimen de emergencia limita la consulta pública y permite introducir cambios repentinos, a menudo importantes, en las políticas que podrían perturbar las operaciones comerciales normales. La falta de igualdad de trato de las empresas limita la competencia. La estructura del mercado está concentrada y solo unas pocas empresas compiten en mercados específicos (22). Varios servicios se confían a empresas públicas o privadas que operan sin competencia. El uso a gran escala de acuerdos marco en los procedimientos de contratación pública también limita la competencia al bloquear determinadas empresas y ayudarles a adquirir una posición dominante en el mercado. El sector minorista, en particular, opera en un entorno empresarial inestable. Los minoristas también se ven afectados por intervenciones administrativas, como los límites de los precios al por menor, los límites de los márgenes de venta, los descuentos obligatorios, la prohibición de vender productos alimenticios 48 horas antes de su fecha de expiración y la obligación de informar sobre los precios en línea. Las medidas de actuación y los impuestos elevados reducen la competitividad de los minoristas.

El uso cada vez mayor de impuestos sectoriales complica el sistema fiscal y afecta de manera desproporcionada a las empresas más grandes, a menudo de propiedad extranjera. En 2023, los ingresos procedentes de los impuestos sectoriales representaron el 2,7 % del PIB. Los sectores más afectados son la banca, la energía, el comercio minorista, los materiales de construcción, los seguros, las telecomunicaciones y los servicios públicos. El Estado participa en transacciones comerciales y desplaza a los agentes privados comprando o facilitando la compra de varias grandes empresas con financiación subvencionada. Se han utilizado diversas intervenciones estatales para obligar a los propietarios, principalmente extranjeros, a vender sus empresas, lo que facilita la creación de grandes empresas nacionales públicas o vinculadas al Gobierno. La creciente presencia de fondos de capital inversión plantea nuevos retos. Esta estructura empresarial es utilizada, en particular, por personas vinculadas al Gobierno, ya que garantiza el anonimato, de manera similar a las empresas offshore. Los fondos de capital inversión han aumentado considerablemente en número y tamaño en los últimos años y representaron más del 2,5 % del PIB en 2024. Los fondos de capital inversión son cada vez con más frecuencia inversores en las empresas que ganan contratos públicos y obtienen concesiones de alto valor, y tienen una fuerte presencia en las transacciones comerciales con el Estado. La debilidad del entorno empresarial contribuye al deterioro de la competitividad, frena las inversiones y, en última instancia, conduce a un aumento de la inflación y a una lenta recuperación económica, como muestra el examen exhaustivo de Hungría en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico.

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Los mercados de capitales como canales para financiar empresas emergentes y pequeñas y medianas empresas altamente innovadoras están poco desarrollados en Hungría. En 2023, la capitalización bursátil se situó en el 17,6 % del PIB (media de la UE: el 68 %). Las recientes medidas de actuación han obstaculizado aún más el desarrollo de los mercados de capitales, como los bonos a largo plazo exentos de impuestos para los inversores minoristas y los incentivos fiscales para la inversión en vivienda.

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La intensidad de I+D solo ha aumentado marginalmente en la última década y seguía estando muy por debajo de la media de la UE en 2023 (1,4 frente al 2,2 % del PIB). El gasto público en I+D, también en universidades, es uno de los más bajos de la UE, lo que frena la excelencia científica. La reorganización en curso de los institutos de investigación, así como la falta de claridad de los mecanismos de evaluación interna, contribuyen a la incertidumbre de las condiciones de trabajo de los investigadores. Las oficinas de transferencia de tecnología aún no están suficientemente integradas ni aceptadas por los círculos académicos, y los canales derivados aún no están bien desarrollados. La cooperación entre el mundo académico y las empresas se limita principalmente a las empresas existentes vinculadas a universidades. Solo unas pocas empresas, principalmente grandes, innovan y se benefician de las diversas subvenciones debido a la pesada carga administrativa y a unas normas no siempre claras de subvencionabilidad del gasto en innovación.

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Hungría sigue dependiendo en gran medida de Rusia para los combustibles fósiles. En 2024, más del 70 % del gas natural y más del 80 % del petróleo crudo consumidos eran de origen ruso. Los esfuerzos de Hungría por alejarse de la dependencia rusa son lentos.

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Hungría registra importantes subvenciones a los combustibles fósiles sin que se haya previsto su eliminación gradual antes de 2030. En particular, las subvenciones a los combustibles fósiles que no aborden la pobreza energética de manera específica ni los verdaderos problemas de seguridad energética, obstaculicen la electrificación y no sean cruciales para la competitividad industrial podrían considerarse una prioridad de eliminación gradual. En Hungría, las subvenciones a los combustibles fósiles, como el programa de reducción de costes de los servicios públicos, una reducción del impuesto sobre el valor añadido para la calefacción urbana que utiliza gas natural y la devolución de impuestos especiales para el uso agrícola del gasóleo, son económicamente ineficientes, perpetúan la dependencia de los combustibles fósiles y no incentivan la electrificación en el sector residencial. Reducir y eliminar gradualmente estas subvenciones está en consonancia con los compromisos de la UE y puede ayudar a Hungría a controlar el gasto público.

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Sin una mayor flexibilidad del sistema, la rápida implantación de las energías renovables no reduce la dependencia de las importaciones de electricidad y ha dado lugar a una volatilidad extrema del precio mayorista de la electricidad a lo largo de un mismo día. Los consumidores domésticos tienen un acceso limitado a la tarificación dinámica, y la implantación de contadores inteligentes es baja (inferior al 10 %), lo que también dificulta la flexibilidad. El limitado comercio transfronterizo impide a Hungría aprovechar plenamente los beneficios del mercado único al permitir el flujo de electricidad cuando la demanda es mayor. Además, la baja competencia en el mercado de balance húngaro da lugar a un aumento de los costes. El precio de la energía para las empresas en Hungría es uno de los más altos de la UE. Las importaciones de energía disminuyeron en 2024, pero siguen siendo sustanciales, lo que hace que el saldo exterior sea vulnerable al aumento de los precios de la energía, lo cual es un reto detectado en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico.

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Hungría se ve cada vez más afectada por los riesgos climáticos, como ponen de manifiesto las sequías que sufrió en 2022, en particular, pero también en 2024, que provocaron pérdidas significativas en el sector agrícola. La escasa capacidad administrativa y la insuficiencia de infraestructuras verdes socavan la resiliencia hídrica general de Hungría y, en particular, su capacidad natural de retención de agua. Además, la calidad del agua es deficiente debido a la contaminación procedente de la agricultura, la industria y los asentamientos humanos, y solo el 11,3 % de las aguas superficiales tienen un buen estado ecológico (media de la UE: el 37,3 %). Los avances de Hungría en la adopción de la economía circular son lentos y no se hace suficiente hincapié en la reutilización, la reparación y el reciclado. Según los datos de 2023, la productividad de los recursos de Hungría, que asciende a 1,33 EUR/kg, y la tasa de uso circular de los materiales, del 5,9 %, están muy por debajo de la media de la UE (2,74 EUR/kg y 11,8 %) y no se observa ninguna convergencia. La escasa asignación de recursos y la insuficiente capacidad de tratamiento en el sector de la gestión de residuos han dado lugar a unas tasas de reciclado relativamente bajas y a una dependencia excesiva del depósito en vertederos.

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La competitividad y el potencial de innovación de Hungría se ven limitados por el bajo nivel de capacidades básicas entre los estudiantes desfavorecidos y de educación y formación profesionales (EFP), el bajo nivel de educación terciaria y la limitada mejora de las capacidades y reciclaje profesional de los grupos vulnerables. Las fuertes desigualdades en la educación, que afectan especialmente a los romaníes, dejan a uno de cada dos alumnos desfavorecidos con un nivel bajo de capacidades básicas. El estudio PISA de 2022 muestra una de las mayores brechas en el rendimiento medio en matemáticas entre los programas generales y los de formación profesional en la UE, debido en gran medida a las disparidades socioeconómicas. La participación en la EFP está aumentando, pero el sistema todavía no es lo suficientemente permeable (23) y los programas trienales de EFP, con su contenido de educación general reducido, no proporcionan acceso directo a vías educativas que conduzcan a niveles de cualificación más elevados. La escasez de profesores es una preocupación acuciante en un contexto de envejecimiento de la mano de obra, especialmente en las regiones más desfavorecidas y las zonas rurales. En 2024, Hungría empezó a llevar a cabo una importante reforma de los salarios de los profesores, cofinanciada por el FSE+. Además, una mayor autonomía del profesorado y un sistema de evaluación de dicho profesorado que recompense los enfoques pedagógicos innovadores e inclusivos podrían ayudar a atraer a candidatos de alto rendimiento y a retener a los profesores jóvenes en la profesión. A pesar de la creciente demanda de mano de obra altamente cualificada, el número de titulados en educación terciaria sigue siendo uno de los más bajos de la UE. Esto se combina con una baja proporción de titulados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que reduce aún más la capacidad de Hungría para atraer inversiones en sectores de alta tecnología.

(37)

La tasa media de empleo es elevada, pero algunos grupos desfavorecidos, como las personas con un bajo nivel educativo, las personas con discapacidad y los romaníes, siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a oportunidades de mejora de las capacidades y reciclaje profesional, así como a un empleo estable. Esta sigue siendo una reserva de trabajadores desaprovechados, mientras que Hungría también depende de trabajadores extranjeros. Sigue habiendo margen de mejora en lo que respecta a las oportunidades reales de reciclaje profesional y mejora de las capacidades y de servicios de apoyo a medida y adecuados, como el desarrollo de capacidades transversales, la asistencia sanitaria, el apoyo psicológico y el apoyo a la búsqueda de empleo para los grupos desfavorecidos. La reciente modificación del marco jurídico sobre las políticas activas del mercado de trabajo crea más oportunidades para fomentar la oferta de formación, y hay margen para mejorar las capacidades de los servicios públicos de empleo a este respecto. La duración media del desempleo es de más de doce meses. La prestación por desempleo de tres meses limita el tiempo disponible para encontrar un empleo apropiado u oportunidades adecuadas de mejora de las capacidades y aumenta el riesgo de empleos de baja calidad, desempleo de larga duración y pobreza.

(38)

El diálogo social entre empleadores y sindicatos sigue siendo débil, especialmente en el sector público. Aunque el foro tripartito del sector privado recibió un marco jurídico para las negociaciones sobre el salario mínimo en 2024, las principales políticas económicas propuestas en 2024 y 2025 se adoptaron sin consultar a los empleadores y sindicatos pertinentes. Los derechos de los trabajadores en el sector público se han ido reduciendo gradualmente. Se ha creado un estatuto laboral diferenciado para algunos empleados públicos, lo que debilita su capacidad para defender colectivamente sus intereses.

(39)

La exclusión social y la pobreza van en aumento, especialmente entre los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. La desigualdad de la riqueza ha aumentado significativamente y se encuentra entre las más elevadas de la UE. El sistema fiscal favorece a los hogares de renta alta, mientras que la mayor parte del apoyo social se proporciona a través de deducciones fiscales. La adecuación de la renta mínima, especialmente de la prestación de sustitución laboral (FHT), es una de las más bajas de la UE. El efecto de las prestaciones sociales siguió disminuyendo en 2023 en términos de reducción de la pobreza (especialmente en el caso de los niños) y siguió siendo bajo en términos de reducción de la desigualdad de ingresos. Un programa financiado por la UE de apoyo a la vivienda, los servicios sociales y la educación en los 300 municipios más desfavorecidos constituye un importante paso adelante, pero se necesitan medidas más específicas para mejorar el acceso a los servicios sociales y básicos generales. La distribución geográfica desigual de los médicos constituye un obstáculo importante para acceder a la asistencia en las regiones periféricas del país. Las medidas de actuación para hacer frente al bajo gasto sanitario y a la persistente escasez de profesionales sanitarios siguen siendo limitadas. La esperanza de vida al nacer es una de las más bajas de la UE. Abordar estos retos también contribuiría a una convergencia social al alza, en consonancia con la segunda fase del análisis por país realizado por los servicios de la Comisión con arreglo al marco de convergencia social (24).

(40)

Los costes de la vivienda repercuten negativamente en el nivel de vida, en particular entre las personas que viven por debajo del umbral de pobreza. Entre 2010 y 2024 se incrementaron en un 230 %. El parque de viviendas sociales es pequeño y está disminuyendo, y los hogares con bajos ingresos tienen un acceso limitado a las ayudas a la vivienda en ausencia de un apoyo público claro y más específico a la política de vivienda. Las ayudas generosas e inespecíficas a la vivienda y la restringida oferta de vivienda contribuyeron a las subidas de los precios de la vivienda.

(41)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de sus conclusiones sobre la existencia de desequilibrios, las recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3, 4 y 6. Las políticas a que se refieren las recomendaciones 1, 2, 4 y 6 contribuyen a abordar las vulnerabilidades relacionadas con las necesidades de financiación pública y exterior. Las políticas a que se refiere la recomendación 3 ayudan a abordar las vulnerabilidades relacionadas con la competitividad en costes y las presiones sobre los precios.

1.

Reforzar el gasto global y la preparación en materia de defensa y seguridad y garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad de la deuda, en consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo de 6 de marzo de 2025. Respetar las tasas máximas de crecimiento del gasto neto recomendadas por el Consejo el 18 de febrero de 2025, con vistas a poner fin a la situación de déficit excesivo, al tiempo que se utiliza el margen previsto en la cláusula de salvaguardia nacional para un mayor gasto en defensa. Eliminar las medidas de apoyo de emergencia en materia energética. Proseguir una coordinación eficaz y una delimitación clara de las políticas macroeconómicas para garantizar la sostenibilidad fiscal y exterior. Eliminar los límites máximos restantes de precios y tipos de interés, y medidas equivalentes, para reducir los efectos distorsionadores y facilitar la transmisión fluida de la política monetaria. Reforzar el marco presupuestario a medio plazo, adaptar la preparación de los presupuestos anuales al ejercicio presupuestario y limitar la discrecionalidad en la ejecución de los presupuestos anuales. Mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, preservando al mismo tiempo su adecuación, en particular, abordando las desigualdades económicas.

2.

Habida cuenta de los plazos aplicables para la culminación oportuna de las reformas e inversiones de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/241, acelerar con urgencia la aplicación del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo REPowerEU, aplicando rápidamente las medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses financieros de la UE. Acelerar la ejecución de los programas de la política de cohesión (FEDER, FTJ, FSE+, FC), aprovechando, cuando proceda, las oportunidades que ofrece la revisión intermedia. Hacer un uso óptimo de los instrumentos de la UE, incluidas las posibilidades que brindan el programa InvestEU y la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, para mejorar la competitividad.

3.

Mejorar el marco regulador y la competencia en los mercados de productos y los servicios, en particular en el comercio al por menor, evitando intervenciones administrativas arbitrarias, legislación a medida que proporcione ventajas o desventajas indebidas a determinadas empresas y transacciones apoyadas por el Estado que distorsionen el mercado y reduciendo el uso de medidas de emergencia a lo estrictamente necesario, en consonancia con los principios del mercado único y el Estado de Derecho. Estimular el desarrollo de los mercados de capitales mediante el aumento de los incentivos fiscales y reglamentarios. Reforzar el marco de innovación para el sector público y las empresas mejorando la previsibilidad del gasto público en I+D y orientando mejor las medidas existentes hacia las pymes.

4.

Acelerar la diversificación del suministro de combustibles fósiles para eliminar la dependencia de las fuentes rusas y adoptar medidas concretas para eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles, en particular las relacionadas con los impuestos especiales sobre el gasóleo y las que obstaculizan la electrificación en el sector residencial. Mejorar la flexibilidad y la competencia en el sector de la electricidad, reforzando el mercado de balance e impulsando el comercio transfronterizo de electricidad. Mejorar la resiliencia hídrica mediante la retención natural del agua y el refuerzo de las capacidades administrativas y mejorar la circularidad, en particular mediante el refuerzo de las capacidades de tratamiento de residuos.

5.

Mejorar los resultados educativos y la tasa de titulados en educación terciaria y aumentar la participación de los grupos desfavorecidos, en particular los romaníes, en una educación general de calidad aumentando aún más el atractivo de la profesión docente y la proporción de alumnos que obtienen una cualificación de educación secundaria posobligatoria que da acceso a la educación terciaria.

6.

Aumentar el acceso a medidas activas del mercado laboral eficaces, en particular mediante la creación de oportunidades de mejora de las capacidades y reciclaje profesional para los grupos más desfavorecidos, y garantizar un diálogo social eficaz. Mejorar la adecuación de la asistencia social y las prestaciones por desempleo, y garantizar el acceso a los servicios esenciales para todos. Orientar las medidas de apoyo en el sector de la vivienda a los hogares con bajos ingresos y aumentar la oferta de vivienda, incluidas las viviendas sociales.