C-252/97 P61997O02520023.000148741489320CJAUTO DE 16.7.1998 — ASUNTO C-252/97 PN / COMISIÓN<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT> (Sala Tercera)</P><P>de <DATE ISO="19980716">16 de julio de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto C-252/97 P,

N, antiguo funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, representado por Me Xavier Magnée, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Louis Schütz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

parte recurrente,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) el 15 de mayo de 1997, N/Comisión (T-273/94, RecFP p. II-289), y por el que se solicita que se anule la separación del servicio del recurrente y se le conceda una indemnización de daños y perjuicios,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Gianluigi Valsesia, Consejero Jurídico Principal, en calidad de Agente, asistido por Me Denis Waelbroeck, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por los Sres.: C. Gulmann, Presidente de Sala (Ponente) J. C. Moitinho de Almeida y J-P. Puissochet, Jueces;

Abogado General: Sr. F. G. Jacobs;

Secretario: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de julio de 1997, N interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, contra la sentencia de 15 de mayo de 1997, N/Comisión (T-273/94, RecFP p. II-289; en lo sucesivo, sentencia impugnada), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso tendente a la anulación de la decisión de 4 de octubre de 1993 por la que la Comisión le separó del servicio así como a la obtención de una indemnización por el perjuicio moral supuestamente padecido.2En lo que respecta a los hechos que originaron la controversia entre N y la Comisión, esta Sala se remite a los apartados 1 a 30 de la sentencia impugnada.<TI><P>El recurso ante el Tribunal de Primera Instancia</P></TI>3Mediante escrito presentado el 2 de agosto de 1994, N interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia en el que solicitaba a este último que:

Anulase la decisión de la Comisión de 4 de octubre de 1993 por la que el recurrente fue separado del servicio, así como la decisión de 2 de mayo de 1994 por la que se denegó su reclamación.

Ordenase el reingreso del recurrente con efecto retroactivo al 1 de diciembre de 1993 y condenase a la Comisión a pagarle, sin interrupción, los atrasos de su sueldo, incrementados con intereses al tipo del 8 % anual desde las fechas de exigibilidad mensuales de cada uno de los vencimientos de dicho sueldo.

Condenase a la Comisión a pagar al recurrente, en reparación de su daño moral, la suma de 3 millones de BFR, o cualquier otra suma que apreciase el Tribunal de Primera Instancia.

Con carácter subsidiario, si no se decidiera el reingreso del recurrente, declarase que su separación del servicio estaba insuficientemente fundada y condenase en consecuencia a la Comisión a pagarle la suma de 57.443.399 BFR en concepto de indemnización de su perjuicio económico y la suma de 20 millones de BFR en reparación de su daño moral, o cualquier otra suma que apreciase el Tribunal de Primera Instancia.

Condenase a la Comisión al pago de todas las costas.

4En apoyo de su recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia, N invocó tres motivos basados, en primer lugar, en la irregularidad del procedimiento disciplinario; en segundo lugar, en errores manifiestos en la apreciación de los hechos por parte de la Comisión, y, en tercer lugar, en una violación del principio de proporcionalidad.5En lo que respecta al motivo basado en la irregularidad del procedimiento disciplinario, el Tribunal de Primera Instancia observó en primer lugar, en los apartados 67 a 76 de la sentencia impugnada, que la Comisión procedió correctamente al incoar un procedimiento disciplinario, que la mera circunstancia de que las informaciones pudieran ser comunicadas únicamente por un banco, en infracción de las disposiciones nacionales relativas a la protección del secreto bancario, no podía impedir la incoación del procedimiento disciplinario, y que esta última no constituía una violación del derecho al respeto de la vida privada.6A continuación, en los apartados 77 a 84 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia estimó que la alegación del recurrente según la cual la Comisión había vulnerado su derecho de defensa durante el desarrollo del procedimiento disciplinario debía ser desestimada dado que no podía deducir dicha violación del hecho de que la Comisión no le hubiera informado, desde el comienzo de las entrevistas, acerca de las acusaciones formuladas en su contra. De conformidad con la sentencia impugnada, la Comisión tampoco violó el principio general de contradicción y de igualdad de medios entre las partes al no revelar la identidad de su fuente de información durante el procedimiento. Por otro lado, en los apartados 85 y 86 de la sentencia impugnada el Tribunal de Primera Instancia señaló que la Comisión no había vulnerado el derecho del recurrente a no testificar en contra de sí mismo e indicó, en los apartados 87 a 94 de la sentencia impugnada, que no podía aceptarse la afirmación del recurrente según la cual su derecho de defensa fue vulnerado por la falta de comunicación de determinados documentos.7Por último, por lo que se refiere a la alegación del demandante según la cual la Comisión no respetó su derecho a un proceso equitativo, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 95 de la sentencia impugnada, que la Comisión no podía ser calificada como tribunal a efectos del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, CEDH). El Tribunal de Primera Instancia consideró asimismo, en el apartado 96 de la sentencia impugnada, que el recurrente sostuvo erróneamente que la decisión denegatoria de su reclamación había sido adoptada por la misma persona que había adoptada la decisión inicial.8En lo que respecta a los motivos basados en errores manifiestos de apreciación de los hechos y en una violación del principio de proporcionalidad, el Tribunal de Primera Instancia juzgó, en los apartados 125 a 145 de la sentencia impugnada, que no podía sostenerse que la Comisión hubiera cometido un error manifiesto de apreciación al llegar a la conclusión de que el demandante incumplió gravemente sus obligaciones estatutarias. El Tribunal de Primera Instancia añadió, en los apartados 147 a 149 de la sentencia impugnada, que ningún elemento de los autos permitía llegar a la conclusión de que la sanción impuesta fuese manifiestamente desproporcionada en relación con los incumplimientos imputados o que la Comisión hiciera uso de sus facultades con una finalidad distinta de aquella para la que le fueron conferidas.9Por último, en relación con el recurso de indemnización, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 159 y 160 de la sentencia impugnada, que debía admitirse el recurso, si bien era infundado en la medida en que el examen de los motivos presentados en apoyo de las pretensiones de anulación no reveló ninguna ilegalidad cometida por la Comisión ni, por lo tanto, ninguna falta que pudiera generar su responsabilidad.10En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso en su totalidad.<TI><P>El recurso de casación</P></TI>11Mediante su recurso de casación, N solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y que:

Anule la decisión de la Comisión de 4 de octubre de 1993 por la que el recurrente fue separado del servicio, así como la decisión de 2 de mayo de 1994 por la que se denegó su reclamación.

Ordene el reingreso del recurrente con efecto retroactivo al 1 de diciembre de 1993 y condene a la Comisión a pagarle, sin interrupción, los atrasos de su sueldo, incrementados con intereses al tipo del 8 % anual desde las fechas de exigibilidad mensuales de cada uno de los vencimientos de dicho sueldo.

Condene a la Comisión a pagar al recurrente, en reparación de su daño moral, la suma de 3 millones de BFR o cualquier otra suma que aprecie el Tribunal de Justicia.

Con carácter subsidiario, si no se decidiera el reingreso del recurrente,

Declare que su separación del servicio no fue fundada y, en consecuencia, condene a la Comisión a pagarle la suma de 57.443.399 BFR en concepto de indemnización de su perjuicio económico y la suma de 20 millones de BFR en reparación de su daño moral, o cualquier otra suma que aprecie el Tribunal de Justicia.

Subsidiariamente, con carácter interlocutorio, sin admisión de hechos en su perjuicio,

Autorice al recurrente para demostrar por cualquier medio jurídico, incluida la prueba testifical, que no dio ninguna instrucción a nadie para la celebración del supuesto contrato controvertido y que no firmó este último.

Designe un perito grafólogo con la misión de verificar dicha escritura.

12En sus observaciones relativas al recurso de casación, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

Declare la inadmisibilidad del recurso de casación en la medida en que se refiere a supuestos errores de hecho cometidos por el Tribunal de Primera Instancia.

Desestime el recurso de casación en su totalidad por infundado.

Desestime las pretensiones de indemnización del recurrente por infundadas.

Resuelva sobre las costas como proceda en Derecho.

13En apoyo de su recurso, el recurrente invoca tres categorías de motivos relativos, en primer lugar, a la exposición de los hechos por parte del Tribunal de Primera Instancia; en segundo lugar, al procedimiento disciplinario, y, en tercer lugar, a la apreciación de los hechos por parte del Tribunal de Primera Instancia así como a la violación del principio de proporcionalidad.<TI><P>Apreciación del Tribunal de Justicia</P></TI>14Con arreglo al artículo 119 de su Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá, en todo momento, desestimarlo mediante auto motivado, sin abrir la fase oral del procedimiento.15Antes de examinar los motivos aducidos por el recurrente, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el recurso de casación no puede fundarse, con arreglo al artículo 168 A del Tratado CE y al párrafo primero del artículo 51 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de hecho (véase, en particular, el auto de 16 de septiembre de 1997, Koelman/Comisión, C-59/96 P, Rec. p. I-4809, apartado 31).16Por ello, cuando el Tribunal de Primera Instancia ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia sólo es competente para ejercer, en virtud del artículo 168 A del Tratado, un control sobre la calificación jurídica de los mencionados hechos y sobre las consecuencias en Derecho de ellos deducidas por el Tribunal de Primera Instancia. Asimismo, el Tribunal de Justicia no tiene competencia, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal de Primera Instancia ha admitido en apoyo de dichos hechos. En efecto, cuando dichas pruebas se han obtenido de modo regular, se han observado los principios generales del Derecho y las normas procesales en materia de carga de la prueba y valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que ha de atribuirse a los elementos que le han sido sometidos (véase, en particular, el auto de 5 de febrero de 1998, Abello/Comisión, C-30/96 P, Rec. p. I-377, apartado 53).17En cuanto a la letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, dispone que el recurso de casación debe contener los motivos y fundamentos jurídicos invocados.18De dichas disposiciones se desprende que un recurso de casación debe indicar de forma precisa los elementos criticados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustentan de forma específica dicha pretensión.19Según reiterada jurisprudencia, no cumple este requisito el recurso de casación que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por este órgano jurisdiccional; en efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia (véase, en particular, el auto de 15 de enero de 1998, Obst/Comisión, C-403/95 P, Rec. p. I-27, apartado 18).<TI><P>Primera categoría de motivos: la exposición de los hechos por el Tribunal de Primera Instancia</P></TI>20Mediante esta primera categoría de motivos, N alega que el Tribunal de Primera Instancia cometió errores de hecho con el efecto de falsear las conclusiones de la decisión controvertida y de perjudicar sus intereses.21N reprocha así al Tribunal de Primera Instancia, en primer lugar, haber prescindido del hecho de que él mismo llamó por teléfono a su banco y se opuso a la ejecución de la operación de transferencia de la suma controvertida a su cuenta bancaria; en segundo lugar, haber hecho referencia, en el apartado 7 de la sentencia impugnada, a un contrato firmado entre el demandante y Nigeria, hecho que siempre negó, y, en tercer lugar, no haber observado que no tenía ninguna explicación creíble que dar sobre la transferencia a su cuenta bancaria, dado que prohibió la operación desde el momento en que le fue indicado de qué suma se trataba. Según el recurrente, no le correspondía disipar las legítimas dudas de la Comisión tras haber confirmado a su banco que no debía realizar la operación. En cuarto lugar, N niega haber tenido acceso a una serie de informaciones y expedientes delicados.22A este respecto, basta con observar que, mediante dicha argumentación, N se limita a discutir hechos admitidos y su apreciación por el Tribunal de Primera Instancia.23En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta de la primera categoría de motivos.<TI><P>Segunda categoría de motivos: la irregularidad del procedimiento disciplinario</P></TI>24En la segunda categoría de motivos, el recurrente reprocha, mediante su primer motivo, al Tribunal de Primera Instancia haber estimado, en el apartado 70 de la sentencia impugnada, que, desde el momento en que la fuente de información actuó por su propia iniciativa, la Comisión podía utilizar las informaciones que le habían sido remitidas vulnerando un deber de discreción e iniciar una investigación y, a continuación, un procedimiento disciplinario sobre esa base. A este respecto observa que la razón de la negativa de la Comisión a revelar la identidad de dicha fuente de información admite toda clase de interrogantes y que la mera circunstancia de que el banco solicitase el anonimato hubiera debido inspirar reflexiones fundamentales a la Comisión.25Asimismo, según el recurrente el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta que la participación de la Comisión en la falta inicial resulta al menos del uso y la explotación de la falta cometida. Quebrantó el principio general del Derecho fraus omnia corrumpit al considerar, en el apartado 69 de la sentencia impugnada, que la Comisión podía prescindir de esta nulidad perentoria so pretexto de su deber de proteger sus intereses, que por lo demás no se definen de otro modo.26A este respecto, procede recordar que, tal como se desprende del apartado 19 de la presente sentencia, el recurso de casación que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia no cumple los requisitos del artículo 168 A del Tratado y del párrafo primero del artículo 51 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia.27Ahora bien, procede señalar que las alegaciones que anteceden se dirigen, básicamente, a obtener el reexamen del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia y no demuestran en qué sentido la sentencia impugnada adolece de un error de Derecho.28En lo que respecta a la alegación según la cual el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta el principio general del Derecho frans omnia corrumpit, procede observar que no constituye un motivo autònomo que permita cuestionar la apreciación del Tribunal de Primera Instancia según la cual la mera circunstancia de que las informaciones en las que se basaba la Comisión hubieran podido ser comunicadas por un banco en infracción de las disposiciones nacionales relativas a la protección del secreto bancario no podía impedir la incoación del procedimiento disciplinario, de tal modo que dicha actuación no constituía una violación del derecho al respeto de la vida privada.29Por tanto, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del primer motivo de esta categoría.30Mediante la primera parte del segundo motivo, N reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber confundido actuaciones que, sin embargo, eran distintas, a saber, el inicio de una investigación, evocado en el apartado 69 de la sentencia impugnada, y la incoación de un procedimiento disciplinario, evocada en el apartado 70. Según la segunda parte de este motivo, el Tribunal de Primera Instancia no justificó las razones por las cuales los intereses de la Comisión no podían satisfacerse mediante una mera investigación en lugar de un procedimiento disciplinario conducente a la separación del servicio del recurrente. A este respecto, N alega que la primacía del interés general sobre un interés particular legítimo debe constituir una excepción en toda democracia y únicamente puede justificarse si el sacrificio del interés particular es indispensable y proporcionado al interés general invocado.31Este segundo motivo estriba en una lectura manifiestamente errónea de la sentencia impugnada.32Para empezar, en el apartado 69 de la sentencia impugnada el Tribunal de Primera Instancia explicó los motivos por los cuales la Comisión debía iniciar una investigación previa, mientras que en el apartado 70 respondió al motivo aducido por N según el cual el procedimiento disciplinario fue irregular, debido a que se incoó a raíz de la comunicación de informaciones por un banco en infracción de disposiciones nacionales relativas a la protección del secreto bancario.33A continuación, en el apartado 74 el Tribunal de Primera Instancia consideró que, al iniciar una investigación y, posteriormente, al incoar un procedimiento disciplinario como consecuencia de informaciones que podían referirse a actos ilegales del recurrente y, por lo tanto, a incumplimientos graves de las obligaciones resultantes del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Estatuto), la Comisión no efectuó, en absoluto, una intervención desmesurada.34De ello se sigue que el Tribunal de Primera Instancia no confundió los dos procedimientos y que enumeró suficientemente las razones que justificaban la incoación por la Comisión de un procedimiento disciplinario.35Procede, por tanto, desestimar este segundo motivo, por ser manifiestamente infundado.36Mediante la primera parte del tercer motivo, N alega que, en el apartado 74 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia juzgó erróneamente que la incoación del procedimiento disciplinario no constituyó una violación del derecho al respeto de la vida privada. De este modo, a su entender, el Tribunal de Primera Instancia omitió tener en cuenta, por un lado, el hecho de que N no había cometido ningún acto ilegal y, por otro, el hecho de que el interés general justificativo de una excepción al derecho fundamental reconocido por el artículo 8 del CEDH podía protegerse de manera suficiente mediante una mera investigación. Mediante la segunda parte de este motivo, alega que podía legítimamente quejarse de haber sido privado de todo recurso destinado a controlar la legalidad de la privación del respeto de la vida privada de que fue objeto.37Mediante el cuarto motivo, N reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber reconocido que se había vulnerado su derecho de defensa. Sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no podía considerar que los hechos reprochados no debieron indicarse claramente en la fase de las entrevistas previas, dado que no podía referirse al concepto de entrevista previa para justificar una excepción a la obligación de claridad que resulta del artículo 1 del Anexo IX del Estatuto relativa al procedimiento disciplinario, y que las entrevistas previas constituyeron interrogatorios capitales en los que de manera ilegal se vio obligado a testificar en contra de sí mismo.38En lo que respecta a estos dos motivos, procede reiterar que, como ya se ha recordado en el apartado 19 de la presente sentencia, el recurso de casación que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia no cumple los requisitos del artículo 168 A y del artículo 51 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia.39Ahora bien, debe señalarse que el recurrente reproduce las alegaciones que adujo ante el Tribunal de Primera Instancia para demostrar que la incoación del procedimiento disciplinario constituyó una violación del derecho al respeto de la vida privada y que el derecho de defensa se vulneró debido a que los hechos reprochados no fueron indicados claramente en la fase de las entrevistas previas, sin añadir elementos que permitan al Tribunal de Justicia comprender en qué sentido la sentencia impugnada adolece de un error de Derecho.40Además, interesa observar que el control de la legalidad de la supuesta violación del derecho al respecto de la vida privada fue precisamente efectuado por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 71 a 75 de la sentencia impugnada.41Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta de la primera parte del tercer motivo así como del cuarto motivo, y desestimar por infundada la segunda parte del tercer motivo.42Mediante su quinto motivo, N sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no podía considerar, en el apartado 81 de la sentencia impugnada, que la Comisión tenía la obligación de proteger el anonimato del informante, dado que nunca demostró que el banco hubiera solicitado dicho anonimato y que este último nunca ha negado ser el informante. La sentencia impugnada no puede, en su opinión, basarse en el secreto profesional del informante, dado que el banco no tiene ninguna razón profesional para dar a conocer sus secretos, y sí, por el contrario, el deber profesional de guardarlos.43A este respecto, procede señalar que el quinto motivo, en la medida en que se refiere a una apreciación errónea de los hechos por parte del Tribunal de Primera Instancia, incurre en causa de inadmisibilidad manifiesta.44En cuanto al reproche relativo al deber de proteger el anonimato del informante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como lo señaló el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 81 de la sentencia impugnada, se desprende que el artículo 214 del Tratado CE —que obliga a los miembros y a los agentes de las Instituciones de la Comunidad a no divulgar las informaciones que, por su propia naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional— constituye un principio general que se aplica incluso a las informaciones proporcionadas por personas físicas, cuando dichas informaciones sean, por su naturaleza, confidenciales. En el caso de informaciones proporcionadas con carácter puramente voluntario, pero acompañadas de una petición de tratamiento confidencial para proteger el anonimato del informante, la Institución que acepte recibirlas está obligada a respetar dicha condición (véase la sentencia de 7 de noviembre de 1985, Adams/Comisión, 145/83, Rec. p. 3539, apartado 34). Por otro lado, un procedimiento incoado sobre la base de informaciones cuyo origen no se ha revelado es válido, puesto que no afecta a la posibilidad de que la persona interesada dé a conocer su punto de vista sobre la realidad o el alcance de los hechos o documentos comunicados o incluso sobre las conclusiones que la Comisión deduzca de ellos (véase la sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, apartado 14).45De ello se desprende que el quinto motivo es en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.46Mediante el sexto motivo, N alega que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó, en el apartado 83 de la sentencia impugnada, al no reconocer que su derecho de defensa fue vulnerado al ocultársele la identidad del informante. Todo el procedimiento, en su opinión, estuvo viciado por la no divulgación de la misma, debido a que la investigación previa y el procedimiento disciplinario tuvieron como fuente única y común el acto irregular del banco.47Mediante su séptimo motivo, N reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber excluido la alegación según la cual se vulneró su derecho a no testificar en contra de sí mismo. Las acusaciones más seriamente formuladas en su contra resultaron, en efecto, de sus propias declaraciones.48A este respecto, basta con recordar que el recurso de casación que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia no cumple los requisitos del artículo 168 A y del artículo 51 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia.49En el presente caso, las alegaciones de N se dirigen, en realidad, a obtener el reexamen del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia y no demuestran en qué sentido la sentencia impugnada adolece de un error de Derecho.50En consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad manifiesta de los motivos sexto y séptimo.51Mediante el octavo motivo, N alega que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó, invocando el hecho de que la Comisión no puede ser calificada como tribunal a efectos de dicha disposición, al denegarle, en el apartado 95 de la sentencia impugnada, las garantías previstas en el artículo 6 del CEDH. Añade que, aún cuando dicha Institución no pueda calificarse de ese modo, el Tribunal de Primera Instancia hubiera debido, cuando menos, respetar él mismo dicha disposición.52En primer lugar, procede observar que, como declaró el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 95 de la sentencia impugnada, el procedimiento ante la Comisión no es judicial sino administrativo, de tal modo que la Comisión no puede ser calificada como tribunal a efectos del artículo 6 del CEDH (véase la sentencia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française/Comisión, asuntos acumulados 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 7).53Por otro lado, procede observar que la afirmación de N según la cual el propio Tribunal de Primera Instancia no respetó el artículo 6 del CEDH no estriba en ningún elemento preciso.54Por consiguiente, procede desestimar el octavo motivo por ser manifiestamente infundado.55Por último, mediante la primera parte del noveno motivo, N reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber desestimado, en el apartado 96 de la sentencia impugnada, la objeción según la cual las decisiones de 4 de octubre de 1993 y de 2 de mayo de 1994 por las que, respectivamente, se le impuso la sanción de la separación del servicio y se denegó su reclamación procedían, en realidad, de la misma persona. Mediante la segunda parte de dicho motivo, alega que el Tribunal de Primera Instancia no respondió a su alegación según la cual, sin motivar su decisión, el Director decidió la separación del servicio en contra del dictamen del Consejo de disciplina, que sólo recomendaba un descenso de grado, y la Comisión prescindió asimismo de motivar dicha elección.56Procede observar que, por dirigirse contra una apreciación de elementos de hecho por parte del Tribunal de Primera Instancia, debe declararse la inadmisibilidad manifiesta de la primera parte de este motivo.57La segunda parte del motivo debe desestimarse por ser manifiestamente infundada. En efecto, tal como se desprende del apartado 112 de la sentencia impugnada, el recurrente sostuvo ante el Tribunal de Primera Instancia que, si bien el Consejo de disciplina recomendó su descenso de grado la AFPN optó por la separación del servicio por motivos no justificados en el presente caso ni de hecho ni de Derecho. En los apartados 142 y 143 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia respondió a esta alegación declarando que las afirmaciones de la AFPN que figuraban en la decisión controvertida correspondían a una evaluación global de los hechos; que, por tanto, el recurrente se equivocaba al subrayar la cuestión de si se había aportado la prueba de dicha afirmación, considerada de manera aislada, y, por último, que la AFPN no hizo otra cosa que contemplar una hipótesis considerada plausible habida cuenta de las circunstancias del caso de autos y, ante todo, de la falta de cooperación leal del recurrente, que cristalizó definitivamente en un estado de sospecha legítima.<TI><P>Tercera categoría de motivos: L apreciación de los hechos por parte del Tribunal de Primera Instancia y L violación del principio de proporcionalidad</P></TI>58Dentro de esta tercera categoría de motivos, con el primero de ellos N sostiene que las imputaciones formuladas en su contra eran tan inconsistentes que el Tribunal de Primera Instancia hubiera debido considerar injustificada una separación del servicio en contra del dictamen del Consejo de disciplina. En efecto, afirma que la Comisión y el Tribunal de Primera Instancia se basaron, la primera para determinar la sanción controvertida y el segundo para justificarla, en una mera hipótesis que parecía plausible. Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 147, consideró erróneamente que la elección de la sanción adecuada correspondía a la AFPN y que el control de la proporcionalidad de la sanción en relación con la falta podía limitarse al error manifiesto.59Mediante la primera parte del segundo motivo, N alega que el Tribunal de Primera Instancia no podía imputarle el hecho de que hubiera dado explicaciones contradictorias, dado que ninguna de las variaciones indicadas podía perpetuar las legítimas dudas de la Comisión referentes a actos que podían causarle un considerable perjuicio. Mediante la segunda parte de este motivo, el recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber confirmado su separación del servicio únicamente por haber guardado silencio, cuando tenía derecho a hacerlo.60Estos dos motivos se basan en una lectura manifiestamente errónea de la sentencia impugnada.61En primer lugar, de la sentencia impugnada no se desprende que el Tribunal de Primera Instancia confirmase la separación del servicio únicamente porque el recurrente dio explicaciones contradictorias. En efecto, en el apartado 142 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la AFPN había señalado en la decisión impugnada que todo inducía a pensar que N había sido cómplice en una tentativa de operación fraudulenta de transferencia de una suma muy elevada a su banco en Bruselas y que dicha afirmación correspondía a una evaluación global de los hechos. Por otro lado, en el apartado 144 de la sentencia impugnada el Tribunal de Primera Instancia declaró que, en todo caso, de las declaraciones del recurrente podía deducirse que éste mantuvo contactos en un país tercero en un ámbito en el que, en su calidad de funcionario comunitario, disponía de informaciones delicadas, sin advertir de ello a sus superiores jerárquicos. Así, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 145, que no podía sostenerse que la Comisión hubiera cometido un error manifiesto de apreciación al llegar a la conclusión de que el recurrente había incumplido gravemente sus obligaciones estatutarias, ello después de haber subrayado, en el apartado 129 de la sentencia impugnada, que del Estatuto se deducía una obligación de lealtad del funcionario para con su Institución que debe conducirle a dar pruebas de un comportamiento libre de cualquier sospecha, a fin de que siempre se preserven los vínculos de confianza que existen entre dicha Institución y él mismo.62Acto seguido, procede observar que, como lo recordó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 147 de la sentencia impugnada, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, una vez acreditada la realidad de los hechos que se imputan al funcionario, la elección de la sanción apropiada corresponde a la AFPN, y el Juez comunitario no puede censurar la elección de dicha sanción, salvo en caso de error manifiesto o de desviación de poder (véase, en particular, la sentencia de 29 de enero de 1985, F./Comisión, 228/83, Rec. p. 275, apartado 34).63Ahora bien, como con razón subrayó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 148 de la sentencia impugnada, ningún elemento de los autos permite llegar a la conclusión de que la sanción impuesta fuese manifiestamente desproporcionada en relación con los incumplimientos imputados o que la Comisión hubiera hecho uso de sus facultades con una finalidad distinta de aquella para la que le fueron conferidas.64En estas circunstancias, procede desestimar estos dos motivos, por ser manifiestamente infundados.65Mediante la primera parte del tercer motivo, N alega, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia excluyó erróneamente la hipótesis de la tentativa de estafa, pese a haberse verificado, así como sus explicaciones a ese respecto. Mediante la segunda parte, reprocha al Tribunal de Primera Instancia haberse negado a sancionar el supuesto error grave cometido por la AFPN consistente en basarse en una evaluación global de los hechos. Por último, mediante la tercera parte de este motivo, el recurrente sostiene que, en el apartado 132 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia consideró incorrectamente que debía privilegiarse una presunción de culpabilidad y denegarse al recurrente el beneficio de la duda. De este modo, el Tribunal de Primera Instancia invirtió la carga de la prueba y negó la presunción de inocencia.66Por lo que respecta a la primera parte del motivo, basta con señalar que se refiere a una apreciación errónea de los hechos por parte del Tribunal de Primera Instancia y que, en consecuencia, debe declararse su inadmisibilidad manifiesta.67La segunda parte del motivo debe desestimarse por ser manifiestamente infundada. En efecto, en el apartado 145 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia declaró que no puede sostenerse que la Comisión cometiera un error manifiesto de apreciación de los hechos al basarse en una evaluación global.68Por último, la tercera parte de este motivo se basa en una lectura manifiestamente errónea de la sentencia impugnada. En efecto, del apartado 132 de esta última se desprende no que deba privilegiarse una presunción de culpabilidad y denegarse al interesado el beneficio de la duda, sino que N no puede invocar principios generales del Derecho, y en particular la presunción de inocencia, para justificar una falta de cooperación. Así, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, dado que era el único que poseía informaciones relativas a una operación de la que afirmaba ser la víctima, le incumbía no demostrar su inocencia pero sí cooperar lealmente con la Comisión.69Del conjunto de las consideraciones que anteceden se desprende que los motivos aducidos por el recurrente en apoyo de su recurso de casación son bien manifiestamente inadmisibles o bien manifiestamente infundados. En consecuencia, debe desestimarse el recurso con arreglo al artículo 119 del Reglamento de Procedimiento.<TI><P>Costas</P></TI>70A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el recurrente, procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

resuelve:

1)Desestimar el recurso.2)Condenar en costas al recurrente.

Dictado en Luxemburgo, a 16 de julio de 1998.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Tercera

C. Gulmann