1

Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la República de Austria solicita la anulación del Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión, de 9 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 en lo que respecta a las actividades económicas en determinados sectores energéticos y el Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 en lo que respecta a la divulgación pública de información específica sobre esas actividades económicas (DO 2022, L 188, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»).

Antecedentes del litigio

2

El 18 de junio de 2020, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO 2020, L 198, p. 13; en lo sucesivo, «Reglamento sobre la taxonomía»).

3

Con arreglo a su artículo 1, apartado 1, el Reglamento sobre la taxonomía establece los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión. Según su considerando 3, este Reglamento constituye un paso clave para orientar los flujos financieros hacia inversiones sostenibles con el fin de lograr el objetivo de una Unión Europea climáticamente neutra de aquí a 2050.

4

Para ello, el Reglamento sobre la taxonomía establece, como resulta de sus considerandos 6 y 12, un sistema de clasificación unificado de las actividades sostenibles, que armonice a escala de la Unión los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible, ofreciendo de este modo a los inversores y a los operadores económicos una interpretación común de qué se entiende por actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

5

El 4 de junio de 2021, la Comisión Europea adoptó el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139, por el que se completa el Reglamento sobre la taxonomía y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales (DO 2021, L 442, p. 1).

6

El 9 de marzo de 2022, la Comisión adoptó el Reglamento impugnado, que tiene por objeto, en particular, establecer criterios técnicos de selección para incluir determinadas actividades de los sectores de la energía nuclear y del gas fósil en la categoría de actividades que se considera que contribuyen de forma sustancial a la mitigación del cambio climático, con fundamento en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento sobre la taxonomía, y en la categoría de actividades que se considera que contribuyen de forma sustancial a la adaptación al cambio climático, con fundamento en el artículo 11, apartado 3, de ese Reglamento (en lo sucesivo, «criterios técnicos de selección»).

Pretensiones de las partes

7

La República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, solicita al Tribunal General que:

–

Anule el Reglamento impugnado.

–

Condene en costas a la Comisión.

8

La Comisión, apoyada por la República de Bulgaria, la República Checa, la República Francesa, Hungría, la República de Polonia, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, solicita al Tribunal que:

–

Desestime el recurso.

–

Condene en costas a la República de Austria.

Fundamentos de Derecho

9

En apoyo de su recurso, la República de Austria invoca dieciséis motivos.

10

Por una parte, los ocho primeros motivos se refieren a las actividades económicas vinculadas al sector de la energía nuclear.

11

En particular, el primer motivo se basa en la infracción de las normas de procedimiento del Reglamento sobre la taxonomía y del artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 («legislación europea sobre el clima») (DO 2021, L 243, p. 1; en lo sucesivo, «legislación europea sobre el clima»).

12

El segundo motivo se basa en la infracción de los artículos 10, apartado 2, y 19, apartado 1, letras f) y g), del Reglamento sobre la taxonomía y en la vulneración del principio de cautela.

13

El tercer motivo se basa en la infracción de los artículos 17 y 19, apartado 1, letras f) y g), del Reglamento sobre la taxonomía y en la vulneración del principio de cautela.

14

El cuarto motivo se basa en la infracción del artículo 17 del Reglamento sobre la taxonomía en relación con los diferentes criterios técnicos de selección, en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento y en la vulneración del principio de cautela.

15

El quinto motivo se basa en la infracción de los artículos 11 y 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía y en la vulneración del principio de cautela.

16

El sexto motivo se basa en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra k), del Reglamento sobre la taxonomía.

17

El séptimo motivo se basa en la contravención de la finalidad y del efecto útil del Reglamento sobre la taxonomía debido al riesgo de fragmentación del mercado.

18

El octavo motivo se basa en la infracción del artículo 290 TFUE.

19

Por otra parte, los otros ocho motivos se refieren a las actividades económicas vinculadas al sector del gas fósil.

20

En particular, el noveno motivo se basa en la infracción de las normas de procedimiento del Reglamento sobre la taxonomía y del artículo 6, apartado 4, de la legislación europea sobre el clima.

21

El décimo motivo se basa en la infracción de los artículos 10, apartado 2, y 19, apartado 1, letras f) y g), del Reglamento sobre la taxonomía y en la vulneración del principio de cautela.

22

El undécimo motivo se basa en la vulneración del principio de neutralidad tecnológica enunciado en el artículo 19, apartado 1, letras a) y j), del Reglamento sobre la taxonomía y en el incumplimiento de la prohibición de discriminación.

23

El duodécimo motivo se basa en la infracción de los artículos 17 y 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía y en la vulneración del principio de cautela.

24

El decimotercer motivo se basa en la infracción de los artículos 11 y 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía y en la vulneración del principio de cautela.

25

El decimocuarto motivo se basa en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra i), del Reglamento sobre la taxonomía, en la medida en que la inclusión de las actividades vinculadas al gas fósil en la taxonomía entraña un riesgo de creación de activos bloqueados.

26

El decimoquinto motivo se basa en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra k), del Reglamento sobre la taxonomía.

27

El decimosexto motivo se basa en la contravención de la finalidad y del efecto útil del Reglamento sobre la taxonomía debido al riesgo de fragmentación del mercado.

28

El Tribunal General considera oportuno examinar previamente los motivos primero y noveno, considerados conjuntamente. Por lo que respecta a las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear, el Tribunal General examinará los motivos octavo y segundo; a continuación, los motivos tercero y cuarto, considerados conjuntamente, y, por último, los motivos quinto, sexto y séptimo.

29

Por lo que respecta a las actividades económicas vinculadas al sector del gas fósil, el Tribunal General considera oportuno examinar en primer lugar el décimo motivo y, a continuación, los motivos undécimo a decimosexto.

Consideraciones preliminares sobre el alcance del control jurisdiccional

30

La República de Austria alega, fundamentalmente, que los motivos se basan en errores de Derecho cometidos en la aplicación y la interpretación del Reglamento sobre la taxonomía, de modo que el Tribunal General debería ejercer un control jurisdiccional pleno.

31

La Comisión rebate esa alegación.

32

Es preciso recordar que, cuando una institución de la Unión dispone de una amplia facultad de apreciación, en particular en el marco de apreciaciones complejas, el control jurisdiccional que el juez de la Unión debe ejercer sobre la fundamentación de un acto adoptado en ejercicio de esa facultad no debe llevarlo a sustituir la apreciación de la institución en cuestión por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que dicho acto no está basado en hechos materialmente inexactos ni está viciado de ningún error manifiesto de apreciación o de desviación de poder (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, apartado 55 y jurisprudencia citada).

33

Asimismo, en el contexto de un poder delegado en el sentido del artículo 290 TFUE, la Comisión dispone, en el ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas, de una amplia facultad de apreciación cuando su acción implica, en particular, realizar apreciaciones y evaluaciones complejas (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, apartado 53 y jurisprudencia citada).

34

A este respecto, según reiterada jurisprudencia, el juez de la Unión no solo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de ellos (véase la sentencia de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, apartado 56 y jurisprudencia citada).

35

En efecto, cuando una institución dispone de una amplia facultad de apreciación, reviste especial importancia la observancia de las garantías procedimentales, entre las que figura la obligación de esta de examinar minuciosa e imparcialmente todas las circunstancias pertinentes de la situación de que se trate (véase la sentencia de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, apartado 57 y jurisprudencia citada).

36

En cambio, en lo que respecta a las cuestiones de Derecho, el Tribunal General ejerce un control pleno, lo que incluye la interpretación que ha de darse a las disposiciones jurídicas sobre la base de elementos objetivos y la comprobación de si concurren o no los requisitos de aplicación de tal disposición (véase la sentencia de 11 de septiembre de 2024, Sveza Verkhnyaya Sinyachikha y otros/Comisión, T‑2/22, no publicada, EU:T:2024:615, apartado 27 y jurisprudencia citada).

37

Por otra parte, y por lo que se refiere al control por parte del juez de la Unión de la existencia de un error manifiesto de apreciación que pudiera viciar un acto de una institución, es necesario precisar que, para demostrar que tal institución incurrió en un error manifiesto en la apreciación de hechos complejos que pueda justificar la anulación de ese acto, las pruebas aportadas por la parte demandante deben ser suficientes para que resulten inverosímiles las apreciaciones de los hechos tenidos en cuenta en dicho acto (véanse, por analogía, las sentencias de 14 de junio de 2018, Lubrizol France/Consejo, C‑223/17 P, no publicada, EU:C:2018:442, apartado 39; de 7 de mayo de 2020, BTB Holding Investments y Duferco Participations Holding/Comisión, C‑148/19 P, EU:C:2020:354, apartado 72, y de 17 de mayo de 2018, Bayer CropScience y otros/Comisión, T‑429/13 y T‑451/13, EU:T:2018:280, apartado 145).

38

Procede examinar a la luz de estas consideraciones los motivos formulados por la República de Austria.

Sobre los motivos primero y noveno, basados en la infracción de las normas de procedimiento que figuran en el Reglamento sobre la taxonomía y del artículo 6, apartado 4, de la legislación europea sobre el clima

39

La República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, sostiene, en esencia, que el Reglamento impugnado se adoptó infringiendo las normas de procedimiento previstas por el Reglamento sobre la taxonomía para la adopción de un acto delegado, en particular las relativas al establecimiento de los criterios técnicos de selección, y por el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación (DO 2016, L 123, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo interinstitucional»), así como infringiendo lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4, de la legislación europea sobre el clima.

40

La Comisión, apoyada por la República de Bulgaria, la República Checa, la República Francesa, Hungría, la República de Polonia y Rumanía, rebate esta alegación.

41

Es preciso recordar que, con arreglo al artículo 23, apartado 4, del Reglamento sobre la taxonomía, antes de adoptar actos delegados y durante su elaboración, la Comisión recabará todos los conocimientos especializados necesarios, en particular consultando a los expertos del Grupo de Expertos de los Estados Miembros en Materia de Finanzas Sostenibles (en lo sucesivo, «Grupo de Expertos de los Estados Miembros») mencionado en el artículo 24 del Reglamento sobre la taxonomía.

42

Asimismo, en virtud de esta disposición, antes de adoptar un acto delegado, la Comisión actuará de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en el Acuerdo interinstitucional.

43

Debe señalarse igualmente que, según los artículos 10, apartado 4, y 11, apartado 4, del Reglamento sobre la taxonomía, antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles (en lo sucesivo, «Plataforma») a que se refiere el artículo 20 del Reglamento sobre la taxonomía por lo que respecta a los criterios técnicos de selección.

44

Asimismo, en virtud del artículo 24, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía, el Grupo de Expertos de los Estados Miembros asesorará a la Comisión en cuanto a la adecuación de los criterios técnicos de selección y al enfoque adoptado por la Plataforma respecto a la elaboración de dichos criterios.

45

En el presente asunto, procede recordar que, con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139, el Grupo de Expertos Técnicos sobre Finanzas Sostenibles (en lo sucesivo, «TEG»), creado por la Comisión para ayudarle a elaborar la taxonomía, formuló recomendaciones acerca de los criterios técnicos de selección relativos a las actividades económicas que contribuirían de forma sustancial a los dos objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9, letras a) y b), del Reglamento sobre la taxonomía. El TEG publicó dos versiones provisionales de sus recomendaciones en sus informes de diciembre de 2018 y de junio de 2019. Cada uno de estos dos informes fue objeto de consultas públicas. El informe final del TEG se publicó en marzo de 2020, acompañado de un anexo técnico.

46

Asimismo, la Comisión hizo pública la evaluación de impacto con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139 en marzo de 2020, sobre la que podían formularse observaciones hasta finales de abril de 2020. Además, el proyecto de Reglamento Delegado 2021/2139 se publicó en el portal Legislar mejor con un período de presentación de observaciones de cuatro semanas (del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2020), fue evaluado por la Plataforma en diciembre de 2020 y se presentó a los expertos de los Estados miembros en varias reuniones del Grupo de Expertos de los Estados Miembros entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. El 4 de junio de 2021, la Comisión publicó la evaluación de impacto a efectos de la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139 [SWD(2021) 152 final].

47

Por otra parte, con vistas a la adopción del Reglamento impugnado, durante el verano de 2020, la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (FISMA) de la Comisión solicitó al Centro Común de Investigación (JRC) que llevara a cabo un trabajo técnico más en profundidad sobre el criterio, contemplado en el artículo 17 del Reglamento sobre la taxonomía, según el cual, para ser considerada medioambientalmente sostenible, la actividad económica no debe «caus[ar] ningún perjuicio significativo» a alguno de los objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 de ese Reglamento (en lo sucesivo, «criterio DNSH») en relación con de la energía nuclear, como había recomendado el TEG. El JRC examinó la evaluación de la generación de energía nuclear sobre la base del criterio DNSH, teniendo en cuenta los efectos de todo el ciclo de vida de la energía nuclear sobre las repercusiones medioambientales reales y potenciales en relación con todos los objetivos. El 19 de marzo de 2021, el JRC elaboró un informe sobre los resultados del examen completo (en lo sucesivo, «informe del JRC»), cuyas conclusiones se resumen en la exposición de motivos del proyecto de Reglamento impugnado.

48

A raíz del informe del JRC, el grupo de expertos contemplado en el artículo 31 del Tratado Euratom emitió, el 28 de junio de 2021, un dictamen favorable al informe del JRC, como se indica en la exposición de motivos del proyecto de Reglamento impugnado. El Comité Científico de Riesgos Sanitarios, Ambientales y Emergentes (en lo sucesivo, «CCRSAE») emitió también, el 29 de junio de 2021, un dictamen sobre las conclusiones y recomendaciones del informe del JRC.

49

En primer lugar, según la República de Austria, contrariamente a lo dispuesto en el Acuerdo interinstitucional, en particular en los puntos 4 y siguientes de su anexo, el proyecto de Reglamento impugnado se transmitió tardíamente, de manera intempestiva (el 31 de diciembre de 2021 por la tarde), y se fijó de un plazo de respuesta demasiado breve (que expiraba inicialmente el 12 de enero de 2022 y, posteriormente, tras una breve prórroga, el 21 de enero de 2022). Por lo tanto, considera que los Estados miembros no dispusieron de un plazo suficiente para preparar sus observaciones.

50

A este respecto, procede señalar que, a tenor del apartado 4 del anexo del Acuerdo interinstitucional, los expertos de los Estados miembros serán consultados en tiempo oportuno acerca de cada proyecto de acto delegado elaborado por los servicios de la Comisión.

51

Además, el 31 de diciembre de 2021, la Comisión transmitió el proyecto de Reglamento impugnado a la Plataforma y al Grupo de Expertos de los Estados Miembros.

52

La Plataforma publicó sus comentarios finales en su sitio de internet el 24 de enero de 2022.

53

El 10 de enero de 2022, se celebró una reunión del Grupo de Expertos de los Estados Miembros, en la que los Estados miembros pudieron presentar sus observaciones sobre el proyecto de Reglamento impugnado.

54

Se concedió al Grupo de Expertos de los Estados Miembros un plazo que finalizó el 26 de enero de 2022 para que formulara sus observaciones sobre los comentarios de la Plataforma.

55

Habida cuenta de que las actividades vinculadas a la energía nuclear y las actividades vinculadas al gas fósil ya habían sido objeto de análisis preliminares con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139 y de que la cuestión de la repercusión de estas actividades sobre el medio ambiente —objeto de numerosos dictámenes existentes, como el informe del JRC y el dictamen del grupo de expertos, con fecha 28 de junio de 2021, contemplado en el artículo 31 del Tratado Euratom— no es totalmente nueva, debe señalarse que el plazo de doce días, ampliado a veintiún días, del que dispusieron el Grupo de Expertos de los Estados Miembros y la Plataforma para emitir su dictamen sobre el proyecto de acto delegado, constituía un período suficiente para formular observaciones.

56

Ello es tanto más cierto cuanto que, por una parte, los expertos tenían un conocimiento previo de la materia, en la medida en que ya habían formulado observaciones, en una reunión de mayo de 2020, sobre las recomendaciones del TEG mencionadas en el apartado 45 anterior, y, por otra parte, ni la Plataforma ni el Grupo de Expertos de los Estados Miembros consideraron que el plazo ampliado fuera insuficiente.

57

En este contexto, no cabe reprochar a la Comisión haber transmitido el proyecto de Reglamento impugnado el 31 de diciembre de 2021, máxime cuando el plazo concedido al Grupo de Expertos de los Estados Miembros y a la Plataforma para emitir su dictamen sobre el proyecto de acto delegado fue prorrogado hasta el 21 de enero de 2022.

58

Por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene la República de Austria, procede declarar que los Estados miembros fueron consultados en tiempo oportuno acerca del proyecto de Reglamento impugnado, de conformidad con el apartado 4 del anexo del Acuerdo interinstitucional.

59

Por otra parte, tampoco puede reprocharse a la Comisión haber transmitido simultáneamente el proyecto de Reglamento impugnado al Grupo de Expertos de los Estados Miembros y a la Plataforma, puesto que la Comisión dio al Grupo de Expertos de los Estados Miembros la posibilidad de presentar sus observaciones sobre los comentarios de la Plataforma. A este respecto, se concedió al Grupo de Expertos de los Estados Miembros un plazo que finalizaba el 26 de enero de 2022 para formular sus observaciones sobre los comentarios de la Plataforma, que habían sido publicados en su sitio de internet el 24 de enero de 2022, es decir, dos días antes.

60

En segundo lugar, la República de Austria alega que no hubo reunión con los expertos de los Estados miembros, dado que no se cumplían los requisitos para recurrir a un dictamen escrito en la medida en que el Reglamento impugnado no contenía una modificación del Reglamento Delegado 2021/2139, sino una «adición» relativa a cuestiones completamente nuevas, en particular la definición de las actividades económicas y la determinación de criterios y umbrales completamente nuevos, que requerían una nueva consulta a los Estados miembros.

61

No obstante, procede señalar que el 10 de enero de 2022 tuvo lugar una reunión virtual, de modo que sí se celebró una reunión con los expertos de los Estados miembros relativa a las actividades contempladas en el Reglamento impugnado. Por lo demás, el Acuerdo interinstitucional no se opone a que se consulte a los expertos en el marco de un procedimiento escrito.

62

En tercer lugar, la República de Austria reprocha, fundamentalmente, a la Comisión haber definido los criterios técnicos de selección sin haber llevado a cabo una nueva consulta pública y una nueva evaluación de impacto tras las evaluaciones complementarias efectuadas en el informe del JRC.

63

A este respecto, procede recordar que, a tenor del apartado 13 del Acuerdo interinstitucional, la Comisión realizará una evaluación de impacto de sus actos delegados que previsiblemente tengan un impacto económico, medioambiental o social significativo y realizará consultas de la forma más amplia posible.

64

No obstante, resulta de la jurisprudencia que de los términos de los apartados 12 a 15 del Acuerdo interinstitucional no se desprende que sea obligatorio realizar una evaluación de impacto en cualquier circunstancia (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 3 de diciembre de 2019, República Checa/Parlamento y Consejo, C‑482/17, EU:C:2019:1035, apartados 82 a 85, y de 5 de julio de 2023, TIB Chemicals/Comisión, T‑639/20, no publicada, EU:T:2023:374, apartado 206).

65

Por otra parte, a tenor del apartado 28 del Acuerdo interinstitucional, la Comisión se compromete a recabar, antes de la adopción de los actos delegados, todo el asesoramiento técnico necesario, en particular mediante la consulta a expertos de los Estados miembros y la realización de consultas públicas.

66

Por su parte, el apartado 6 del anexo del Acuerdo interinstitucional indica que la preparación y la elaboración de los actos delegados podrán incluir también consultas a los interesados, de modo que la Comisión no está obligada, en cualquier caso, a realizar consultas públicas.

67

En el presente asunto, como se desprende de los anteriores apartados 45 y 46, la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139 y el TEG emitió dos informes sobre los criterios técnicos de selección relativos a las actividades económicas que contribuirían de forma sustancial a los dos objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9, letras a) y b), del Reglamento sobre la taxonomía. Esta evaluación de impacto y dichos informes fueron objeto de consultas públicas. Además, esta evaluación de impacto y estas consultas públicas se llevaron a cabo cuando ya se había previsto establecer criterios técnicos de selección para las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear.

68

Por otra parte, la evaluación de impacto con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139 [SWD(2021) 152 final] indicaba, en la página 23, que, por lo que respecta a las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear, la solución por la que se había optado consistía en proseguir los trabajos técnicos sobre el criterio DNSH.

69

Como se desprende del considerando 3 del Reglamento impugnado, el establecimiento de criterios técnicos de selección para estas actividades se pospuso a la espera de una evaluación en profundidad por parte de expertos.

70

Pues bien, los dictámenes de expertos y las consultas públicas, realizados con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139, ya incluían las actividades vinculadas a la energía nuclear, de modo que el Reglamento impugnado mantiene una línea de continuidad con dicho Reglamento. Además, esos dictámenes y consultas llevaron a la Comisión a efectuar análisis complementarios con vistas a la adopción del Reglamento impugnado.

71

Las actividades vinculadas a la energía nuclear también habían sido analizadas en el anexo técnico del informe final del TEG, que sirvió de base tanto para la elaboración del Reglamento Delegado 2021/2139 como para la del Reglamento impugnado.

72

Así pues, a la luz de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 45 a 48, de las distintas fases procedimentales que condujeron a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139, y posteriormente a la del Reglamento impugnado, se desprende que este último mantiene una línea de continuidad con el primero. En particular, en el marco del procedimiento que condujo a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139, el TEG había tenido en cuenta las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear y había recomendado la realización de otros estudios, que se llevaron a cabo en el marco del procedimiento que condujo a la adopción del Reglamento impugnado.

73

Por consiguiente, la Comisión podía basarse válidamente en los dictámenes de expertos realizados con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139 a efectos de la adopción del Reglamento impugnado, en la medida en que, además de que los dos Reglamentos Delegados tienen por objeto completar el Reglamento sobre la taxonomía, los procedimientos que dieron lugar a su adopción se complementan en lo que respecta al examen de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear. Así, en particular, en contra de lo alegado por la República de Austria, para la adopción del Reglamento impugnado, la Comisión podía basarse en la evaluación de impacto y la consulta pública efectuadas a efectos de la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139, sin estar obligada a efectuar una evaluación de impacto y una consulta pública adicionales y específicas tras el análisis complementario efectuado en el informe del JRC, en la medida en que las actividades vinculadas a la energía nuclear ya habían sido objeto de una evaluación de impacto y de una consulta pública.

74

De ello resulta que la Comisión no incurrió en error al considerar que no era necesario efectuar una evaluación de impacto y una consulta pública adicionales y específicas tras el análisis complementario del cumplimiento del criterio DNSH en relación con las actividades vinculadas a la energía nuclear efectuado en el informe del JRC.

75

En cuarto lugar, por lo que respecta a la alegación formulada en el apartado 30 del escrito de formalización de la intervención del Gran Ducado de Luxemburgo, según la cual la falta de nueva consulta pública constituye una infracción del artículo 8 del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2005, L 124, p. 4), procede recordar que, según el artículo 40, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General en virtud del artículo 53 de ese mismo Estatuto, las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes principales en el litigio. Por otro lado, el artículo 142, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General dispone que la parte coadyuvante aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.

76

Si bien dichas disposiciones no se oponen a que una parte interviniente formule alegaciones nuevas o diferentes de las de la parte a la que apoya, pues de lo contrario su intervención quedaría limitada a repetir los argumentos formulados en la demanda, no puede admitirse que dichas disposiciones le permitan modificar o deformar el marco del litigio definido en la demanda mediante la formulación de motivos nuevos [sentencias de 10 de noviembre de 2021, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), T‑612/17, EU:T:2021:763, apartado 192, y de 2 de octubre de 2024, ACE/Consejo, T‑828/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:672, apartado 44].

77

Dado que la República de Austria no ha invocado ningún motivo basado en la infracción del artículo 8 del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, esta alegación es inadmisible.

78

En quinto lugar, la República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, alega que los umbrales de 270 gramos (g) del equivalente CO2 (CO2e) por kilovatio hora (kWh) y de la media anual de 550 kilogramos (kg) de CO2e por kilovatio (kW) en veinte años fijados para la calificación del gas fósil como actividad de transición en el sentido del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía no han sido objeto de ninguna evaluación de impacto ni de consulta pública alguna.

79

No obstante, procede recordar que, como se desprende del anterior apartado 46, la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139 y el TEG emitió dos informes. Esa evaluación de impacto y esos informes fueron objeto de consultas públicas y se realizaron en un momento en el que ya se había contemplado el establecimiento de criterios técnicos de selección para las actividades económicas vinculadas al gas fósil.

80

Pues bien, los dictámenes de expertos y las consultas públicas, efectuadas con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139, ya incluían las actividades económicas vinculadas al gas fósil. Además, esos dictámenes y consultas llevaron a la Comisión a efectuar análisis complementarios a efectos de la adopción del Reglamento impugnado. Por otra parte, la evaluación de impacto con vistas a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139 [SWD(2021) 152 final] mencionaba, en la página 146, la necesidad de trabajos adicionales para las actividades vinculadas al gas fósil.

81

Además, las actividades económicas vinculadas al gas fósil se analizaron en el anexo técnico del informe final del TEG.

82

En la medida en que el sector del gas fósil fue objeto de la fase preparatoria del Reglamento Delegado 2021/2139, y debido a la relación de continuidad entre este Reglamento y el Reglamento impugnado, recordada en el anterior apartado 72, no cabe reprochar a la Comisión no haber realizado una nueva evaluación de impacto o una nueva consulta pública relativa a dicho sector.

83

Por lo tanto, la Comisión no incurrió en error al considerar que no era necesario efectuar una evaluación de impacto y una consulta pública adicionales y específicas en relación con los umbrales de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW.

84

En sexto lugar, la República de Austria sostiene que el Reglamento impugnado se adoptó infringiendo el artículo 6, apartado 4, de la legislación europea sobre el clima, puesto que la Comisión no realizó, antes de su adopción, una evaluación de su compatibilidad con el objetivo de neutralidad climática contemplado en el artículo 2, apartado 1, de dicha legislación ni con los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y 2040, ni publicó los resultados o expuso los motivos de tal evaluación.

85

Es preciso recordar que, con arreglo al artículo 6, apartado 4, de la legislación europea sobre el clima, la Comisión evaluará, antes de su adopción, la coherencia de cualquier proyecto de medidas o propuesta legislativa, incluidas las propuestas presupuestarias, con el objetivo de neutralidad climática previsto en el artículo 2, apartado 1, de esa legislación y con los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y 2040 antes de su adopción, incluirá dicha evaluación en cualquier evaluación de impacto que acompañe a esas medidas o propuestas, y pondrá a disposición del público el resultado de esa evaluación en el momento de la adopción de las mismas. La Comisión evaluará, asimismo, si dichos proyectos de medidas o propuestas legislativas, incluidas las propuestas presupuestarias, son coherentes con garantizar los avances en la adaptación a la que se refiere el artículo 5 de la citada legislación.

86

El artículo 6, apartado 4, de la legislación europea sobre el clima no indica una forma específica para la evaluación que prevé. Así pues, el objetivo esencial de esta disposición es garantizar que la Comisión adopte una decisión con conocimiento de causa sobre la coherencia de un proyecto de medida con los objetivos de dicha legislación.

87

Pues bien, el respeto de este objetivo esencial puede lograrse mediante la verificación, por parte de la Comisión, de que se tienen en cuenta los requisitos específicos del Reglamento sobre la taxonomía, en particular su artículo 10, que regula la contribución sustancial a la mitigación del cambio climático.

88

En efecto, el artículo 2, apartado 1, de la legislación europea sobre el clima, que define el objetivo de neutralidad climática, tiene el siguiente tenor:

89

Por su parte, el considerando 24 del Reglamento sobre la taxonomía prevé que una actividad económica que persiga el objetivo medioambiental de mitigar el cambio climático debe contribuir de forma sustancial a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero (en lo sucesivo, les «GEI») evitándolas o reduciéndolas, o mejorando su absorción.

90

El artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía precisa asimismo que, a efectos del apartado 1, se considerará que una actividad contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático cuando apoye la transición hacia una economía climáticamente neutra, incluyendo la eliminación progresiva de las emisiones de GEI.

91

De ello se deduce que el objetivo de neutralidad climática de la legislación europea sobre el clima es similar al objetivo de mitigación del cambio climático perseguido por el Reglamento sobre la taxonomía, en la medida en que ambos actos tienen por objeto reducir o eliminar las emisiones de GEI.

92

Pues bien, la evaluación de impacto del Reglamento Delegado 2021/2139 y los análisis científicos de la contribución de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear y al gas fósil a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como el análisis científico del cumplimiento del criterio DNSH en relación con esas actividades, realizados con vistas a la adopción del Reglamento impugnado para medir la contribución potencial de esas actividades al objetivo de reducción o eliminación de los GEI, permitían a la Comisión, sin necesidad de ningún análisis adicional, evaluar la compatibilidad del Reglamento impugnado con los objetivos de la Unión en materia de clima para 2030 y 2040 de conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la legislación europea sobre el clima.

93

Por consiguiente, deben desestimarse los motivos primero y noveno.

Sobre los motivos segundo a octavo, relativos a las actividades económicas vinculadas al sector de la energía nuclear

94

Con carácter preliminar, procede señalar que el Reglamento impugnado se refiere a tres tipos de actividades económicas en el sector nuclear:

–

las fases precomerciales de tecnologías avanzadas para producir energía a partir de procesos nucleares con residuos mínimos del ciclo del combustible (nuevas secciones 4.26 de los anexos I y II del Reglamento Delegado 2021/2139, insertadas en dichos anexos por el Reglamento impugnado);

–

la construcción y la explotación segura de nuevas centrales nucleares para la generación de electricidad o calor, incluida la producción de hidrógeno, utilizando las mejores tecnologías disponibles (nuevas secciones 4.27 de los anexos I y II del Reglamento Delegado 2021/2139, insertadas en dichos anexos por el Reglamento impugnado);

–

la generación de electricidad a partir de energía nuclear en instalaciones existentes (nuevas secciones 4.28 de los anexos I y II del Reglamento Delegado 2021/2139, insertadas en dichos anexos por el Reglamento impugnado) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actividades económicas vinculadas a la energía nuclear»).

95

Para cada una de estas actividades calificadas de actividad que supone una inversión sostenible, el anexo I del Reglamento impugnado establece los criterios técnicos de selección para determinar, por una parte, las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático y, por otra parte, si la actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 del Reglamento sobre la taxonomía. Por su parte, el anexo II del Reglamento impugnado establece los criterios técnicos de selección que permiten determinar, por una parte, las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la adaptación al cambio climático y, por otra parte, si la actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos medioambientales enunciados en el artículo 9 del Reglamento sobre la taxonomía.

Octavo motivo, basado en la infracción del artículo 290 TFUE

96

La República de Austria sostiene, fundamentalmente, que el Reglamento impugnado incumple el requisito de delegación relativo a los «elementos esenciales» al que se refiere el artículo 290 TFUE, en la medida en que interpreta el Reglamento sobre la taxonomía en el sentido de que el legislador de la Unión dejó abierta la calificación de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear como actividades sostenibles y concedió a la Comisión la facultad de apreciar esta cuestión.

97

Según la República de Austria, fundamentalmente, el objeto del Reglamento impugnado forma parte de los elementos esenciales del Reglamento sobre la taxonomía debido al carácter político y controvertido de la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía, al tenor del artículo 10, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía, que excluye la energía nuclear de las actividades económicas que pueden considerarse que contribuyen de forma sustancial a la mitigación del cambio climático, a la base jurídica del Reglamento sobre la taxonomía que se refiere al mercado interior y no al Tratado Euratom, y a la injerencia del Reglamento impugnado en el derecho de propiedad, la libertad profesional y la libertad de empresa.

98

La Comisión, apoyada por la República de Bulgaria, la República Checa, la República Francesa, Hungría, Rumanía y la República de Finlandia, rebate esta alegación.

99

Procede comenzar señalando que la República de Austria no ha propuesto ninguna excepción de ilegalidad basada en la infracción del artículo 290 TFUE por el Reglamento sobre la taxonomía, como confirmó en la vista. Por lo tanto, la República de Austria no cuestiona la legalidad de la delegación conferida a la Comisión por, en particular, el artículo 1, apartado 3, y el artículo 10, apartado 3, de dicho Reglamento.

100

Debe recordarse seguidamente que, con arreglo al artículo 290 TFUE, apartado 1, un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo.

101

La posibilidad de delegar poderes que prevé el artículo 290 TFUE tiene como finalidad permitir al legislador de la Unión concentrar su esfuerzo en la regulación de los elementos esenciales de la legislación y de los elementos no esenciales sobre los que considere oportuno legislar, al mismo tiempo que confía a la Comisión la labor de «completar» determinados elementos no esenciales del acto legislativo adoptado o incluso de «modificar» tales elementos dentro del marco de la delegación que le ha sido conferida (véase la sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, apartado 58 y jurisprudencia citada).

102

De ello resulta que las normas esenciales de la materia de que se trata deben adoptarse en la normativa de base y no pueden ser objeto de delegación (véase la sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, apartado 59 y jurisprudencia citada).

103

En el presente asunto, procede dilucidar si, como sostiene la República de Austria, la cuestión de si las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear cumplen los requisitos del Reglamento sobre la taxonomía y, por tanto, pueden calificarse de actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de su artículo 10, apartado 2, constituye un elemento esencial de dicho Reglamento que, por lo tanto, no podía ser objeto de un acto delegado.

104

Los elementos esenciales de una normativa de base son aquellos cuya adopción requiere tomar decisiones políticas comprendidas en el ámbito de las responsabilidades propias del legislador de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2012, Parlamento/Consejo, C‑355/10, EU:C:2012:516, apartado 65), en cuanto requieren una ponderación de los intereses divergentes en liza sobre la base de apreciaciones múltiples, o aquellos cuya adopción da lugar a injerencias en los derechos fundamentales de las personas implicadas de una gravedad tal que hace necesaria la intervención del legislador de la Unión (véase la sentencia de 26 de julio de 2017, República Checa/Comisión, C‑696/15 P, EU:C:2017:595, apartado 78 y jurisprudencia citada).

105

La identificación de los elementos de una materia que deben calificarse de esenciales ha de basarse en elementos objetivos que puedan ser objeto de control jurisdiccional y exige tener en cuenta las características y las particularidades del ámbito de que se trate (véase la sentencia de 22 de junio de 2016, DK Recycling und Roheisen/Comisión, C‑540/14 P, EU:C:2016:469, apartado 48 y jurisprudencia citada).

106

A este respecto, en primer término, de su artículo 1 se desprende que el Reglamento sobre la taxonomía tiene por objeto establecer los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión.

107

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre la taxonomía, una actividad económica se considerará medioambientalmente sostenible si cumple los criterios que la hacen «medioambientalmente sostenible» establecidos en las letras a) a d) de dicha disposición, a saber, si contribuye sustancialmente a uno o varios de los objetivos medioambientales enunciados en el artículo 9 de dicho Reglamento, no causa ningún perjuicio significativo a alguno de esos objetivos, se lleva a cabo de conformidad con las garantías mínimas establecidas en el artículo 18 del mismo Reglamento y se ajusta a los criterios técnicos de selección que hayan sido establecidos por la Comisión de conformidad, en particular, con el artículo 10, apartado 3, y el artículo 11, apartado 3, de dicho Reglamento.

108

En segundo término, se desprende del artículo 10, apartado 3, letra a), y del artículo 11, apartado 3, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía que estas disposiciones delegan en la Comisión la tarea de completar los apartados 1 y 2 de dichos artículos estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo.

109

Resulta igualmente del artículo 10, apartado 3, letra b), y del artículo 11, apartado 3, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía que estas disposiciones delegan en la Comisión la tarea de completar el artículo 17 de ese Reglamento estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo medioambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se han establecido dichos criterios de selección causa un perjuicio significativo a uno o varios de esos objetivos medioambientales.

110

Asimismo, el artículo 10, apartado 5, y el artículo 11, apartado 5, del Reglamento sobre la taxonomía exigen a la Comisión que tenga en cuenta los requisitos del artículo 19 de ese Reglamento cuando ejerce esa facultad delegada.

111

Como parte de esos requisitos, el artículo 19, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía indica que los criterios técnicos de selección deberán determinar las contribuciones potenciales más importantes para un objetivo medioambiental determinado —respetando al mismo tiempo el principio de neutralidad tecnológica— teniendo en cuenta las repercusiones a corto y largo plazo de una actividad económica precisa.

112

Además, con arreglo al artículo 19, apartado 3, del Reglamento sobre la taxonomía, los criterios técnicos de selección mencionados en el apartado 1 de este artículo garantizarán que las actividades de generación de electricidad que emplean combustibles fósiles sólidos no se consideren actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

113

Por otra parte, según la jurisprudencia, el principio de neutralidad tecnológica implica que la normativa en cuestión debe enunciar los derechos y las obligaciones de las personas de manera genérica, a fin de no privilegiar el uno de una tecnología en detrimento de otra (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2022, Austro-Mechana, C‑433/20, EU:C:2022:217, apartado 27 y jurisprudencia citada).

114

De lo anterior se desprende que el legislador de la Unión definió en el artículo 3 del Reglamento sobre la taxonomía criterios de sostenibilidad medioambiental que permiten determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión, sin dar preferencia a una tecnología en detrimento de otra y excluyendo únicamente las actividades de generación de electricidad que utilizan combustibles fósiles sólidos. De este modo, el legislador de la Unión ha dejado a la Comisión la posibilidad de completar el Reglamento sobre la taxonomía estableciendo criterios técnicos de selección para adaptarse a las futuras innovaciones, permitiendo que el marco normativo no sea estático y pueda tener en cuenta los avances medioambientales y económicos. Asimismo, procede señalar que el Reglamento sobre la taxonomía no se centra en los tipos de actividades, sino en los objetivos medioambientales y los criterios generales que permiten determinar si una determinada actividad económica debe considerarse sostenible, de modo que, a excepción de los combustibles fósiles expresamente excluidos, dicho Reglamento puede resultar aplicable a cualquier actividad, según el principio de neutralidad tecnológica (artículo 19, apartado 3, del Reglamento sobre la taxonomía).

115

De ello se desprende que los criterios de sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas fueron definidos por el legislador de la Unión en el artículo 3 del Reglamento sobre la taxonomía y que dicho legislador dejó abierta la posibilidad de calificar como sostenible cualquier tipo de actividad que cumpla esos criterios, a excepción de los combustibles fósiles expresamente excluidos.

116

En efecto, habida cuenta del objetivo y del contenido del Reglamento sobre la taxonomía, los elementos esenciales del mismo consisten, en particular, en la definición de los objetivos medioambientales, de los criterios de sostenibilidad medioambiental establecidos su artículo 3 y de los requisitos aplicables a los criterios técnicos de selección. Pues bien, la Comisión estableció, mediante el Reglamento impugnado, criterios técnicos de selección que no forman parte de tales elementos del Reglamento sobre la taxonomía.

117

Del mismo modo, al conceder a la Comisión la posibilidad de establecer criterios técnicos de selección para todos los tipos de actividades que cumplen los criterios de sostenibilidad, a excepción de las actividades de generación de electricidad que utilizan combustibles fósiles sólidos, el legislador de la Unión ha tomado las decisiones políticas que son de su propia responsabilidad en lo referente a los elementos esenciales del Reglamento sobre la taxonomía.

118

De ello resulta que la determinación de las actividades económicas como tales, así como el establecimiento de los criterios técnicos de selección para cada actividad económica que aplique los criterios de sostenibilidad, no forman parte, contrariamente a lo que sostiene la República de Austria, de los elementos esenciales del Reglamento sobre la taxonomía.

119

De ello se deduce que, en la medida en que estableció mediante el Reglamento impugnado criterios técnicos de selección, la Comisión no invadió la esfera de los elementos esenciales del Reglamento sobre la taxonomía.

120

Por lo demás, este enfoque elegido por el legislador de la Unión presenta también el mérito de permitir a la Comisión adaptar los criterios técnicos de selección a la evolución de las tecnologías. Además, no puede obligarse al legislador a enumerar todas las tecnologías existentes o previstas, ya que ello no permitiría a la legislación estar preparada para el futuro y la haría tecnológicamente obsoleta por no poder tener en cuenta el carácter inevitable y deseable de la innovación tecnológica.

121

La circunstancia, alegada por la República de Austria, de que la inclusión de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear reviste un aspecto político, controvertido entre los Estados miembros, no desvirtúa esta conclusión, puesto que el legislador de la Unión no ha optado por excluir esta actividad, a diferencia de lo que sucede con la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles sólidos. En cualquier caso, el aspecto político y controvertido de la inclusión de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear no es pertinente a efectos del artículo 290 TFUE, que reserva a los actos legislativos los elementos esenciales de un ámbito, y no los elementos políticos y controvertidos de este.

122

Lo mismo sucede con la alegación de que el legislador de la Unión realizó una enumeración exhaustiva, en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía, dado que procede de una interpretación errónea de dicho Reglamento. En efecto, por una parte, dicha disposición no enumera de manera exhaustiva las actividades económicas que pueden contribuir de forma sustancial a mitigar el cambio climático, sino las situaciones en las que una actividad económica «contribuy[e] de forma sustancial a estabilizar las concentraciones de [GEI] en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático» a efectos de que pueda considerarse que contribuye de forma sustancial a mitigar el cambio climático. Por otra parte, el apartado 2 del mismo artículo 10 también contempla otras situaciones en las que cabe considerar que una actividad económica contribuye de forma sustancial a mitigar el cambio climático.

123

Por lo que respecta a la alegación de que la base jurídica del Reglamento sobre la taxonomía debería haber sido el artículo 203 del Tratado Euratom si el legislador de la Unión hubiera decidido que la energía nuclear debía incluirse en la taxonomía, procede señalar que la República de Austria no propone una excepción de ilegalidad de dicho Reglamento basada, en particular, en el uso de una errónea base jurídica. Por lo demás, el hecho de que el Reglamento sobre la taxonomía no se base en el Tratado Euratom se explica por su objeto, referido no exclusivamente a la energía nuclear sino también a otras actividades económicas. Por otra parte, y en cualquier caso, esa alegación no permite demostrar que la determinación de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear como actividades que contribuyen a mitigar el cambio climático o a la adaptación al mismo forme parte de los aspectos esenciales del Reglamento sobre la taxonomía.

124

Por lo que respecta, por último, a la alegación de que la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía por el Reglamento impugnado constituye una injerencia en el derecho de propiedad (artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), la libertad profesional (artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales) y la libertad de empresa (artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales) de las empresas (financieras), de forma que tal inclusión es competencia del legislador de la Unión, es preciso recordar que, ciertamente, la intervención del legislador de la Unión es necesaria, según la jurisprudencia, cuando el acto adoptado permite injerencias de una importancia particular en los derechos fundamentales (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2012, Parlamento/Consejo, C‑355/10, EU:C:2012:516, apartado 77).

125

No obstante, debe señalarse que la República de Austria no ha propuesto ninguna excepción de ilegalidad del Reglamento sobre la taxonomía basada, en particular, en la falta de exclusión de las actividades vinculadas a la energía nuclear. Por lo demás, no puede sostener que la mera definición de los criterios técnicos de selección en relación con las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear basta, por sí sola, para suponer una injerencia particularmente importante en los derechos fundamentales, ya que la República de Austria se limita a alegar la existencia de consecuencias importantes de dicha definición sobre los derechos fundamentales consagrados en los artículos 15, 16 y 17 de la Carta, sin aportar elementos que permitan acreditar tal vulneración.

126

Habida cuenta de lo anterior, no cabe considerar que, en la medida en que delegan en la Comisión la competencia para adoptar un reglamento delegado con el fin de completar los artículos 10, apartados 1 y 2, y 17 del Reglamento sobre la taxonomía, los artículos 10, apartado 3, y 11, apartado 3, de dicho Reglamento se hayan adoptado infringiendo el artículo 290 TFUE.

127

Por consiguiente, se desestima el octavo motivo.

Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 10, apartado 2, y 19, apartado 1, letras f) y g), del Reglamento sobre la taxonomía, así como en la vulneración del principio de cautela

128

Mediante su segundo motivo, la República de Austria sostiene que el Reglamento impugnado se adoptó infringiendo el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, ya que esta disposición no es aplicable a las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear y, con carácter subsidiario, no se cumplen los requisitos para la aplicación de dicha disposición.

129

El segundo motivo se divide en tres partes, basadas, la primera, en la inaplicabilidad del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía a las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear; la segunda, en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento, y, la tercera, en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento y en la vulneración del principio de cautela.

–

Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en la inaplicabilidad del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía a las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear

130

La República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, alega, fundamentalmente, que el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía no es aplicable a las actividades económicas de bajas emisiones de carbono, como las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear, ya que solo se refiere a las actividades económicas intensivas en carbono denominadas «de transición».

131

La Comisión, apoyada por la República de Bulgaria, la República Checa, la República Francesa, Hungría, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, rebate esta argumentación.

132

Procede recordar que, en el Reglamento impugnado, la Comisión concluyó que determinadas actividades económicas vinculadas a la energía nuclear contribuían sustancialmente a la mitigación del cambio climático y, por tanto, podían considerarse actividades «de transición» con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía.

133

Asimismo, procede recordar que, a tenor del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía:

134

Por su parte, en el considerando 24 del Reglamento sobre la taxonomía se precisa que una actividad económica que persiga el objetivo medioambiental de mitigar el cambio climático debe contribuir de forma sustancial a estabilizar las emisiones de GEI evitándolas o reduciéndolas, o mejorando su absorción.

135

En el considerando 41 del Reglamento sobre la taxonomía se indica asimismo lo siguiente:

136

Mediante su argumentación, la República de Austria sostiene que el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía solo es aplicable a las actividades intensivas en carbono y no a las actividades que ya sean de bajas emisiones de carbono, como las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear. Tal argumentación implica interpretar esa disposición.

137

De conformidad con reiterada jurisprudencia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tomar en consideración no solamente su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte. La génesis de una disposición de Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación (véase la sentencia de 3 de septiembre de 2024, Illumina y Grail/Comisión, C‑611/22 P y C‑625/22 P, EU:C:2024:677, apartado 116 y jurisprudencia citada).

138

En primer lugar, la República de Austria se basa en la interpretación literal del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía. Sostiene, en primer término, que esta disposición solo cubre las actividades económicas para las que «no existe una alternativa [tecnológicamente] viable de bajas emisiones de carbono» y que «apoye[n] la transición hacia una economía climáticamente neutra». De ello deduce que esta disposición solo se refiere a las actividades que no tienen, por sí mismas, bajas emisiones de carbono, pero a las que, no obstante, puede recurrirse durante un período transitorio limitado a falta de otras soluciones de bajas emisiones de carbono que sean viables.

139

A este respecto, debe señalarse, ciertamente, que la referencia, contenida en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, a una actividad económica para la que no existe una alternativa tecnológica y económicamente viable de bajas emisiones de carbono puede interpretarse en el sentido de que comprende actividades que no tienen bajas emisiones de carbono.

140

No obstante, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía no se refiere a «actividades que no tienen bajas emisiones de carbono», como parece sostener la República de Austria, sino a «actividades económicas para las que no existe una alternativa ni tecnológica ni económicamente viable de bajas emisiones de carbono», de forma que puede también interpretarse que comprende actividades con bajas emisiones en carbono. Así pues, la interpretación literal defendida por la República de Austria no queda corroborada por el tenor de esta disposición.

141

En segundo término, según la República de Austria, el artículo 10, apartado 2, letras a) a c), del Reglamento sobre la taxonomía confirma su interpretación en la medida en que establece que, para estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento, una actividad económica debe registrar unos niveles de emisiones de GEI que se corresponden con el mejor rendimiento en el sector o la industria. Esta disposición aplica así el criterio denominado del «primero de la clase», en el sentido de que permite que se califiquen como actividades que contribuyen a la mitigación del cambio climático actividades económicas que, en el estado actual de la técnica, son ciertamente intensivas en carbono, pero se corresponden, sin embargo, con el mejor rendimiento en el sector o la industria, en ausencia de una alternativa técnica y económica de bajas emisiones de carbono que sea viable.

142

Procede recordar que el artículo 10, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía se refiere a una actividad económica que «registre unos niveles de emisiones de [GEI] que se corresponden con el mejor rendimiento en el sector o la industria».

143

Sin embargo, el requisito establecido en el artículo 10, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía no presupone que la actividad económica en cuestión sea intensiva en carbono y no pueda ser cumplido por actividades de bajas emisiones de carbono.

144

En efecto, por definición, una actividad económica de bajas emisiones de carbono en un sector o una industria determinados puede presentar niveles de emisiones de GEI que correspondan al mejor rendimiento en ese sector o industria.

145

Lo mismo sucede con el requisito de que la actividad económica en cuestión «no obstaculice el desarrollo y la implantación de alternativas de bajas emisiones de carbono», previsto en el artículo 10, apartado 2, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía, y con el requisito de que la actividad correspondiente «no conlleve la retención de activos intensivos en carbono» teniendo en cuenta la vida económica de dichos activos, prevista en el artículo 10, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento.

146

En efecto, por una parte, la inversión en una actividad económica de bajas emisiones de carbono no obstaculiza el desarrollo y la implantación de alternativas de bajas emisiones de carbono, sino que, por el contrario, puede favorecer su desarrollo e implantación. Por otra parte, la inversión en tal actividad no conlleva la retención de activos intensivos en carbono, ya que se refiere a activos de bajas emisiones de carbono.

147

Por lo tanto, tanto las actividades económicas intensivas en carbono como las actividades de bajas emisiones de carbono pueden cumplir estos dos requisitos.

148

Así pues, de los requisitos establecidos en el artículo 10, apartado 2, letras a) a c), del Reglamento sobre la taxonomía no cabe deducir que esta disposición no sea aplicable a las actividades de bajas emisiones de carbono y que solo se refiera a las actividades intensivas en carbono.

149

En segundo lugar, la República de Austria se basa en la interpretación sistemática del Reglamento sobre la taxonomía. Considera que, dado que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear no figuran en la lista del artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento, no pueden considerarse actividades de bajas emisiones de carbono que deban incluirse en la taxonomía. Además, el artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento debe considerarse una excepción que ha de interpretarse de forma estricta en relación con el catálogo enunciado en el artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento y entenderse referida únicamente a las actividades intensivas en carbono.

150

No obstante, procede señalar que el hecho de que una determinada actividad no cumpla los requisitos del artículo 10, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía no puede impedir que dicha actividad cumpla los requisitos del artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento. Por el contrario, como indica la fórmula «a efectos del apartado 1», que figura al principio del apartado 2, este último establece precisamente requisitos alternativos a los del apartado 1 para las actividades que no cumplen los requisitos de dicho apartado.

151

Además, la República de Austria considera que el considerando 41 del Reglamento sobre la taxonomía confirma su interpretación al afirmar, en esencia, que los criterios técnicos de selección aplicables a las actividades económicas de transición deben garantizar que «tengan una trayectoria creíble hacia la neutralidad climática». Según la República de Austria, tal evolución solo es posible respecto de las actividades que no tienen ya bajas emisiones de carbono.

152

No obstante, el requisito de que los criterios técnicos de selección aplicables a las actividades económicas de transición deban garantizar que estas tienen una trayectoria creíble hacia la neutralidad climática también puede referirse a actividades de bajas emisiones de carbono al exigir que las actividades en cuestión tiendan a reducir las emisiones de GEI.

153

De ello se deduce que la interpretación sistemática defendida por la República de Austria no impide considerar la energía nuclear como una actividad de bajas emisiones de carbono comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía. Por lo demás, la disposición en cuestión tiene precisamente como objetivo tener en cuenta las actividades económicas que favorecen la transición hacia una economía climáticamente neutra, aun cuando no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento, siempre que se cumplan los requisitos específicos del artículo 10, apartado 2, del mismo Reglamento.

154

Además, del considerando 41 del Reglamento sobre la taxonomía se desprende que la finalidad del artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento es facilitar la transición hacia una economía climáticamente neutra, utilizando al mismo tiempo fuentes de energía sin efectos sobre el clima y otras actividades económicas de transición. Así pues, no puede considerarse que las energías sin efectos sobre el clima, que se supone que facilitan la transición hacia una economía climáticamente neutra, sean únicamente las contempladas en el artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento.

155

En tercer lugar, la República de Austria afirma, fundamentalmente, que de los trabajos preparatorios del Reglamento sobre la taxonomía se desprende que el legislador de la Unión decidió, al retirar la mención de las energías sin efectos sobre el clima del artículo 10, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento para limitar esta disposición a las energías renovables, que la energía nuclear no figurara en la taxonomía como uno de los modos de generación de energía que contribuyen de forma sustancial a mitigar el cambio climático.

156

A este respecto, debe señalarse, no obstante, que la falta de mención de las energías sin efectos sobre el clima en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía no demuestra que fuera intención del legislador de la Unión excluir las fuentes de energía sin efectos sobre el clima del Reglamento sobre la taxonomía, sino únicamente excluir ese tipo de actividades del ámbito de aplicación de dicha disposición, de modo que esta no prejuzgue la posibilidad de que tales actividades puedan estar comprendidas en el ámbito de aplicación del apartado 2 de dicho artículo.

157

Por lo demás, como subraya la Comisión, las actividades económicas para las que esta no puede establecer criterios técnicos de selección se mencionan expresamente en el artículo 19, apartado 3, del Reglamento sobre la taxonomía. Pues bien, si el legislador de la Unión hubiera querido excluir las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear del ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, habría mencionado dichas actividades en el artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento. A contrario, la falta de referencia a las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear en dicha disposición tiende a demostrar que la intención del legislador no era excluir dichas actividades de la categoría de las actividades medioambientalmente sostenibles.

158

En cuarto lugar, la República de Austria se basa en la interpretación teleológica del artículo 10, apartados 1 y 2, del Reglamento sobre la taxonomía. Alega que el artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento tiene por objeto reorientar los flujos de financiación a las actividades económicas con las emisiones de carbono más bajas posible, en ausencia total de alternativas de nulas o bajas emisiones de carbono viables desde el punto de vista tecnológico y económico, promoviendo así las tecnologías intensivas en carbono «primeras de la clase». Dado que la energía nuclear, de bajas emisiones de carbono, no constituye tal actividad, considerarla una actividad de transición en el sentido del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía privaría de efecto útil a las disposiciones de dicho Reglamento destinadas a promover las tecnologías intensivas en carbono.

159

Sin embargo, contrariamente a lo que alega la República de Austria, de una interpretación teleológica y sistemática del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, en relación con el apartado 1 de ese artículo y con los considerandos 24 y 41 de dicho Reglamento, se desprende que las actividades denominadas «de transición», en el sentido del artículo 19, apartado 1, letra h), inciso ii), de dicho Reglamento, se refieren a actividades que, sin cumplir los criterios del artículo 10, apartado 1, del citado Reglamento, evitan o reducen, no obstante, las emisiones de GEI y, por tanto, persiguen de forma transitoria el objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático. Así pues, habida cuenta de este objetivo, las actividades de transición pueden incluir actividades que no tengan bajas emisiones de carbono y respecto de las que no existan alternativas de bajas emisiones de carbono viables desde el punto de vista tecnológico y económico, pero también, y a fortiori, actividades de bajas emisiones de carbono que no cumplan los requisitos de aplicación del artículo 10, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía. Interpretar el artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento en el sentido de que solo puede referirse a actividades intensivas en carbono sería contrario a dicho objetivo del citado Reglamento.

160

De ello se desprende que la interpretación teleológica del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía confirma que esta disposición puede aplicarse a las actividades de bajas emisiones de carbono, como las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear.

161

En quinto lugar, según la República de Austria, al hacer referencia en el Reglamento impugnado a la falta de disponibilidad «a una escala suficiente» de soluciones alternativas a la energía nuclear de bajas emisiones de carbono «para satisfacer la demanda de energía de manera continua y fiable», la Comisión amplió el ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, ya que dicho Reglamento no tiene como objetivo la seguridad del abastecimiento energético, sino la calificación de las actividades económicas como medioambientalmente sostenibles a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión.

162

A este respecto, procede señalar que del considerando 6 del Reglamento impugnado resulta que las actividades vinculadas a la energía nuclear son actividades de bajas emisiones de carbono, pero que no constituyen energía procedente de fuentes renovables en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía, y no entran en las demás categorías de actividades económicas enumeradas en las letras b) a i) del artículo 10, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía.

163

La Comisión también estimó, en el considerando 6 del Reglamento impugnado, que, en la medida en que la generación de energía nuclear tiene prácticamente cero emisiones de GEI y dada la ausencia de alternativas de bajas emisiones de carbono viables desde el punto de vista tecnológico y económico a una escala suficiente para satisfacer la demanda de energía de manera continua y fiable, las actividades económicas relacionadas con la energía nuclear contribuyen a alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático y deben calificarse como actividades «de transición» contempladas el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía.

164

Pues bien, es preciso recordar, en primer término, que el artículo 194 TFUE, apartado 1, establece que, en el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y atendiendo a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, la política energética de la Unión tendrá por objetivo, con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, garantizar el funcionamiento del mercado de la energía, garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energías nuevas y renovables, y fomentar la interconexión de las redes energéticas.

165

Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que el principio de solidaridad energética, contemplado en el artículo 194 TFUE, debe ser tenido en cuenta por las instituciones de la Unión y por los Estados miembros en lo que respecta a la creación y al funcionamiento del mercado interior, en particular velando por garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión, lo que implica no solo hacer frente a situaciones de emergencia cuando se producen, sino también adoptar medidas destinadas a prevenir las situaciones de crisis (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Alemania/Polonia, C‑848/19 P, EU:C:2021:598, apartado 69).

166

De ello resulta que, cuando la Comisión adopta las medidas destinadas a crear o a garantizar el funcionamiento del mercado interior, como el Reglamento impugnado, que aplica el Reglamento sobre la taxonomía cuya base jurídica es el artículo 114 TFUE, debe velar por garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión.

167

En segundo término, el Reglamento sobre la taxonomía tiene por objeto promover la transición hacia una economía segura, sin efectos sobre el clima y resiliente al cambio climático, más eficiente en el uso de los recursos y circular, como se desprende, en particular, del considerando 4 de dicho Reglamento.

168

Pues bien, este objetivo se vería comprometido si la utilización de fuentes de energía que se considera que contribuyen de manera sustancial a la mitigación del cambio climático no permitiera un abastecimiento de energía suficiente para cubrir la demanda de energía.

169

En tercer término, procede recordar que el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía se refiere a la inexistencia de una alternativa «tecnológica [y] económicamente viable» de bajas emisiones de carbono. Pues bien, al supeditar la existencia de alternativas al hecho de que sean tecnológica y económicamente viables, el legislador de la Unión ha hecho énfasis en la viabilidad y la disponibilidad de estas alternativas, lo cual es acorde con el imperativo de seguridad del suministro y la satisfacción de las necesidades energéticas de la Unión. Así pues, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que se refiere a actividades de transición para las que no existen alternativas realistas y viables que permitan a la Unión seguir cubriendo sus necesidades energéticas.

170

Habida cuenta de lo anterior, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que la Comisión haya infringido el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía al aplicar esta disposición a las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear.

171

Por lo tanto, la primera parte del segundo motivo es infundada.

–

Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada, con carácter subsidiario, en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía

172

La República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, alega, fundamentalmente, que el Reglamento impugnado se adoptó infringiendo el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, ya que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear no cumplían los requisitos establecidos en dicha disposición.

173

La Comisión, apoyada por la República de Bulgaria, la República Checa, la República Francesa, Hungría, Rumanía, la República Eslovaca y la República de Finlandia, rebate esta argumentación.

174

En primer lugar, la República de Austria afirma que la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía es contraria al requisito de que no debe existir una alternativa ni tecnológica ni económicamente viable de bajas emisiones de carbono, puesto que ya existen tales alternativas a la energía nuclear en forma de energías renovables que son preferibles a la energía nuclear.

175

La República de Austria sostiene asimismo que la Comisión infringió el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía al considerar que las alternativas a la energía nuclear de bajas emisiones de carbono aún no están suficientemente disponibles, ya que esta disposición no se limita a las alternativas suficientemente disponibles.

176

En apoyo de esta alegación, la República de Austria se basa en la respuesta de la Plataforma en la que declara la «evidente existencia» de otros modos de generación de energía disponibles y viables, así como en el hecho de que la mayoría de los Estados miembros no utilicen la energía nuclear demuestra que existen alternativas de bajas emisiones de carbono, como declaró la Bundesamt für Sicherheit in der nuklearen Entsorgung (Oficina Federal de Seguridad de la Eliminación de los Residuos Nucleares, Alemania; en lo sucesivo, «BASE») en su dictamen técnico, en el que considera, a juicio de la República de Austria, que las energías renovables están disponibles desde el punto de vista tecnológico y son más ventajosas desde el punto de vista económico.

177

A este respecto, procede recordar que, como se desprende de los anteriores apartados 164 a 169, el requisito de que no exista una alternativa ni tecnológica ni económicamente viable de bajas emisiones de carbono debe apreciarse teniendo en cuenta el imperativo de seguridad del suministro.

178

Además, las afirmaciones generales de la Plataforma y de la BASE a las que se remite la República de Austria no bastan para privar de verosimilitud la afirmación de la Comisión según la cual, durante un período transitorio, deberían tenerse en cuenta las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear en ausencia de alternativas tecnológica y económicamente viables de bajas emisiones de carbono a una escala suficiente para satisfacer la demanda de energía de manera continua y fiable (véase el considerando 6 del Reglamento impugnado). En efecto, la República de Austria no demuestra que las alternativas consistentes en el uso de energías renovables sean tecnológica y económicamente viables y, en particular, que sea posible cubrir la demanda de energía únicamente con fuentes de energía renovables.

179

Por lo tanto, esta alegación de la República de Austria no permite demostrar que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación al llegar a tal conclusión.

180

En segundo lugar, la República de Austria considera que el Reglamento impugnado no cumple los requisitos del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, ya que esta disposición presupone que solo puede considerarse que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático si apoya la transición hacia una economía climáticamente neutra coherente con un plan para limitar el aumento de la temperatura a 1,5o°C respecto de los niveles preindustriales, de conformidad con los objetivos del Acuerdo de París (DO 2016, L 282, p. 4).

181

Según la República de Austria, el Reglamento impugnado no tiene en cuenta los objetivos climáticos del Acuerdo de París, ya que los criterios técnicos de selección consideran que las actividades desarrolladas en el sector de la energía nuclear contribuyen de forma sustancial a la mitigación del cambio climático, siendo así que solo pueden dar lugar a una reducción de las emisiones de GEI en un futuro lejano y no pueden contribuir al objetivo de neutralidad climática de aquí a 2030 o 2050. En particular, dichos criterios permiten a las nuevas centrales que hayan obtenido una licencia de construcción hasta 2045 y a las centrales existentes que hayan sido modificadas hasta 2040 alinearse con la taxonomía, aunque sea demasiado tarde para contribuir al objetivo de neutralidad climática.

182

Procede comenzar recordando que, según el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, «se considerará que una actividad económica […] contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático cuando apoye la transición hacia una economía climáticamente neutra coherente con un plan para limitar el aumento de la temperatura a 1,5o°C respecto de los niveles preindustriales […]».

183

El artículo 2, punto 5, del Reglamento sobre la taxonomía define la «mitigación del cambio climático» como el proceso consistente en «mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2o°C y de continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5o°C respecto de los niveles preindustriales, con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo de París».

184

El considerando 3 del Reglamento sobre la taxonomía, al referirse también al Acuerdo de París, señala que dicho Reglamento «constituye un paso clave hacia el objetivo de lograr una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050».

185

Así pues, el Reglamento sobre la taxonomía tiene precisamente por objeto, como indican su considerando 3 y su artículo 10, apartado 2, garantizar la consecución de los objetivos del Acuerdo de París que se incorporan en sus disposiciones.

186

Además, en su artículo 1, párrafo segundo, la legislación europea sobre el clima establece un «objetivo vinculante de neutralidad climática en la Unión de aquí a 2050, con el fin de alcanzar el objetivo a largo plazo referente a la temperatura establecido en el artículo 2, apartado 1, letra a), del Acuerdo de París», al que se hace referencia en el considerando 6 del Reglamento impugnado.

187

Por otra parte, el Acuerdo de París vincula a la Unión, ya que fue aprobado, en nombre de la Unión, mediante la Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (DO 2016, L 282, p. 1). Por lo tanto, este Acuerdo prima sobre los actos del Derecho derivado de la Unión y estos deben interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con sus disposiciones. De ello se deriva que el Reglamento sobre la taxonomía debe interpretase, en la medida de lo posible, de conformidad con el Acuerdo de París (véanse, por analogía, las sentencias de 27 de febrero de 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2024:172, apartado 70 y jurisprudencia citada, y de 17 de octubre de 2024, PT Pelita Agung Agrindustri y PT Permata Hijau Palm Oleo/Comisión, C‑112/23 P, EU:C:2024:899, apartado 38).

188

A este respecto, debe recordarse que, según el artículo 31, apartado 3, letras a) y b), Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, en la interpretación de un tratado habrá de tenerse en cuenta, además de su contexto, todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o la aplicación de sus disposiciones y toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de subrayar que no está prohibido ni es inhabitual en el Derecho internacional prever la posibilidad de que las partes de un acuerdo internacional precisen la interpretación de este a medida que evoluciona su voluntad común sobre el alcance de ese acuerdo. Tales precisiones pueden ser aportadas por las propias partes o por un órgano creado por las partes y dotado por estas de un poder de decisión que las vincule. En este caso, tales actos interpretativos tendrán los efectos jurídicos que se derivan del artículo 31, apartado 3, letra a), del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados [sentencia de 21 de diciembre de 2023, Scuola europea di Varese, C‑431/22, EU:C:2023:1021, apartado 76; véase igualmente, en este sentido, el dictamen 1/17 (Acuerdo CETA UE-Canadá), de 30 de abril de 2019, EU:C:2019:341, apartados 233 y 234].

189

Por lo que respecta al Acuerdo de París, en la 28.a conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), en el punto II, apartado 28, letra e), de su Decisión 1/CMA.5, resultado del primer balance mundial, las partes del Acuerdo de París destacaron «la necesidad de que se reduzcan de forma acusada, rápida y sostenida las emisiones de [GEI] de conformidad con las trayectorias que limitan el calentamiento a 1,5o C» y se comprometieron a «contribu[ir] a los […] esfuerzos mundiales», como el de «acelerar el despliegue de tecnologías de emisión cero o de bajas emisiones de carbono, incluidas, entre otras, […] la energía nuclear».

190

Por lo tanto, una interpretación del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía conforme al Acuerdo de París, tal como lo interpretaron las partes de dicho Acuerdo en la COP28 de conformidad con el artículo 31, apartado 3, letras a) y b), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tiende a confirmar que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear pueden constituir actividades que contribuyen de forma sustancial a mitigar el cambio climático al apoyar la transición hacia una economía climáticamente neutra coherente con un plan para limitar el aumento de la temperatura a 1,5o C respecto de los niveles preindustriales.

191

Debe precisarse que, en la vista, en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal, las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre las conclusiones que podían extraerse de tal interpretación conforme con el Acuerdo de París.

192

Además, debe señalarse que del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, cuya legalidad no se discute, se desprende que estos objetivos climáticos se cumplen cuando la actividad económica en cuestión apoya la transición hacia una economía climáticamente neutra a través, en particular, de la eliminación de las emisiones de GEI. Asimismo, debe recordarse que la Comisión indicó, en el considerando 6 del Reglamento impugnado, sobre la base de los dictámenes recabados durante el procedimiento de adopción de dicho Reglamento, que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear son actividades de bajas emisiones de carbono, que la generación de energía nuclear tiene prácticamente cero emisiones de [GEI] y que los datos sobre la contribución sustancial potencial de la energía nuclear a los objetivos de mitigación del cambio climático son abundantes y claros.

193

Por último, la República de Austria no aporta prueba alguna en apoyo de sus afirmaciones de que la construcción y la explotación de nuevas centrales nucleares sobre la base de licencias de construcción concedidas entre 2023 y 2045 no pueden contribuir al objetivo de neutralidad en carbono en 2050, sino únicamente en un futuro lejano. En efecto, ese Estado miembro se limita a citar la afirmación de la Plataforma según la cual las nuevas centrales nucleares que obtengan una licencia de construcción de aquí a 2045 podrán alinearse con la taxonomía, aunque estén operativas demasiado tarde para contribuir a mitigar el cambio climático.

194

Sin embargo, la energía nuclear presenta valores de emisión de GEI muy bajos, por lo que puede contribuir de forma sustancial a la mitigación del cambio climático al limitar el uso de fuentes de energía intensivas en carbono.

195

Por lo demás, la alegación de que estas actividades solo podrían dar lugar a una reducción de las emisiones de GEI en un futuro lejano y no de aquí a 2050, aun suponiéndola acreditada, no demuestra que el Reglamento impugnado adolezca de un error manifiesto de apreciación, puesto que la supuesta falta de eficacia de un acto no puede dar lugar a su ilegalidad (véase, en este sentido y por analogía, sentencia de 12 de julio de 2001, Jippes y otros, C‑189/01, EU:C:2001:420, apartado 84 y jurisprudencia citada).

196

La República de Austria añade que el Reglamento impugnado infringe el artículo 1, apartado 2, y el considerando 16 de Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (DO 2022, L 114, p. 22), en virtud de los cuales la Unión debe esforzarse por llevar a cabo una transición ecológica y basar su economía en las energías renovables, dado que la promoción a largo plazo de las instalaciones de energía nuclear, resultante del Reglamento impugnado, es diametralmente opuesta a este objetivo.

197

A este respecto, basta con señalar que la energía nuclear es una actividad de transición en el sentido del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía.

198

Por consiguiente, los criterios técnicos de selección establecidos de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía complementan las acciones de la Unión para promover las energías renovables.

199

Por lo tanto, no puede considerarse que el Reglamento impugnado sea contrario a la Decisión 2022/591, sin que sea necesario analizar el alcance de las disposiciones de dicha Decisión.

200

En consecuencia, deben desestimarse las alegaciones de la República de Austria relativas al hecho de que no se apoya la transición hacia una economía climáticamente neutra coherente con un plan para limitar el aumento de la temperatura a 1,5o°C.

201

En tercer lugar, la República de Austria afirma, fundamentalmente, que la inclusión de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear en la taxonomía es contraria al artículo 10, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía en la medida en que la energía nuclear no presenta niveles de emisiones de GEI que se corresponden con el mejor rendimiento en el sector o la industria en el sentido de esa disposición, esto es, en el sector de la generación de energía, en particular en comparación con la energía hidráulica y la energía eólica.

202

A este respecto, procede señalar que la República de Austria interpreta erróneamente el Reglamento sobre la taxonomía, ya que el requisito según el cual una actividad debe presentar niveles de emisiones de GEI que se corresponden con el mejor rendimiento en el sector o la industria no puede interpretarse en el sentido de que deba tratarse de la actividad de más bajas emisiones del sector o de la industria de que se trate.

203

En efecto, del considerando 41 del Reglamento sobre la taxonomía se desprende que debe considerarse que las actividades económicas de transición contribuyen de manera sustancial a la mitigación del cambio climático, en particular si sus emisiones de GEI son muy inferiores a las de la media del sector o la industria.

204

Por consiguiente, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación al considerar que cabía considerar que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear se correspondían, en determinadas condiciones, con el mejor rendimiento en el sector o la industria en el sentido del artículo 10, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía.

205

En cuarto lugar, la República de Austria alega, fundamentalmente, que el Reglamento impugnado es incompatible con el artículo 10, apartado 2, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía, ya que las inversiones en energía nuclear obstaculizan el desarrollo de alternativas de bajas emisiones de carbono.

206

La República de Austria sostiene, en esencia, que numerosos estudios demuestran que la energía nuclear y las fuentes de energía renovables no son complementarias, sino que ejercen una influencia negativa entre sí, y que el Reglamento impugnado desvía así recursos financieros de la instalación a corto plazo de energías renovables.

207

A este respecto, procede recordar que, en el considerando 6 del Reglamento impugnado, la Comisión consideró que, al proporcionar un suministro estable de energía de base, la energía nuclear facilita la implantación de las fuentes renovables intermitentes y no obstaculiza su desarrollo.

208

Asimismo, procede señalar que el Reglamento Delegado 2021/2139 establece criterios técnicos de selección que abarcan varios sectores y actividades económicas que pueden contribuir a los objetivos de mitigación del cambio climático y de adaptación a este, incluidas las actividades relacionadas con las energías renovables.

209

Por consiguiente, no cabe entender que el Reglamento impugnado, que no puede considerarse de forma aislada respecto de los demás reglamentos delegados adoptados sobre la base del Reglamento sobre la taxonomía, establezca una prioridad en favor de las inversiones en actividades económicas vinculadas a la energía nuclear respecto de las inversiones relacionadas con las energías renovables.

210

Esta interpretación del Reglamento impugnado es conforme con el artículo 194 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, según el cual los Estados miembros tendrán derecho a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2020, Austria/Comisión, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, apartados 48 y 80).

211

Además, mediante su argumentación, la República de Austria sostiene, en esencia, que la energía nuclear carece de flexibilidad, de modo que el aumento de la cuota de energías renovables amenaza el modelo económico de las centrales nucleares al reducir su duración de utilización. Ahora bien, es preciso señalar que se trata de una afirmación general cuya pertinencia puede variar en función, por una parte, de la elección de cada Estado miembro, recordada en el apartado 210 anterior, y, por otra parte, de la posibilidad de que las centrales nucleares adapten su funcionamiento para responder a la evolución de la oferta y la demanda, como alegaron la Comisión y la República Francesa.

212

En cualquier caso, la Comisión también ha presentado un estudio que pone en duda las conclusiones de los estudios aportados por la República de Austria. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, debe concederse a la Comisión un amplio margen de apreciación en lo que respecta a la evaluación de los estudios científicos y a la elección de los estudios que deben prevalecer sobre los demás, independientemente de su cronología (sentencias de 24 de octubre de 2018, Deza/Comisión, T‑400/17, no publicada, EU:T:2018:712, apartado 95, y de 5 de julio de 2023, TIB Chemicals/Comisión, T‑639/20, no publicada, EU:T:2023:374, apartado 34).

213

Por consiguiente, las pruebas aportadas por la República de Austria no son suficientes para que resulte inverosímil la apreciación de la Comisión según la cual las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear facilitan la implantación de las fuentes renovables intermitentes y no obstaculizan su desarrollo.

214

Por lo tanto, esas pruebas no demuestran que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación al considerar que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear facilitan la implantación de las fuentes renovables intermitentes y no obstaculizan su desarrollo.

215

La República de Austria reprocha asimismo a la Comisión no haber efectuado un examen a este respecto, de modo que el Reglamento impugnado adolece de insuficiencia de motivación.

216

A este respecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la motivación exigida por el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia de 8 de mayo de 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, apartados 85 y 87 y jurisprudencia citada).

217

Pues bien, como se desprende del considerando 6 del Reglamento impugnado, la Comisión motivó de modo suficiente en Derecho su apreciación de que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear facilitan la implantación de las fuentes renovables intermitentes y no obstaculizan su desarrollo. En efecto, de dicho considerando se desprende que, al proporcionar un suministro estable de energía de base, la energía nuclear facilita la implantación de las fuentes renovables intermitentes y, por lo tanto, no obstaculiza su desarrollo.

218

Tampoco cabe reprochar a la Comisión no haber efectuado un examen a este respecto, ya que la apreciación mencionada en el considerando 6 del Reglamento impugnado demuestra que sí examinó esta cuestión.

219

En quinto lugar, la República de Austria sostiene que la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía incumple la prohibición de los efectos de retención establecida en el artículo 10, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre la taxonomía. Dado que la energía nuclear provoca importantes efectos de retención, habida cuenta de sus elevados costes de inversión, de la amplitud de los plazos de construcción y de la duración de funcionamiento de las centrales, la energía nuclear tiene un efecto negativo sobre el desarrollo de energías renovables más ventajosas y aumenta la probabilidad de que se utilicen tecnologías intensivas en carbono hasta la entrada en funcionamiento de nuevas centrales nucleares.

220

En apoyo de esta alegación, la República de Austria se basa en la respuesta de la Plataforma, en la que esta indica, por una parte, que la retención de activos en las actividades intensivas en carbono podría producirse (may occur) si las reducciones de GEI esperadas fueran demasiado lentas o se produjeran demasiado tarde y, por otra parte, que existe un riesgo de retención debido a los plazos necesarios para construir centrales nucleares y al tiempo durante el que permanecen operativas.

221

Procede recordar que el artículo 10, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre la taxonomía exige que la actividad económica no conlleve la retención de activos intensivos en carbono teniendo en cuenta la vida económica de dichos activos.

222

De ello se desprende que el artículo 10, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre la taxonomía pretende evitar la retención, es decir, la perpetuación de los activos intensivos en carbono, y tiene por objeto, según reza el considerando 41 de dicho Reglamento, que las actividades económicas no conlleven la retención de activos incompatibles con el objetivo de neutralidad climática.

223

Sin embargo, la República de Austria no explica por qué los activos de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear tienen muy elevadas emisiones de GEI, de modo que su alegación carece de respaldo.

224

Además, las afirmaciones contenidas en la respuesta de la Plataforma puestas de relieve por la República de Austria tienen una formulación condicional o no tienen sustento, de modo que no bastan para que la apreciación realizada por la Comisión resulte inverosímil.

225

Por lo tanto, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación al considerar que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear cumplían el requisito establecido en el artículo 10, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre la taxonomía.

226

La República de Austria reprocha asimismo a la Comisión, fundamentalmente, no haber efectuado un examen de los efectos de retención de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear, que, a su juicio, son considerables y perjudiciales para el desarrollo de las energías renovables, al tiempo que hacen necesaria la generación de energía a partir del carbón y del gas, de modo que el Reglamento impugnado adolece de insuficiencia de motivación.

227

Sin embargo, dado que no existe riesgo de efecto de retención de activos intensivos en carbono en el caso de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear, las cuales no implican el recurso a activos intensivos en carbono, no cabe reprochar a la Comisión no haber examinado los efectos de retención de dichos activos o haber incumplido su obligación de motivación a este respecto.

228

En sexto lugar, la República de Austria alega que las infracciones del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía implican también la infracción del artículo 19, apartado 1, letra g), de dicho Reglamento, que establece la obligación de tener en cuenta el ciclo de vida, incluidas las pruebas extraídas de las evaluaciones del ciclo de vida de las que se disponga. Sostiene en este sentido que la Comisión no tuvo en cuenta los largos períodos de planificación, autorización y explotación de las centrales nucleares ni, por consiguiente, el ciclo de vida completo, habida cuenta, en particular, del obstáculo a las alternativas de bajas emisiones de carbono y de los efectos de retención.

229

Sin embargo, basta señalar que, en el marco de la presente imputación, la República de Austria se limita a remitirse a las alegaciones basadas en infracciones del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía. En estas circunstancias, y al haber sido desestimadas estas alegaciones, también debe desestimarse la alegación de que las infracciones de esta disposición implican también la infracción del artículo 19, apartado 1, letra g), de dicho Reglamento.

230

Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que la República de Austria no ha demostrado que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación al considerar que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear cumplían los requisitos establecidos en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía.

231

Por consiguiente, la segunda parte del segundo motivo es infundada.

–

Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada, con carácter subsidiario, en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía y en la vulneración del principio de cautela

232

La República de Austria sostiene, fundamentalmente, que los criterios técnicos de selección establecidos en el Reglamento impugnado infringen el artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía, ya que no se basan en pruebas científicas concluyentes ni se atienen el principio de cautela y no permiten comprobar si las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear cumplen los requisitos del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía.

233

La Comisión, apoyada por la República de Bulgaria, la República Checa, Hungría, Rumanía y la República de Finlandia, rebate esta alegación.

234

Debe recordarse que, con arreglo al artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía, los criterios técnicos de selección establecidos de conformidad con el artículo 10, apartado 3, de ese Reglamento deben basarse en pruebas científicas concluyentes y en el principio de cautela consagrado en el artículo 191 TFUE.

235

En el presente asunto, en primer término, del considerando 6 del Reglamento impugnado se desprende que la Comisión se basó en la evaluación científica del TEG y en la evaluación científica contenida en el informe del JRC. Además, como se ha recordado en el anterior apartado 48, también se basó en los informes del grupo de expertos contemplado en el artículo 31 del Tratado Euratom y del CCRSAE. Asimismo, en el anexo técnico de su informe final de 9 de marzo de 2020, el TEG consideró que «los datos sobre la contribución potencial sustancial de la energía nuclear a la mitigación del cambio climático [eran] abundantes e inequívocos» basándose en diferentes estudios científicos.

236

En apoyo de su alegación, la República de Austria se limita a citar tres estudios en relación con la circunstancia de que la energía nuclear y las fuentes de energía renovables ejercen una influencia negativa entre sí y no son complementarias, sin explicar por qué los criterios técnicos de selección definidos para las actividades vinculadas a la energía nuclear conllevan una retención de activos intensivos en carbono.

237

En estas circunstancias, y habida cuenta del amplio margen de apreciación reconocido a la Comisión en la elección y la evaluación de los estudios científicos, recordada en el anterior apartado 212, la República de Austria no demuestra de modo suficiente en Derecho que la Comisión haya incumplido su obligación de basarse en pruebas científicas concluyentes.

238

En cualquier caso, en atención a dicho amplio margen de apreciación, el mero hecho de que un análisis de la Comisión sea objeto de controversia en la literatura científica no basta para cuestionar dicho análisis.

239

En segundo término, contrariamente a lo que sostiene la República de Austria, tampoco puede considerarse que el Reglamento impugnado adolezca de «lagunas en el análisis y en la motivación» en cuanto a la cuestión de si los tres sectores económicos pertinentes vinculados a la energía nuclear cumplen los requisitos del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía.

240

A este respecto, debe recordarse que la obligación de motivar las decisiones constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues esta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo (véase la sentencia de 18 de abril de 2024, Dumitrescu y otros/Comisión y Tribunal de Justicia, C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, apartado 46 y jurisprudencia citada). Pues bien, es preciso señalar que, mediante su alegación relativa a las «lagunas en el análisis y en la motivación», la República de Austria cuestiona esencialmente la motivación del Reglamento impugnado y no la fundamentación de este, como ocurre también con las demás alegaciones formuladas en apoyo del recurso en relación con tales lagunas.

241

Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 216, procede señalar que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía está suficientemente motivado con arreglo a Derecho en el considerando 6 del Reglamento impugnado, así como en la exposición de motivos del Reglamento Delegado 2021/2139, que hacen referencia a los informes de los expertos consultados por la Comisión.

242

En tercer término, dado que la República de Austria no fundamenta la imputación basada en la vulneración del principio de cautela mediante alegaciones específicas en el marco de la presente parte del segundo motivo, y se limita a mencionar dicho principio, procede considerar que esta imputación es inadmisible con arreglo al artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2019, ADDE/Parlamento, T‑48/17, EU:T:2019:780, apartado 22 y jurisprudencia citada).

243

Habida cuenta de lo anterior, se desestima la tercera parte del segundo motivo y, en consecuencia, el segundo motivo en su totalidad.

Motivos tercero y cuarto, basados en la infracción de los artículos 17 y 19, apartado 1, letras f) y g), del Reglamento sobre la taxonomía y en la vulneración del principio de cautela

244

En apoyo de los motivos tercero y cuarto, la República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, afirma, en esencia, que, al incluir las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear en las actividades de transición y al establecer los criterios técnicos de selección para dichas actividades, el Reglamento impugnado no tuvo en cuenta ni el criterio DNSH, esto es, el criterio según el cual la actividad económica de que se trate no debe causar un perjuicio significativo a ninguno de los objetivos medioambientales perseguidos por el Reglamento sobre la taxonomía, previsto en los artículos 17 y 19, apartado 1, letras f) y g), de dicho Reglamento, ni el principio de cautela.

245

El artículo 17, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía tiene la siguiente redacción:

246

Por su parte, el artículo 19, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía establece que los criterios técnicos de selección establecidos en virtud, en particular, del artículo 10, apartado 3, y del artículo 11, apartado 3, de dicho Reglamento deberán:

247

Con carácter preliminar, debe recordarse que el principio de cautela constituye un principio general del Derecho de la Unión derivado del artículo 11 TFUE, del artículo 168 TFUE, apartado 1, del artículo 169 TFUE, apartados 1 y 2, y del artículo 191 TFUE, apartados 1 y 2, que impone a las autoridades competentes la obligación de adoptar, en el marco preciso del ejercicio de las competencias que les atribuye la normativa pertinente, las medidas apropiadas con vistas a prevenir ciertos riesgos potenciales para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, otorgando a las exigencias ligadas a la protección de estos intereses primacía sobre los intereses económicos (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2018, BASF Agro y otros/Comisión, T‑584/13, EU:T:2018:279, apartado 58 y jurisprudencia citada).

248

El principio de cautela permite que, mientras no se despeje la incertidumbre científica sobre la existencia o el alcance de ciertos riesgos para la salud humana o el medio ambiente, las instituciones adopten medidas de protección sin necesidad de esperar a que la realidad y la gravedad de esos riesgos queden plenamente demostradas o a que se manifiesten los efectos perjudiciales para la salud (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2018, BASF Agro y otros/Comisión, T‑584/13, EU:T:2018:279, apartado 59 y jurisprudencia citada).

249

La aplicación del principio de cautela no se limita a los supuestos en que la existencia de un riesgo sea incierta, sino que también puede aplicarse cuando la existencia de un riesgo esté probada, cuando la Comisión deba valorar si ese riesgo es o no aceptable, o cuando deba valorar la manera en que debe hacérsele frente en la gestión del riesgo (sentencia de 17 de mayo de 2018, Bayer CropScience y otros/Comisión, T‑429/13 y T‑451/13, EU:T:2018:280, apartado 340).

250

En el proceso que desemboca en la adopción por parte de una institución, en virtud del principio de cautela, de medidas adecuadas para prevenir riesgos potenciales para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, pueden distinguirse tres fases sucesivas: en primer lugar, la identificación de los efectos potencialmente negativos derivados de un fenómeno; en segundo lugar, la evaluación de los riesgos para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente que conlleva ese fenómeno y, en tercer lugar, cuando los riesgos potenciales identificados rebasen el límite de lo que resulta aceptable para la sociedad, la gestión del riesgo mediante la adopción de medidas de protección adecuadas (sentencias de 17 de mayo de 2018, BASF Agro y otros/Comisión, T‑584/13, EU:T:2018:279, apartado 60, y de 21 de febrero de 2024, PAN Europe/Comisión, T‑536/22, recurrida en casación, EU:T:2024:98, apartado 74).

251

La evaluación de los riesgos para la salud pública, la seguridad y el medio ambiente por parte de la institución que debe hacer frente a los efectos potencialmente negativos de un fenómeno consiste en valorarlos de manera científica y en determinar si sobrepasan el nivel de riesgo que se considera aceptable para la sociedad. Así pues, para que las instituciones puedan realizar una evaluación de los riesgos, es preciso, por una parte, que dispongan de una evaluación científica de los riesgos y, por otro, que determinen el nivel de riesgo que se considera inaceptable para la sociedad (véase la sentencia de 17 de mayo de 2018, BASF Agro y otros/Comisión, T‑584/13, EU:T:2018:279, apartado 61 y jurisprudencia citada).

252

Al tratarse de un procedimiento científico, la institución debe encomendar a especialistas científicos la evaluación científica de los riesgos (véase la sentencia de 17 de mayo de 2018, BASF Agro y otros/Comisión, T‑584/13, EU:T:2018:279, apartado 64 y jurisprudencia citada).

253

La determinación del nivel de riesgo que se considera inaceptable para una sociedad corresponde, dentro del respeto de las normas aplicables, a las instituciones que deben tomar la decisión política de fijar un nivel de protección apropiado para esa sociedad (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2018, BASF Agro y otros/Comisión, T‑584/13, EU:T:2018:279, apartado 71 y jurisprudencia citada).

254

Al determinar el nivel de riesgo que se considera inaceptable para la sociedad, las instituciones deben respetar su obligación de garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública, de la seguridad y del medio ambiente. No es preciso que este elevado nivel de protección sea necesariamente el más elevado posible desde un punto de vista técnico. Por otra parte, dichas instituciones no pueden adoptar una concepción puramente hipotética del riesgo y fijar como objetivo para sus decisiones el riesgo cero (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2018, BASF Agro y otros/Comisión, T‑584/13, EU:T:2018:279, apartado 72 y jurisprudencia citada).

255

Por lo que se refiere al control judicial de la observancia de esos principios, el Tribunal de Justicia ha declarado que debe reconocerse a la Comisión amplias facultades de apreciación cuando adopta medidas de gestión de riesgos. En efecto, la intervención en este ámbito implica tomar, en particular, decisiones de naturaleza política y realizar apreciaciones complejas. Solo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito puede afectar a la legalidad de tal medida (sentencia de 9 de junio de 2016, Pesce y otros, C‑78/16 y C‑79/16, EU:C:2016:428, apartado 49).

256

Así pues, de la jurisprudencia se desprende que el principio de cautela está destinado a aplicarse cuando subsisten dudas científicas sobre la existencia o el alcance de riesgos para la salud humana o el medio ambiente con el fin de permitir a las instituciones adoptar medidas de protección sin necesidad de esperar a que la realidad y la gravedad de esos riesgos queden plenamente demostradas o a que se manifiesten los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

257

También se desprende de la jurisprudencia que la aplicación del principio de cautela supone una evaluación científica de los riesgos, la determinación de un nivel de riesgo considerado aceptable y la adopción, en su caso, de medidas de protección adecuadas.

258

Procede responder a las alegaciones de la República de Austria a la luz de estas consideraciones.

–

Sobre la primera parte del tercer motivo, la primera parte del cuarto motivo y la quinta imputación de la tercera parte del tercer motivo, basadas en la inobservancia del nivel de protección

259

La República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, alega, fundamentalmente, que el objetivo de sostenibilidad medioambiental perseguido por el Reglamento sobre la taxonomía y el principio de cautela abogan por fijar un nivel de riesgo aceptable más bajo con arreglo al artículo 17 de dicho Reglamento y, por tanto, en favor de un nivel de protección más elevado respecto del establecido por las disposiciones de la legislación nuclear tradicional. La República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, deduce de ello que los criterios técnicos de selección no son suficientes, ya que estos criterios se refieren en la mayoría de los casos a las normativas adoptadas en virtud del Tratado Euratom o a los actos jurídicos de aplicación general de la Unión.

260

La Comisión, apoyada por la República de Bulgaria, la República Checa, la República Francesa, Hungría, la República de Polonia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, rebate esta argumentación.

261

Es preciso recordar que, al definir los criterios técnicos de selección, en particular los que guardan relación con el criterio DNSH, la Comisión debe tener en cuenta el principio de cautela con arreglo al artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía.

262

Sin embargo, el principio de cautela, como tal, no define un nivel de protección específico, sino que constituye un método que permite a las instituciones competentes adoptar medidas de protección, a pesar de que existan dudas científicas en cuanto a la realidad o la gravedad de un riesgo (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2018, BASF Agro y otros/Comisión, T‑584/13, EU:T:2018:279, apartado 59 y jurisprudencia citada).

263

Además, por lo que respecta a la alegación de que el objetivo de sostenibilidad medioambiental del Reglamento sobre la taxonomía aboga por una interpretación rigurosa del artículo 17 de dicho Reglamento, procede recordar que, según el considerando 40 de ese Reglamento, «una actividad económica no debe considerarse medioambientalmente sostenible si son más los daños que causa al medio ambiente que los beneficios que aporta» y los «criterios técnicos de selección deben determinar los requisitos mínimos necesarios para evitar un perjuicio significativo a otros objetivos, por ejemplo, basándose en cualquiera de los requisitos mínimos establecidos de conformidad con el Derecho de la Unión».

264

Es preciso señalar que este pasaje del considerando 40 del Reglamento sobre la taxonomía demuestra que el legislador de la Unión estimó que los criterios técnicos de selección podían alcanzar el objetivo de sostenibilidad medioambiental y ser compatibles con el principio de cautela remitiéndose al cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en la legislación pertinente.

265

Además, esta intención del legislador de la Unión se ve confirmada tanto por el artículo 19, apartado 1, letra d), del Reglamento sobre la taxonomía, que exige que, al establecer los criterios técnicos de selección, la Comisión deberá tener en cuenta «la normativa aplicable de la Unión en vigor», como por sus considerandos 43 y 44.

266

Por lo demás, si bien no lo impone, el Reglamento sobre la taxonomía no se opone a que la Comisión establezca criterios más protectores que vayan más allá de los requisitos mínimos derivados de otras normas del Derecho de la Unión.

267

Dicho esto, la República de Austria no demuestra que, por lo que respecta al criterio DNSH, el Reglamento impugnado se haya limitado a reiterar las exigencias derivadas de otras normas del Derecho de la Unión. La República de Austria admite incluso, en el apartado 145 de su recurso, que se han establecido criterios adicionales.

268

En estas circunstancias, no cabe considerar que la Comisión, en el Reglamento impugnado, no tuvo en cuenta el objetivo de sostenibilidad medioambiental, el artículo 17 del Reglamento sobre la taxonomía, el artículo 19, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento o el principio de cautela al remitirse al respeto de las normas pertinentes del Derecho de la Unión.

269

Por consiguiente, la primera parte del tercer motivo, la primera parte del cuarto motivo y la quinta imputación de la tercera parte del tercer motivo carecen de fundamento.

–

Sobre la segunda parte del tercer motivo, basada en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía

270

La República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, alega, fundamentalmente, que la inclusión de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear en el Reglamento impugnado se debe a la inobservancia de los requisitos de prueba impuestos por los artículos 17 y 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía, interpretados a la luz del principio de cautela. En particular, la República de Austria sostiene, en primer término, que la constatación de la conformidad de la energía nuclear con el criterio DNSH se basó en una apreciación del JRC según la cual los «análisis no han arrojado pruebas científicas de que la energía nuclear sea más perjudicial para la salud humana o el medio ambiente que las demás tecnologías de generación de electricidad ya incluidas en la taxonomía como actividades que favorecen la mitigación del cambio climático». Se trataría de un enfoque comparativo de la energía nuclear con las demás energías, que no está previsto en el citado artículo 17. En segundo término, en el marco de la verificación del respeto del principio de cautela, la falta de prueba científica de un perjuicio significativo no constituye un criterio pertinente, ya que únicamente es relevante la cuestión de si podía excluirse cualquier duda razonable de que se produzca tal perjuicio. En tercer término, la República de Austria cuestiona la fuerza probatoria del informe del JRC por considerarlo deficiente e incompleto y por presentar contradicciones sustanciales con otros estudios científicos, y porque el JRC es un órgano interno de la Comisión. También cuestiona el informe del JRC basándose en las críticas contenidas en el dictamen del CCRSAE.

271

La Comisión, apoyada por la República de Polonia, rebate esta argumentación.

272

En primer lugar, procede señalar que el enfoque del JRC, criticado por la República de Austria, consistió en tener en cuenta el resultado de las investigaciones ya efectuadas antes de la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139 en relación con otras actividades. Como subraya acertadamente la Comisión, tal enfoque es conforme con el principio de neutralidad tecnológica, recordado en el anterior apartado 112, y permite una apreciación de los riesgos coherente con la ya realizada respecto de esas otras actividades.

273

En segundo lugar, tampoco puede prosperar la alegación de que es errónea la apreciación del grado de prueba aplicable, en la medida en que el informe del JRC se basó en la falta de pruebas científicas de un perjuicio significativo y no en la inexistencia de toda duda razonable sobre la existencia de un perjuicio significativo.

274

En efecto, se desprende de la jurisprudencia que el principio de cautela no exige que quede excluida toda duda científica razonable en cuanto a la existencia de un perjuicio para el medio ambiente, ya que ello supondría imponer a la Comisión un nivel de riesgo cero en contra del criterio seguido por la jurisprudencia (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo, T‑13/99, EU:T:2002:209, apartado 145).

275

Además, procede señalar que el criterio tomado en cuenta es conforme con el artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía, que únicamente obliga a la Comisión a basarse en pruebas científicas concluyentes.

276

En tercer lugar, por lo que respecta a las demás críticas relativas al informe del JRC, como ya se ha señalado en el anterior apartado 212, procede recordar que la Comisión dispone de un amplio margen de apreciación en lo que respecta tanto a la elección de los estudios científicos como a su evaluación. Pues bien, es preciso señalar que la República de Austria no demuestra que la Comisión haya incurrido en un error manifiesto de apreciación al basarse en dicho informe.

277

Así, procede señalar, en primer término, que la República de Austria efectúa una remisión global al dictamen técnico de la BASE sobre el informe del JRC, opinión discordante dentro del grupo de expertos contemplado en el artículo 31 del Tratado Euratom y a las «diferentes referencias citadas en los demás motivos». A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, no corresponde al Tribunal sustituir a las partes intentando buscar los elementos pertinentes en los documentos a los que se remiten [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, Siberia Oriental/OCVV (Siberia), T‑737/18, EU:T:2020:289, apartado 25 y jurisprudencia citada]. Por lo tanto, a falta de una identificación suficientemente precisa de los elementos que permiten sustentar las alegaciones de la República de Austria, estos no pueden ser tenidos en cuenta.

278

En segundo término, en cuanto a la remisión al análisis del CCRSAE, procede señalar que este no tiene el sentido que le atribuye la República de Austria. Si bien es cierto que el CCRSAE subrayó que estimaba que la dependencia de un marco normativo operativo no siempre es suficiente, llegó a la conclusión de que estaba «globalmente de acuerdo con la conclusión del JRC» de que las actividades de explotación de las centrales nucleares no suponen un perjuicio inevitable para la salud humana o el medio ambiente, siempre que las actividades industriales asociadas cumplan los criterios técnicos de selección apropiados.

279

En tercer término, en cualquier caso, del mero hecho de que el CCRSAE haya criticado algunos puntos del informe del JRC no puede deducirse que la Comisión se basara en pruebas no concluyentes vulnerando el principio de cautela. En efecto, habida cuenta de las preocupaciones expresadas por el CCRSAE, relativas a la insuficiencia del marco normativo operativo, la Comisión incluyó en el anexo I del Reglamento impugnado criterios adicionales, que iban más allá del nivel fijado por las normas existentes del Derecho de la Unión.

280

En cuarto término, la República de Austria alega que el informe del JRC no puede considerarse más concluyente que otros estudios científicos, dado que procede de un órgano interno de la Comisión y no de un organismo independiente.

281

Sin embargo, basta señalar que la República de Austria no fundamenta su alegación de que el informe del JRC se consideró más concluyente que otros estudios procedentes de expertos científicamente reconocidos.

282

Por lo demás, la República de Austria no alega ni demuestra que las apreciaciones del informe del JRC no puedan considerarse pruebas científicas concluyentes en el sentido del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía.

283

Por consiguiente, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que la Comisión haya incumplido los requisitos de prueba impuestos por los artículos 17 y 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía, interpretados a la luz del principio de cautela.

284

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, la segunda parte del tercer motivo carece de fundamento.

–

Sobre las demás imputaciones de la tercera parte del tercer motivo y la segunda parte del cuarto motivo, basadas en el hecho de que no se tomaran en consideración los riesgos de accidentes graves de reactor

285

En el marco de la tercera parte del tercer motivo, la República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, alega que la inclusión de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear en la taxonomía no tomó en consideración los riesgos de accidentes graves de reactor y causa así un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales, en el sentido del artículo 17, apartado 1, letras c), e) y f), del Reglamento sobre la taxonomía, relativos a la protección de los recursos hídricos y marinos, a la prevención y al control de la contaminación del medio ambiente y a la protección y a la restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas. La República de Austria sostiene que no es posible excluir las consecuencias que los accidentes graves de reactor pueden tener sobre estos objetivos medioambientales. La República de Austria también considera que el análisis y la motivación del Reglamento impugnado contienen lagunas a este respecto. Afirma, además, que la Comisión no puede sostener que el legislador de la Unión le haya delegado la facultad de determinar el riesgo aceptable para la sociedad y que la Comisión no dispone de ningún margen de maniobra en la aplicación del principio de cautela.

286

En el marco de la segunda parte del cuarto motivo, la República de Austria sostiene que los criterios técnicos de selección enunciados en el anexo I del Reglamento impugnado no permiten excluir, a través de una remisión a las disposiciones y normas de seguridad nucleares existentes, que se produzca un perjuicio significativo causado por el riesgo de accidentes graves de reactor a los objetivos medioambientales contemplados, en particular, en el artículo 17, apartado 1, letras c), e) y f), del Reglamento sobre la taxonomía (protección de los recursos hídricos y marinos, prevención y control de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas). La República de Austria considera que, en las ocasiones en que los criterios técnicos de selección prevén criterios adicionales, estos últimos son vagos o transfieren de forma contraria a Derecho la competencia normativa a las autoridades nacionales de supervisión.

287

La Comisión, apoyada por la República Checa, la República Francesa, Hungría, la República de Polonia, Rumanía, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, rebate esta alegación.

288

Con carácter preliminar, debe precisarse que la observancia del criterio DNSH no puede verificarse in abstracto, sino a la luz de los criterios técnicos de selección establecidos en el Reglamento impugnado.

289

En primer término, procede recordar que el artículo 3, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía establece que una actividad económica tendrá la consideración de medioambientalmente sostenible, en particular, si esa actividad económica no causa ningún perjuicio significativo a alguno de los objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 de ese Reglamento de conformidad con el artículo 17 del mismo.

290

Se desprende, en particular, del artículo 17, apartado 1, letras c), e) y f), y de los considerandos 34 y 40 del Reglamento sobre la taxonomía que, para ser considerada medioambientalmente sostenible, una actividad económica determinada no debe causar un perjuicio significativo a alguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento sobre la taxonomía, es decir, un perjuicio que supere la contribución de esa actividad a la consecución de un objetivo medioambiental.

291

Además, los criterios técnicos de selección definidos para cada actividad deben permitir garantizar que dicha actividad no cause un perjuicio significativo a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento sobre la taxonomía.

292

A tal efecto, como se desprende de los anteriores apartados 263 a 265, los criterios técnicos de selección deben definir los requisitos mínimos necesarios, en particular, basándose en cualquier requisito mínimo fijado en aplicación del Derecho de la Unión, incluida, entre otras normas, la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares (DO 2009, L 172, p. 18), pudiendo imponer requisitos más estrictos.

293

Por otra parte, la referencia a un perjuicio significativo implica que el cumplimiento del criterio DNSH tiene por objeto evitar perjuicios que revistan una cierta gravedad cuya magnitud supere la de la contribución de la actividad en cuestión a la mitigación del cambio climático.

294

Esta referencia implica también, cuando el perjuicio significativo al medio ambiente contemplado se derive de un riesgo de accidente, que dicho riesgo presente un cierto grado de probabilidad.

295

Por lo tanto, para responder a las alegaciones de la República de Austria, procede examinar si estas permiten demostrar que, al incluir las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear en la taxonomía, la Comisión no tomó en consideración el riesgo de accidente grave de reactor y causó así un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales identificados por la República de Austria y si, al establecer los criterios técnicos de selección destinados a prevenir ese riesgo, la Comisión no estableció los requisitos mínimos necesarios para evitar un perjuicio significativo a esos objetivos.

296

En segundo término, es pacífico entre las partes que, si bien la gravedad de las consecuencias de un posible accidente de reactor presenta un escaso grado de incertidumbre, la probabilidad de que se produzca tal accidente tiene un alto grado de incertidumbre. Así pues, en línea con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 248, el principio de cautela debe aplicarse habida cuenta de esta incertidumbre relativa a la probabilidad de que se produzca un accidente grave de reactor.

297

A este respecto, se ha declarado que la adopción de una medida preventiva o, a la inversa, el hecho de que esta se revoque o suavice no puede depender de que se pruebe que no existe riesgo alguno, ya que, por lo general, resulta imposible aportar tal prueba desde un punto de vista científico, dado que en la práctica no existe un nivel de riesgo cero [sentencia de 12 de abril de 2013, Du Pont de Nemours (France) y otros/Comisión, T‑31/07, no publicada, EU:T:2013:167, apartado 140; véase igualmente, en este sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2003, Solvay Pharmaceuticals/Consejo, T‑392/02, EU:T:2003:277, apartado 130].

298

En tal supuesto, es necesario que especialistas científicos realicen una evaluación científica de los riesgos a pesar de la incertidumbre científica subsistente, de forma que la autoridad pública competente disponga de una información lo bastante fiable y sólida como para permitirle comprender todas las implicaciones de la cuestión científica planteada y determinar su política con conocimiento de causa (sentencia de 9 de septiembre de 2011, France/Comisión, T‑257/07, EU:T:2011:444, apartado 77; véanse igualmente, en este sentido, las sentencias de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo, T‑13/99, EU:T:2002:209, apartados 160 a 163, y de 11 de septiembre de 2002, Alpharma/Consejo, T‑70/99, EU:T:2002:210, apartados 173 a 176).

299

En aplicación de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 255, procede comprobar si las alegaciones de la República de Austria pueden demostrar que la inclusión de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear y la determinación de los criterios técnicos de selección eran manifiestamente erróneas habida cuenta del riesgo de accidente grave de reactor.

300

En primer lugar, la República de Austria se basa en la Comunicación COM(2000) 1 final de la Comisión, de 2 de febrero de 2000, sobre el recurso al principio de cautela, para sostener que una evaluación de los riesgos a la luz de ese principio no puede basarse únicamente en la probabilidad de que se produzca un acontecimiento, sino que debe incluir también la gravedad de sus consecuencias, que son excepcionales en caso de accidentes de reactor.

301

A este respecto, procede señalar que la existencia de consecuencias graves para el hombre y para el medio ambiente y de los perjuicios identificados por la República de Austria depende necesariamente de la probabilidad de que se produzca un accidente grave de reactor.

302

Esta interpretación no queda desvirtuada por la Comunicación COM(2000) 1 final, dado que dicha Comunicación también prevé que se tenga en cuenta la probabilidad de que se produzca un riesgo para evaluar ese riesgo.

303

Por lo tanto, la evaluación del riesgo de accidente grave supone tener en cuenta tanto la escasa probabilidad de que se produzca, reconocida por la República de Austria en el punto 98 del recurso, como la gravedad considerable de las posibles consecuencias de tal accidente.

304

En segundo lugar, la República de Austria considera que el informe del JRC no va suficientemente lejos en la medida en que parte del principio de que la probabilidad de un hipotético accidente grave de reactor que provoque la muerte de 30 000 personas es extremadamente baja, mientras que un estudio estadístico más reciente [Wheatley, S., Sovacool, B., y Sornette, D., «Reassessing the safety of nuclear power» (Nueva evaluación de la seguridad de la energía nuclear), Energy Research & Social Science, Elsevier, 2016, vol. 15, pp. 96 a 100, en particular p. 99], no mencionado por el JRC, afirma, por una parte, que, a pesar de todas las mejoras de las normas de seguridad, la probabilidad de que se produzca un accidente grave de reactor en un período de sesenta a ciento cincuenta años es del 50 % y, por otra parte, que, si se tiene en cuenta la magnitud de las consecuencias, el riesgo social agregado de la energía nuclear sigue siendo elevado. De ello deduce que persisten importantes incertidumbres.

305

Por lo que se refiere a la determinación de las probabilidades de accidente de reactor, el JRC consideró en su informe lo siguiente:

306

El JRC también consideró que un accidente grave en una central nuclear de generación III era un suceso altamente improbable.

307

Pues bien, el hecho de que el estudio presentado por la República de Austria cuestione esta probabilidad no basta, como tal, para apreciar la existencia de un error manifiesto de apreciación, dado que, en aplicación de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 212, la Comisión dispone de un amplio margen de apreciación en lo que respecta a la evaluación de estudios científicos.

308

Ello es tanto más cierto cuanto que el escenario descrito en el estudio citado por la República de Austria parte de la hipótesis, no comparable a la contemplada en el informe del JRC, de que 388 reactores estén en funcionamiento y no se haya introducido ninguna mejora tras el accidente de Fukushima.

309

Por lo demás, la República de Austria no demuestra que la Comisión haya rebasado su margen de apreciación a la hora de determinar el nivel de riesgo considerado aceptable para la sociedad.

310

Además, la República de Austria reprocha al informe del JRC que haga referencia a comparaciones con el riesgo de una ruptura de embalse y con las víctimas de la contaminación atmosférica, del tabaquismo o de la circulación vial, y que no trate las consecuencias a largo plazo sobre la vida humana de los accidentes de reactor.

311

No obstante, como se desprende del informe del JRC, estas comparaciones tienen por objeto confrontar el número de víctimas con el de otras actividades humanas para destacar las diferencias en la percepción de los riesgos. Además, el JRC precisó que las consecuencias a largo plazo sobre la vida humana son difíciles de medir, sin dejar de reconocer su importancia.

312

Asimismo, la República de Austria critica que el informe del JRC no tuvo suficientemente en cuenta las repercusiones sobre el medio ambiente, pese a que deberían tomarse en consideración con arreglo al artículo 17 del Reglamento sobre la taxonomía. De este modo, el informe del JRC omitió examinar aspectos decisivos, como el examen del impacto medioambiental de los accidentes de reactor como el de Fukushima.

313

No obstante, a este respecto, en las páginas 105 y 121 de su informe, el JRC se remitió al informe del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas [«Levels and effects of radiation exposure due to the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station: implications of information published since the UNSCEAR 2013 Report» (Niveles y efectos de la exposición a las radiaciones provocadas por el accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi: implicaciones de la información publicada después del informe UNSCEAR 2013), Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2020 Report, 2021, vol. II, anexo B], en el que se debaten los efectos sobre el medio ambiente del accidente de Fukushima y que fue tomado en consideración en su análisis.

314

Por lo tanto, el informe del JRC no puede considerarse incompleto a este respecto.

315

Por lo demás, es preciso señalar que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear son objeto de una regulación estricta en el Derecho de la Unión, destinada a reducir la probabilidad de accidentes graves de reactor y la gravedad de tales accidentes para la salud humana y el medio ambiente.

316

A este respecto, los criterios técnicos de selección se refieren expresamente al conjunto de normas de seguridad nuclear de la Unión, así como a las orientaciones internacionales más recientes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de la Asociación de Reguladores Nucleares de Europa Occidental (WENRA).

317

Además, la República de Austria no formula argumentos más específicos que demuestren que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear son perjudiciales para el buen estado ecológico de las masas de agua o de las aguas marinas, provocan un aumento significativo de los vertidos contaminantes al agua, a la atmósfera o al suelo, o van en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas o del estado de conservación de los hábitats o de las especies, en el sentido del artículo 17, apartado 1, letras c), e) y f), del Reglamento sobre la taxonomía.

318

Por consiguiente, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que la Comisión incurriera en error manifiesto de apreciación al considerar que, en el marco de las normas de seguridad nuclear de la Unión mencionadas en el Reglamento impugnado, se cumplía el criterio DNSH y, en particular, que no había quedado demostrado que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear fueran perjudiciales para el buen estado ecológico de las masas de agua o de las aguas marinas, provocaran un aumento significativo de los vertidos contaminantes al agua, a la atmósfera o al suelo, o fueran en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas o del estado de conservación de los hábitats o de las especies, en el sentido del artículo 17, apartado 1, letras c), e) y f), del Reglamento sobre la taxonomía.

319

En tercer lugar, por lo que respecta a las supuestas «lagunas en el análisis y en la motivación», así como a las críticas formuladas contra el informe del JRC, la República de Austria considera que dicho informe debería haber evaluado los perjuicios causados a los objetivos medioambientales por accidentes graves de reactor y sus consecuencias para la salud, en particular teniendo en cuenta los estudios críticos actuales relativos a las probabilidades de accidente, en la medida en que se trata de aspectos decisivos en el marco del artículo 17 del Reglamento sobre la taxonomía. La República de Austria deduce de ello que el Reglamento impugnado adolece de un defecto de motivación.

320

En particular, basándose en el informe del CCRSAE, la República de Austria reprocha al JRC no haber tenido suficientemente en cuenta los efectos de las radiaciones radioactivas en el medio ambiente en caso de liberación de dosis elevadas de tales radiaciones como consecuencia de un accidente de reactor.

321

A este respecto, es preciso señalar que, como subraya la República de Austria en el apartado 100 del recurso, el JRC reconoció expresamente en su informe que un accidente grave de reactor tendría graves consecuencias para el hombre y para el medio ambiente.

322

Por lo tanto, el informe del JRC no puede considerarse erróneo o incompleto por lo que se refiere a las consecuencias de un accidente grave de reactor en el medio ambiente.

323

Además, el hecho de que el JRC no haya determinado un grado de probabilidad de un accidente de reactor idéntico al evaluado en los estudios citados por la República de Austria no basta para demostrar que dicho informe sea incompleto o erróneo.

324

De ello se deduce que no cabe considerar que el informe en el que se basó la Comisión fuera incompleto o erróneo a este respecto.

325

Por otra parte, como se desprende del considerando 7 del Reglamento impugnado, que hace referencia al informe del JRC y que, de ese modo, forma parte de la motivación del Reglamento impugnado de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 216 anterior, la Comisión motivó de modo suficiente en Derecho su apreciación según la cual la energía nuclear no causaba un perjuicio significativo a los objetivos perseguidos por el artículo 17, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía en relación con los riesgos de accidentes graves de reactor. A este respecto, debe desestimarse por la razón señalada en el anterior apartado 313 la afirmación de la República de Austria de que el Reglamento impugnado adolece de «lagunas en el análisis y en la motivación» en la medida en que el informe del JRC evaluó las consecuencias de los accidentes graves de reactor centrando su análisis en las muertes humanas y excluyendo otras consecuencias directas e indirectas más difíciles de apreciar, en particular las consecuencias sobre el medio ambiente.

326

En cuarto lugar, por lo que respecta a los criterios técnicos de selección, procede señalar que la República de Austria no ha demostrado que la Comisión haya incurrido en un error manifiesto de apreciación al considerar que el hecho de basarse en las normas de protección de la salud y del medio ambiente de la Unión, que tienen por objeto un nivel de protección elevado, permitía cumplir los requisitos establecidos en el artículo 17, apartado 1, letras c), e), y f), del Reglamento sobre la taxonomía y, de este modo, excluir perjuicios significativos a los objetivos medioambientales en el sentido de dicho artículo 17.

327

Además, la República de Austria cita, a modo de ejemplo, los criterios técnicos de selección aplicables a las fases precomerciales de tecnologías avanzadas, que prevén, en particular, que el proyecto debe haber sido notificado a la Comisión y que esta debe haber emitido su dictamen al respecto para que los criterios técnicos de selección sean posteriormente «regulados satisfactoriamente». La República de Austria considera que esta exigencia es demasiado vaga.

328

No obstante, como alega la Comisión, este criterio técnico de selección no puede apreciarse con independencia del conjunto de los demás criterios de selección. Por el contrario, pretende precisamente permitir a la Comisión evaluar el cumplimiento del conjunto de esos criterios, de modo que no puede considerarse demasiado vago.

329

A continuación, la República de Austria indica que, para las nuevas instalaciones, el criterio de evaluación específicamente pertinente para los riesgos de accidente se define en los siguientes términos en el punto 2 de los criterios generales de la sección 4.27 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado: «el proyecto aplica plenamente la mejor tecnología disponible y, a partir de 2025, combustible tolerante a accidentes[;] la tecnología está certificada y aprobada por el regulador nacional de seguridad». La República de Austria considera que esta redacción no permite excluir que se produzca un perjuicio significativo a objetivos medioambientales.

330

En primer término, la República de Austria sostiene que el concepto de «mejor tecnología disponible» no está definido, de modo que es demasiado vago.

331

A este respecto, procede considerar, como subraya la Comisión, que el criterio de la mejor tecnología disponible presenta la ventaja de permitir que se incluyan nuevos avances científicos y tecnológicos de conformidad con el enfoque de la apertura tecnológica. Así, de conformidad con el punto 5 de la sección 4.27 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado, a partir de 2025 y al menos cada diez años, la Comisión revisará los parámetros técnicos correspondientes a la mejor tecnología disponible.

332

Asimismo, procede señalar que, contrariamente a lo que sostiene la República de Austria, el concepto de «mejor tecnología disponible» se define en la frase introductoria de la sección 4.27 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado como las tecnologías que cumplen íntegramente los requisitos de la Directiva 2009/71 y que respetan plenamente los parámetros técnicos más recientes de las normas del OIEA y los objetivos de seguridad y los niveles de referencia de la WENRA.

333

En segundo término, en cuanto al otro requisito, relativo a la utilización obligatoria de combustible tolerante a accidentes (en lo sucesivo, «ATF») a partir de 2025, la República de Austria sostiene que el Reglamento impugnado adolece de una contradicción intrínseca, en la medida en que el ATF solo se exige para las instalaciones nuevas y las antiguas a partir de 2025, pero no para las instalaciones precomerciales (sección 4.26 que figura en los anexos I y II del Reglamento impugnado). Así, en la medida en que la Comisión admite que el ATF es necesario para las nuevas instalaciones, con el fin de evitar perjuicios significativos derivados de accidentes nucleares, también debería exigir ese mismo combustible para las antiguas instalaciones antes de 2025 y para las instalaciones precomerciales.

334

Sin embargo, debe precisarse que el hecho de que este criterio no esté previsto para la actividad económica contemplada en la sección 4.26 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado no es contradictorio. En efecto, dado que esta sección se refiere a las actividades de investigación y desarrollo no comerciales («precomerciales») de instalaciones de generación de electricidad innovadoras, cuyo objetivo es explorar tecnologías aún desconocidas, la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación al decidir no imponer requisitos relativos a la utilización del combustible.

335

En tercer término, la República de Austria subraya que el concepto de ATF es demasiado vago, en la medida en que los ATF están en fase de desarrollo y no existen criterios ni normas admitidos a nivel internacional o de la Unión para definirlos. A falta de definición de los ATF, no es posible comprender técnicamente su pertinencia en materia de seguridad, máxime cuando tampoco existen indicaciones sobre posibles criterios mínimos de los ATF ni, por regla general, consenso sobre la definición de los ATF a nivel nacional, de modo que no es posible prever si estarán disponibles de aquí a 2025 y si serán certificados y autorizados por las autoridades reguladoras nacionales. Por otra parte, la República de Austria sostiene que los criterios de evaluación se dejan a la apreciación de los Estados miembros y el recurso a tales combustibles solo puede reducir el riesgo de emisiones radiactivas en caso de accidente, y no suprimirlo, a pesar de la formulación engañosa de combustibles «tolerantes a accidentes».

336

No obstante, procede desestimar la alegación de que el criterio del ATF es vago, puesto que, como alega la Comisión, el concepto de «ATF» remite a una categoría de combustible conocida en los círculos especializados.

337

En cuarto término, la República de Austria alega que es incompatible con el artículo 17 del Reglamento sobre la taxonomía identificar de forma definitiva los riesgos para la seguridad y exigir su eliminación de cara al futuro (recurriendo a los ATF), y al mismo tiempo ya admitir desde ahora una calificación de sostenible desde el punto de vista medioambiental en el sentido de dicho Reglamento.

338

A este respecto, el Tribunal ha declarado que, en el contexto de un amplio margen de apreciación, la Comisión podía establecer períodos transitorios en un acto delegado (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2023, Landesbank Baden-Württemberg/JUR, T‑389/21, EU:T:2023:827, apartados 231 a 233). Así, en la medida en que la Comisión disfruta de un amplio margen de apreciación en lo que respecta al establecimiento de los criterios técnicos de selección, pudo prever que esta exigencia no se aplicaría hasta 2025 con el fin de dar a las autoridades nacionales y a los operadores económicos el tiempo necesario para adaptarse a dicho criterio, máxime cuando aún no se ha autorizado ningún ATF. Por consiguiente, no incurrió en error manifiesto de apreciación a este respecto.

339

En quinto término, la República de Austria afirma que el Reglamento sobre la taxonomía y la misión confiada a la Comisión de definir criterios técnicos de selección no le permiten encomendar a las autoridades nacionales la aprobación y certificación de los ATF sin establecer normas uniformes a escala de la Unión, ya que las disposiciones de habilitación contenidas en los artículos 10, apartado 2, 11, apartado 3, y 23 del Reglamento sobre la taxonomía, a efectos de la adopción de reglamentos delegados, no permiten transferir la definición de los criterios de certificación a las autoridades nacionales de supervisión.

340

Esta imputación basada en la remisión a la competencia de las autoridades nacionales en materia de certificación y de autorización debe desestimarse, dado que el Reglamento impugnado se limita a aplicar las normas de competencia vigentes en lo que respecta a la autorización de combustibles.

341

Por último, en cuanto a las antiguas instalaciones, la República de Austria recuerda que el criterio técnico de selección pertinente para los riesgos de accidentes se define del siguiente modo: «el proyecto modernizado aplica toda mejora de la seguridad razonablemente viable y, a partir de 2025, utiliza [ATF;] [l]a tecnología está certificada y aprobada por el regulador nacional de seguridad».

342

La República de Austria critica, por una parte, el hecho de que las exigencias de seguridad para las antiguas instalaciones se reduzcan respecto de las nuevas en la medida en que, para las antiguas instalaciones, solo se prevé que «el proyecto modernizado aplica toda mejora de la seguridad razonablemente viable» y, por otra parte, el hecho de que los criterios técnicos de selección no abordan las condiciones de ubicación de una instalación existente, que son importantes desde el punto de vista del cambio climático. La República de Austria deduce de ello que, en relación con las antiguas instalaciones, los criterios de evaluación técnica son deficientes y no permiten prevenir un perjuicio significativo.

343

A este respecto, y por motivos análogos a los expuestos en los anteriores apartados 263 a 265, procede recordar que los criterios técnicos de selección deben definir los requisitos mínimos necesarios para evitar un perjuicio significativo a otros objetivos, en particular basándose en cualquier requisito mínimo establecido en aplicación del Derecho de la Unión. Pues bien, en la medida en que el criterio «toda mejora de la seguridad razonablemente viable», en el marco de la generación de electricidad a partir de la energía nuclear en instalaciones existentes, ya se exige en el artículo 6, letra c), y en el artículo 8 bis, apartado 2, letra b), de la Directiva 2009/71, en su versión modificada por la Directiva 2014/87/Euratom del Consejo, de 8 de julio de 2014 (DO 2014, L 219, p. 42), el uso de este mismo criterio en el punto 2 de la sección 4.28 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado no puede considerarse contrario al artículo 17, apartado 1, letras c), e) y f), del Reglamento sobre la taxonomía.

344

Tampoco puede deducirse de ello que, en relación con las antiguas instalaciones, los criterios técnicos de selección no permiten prevenir un perjuicio significativo, en la medida en que dicho criterio impone la misma exigencia que la Directiva 2009/71.

345

Por consiguiente, las alegaciones formuladas por la República de Austria no permiten demostrar que la Comisión haya incurrido en un error manifiesto de apreciación al considerar que los criterios técnicos de selección establecidos en el anexo I del Reglamento impugnado permiten excluir, remitiéndose a las disposiciones y a las normas de seguridad existentes, que se produzca un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales causado por el riesgo de accidente grave de reactor.

346

Habida cuenta de lo anterior, la tercera parte del tercer motivo y la segunda parte del cuarto motivo carecen de fundamento.

–

Sobre la cuarta parte del tercer motivo y la tercera parte del cuarto motivo, basadas en el hecho de que no se tomaran en consideración los riesgos vinculados a los residuos radiactivos de alta actividad

347

En el marco de la cuarta parte del tercer motivo, la República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, alega que la inclusión de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear en la taxonomía obedece al hecho de que no se tomaran en consideración los riesgos derivados de los residuos radiactivos de alta actividad que perjudican gravemente los objetivos medioambientales contemplados en el artículo 17, apartado 1, letras c) a f), del Reglamento sobre la taxonomía. La República de Austria sostiene asimismo que el Reglamento impugnado adolece de un «análisis insuficiente» y de un defecto de motivación a este respecto.

348

En el marco de la tercera parte del cuarto motivo, la República de Austria alega que los criterios técnicos de selección establecidos en el anexo I del Reglamento impugnado no bastan para impedir que el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos de alta actividad cause un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales contemplados en el artículo 17, apartado 1, letras c) a f), del Reglamento sobre la taxonomía.

349

La Comisión, apoyada por la República Checa, la República Francesa, Hungría, la República de Polonia, Rumanía, la República Eslovaca y la República de Finlandia, rebate esta argumentación.

350

Es preciso recordar que, en virtud del artículo 17, apartado 1, letra d), del Reglamento sobre la taxonomía, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los productos suministrados y los servicios prestados por una actividad económica, en particular pruebas extraídas de las evaluaciones del ciclo de vida existentes, se considerará que una actividad económica causa un perjuicio significativo a la economía circular, especialmente a la prevención y al reciclado de residuos, cuando:

351

A este respecto, debe precisarse que la compatibilidad de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear con el criterio DNSH debe examinarse tomando en consideración los criterios técnicos de selección establecidos para abordar el riesgo relacionado con los residuos radiactivos.

352

Asimismo, debe señalarse que, tras haber descrito y analizado, en particular, los proyectos avanzados de desarrollo de depósitos geológicos profundos (en lo sucesivo, «DGP») en Suecia, Finlandia y Francia, el JRC concluyó en su informe lo siguiente:

353

En primer lugar, tras indicar que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear recogidas en el Reglamento impugnado generan cantidades considerables de residuos radiactivos de alta actividad que pueden tardar cientos de miles de años en reducir su radiotoxicidad a un nivel aceptable, la República de Austria afirma, en esencia, que no cabe excluir que el recurso creciente a las capacidades de almacenamiento temporal pueda perjudicar gravemente al medio ambiente, dado que su utilización más allá de la duración inicialmente prevista plantea problemas de seguridad que aún no han sido resueltos, como señaló el JRC en su informe. Asimismo, la República de Austria sostiene, fundamentalmente, que, incluso en caso de disponibilidad suficiente de DGP, el almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad podría no obstante causar un perjuicio significativo al medio ambiente.

354

A este respecto, es preciso recordar que la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos (DO 2011, L 199, p. 48), establece, a tenor de su artículo 1, apartado 1, un marco a nivel del Derecho de la Unión para asegurar la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, con el fin de evitar imponer a las generaciones futuras cargas indebidas. Asimismo, con arreglo a su artículo 1, apartado 2, asegura que los Estados miembros establecen medidas nacionales adecuadas para lograr un alto nivel de seguridad en la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, a fin de proteger a los trabajadores y a la población de los peligros derivados de las radiaciones ionizantes.

355

Asimismo, procede señalar que los criterios técnicos de selección que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado, aplicables a las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear, hacen referencia a la Directiva 2011/70.

356

En particular, debe recordarse, como subraya la Comisión, que, por lo que respecta a las medidas de mitigación del cambio climático previstas en el anexo I del Reglamento impugnado, este impone en el punto 1, letras e) y f), criterios técnicos de selección relativos a la contribución sustancial del anexo I, secciones 4.26, 4.27 y 4.28, que figuran en el Reglamento impugnado, y establece que el Estado miembro debe disponer, por una parte, de instalaciones operativas de almacenamiento definitivo para todos los residuos radiactivos de muy baja, de baja y de media actividad, es decir, para más del 99 % de los residuos radiactivos, y, por otra parte, de un plan documentado que indique detalladamente las etapas que permitan disponer, de aquí a 2050, de una instalación de almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad.

357

En estas circunstancias, la alegación de la República de Austria de que no cabe excluir que el recurso creciente a las capacidades de almacenamiento temporal pueda perjudicar gravemente al medio ambiente no permite demostrar un error manifiesto de apreciación de la Comisión, ya que el Reglamento impugnado establece medidas destinadas específicamente a resolver los problemas relacionados con los riesgos para el medio ambiente invocados por la República de Austria.

358

Por otra parte, la República de Austria critica el informe del JRC, en la medida en que no analizó con mayor profundidad los puntos de vista divergentes sobre el carácter suficiente de la tecnología de los DGP, a pesar de que los datos empíricos alimentan las dudas sobre su sostenibilidad ecológica. La República de Austria alega también que el Reglamento impugnado adolece de un error manifiesto de apreciación en la medida en que se basa en el informe del JRC, siendo así que de dicho informe no se desprende que, desde el punto de vista científico, no existan dudas de que el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos de alta actividad no vaya a perjudicar sustancialmente los objetivos medioambientales contemplados en el artículo 17, apartado 1, letras c) a f), del Reglamento sobre la taxonomía. La República de Austria considera, asimismo, que los criterios técnicos de selección no pueden remediar el perjuicio significativo relacionado con los residuos nucleares, ya que no pueden garantizar ninguna seguridad.

359

No obstante, no puede exigirse a la Comisión que se base en datos científicos que no planteen ninguna duda, ya que ello supondría imponerle un nivel de riesgo cero contrario a la jurisprudencia (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo, T‑13/99, EU:T:2002:209, apartados 144 a 147).

360

Por consiguiente, estas alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que adolece de un error manifiesto la apreciación de la Comisión sobre la inexistencia de un perjuicio significativo para el medio ambiente derivado de la gestión de los residuos vinculados a la energía nuclear.

361

Con carácter subsidiario, la República de Austria censura a la Comisión no haber analizado con mayor profundidad los riesgos derivados de la falta de capacidad suficiente de los DGP y no haber examinado los dictámenes de expertos que consideran que la tecnología actualmente disponible no es suficiente para excluir los perjuicios al medio ambiente. Esta alegación puede interpretarse en el sentido de que censura a la Comisión haber cometido un error manifiesto de apreciación y haber vulnerado el principio de buena administración al incumplir su deber de diligencia.

362

No obstante, del informe del JRC se desprende que existe un amplio consenso científico sobre el hecho de que los DGP son la solución más segura, a largo plazo, para la gestión de los combustibles y residuos radiactivos de alta actividad. Además, el grupo de expertos contemplado en el artículo 31 del Tratado Euratom compartió el punto de vista de JRC a este respecto. En estas circunstancias, la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación ni incumplió su deber de diligencia al no examinar otros dictámenes de expertos.

363

Además, como se desprende del considerando 7 del Reglamento impugnado, la Comisión se basó en el informe del JRC, en el que se señalaba, en su sección 5.2.5, que los DGP representan la solución más segura. Como se desprende de la sección 5.3 de dicho informe, esta constatación se basa en un gran número de referencias bibliográficas. Así pues, la República de Austria no puede reprochar a la Comisión haber incumplido su obligación, derivada del principio de buena administración, de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos pertinentes.

364

Por último, la República de Austria sostiene que el Reglamento impugnado adolece de una motivación insuficiente en lo que respecta a las razones por las que la Comisión estima que, a pesar de esos riesgos y de esos dictámenes de expertos, queda garantizado que los residuos radiactivos de alta actividad no causarán a largo plazo perjuicios significativos al medio ambiente.

365

No obstante, como se desprende, por una parte, del considerando 7 del Reglamento impugnado, en el que se hace referencia al informe del JRC, que forma así parte de la motivación de dicho Reglamento de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 216 anterior, y, por otra parte, del considerando 14 de dicho Reglamento, la apreciación de que la energía nuclear no causa un perjuicio significativo a los objetivos perseguidos por el artículo 17, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía, habida cuenta de las soluciones existentes y futuras para la gestión de los residuos radiactivos, está suficientemente motivada con arreglo a Derecho.

366

En segundo lugar, por lo que respecta a los criterios técnicos de selección, procede recordar que, a tenor de los párrafos introductorios de las secciones 4.26 a 4.29 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado, una actividad económica es una actividad con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía cuando cumple todos los criterios técnicos de selección establecidos en dichas secciones.

367

Entre los criterios generales relativos a la contribución sustancial a la mitigación del cambio climático y al criterio DNSH, el criterio enunciado en el punto 1, letra f), de las secciones 4.26 a 4.28 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado está redactado en los siguientes términos:

368

En primer término, la República de Austria afirma que los criterios técnicos de selección establecidos en el punto 1, letra f), de las secciones 4.26 a 4.29 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado se limitan a hacer una remisión al marco jurídico general aplicable, en cualquier caso, en virtud de la Directiva 2011/70, el cual no ha permitido hasta ahora resolver los problemas relacionados con los residuos radiactivos de alta actividad. Además, según la República de Austria, al limitarse a supeditar a un «plan» de puesta en servicio de una instalación de almacenamiento definitivo «de aquí a 2050» la calificación de la energía nuclear como sostenible desde el punto de vista medioambiental, la Comisión no altera en absoluto la circunstancia de que no está garantizada una disponibilidad suficientemente previsible de DGP. Por otra parte, los criterios técnicos de selección están formulados de manera demasiado flexible e imprecisa para garantizar, en un futuro previsible, la puesta en servicio de instalaciones de almacenamiento definitivo y para eliminar los riesgos para la seguridad y las correspondientes incertidumbres.

369

Procede señalar que los criterios técnicos de selección previstos en el punto 1, letra f), de las secciones 4.26 a 4.29 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado imponen medidas destinadas a permitir la adopción de soluciones de almacenamiento de los residuos radiactivos de alta actividad de aquí a 2050.

370

Como alega la Comisión, el plan de almacenamiento definitivo se exige desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento impugnado.

371

Asimismo, como resulta del considerando 14 del Reglamento impugnado, los criterios técnicos de selección referidos a los residuos radiactivos de alta actividad tienen por objeto, al igual que sucede con la Directiva 2011/70, permitir la adopción de soluciones realistas de tratamiento de ese tipo de residuos.

372

A este respecto, según se desprende del considerando 23 de la Directiva 2011/70, los Estados miembros, que conservan la responsabilidad respecto de las políticas nacionales de gestión de su combustible nuclear gastado y de sus residuos radiactivos de baja, de media y de alta actividad, deben incluir en sus políticas nacionales opciones de planificación e instrumentación de almacenamiento definitivo. En ese considerando se precisa que, dado que la implantación y el desarrollo de los depósitos de almacenamiento definitivo tendrán lugar a lo largo de muchas décadas, numerosos programas reconocen la necesidad de mantener la flexibilidad y la adaptabilidad, en particular para poder tener en cuenta a lo largo de este proceso nuevos conocimientos sobre las condiciones del emplazamiento o la evolución posible del sistema de almacenamiento definitivo.

373

En este contexto, las alegaciones de la República de Austria no demuestran que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación al considerar que la adopción de una solución de almacenamiento para los residuos radiactivos de alta actividad de aquí a 2050 permitía excluir un perjuicio significativo a objetivos medioambientales.

374

En efecto, hasta 2050, la Comisión no deja a los Estados libertad para planificar la transición hacia los DGP, sino que les obliga a elaborar planes que podrían ser los mismos que los programas contemplados por la Directiva 2011/70. Pues bien, como prevé el artículo 12 de la Directiva 2011/70, estos programas tienen un contenido preciso y, de conformidad con el artículo 13 de dicha Directiva, se notifican a la Comisión. En este contexto, la existencia de un período transitorio hasta el establecimiento de los espacios de almacenamiento no genera ningún riesgo para el medio ambiente.

375

Ello es tanto más cierto cuanto que este enfoque se corresponde con el ya seguido por el legislador de la Unión en la Directiva 2011/70, de modo que no cabe reprochar a la Comisión haber incurrido en un error manifiesto de apreciación al optar por un enfoque similar al del legislador.

376

En segundo término, la República de Austria afirma que el criterio relativo a un «plan documentado que indique detalladamente las etapas que permiten disponer, de aquí a 2050, de una instalación de almacenamiento», previsto en el punto 1, letra f), de la sección 4.28 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado, se aplica únicamente a los «proyectos autorizados después de 2025», de modo que tal plan no se exige para las antiguas instalaciones. La República de Austria sostiene que esta excepción no está justificada. En efecto, si la Comisión considera que es necesario un plan de gestión de residuos para las instalaciones nucleares con el fin de excluir cualquier perjuicio significativo en el sentido del artículo 17 del Reglamento sobre la taxonomía, también deberían a fortiori cumplir esta exigencia las instalaciones existentes, independientemente de la fecha de autorización de los proyectos correspondientes.

377

La Comisión señala que la fecha de entrada en vigor en 2025 se introdujo de modo que los Estados miembros dispusieran del tiempo necesario para adoptar el plan detallado documentado, y evitar que, entretanto, ningún proyecto de modernización pudiera considerarse alineado con la taxonomía, y ello para cumplir el objetivo del Reglamento sobre la taxonomía de evitar la falta de acciones o el retraso en las mismas.

378

Procede recordar que las instalaciones anteriores a 2025 siguen estando sujetas a las demás obligaciones derivadas del punto 1, letras a) a e), de la sección 4.28 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado. De este modo, la Comisión, al descartar un criterio que habría tenido por efecto excluir dichas instalaciones del ámbito de aplicación del Reglamento sobre la taxonomía y, por tanto, limitar el incentivo para llevar a cabo proyectos de modernización de las instalaciones actuales, actuó de conformidad con el objetivo de dicho Reglamento de evitar la falta de acciones o el retraso en las mismas. Por lo tanto, no cabe considerar que haya incurrido en un error manifiesto de apreciación.

379

Por consiguiente, la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación al decidir que el criterio de un «plan documentado que indique detalladamente las etapas que permiten disponer, de aquí a 2050, de una instalación de almacenamiento», previsto en el punto 1, letra f), de la sección 4.28 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado, solo se aplica parcialmente a las antiguas instalaciones, esto es, a los «proyectos autorizados después de 2025».

380

En tercer término, según la República de Austria, aun suponiendo que esté disponible una capacidad suficiente de DGP a su debido tiempo, no cabe excluir que el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos de alta actividad en los DGP pueda causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente en el sentido del artículo 17, apartado 1, letra d), inciso iii), del Reglamento sobre la taxonomía. Afirma, además, que los criterios técnicos de selección no contienen ninguna disposición que pueda remediar esta situación.

381

No obstante, como se desprende del considerando 14 del Reglamento impugnado, los DGP representan la opción más segura y sostenible en la actualidad y la República de Austria no consigue rebatir esta afirmación.

382

Además, los criterios técnicos de selección que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado hacen referencia a la Directiva 2011/70. Pues bien, como se desprende de los anteriores apartados 263 a 265, el legislador de la Unión estimó que los criterios técnicos de selección podían alcanzar el objetivo de sostenibilidad medioambiental y ser compatibles con el principio de cautela remitiéndose al cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en la legislación pertinente.

383

En estas circunstancias, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación al considerar que el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de alta actividad en los DGP podía impedir que se produjeran perjuicios significativos a los objetivos medioambientales.

384

Habida cuenta de lo anterior, la cuarta parte del tercer motivo y la tercera parte del cuarto motivo carecen de fundamento.

–

Sobre la cuarta parte del cuarto motivo, basada en el hecho de que no se tuvieron en cuenta los riesgos asociados al funcionamiento normal de las centrales nucleares

385

La República de Austria afirma que, incluso durante su funcionamiento normal, las centrales nucleares emiten radiaciones que, aun siendo de bajas dosis, aumentan el riesgo de cáncer y cuyos efectos, en todo caso, no están bien documentados y no han sido examinados en los informes en los que se basó la Comisión. Según la República de Austria, ello supone una infracción del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía y una vulneración del principio de cautela.

386

La Comisión rebate estas alegaciones.

387

A este respecto, basta señalar que el informe del JRC contiene un análisis en profundidad de los efectos de la radiactividad en sus secciones 3.4 y 4.3.

388

En particular, del informe del JRC se desprende que la exposición anual media del público vinculada a efectos imputables a la generación de electricidad a partir de la energía nuclear es de aproximadamente 0,2 microsievert (μSv), es decir, cuatro veces menos que la dosis anual media procedente de la radiación natural.

389

Pues bien, la República de Austria no demuestra que las apreciaciones de la Comisión basadas en dicho informe carecen de verosimilitud, en la medida en que ese Estado miembro se limita a citar un estudio para alegar que los efectos de la radiación en dosis reducidas no están bien documentados.

390

Además, como señala la Comisión, el acervo Euratom establece requisitos estrictos en materia de protección radiológica. Así, El artículo 2, letra b), del Tratado Euratom prevé el establecimiento de normas de seguridad uniformes para la protección sanitaria de la población y de los trabajadores y su artículo 30 define las «normas básicas» para la protección sanitaria de la población y los trabajadores contra los peligros que resulten de las radiaciones ionizantes. En este contexto, la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen las normas básicas de protección de la salud contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom (DO 2014, L 13, p. 1), establece normas básicas uniformes relativas a la protección sanitaria de las personas sometidas a exposición médica o profesional o a la exposición de la población contra los peligros derivados de las radiaciones ionizantes.

391

Los criterios técnicos de selección establecidos por el Reglamento impugnado en relación con las actividades nucleares remiten expresamente a dicha Directiva.

392

Por consiguiente, las alegaciones de la República de Austria no demuestran que la Comisión no haya basado en datos científicos concluyentes su apreciación de los riesgos de radiaciones de dosis bajas durante la explotación normal de las centrales nucleares.

393

Por estas razones, la cuarta parte del cuarto motivo carece de fundamento.

–

Sobre la quinta parte del tercer motivo y la quinta parte del cuarto motivo, basadas en el menoscabo del objetivo de adaptación al cambio climático

394

En el marco de la quinta parte del tercer motivo, la República de Austria alega que el Reglamento impugnado infringe el criterio DNSH en relación con el objetivo de adaptación al cambio climático contemplado en el artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía, ya que, en esencia, la frecuencia y la duración de los períodos de sequía han aumentado significativamente en los últimos veinte años debido al cambio climático y no se discute que las consecuencias del cambio climático tienen y tendrán cada vez más efectos negativos sobre la energía nuclear.

395

En el marco de la quinta parte del cuarto motivo, la República de Austria sostiene, fundamentalmente, que el Reglamento impugnado es contrario al artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía, en la medida en que los criterios técnicos de selección, por una parte, son insuficientes y no permiten excluir con certeza los riesgos específicos vinculados a las necesidades de agua de refrigeración y, por otra parte, no se basan en pruebas científicas concluyentes.

396

En particular, la República de Austria subraya que las importantes necesidades de agua de las centrales nucleares provocan averías en períodos de canícula o sequía, lo que demuestra que la actividad también agrava los efectos negativos actuales y previstos del clima sobre la propia actividad, dado que la continuidad de las operaciones ya no está garantizada en tales condiciones.

397

La Comisión, apoyada por la República Francesa, la República de Polonia y Rumanía, rebate estas alegaciones.

398

A este respecto, procede recordar que, en virtud del artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía, se considerará que una actividad causa un perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático cuando provoque un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos.

399

Para evitar tal perjuicio, el Reglamento impugnado establece, en los anexos I y II, bajo el título «Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos», los criterios técnicos de selección relativos al principio de no causar un perjuicio significativo a los recursos hídricos y marinos, según los cuales:

400

Pues bien, la República de Austria no cuestiona la aptitud de estos criterios técnicos de selección para garantizar que las actividades vinculadas a la energía nuclear no conlleven un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos, en el sentido del artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía y, en particular, no aumenten los riesgos de sequía. En efecto, la República de Austria afirma que dichos criterios no permiten excluir con certeza los riesgos específicos vinculados a las necesidades de agua de refrigeración.

401

Por lo que respecta a la alegación de la República de Austria basada, en esencia, en que la energía nuclear perdería una parte de su utilidad en un escenario de sequías más frecuentes y más severas, procede señalar que esta reviste un carácter demasiado especulativo para poder demostrar la existencia de un error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión. En efecto, si bien puede considerarse existe consenso científico acerca de que se producirán tales sequías, el alcance de sus posibles repercusiones sobre el propio funcionamiento de las centrales nucleares en el conjunto de las zonas geográficas de la Unión pertenece al ámbito de la mera conjetura.

402

En estas circunstancias, debe rechazarse la alegación de que las actividades nucleares causan un perjuicio significativo al objetivo de adaptación al cambio climático.

403

En efecto, la finalidad de los criterios técnicos de selección consiste, tal como indica el artículo 10, apartado 3, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía, en determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático. Como se desprende del artículo 10, apartado 3, letra b), de dicho Reglamento, esos criterios tienen también por objeto determinar, respecto de cada objetivo medioambiental pertinente, si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección causa un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

404

Por consiguiente, no cabe apreciar el cumplimiento del artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía sin tomar en consideración los criterios técnicos de selección adoptados precisamente para aplicar dicha disposición.

405

Por tanto, los argumentos de la República de Austria no permiten demostrar que el Reglamento impugnado adolezca de un error manifiesto de apreciación en lo que respecta al requisito establecido en el artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía.

406

Con carácter subsidiario, la República de Austria alega que el Reglamento impugnado adolece de lagunas en el análisis y de una motivación insuficiente por lo que respecta al objetivo medioambiental de adaptación al cambio climático, en la medida en que ni la Comisión ni sus expertos han comprobado si la energía nuclear redunda en perjuicio de dicho objetivo medioambiental.

407

Sin embargo, como se desprende del considerando 7 del Reglamento impugnado, en el que se hace referencia al informe del JRC y que, de este modo, forma parte de la motivación de dicho Reglamento de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 216, la Comisión motivó de forma suficiente en Derecho su apreciación de que la energía nuclear no causaba un perjuicio significativo a los objetivos perseguidos por el artículo 17, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía.

408

Por lo que respecta a los criterios técnicos de selección, la República de Austria alega en primer lugar que el Reglamento impugnado infringe el artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía en lo que atañe al objetivo medioambiental de adaptación al cambio climático, ya que, por una parte, no queda claramente de manifiesto en qué medida los criterios técnicos de selección establecidos en el anexo I del Reglamento impugnado se basan en pruebas científicas concluyentes relativas a la energía nuclear y, por otra parte y en cualquier caso, los dictámenes disponibles sobre la energía nuclear no abordan esta cuestión.

409

A este respecto, cabe señalar que en la página 357 de su informe, en la fila del cuadro titulada «Adaptación al cambio climático», el JRC afirma lo siguiente:

410

El Apéndice E, que aparece en la página 369 del informe del JRC, contiene precisiones acerca de la evaluación de los riesgos climáticos y de la vulnerabilidad, incluida una tipología de los riesgos climáticos.

411

De ello se deduce que el JRC llevó a cabo una evaluación de los riesgos asociados a la adaptación al cambio climático.

412

Por consiguiente, no puede prosperar ni la alegación de que no queda claramente de manifiesto en qué medida los criterios técnicos de selección establecidos en el anexo I del Reglamento impugnado se basan en pruebas científicas concluyentes en materia de energía nuclear en relación con el criterio de la adaptación al cambio climático, ni la alegación de que los dictámenes disponibles no abordan esta cuestión.

413

A continuación, la República de Austria critica el hecho de que los criterios técnicos de selección enunciados en el anexo I del Reglamento impugnado se limitan, por lo que respecta a la energía nuclear, a efectos de evitar que se menoscabe significativamente el objetivo de adaptación al cambio climático, a remitirse al apéndice A del anexo I del Reglamento Delegado 2021/2139, así como a la Directiva 2009/71 y a las orientaciones del OIEA y de la WENRA sobre riesgos naturales extremos. A su juicio, en estas circunstancias no es posible abordar adecuadamente, y menos aún excluir con certeza, los riesgos específicos vinculados a las necesidades de agua de refrigeración y a su uso, que provocan, en relación con la energía nuclear, efectos adversos significativos en el sentido del artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía.

414

Además, según la República de Austria, el apéndice A del anexo I del Reglamento Delegado 2021/2139 impone una obligación procedimental de efectuar una evaluación del riesgo climático y de la vulnerabilidad. A este respecto, la República de Austria considera que, en la medida en que el apéndice A obliga también a los operadores económicos a desarrollar y aplicar «soluciones de adaptación», esta obligación resulta vaga y, en cualquier caso, queda limitada a una «reducción sustancial» de los «riesgos climáticos más importantes». Según la República de Austria, ello permite atenuar el perjuicio causado por la energía nuclear al objetivo medioambiental de adaptación al cambio climático, siendo así que es necesario excluir totalmente un perjuicio tan significativo. La República de Austria sostiene que los criterios «deberían» también garantizar la «aplicación de soluciones de adaptación para minimizar o evitar posibles pérdidas o impactos en la continuidad de las operaciones», como se desprende del considerando 51 del Reglamento Delegado 2021/2139, y que las obligaciones establecidas en el apéndice A de dicho Reglamento no son suficientes, en particular para tener en cuenta las consecuencias específicas del cambio climático.

415

A este respecto, basta con señalar que, como reconoce la República de Austria, estos criterios técnicos de selección permiten atenuar el perjuicio causado por la energía nuclear al objetivo medioambiental de adaptación al cambio climático.

416

Asimismo, la tesis de que es necesario excluir totalmente un perjuicio tan significativo debe rechazarse, ya que implica imponer a la Comisión un enfoque de «riesgo cero» contrario a la jurisprudencia (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo, T‑13/99, EU:T:2002:209, apartados 144 a 147).

417

Además, la alegación de que la remisión a la Directiva 2009/71 y a las directrices del OIEA y de la WENRA no permite excluir los efectos negativos no basta para demostrar que el Reglamento impugnado adolece de un error manifiesto de apreciación, en la medida en que no está suficientemente motivada, ya que la Comisión siguió el enfoque establecido en el artículo 17 del Reglamento sobre la taxonomía, interpretado a la luz del considerando 40 de dicho Reglamento (véanse los anteriores apartados 263 a 265). Del mismo modo, por razones análogas a las expuestas en el apartado 401 anterior, no puede prosperar la crítica relativa a la supuesta falta de toma en consideración de las necesidades de agua de refrigeración en el futuro.

418

La República de Austria añade que, con arreglo a las disposiciones mencionadas, respecto de las instalaciones existentes solo se exigen mejoras de la seguridad a priori en la medida en que se consideren razonablemente realizables, requisito que califica de vago e insuficientemente ambicioso. En particular, considera que los factores de localización que amenazan la seguridad de las instalaciones no excluyen la posibilidad de acogerse a la taxonomía, ya que estos factores, como la ubicación de los ríos amenazados con secarse, no podrían modificarse «razonablemente».

419

No obstante, dado que este criterio de la mejora razonablemente viable, empleado en el punto 2 de la sección 4.28 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado, viene exigido por la Directiva 2009/71 en lo que respecta a las instalaciones existentes, su utilización en el Reglamento impugnado no puede constituir un error manifiesto de apreciación de la Comisión por razones análogas a las expuestas en los anteriores apartados 263 a 265.

420

Por último, la República de Austria afirma que la aplicación de soluciones de adaptación y la mejora de las normas de seguridad no permiten concluir que no se produzcan efectos adversos en el sentido del artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía. En efecto, el objetivo medioambiental de la adaptación al cambio climático no se limita a garantizar la seguridad humana y la naturaleza, sino que también abarca otros objetivos subordinados, como la accesibilidad y la estabilidad del suministro de energía y agua. Pues bien, según la República de Austria, estos objetivos se ven considerablemente amenazados cuando cesa el funcionamiento de las centrales nucleares en caso de canícula o sequía, se eleva la temperatura autorizada del agua de refrigeración inyectada o deben aplicarse soluciones de adaptación costosas, suponiéndolas posibles.

421

No obstante, como ya se ha expuesto en el apartado 401 de la presente sentencia, debe considerarse que el escenario contemplado por la República de Austria basado, en esencia, en que el calentamiento global tendría consecuencias tales para el funcionamiento de las centrales que estas perderían su utilidad como fuente de energía, reviste un carácter demasiado especulativo para demostrar la existencia de un error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión.

422

A este respecto, el hecho de que el análisis de la Comisión sea objeto de controversia en la literatura científica no basta, como tal, para desvirtuar esta conclusión, dado que, en aplicación de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 212, la Comisión dispone de un amplio margen de apreciación en lo que respecta a la evaluación de los estudios científicos y a la elección de los estudios que deben prevalecer sobre los demás.

423

Habida cuenta de lo anterior, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que el Reglamento impugnado haya infringido el criterio DNSH en relación con el objetivo de adaptación al cambio climático contemplado en el artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía.

424

Por consiguiente, procede desestimar la quinta parte del tercer motivo y la quinta parte del cuarto motivo.

–

Sobre la sexta parte del tercer motivo, basada en el incumplimiento de la exigencia de un análisis del ciclo de vida

425

Según la República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reglamento impugnado infringe el artículo 17, apartado 2, y el artículo 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía, en la medida en que, en esencia, se basa en una evaluación que no tiene suficientemente en cuenta el ciclo de vida completo de la energía nuclear, esto es, la extracción y el tratamiento del mineral de uranio, el refinado, la conversión, el enriquecimiento del uranio, la fabricación de conjuntos combustibles, el transporte y los conflictos armados potenciales.

426

En particular, la República de Austria afirma que la Comisión omitió expresamente incluir la extracción y la transformación del uranio en el Reglamento impugnado a raíz de las críticas del CCRSAE, admitiendo así el análisis del ciclo de vida según el cual el respeto de normas medioambientales que se correspondan, al menos, en lo esencial a las de la Unión no puede garantizarse respecto de esas actividades. A este respecto, la República de Austria subraya que el informe del JRC también había constatado al menos un elevado riesgo de que se produjeran graves perjuicios a varios objetivos medioambientales, al tiempo que estimaba que dicho riesgo debía excluirse mediante una remisión a las prescripciones del Derecho de la Unión en los criterios técnicos de selección. En la medida en que la Comisión no siguió este punto de vista del JRC, la República de Austria considera que, de este modo, admitió implícitamente en el Reglamento impugnado la existencia de un perjuicio significativo para los objetivos medioambientales en la fase de extracción y tratamiento del uranio y, por tanto, que el Reglamento impugnado adolece de un error manifiesto de apreciación.

427

La Comisión, apoyada por la República Francesa, Hungría, la República de Polonia y Rumanía, rebate esta alegación.

428

A este respecto, procede recordar que, en virtud del artículo 17, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, a la hora de evaluar una actividad económica con arreglo al criterio DNSH, se deberá tener en cuenta el impacto ambiental tanto de la propia actividad como de los productos y servicios generados por esa actividad a lo largo de todo su ciclo de vida, en particular teniendo en cuenta la producción, el uso y el final de vida útil de esos productos y servicios.

429

De conformidad con el artículo 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía, los criterios técnicos de selección deben tener en cuenta el ciclo de vida, en particular las pruebas extraídas de las evaluaciones del ciclo de vida de las que se disponga, considerando el impacto ambiental tanto de la propia actividad económica como de los productos y servicios generados por esa actividad, en particular teniendo en cuenta la producción, el uso y el final de vida útil de esos productos y servicios.

430

Asimismo, procede señalar que, según el considerando 40 del Reglamento sobre la taxonomía, «a la hora de establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe cerciorarse de que dichos criterios se basen en datos científicos disponibles, se elaboren teniendo en cuenta consideraciones relacionadas con el ciclo de vida, en particular las evaluaciones del ciclo de vida de las que se disponga, y se actualicen periódicamente».

431

Además, el considerando 47 del Reglamento sobre la taxonomía indica que «los criterios técnicos de selección podrían exigir que se lleve a cabo una evaluación del ciclo de vida en la medida en que sea viable y necesario».

432

Así, tanto el artículo 17, apartado 2, como el artículo 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía se refieren específicamente a una actividad económica determinada —así como a los productos o servicios resultantes de dicha actividad— para la que se deberán establecer criterios técnicos de selección.

433

Además, los artículos 17, apartado 2, y 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía no exigen que la Comisión lleve a cabo un análisis del ciclo de vida de todas las actividades económicas, sino únicamente que se tenga en cuenta el ciclo de vida.

434

Por consiguiente, como alega la Comisión, del tenor tanto del artículo 17, apartado 2, como del artículo 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía se desprende que la exigencia de tomar en consideración el ciclo de vida de una actividad no se extiende necesariamente a las actividades anteriores o posteriores a la actividad económica de que se trate.

435

Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que, según la Recomendación 2013/179/UE de la Comisión, de 9 de abril de 2013, relativa a la utilización de métodos comunes para medir e indicar el comportamiento medioambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de todo el ciclo de vida (DO 2013, L 124, p. 1), mencionada en el Reglamento impugnado, todas las actividades, desde la extracción de materias primas hasta la eliminación o el reciclado pasando por las fases de transformación, distribución, almacenamiento y utilización, deban tenerse en cuenta en el cálculo de la huella medioambiental.

436

En efecto, esta Recomendación no tiene por objeto evaluar la contribución de una actividad a la mitigación del cambio climático ni los posibles perjuicios causados por dicha actividad a los objetivos medioambientales definidos en el Reglamento sobre la taxonomía.

437

Además, procede señalar que el enfoque seguido por la Comisión en el Reglamento impugnado no es específico de la energía nuclear, sino que se adoptó respecto de otras actividades cubiertas por la taxonomía, en particular las instalaciones de generación de electricidad a partir de las energías renovables que también implican la extracción de materias primas o de tierras raras para su construcción y mantenimiento.

438

De ello resulta que la Comisión no infringió el artículo 17, apartado 2, ni el artículo 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía al no tener en cuenta, a la hora de fijar los criterios técnicos de selección, consideraciones relativas al ciclo de vida de actividades económicas como las actividades de extracción y tratamiento del mineral de uranio, refinado, conversión, enriquecimiento de uranio, montaje de combustibles y transporte, que son actividades anteriores o posteriores a las actividades vinculadas a la energía nuclear a las que se refiere el Reglamento impugnado.

439

Asimismo, procede señalar que la Comisión tuvo en cuenta las repercusiones de las actividades de desmantelamiento y eliminación de los residuos radiactivos y del combustible nuclear gastado en su evaluación del criterio DNSH, tal como se desprende de los considerandos 3 y 7 del Reglamento impugnado.

440

Así pues, las circunstancias, invocadas por la República de Austria —según las cuales, en primer lugar, la Comisión no incluyó estas actividades en la taxonomía a raíz de los informes del CCRSAE y del JRC; en segundo lugar, el tratamiento, la conversión, el enriquecimiento y el montaje de combustibles fueron realizados esencialmente por Estados terceros, o incluso, en tercer lugar, la Comisión admitió implícitamente el perjuicio causado al medio ambiente por dichas actividades— no demuestran, por sí solas, que el Reglamento impugnado adoleciera de un error manifiesto de apreciación.

441

En efecto, los artículos 17 y 19 del Reglamento sobre la taxonomía, en la medida en que se refieren a determinadas actividades que corresponde definir a la Comisión, no le impiden considerar que las actividades identificadas por la República de Austria son autónomas respecto de las actividades de generación de energía nuclear que son objeto del Reglamento impugnado.

442

Por otra parte, contrariamente a lo que alega la República de Austria, la Comisión no estaba obligada a tener en cuenta, en el análisis del ciclo de vida de la utilización de la energía nuclear civil, los aspectos relacionados con los efectos de los conflictos armados, los sabotajes y los riesgos de abuso y de proliferación de las aplicaciones civiles y militares de la energía nuclear en su apreciación de un perjuicio significativo causado a los objetivos medioambientales.

443

En efecto, ni del tenor del artículo 17 del Reglamento sobre la taxonomía ni de ninguna otra disposición de dicho Reglamento se desprende que estos elementos deban tenerse en cuenta para la elaboración de los criterios técnicos de selección.

444

Por último, la República de Austria afirma que el Reglamento impugnado adolece de «lagunas en el análisis y en la motivación» relativos a todos los aspectos de la toma en consideración del ciclo de vida de la energía nuclear.

445

Sin embargo, dado que la Comisión no estaba obligada a tener en cuenta el ciclo de vida de las actividades situadas antes o después de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear, no puede reprochársele no haber ofrecido una motivación suficiente de estos elementos que, a su juicio, no formaban parte del ciclo de vida de estas últimas actividades.

446

Por consiguiente, la sexta parte del tercer motivo es infundada.

–

Sobre la sexta parte del cuarto motivo, basada en el carácter contradictorio e insuficiente de las disposiciones del anexo II del Reglamento impugnado relativas a la prevención de los perjuicios significativos derivados de accidentes graves de reactor y del almacenamiento definitivo de residuos altamente radiactivos

447

La República de Austria sostiene que las disposiciones que figuran en el anexo II del Reglamento impugnado relativas a la prevención de los perjuicios significativos derivados de accidentes graves de reactor y del almacenamiento definitivo de residuos altamente radiactivos son contradictorias e insuficientes a la luz de los criterios DNSH establecidos en el anexo I del Reglamento impugnado. En efecto, el anexo II del Reglamento impugnado solo contiene como criterios destinados a prevenir perjuicios significativos a los objetivos medioambientales los enunciados en el anexo I del Reglamento impugnado como «criterios adicionales relativos al principio DNSH». A este respecto, la República de Austria se remite a las alegaciones formuladas en el marco de la primera parte del tercer motivo, de la primera parte del cuarto motivo, de la tercera parte del tercer motivo, de la segunda parte del cuarto motivo, de la cuarta parte del tercer motivo y de la tercera parte del cuarto motivo, relativas al nivel de protección y de los riesgos de accidentes graves de reactor y del almacenamiento definitivo de residuos altamente radiactivos. La República de Austria deduce de ello que las ilegalidades anteriormente invocadas vician las disposiciones que figuran en el anexo II del Reglamento impugnado, así como las disposiciones de dicho Reglamento que se refieren a ellas, en la medida en que coinciden con el anexo I del Reglamento impugnado.

448

La República de Austria añade que el anexo II del Reglamento impugnado no contiene ninguno de los criterios enumerados en los «criterios generales» que figuran al inicio del anexo I de dicho Reglamento. Así pues, los pocos criterios que van más allá de los requisitos legales vigentes y que figuran en el anexo I de dicho Reglamento ni siquiera son aplicables según su anexo II.

449

La República de Austria alega, además, que las disposiciones contenidas en el anexo II del Reglamento impugnado infringen el artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía y vulneran el principio de cautela por el mero hecho de que dicho anexo no contiene «criterios generales», aunque tales criterios generales se consideraron necesarios y se incluyeron en el anexo I del Reglamento impugnado.

450

La Comisión rebate estas alegaciones.

451

Dado que la República de Austria no ha demostrado que los criterios adicionales relativos al criterio DNSH en lo que respecta al nivel de protección (apartados 261 a 269 anteriores), así como a los riesgos de accidentes graves de reactor (apartados 288 a 346 anteriores) y del almacenamiento definitivo de los residuos altamente radiactivos (apartados 350 a 384 anteriores) adolecieran de un error manifiesto de apreciación, esta alegación no permite demostrar, sin precisiones adicionales, el carácter contradictorio e insuficiente de las disposiciones que figuran en el anexo II del Reglamento impugnado.

452

Además, procede recordar que el anexo I del Reglamento impugnado establece, con arreglo al artículo 10 del Reglamento sobre la taxonomía, los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de manera sustancial a la mitigación del cambio climático y si la actividad económica causa un perjuicio significativo a alguno de los demás objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 del Reglamento sobre la taxonomía.

453

Por su parte, el anexo II del Reglamento impugnado establece, sobre la base del artículo 11 del Reglamento sobre la taxonomía, los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de manera sustancial a la adaptación al cambio climático y si la actividad económica causa un perjuicio significativo a cualquiera de los demás objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 del Reglamento sobre la taxonomía.

454

Ahora bien, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía, que se aplica mediante los criterios técnicos de selección que figuran en el anexo II del Reglamento impugnado, no sigue el criterio de mejor rendimiento en el sector o la industria previsto en el artículo 10, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía.

455

Así pues, a efectos de la calificación de contribución sustancial a la adaptación al cambio climático, la Comisión no exigió, contrariamente a la calificación de contribución sustancial a la mitigación del cambio climático que figura en el anexo I del Reglamento impugnado, el cumplimiento de un requisito más estricto por lo que respecta a las instalaciones de almacenamiento.

456

De ello se deduce que las divergencias entre el anexo I y el anexo II del Reglamento impugnado invocadas por la República de Austria no pueden, por sí solas, demostrar la existencia de un error manifiesto de apreciación ni una infracción del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía. Por último, dado que dichas divergencias resultan de los artículos 10, apartado 2, letra a), y 11, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía, tampoco permiten demostrar una insuficiencia de motivación.

457

A la luz de lo anterior, la sexta parte del cuarto motivo carece de fundamento.

–

Sobre la séptima parte del cuarto motivo, basada, con carácter subsidiario, en «lagunas en el análisis y en la motivación»

458

La República de Austria invoca, con carácter subsidiario, «lagunas en el análisis y en la motivación» en relación con los criterios técnicos de selección, por lo que respecta, en particular, a los accidentes graves de reactor, al almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos de alta actividad, al objetivo medioambiental de la adaptación al cambio climático y a los criterios generales relativos al criterio DNSH, que figuran en el anexo II del Reglamento impugnado, remitiéndose a las alegaciones formuladas en el marco de las demás partes del cuarto motivo.

459

La Comisión, apoyada por la República de Bulgaria, rebate esta argumentación.

460

Dado que las imputaciones basadas en «lagunas en el análisis o en la motivación» en relación con los accidentes graves de reactor, el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos de alta actividad, el objetivo medioambiental de la adaptación al cambio climático y los criterios generales relativos al criterio DNSH que figuran en el anexo II del Reglamento impugnado han sido desestimadas, respectivamente, en los anteriores apartados 325, 365 y 407, la séptima parte del cuarto motivo también debe desestimarse por los mismos motivos.

461

Habida cuenta de lo anterior, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que, al incluir las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear en las actividades de transición y al establecer los criterios técnicos de selección para dichas actividades, el Reglamento impugnado ignorara el criterio DNSH, tal como se establece en los artículos 17 y 19, apartado 1, letras f) y g), del Reglamento sobre la taxonomía, o el principio de cautela.

462

Por consiguiente, deben desestimarse los motivos tercero y cuarto.

Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 11 y del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía y en la vulneración del principio de cautela

463

La República de Austria sostiene que el Reglamento impugnado infringe los artículos 11 y 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía y vulnera el principio de cautela, en la medida en que califica las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear como actividades que contribuyen de forma sustancial a la adaptación al cambio climático.

464

La Comisión, apoyada por la República de Bulgaria y Rumanía, rebate esta alegación.

465

A este respecto, procede recordar que el artículo 11 del Reglamento sobre la taxonomía dispone lo siguiente:

466

Además, la letra f) del apartado 1 del artículo 19 del Reglamento sobre la taxonomía establece que los criterios técnicos de selección deberán basarse en pruebas científicas concluyentes y en el principio de cautela.

467

Asimismo, procede señalar que, en la rúbrica titulada «Contribución sustancial a la adaptación al cambio climático» que figura en el anexo II del Reglamento impugnado para las actividades comprendidas en las secciones 4.26 a 4.28, se indica, en esencia, que las actividades económicas de que se trata deben haber aplicado soluciones físicas y no físicas («soluciones de adaptación») que reduzcan sustancialmente los riesgos climáticos físicos más importantes que son materiales respecto a esa actividad. Además, se precisa que los riesgos climáticos físicos que son materiales respecto a las actividades de que se trata se han determinado a partir de los enumerados en el apéndice A del anexo II del Reglamento Delegado 2021/2139, en el que se incluyeron las secciones 4.26 a 4.31, mediante el Reglamento impugnado a través de una sólida evaluación de las vulnerabilidades y los riesgos climáticos.

468

En primer término, según la República de Austria, dado que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear, en el sentido del Reglamento impugnado, inciden negativamente en el objetivo medioambiental de adaptación al cambio climático, en el sentido del artículo 17, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía, no pueden aportar una contribución sustancial al objetivo medioambiental de adaptación al cambio climático. A este respecto, la República de Austria se remite a sus alegaciones formuladas en el marco de la quinta parte del tercer motivo y de la quinta parte del cuarto motivo.

469

No obstante, puesto que las alegaciones de la República de Austria no permitían demostrar que la Comisión hubiera incurrido en un error manifiesto de apreciación del criterio DNSH en lo que respecta a la adaptación al cambio climático, en el marco de la quinta parte del tercer motivo y de la quinta parte del cuarto motivo, la reproducción de estas alegaciones en el marco del presente motivo no puede demostrar, por sí sola, que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación al considerar que las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear suponían una contribución sustancial al objetivo de adaptación al cambio climático.

470

En segundo término, la República de Austria subraya que la constatación de la falta de contribución sustancial de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear a la adaptación al cambio climático no puede quedar desvirtuada por las formulaciones contenidas en el anexo II del Reglamento impugnado bajo la rúbrica «Contribución sustancial a la adaptación al cambio climático». En efecto, el término «incluya», que figura en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía, exige una contribución «de forma sustancial» a la adaptación al cambio climático, de modo que no basta con cualquier tipo de medida de adaptación. Además, el requisito se refiere a una contribución de forma sustancial, es decir, a medidas de adaptación física sustanciales, que deben formar parte integrante de la actividad económica como tal. Ahora bien, tales medidas no están definidas en el anexo II del Reglamento impugnado, puesto que los criterios establecidos en dicho anexo II coinciden en gran medida con los del anexo I del mismo Reglamento y son esencialmente de naturaleza puramente procedimental. Según la República de Austria, debido a la imprecisión de su tenor, no es posible determinar si de ellas se desprenden soluciones de adaptación físicas ni en qué medida lo hacen.

471

Pues bien, como se desprende del anterior apartado 467, el apartado 1 de los diferentes criterios técnicos de selección, en la rúbrica titulada «Contribución sustancial a la adaptación al cambio climático» que figura en el anexo II del Reglamento impugnado, en relación con las actividades comprendidas en las secciones 4.26 a 4.28, exige la aplicación de soluciones físicas y no físicas que reduzcan sustancialmente los riesgos climáticos físicos más importantes que son materiales respecto a esa actividad. Como se indica en el punto 2 de esta rúbrica, los riesgos climáticos físicos que son materiales respecto a la actividad de que se trata se han determinado a partir de los enumerados en el apéndice A del anexo II del Reglamento Delegado 2021/2139, a través de una evaluación de las vulnerabilidades y los riesgos climáticos que consta de las etapas detalladas en dicho punto 2. Los puntos 5 y 6 de la misma rúbrica se remiten al acervo Euratom pertinente.

472

Por tanto, debe desestimarse la alegación de la República de Austria basada en la falta de solución física y en el carácter procedimental y vago de los requisitos que figuran en el anexo II del Reglamento impugnado.

473

En tercer término, la República de Austria indica que los criterios técnicos de selección previstos en el anexo II del Reglamento impugnado no abordan los efectos que producen las olas de calor y de frío en la seguridad de los reactores o en el suministro de energía, que son esenciales para dicha seguridad. Añade que tampoco se mencionan los problemas específicos que el clima suscita exclusivamente en relación con la energía nuclear y que se derivan del aumento previsto de los conflictos de intereses que pueden surgir en torno al uso del agua entre el abastecimiento energético y la protección de las aguas o en el ámbito de la seguridad energética.

474

A este respecto, como se desprende del anterior apartado 467, el anexo II del Reglamento impugnado remite al apéndice A del anexo II del Reglamento Delegado 2021/2139. Este apéndice contiene una clasificación de los riesgos relacionados con el clima, entre los que figuran, en particular, las olas de calor, las olas de frío y, en los riesgos relacionados con el agua, el estrés hídrico. Además, por razones análogas a las expuestas en el apartado 401 anterior, la alegación de que no se tuvieron en cuenta los problemas específicos que, en el futuro, plantea el clima respecto de la energía nuclear tiene un carácter demasiado especulativo para prosperar.

475

Por tanto, debe desestimarse la alegación basada en el hecho de que los criterios técnicos de selección en cuestión no abordan estos riesgos climáticos.

476

En cuarto término, la República de Austria alega que el artículo 19, apartado 1, primera frase, del Reglamento sobre la taxonomía, en relación con su artículo 11, apartado 3, impone también la aplicación del criterio previsto en el artículo 19, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento y del principio de cautela a los criterios técnicos de selección destinados a garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 1, de dicho Reglamento. Afirma que la Comisión no recabó conocimientos especializados sobre la cuestión de si las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear pueden contribuir de manera sustancial a la adaptación al cambio climático y, en su caso, en qué medida. En particular, ante las consecuencias previstas del cambio climático en forma de sequías crecientes, escasez de agua en los cursos de agua y aumento de las temperaturas del agua, no se ha mantenido ningún debate sobre los riesgos específicos para la seguridad y los posibles conflictos de intereses potenciales que provocará el uso del agua (en los tres sectores económicos regulados) en relación con el recurso a las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear. La República de Austria deduce de ello, por una parte, que, a falta de estudios especializados, queda excluido que los criterios técnicos de selección se basen a este respecto en conocimientos científicos concluyentes y, por otra parte, que el principio de cautela no ha podido ser tenido en consideración, dado que su aplicación presupone conclusiones completas, precisas y definitivas y que, por definición, también se aplica a tales incertidumbres científicas vinculadas a esas conclusiones.

477

No obstante, contrariamente a lo que alega la República de Austria, el JRC analizó la cuestión de la contribución de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear a la adaptación al cambio climático en la página 357 de su informe. Por lo tanto, no cabe sostener que la Comisión no recabó ningún dictamen sobre la cuestión de si la energía nuclear puede aportar una contribución sustancial a la adaptación al cambio climático y, en su caso, en qué medida. Además, en la página 358 del informe del JRC se indica, en relación con el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, que los riesgos de degradación medioambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico se identifican y abordan de conformidad con un plan de gestión del uso y de la protección del agua, elaborado en concertación con las partes interesadas pertinentes. También se hace referencia a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO 2000, L 327, p. 1).

478

Así pues, contrariamente a lo que alega la República de Austria, no cabe considerar que los criterios técnicos de selección no se basan a este respecto en conocimientos científicos concluyentes y que no ha podido tomarse en consideración el principio de cautela.

479

Habida cuenta de lo anterior, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que el Reglamento impugnado se adoptara infringiendo los artículos 11 y 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía o vulnerando el principio de cautela en la medida en que califica la energía nuclear como energía que aporta una contribución sustancial a la adaptación al cambio climático.

480

Por tanto, el quinto motivo debe desestimarse.

Sexto motivo, basado en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra k), del Reglamento sobre la taxonomía

481

La República de Austria afirma que los criterios técnicos de selección no cumplen los requisitos del artículo 19, apartado 1, letra k), del Reglamento sobre la taxonomía, ya que contienen conceptos jurídicos indeterminados y condiciones cuya ejecución solo debe garantizarse en el futuro, por ejemplo, en relación con la planificación del almacenamiento final y la utilización de ATF a partir de 2025.

482

La Comisión, apoyada por la República de Bulgaria y Rumanía, rebate esta alegación.

483

Procede señalar que, en virtud del artículo 19, apartado 1, letra k), del Reglamento sobre la taxonomía, los criterios técnicos de selección establecidos en virtud de los artículos 10, apartado 3, y 11, apartado 3, de dicho Reglamento deberán ser fáciles de utilizar y fijarse de tal modo que se facilite la comprobación de su cumplimiento.

484

Pues bien, basta señalar que el hecho de que los criterios técnicos de selección se basen en conceptos jurídicos indeterminados y en condiciones que deben cumplirse en el futuro no basta para demostrar, como tal, que no son fáciles de utilizar o que no se establecen de manera que se facilite la comprobación de su cumplimiento, en el sentido del artículo 19, apartado 1, letra k), del Reglamento sobre la taxonomía. En cualquier caso, ningún requisito se opone a que una institución de la Unión, en el marco de la norma que adopta, emplee un concepto jurídico abstracto, ni exige que tal norma abstracta mencione los distintos supuestos concretos en los que podrá aplicarse, ya que esa institución no puede determinar por anticipado todos esos supuestos (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑157/21, EU:C:2022:98, apartado 320).

485

Asimismo, en la medida en que, mediante sus alegaciones, la República de Austria quiera esgrimir una vulneración del principio de seguridad jurídica, cabe recordar que una disposición de un acto de la Unión solo viola el principio de seguridad jurídica, debido a su falta de claridad, si adolece de una ambigüedad tal que impide que los justiciables disipen con suficiente certeza sus eventuales dudas sobre el alcance o el sentido de dicha disposición (sentencia de 24 de enero de 2024, Volkskreditbank/JUR, T‑348/21, no publicada, EU:T:2024:32, apartado 70).

486

En el presente asunto, la República de Austria no demuestra que los criterios técnicos de selección presenten una ambigüedad tal que impida que los justiciables puedan disipar con suficiente certeza posibles dudas sobre el alcance o el sentido de dichos criterios.

487

Por estos motivos, se desestima el sexto motivo.

Séptimo motivo, basado en la contravención de la finalidad y del efecto útil del Reglamento sobre la taxonomía debido al riesgo de fragmentación del mercado

488

La República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, alega que la calificación de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear como sostenibles puede dar lugar globalmente a una fragmentación del mercado contraria a la finalidad del Reglamento sobre la taxonomía y a la obligación de preservar su efecto útil.

489

Según la República de Austria, las obligaciones especiales de publicación relativas a las inversiones, en particular, en actividades de generación de energía nuclear llevan a establecer una diferenciación entre sostenibilidad medioambiental «mejor» y «menos buena» contraria al espíritu y al objetivo del Reglamento sobre la taxonomía, que consiste en garantizar la transparencia estableciendo criterios uniformes a escala de la Unión respecto de las actividades medioambientalmente sostenibles.

490

Pues bien, este objetivo queda amenazado por la clasificación de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear como sostenibles en la medida en que, desde el anuncio de la intención de la Comisión de calificar de sostenibles dichas actividades, se perfila en el mercado la fragmentación misma que el legislador de la Unión pretende evitar. La República de Austria indica que los inversores hacen publicidad centrada en los productos financieros «verdes», «no nucleares», que los inversores institucionales ya han declarado que no desean invertir en productos financieros que incluyen elementos de energía nuclear o han tomado posición en este sentido y que, en su mayoría, las etiquetas nacionales de financiación sostenible en Europa excluyen explícitamente la posibilidad de que las actividades vinculadas a la energía nuclear se ajusten a sus criterios.

491

La Comisión, apoyada por la República de Bulgaria, la República Francesa y Rumanía, rebate esta argumentación.

492

Conviene recordar que, según el considerando 14 del Reglamento sobre la taxonomía, con objeto de evitar la fragmentación del mercado y cualquier perjuicio a los intereses de los consumidores e inversores, debido a conceptos divergentes de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles, los requisitos nacionales que deben cumplir los participantes en los mercados financieros o los emisores para comercializar productos financieros o emisiones de renta fija privada como medioambientalmente sostenibles deben basarse en criterios uniformes aplicables a las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

493

En primer término, procede señalar que el Reglamento sobre la taxonomía tiene por objeto definir los requisitos que permiten considerar que determinadas actividades económicas son medioambientalmente sostenibles, en particular en los apartados 1 y 2 del artículo 10 de dicho Reglamento, y que, en consecuencia, al calificar determinadas actividades económicas vinculadas a la energía nuclear como sostenibles con arreglo al apartado 2 de dicha disposición, la Comisión no estableció una diferenciación indebida entre actividades económicas.

494

En segundo término, por lo que respecta a la alegación de que la clasificación de las actividades económicas vinculadas a la energía nuclear en la categoría de las actividades de transición tuvo por efecto, en el mercado, una pérdida de adhesión de los participantes en el mismo o una fragmentación debida al diseño de productos financieros o de inversiones sostenibles «no nucleares», como sostiene la República de Austria, cabe señalar que esa afirmación no puede viciar de ilegalidad el Reglamento impugnado.

495

En efecto, la legalidad de un acto de la Unión no puede depender de su nivel de eficacia, de los alegados comportamientos de los actores económicos e institucionales involucrados o del modo en que dicho acto se aplica en la práctica (véase, en este sentido, las sentencias de 25 de junio de 1998, British Airways y otros/Comisión, T‑371/94 y T‑394/94, EU:T:1998:140, apartado 291 y jurisprudencia citada, y de 29 de noviembre de 2006, Campoli/Comisión, T‑135/05, EU:T:2006:366, apartado 124 y jurisprudencia citada).

496

Por estas razones, procede desestimar también el séptimo motivo.

Sobre los motivos décimo a decimosexto, relativos a las actividades económicas relacionadas con el sector del gas fósil

497

Por lo que respecta al sector del gas fósil, el Reglamento impugnado define tres tipos de actividades:

–

la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles gaseosos (nuevas secciones 4.29 de los anexos I y II del Reglamento Delegado 2021/2139, incluidas en dichos anexos por el Reglamento impugnado);

–

la cogeneración de alta eficiencia de calor/frío y electricidad a partir de combustibles fósiles gaseosos (nuevas secciones 4.30 de los anexos I y II del Reglamento Delegado 2021/2139, incluidas en dichos anexos por el Reglamento impugnado);

–

la producción de calor/frío a partir de combustibles fósiles gaseosos en un sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración (nuevas secciones 4.31 de los anexos I y II del Reglamento Delegado 2021/2139, incluidas en dichos anexos por el Reglamento impugnado) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actividades económicas vinculadas al gas fósil»).

498

Respecto de cada una de estas actividades, el anexo I del Reglamento impugnado establece los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en que se considera que una actividad económica contribuye de manera sustancial a la mitigación del cambio climático y si la actividad económica causa un perjuicio significativo a cualquiera de los demás objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 del Reglamento sobre la taxonomía. Por su parte, el anexo II del Reglamento impugnado establece los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de manera sustancial a la adaptación al cambio climático y si la actividad económica causa un perjuicio significativo a cualquiera de los demás objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 del Reglamento sobre la taxonomía.

Décimo motivo, basado en la infracción de los artículos 10, apartado 2, y 19, apartado 1, letras f) y g), del Reglamento sobre la taxonomía, así como en la vulneración del principio de cautela

499

La República de Austria, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, alega, en esencia, que el Reglamento impugnado infringe los artículos 10, apartado 2, y 19, apartado 1, letras f) y g), del Reglamento sobre la taxonomía, y vulnera el principio de cautela, en la medida en que establece, para las actividades económicas vinculadas al gas fósil, umbrales de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW como media anual a lo largo de veinte años.

500

La República de Austria afirma que las actividades económicas relacionadas con el sector del gas fósil no contribuyen sustancialmente a la mitigación del cambio climático, al menos en la medida en que se autorizan por encima del límite de 100 g de CO2e/kWh, incluso dentro de los umbrales límite de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW.

501

La Comisión, apoyada por Hungría, la República de Polonia y Rumanía, rebate esta alegación.

502

Este motivo se divide en ocho partes, basadas, la primera, en la existencia de alternativas de bajas emisiones de carbono; la segunda, en la falta de contribución a la transición hacia una economía neutra en carbono de conformidad con el objetivo de 1,5o°C; la tercera, en el incumplimiento de la exigencia de un análisis del ciclo de vida; la cuarta, en retrasos en el mejor rendimiento en el sector o la industria; la quinta, en un obstáculo a las alternativas de bajas emisiones de carbono; la sexta, en la infracción de la prohibición de los efectos de retención; la séptima, en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía, y la octava, formulada con carácter subsidiario, en una infracción del artículo 19, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento, en la vulneración del principio de cautela y en «lagunas en el análisis y en la motivación».

–

Sobre la primera parte del décimo motivo, basada en la existencia de alternativas de bajas emisiones de carbono

503

La República de Austria alega que no se cumple el requisito de que no exista una solución alternativa de bajas emisiones de carbono, ya que las energías renovables, las redes inteligentes y las técnicas de almacenamiento de energía y de reducción del consumo son otras tantas alternativas de bajas emisiones de carbono que pueden sustituir a las actividades económicas vinculadas al gas fósil.

504

La República de Austria añade que, al considerar que «es posible que todavía no se disponga» de alternativas de bajas emisiones de carbono, como se indica en los considerandos 4 y 6 del Reglamento impugnado, la Comisión basa dicho Reglamento en una «ampliación» del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía incompatible con el tenor, la estructura y la finalidad de esta disposición por las razones expuestas en apoyo del segundo motivo.

505

Además, la República de Austria afirma que el requisito con arreglo al cual, fundamentalmente, la electricidad o el calor/frío que deben sustituirse no puedan generarse a partir de fuentes de energía renovables, según una evaluación comparativa con la alternativa renovable más eficiente en términos de costes y técnicamente viable para la misma capacidad que se haya encontrado, previsto en el punto 1, letra b), inciso ii), de la sección 4.29 y en el punto 1, letra b), inciso iii), de las secciones 4.30 y 4.31 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado, da lugar a una ampliación ilegal del ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía. Considera que esta última disposición exige una comparación no solo con la alternativa «más rentable», sino también con todas las alternativas «económicamente realizables», y que dicha disposición excluye la calificación de medioambientalmente sostenible no solo cuando «la misma capacidad» pueda alcanzarse con fuentes alternativas, sino también desde el momento en que estas existan.

506

La Comisión, apoyada por Hungría, la República de Polonia y Rumanía, rebate esta alegación.

507

Procede recordar, en primer término, que del considerando 4 del Reglamento impugnado se desprende, en esencia, que la Comisión consideró que la transición ecológica requería reducciones significativas de las emisiones de GEI en sectores en los que las alternativas de bajas emisiones de carbono no son viables en la medida en que no permitirían garantizar el suministro energético necesario.

508

A tal fin, la Comisión consideró, en esencia, que era necesario establecer criterios técnicos de selección para las actividades económicas vinculadas al gas fósil cuando las emisiones de GEI generadas por dichas actividades se mantuvieran por debajo de un umbral adecuado, pero también cuando esos tipos de producción no se atuvieran aún a ese umbral adecuado.

509

La Comisión también consideró que debía adoptarse un enfoque distinto de la limitación directa de las emisiones de GEI. Según este enfoque, que debería arrojar resultados similares a lo largo de un período de veinte años, por una parte, las instalaciones pueden alcanzar tales resultados limitando el número de horas de funcionamiento o adelantando la transición hacia los gases renovables o de bajas emisiones de carbono. Por otra parte, los criterios técnicos de selección para el uso de gas fósil también deben garantizar que se disponga de pruebas sólidas que demuestren que la misma capacidad no puede generarse con fuentes renovables y que se establezcan planes eficaces para cada instalación, en consonancia con los mejores resultados del sector, para pasar completamente a las energías renovables o a los gases de bajas emisiones de carbono en una fecha determinada.

510

En segundo término, como se desprende de los anteriores apartados 164 a 169, el requisito de que no exista una alternativa de bajas emisiones de carbono que sea viable desde el punto de vista tecnológico y económico, previsto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, implica tener en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad del suministro.

511

En tercer término, de ello se deduce que debe desestimarse la alegación de que el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía excluye la calificación de medioambientalmente sostenible no solo cuando «la misma capacidad» pueda alcanzarse con fuentes alternativas, sino también desde el momento en que estas existan.

512

En efecto, como se desprende de los anteriores apartados 164 a 169, el requisito, previsto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, de que no exista una alternativa de bajas emisiones de carbono que sea viable desde el punto de vista tecnológico y económico implica tener en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad del suministro. Pues bien, la interpretación propuesta por la República de Austria vulnera el imperativo de seguridad del suministro.

513

En cuarto término, contrariamente a lo que alega la República de Austria, el requisito de que la energía que debe sustituirse no pueda generarse a partir de fuentes de energía renovables, según una evaluación comparativa con la alternativa renovable más eficiente en términos de costes y técnicamente viable para la misma capacidad que se haya encontrado, previsto en el punto 1, letra b), inciso ii), de la sección 4.29 y en el punto 1, letra b), inciso iii), de las secciones 4.30 y 4.31 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado, no es ilegal por suponer una ampliación del ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía para incluir en esta disposición el imperativo de seguridad del suministro.

514

En efecto, este requisito también tiene por objeto asegurar el imperativo de seguridad del suministro, conforme a la interpretación que se desprende de los anteriores apartados 164 a 169, garantizando al mismo tiempo que existan pruebas que demuestren claramente que no puede generarse la misma capacidad a partir de fuentes renovables, según el enfoque de la Comisión descrito en el anterior apartado 509. Por lo tanto, no procede de una ampliación del ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía.

515

En quinto término, debe señalarse que, según los modelos de la Comisión, basados en la evaluación de impacto que acompaña a su Comunicación COM(2020) 562 final, de 17 de septiembre de 2020, titulada «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos», las centrales eléctricas de gas eran necesarias como capacidades de transición y de reserva en las actuales condiciones tecnológicas y de mercado, en la medida en que la Unión necesitaría nuevas capacidades de gas comprendidas entre 23 y 31 gigawatios (GW) en el período comprendido entre 2020 y 2030.

516

Pues bien, las alegaciones de la República de Austria basadas en las afirmaciones de la Plataforma no permiten demostrar que la Comisión haya incurrido en un error manifiesto de apreciación al considerar que las alternativas de bajas emisiones de carbono pueden no estar aún disponibles en el mercado y no permiten garantizar la seguridad del suministro.

517

En efecto, la mera afirmación de que existen alternativas viables basadas en energías renovables no basta para privar de verosimilitud a la apreciación de la Comisión.

518

Por lo tanto, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que no se cumpla el requisito de que no exista una alternativa de bajas emisiones de carbono, previsto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía.

519

Por estas razones, la primera parte del décimo motivo carece de fundamento.

–

Sobre la segunda parte del décimo motivo, basada en la falta de contribución a la transición hacia una economía neutra en carbono de conformidad con el objetivo de 1,5o C

520

La República de Austria alega, en esencia, que los umbrales límite de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW, utilizados en el anexo I del Reglamento impugnado, no son compatibles con el objetivo de 1,5o°C fijado por el Acuerdo de París y los objetivos derivados correspondientes de la Unión para 2030 y 2050, y que los demás criterios técnicos de selección no permiten contribuir a la mitigación del cambio climático.

521

La Comisión, apoyada por Rumanía y la República de Polonia, rebate esta alegación.

522

Es importante recordar que el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía exige, en particular, que la actividad económica de que se trate apoye la transición hacia una economía climáticamente neutra coherente con un plan para limitar el aumento de la temperatura a 1,5o°C respecto de los niveles preindustriales, incluso mediante la eliminación progresiva de las emisiones de GEI, especialmente las emisiones procedentes de combustibles fósiles.

523

Del considerando 41 del Reglamento sobre la taxonomía se desprende asimismo que las actividades contempladas en el artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento deben apoyar, siguiendo una trayectoria creíble, la transición hacia una economía climáticamente neutra coherente con un plan para limitar el aumento de la temperatura a 1,5o°C respecto de los niveles preindustriales, incluida la eliminación progresiva de las emisiones de GEI.

524

Así, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía obliga a la Comisión a garantizar que una actividad económica a la que se aplique esa disposición apoye la transición hacia una economía climáticamente neutra y marca el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5o°C respecto de los niveles preindustriales, incluida la eliminación progresiva de las emisiones de GEI.

525

Del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía se desprende que las apreciaciones de la Comisión carecerían de verosimilitud y adolecerían de un error manifiesto de apreciación si la República de Austria demostrara que, contrariamente a lo considerado, en esencia, por la Comisión en el Reglamento impugnado, los criterios técnicos de selección no son adecuados para suprimir o reducir progresivamente las emisiones de GEI.

526

A este respecto, por lo que respecta a la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles gaseosos (sección 4.29 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado), a título del criterio técnico de selección relativo a la contribución sustancial a la mitigación del cambio climático, el punto 1, letra b), de la sección 4.29 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado establece lo siguiente:

527

El umbral límite de 270 g de CO2e/kWh de la energía generada se utiliza también en los criterios técnicos de selección para la cogeneración de alta eficiencia de calor/frío y electricidad a partir de combustibles fósiles gaseosos (sección 4.30 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado) y para la producción de calor/frío a partir de combustibles fósiles gaseosos en un sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración (sección 4.31 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado).

528

En primer lugar, la República de Austria indica que el TEG considera que el umbral límite de 100 g de CO2e/kWh concreta científicamente el cumplimiento del requisito consistente en favorecer la transición hacia una economía climáticamente neutra y que debe reducirse cada cinco años, recordando al mismo tiempo que el TEG también indicó que este umbral no podía ser respetado por las centrales de gas tradicionales, sino únicamente por las que utilizan la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. También señala que la Plataforma consideró que los límites umbral de 270 g CO2e/kWh y de 550 kg CO2e/kW no eran compatibles con los objetivos climáticos de la Unión y con el Acuerdo de París y que la Comisión consideró determinante el límite de 100 g CO2e/kWh, en particular para las demás actividades que se considera que contribuyen de forma sustancial a mitigar el cambio climático en el Reglamento Delegado 2021/2139 y para la energía nuclear.

529

En primer término, procede señalar que, en el informe final del TEG, se indicó lo siguiente en relación con el umbral de 100 g de CO2e/kWh:

–

Los datos históricos sobre las emisiones del sector de la electricidad y la demanda de electricidad para la UE 28 proceden de Eurostat.

–

Las emisiones futuras están en consonancia con los compromisos políticos de la [Unión] para el sector [del régimen de comercio de derechos de emisión] (-43 % de aquí a 2030) y disminuyen linealmente hasta 2050. Se supone que la futura demanda de electricidad (producción neta) crece en consonancia con la hipótesis de referencia PRIMES 2016 de la UE.

–

Dividiendo las emisiones previstas del sector de la electricidad por la demanda de electricidad prevista, se obtienen valores anuales proyectados coherentes con las políticas para los factores de emisión del sector eléctrico de la [Unión].

–

Se considera que un determinado productor de electricidad está en consonancia con estos objetivos políticos si sus emisiones son inferiores a la media de esos factores de emisión anuales a lo largo de su vida útil.

–

Para determinar un umbral único tecnológicamente neutro que abarque todas las tecnologías, la metodología considerará los factores de emisión anuales medios durante un período de 40 años a partir de la puesta en servicio.»

530

Por lo tanto, el umbral de 100 g de CO2e/kWh se obtuvo dividiendo las emisiones proyectadas del sector de la electricidad (teniendo en cuenta el objetivo de cero emisiones netas de aquí a 2050) por la demanda de electricidad proyectada.

531

Según el TEG, el umbral de 100 g de CO2e/kWh representa el valor medio de las emisiones de la generación de electricidad entre 2020 y 2050 que permita a la Unión alcanzar el objetivo de cero emisiones netas antes de 2050.

532

Este umbral se basa en la ratio entre el valor estimado de las emisiones totales que no deben superarse de aquí a 2050 para tender a limitar o eliminar la emisión de GEI y el valor de la demanda de electricidad estimado de aquí a 2050.

533

En otras palabras, el umbral de 100 g de CO2e/kWh determina un valor hipotético de CO2e/kWh producido que no debe superarse para limitar o eliminar las emisiones de GEI de manera compatible con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5o°C con respecto a los niveles preindustriales de aquí a 2050.

534

En segundo término, procede señalar, no obstante, que el umbral establecido por el TEG no es, como tal, un parámetro de legalidad de los criterios técnicos de selección establecidos en el Reglamento impugnado, ya que la Comisión puede tomar en consideración un conjunto de elementos.

535

A este respecto, como señaló la Comisión en su escrito de contestación sin ser contradicha a este respecto, las centrales de gas que no disponen de un sistema de captura de CO2 no pueden actualmente respetar el umbral de 100 g de CO2e/kWh. El enfoque de la Comisión consiste, en esencia, en aplicar un umbral de 270 g de CO2e/kWh a dichas instalaciones, de modo que estén comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento impugnado y estén sujetas a los demás criterios técnicos de selección. Pues bien, es preciso señalar que tal enfoque es conforme con el objetivo del Reglamento sobre la taxonomía de evitar la falta de acciones o el retraso en las mismas, ya mencionado en el anterior apartado 377.

536

En estas circunstancias, las alegaciones de la República de Austria, basadas en la inobservancia del umbral de 100 g de CO2e/kWh, no demuestran, por sí solas, que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación al considerar que los criterios técnicos de selección podrán favorecer la reducción o la supresión de la emisión de GEI y, por tanto, la transición hacia una economía climáticamente neutra compatible con un perfil de evolución dirigido a limitar el aumento de la temperatura a 1,5o°C.

537

En tercer término, las alegaciones de la República de Austria tampoco permiten demostrar que los criterios técnicos de selección no sean aptos para contribuir a la consecución del objetivo intermedio para 2030, previsto en el artículo 4, apartado 1, de la legislación europea sobre el clima, consistente en una reducción, en la Unión, de las emisiones netas de GEI (emisiones una vez deducidas las absorciones) de, al menos, el 55 % de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990.

538

En efecto, es preciso señalar que, mediante su argumentación, la República de Austria cuestiona, en esencia, el carácter suficientemente exigente o ambicioso de los criterios en cuestión, si bien no cuestiona su aptitud para suprimir o reducir progresivamente las emisiones de GEI. Por lo tanto, por las razones ya expuestas en los anteriores apartados 523 a 525, esta alegación no permite demostrar que la Comisión haya cometido un error manifiesto de apreciación en la aplicación del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía. Además, y por motivos análogos a los señalados en el anterior apartado 378, procede recordar que la decisión de la Comisión de dar prioridad a criterios potencialmente menos exigentes puede estar asociada al objetivo de evitar la falta de acciones o el retraso en las mismas, permitiendo un ámbito de aplicación más amplio del Reglamento impugnado y del conjunto de criterios que figuran en él.

539

Ello es tanto más cierto cuanto que las actividades de que se trata también deben sustituir a una actividad existente de generación de electricidad con elevadas emisiones, que utiliza combustibles fósiles sólidos o líquidos, y dar lugar a una reducción de las emisiones de GEI de, al menos, un 55 % a lo largo de la vida de la nueva capacidad de producción instalada y que el Estado miembro debe haberse comprometido a eliminar progresivamente el uso de la generación de energía a partir del carbón [punto 1, letra b), incisos iii), vi) y vii), de la sección 4.29 y punto 1, letra b), incisos iv), vii) y ix), de las secciones 4.30 y 4.31 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado].

540

Por lo demás, la alegación de la República de Austria ignora también el hecho de que el enfoque seguido para las actividades económicas vinculadas al gas fósil es un enfoque progresivo, que tiene por objeto reducir la generación de energía vinculada al gas fósil por etapas, garantizando al mismo tiempo la seguridad del suministro, como se desprende, en particular, del considerando 4 del Reglamento impugnado. Así, como alega la Comisión, las instalaciones pueden bien limitar el número de horas de explotación a un nivel constante, bien pasar rápidamente a la plena utilización de combustibles renovables o de bajas emisiones de carbono tras agotar el presupuesto de carbono. Por consiguiente, si utilizan una parte mayor de su presupuesto de carbono en los primeros años, tendrán que compensar los años siguientes reduciendo el número de horas de funcionamiento o pasando antes a gases renovables o de bajas emisiones de carbono. Este enfoque está en consonancia con la intención del legislador de la Unión de no incluir únicamente las actividades económicas que garanticen la contribución más sustancial posible al objetivo de mitigación del cambio climático y no causen ningún perjuicio, o el menor perjuicio posible, a otros objetivos medioambientales.

541

En segundo lugar, la República de Austria sostiene, en primer término, que los criterios técnicos de selección tampoco garantizan la consecución de estos objetivos. Afirma en particular que el requisito del pasar, el 31 de diciembre de 2035, a la plena utilización de combustibles gaseosos renovables o de bajas emisiones de carbono no puede contribuir a la consecución del objetivo intermedio para 2030, que es vinculante en virtud del artículo 4, apartado 1, de la legislación europea sobre el clima.

542

La República de Austria afirma que el cambio de combustible exigido no es suficiente para garantizar una contribución suficiente al cumplimiento de los objetivos climáticos de la Unión, que presuponen que el sector energético pase a ser prácticamente neutro desde el punto de vista climático de aquí a 2040 (y, en cualquier caso, de aquí a 2050) y, por tanto, ya no produzca emisiones significativas de GEI.

543

Mediante esta alegación, la República de Austria sostiene que el criterio técnico de selección vinculado al cambio de combustible no basta para garantizar una contribución suficiente al cumplimiento de los objetivos climáticos de la Unión.

544

Ahora bien, es preciso señalar que la República de Austria no demuestra —ni siquiera alega— que el cambio de combustible exigido no sea apto para eliminar o reducir progresivamente las emisiones de GEI. Por consiguiente, por razones análogas a las indicadas en el anterior apartado 538, tal alegación no puede prosperar.

545

En segundo término, la República de Austria sostiene que los criterios técnicos de selección permiten contemplar la existencia, mucho tiempo después de 2040 (e incluso de 2050), de instalaciones que generan importantes emisiones de GEI. En efecto, subraya que, según los criterios técnicos de selección, las nuevas instalaciones pueden considerarse medioambientalmente sostenibles si están autorizadas antes del 31 de diciembre de 2030 y si se cumplen los demás requisitos del Reglamento impugnado. Según la República de Austria, la duración media de la explotación de estas instalaciones es de veinticinco a treinta años. Pues bien, incluso a partir del 1 de enero de 2036, los criterios técnicos de selección no prevén concretamente la utilización exclusiva de combustibles renovables, sino únicamente la utilización de combustibles hipocarbónicos, la cual no guarda ninguna relación con el umbral límite de 270 g de CO2e/kWh ni impone, por otra parte, ninguna reducción específica en relación con dicho límite o con cualquier otro umbral.

546

Según la República de Austria, aunque se considerase que la obligación de utilizar combustibles hipocarbónicos impone una reducción del 70 % con respecto al valor de referencia para los combustibles fósiles, de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO 2018, L 328, p. 82), de ello solo resultaría una reducción del nivel de emisiones autorizado a algo menos de 200 g de CO2e/kWh. La República de Austria deduce de ello que, incluso después de 2035 y habida cuenta de la duración de funcionamiento de las instalaciones, las emisiones de GEI seguirían estando autorizadas, mucho después de 2040 y 2050, a un nivel ampliamente superior al umbral límite de 100 g de CO2e/kWh, cuyo cumplimiento es necesario para alcanzar los objetivos climáticos.

547

Pues bien, es preciso señalar que la República de Austria no demuestra —ni siquiera alega— que la obligación de utilizar combustibles hipocarbónicos no sea apta para suprimir o reducir progresivamente las emisiones de GEI. Por consiguiente, por razones análogas a las indicadas en el anterior apartado 538, tal alegación no puede prosperar.

548

En tercer término, la República de Austria alega que la referencia al objetivo de ahorro del 55 %, enunciado en el punto 1, letra b), inciso vi), de la sección 4.29, y en el punto 1, letra b), inciso vii), de las secciones 4.30 y 4.31 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado, se refiere erróneamente a la aplicación del requisito establecido en el artículo 4 de la legislación europea sobre el clima de reducir en un 55 % las emisiones netas de GEI en Europa de aquí a 2030, siendo así que, dado que el sector de la energía representa el 75 % de dichas emisiones, es evidente que hay que realizar mayores ahorros.

549

Sin embargo, es preciso señalar que la República de Austria no demuestra —ni siquiera alega— que los criterios técnicos de selección según los cuales la sustitución de una antigua instalación da lugar a una reducción de las emisiones de GEI de, al menos, el 55 % durante la vida de la capacidad de generación de nueva instalación, o de, al menos, un 55 % de GEI por kWh de energía de salida, no son aptos para eliminar o reducir progresivamente las emisiones de GEI. Por consiguiente, por razones análogas a las indicadas en el anterior apartado 538, tal alegación no puede prosperar.

550

En cuarto término, según la República de Austria, las condiciones de sustitución de una antigua instalación mediante el establecimiento de una nueva, enunciadas en el punto 1, letra b), inciso vi), de la sección 4.29 y en el punto 1, letra b), inciso vii), de las secciones 4.30 y 4.31 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado, son insuficientes. En efecto, esta actividad económica debería sustituir las actividades de generación de electricidad que actualmente realizan las centrales de producción combinada de carbón o las centrales de lignito e incluso sería posible aumentar en un 15 % la capacidad para las instalaciones contempladas en la sección 4.29, de conformidad con el punto 1, letra b), inciso iv), de dicha sección. Además, los requisitos establecidos en el punto 1, letra b), inciso v), de las secciones 4.30 y 4.31 se corresponden con el requisito establecido en el punto 1, letra b), inciso iv), de la sección 4.29, con la salvedad de que no es posible que estas actividades aumenten la capacidad y no se exige una reducción de la capacidad con respecto al statu quo ante.

551

Mediante esta alegación, la República de Austria sostiene que son insuficientes las condiciones de sustitución de una antigua instalación mediante el establecimiento de una nueva, enunciadas en el punto 1, letra b), inciso vi), de la sección 4.29 y en el punto 1, letra b), inciso vii), de las secciones 4.30 y 4.31 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado.

552

Sin embargo, la República de Austria no demuestra —ni siquiera alega— que las condiciones de sustitución de una antigua instalación, consideradas conjuntamente con los demás criterios técnicos de selección, no sean aptas para suprimir o reducir progresivamente las emisiones de GEI. Por consiguiente, por razones análogas a las indicadas en el anterior apartado 538, tal alegación no puede prosperar.

553

En quinto término, la República de Austria considera que los requisitos establecidos en el punto 1, letra b), inciso vii), de la sección 4.29 y en el punto 1, letra b), inciso ix), de las secciones 4.30 y 4.31 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado vinculan únicamente a los Estados miembros que utilizan carbón para la generación de energía, pero no constituyen un requisito esencial, dado que no se fija ningún plazo para el abandono de esta producción y que la fecha de abandono anunciada puede situarse en un horizonte de varios decenios.

554

A este respecto, procede señalar que la República de Austria no demuestra que los criterios técnicos de selección que obligan a un Estado miembro determinado a comprometerse a suprimir progresivamente la generación de energía a partir del carbón no sean adecuados para suprimir o reducir progresivamente las emisiones de GEI. Por consiguiente, por razones análogas a las indicadas en el anterior apartado 538, tal alegación no puede prosperar.

555

En tercer lugar, la República de Austria subraya, en primer término, que la capacidad de generación de nueva instalación puede superar en un 15 % la capacidad de la instalación sustituida, de modo que las capacidades de los combustibles fósiles pueden incluso aumentar con respecto a las capacidades fósiles anteriores de que se trata, sin que ello afecte en modo alguno a la sostenibilidad de la inversión.

556

Sin embargo, la República de Austria no demuestra que la limitación de la capacidad de generación de nueva instalación a un volumen equivalente a un incremento del 15 % respecto de la generación de la instalación sustituida, considerada junto con los demás criterios técnicos de selección, no sea apta para suprimir o reducir progresivamente las emisiones de GEI. Por consiguiente, por razones análogas a las indicadas en el anterior apartado 538, tal alegación no puede prosperar.

557

En segundo término, la República de Austria considera que una cierta reducción de las emisiones de GEI con respecto al statu quo actual no basta para permitir que una actividad provisional cumpla el requisito de conformidad con una «trayectoria que conduzca a» la consecución de los objetivos climáticos de la Unión. La República de Austria deduce de ello que las disposiciones adicionales de los criterios técnicos de selección del Reglamento impugnado, que pueden contribuir a la creación de nuevas centrales eléctricas que reduzcan las emisiones con respecto a las centrales eléctricas a las que sustituyen, carecen de pertinencia a efectos del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía.

558

Sin embargo, este argumento no demuestra que los criterios técnicos de selección relativos a las actividades vinculadas al gas fósil no puedan eliminar o disminuir progresivamente las emisiones de GEI. Por consiguiente, por razones análogas a las indicadas en el anterior apartado 538, tal alegación no puede prosperar.

559

Por lo tanto, como resulta de los anteriores apartados 538, 544, 547, 549, 552, 554, 556 y 558, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que los criterios técnicos de selección, considerados tanto aisladamente como en su conjunto, no sean aptos para eliminar progresivamente las emisiones de GEI.

560

En cualquier caso, procede señalar que las proyecciones expuestas por la República de Austria no pueden, por sí solas, privar de verosimilitud a las proyecciones en que se basa el Reglamento impugnado.

561

En tercer término, la República de Austria afirma que los requisitos establecidos en el punto 1, letra b), inciso i), de las secciones 4.30 y 4.31 que figuran en el anexo 1 del Reglamento impugnado se limitan a reproducir la definición que la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO 2012, L 315, p. 1), hace de la cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad o de la cogeneración eficiente en un sistema urbano de calefacción y refrigeración.

562

No obstante, esa supuesta correspondencia entre los criterios técnicos de selección y dicha Directiva no puede demostrar que dichos criterios adolezcan de ilegalidad. Además, como se desprende de los anteriores apartados 263 a 265, la Comisión estaba facultada para basarse en cualquier requisito mínimo fijado en aplicación del Derecho de la Unión.

563

En cuarto lugar, la República de Austria sostiene que los umbrales superiores al límite máximo de 100 g de CO2e/kWh no se basan en pruebas científicas concluyentes en el sentido del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía, puesto que no han sido objeto del estudio del TEG y lo contradicen.

564

Pues bien, como señala la Comisión en sus respuestas a las diligencias de ordenación del procedimiento de 30 de septiembre de 2024, el umbral de 270 g de CO2e/kWh se basa en el anexo técnico al informe final del TEG, que había recomendado un valor próximo a dicho umbral, concretamente 262 g de CO2e/kWh, por lo que respecta al criterio DNSH.

565

Asimismo, como se desprende de sus respuestas a las diligencias de ordenación del procedimiento de 30 de septiembre de 2024, la Comisión calculó el umbral de 550 kg de CO2e/kW con base en el umbral de 270 g de CO2e/kWh. Así, esa institución tomó como modelo una central de gas con emisiones directas de 270 g de CO2e/kWh, explotada el 25 % de las horas de explotación anuales, esto es 2 190 horas al año, de forma que, en tal hipótesis, las emisiones anuales totales corresponden a 270 g de CO2e/kWh, multiplicadas por 2 190 horas, esto es, a 591,3 kg de CO2e/kW. La Comisión hizo más riguroso este valor al redondearlo a 550 kg de CO2e/kW.

566

En estas circunstancias, no puede reprocharse a la Comisión que no se basara en las evaluaciones científicas disponibles, por lo que debe desestimarse esta alegación.

567

Habida cuenta de lo anterior, la República de Austria no ha demostrado que el Reglamento impugnado adolezca de un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión consideró, fundamentalmente, que los umbrales límite de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW, utilizados en el anexo I del Reglamento impugnado, eran compatibles con el objetivo de 1,5o°C fijado por el Acuerdo de París y los objetivos derivados correspondientes de la Unión para 2030 y 2050, y que los demás criterios técnicos de selección permitían contribuir a la mitigación del cambio climático.

568

Por lo tanto, la segunda parte del décimo motivo es infundada.

–

Sobre la tercera parte del décimo motivo, basada en el incumplimiento de la exigencia de un análisis del ciclo de vida

569

Según la República de Austria, procede realizar un análisis del ciclo de vida no solo en virtud del criterio DNSH (artículo 17, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía), sino también a efectos de la clasificación como actividad de transición en virtud del artículo 19, apartado 1, letra g), de dicho Reglamento, en relación con el artículo 10, apartado 3, de dicho Reglamento, de modo que debería haberse tenido en cuenta el análisis del ciclo de vida de los GEI.

570

La República de Austria sostiene que ambos umbrales límite incumplen la exigencia de un análisis del ciclo de vida, ya que solo se refieren explícitamente a las «emisiones directas de GEI procedentes de la actividad» y no, en consonancia con el límite de 100 g de CO2e/kWh, a las «emisiones de GEI a lo largo de todo el ciclo de vida». Añade que, al obviar las emisiones de metano, la Comisión contradice su propia estrategia para reducirlas.

571

La República de Austria deduce de ello que se fijan como umbrales parámetros incompatibles con el análisis del ciclo de vida exigido y que, paralelamente, se obvian emisiones de metano significativas y especialmente nocivas, siendo así que se generan a lo largo de toda la cadena de suministro, en particular durante la extracción y la distribución del gas fósil, antes de la combustión.

572

Además, según la República de Austria, el Reglamento impugnado incumple la exigencia de un análisis del ciclo de vida en la medida en que los criterios técnicos de selección no garantizan que los propios combustibles renovables o hipocarbónicos, cuya utilización se exige antes del 31 de diciembre de 2035, sean producidos con un bajo impacto de emisiones de carbono. En particular, los criterios técnicos de selección no excluyen la sustitución de la combustión del hidrógeno «verde» por la del hidrógeno «gris», cuya producción genera a su vez importantes emisiones de GEI.

573

La Comisión, apoyada por la República de Polonia, rebate esta argumentación.

574

A este respecto, es preciso recordar que tanto el artículo 17, apartado 2, como el artículo 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía establecen que los criterios técnicos de selección tendrán en cuenta el ciclo de vida, en particular las pruebas extraídas de las evaluaciones del ciclo de vida de las que se disponga, considerando el impacto ambiental tanto de la propia actividad económica como de los productos y servicios generados por esa actividad, en particular teniendo en cuenta la producción, el uso y el final de vida útil de esos productos y servicios.

575

No obstante, como se desprende de los anteriores apartados 428 a 434, la exigencia de tomar en consideración el ciclo de vida de una actividad no se extiende necesariamente a las actividades anteriores o posteriores a la actividad económica de que se trate.

576

Así pues, la obligación de tener en cuenta la producción, la utilización y el final de la vida útil de los productos y servicios prestados por las actividades económicas vinculadas al gas fósil no implica tener en cuenta la extracción y la distribución del gas fósil, antes de la combustión, ya que estas actividades no forman parte, como tales, de la generación de electricidad.

577

Por lo demás, como se ha indicado en el anterior apartado 4, el Reglamento sobre la taxonomía tiene por objeto establecer un sistema de clasificación unificado de las actividades económicas consideradas medioambientalmente sostenibles. Por lo tanto, esta clasificación o taxonomía se refiere a actividades económicas concretas. Así pues, el establecimiento, por parte de la Comisión, de criterios técnicos de selección que permitan determinar si puede considerarse que una actividad contribuye de manera sustancial a la mitigación del cambio climático y no causa un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales se refiere, en cada caso, a una actividad económica concreta.

578

En estas circunstancias, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que la Comisión haya incurrido en un error manifiesto de apreciación al tener en cuenta las emisiones directas de GEI procedentes de la actividad, y no las emisiones de GEI a lo largo de todo el ciclo de vida.

579

La tercera parte del décimo motivo, por consiguiente, es infundada.

–

Sobre la cuarta parte del décimo motivo, basada, en esencia, en el hecho de que los umbrales de 270 g CO2e/kWh y 550 kg CO2e/kW no se atienen a la obligación de corresponder al mejor rendimiento en el sector o la industria

580

La República de Austria alega que los umbrales de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW infringen el artículo 10, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía, ya que no se corresponden con el mejor rendimiento en el sector o la industria.

581

Según la República de Austria, se infringe el artículo 10, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía por el mero hecho de que los criterios técnicos de selección relativos al gas fósil fijan tres umbrales medios diferentes de 100 g y de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW como media anual durante veinte años. Subraya que el umbral de 270 g corresponde a un rendimiento inferior al umbral de 100 g y el de 550 kg a un rendimiento aún más bajo que el de los otros dos umbrales.

582

Además, la República de Austria sostiene que los umbrales fijados se sitúan mucho más allá de los umbrales alcanzados por las energías renovables y otras fuentes de energía, en particular la energía eólica y la energía hidroeléctrica que alcanzan umbrales de emisión de GEI durante todo el ciclo de vida inferiores a 30 g de CO2e/kWh.

583

Por otra parte, la República de Austria afirma que, aun cuando la generación de energía a partir de gas fósil debiera tratarse como un sector o una industria autónoma, los límites de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW no corresponderían al mejor rendimiento en el sector o la industria. En efecto, las centrales de gas de captura y absorción de carbono podrían tener un rendimiento mucho mejor y respetar el límite máximo de 100 g de CO2e/kWh.

584

La Comisión, apoyada por Hungría y la República de Polonia, rebate este argumento.

585

A este respecto, es preciso recordar que, en virtud del artículo 10, apartado 2, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía, se considerará que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático, en particular cuando registre unos niveles de emisiones de GEI que se corresponden con el mejor rendimiento en el sector o la industria.

586

Como alega la Comisión, de conformidad con el considerando 41 del Reglamento sobre la taxonomía, las actividades de transición cumplen este requisito cuando generan emisiones de GEI muy inferiores a las de la media del sector o la industria.

587

Además, dado que, por las razones ya expuestas en el anterior apartado 535, las centrales de gas que no disponen de un sistema de captura de CO2 no pueden actualmente atenerse al umbral de 100 g de CO2e/kWh, este no puede servir de norma para determinar si las actividades económicas vinculadas al gas fósil cumplen la condición que exige que se correspondan con el mejor rendimiento en el sector o la industria.

588

Por lo demás, la mera circunstancia de que el umbral de un sector determinado sea superior al umbral de 100 g de CO2e/kWh o al umbral relativo a otro sector, como el de las energías renovables, no significa que dicho umbral no sea muy inferior a la media del sector de que se trate. Por lo tanto, la comparación efectuada por la República de Austria con los umbrales de emisión de la energía eólica y de la energía hidroeléctrica carece de pertinencia.

589

Asimismo, aun admitiendo que quepa considerar que, como tales, los umbrales de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW no corresponden a un valor de emisión de GEI muy inferior a la media del sector o de la industria, es preciso señalar que se combinan con otros criterios técnicos de selección, que tienen por objeto reducir progresivamente los niveles de emisiones de GEI de las actividades vinculadas al gas fósil.

590

En estas circunstancias, la República de Austria no demuestra que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación al considerar que los umbrales de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW, combinados con los demás criterios técnicos de selección, podían permitir considerar que las actividades vinculadas al gas fósil en cuestión alcanzaban el mejor rendimiento en el sector o la industria.

591

Por estas razones, la cuarta parte del décimo motivo carece de fundamento.

–

Sobre la quinta parte del décimo motivo, basada en un obstáculo a las alternativas de bajas emisiones de carbono

592

La República de Austria alega que el Reglamento impugnado es contrario al artículo 10, apartado 2, letra b), del Reglamento sobre la taxonomía, dado que las actividades económicas vinculadas al gas fósil obstaculizan el desarrollo y la implantación de alternativas de bajas emisiones de carbono. La República de Austria precisa que este obstáculo no queda eliminado por el hecho de que el Reglamento impugnado exija que la prestación que debe sustituirse «no [pueda] generarse a partir de fuentes de energía renovables, según una evaluación comparativa con la alternativa renovable más eficiente en términos de costes y técnicamente viable».

593

La Comisión, apoyada por Hungría y la República de Polonia, rebate esta alegación.

594

A este respecto, procede recordar que, como se desprende de los anteriores apartados 164 a 169, el requisito de que no exista una alternativa tecnológica o económicamente viable de bajas emisiones de carbono, previsto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, implica necesariamente que la Comisión tenga en cuenta el imperativo de seguridad del suministro.

595

Además, la República de Austria no demuestra que la apreciación de la Comisión, según la cual las alternativas consistentes en el uso de energías renovables no son tecnológica y económicamente viables, adolezca de un error manifiesto de apreciación. En efecto, ese Estado miembro se limita a afirmar que las energías renovables, las redes inteligentes y las técnicas de almacenamiento de energía y de reducción del consumo son otras tantas soluciones disponibles de bajas emisiones de carbono que pueden sustituir a las actividades seleccionadas, sin aportar pruebas que acrediten que dichas alternativas permitirían garantizar el imperativo de seguridad de los abastecimientos.

596

Por lo demás, cabe también señalar que el punto 1, letra b), incisos ii) o iii), de las secciones 4.29 a 4.31 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado exige que se demuestre que la capacidad no puede generarse a partir de fuentes de energía renovables, lo que es pertinente para determinar si existe un obstáculo a las alternativas de bajas emisiones de carbono. Por otra parte, el requisito establecido en el punto 1, letra b), incisos v) o vi), de estas secciones, según el cual la transición al uso exclusivo de combustibles gaseosos renovables o hipocarbónicos debe tener lugar el 31 de diciembre de 2035 a más tardar, favorece también las alternativas de bajas emisiones de carbono.

597

Por estas razones, la quinta parte del décimo motivo carece de fundamento.

–

Sobre la sexta parte del décimo motivo, basada en la infracción de la prohibición de los efectos de retención

598

La República de Austria sostiene que el Reglamento impugnado no se atiene a la prohibición de los efectos de retención de las actividades intensivas en carbono, establecida en el artículo 10, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre la taxonomía. En efecto, a su juicio, cabe esperar que tales efectos se produzcan, cuando menos, habida cuenta de los límites de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW y de la circunstancia de que las instalaciones sujetas a esta obligación para poder ser incluidas en la taxonomía exigen inversiones considerables, que se realizan para períodos de entre veinticinco y treinta años y que, por tanto, no pueden encauzarse a energías alternativas renovables.

599

Asimismo, la República de Austria precisa que las capacidades en relación con los combustibles fósiles pueden incrementarse en hasta un 15 % respecto de las capacidades fósiles existentes, de forma que el capital necesario para ello también se encuentra inmovilizado y no puede —o ya no puede— ser invertido durante años en las energías renovables, por el importe correspondiente a las nuevas capacidades fósiles.

600

La Comisión rebate estas alegaciones.

601

A este respecto, procede recordar que el artículo 10, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre la taxonomía pretende evitar la retención, es decir, la perpetuación de activos intensivos en carbono.

602

Pues bien, como alega la Comisión, los criterios técnicos de selección establecidos en el punto 1, letra b), de las secciones 4.29 a 4.31 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado respetan este objetivo, ya que exigen, en particular, que la instalación haga una transición al uso de combustibles renovables o hipocarbónicos el 31 de diciembre de 2035 a más tardar. Por lo tanto, no se trata de inversiones de fondo perdido relacionadas con actividades intensivas en carbono.

603

Además, los criterios técnicos de selección, recordados en el apartado 526 de la presente sentencia, prevén también que la actividad de que se trate debe sustituir a una actividad existente de generación de electricidad con un elevado nivel de emisiones, que la capacidad de generación recién instalada no debe superar en más de un 15 % la capacidad de la instalación sustituida y que la sustitución debe dar lugar a una reducción de las emisiones de GEI en, al menos, un 55 %.

604

En estas circunstancias, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que el Reglamento impugnado adolezca de un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión consideró, fundamentalmente, que las actividades vinculadas al gas fósil respetaban la prohibición de los efectos de retención en relación con las actividades intensivas en carbono.

605

Por esta razón, la sexta parte del décimo motivo carece de fundamento.

–

Sobre la séptima parte del décimo motivo, basada en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía

606

Según la República de Austria, las infracciones del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía antes expuestas «son aún más evidentes a la luz del artículo 19, apartado 1, letra g)», de dicho Reglamento. En efecto, la obligación, en el sentido de esta última disposición, de tener en cuenta el ciclo de vida y los resultados de las evaluaciones del ciclo de vida de las que se disponga también es aplicable en el marco del artículo 10, apartado 3, de dicho Reglamento, a través de su artículo 19, apartado 1, primera frase. Así pues, la República de Austria considera que la Comisión no ha tomado en consideración, habida cuenta, en particular, del obstáculo a las alternativas de bajas emisiones de carbono y de los efectos de retención, los largos períodos de planificación, autorización y explotación de las actividades económicas actualmente pertinentes ni, por consiguiente, la totalidad del ciclo de vida.

607

La Comisión rebate estas alegaciones.

608

A este respecto, basta señalar que la argumentación de la República de Austria se basa en una mera repetición de sus alegaciones formuladas en el marco de la tercera parte del presente motivo, que ya han sido desestimadas, y de la alegación de que la Comisión no tuvo en cuenta los largos períodos de planificación, autorización y explotación de las actividades económicas actualmente pertinentes ni, por consiguiente, la totalidad del ciclo de vida.

609

Pues bien, este último argumento, que consiste en una mera alegación no fundamentada, debe desestimarse por este motivo.

610

Por consiguiente, la séptima parte del décimo motivo carece de fundamento.

–

Sobre la octava parte del décimo motivo, basada, con carácter subsidiario, en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía, en la vulneración del principio de cautela y en «lagunas en el análisis y en la motivación»

611

La República de Austria alega que la inclusión de las actividades económicas vinculadas al gas fósil y las definiciones y criterios formulados a tal efecto en los criterios técnicos de selección no se basan en pruebas científicas concluyentes y vulneran el principio de cautela, ya que el Reglamento impugnado no permite determinar si los criterios técnicos de selección son compatibles con los objetivos climáticos del Acuerdo de París y de la Unión y, en cualquier caso, adolece de «lagunas en el análisis y en la motivación».

612

La Comisión rebate estas alegaciones.

613

Procede recordar que el artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía establece que los criterios técnicos de selección se basarán en pruebas científicas concluyentes y en el principio de cautela.

614

Además, como se desprende de los anteriores apartados 79 a 82, el sector del gas fósil formaba parte de la fase de investigación preparatoria que condujo a la adopción del Reglamento Delegado 2021/2139.

615

Por lo que se refiere a la elaboración de los criterios técnicos de selección, la Comisión indica que la base analítica utilizada es la misma que la utilizada para la evaluación de impacto que subyace al paquete legislativo Objetivo 55 («Fit for 55»), en particular por lo que se refiere al papel de las actividades económicas vinculadas al gas fósil en 2030 y 2050, y que los criterios técnicos de selección en relación con las actividades económicas vinculadas al gas fósil son compatibles con las hipótesis que figuran en la modelización de la Comisión.

616

En estas circunstancias, debe desestimarse la alegación de la República de Austria según la cual la Comisión no basó en pruebas científicas concluyentes los criterios técnicos de selección relativos a las actividades económicas vinculadas al gas fósil.

617

La República de Austria añade que la Comisión ni siquiera intentó basar los umbrales de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW en proyecciones u otros datos científicos que pudieran demostrar la compatibilidad de dichos umbrales con los objetivos climáticos de la Unión.

618

Por lo que respecta a los umbrales de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW, basta recordar que la Comisión recurrió a evaluaciones científicas, en particular al anexo técnico del informe final del TEG, para establecer los valores de referencia de los criterios técnicos de selección.

619

Pues bien, la circunstancia de que la Comisión se apartara, en determinados casos, de umbrales propuestos sobre la base de una evaluación científica o de que los umbrales por los que se decantó no fueran objeto de consenso en la comunidad científica no pone de manifiesto una infracción del artículo 19, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía, en la medida en que no cuestiona el hecho de que la Comisión basara los criterios técnicos de selección en pruebas científicas concluyentes, en particular el anexo técnico del informe final del TEG, que posteriormente tuvo en cuenta en el marco de su amplio margen de apreciación.

620

Por último, en la medida en que la República de Austria no fundamenta sus alegaciones basadas en la vulneración del principio de cautela y en «lagunas en el análisis y en la motivación», estas deben desestimarse.

621

De cuanto se ha expuesto resulta que la octava parte del décimo motivo es infundada.

622

En consecuencia, se desestima el décimo motivo.

Undécimo motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato y en la infracción del artículo 19, apartado 1, letras a) y j), del Reglamento sobre la taxonomía debido a la falta de neutralidad tecnológica

623

La República de Austria alega, en esencia, que la inclusión de los umbrales de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW en el Reglamento impugnado incumple el requisito de neutralidad tecnológica establecido en el artículo 19, apartado 1, letras a) y j), del Reglamento sobre la taxonomía y vulnera el principio de no discriminación en la medida en que, al flexibilizar, para el gas fósil, los umbrales generalmente aplicables, el Reglamento impugnado establece de forma no justificable, para una tecnología determinada, un régimen más favorable.

624

La Comisión, apoyada por Hungría y Rumanía, rebate esta alegación.

625

Procede comenzar recordando que el artículo 19, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía indica que los criterios técnicos de selección determinarán las contribuciones potenciales más importantes para un objetivo medioambiental determinado —respetando al mismo tiempo el principio de neutralidad tecnológica— teniendo en cuenta las repercusiones a corto y largo plazo de una actividad económica precisa.

626

Como se ha indicado en el anterior apartado 113, el principio de neutralidad tecnológica implica que la normativa en cuestión debe enunciar los derechos y las obligaciones de las personas de manera genérica, a fin de no privilegiar el uso de una tecnología en detrimento de otra.

627

Por otra parte, el principio general de igualdad de trato exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (véase la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine y otros, C‑127/07, EU:C:2008:728, apartado 23 y jurisprudencia citada).

628

Seguidamente, procede señalar que, si bien, por lo que respecta a los umbrales expresados en CO2e/kWh, el Reglamento impugnado definió valores más elevados para las actividades económicas vinculadas al gas fósil, esta definición fue el resultado de tomar en consideración diferentes elementos específicos de esas actividades, como el estado de las tecnologías y de las infraestructuras actuales, y otros elementos como el imperativo de seguridad del suministro y el recurso al gas fósil como energía de transición.

629

Por otra parte, estos umbrales no son los únicos criterios técnicos de selección aplicables a las actividades económicas vinculadas al gas fósil.

630

En estas circunstancias, las alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que, considerados conjuntamente, los criterios técnicos de selección establecidos para las actividades económicas vinculadas al gas fósil sean más favorables que los criterios técnicos de selección definidos para las demás actividades de transición en el sentido del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía.

631

Por lo tanto, la República de Austria no demuestra que el Reglamento impugnado vulnere el principio de neutralidad tecnológica.

632

Por otra parte, dado que las actividades económicas vinculadas al gas fósil son diferentes de las demás actividades de transición a las que se refiere el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía, ya que no se refieren a la misma fuente de energía ni a las mismas infraestructuras, el hecho de deparar un trato diferente a estas actividades no demuestra que el Reglamento impugnado vulnera el principio de igualdad de trato.

633

Por último, la circunstancia de que el Reglamento impugnado supedite al cumplimiento del umbral de 100 g de CO2e/kWh el reconocimiento de una contribución de las actividades económicas vinculadas al gas fósil al objetivo de adaptación al cambio climático contemplado en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía no pone de manifiesto una vulneración de los principios de igualdad de trato o de neutralidad tecnológica, ya que dicho artículo no persigue los mismos objetivos que el artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento.

634

En efecto, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía se refiere a las actividades que contribuyen de forma sustancial a la mitigación del cambio climático, mientras que el artículo 11 de dicho Reglamento se refiere a las actividades que contribuyen de forma sustancial a la adaptación al cambio climático.

635

La República de Austria añade que el Reglamento impugnado se basa en otra diferencia de trato injustificable, en las secciones 4.29 a 4.31 que figuran en el anexo II de ese Reglamento, que remiten únicamente a los criterios enunciados en el punto 1, letra a), de las secciones 4.29 a 4.31 que figuran en el anexo I del mismo Reglamento. En efecto, incluso respecto del gas fósil, supedita al cumplimiento del umbral de 100 g de CO2e/kWh el reconocimiento de una contribución al objetivo de adaptación al cambio climático contemplado en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía. La República de Austria considera que no hay ninguna razón por la que se deba autorizar un nivel de emisiones de GEI significativamente más elevado para el reconocimiento de una contribución a la mitigación del cambio climático respecto de la contribución a la adaptación al cambio climático.

636

En este sentido, como señala la Comisión, la exposición de motivos del proyecto de Reglamento impugnado explica la razón por la que las actividades económicas vinculadas al gas fósil que pueden calificarse de actividades de transición, en el sentido de los criterios técnicos de selección establecidos en el punto 1, letra a), de las secciones 4.29 a 4.31 que figuran en el anexo I del Reglamento impugnado, no son tomadas en consideración para las medidas de adaptación al cambio climático. En efecto, en él se precisa que, respecto de esas actividades, «para las que el presente acto delegado prevé un reconocimiento temporal de su contribución a la mitigación del cambio climático, no es necesario establecer criterios técnicos de selección específicos para la adaptación al cambio climático con vistas a ese reconocimiento limitado en el tiempo».

637

Así pues, a falta de alegaciones más específicas, debe desestimarse la alegación de la República de Austria según la cual no hay ninguna razón por la que se deba autorizar un nivel de emisiones de GEI significativamente más elevado para el reconocimiento de una contribución a la mitigación del cambio climático respecto de la contribución a la adaptación al cambio climático.

638

En consecuencia, se desestima el undécimo motivo.

Duodécimo motivo, basado en la infracción de los artículos 17 y 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía, así como en la vulneración del principio de cautela

639

La República de Austria sostiene que los límites de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW son incompatibles con el criterio DNSH enunciado en el artículo 17, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía, ya que estos umbrales dan lugar a importantes emisiones de GEI nocivas para el clima, al menos en la medida en que, al basarse en las emisiones directas de GEI procedentes de la actividad, ocultan las emisiones de metano especialmente nocivas.

640

Además, la República de Austria sostiene que, dado que la Comisión utiliza, para otras actividades relacionadas con la energía, el umbral límite de 270 g de CO2e/kWh como condición de conformidad con el criterio DNSH, el umbral de 550 kg de CO2e/kW, que autoriza emisiones de GEI superiores al umbral de 270 g de CO2e/kWh, no respeta el criterio DNSH «según los propios criterios definidos por la Comisión».

641

Por otra parte, la República de Austria considera que la Comisión no basó los umbrales antes citados en estudios científicos o en el principio de cautela, infringiendo de este modo el artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía y dicho principio y viciando el Reglamento impugnado de «lagunas en el análisis y en la motivación».

642

La Comisión, apoyada por Rumanía, rebate tales alegaciones.

643

Es importante recordar que, en virtud del artículo 17, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía, se considera que una actividad económica causa un perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático cuando dé lugar a considerables emisiones de GEI.

644

Además, procede señalar que la República de Austria sostiene que la Comisión, al basarse en las emisiones directas de GEI procedentes de la actividad, ocultó las emisiones de metano infringiendo el artículo 17, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía.

645

No obstante, como se desprende de los anteriores apartados 575 a 578, la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación al basarse en las emisiones directas de GEI procedentes de la actividad, y no en las emisiones de GEI de otras actividades situadas en sus fases anteriores o posteriores.

646

Por consiguiente, procede considerar que la República de Austria no demuestra, ni siquiera alega, que los umbrales de 270 g de CO2e/kWh y de 550 kg de CO2e/kW den lugar a considerables emisiones de GEI, nocivas para el clima, generadas únicamente por la actividad.

647

Por otra parte, el hecho de que, para otras actividades relacionadas con la energía, la Comisión haya utilizado el umbral de 270 g de CO2e/kWh como condición de conformidad con el criterio DNSH no demuestra que el umbral de 550 kg de CO2e/kW, que autoriza emisiones de GEI superiores al umbral de 270 g de CO2e/kWh, no cumpla el criterio DNSH.

648

En efecto, el cumplimiento del criterio DNSH en relación con las actividades económicas vinculadas al gas fósil implica respetar no solo estos umbrales, sino también el conjunto de los criterios técnicos de selección de que se trata.

649

Por lo tanto, el mero hecho de que los umbrales aplicados a esas actividades sean más elevados que los propios de otras actividades no demuestra que la Comisión haya cometido un error manifiesto de apreciación a este respecto.

650

Por otra parte, por las mismas razones que las expuestas en los anteriores apartados 614 a 619, debe desestimarse la alegación de que la Comisión no basó los umbrales antes citados en estudios científicos o en el principio de cautela, infringiendo de este modo el artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía, vulnerando el principio de cautela, y viciando el Reglamento impugnado de «lagunas en el análisis y en la motivación».

651

Por tanto, debe desestimarse el decimosegundo motivo.

Decimotercer motivo, basado en la infracción de los artículos 11 y 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía y en la vulneración del principio de cautela

652

La República de Austria afirma que el Reglamento impugnado es ilegal en la medida en que atribuye a las actividades económicas vinculadas al gas fósil la calificación de actividades que contribuyen de forma sustancial a la adaptación al cambio climático en el sentido del artículo 11 del Reglamento sobre la taxonomía.

653

La República de Austria señala que los criterios técnicos de selección definidos para el sector del gas fósil en el anexo II del Reglamento impugnado corresponden a los establecidos para la energía nuclear a efectos de la contribución sustancial a la adaptación al cambio climático, que son también los mismos que los establecidos para el criterio DNSH.

654

Según la República de Austria, por las mismas razones aducidas en relación con la energía nuclear, estos criterios son insuficientes.

655

Por otra parte, la República de Austria invoca la infracción del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía y la vulneración del principio de cautela, así como «lagunas en el análisis y en la motivación», en la medida en que no se hace referencia a ningún estudio o dictamen específico relativo a los sectores económicos afectados.

656

La Comisión, apoyada por Rumanía, rebate tales alegaciones.

657

A este respecto, es preciso recordar que el artículo 11 del Reglamento sobre la taxonomía define las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la adaptación al cambio climático.

658

Así, en virtud, en particular, del artículo 11, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la taxonomía, esa actividad debe incluir soluciones de adaptación que, o bien reduzcan de forma sustancial el riesgo de efectos adversos del clima actual y del clima previsto en el futuro sobre dicha actividad económica o bien reduzcan de forma sustancial esos efectos adversos, sin aumentar el riesgo de efectos adversos sobre las personas, la naturaleza o los activos.

659

La República de Austria se limita a afirmar que, al igual que en el caso de la energía nuclear, el aumento de las sequías extremas provocadas por el cambio climático también plantea dificultades en relación con la generación de energía a partir de gas fósil, por ejemplo, en lo que respecta a la explotación y la utilización del agua de refrigeración procedente del colector.

660

No obstante, como se ha declarado con respecto a la alegación similar formulada en relación con la energía nuclear en el anterior apartado 401, procede señalar que tal alegación reviste un carácter demasiado especulativo para concluir que existe un error manifiesto de apreciación.

661

Por lo demás, la República de Austria no ha aportado al Tribunal General ninguna prueba concreta que demuestre que el Reglamento impugnado adolece de un error manifiesto de apreciación en relación con estos aspectos.

662

En efecto, la remisión a las afirmaciones generales de la Plataforma no es suficiente para privar de verosimilitud a la apreciación de la Comisión.

663

Por último, puesto que la República de Austria no fundamenta sus alegaciones basadas en la vulneración del principio de cautela y en «lagunas en el análisis y en la motivación», estas deben desestimarse.

664

Por estas razones, se desestima el decimotercer motivo.

Decimocuarto motivo, basado en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra i), del Reglamento sobre la taxonomía debido a la creación de activos bloqueados

665

La República de Austria alega que el Reglamento impugnado infringe el artículo 19, apartado 1, letra i), del Reglamento sobre la taxonomía en la medida en que la inclusión del gas fósil en la taxonomía entraña, cuando menos, un riesgo importante de creación de activos bloqueados.

666

Según la República de Austria, las proyecciones realizadas por la Comisión en 2020 sobre el impacto del paquete legislativo Objetivo 55 («Fit for 55») ya hacían presagiar un descenso importante del recurso al gas fósil como vector energético y, desde entonces, fueron sobre todo el aumento de los precios de los suministros de gas y el régimen para el comercio de derechos de emisión de GEI los que incrementaron aún más la presión económica sobre el gas fósil como vector energético. Además, la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022 volvió a acentuar considerablemente esta presión, de modo que los suministros de gas a la Unión se ven gravemente amenazados.

667

En este contexto, la República de Austria considera que es de temer que la inclusión del gas fósil en la taxonomía genere un incentivo inoportuno, que en última instancia generará un bloqueo de activos, ya que el gas solo está disponible como combustible a un precio demasiado elevado, o incluso no está disponible en absoluto.

668

La Comisión, apoyada por Rumanía y la República de Polonia, rebate esta alegación.

669

A este respecto, basta señalar que estas alegaciones de la República de Austria carecen tanto de fundamento como de sustento mediante pruebas, de modo que deben desestimarse por infundadas.

670

En efecto, la remisión a las afirmaciones generales de la Plataforma no es suficiente para privar de verosimilitud a la apreciación de la Comisión.

671

Por consiguiente, procede desestimar el decimocuarto motivo.

Decimoquinto motivo, basado en la infracción del artículo 19, apartado 1, letra k), del Reglamento sobre la taxonomía

672

La República de Austria sostiene que las disposiciones del Reglamento impugnado aplicables a las actividades vinculadas al gas fósil infringen el artículo 19, apartado 1, letra k), del Reglamento sobre la taxonomía, que prescribe que los criterios técnicos de selección deben ser fáciles de utilizar y fijarse de tal modo que se facilite la comprobación de su cumplimiento, ya que los criterios técnicos de selección previstos para estas actividades contienen, en gran medida, conceptos jurídicos indeterminados y requisitos que solo se cumplirán en el futuro.

673

La República de Austria precisa que, por lo que respecta al gas fósil, la ilegalidad guarda relación, en particular, con el respeto del umbral anual de 550 kg de CO2/kW a lo largo de veinte años y con el de la utilización de gases renovables o hipocarbónicos a partir del 31 de diciembre de 2035. Asimismo, indica que, para comprobar el cumplimiento de estos requisitos, está previsto que un tercero independiente elabore informes anuales para evaluar si la actividad sigue una «trayectoria creíble» para cumplir esos criterios. De ello deduce que no está previsto controlar el cumplimiento del umbral de 550 kg de CO2/kW después de veinte años o el requisito de la conversión del suministro de gas para finales de 2035, de modo que el incumplimiento de estas obligaciones no tendría consecuencias para la clasificación como sostenible desde el punto de vista medioambiental.

674

La República de Austria subraya asimismo que el control y el cumplimiento de la obligación de sustituir, para 2035, el gas fósil por gas renovable o hipocarbónico no están garantizados y, en particular, que no parece garantizada la posibilidad de conversión al hidrógeno para 2035.

675

La Comisión, apoyada por Rumanía, rebate tales alegaciones.

676

En primer término, procede recordar que, como se desprende de los anteriores apartados 483 a 485, la alegación de que los criterios técnicos de selección contienen, en gran medida, conceptos jurídicos indeterminados y requisitos que solo se cumplirán en el futuro no demuestra que dichos criterios no sean fáciles de utilizar o no estén fijados de tal modo que se facilite la comprobación de su cumplimiento.

677

En segundo lugar, procede señalar que los párrafos segundo a cuarto del punto 1 de la sección 4.29 del anexo I del Reglamento impugnado establecen lo siguiente:

678

Pues bien, contrariamente a lo que alega la República de Austria, no cabe deducir de estas disposiciones que no esté previsto controlar el cumplimiento del umbral de 550 kg de CO2/kW después de veinte años o el de la conversión del suministro de gas a finales de 2035.

679

Lo mismo sucede con la alegación de que existen serias dudas sobre el control y el cumplimiento de la obligación de sustituir de aquí a 2035 el gas fósil por gas renovable o hipocarbónico, en la medida en que no parece garantizada la posibilidad efectiva de cumplir esta obligación.

680

En efecto, el hecho de que está previsto un mecanismo de verificación del conjunto de los criterios mencionados en el punto 1, letra b), de la sección 4.29 que figura en el anexo I del Reglamento impugnado se desprende de la precisión según la cual un tercero independiente verificará la conformidad, entre otros, con esos criterios.

681

Por lo tanto, estas alegaciones de la República de Austria no permiten demostrar que el Reglamento impugnado infrinja el artículo 19, apartado 1, letra k), del Reglamento sobre la taxonomía.

682

Por ello, se desestima el decimoquinto motivo.

Decimosexto motivo, basado en la contravención de la finalidad y del efecto útil del Reglamento sobre la taxonomía debido al riesgo de fragmentación del mercado

683

La República de Austria alega, fundamentalmente, que la calificación de la energía vinculada al gas fósil como sostenible puede dar lugar a una fragmentación del mercado contraria a la finalidad del Reglamento sobre la taxonomía y a la obligación de preservar su efecto útil.

684

Según la República de Austria, la diferencia correlativa entre sostenibilidad medioambiental «mejor» y «menos buena» es contraria al espíritu y al objetivo del Reglamento sobre la taxonomía, que consiste en garantizar la transparencia estableciendo criterios uniformes a escala de la Unión respecto de las actividades medioambientalmente sostenibles.

685

La Comisión, apoyada por Rumanía, rebate esta alegación.

686

A este respecto, procede señalar que, como se desprende de los anteriores apartados 493 a 495, la diferenciación denunciada por la República de Austria constituye una aplicación del Reglamento sobre la taxonomía que introduce diferentes categorías de actividades en función de su sostenibilidad, en particular en los apartados 1 y 2 del artículo 10 de dicho Reglamento.

687

Por estos motivos, se desestima el decimosexto motivo.

688

Por cuanto antecede, procede desestimar el recurso en su totalidad.

Sobre el escrito de adaptación presentado por la República de Austria

689

Con arreglo al artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte demandante podrá adaptar su demanda a fin de tener en cuenta una novedad consistente en el hecho de que el acto cuya anulación se ha solicitado ha sido sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto.

690

El 20 de febrero de 2024, la República de Austria presentó un escrito de adaptación, con el fin de ampliar sus pretensiones al Reglamento Delegado (UE) 2023/2485 de la Comisión, de 27 de junio de 2023, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 por el que se establecen criterios técnicos de selección adicionales para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos medioambientales (DO L, 2023/2485).

691

La Comisión, la República de Bulgaria, la República Checa, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la República de Polonia, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia tuvieron la posibilidad de presentar observaciones sobre dicho escrito de adaptación.

692

A este respecto, como alega la Comisión, el artículo 86, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento establece que la adaptación de la demanda deberá efectuarse dentro del plazo establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, para la interposición de un recurso de anulación contra el acto que justifica la adaptación de la demanda.

693

Pues bien, el Reglamento Delegado 2023/2485 fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de noviembre de 2023. Según el artículo 59 del Reglamento de Procedimiento, el plazo para presentar la solicitud de adaptación deberá contarse a partir del final del decimocuarto día siguiente a la fecha de esa publicación, esto es, a partir del 5 de diciembre de 2023. La fecha correspondiente al plazo de dos meses después de esta fecha es el 5 de febrero de 2024. Habida cuenta del plazo por razón de la distancia establecido en el artículo 60 del Reglamento de Procedimiento, el plazo para la presentación de la solicitud de adaptación expiró, por tanto, el 15 de febrero de 2024.

694

En estas circunstancias, el escrito de adaptación presentado el 20 de febrero de 2024 es inadmisible por extemporáneo.

Costas

695

A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la República de Austria, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión, conforme a lo solicitado por esta.

696

Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la República de Bulgaria, la República Checa, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la República de Polonia, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia cargarán con sus propias costas.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar a la República de Austria a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3)

La República de Bulgaria, la República Checa, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la República de Polonia, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia cargarán con sus propias costas.