C-116/0062000O01160027.000149821499110CJAUTO DE 28.6.2000 — ASUNTO C-116/00LAGUILLAUMIE<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT></P><P>de <DATE ISO="20000628">28 de junio 2000</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto C-116/00,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la cour d'appel de Paris (Francia), destinada a obtener, en el proceso penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra

Claude Laguillaumie,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación), 85 y 86 del Tratado CE (actualmente artículos 81 CE y 82 CE), así como de las Directivas 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 109, p. 8; EE 13/14, p. 34), 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos (DO L 78, p. 32), y 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (DO L 365, p. 10),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón (Ponente) y R. Schintgen, Presidentes de Sala, PJ.G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet, V. Skouris y la Sra. F. Macken, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretario: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante documento titulado recurso en interés de la ley, sin fecha, recibido en el Tribunal de Justicia el 27 de marzo de 2000, la cour d'appel de Paris planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación), 85 y 86 del Tratado CE (actualmente artículos 81 CE y 82 CE), así como de las Directivas 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 109, p. 8; EE 13/14, p. 34), 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos (DO L 78, p. 32), y 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (DO L 365, p. 10).2Esta cuestión se suscitó en el marco de un proceso penal seguido contra el Sr. Laguillaumie, inculpado de haber omitido, consciente y voluntariamente, asegurar o hacer asegurar la eliminación, o contribuir a la eliminación de productos generadores de residuos que la empresa que dirige vende o pone a disposición del usuario, infracción prevista y sancionada por los artículos 6-2.o y 24 de la Ley no 75/633, de 15 de julio de 1975, relativa a la eliminación de residuos y a la recuperación de materiales (JORF de 16 de julio de 1975, p. 7279), como se precisan en el Decreto no 92/377, de 1 de abril de 1992, sobre la aplicación, para los residuos resultantes del abandono de los envases, de la Ley no 75/633 (JORF de 3 de abril de 1992, p. 5003).3De los artículos 4 y 6 del Decreto no 92/377 resulta, en especial, que todo fabricante cuyos productos se comercializan en envases está obligado a contribuir o a encargarse de la eliminación de todos sus residuos de envases. Con este fin puede entregar los envases usados a un organismo autorizado mediante resolución conjunta del Ministro de Medio Ambiente, del Ministro de Economía, del Ministro de Industria, del Ministro de Agricultura y del Ministro de las Entidades Locales.4Tal como se indican en la resolución de remisión, las soluciones que pueden adoptar los profesionales para cumplir sus obligaciones en materia de eliminación de envases domésticos son, por tanto, las siguientes:

o bien cotizar a un organismo autorizado por los poderes públicos y encargado de cumplir las obligaciones de recuperación y de valorización de los residuos de envases, en este caso, Eco Emballages SA (en lo sucesivo, Eco Emballages), autorizada desde 1993 por los poderes públicos con arreglo al Decreto no 92/377,

o bien establecer un sistema propio de recogida y eliminación de los envases que utilizan.

5Puesto que el Sr. Laguillaumie no adoptó ni hizo adoptar medida alguna para que su sociedad cumpliera sus obligaciones en materia de eliminación de envases, se incoó un proceso penal contra él a instancia del Ministerio Fiscal.6De la resolución de remisión se desprende que, emplazado a comparecer por estos hechos ante el tribunal correctionnel d'Auxerre (Francia), el inculpado fue absuelto por haberse considerado que el Decreto no 92/377 no era conforme con la Directiva 91/156.7Inculpado en el proceso penal seguido ante la cour d'appel de Paris, sostuvo que Eco Emballages comete un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 86 del Tratado. De lo anterior deduce que la normativa francesa sobre la que se basa el proceso penal seguido contra él vulnera los principios establecidos por los artículos 30 y 36 del Tratado y que el Decreto no 92/377, además, es impreciso sobre determinadas medidas que deben adoptarse para contribuir a la eliminación de los residuos.8La cour d'appel continúa del siguiente modo:

Por este motivo, tras deliberación al respecto, la Cour plantea una petición de decisión prejudicial sobre la compatibilidad del Decreto de 1 de abril de 1992 y las órdenes ministeriales de 12 de noviembre de 1992 y 30 de agosto de 1996, sobre la autorización concedida a Eco Emballage para la recuperación de todos los productos distintos del vidrio y los medicamentos, con carácter exclusivo, en el territorio francés, con los principios establecidos por

el artículo 85 del Tratado de Roma,

el artículo 86 del Tratado de Roma,

la Directiva 91/156, de 18 de marzo de 1991,

la Directiva [...] [83/189] de 28 de marzo de 1983, y

los artículos 30 y 36 del Tratado de Roma y [...] la Directiva [...] 94/62, de 20 de diciembre de 1994.

9La cour d'appel indica que se adjuntan a la demanda los textos legales, el escrito de defensa del Sr. Laguillaumine y la fotocopia del procedimiento instruido contra este último por la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.10Procede destacar, con carácter previo, que la cuestión se planteó mediante un documento sin fecha titulado recurso en interés de la ley. Aunque tal forma no es habitual, no obstante, no corresponde al Tribunal de Justicia, habida cuenta del reparto de funciones entre este último y el órgano jurisdiccional nacional que le plantea una cuestión prejudicial, comprobar si la resolución que se le remite ha sido adoptada por dicho órgano jurisdiccional conforme a las normas de organización y de procedimiento judiciales del Derecho nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de enero de 1982, Reina, 65/81, Rec. p. 33, apartado 7).11Procede recordar, además, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, éste, en el marco de aplicación del artículo 234 CE, no es competente para resolver sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el derecho comunitario (sentencia de 11 de junio de 1987, Pretore di Salò/X, 14/86, Rec. p. 2545, apartado 15).12El Tribunal de Justicia, sin embargo, puede deducir del texto de las cuestiones planteadas por el Juez nacional, vistos los datos expuestos por éste, los elementos referentes a la interpretación del Derecho comunitario que puedan permitir a este Juez resolver el problema jurídico que se le plantea (sentencia Pretore di Saló/X, citada anteriormente, apartado 16).13Finalmente, procede comprobar si la resolución de remisión contiene los elementos necesarios que permitan al Tribunal de Justicia llegar a una interpretación del Derecho comunitario eficaz para el Juez nacional, después de haber oído a las partes interesadas contempladas en el artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia.14Procede recordar, a este respecto, que la información que proporcionan las resoluciones de remisión sirve no sólo para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia (auto de 2 de marzo de 1999, Colonia Versicherung y otros, C-422/98, Rec. p. I-1279, apartado 5). Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que sea salvaguardada esta posibilidad, teniendo en cuenta que, con arreglo a la citada disposición, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión (sentencia de 1 de abril de 1982, Holdijk y otros, asuntos acumulados 141/81 a 143/81, Rec. p. 1299, apartado 6; auto de 13 de marzo de 1996, Banco de Fomento e Exterior, C-326/95, Rec. p. I-1385, apartado 7, y sentencia de 13 de abril de 2000, Lehtonen et Castors Braine, C-176/96, Rec. p. I-2681, apartado 23).15Según reiterada jurisprudencia, la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho comunitario eficaz para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones (véase, principalmente, la sentencia de 26 enero de 1993, Telemarsicabruzzo y otros, asuntos acumulados C-320/90 a C-322/90, Rec. p. I-393, apartado 6; autos de 19 de marzo de 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, apartado 4; de 30 de abril de 1998, Testa y Modesti, asuntos acumulados C-128/97 y C-137/97, Rec. p. I-2181, apartado 5; de 8 de julio de 1998, Agostini, C-9/98, Rec. p. I-4261, apartado 4; Colonia Versicherung y otros, citado anteriormente, apartado 4, y sentencia Lehtonen y Castors Braine, antes citada, apartado 22).16El Tribunal de Justicia también ha insistido en la importancia de que el Juez remitente indique las razones precisas que le han conducido a plantearse la interpretación del Derecho comunitario y a estimar necesario plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia (autos de 25 de junio de 1996, Italia Testa, C-101/96, Rec. p. I-3081, apartado 6; Testa y Modesti, antes citado, apartado 15, y Agostini, citado anteriormente, apartado 6). Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que es indispensable que el Juez nacional dé un mínimo de explicaciones sobre las razones de la elección de las disposiciones comunitarias cuya interpretación solicita y sobre la relación que establece entre estas disposiciones y la legislación nacional aplicable al litigio (auto de 7 de abril de 1995, Grau Gomis y otros, C-167/94, Rec. p. I-1023, apartado 9).17No obstante, es necesario constatar que la resolución de remisión no contiene las indicaciones suficientes para cumplir estas exigencias.18En especial, el órgano jurisdiccional remitente no explicita la relación que existe entre cada una de las disposiciones cuya interpretación solicita y los hechos o la legislación nacional aplicable. Así, en particular, no ha precisado ni cuál puede ser el abuso de posición dominante impugnado con arreglo al artículo 86 del Tratado ni cuál es la disposición nacional cuya apreciación por el órgano jurisdiccional remitente requiere la interpretación previa de la Directiva 83/189.19A falta de dichas indicaciones, no es posible delimitar el problema concreto de interpretación que puede plantearse con relación a cada una de las disposiciones del Derecho comunitario cuya interpretación solicita el órgano jurisdiccional. Pues bien, la exigencia de precisión en cuanto al contexto fáctico y al régimen normativo son especialmente pertinentes en el ámbito de la competencia que se caracteriza por situaciones de hecho y de Derecho complejas (auto Banchero, citado anteriormente, apartado 5, y sentencia Lehtonen et Castors Braine, antes citada, apartado 22).20Ciertamente, el órgano jurisdiccional remitente precisa que adjunta a su demanda el escrito de defensa del Sr. Laguillaumie y el expediente del procedimiento nacional.21Aunque dichos documentos pueden explicitar el contexto en el que se plantea la cuestión, no obstante, procede recordar que el artículo 234 CE establece un procedimiento de cooperación directa entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, durante el cual a las partes interesadas sólo se las insta a presentar observaciones en el marco jurídico trazado por el órgano jurisdiccional remitente (auto de 28 de abril de 1998, Reisebüro Binder, C-116/96 REV, Rec. p. I-1889, apartado 7).22Dentro de los límites fijados por el artículo 234 CE, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la competencia exclusiva para decidir sobre si someten, en su caso, un asunto al Tribunal de Justicia y sobre el objeto de la cuestión que promueven (auto Reisebüro Binder, antes citado, apartado 8).23Por tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente explicitar, en la propia resolución de remisión, el contexto fáctico y el régimen normativo del litigio en el procedimiento principal, las razones que le han llevado a plantearse la interpretación de determinadas disposiciones comunitarias en concreto, así como la relación que establece entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable a dicho litigio.24La resolución de remisión es la base del procedimiento que se desarrolla ante el Tribunal de Justicia. Como se recuerda en el apartado 14 del presente auto, a las partes interesadas, en especial, a los Estados miembros, sólo se notifica esta resolución acompañada de una traducción en la lengua oficial de cada Estado, conforme al artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia.25Y así, en un asunto en el que el órgano jurisdiccional remitente consideraba que su resolución reproducía las pretensiones de las partes demandantes, la exposición de los hechos, así como los argumentos y alegaciones desarrollados por las partes en el procedimiento principal en sus escritos, el Tribunal de Justicia declaró que el hecho de que el Juez nacional haga referencia a las observaciones de las partes del procedimiento principal, que, por otra parte, pueden exponer el litigio pendiente ante dicho Juez de formas divergentes, no permite garantizar la posibilidad de presentar observaciones de que disponen las partes del litigio conforme al citado artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia (auto Colonia Versicherung y otros, antes citado, apartado 8).26En estas circunstancias, procede declarar, de conformidad con el artículo 92 y el artículo 103, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la inadmisibilidad manifiesta de la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia.<TI><P>Costas</P></TI>

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

Declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial presentada por la cour d'appel de Paris mediante resolución recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de marzo de 2000.

Dictado en Luxemburgo, a 28 de junio de 2000.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

G.C. Rodríguez Iglesias