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Diario Oficial
de la Unión Europea

ES

Serie C


C/2024/6817

29.11.2024

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 21 de octubre de 2024

relativa a las políticas económicas, presupuestarias, de empleo y estructurales de Francia

(C/2024/6817)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo (1), y en particular su artículo 3, apartado 3,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas, el Mecanismo contribuye a la recuperación económica y social y a la realización de reformas e inversiones sostenibles, en particular dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y aumentar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales.

(2)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto ayudaría a alcanzar la seguridad energética y a diversificar el suministro energético de la Unión, aumentando al mismo tiempo la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. Francia incluyó un nuevo capítulo de REPowerEU en su plan nacional de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU.

(3)

El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó la Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030» con el fin de fundamentar las decisiones políticas y crear las condiciones marco necesarias para impulsar el crecimiento. La Comunicación define la competitividad en términos de nueve factores que se refuerzan mutuamente. Entre estos factores, el acceso al capital privado, la investigación y la innovación, la educación y las capacidades y un mercado único que funcione destacan como prioridades de actuación fundamentales en lo que respecta a las reformas y a la inversión con el fin de abordar los retos actuales en materia de productividad y reforzar la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. El 14 de febrero de 2024, la Comisión emitió una Comunicación titulada «Informe anual de 2024 sobre el mercado único y la competitividad». En dicha Comunicación se detallan las fortalezas y los retos en materia de competencia del mercado único europeo, haciendo el seguimiento del progreso anual con respecto a los nueve factores de competitividad identificados.

(4)

El 21 de noviembre de 2023, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2024, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2024 para la coordinación de las políticas económicas. El 22 de marzo de 2024, el Consejo Europeo refrendó las prioridades del Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2024, que se centran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 21 de noviembre de 2023, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2024, en el que señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Francia para 2024. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo de 2024, en el que se analiza la ejecución de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 12 de abril de 2024, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (5) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2024») y el 11 de marzo de 2024 el Informe conjunto sobre el empleo.

(5)

El 30 de abril de 2024 entró en vigor el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión. Dicho marco comprende el nuevo Reglamento (UE) 2024/1263 relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral, el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (6) relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, modificado, y la Directiva 2011/85/UE del Consejo (7) sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, modificada. Los objetivos del nuevo marco de gobernanza económica son promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, un crecimiento sostenible e integrador y resiliencia a través de reformas e inversiones, y evitar déficits públicos excesivos. El nuevo marco de gobernanza económica promueve asimismo la apropiación nacional y tiene una mayor orientación a medio plazo, junto con una aplicación más sólida y coherente. Cada Estado miembro tiene que presentar al Consejo y a la Comisión un plan fiscal-estructural nacional a medio plazo. El plan fiscal-estructural nacional a medio plazo contiene los compromisos fiscales, de reformas y de inversiones de un Estado miembro y abarca un período de planificación de cuatro o cinco años, en función de la duración habitual de la legislatura a nivel nacional. La senda de gasto neto (8) de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo tiene que cumplir los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1263, incluidos los requisitos de situar o mantener la deuda de las administraciones públicas en una senda descendente verosímil a más tardar al final del período de ajuste, o de mantenerla en niveles prudentes por debajo del 60 % del producto interior bruto (PIB), y de situar o mantener a medio plazo el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia para el déficit, del 3 % del PIB, establecido en el Tratado. Si un Estado miembro se compromete a llevar a cabo un conjunto pertinente de reformas e inversiones de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1263, el período de ajuste puede ampliarse hasta tres años. Con el fin de apoyar la preparación de dichos planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, el 21 de junio de 2024 la Comisión publicó orientaciones sobre la información que los Estados miembros deben facilitar en sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo y en sus informes anuales de situación. De conformidad con los artículos 5 y 36 del Reglamento (UE) 2024/1263, la Comisión transmitió a los Estados miembros trayectorias de referencia e información técnica, en su caso. Los Estados miembros tienen que presentar sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo a más tardar el 20 de septiembre de 2024, a menos que el Estado miembro y la Comisión convengan la ampliación del plazo por un período razonable. De conformidad con su marco jurídico nacional, cada Estado miembro podrá debatir su proyecto de plan a medio plazo en su Parlamento nacional, solicitar a la institución fiscal independiente que emita un dictamen y llevar a cabo una consulta con los interlocutores sociales y otras partes interesadas nacionales.

(6)

En 2024, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes ayudan a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020, 2022 y 2023 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia que fueron revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(7)

El 28 de abril de 2021, Francia presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Francia (9), que se modificó el 14 de julio de 2023 con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241 para actualizar la contribución financiera máxima en concepto de ayuda financiera no reembolsable, así como para incluir el capítulo de REPowerEU (10). El desembolso de tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Francia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(8)

El 2 de mayo de 2024, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2024 y su Programa de Estabilidad de 2024, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 (11). De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2024 también refleja el informe semestral de Francia sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia.

(9)

El 19 de junio de 2024, la Comisión publicó el informe específico de 2024 sobre Francia. En él se evalúan los avances realizados por Francia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2023 y se hace balance de la ejecución del plan de recuperación y resiliencia de Francia. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el plan de recuperación y resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, se evalúan los avances de Francia en la ejecución del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(10)

La Comisión llevó a cabo un examen exhaustivo sobre Francia con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. En abril de 2024 se publicaron las principales conclusiones de la evaluación que los servicios de la Comisión han llevado a cabo de las vulnerabilidades macroeconómicas de Francia a efectos de dicho Reglamento. El 19 de junio de 2024, la Comisión llegó a la conclusión de que Francia ya no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las medidas de actuación han contribuido a reducir las vulnerabilidades, que tenían importancia transfronteriza, relacionadas con la competitividad en un contexto de bajo crecimiento de la productividad, pero deben proseguir los esfuerzos, mientras que las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública persisten. La competitividad de precios ha evolucionado favorablemente desde 2021, en parte debido a una inflación más baja que en los socios comerciales. Sin embargo, los resultados en materia de competitividad de costes han sido más dispares, ya que la productividad laboral se ha visto controlada por factores temporales tras la crisis de la COVID-19, como el persistente acaparamiento de mano de obra en algunos sectores clave, y las políticas destinadas a aumentar el empleo. Estas han dado lugar a un fuerte crecimiento del empleo en los últimos años. Se espera que la productividad laboral y la competitividad mejoren en el futuro, gracias a las inversiones y reformas previstas, que deberían respaldar el desapalancamiento de la deuda. La deuda del sector privado aumentó notablemente durante la crisis de la COVID-19, pero esto estuvo acompañado de un aumento de la tasa de ahorro de los hogares, así como de aumentos del capital social y de la acumulación de reservas de liquidez de las empresas, que ahora se están utilizando. El crédito a la inversión empresarial sigue siendo dinámico a pesar del endurecimiento de las condiciones financieras. La deuda pública con respecto al PIB ha disminuido ligeramente con la recuperación del PIB desde 2021, hasta situarse en poco más del 110 % en 2023. Se prevé que se mantenga prácticamente estable en 2024, pero que vuelva a aumentar en 2025, en un contexto de persistencia de unos déficits públicos elevados y partiendo de la hipótesis de que se mantenga la política económica. La respuesta política a las vulnerabilidades detectadas en relación con la competitividad en un contexto de bajo crecimiento de la productividad ha sido, en términos generales, adecuada y debería apoyar el crecimiento de la productividad en los próximos años, pero deben proseguir los esfuerzos. La ejecución del plan de recuperación y resiliencia contribuirá a seguir abordando los retos en materia de competitividad, mejorando al mismo tiempo el crecimiento de la productividad. Si bien se han adoptado medidas estratégicas para reforzar las finanzas públicas, es evidente que se requieren más esfuerzos para reducir la elevada deuda pública. La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluida la aplicación del procedimiento de déficit excesivo, ofrece un mecanismo de vigilancia adecuado y sólido para abordar los riesgos relacionados con la sostenibilidad fiscal.

(11)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit de las administraciones públicas de Francia aumentó del 4,8 % del PIB en 2022 al 5,5 % en 2023 (12), mientras que la deuda de las administraciones públicas se redujo del 111,9 % del PIB a finales de 2022 al 110,6 % a finales de 2023. Según lo anunciado en la Comunicación de la Comisión de 8 de marzo de 2023 titulada «Orientaciones de la política presupuestaria para 2024», la Comisión está dando el primer paso para la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit sobre la base de los datos de ejecución presupuestaria de 2023, con arreglo a las disposiciones legales vigentes. El 19 de junio de 2024, la Comisión emitió un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado. En dicho informe se evalúa la situación presupuestaria de Francia, dado que en 2023 el déficit de sus administraciones públicas sobrepasó el valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El informe concluyó que, a la luz de dicha evaluación, y tras examinar el dictamen emitido por el Comité Económico y Financiero en virtud del artículo 126, apartado 4, del Tratado, la Comisión tiene la intención de proponer en julio de 2024 la apertura de un procedimiento de déficit excesivo para Francia, proponiendo al Consejo la adopción de una decisión con arreglo al artículo 126, apartado 6, de Tratado por la que se establezca la existencia de una situación de déficit excesivo en Francia.

(12)

El 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó (13) a Francia que en 2023 garantizara una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento de la producción potencial a medio plazo (14), teniendo en cuenta el mantenimiento de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, se recomendó a Francia que estuviera preparada para ajustar el gasto corriente en función de la evolución de la situación. También se recomendó a Francia que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, utilizando entre otros el Mecanismo y otros fondos de la Unión. Según las estimaciones de la Comisión, la orientación fiscal (15) en 2023 fue contractiva (0,5 % del PIB), en un contexto de elevada inflación. En 2023, el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos) tuvo un efecto contractivo en la orientación fiscal del 0,3 % del PIB y se ajustó a la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Los gastos financiados con subvenciones procedentes del Mecanismo y de otros fondos de la Unión ascendieron al 0,4 % del PIB en 2023. Las inversiones financiadas a nivel nacional ascendieron al 4,1 % del PIB en 2023, lo que representa un incremento de 0,1 puntos porcentuales con respecto a 2022. Francia financió inversiones adicionales mediante el Mecanismo y otros fondos de la Unión. Financió inversiones públicas para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, como para el desarrollo y la implantación industrial de soluciones de hidrógeno renovable y con bajas emisiones de carbono, proyectos de innovación en sistemas agrícolas sostenibles, materiales reciclados, edificios innovadores, digitalización y descarbonización de la movilidad, así como inversiones para la renovación térmica de edificios. Dichas inversiones públicas se financian en parte con el Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(13)

Según el Programa de Estabilidad de 2024, en el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias el PIB real crecería un 1,0 % en 2024 y un 1,4 % en 2025, mientras que la inflación con arreglo al índice de precios de consumo (IPC) se situaría en el 2,5 % en 2024 y en el 1,7 % en 2025. El déficit de las administraciones públicas disminuiría al 5,1 % del PIB en 2024 y al 4,1 % del PIB en 2025, mientras que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumentaría hasta el 112,3 % para finales de 2024 y hasta el 113,1 % para finales de 2025. Con posterioridad a 2025, se prevé que el déficit de las administraciones públicas disminuya gradualmente hasta el 3,6 % del PIB en 2026 y al 2,9 % en 2027. Por consiguiente, se prevé que, en 2027, el saldo de las administraciones públicas se sitúe por debajo del valor de referencia para el déficit, del 3 % del PIB, establecido en el Tratado. A su vez, con posterioridad a 2025, se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB disminuya gradualmente al 112,9 % en 2026 y al 112,0 % en 2027.

(14)

Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el PIB real crecería un 0,7 % en 2024 y un 1,3 % en 2025, y la inflación medida con el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se situaría en el 2,5 % en 2024 y en el 2,0 % en 2025.

(15)

Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, en 2024 se registraría un déficit público del 5,3 % del PIB, mientras que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumentaría hasta situarse en el 112,4 % al final de 2024. La disminución del déficit en 2024 refleja principalmente la retirada de la mayoría de las medidas de emergencia relacionadas con la energía y un ahorro del 0,3 % del gasto del PIB aprobado en febrero, que se compensa en parte con el rápido aumento previsto de los pagos de intereses de la deuda pública hasta situarse en torno al 2,0 % del PIB, impulsado por los tipos más elevados sobre la deuda de nueva emisión. Además, la previsión también incluye el impacto del 0,1 % del PIB de un impuesto excepcional sobre los productores de energía y los beneficios financieros excepcionales relacionados con la energía. El aumento de la ratio de deuda con respecto al PIB en 2024 refleja principalmente el impacto de un elevado déficit primario y el aumento de los pagos de intereses, mientras que el efecto de reducción de la deuda derivado del crecimiento nominal sería más moderado que en los últimos años. Según las estimaciones de la Comisión, se prevé que la orientación fiscal sea contractiva (1,1 % del PIB) en 2024.

(16)

Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, se espera que en 2024 se financien mediante ayudas no reembolsables («subvenciones») procedentes del Mecanismo gastos equivalentes al 0,2 % del PIB, mientras que en 2023 dichos gastos representaban el 0,2 % del PIB. Los gastos financiados mediante las subvenciones procedentes del Mecanismo permitirán inversiones de gran calidad y reformas que mejoren la productividad sin una repercusión directa en el saldo o la deuda de las administraciones públicas de Francia.

(17)

El 14 de julio de 2023, el Consejo recomendó (16) a Francia que garantizara una política fiscal prudente, en particular limitando el aumento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional (17) en 2024 a un máximo del 2,3 %. Se invitó a los Estados miembros a que, al ejecutar sus presupuestos de 2023 y preparar sus proyectos de planes presupuestarios para 2024, tuviesen en cuenta que la Comisión propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el gasto primario neto financiado a nivel nacional de Francia aumentaría un 1,8 % en 2024 (18), cifra que se situaría por debajo de la tasa de crecimiento máxima recomendada. Esto se ajusta a lo recomendado por el Consejo.

(18)

Además, el Consejo recomendó que Francia tomara medidas con el fin de eliminar gradualmente las medidas de apoyo de emergencia en materia energética en vigor aprovechando los ahorros correspondientes para reducir el déficit público, tan pronto como fuera posible en 2023 y 2024. El Consejo recomendó además a Francia que, en caso de que fueran necesarias nuevas medidas de apoyo o el mantenimiento de las ya vigentes debido a nuevos aumentos de los precios de la energía, garantizara que dichas medidas de apoyo se dirigieran a proteger a los hogares y las empresas vulnerables, fueran viables desde el punto de vista fiscal y siguieran incentivando el ahorro energético. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el coste presupuestario neto (19) de las medidas de apoyo de emergencia en materia energética se situaría en el 0,9 % del PIB en 2023, el 0,2 % del PIB en 2024 y el 0,0 % del PIB en 2025. En particular, se supone que la limitación a los precios regulados de la electricidad, aplicada mediante una reducción del impuesto nacional sobre el consumo final de electricidad (TICFE) y ayudas directas para compensar a los proveedores de electricidad, seguirá en vigor en 2024. Si los ahorros correspondientes se aprovecharan para reducir el déficit público, según lo recomendado por el Consejo, estas previsiones implicarían un ajuste fiscal del 0,6 % del PIB en 2024, frente a un efecto contractivo del gasto primario neto financiado a nivel nacional (20) en la orientación fiscal del 1,0 % del PIB ese mismo año. Las medidas de apoyo de emergencia en materia energética se han ido eliminando paulatinamente en 2023 y 2024. Esto se ajusta a lo recomendado por el Consejo. Además, se prevé que los ahorros correspondientes se aprovechen plenamente para reducir el déficit público. Esto también está en consonancia con la recomendación del Consejo.

(19)

Además, el Consejo también recomendó a Francia mantener la inversión pública financiada a nivel nacional y garantizar la absorción efectiva de las subvenciones procedentes del Mecanismo y de otros fondos de la Unión, en particular para fomentar las transiciones ecológica y digital. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, la inversión pública financiada a nivel nacional se mantendría estable en el 4,1 % del PIB en 2024. Esto se ajusta a lo recomendado por el Consejo. A su vez, se espera que el gasto público financiado por los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, incluidas las subvenciones procedentes del Mecanismo, se mantenga estable en el 0,4 % del PIB en 2024.

(20)

Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones y con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión contemplan para 2025 un déficit público del 5,0 % del PIB. La disminución del déficit en 2025, si las políticas no varían, refleja principalmente el repunte esperado del crecimiento. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumente hasta situarse en el 113,8 % al final de 2025. El aumento de la ratio de deuda con respecto al PIB se debe principalmente a los elevados déficits primarios y al aumento de los pagos de intereses.

(21)

Los gastos tributarios de Francia son numerosos y suponen una pesada carga presupuestaria. La Ley Presupuestaria para 2023 estimó que el coste presupuestario de los 465 gastos tributarios notificados en 2022 ascendió a 88 000 millones EUR (3,3 % del PIB), excluido el efecto de la bonificación fiscal para el empleo y la competitividad (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE), que se retiró en 2019. En particular, la bonificación fiscal para la investigación (crédit d’impôt recherche, alrededor de 7 000 millones EUR), la bonificación fiscal para los asalariados que trabajan desde casa (crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, 5 700 millones EUR), la bonificación del 10 % sobre las pensiones y los regímenes de jubilación (abattement de 10 % sur les pensions et retraites, 4 400 millones EUR) y el tipo del 10 % para los trabajos de mejora, conversión, equipamiento y mantenimiento (taux de 10 % pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, 4 300 millones EUR) fueron los más elevados de la Ley Presupuestaria para 2023. Desde 2013, a pesar de los numerosos intentos de controlar el coste y el número de los gastos tributarios, estos han aumentado más del 16 % en términos reales. Si bien los gastos tributarios pueden estar motivados por objetivos de política económica o social, no son necesariamente el instrumento más eficiente en términos de costes y, en algunos casos, pueden dar lugar a graves distorsiones económicas. Como señala el Tribunal de Cuentas francés, los gastos tributarios reducen la eficiencia y la transparencia del sistema tributario francés, introducen un grado significativo de complejidad y, de manera más general, generan pérdidas de eficiencia distributiva debido a la distorsión de las decisiones individuales. La Ley de Programación Plurianual de las finanzas públicas para el período 2023-2027, adoptada en noviembre de 2023, introdujo disposiciones específicas para limitar la incidencia presupuestaria de los gastos tributarios, controlar su número y hacerlos más eficientes, así como para mejorar la transparencia de la comunicación al Parlamento en el contexto del proceso presupuestario anual. Sin embargo, los intentos realizados en el pasado han tenido poco éxito a la hora de reducir la complejidad fiscal y el coste presupuestario asociado a los gastos tributarios. Dado que los gastos tributarios, por definición, quedan fuera del ámbito de aplicación de los controles presupuestarios establecidos a que se someten los gastos, su contención requeriría un grado de supervisión similar, complementario al análisis de gastos iniciado por el Gobierno en el marco del plan de recuperación y resiliencia.

(22)

Con un 57,3 % del PIB en 2023, el gasto público de Francia sigue estando muy por encima de la media de la Unión. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, habrá una brecha similar en 2024 y 2025. Por tanto, el saneamiento fiscal en Francia requiere medidas decisivas en materia de gasto público. El nuevo mecanismo de revisión del gasto, adoptado con la Ley Presupuestaria para 2023 en el contexto del plan de recuperación y resiliencia, puede apoyar este saneamiento y la reducción de la deuda pública. El principal objetivo de este nuevo mecanismo es llevar a cabo evaluaciones periódicas del gasto público con el fin de determinar los gastos más eficientes que favorezcan el crecimiento, la inclusión social y las transiciones ecológica y digital, logrando al mismo tiempo una reducción del gasto cuando se detecten ineficiencias. En julio de 2023 se presentó al Parlamento un primer informe con propuestas concretas. Sin embargo, la traducción en medidas de ahorro concretas y cuantificadas en la Ley Presupuestaria para 2024 parece limitada. De cara al futuro, el saneamiento fiscal se beneficiaría de la integración periódica de los objetivos cuantificados de reducción del gasto derivados de las revisiones del gasto en la futura planificación presupuestaria anual y plurianual.

(23)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. Se espera que dichas reformas e inversiones ayuden a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes. Dado el calendario ajustado, es esencial avanzar rápidamente en la ejecución efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para impulsar la competitividad a largo plazo de Francia mediante las transiciones ecológica y digital, garantizando al mismo tiempo la equidad social. Para cumplir los compromisos del plan de recuperación y resiliencia a más tardar en agosto de 2026, es esencial que Francia prosiga con la ejecución de reformas e inversiones. La participación sistemática de las administraciones locales y regionales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo esencial para garantizar una amplia implicación en la ejecución satisfactoria del plan de recuperación y resiliencia.

(24)

Como parte de la revisión intermedia de los programas de la política de cohesión, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), Francia debe revisar cada programa financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa (FTJ) a más tardar en marzo de 2025, teniendo en cuenta, en particular, los retos señalados en las recomendaciones específicas por país de 2024, así como su plan nacional de energía y clima. Dicha revisión constituye la base para la asignación definitiva de la financiación de la Unión incluida en cada programa. Francia ha avanzado en la aplicación de los programas de la política de cohesión y del pilar europeo de derechos sociales, pero sigue habiendo problemas pendientes. En 2023, Francia registró un crecimiento moderado en todo el país, aunque con importantes diferencias persistentes entre regiones, algunas de las cuales muestran un lento crecimiento a largo plazo. Existen considerables diferencias de desarrollo entre las regiones ultraperiféricas y metropolitanas, así como entre las zonas urbanas y no urbanas. Acelerar la ejecución de los programas de la política de cohesión es fundamental. Las prioridades establecidas en los programas siguen siendo pertinentes. Es especialmente importante seguir apoyando las actividades de investigación, desarrollo e innovación a nivel regional, en particular mediante el impulso de los ecosistemas regionales de innovación, las capacidades estratégicas y la atracción de talento. También merece especial atención la necesidad de aumentar la digitalización y la capacidad de innovación de las empresas, sobre todo en las regiones que se encuentran en una trampa para el desarrollo. Las prioridades que contribuyen a la transición ecológica siguen siendo esenciales, haciendo especial hincapié en la producción de energía renovable, el desarrollo de sistemas energéticos inteligentes y las medidas de eficiencia energética, así como en la adaptación al cambio climático. En las regiones ultraperiféricas, el suministro de agua potable, el tratamiento de aguas residuales y la recogida y gestión de residuos municipales siguen siendo fundamentales. La inclusión activa de los grupos desfavorecidos, como las personas de origen migrante y las personas con discapacidad, sigue siendo importante, así como las inversiones específicas en la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional en consonancia con las necesidades del mercado laboral, prestando especial atención a los grupos desfavorecidos. Asimismo, resulta clave mantener las medidas de lucha contra la pobreza y de inclusión social, prestando especial atención a los niños, al acceso a la vivienda y a la prevención de los desahucios. Francia también podría utilizar la iniciativa de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, creada por el Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo (22) con el fin de apoyar la transformación industrial. Francia podría, en particular, seguir desarrollando las capacidades, tecnologías e infraestructuras necesarias y promover la participación en nuevas cadenas de valor estratégicas (industria de cero emisiones netas, materias primas fundamentales y descarbonización de las industrias de gran consumo de energía).

(25)

Además de los retos económicos y sociales a los que responden el plan de recuperación y resiliencia y otros fondos de la Unión, Francia se enfrenta a varios retos adicionales relacionados con la escasez de capacidades, las desigualdades del sistema educativo y el deterioro de los resultados educativos, las condiciones de trabajo y la formación de los profesores, así como retos relacionados con el entorno empresarial, la investigación, el desarrollo y la innovación y la transición ecológica. Abordar estos retos contribuiría a impulsar las capacidades de los trabajadores y los resultados del aprendizaje, así como a aumentar la productividad laboral. Asimismo, podría mejorar la eficiencia de las empresas francesas, lo que, a su vez, aumentaría la competitividad de la economía francesa. Un mayor refuerzo de la competitividad y la productividad laboral también contribuiría a respaldar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

(26)

La escasez de trabajadores cualificados es uno de los principales obstáculos para la contratación. En 2022, este fue el caso, en particular, de la industria y los sectores de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) y de la salud, así como de las ocupaciones que requieren capacidades para la transición ecológica. Además, el 45 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes) francesas señalaron que era muy difícil contratar personal con las capacidades adecuadas, frente al 38 % en la Unión. El 83 % de las empresas francesas mencionaron la escasez de mano de obra y de personal cualificado como uno de los principales obstáculos a la inversión, frente al 81 % en la Unión. Asimismo, la falta de capacidades adecuadas dificulta las inversiones en la descarbonización de la industria. A pesar de la inversión en la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores, que también reciben apoyo del Mecanismo, subsisten algunas dificultades, sobre todo para llegar a las personas poco cualificadas (23) y reforzar la participación en formación para sectores prioritarios. La evaluación de inversiones anteriores y recientes, como el plan de inversión en capacidades (plan d’investissement dans les compétences), pone de relieve que solo el 25 % de la formación se refiere a un sector prioritario y el 20 % de la formación se centra en ocupaciones que sufren escasez de capacidades. Además, solo alrededor del 25 % de los adultos poco cualificados participaron en actividades de aprendizaje en 2022. La eficacia de las medidas que apoyan la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional puede verse afectada por el rendimiento decreciente en el sistema educativo, ya que las capacidades básicas constituyen la base para beneficiarse de una educación y formación continuas. Si bien el plan de inversión en capacidades se ha renovado hasta 2027, los medios destinados a él han disminuido.

(27)

A pesar del elevado gasto público en educación, el sistema educativo francés ha registrado recientemente un notable descenso del rendimiento, marcado, además, por las importantes repercusiones del contexto socioeconómico de los alumnos. Según el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2022, en Francia, el 28,8 % de los jóvenes de quince años mostró un bajo rendimiento en matemáticas frente al 29,5 % en la Unión, el 26,9 % mostró un bajo rendimiento en lectura frente al 26,2 % en la Unión y el 23,8 % mostró un bajo rendimiento en ciencias frente al 24,2 % en la Unión. Esto corresponde a puntuaciones en torno a la media de la Unión, que también ha empeorado considerablemente. El porcentaje de alumnos con bajo rendimiento ha aumentado de manera significativa desde 2018 en las tres materias. Al mismo tiempo, se observa una disminución importante del porcentaje de alumnos con alto rendimiento, sobre todo en matemáticas y lectura. La disminución del dominio de las capacidades básicas es aún más pronunciada entre los alumnos desfavorecidos de quince años de edad, incluidos los de origen migrante, que se enfrentan a un riesgo de bajo rendimiento dos veces mayor que sus compañeros autóctonos con padres autóctonos. Resulta crucial mejorar el rendimiento de los alumnos en capacidades básicas, comenzando desde una edad temprana. El gasto total en educación primaria en Francia es ligeramente inferior a la media de la OCDE. En los últimos años se han aplicado varias medidas destinadas a reducir las desigualdades en la escuela, como la reducción a la mitad del número de alumnos por clase en las «zonas de educación prioritarias». Si bien las primeras evaluaciones señalan el impacto positivo de la medida en los resultados educativos de los alumnos, esta no beneficia al 70 % de los alumnos desfavorecidos que viven fuera de las áreas prioritarias. En 2023, el Ministerio de Educación fomentó una mejor mezcla social en las escuelas mediante el establecimiento de un objetivo no vinculante para reducir la segregación social en las escuelas públicas un 20 % de aquí a 2027 y la firma de un memorando de entendimiento con escuelas privadas. Además, la medida adoptada en septiembre de 2023, que introdujo una hora semanal de enseñanza diferenciada en francés y matemáticas para todos los alumnos, puede reforzar las capacidades básicas. Sin embargo, aún debe dejarse sentir el impacto de estas medidas en los resultados del aprendizaje, y estarán justificadas otras evaluaciones. La adaptación de los recursos y métodos a las circunstancias locales y a las necesidades de los alumnos también podría contribuir a mejorar el funcionamiento y la equidad del sistema educativo.

(28)

Aunque los profesores se beneficiaron de un aumento salarial en 2023, el atractivo de la profesión sigue suscitando preocupación y la escasez de personal docente afecta a los resultados educativos. Francia tiene una de las proporciones entre alumnos y profesores más altas de la Unión. Además, el aumento de la dependencia de profesores temporales con niveles de cualificación y experiencia más bajos y un menor acceso a la formación que los profesores permanentes podría repercutir en la calidad de la enseñanza. Se han adoptado medidas para mejorar las condiciones de enseñanza, incluido el refuerzo de la formación en francés y matemáticas para los profesores de enseñanza primaria. No obstante, hay margen para seguir ampliando estas medidas, en particular adaptando mejor la formación inicial y continua a la evolución de las necesidades de todos los alumnos y dotando de mayor autonomía a los profesores y a las escuelas. En particular, si bien un informe de la OCDE indica que dar a las escuelas un alto grado de autonomía puede repercutir de manera positiva en el rendimiento de los alumnos (cuando se combina con la responsabilidad de estas), el Tribunal de Cuentas advierte de que, en la práctica, los directores de centros escolares tienen un margen limitado para adaptarse a las necesidades de los alumnos y a las circunstancias locales.

(29)

A pesar de varias reformas en favor de la simplificación administrativa, las empresas francesas siguen considerando que la carga administrativa es pesada, lo que afecta a la innovación y la productividad. Según una encuesta de 2022, el 49 % de las empresas considera que la complejidad de los procedimientos administrativos es «un problema muy grave» (entre los porcentajes más elevados de la Unión y por encima de la media de la Unión del 33 %). Francia estima que el número excesivo de normas cuesta al menos el 3 % del PIB al año. En consonancia con las sugerencias de las partes interesadas para aliviar la carga administrativa, podría darse prioridad a limitar el número de documentos que deben presentarse (principio de «solo una vez») y a generalizar la digitalización de los procedimientos, manteniendo al mismo tiempo un punto de contacto directo con la administración. Asimismo, podría darse prioridad a sustituir los regímenes de autorización por simples declaraciones de cumplimiento de las condiciones aplicables o, en el caso de los sectores más sensibles, a simplificar las autorizaciones mediante una reducción de los períodos de aprobación de una decisión y la adopción del principio de aprobación tácita donde aún no sea aplicable.

(30)

Francia aporta una financiación pública importante para apoyar la I+D y la innovación de las empresas. Entre los Estados miembros, dedica uno de los porcentajes más elevados de su PIB a apoyar la I+D de las empresas (0,45 % del PIB en 2021) (24). Sin embargo, la I+D de las empresas está estancada y se mantiene por debajo de la media de la Unión (1,43 % del PIB en 2022). Según la encuesta de inversión del BEI de 2023, solo el 30 % de las empresas francesas (el 99,8 % de las cuales son pymes) invirtió en el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. Este es uno de los porcentajes más bajos de la Unión. En un contexto de estancamiento de los indicadores relacionados con la cooperación entre el mundo académico y las empresas (25) y de disminución del atractivo de las carreras académicas, se espera que la Ley de programación de la investigación y otras medidas anunciadas, algunas de las cuales se incluyen en el plan de recuperación y resiliencia, mejoren la eficiencia del sistema de investigación reforzando el vínculo entre la ciencia y la economía y haciendo que las carreras de investigación sean más atractivas. No obstante, el impacto de estas medidas tardará en materializarse y ser visible en los indicadores. Existe una costosa bonificación fiscal para la investigación, aunque las evaluaciones han puesto de manifiesto deficiencias importantes. La evaluación realizada por la Comisión Nacional de Evaluación de las Políticas de Innovación (Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation) en 2021 indicó que el régimen no tenía efectos significativos en las empresas de mayor tamaño, a pesar de que el apoyo se concentraba en ellas. Por tanto, hay margen para orientar mejor este régimen de I+D con el fin de aumentar los resultados de I+D, limitando al mismo tiempo sus costes. Otras medidas de apoyo a la innovación son mucho más pequeñas, pero están mejor enfocadas en las pymes. Incluyen, en particular, la bonificación fiscal para la innovación y la condición de «jóvenes empresas innovadoras» (Jeunes Entreprises Innovantes), que aporta beneficios sociales y fiscales a las empresas emergentes que cumplen criterios específicos de intensidad y crecimiento de I+D.

(31)

En la combinación energética de Francia, la proporción de combustibles fósiles aumentó ligeramente en 2022, mientras que la proporción de energías renovables fue baja, del 14,6 %. Además, Francia incumplió el objetivo de la Unión para 2020 en materia de energías renovables con un déficit significativo. A pesar del aumento de la capacidad instalada de energías renovables en 2022 impulsado por el aumento significativo de la energía solar, Francia va a la zaga en la implantación de energías renovables, especialmente por lo que respecta a la producción de electricidad, con vistas a cumplir los objetivos para 2030. En un contexto en el que la construcción de las centrales nucleares adicionales anunciadas requeriría tiempo y en el que se espera que las necesidades de electrificación aumenten con rapidez, la rápida implantación de las energías renovables contribuiría a la seguridad del suministro energético de Francia, reduciendo al mismo tiempo su dependencia de los combustibles fósiles. En marzo de 2023, Francia promulgó una ley sobre la aceleración de la producción de energía renovable, lo cual implica una identificación ascendente acotada en el tiempo de «zonas de aceleración de las energías renovables» por parte de los municipios. Su rápida aplicación está justificada. Sin embargo, a mediados de abril de 2024, menos del 20 % de los municipios había emprendido la identificación de estas zonas. Además, uno de los actos de ejecución aún no ha establecido los objetivos regionalizados del plan energético plurianual (programmation pluriannuelle de l’énergie), que aún no se ha publicado. Sigue siendo asimismo necesario simplificar los procedimientos de conexión a la red de distribución para el autoconsumo. Se necesitan más inversiones en redes eléctricas y soluciones de flexibilidad, como el almacenamiento, para integrar mayores volúmenes de energía renovable y garantizar la seguridad del suministro.

(32)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó en 2024 a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus planes de recuperación y resiliencia, para aplicar la Recomendación sobre la zona del euro de 2024. En el caso de Francia, las recomendaciones 1, 2 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones 1, 2 y 4 para la zona del euro establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2024.

RECOMIENDA a Francia que tome medidas en 2024 y 2025 con el fin de:

1.

Presentar el plan fiscal-estructural a medio plazo de manera oportuna. En consonancia con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado, limitar el incremento del gasto neto en 2025 a una tasa compatible con, entre otras cosas, situar la deuda de las administraciones públicas en una tendencia decreciente verosímil a medio plazo y con reducir el déficit de las administraciones públicas para acercarse al valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. Reducir la complejidad del sistema tributario orientando mejor los gastos tributarios, eliminando los menos eficientes y limitando su impacto presupuestario global. Proseguir los esfuerzos para mejorar la calidad de las medidas presupuestarias, en particular mediante el establecimiento de objetivos cuantitativos de reducción del gasto en la planificación presupuestaria dentro del marco establecido para las revisiones del gasto.

2.

Continuar con la ejecución continuada, rápida y efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, asegurando la culminación de las reformas y las inversiones a más tardar en agosto de 2026. Acelerar la ejecución de los programas de la política de cohesión. En la revisión intermedia de dichos programas, seguir centrándose en las prioridades acordadas, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora de la competitividad que ofrece la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa.

3.

Seguir abordando la escasez de capacidades, también en las ocupaciones relacionadas con la transición ecológica, y fomentar la participación en la formación, en particular entre las personas poco cualificadas. Mejorar el funcionamiento y la equidad del sistema educativo. Reforzar la profesión docente, en particular mediante la mejora de las condiciones de trabajo y la formación.

4.

Mejorar el entorno empresarial reduciendo la carga administrativa. Promover la intensidad de I+D de las empresas, en particular mediante una mejor orientación de los regímenes de ayudas públicas. Acelerar la transición energética implantando las energías renovables con mayor rapidez, en particular mediante la adopción de legislación secundaria, el establecimiento de «zonas de aceleración de las energías renovables» y el fomento de las tecnologías de almacenamiento.

Hecho en Luxemburgo, el 21 de octubre de 2024.

Por el Consejo

El Presidente

NAGY I.


(1)   DO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj.

(2)   DO L 306 de 23.11.2011, p. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj.

(3)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

(4)  Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2023, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia y se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013, (UE) 2021/1060 y (UE) 2021/1755, y la Directiva 2003/87/CE (DO L 63 de 28.2.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj).

(5)  Recomendación (UE) del Consejo de 12 de abril de 2024 sobre la política económica de la zona del euro (DO C, C/2024/2807, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2807/oj).

(6)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj).

(7)  Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/oj).

(8)  Gasto neto tal como se define en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2024/1263: por «gasto neto» se entiende el gasto público, neto de i) los gastos en concepto de intereses; ii) las medidas discrecionales relativas a los ingresos; iii) los gastos en programas de la Unión compensados íntegramente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión; iv) el gasto nacional en cofinanciación de programas financiados por la Unión; v) los elementos cíclicos del gasto en prestaciones de desempleo y vi) las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.

(9)  ST 10162/21 INIT y ST 10162/21 ADD 1.

(10)  Decisión de Ejecución del Consejo, de 14 de julio de 2023, por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Francia (ST 11150/23 INIT y ST 11150/23 ADD1).

(11)  Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1466/oj).

(12)  El aumento del déficit en 2023 se debió principalmente a la caída inesperada y considerable de los ingresos y, en menor medida, a un crecimiento inferior al previsto.

(13)  Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2022, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2022 de Francia (DO C 334 de 1.9.2022, p. 79).

(14)  Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el crecimiento de la producción potencial a medio plazo de Francia en 2023 se estima en el 6,4 % en términos nominales, sobre la base de la tasa media de crecimiento potencial real a diez años y del deflactor del PIB de 2023.

(15)  La orientación fiscal se define como una medida de la variación anual de la situación presupuestaria subyacente de las administraciones públicas. Su objetivo es evaluar el impulso económico derivado de las políticas fiscales, tanto las financiadas a nivel nacional como las financiadas por el presupuesto de la Unión. La orientación fiscal se mide como la diferencia entre: i) el crecimiento potencial a medio plazo, y ii) la variación del gasto primario, excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos (y las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19), e incluidos los gastos financiados mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) procedentes del Mecanismo y otros fondos de la Unión. Un signo negativo en el indicador refleja una política fiscal expansiva, mientras que uno positivo refleja una política fiscal contractiva.

(16)  Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2023, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de Francia (DO C 312 de 1.9.2023, p. 86).

(17)  El gasto primario neto se define como el gasto financiado a nivel nacional, neto de: i) las medidas discrecionales relativas a los ingresos, ii) los gastos por intereses, iii) el gasto en desempleo cíclico, y iv) las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.

(18)  Esto tiene en cuenta el 0,0 % del PIB que suponen las medidas puntuales adoptadas en 2024, así como el -0,1 % del PIB en 2023 en relación con las decisiones del Tribunal.

(19)  Esta cifra representa el coste presupuestario anual de las medidas, incluidos los ingresos y gastos y, en su caso, excluidos los ingresos procedentes de los impuestos sobre los beneficios inesperados de los proveedores de energía.

(20)  Esta contribución se mide como la variación del gasto primario de las administraciones públicas, neto de: i) los efectos presupuestarios adicionales de las medidas discrecionales relativas a los ingresos, ii) las medidas puntuales, iii) el gasto en desempleo cíclico, y iv) el gasto financiado mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) procedentes del Mecanismo y otros fondos de la Unión, en relación con la tasa media de crecimiento potencial del PIB nominal a medio plazo (diez años), expresada en porcentaje del PIB nominal.

(21)  Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

(22)  Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de febrero de 2024, por el que se crea la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y se modifican la Directiva 2003/87/CE y los Reglamentos (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 y (UE) 2021/241 (DO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

(23)  Personas que han cursado, como máximo, el primer ciclo de enseñanza secundaria (es decir, CINE 0-2).

(24)  Según los cálculos de la Comisión, el apoyo consiste en una suma de incentivos fiscales que ascienden al 0,28 % del PIB (datos de la OCDE, actualizados por última vez en abril de 2024) y de ayudas directas (mediante subvenciones, etc.) que ascienden al 0,16 % del PIB (datos de Eurostat, actualizados por última vez el 17 de marzo de 2024).

(25)  A saber, copublicaciones científicas público-privadas como porcentaje del número total de publicaciones; el gasto público en I+D financiado por las empresas (nacionales) como porcentaje del PIB, y el gasto público en I+D financiado por las empresas (nacionales) como porcentaje del gasto público total en I+D.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6817/oj

ISSN 1977-0928 (electronic edition)