Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. ANDREA BIONDI

presentadas el 2 de julio de 2026 (1)

Asunto C‑530/25 P

German Khan

contra

Consejo de la Unión Europea

« Recurso de casación — Medidas restrictivas adoptadas respecto de las acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania — Inmovilización de fondos y recursos económicos — Criterio de inclusión — Principales empresarios que operan en Rusia — Empresarios implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia — Concepto de “principal” — Concepto de “sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos” — Base jurídica — Artículo 29 TUE — Artículo 215 TFUE, apartado 2 — Obligación de motivación — Renovación de las medidas — Requisitos — Carga de la prueba »

Índice

I. Introducción

II. Antecedentes del litigio, sentencia recurrida, procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

III. Sobre el recurso de casación

A. Sobre el séptimo motivo de casación, basado en un error de Derecho al interpretar el criterio g) modificado

1. Resumen de los argumentos de las partes

2. Apreciación

a) Sobre el concepto de «principalidad» en el sentido del criterio g) inicial

b) Sobre la interpretación literal, contextual, histórica y teleológica del concepto de «principalidad» en el sentido de la primera parte del criterio g) modificado

c) Conclusión del análisis del concepto de «principalidad» en el sentido del criterio g) modificado

d) Sobre la imputación basada en la falta de base legal del criterio g) modificado

B. Sobre el sexto motivo de casación, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la desnaturalización de las pruebas y en la infracción del criterio g) inicial, en la medida en que el Tribunal General consideró suficientemente acreditada la alegación de que el Sr. Khan operaba en un sector que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia

1. Resumen de los argumentos de las partes

2. Apreciación

a) Sobre la admisibilidad del sexto motivo en general y, en particular, de la alegación basada en una desnaturalización

b) Sobre el fondo

1) Sobre la calificación de Alfa Bank como mayor contribuyente ruso y el requisito relativo al «sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia», en el sentido del criterio g) inicial

2) Sobre la alegación relativa al incumplimiento de la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General

3) Sobre el carácter sustancial de los ingresos que el sector bancario proporciona al Gobierno de la Federación de Rusia

4) Sobre la imputación basada en que los datos referentes a los ingresos anuales del sector bancario estaban desactualizados

C. Sobre el décimo motivo de casación, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y en un error de Derecho por infracción del criterio g) modificado

1. Resumen de los argumentos de las partes

2. Recordatorio sobre la evolución de los motivos relativos al Sr. Khan y sobre el régimen jurídico de los actos de mantenimiento

3. Apreciación

a) Sobre los actos de septiembre de 2023 y la imputación relativa a la motivación insuficiente de la sentencia recurrida en cuanto a si el Consejo había probado que el Sr. Khan seguía gestionado los activos de dos sociedades situados en Rusia

1) Sobre la alegación de incumplimiento de la obligación de motivación stricto sensu

2) Sobre un análisis más detallado de la alegación de la insuficiencia de motivación de la sentencia recurrida

b) Sobre los actos de marzo de 2024 y la imputación basada en la falta de motivación de la sentencia recurrida, en la medida en que el Tribunal General no se cercioró de que el motivo relativo a que el Sr. Khan seguía gestionando activos en Rusia estuviera respaldado por pruebas

1) Sobre la admisibilidad

2) Sobre el fondo

c) Sobre los actos de septiembre de 2024 y la imputación basada en falta de motivación, en la medida en que el Tribunal General no comprobó si el motivo basado en que el Sr. Khan seguía gestionando activos de Alfa Group estaba respaldado por pruebas

1) Sobre la admisibilidad

2) Sobre el fondo

4. Conclusión sobre el décimo motivo de casación

IV. Conclusión

I.      Introducció n

1.        Buscando permanentemente la máxima eficacia de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea no ha dejado de afinar los criterios en los que puede basarse la adopción de dichas medidas contra las personas que cumplan los requisitos pertinentes. En el contexto ya conocido del régimen de medidas restrictivas establecidas en respuesta a la agresión rusa en Ucrania, el Consejo adoptó, por primera vez, el criterio relativo a los principales empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, comúnmente denominado «criterio g)». El Tribunal de Justicia ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre ese criterio en su sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo (2) dictada en marzo de este año.

2.        El recurrente, Sr. Khan, formaba parte de los principales empresarios incluidos sobre la base del criterio g) que participaron en el procedimiento que dio lugar a la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo.

3.        Su recurso de casación en este procedimiento se dirige contra la sentencia de 4 de junio de 2025, Khan/Consejo, (3) mediante la cual el Tribunal General se pronunció sobre la legalidad de los actos que mantenían su inclusión con arreglo al criterio g) inicial (4) y al criterio g) modificado. (5) En efecto, en junio de 2023, el Consejo modificó el criterio g) (6) que, a partir de entonces, hace referencia a tres categorías, a priori diferentes, a saber, en primer término, los empresarios que ejercen una actividad en Rusia, en segundo término, los miembros de la familia de esos principales empresarios y, en tercer término, los principales empresarios implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.

4.        En el contexto del control que debe realizar de dicha sentencia del Tribunal General, el Tribunal de Justicia tendrá la ocasión de proporcionar, en particular, precisiones útiles sobre la interpretación del criterio  g) modificado, y sobre su eventual articulación con el criterio g) inicial (séptimo motivo de casación), sobre qué exigencias debe cumplir el Consejo para acreditar que un sector económico proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso (sexto motivo de casación) y sobre la intensidad esperada del control jurisdiccional de las decisiones de mantenimiento en lo que respecta el examen de las pruebas que apoyan los motivos de inclusión y, en particular, la pertinencia de estas desde el punto de vista temporal (décimo motivo de casación).

5.        Así, mediante el presente recurso de casación, el Sr. Khan, recurrente en el presente procedimiento, solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida por la que el Tribunal General desestimó su recurso de anulación contra los siguientes actos, en la medida en que le afectan:

–        la Decisión (PESC) 2023/572 (7) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/571 (8) (en lo sucesivo, «actos de marzo de 2023»);

–        la Decisión (PESC) 2023/1767 (9) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1765 (10) (en lo sucesivo, «actos de septiembre de 2023»);

–        la Decisión (PESC) 2024/847 (11) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/849 (12) (en lo sucesivo, «actos de marzo de 2024»);

–        La Decisión (PESC) 2024/2456 (13) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2455 (14) (en lo sucesivo, «actos de septiembre de 2024»).

II.    Antecedentes del litigio, sentencia recurrida, procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

6.        En lo que respecta a los antecedentes del litigio y al marco jurídico pertinentes, me remito a los apartados 1 a 35 de la sentencia recurrida.

7.        A efectos de las presentes conclusiones, me limitaré a recordar lo siguiente.

8.        El 15 de marzo de 2022, el Sr. Khan fue por primera vez objeto de medidas restrictivas adoptadas por la Unión en el contexto de la agresión de Rusia a Ucrania. Estas medidas se prorrogaron hasta el 15 de marzo de 2023. Los actos que sirvieron de fundamento para la adopción y el posterior mantenimiento de esas medidas fueron objeto de un recurso de anulación ante el Tribunal General y posteriormente de un recurso de casación, que el Tribunal de Justicia desestimó. (15)

9.        El 13 de marzo de 2023, el Consejo adoptó los actos de marzo de 2023 por los que se renovaron las medidas hasta el 15 de septiembre de 2023. Los motivos de su inclusión, basada fundamentalmente en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145/PESC, (16) en su versión modificada por la Decisión 2022/329, (17) (18) estaban redactados, en aquel momento, en los siguiente términos:

«[El recurrente] es un empresario ruso que mantiene una estrecha relación con el presidente Vladimir Putin, al igual que sus socios comerciales Mikhail Fridman y Petr Aven. Durante muchos años, fue uno de los principales accionistas de ABH Financial Limited, del que forma parte un gran banco ruso, Alfa Bank. También fue accionista de la empresa de servicios de inversión LetterOne. En 2022, ante las sanciones occidentales impuestas contra él, transmitió la titularidad de sus acciones de ABH Financial Limited y LetterOne a Andrei Kosogov, su socio comercial desde hacía tiempo. Ha seguido gestionando los activos de estas empresas situados en Rusia. Se lo considera una de las personas más influyentes de Rusia. Ha intercambiado favores con Vladimir Putin a cambio de apoyo político a su negocio y beneficios económicos. La hija mayor de Vladimir Putin, Maria, dirigió un proyecto benéfico llamado Alfa-Endo, financiado por Alfa Bank. Vladimir Putin recompensó la lealtad de Alfa Group Consortium a las autoridades rusas ofreciendo ayuda política a los planes de inversión en el extranjero de Alfa Group Consortium.

Por lo tanto, ha apoyado activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se ha beneficiado de ellos. Es también uno de los empresarios rusos de primer orden implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.»

10.      A partir del 5 de junio de 2023, el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145 fue reemplazado por el texto siguiente: (19)

«1.      Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:

[…]

g)      los principales empresarios que operen en Rusia y sus familiares directos, u otras personas físicas que se beneficien de ellos, o empresarios, personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania […]»

11.      El 13 de septiembre de 2023, el Consejo adoptó los actos de septiembre de 2023, mediante los cuales se renovaron las medidas impuestas al recurrente Sr. Khan hasta el 15 de marzo de 2024. Los motivos de inclusión del nombre del recurrente en las listas controvertidas fueron modificados en el siguiente sentido:

«[El recurrente] es un empresario ruso que mantiene una estrecha relación con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, al igual que sus socios comerciales Mikhail Fridman y Petr Aven. Durante muchos años, fue uno de los principales accionistas de ABH Financial Limited, del que forma parte un gran banco ruso, Alfa Bank. También fue accionista de la empresa de servicios de inversión LetterOne. En 2022, ante las sanciones occidentales impuestas contra él, transmitió la titularidad de sus acciones de ABH Financial Limited y LetterOne a Andrei Kosogov, su socio comercial desde hacía tiempo. Ha seguido gestionando los activos de estas empresas situados en Rusia. Se lo considera una de las personas más influyentes de Rusia. Ha intercambiado favores con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, a cambio de apoyo político a su negocio y beneficios económicos. Vladimir Putin recompensó la lealtad de Alfa Group Consortium a las autoridades rusas ofreciendo apoyo político a sus planes de inversión en el extranjero. Además, es uno de los principales empresarios rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”.

La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, filial de Alfa Group, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia (Rosgvardia), cuyas unidades operan en las regiones ocupadas de Ucrania bajo control ruso, así como la escolta de los vehículos del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Por otra parte, X5 Retail Group, otra filial de Alfa Group Consortium, coopera con JSC Voentorg, una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería, así como uniformes militares, a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto, [el recurrente] ha apoyado activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se ha beneficiado de ellos. Es también un destacado empresario con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.»

12.      El 12 de marzo de 2024, el Consejo adoptó los actos de marzo de 2024, mediante los cuales se renovaron las medidas impuestas al recurrente hasta el 15 de septiembre de 2024, por los mismos motivos que figuraban en los actos de septiembre de 2023.

13.      El 12 de septiembre de 2024, el Consejo adoptó los actos de septiembre de 2024, en los que los motivos de la inclusión del Sr. Khan estaban redactados en los siguientes términos:

«[El recurrente] es un empresario ruso que mantiene una estrecha relación con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, al igual que sus socios comerciales Mikhail Fridman, Petr Aven y Alexey Kuzmichev. En marzo de 2022, transmitió la titularidad de sus acciones en ABH Holdings, que controla un gran banco ruso, Alfa Bank, a su socio comercial desde hacía tiempo Andrei Kosogov. El Banco Nacional de Ucrania declaró nula dicha transmisión.

Además, la transmisión de sus acciones a A1, que forma parte de Alfa Group, podría considerarse ficticia.

También fue accionista de la empresa de servicios de inversión LetterOne.

Ha seguido gestionando los activos de Alfa Group [situados en Rusia]. Se le considera una de las personas más influyentes de Rusia. Ha intercambiado favores con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, a cambio de apoyo político a su negocio y beneficios económicos. Vladimir Putin recompensó la lealtad de Alfa Group Consortium a las autoridades rusas ofreciendo apoyo político a sus planes de inversión en el extranjero. Además, es uno de los destacados empresarios rusos que participaron en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, en el que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso e instó a los multimillonarios a “anteponer el patriotismo a los beneficios”.

La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, filial de Alfa Group Consortium, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia (Rosgvardia), cuyas unidades están activas en las regiones ocupadas de Ucrania bajo control ruso, así como los vehículos de escolta del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Por otra parte, X5 Retail Group, otra filial de Alfa Group Consortium, coopera con la sociedad anónima Voentorg (JSC Voentorg), una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería y provee de uniformes militares a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto, [el recurrente] ha apoyado [activamente], material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se ha beneficiado de ellos.

[El recurrente] también posee participaciones significativas en Rosvodokanal, otra empresa de Alfa Group y uno de los principales operadores privados de servicios de suministro de agua en Rusia.

Es también un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.»

14.      Mediante demanda presentada el 24 de mayo de 2023 en la Secretaría del Tribunal General, el recurrente interpuso un recurso ante el Tribunal General para obtener la anulación de los actos controvertidos, en la medida en que le afectaban. En apoyo de dicho recurso invocó cinco motivos, que completó con doce motivos adicionales mediante su escrito de adaptación relativo a los actos de septiembre de 2023, otro motivo adicional mediante su escrito de adaptación relativo a los actos de marzo de 2024 y, por último, otros cinco motivos adicionales mediante su escrito de adaptación relativo a los actos de septiembre de 2024, elevando así el total de sus motivos a veinticuatro.

15.      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó en su totalidad el recurso interpuesto por el Sr. Khan y le condenó en costas.

16.      Mediante su recurso de casación, presentado el 3 de agosto de 2025, el Sr. Khan solicita al Tribunal de Justicia que: anule la sentencia, recurrida; examine el asunto en cuanto al fondo y anule los actos controvertidos, y, con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal General, y, en todo caso, condene al Consejo en costas.

17.      El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y, con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia anule la sentencia recurrida, que examine el asunto en cuanto al fondo, desestime el recurso y condene en costas al recurrente.

III. Sobre el recurso de casación

18.      Mediante el presente recurso de casación, el Sr. Khan invoca diez motivos.

19.      En esencia, el primer motivo de casación se basa en la violación del derecho de defensa y del derecho de acceso al expediente, en la existencia de vicios sustanciales de forma y en la desnaturalización de las pruebas, todo ello debido a la negativa del Tribunal General a ordenar al Consejo que aporte los documentos solicitados por el Sr. Khan.

20.      El segundo motivo de casación se basa en el incumplimiento de la obligación de revisión periódica que se deriva del artículo 3, apartado 3, de la Decisión 2014/145 y del artículo 14, apartado 2, del Reglamento n.º 269/2014.

21.      El tercer motivo de casación se basa en la infracción del artículo 3, apartado 3, de la Decisión 2014/145 y del artículo 14, apartado 2, del Reglamento n.º^o269/2014, así como en un incumplimiento de la obligación de motivación, en la medida en que el Tribunal General consideró que el Consejo había cumplido su obligación de elaborar un análisis de impacto de las medidas dirigidas contra el Sr. Khan.

22.      El cuarto motivo de casación se basa en la violación del principio de proporcionalidad, derivada de la negativa del Tribunal General a tener en cuenta que el Consejo reconoció la ausencia de impacto de las medidas restrictivas dirigidas contra el Sr. Khan.

23.      El quinto motivo de casación se basa en la infracción del artículo 29 TUE y del artículo 215 TFUE, apartado 2, en la medida en que el Tribunal General concluyó que el criterio g) inicial era legal, pese a que permite sancionar a personas que no presentan una vinculación suficiente con el régimen o con la situación sobre los que la Unión pretende ejercer presión.

24.      El sexto motivo de casación se basa en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la desnaturalización de las pruebas y en el incumplimiento del criterio g) inicial, debido a las condiciones en las que el Tribunal General declaró que había quedado acreditado que, en 2023, el sector bancario ruso había proporcionado ingresos sustanciales al Gobierno ruso.

25.      El séptimo motivo de casación se basa en la infracción de la primera parte del criterio g) modificado, (20) y, con carácter subsidiario, en la infracción del artículo 29 TUE y del artículo 215 TFUE, apartado 2, y en una falta de base jurídica, en tanto en cuanto el Tribunal General consideró que el criterio g) modificado debía interpretarse, en lo referente a los «principales empresarios», de la misma manera que el criterio g) inicial.

26.      El octavo motivo de casación se basa en la existencia de vicios sustanciales de forma y en la desnaturalización del décimo segundo motivo de recurso invocado ante el Tribunal General.

27.      El noveno motivo de casación se basa en un error de Derecho al interpretar el criterio g) inicial, el criterio g) modificado y el concepto de «empresario» y en una interpretación errónea del alcance del control jurisdiccional que incumbe al Tribunal General.

28.      El décimo motivo de casación se basa en el incumplimiento de la obligación de motivación y, con carácter subsidiario, en la infracción del criterio g) modificado, habida cuenta de que el Tribunal General no comprobó el carácter fundado de la alegación según la cual el Sr. Khan seguía administrando activos situados en Rusia en los momentos en los que se mantuvo su inclusión, respectivamente, en septiembre de 2023, marzo de 2024 y septiembre de 2024.

29.      Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en los motivos de casación sexto, séptimo y décimo.

30.      Habida cuenta de que el séptimo motivo de casación invocado por el Sr. Khan requiere que Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del criterio g) modificado, comenzaré analizando ese motivo, antes de examinar los motivos de casación sexto y décimo, respectivamente, que guardan relación con el carácter fundado de las medidas adoptadas contra el Sr. Khan.

A.      Sobre el séptimo motivo de casación, basado en un error de Derecho al interpretar el criterio g) modificado

31.      Antes de continuar con mi análisis, he de precisar a qué se refiere cada una de las tres partes del criterio g) modificado. Así, primero, el criterio g) modificado hace referencia a los principales empresarios que operan en Rusia (primera parte). A continuación, se refiere a sus familiares directos u otras personas físicas que se beneficien de ellos (segunda parte). Por último, con carácter alternativo, (21) menciona a empresarios implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia (tercera parte). (22)

1.      Resumen de los argumentos de las partes

32.      El Sr. Khan rebate la interpretación a la que llegó el Tribunal General al declarar, en el apartado 89 de la sentencia recurrida, que, en lo que respecta a la primera parte del criterio g) modificado, el término «principal» debía interpretarse de la misma manera que en el contexto del criterio g) inicial.

33.      El Sr. Khan sostiene que, como el criterio g) ha sido modificado, debería tenerse en cuenta esa modificación a efectos de la interpretación de este. Según él, el cambio introducido en el texto del criterio g) modificó el sentido y el alcance del concepto de «principales empresarios».

34.      En primer término, el criterio g) modificado ha cortado el vínculo entre el carácter principal de esos empresarios y los sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso. En consecuencia, en su opinión, el concepto de «principalidad» queda aislado.

35.      En segundo término, la segunda parte del criterio g) modificado únicamente se aplica a las personas cercanas a los principales empresarios, lo cual refuerza, en su opinión, la conclusión según la cual los principales empresarios constituyen una categoría distinta de personas sobre las que el Consejo pretende ejercer una presión particular.

36.      En tercer término, el nuevo sentido del criterio g) modificado, en especial de su primera parte, se aclara en el considerando 4 de la Decisión 2023/1094. De hecho, el Tribunal General ya ha recurrido a ese considerando para indagar sobre la intención del legislación de la Unión. (23)

37.      Con carácter subsidiario, en caso de que la interpretación de la primera parte del criterio g) modificado deba ser la misma que la del criterio g) inicial, el Sr. Khan remite a sus argumentos referidos al quinto motivo del presente recurso de casación para sostener que esa interpretación iría en contra del artículo 29 TUE y del artículo 215 TFUE, apartado 2, y que privaría a ese criterio de base jurídica.

38.      El Consejo solicita que se desestime el séptimo motivo de casación.

2.      Apreciación

39.      El Sr. Khan sostuvo ante el Tribunal General que el criterio g) modificado era ilegal porque carecía de base legal y porque vulneraba el principio de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa. El presente motivo se dirige contra la parte del análisis del Tribunal General sobre la supuesta vulneración del principio de seguridad jurídica.

40.      Habida cuenta de que, mediante el presente motivo, el Sr. Khan reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta, a efectos de la interpretación del concepto de «principalidad», en el sentido de la primera parte del criterio g) modificado, la modificación introducida en el tenor de ese criterio, este motivo se dirige exclusivamente contra la interpretación de la primera parte del criterio g) modificado adoptada por el Tribunal General.

41.      Tras recordar el alcance del criterio g) inicial, procede, para responder a este motivo de casación, analizar esa primera parte para comprobar que la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el apartado 89 de la sentencia recurrida es correcta.

a)      Sobre el concepto de «principalidad» en el sentido del criterio g) inicial

42.      En lo que respecta al criterio g) inicial, según resulta de la Decisión 2022/329 y del Reglamento 2023/1089, procede señalar lo siguiente.

43.      El criterio g) inicial se refería a una única categoría de personas físicas que debían cumplir dos requisitos acumulativos. En primer término, debía tratarse de principales empresarios. En segundo término, esos principales empresarios debían estar implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno.

44.      El Tribunal de Justicia se ha pronunciado recientemente sobre la interpretación de este criterio en la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo.

45.      Así pues, tras examinar sus distintas versiones lingüísticas, el Tribunal de Justicia consideró que los términos empleados para definir el criterio g) modificado no implican, por sí mismos y fuera de todo contexto, vinculación con ámbito alguno, como los ámbitos económico o político, o con personas o entidades determinadas. (24) Por lo tanto, el término «principal» debe interpretarse en el sentido de que se refiere a «la importancia que los empresarios de que se trate deban revestir en su sector de actividad, con independencia de las vinculaciones que dichos empresarios puedan tener, por otra parte, en su caso, con [el Gobierno de la Federación de Rusia]». (25) Aunque el criterio g) inicial establece una vinculación con ese Gobierno, no lo exige en lo que respecta a los principales empresarios, sino a los sectores económicos en los que ejercen una actividad, dado que son estos los que deben proporcionar al Gobierno una fuente sustancial de ingresos. (26) Por consiguiente, el criterio g) inicial «implica [únicamente] demostrar que la importancia de los empresarios es significativa en un sector económico que le resulta lucrativo al Gobierno de la Federación de Rusia, con independencia de la vinculación que dichos empresarios puedan tener con dicho Gobierno, de si están investidos, específicamente, de principalidad para este o de su capacidad efectiva de influencia sobre él». (27)

46.      De ello resulta, según el Tribunal de Justicia, que el concepto de «principalidad», en el sentido del criterio g) inicial, guarda relación con el sector económico en el que están implicados esos empresarios y debe, pues, entenderse «en función del contexto económico en el que operan, según criterios como su situación profesional o sus cargos, la importancia de su actividad económica, la magnitud de sus titularidades de capital societario o de sus inversiones, sus cargos en la empresa en la que los ejercen, o incluso cualquier otro criterio pertinente de carácter económico». (28)

47.      Los principales empresarios, en el sentido del criterio g) inicial, son, pues, aquellos que tienen una importancia significativa en sectores económicos que le resultan lucrativos al Gobierno de la Federación de Rusia, es decir, que están en condiciones de favorecer indirectamente la financiación de las acciones de desestabilización llevadas a cabo contra Ucrania, al contribuir al mantenimiento de la rentabilidad, cuando no a la prosperidad, de los citados sectores. (29)

48.      Por último, la principalidad no se limita a los empresarios que, por sus cargos en una sociedad o por las acciones de que disponen, ejerzan un control real y efectivo sobre dicha sociedad, pudiendo acreditarse su importancia significativa en un determinado sector económico en función de otros elementos objetivos distintos del control. (30)

49.      El Tribunal de Justicia se cercioró de que esa interpretación quedaba corroborada por los objetivos perseguidos, consistentes en ejercer una presión adicional sobre la Federación de Rusia y en aumentar el coste para esta de sus acciones dirigidas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, a fin de que renuncie a su agresión militar contra Ucrania y, de manera más general, a sus acciones y políticas que desestabilizan ese país. (31) En efecto, el Tribunal de Justicia declaró que «al obstaculizar el funcionamiento de los sectores económicos de que se trate, la imposición de medidas restrictivas contra los [principales] empresarios, con independencia de la vinculación que puedan tener, en su caso, con el […] Gobierno [de la Federación de Rusia], está en condiciones, así pues, de aumentar el coste de esas acciones y ejercer presión sobre dicho Gobierno para que ponga fin a las citadas acciones». (32)

b)      Sobre la interpretación literal, contextual, histórica y teleológica del concepto de «principalidad» en el sentido de la primera parte del criterio g) modificado

50.      Para la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión recogida en un acto por el que se establecen medidas restrictivas, han de tenerse en cuenta no solo el tenor de esta, sino también su contexto, incluso el histórico, y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (33)

51.      En primer lugar, atendiendo al tenor del criterio g) modificado, puede apreciarse que se han llevado a cabo dos operaciones, consistentes, por un lado, en una separación del criterio g) inicial (partes primera y tercera) y, por otro lado, en un añadido a dicho criterio (segunda parte). Así, la primera parte del criterio g) modificado ya no exige, a diferencia de lo que establecía el criterio g) inicial, que el principal empresario ejerza su actividad en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno. (34)

52.      Siguiendo con el punto de vista literal, el adjetivo «principales» se refiere a los «empresarios», es decir, a personas que operan en el mundo de los negocios. (35) Por lo tanto, la principalidad está forzosamente vinculada a su condición de empresario y a su importancia en ese ámbito. Creo que la principalidad que se deriva de esa condición está intrínsecamente vinculada a su éxito y a su poder económico. (36)

53.      En segundo lugar, esta interpretación literal de la primera parte del criterio g) modificado queda corroborada por el análisis del contexto. Así, el considerando 4 de la Decisión 2023/1094 aclara la razón de ser del criterio g) modificado. De él se desprende que el Consejo, en el ejercicio de su amplia facultad de apreciación, (37) constató existencia de una relación mutuamente beneficiosa entre el Gobierno ruso y empresarios destacados que operan en Rusia. En efecto, conforme a la apreciación del Consejo, la acumulación de riqueza por parte de esos empresarios no puede lograrse sin la aquiescencia del Gobierno ruso y su importancia en el sector económico de que se trate constituye una manifestación de la relación de dependencia mutua entre empresarios y el Gobierno ruso. Ese es el motivo por el que el Consejo les dedica la primera parte del criterio g) modificado. (38)

54.      En tercer lugar, la interpretación propuesta queda ratificada por el análisis histórico y teleológico del criterio g).

55.      Los regímenes de medidas restrictivas adoptados en respuesta a la agresiones rusas en Ucrania se caracterizan por un aumento progresivo de su intensidad, en función de su eficacia, con el fin de ejercer la máxima presión sobre la Federación de Rusia, aumentando el coste de sus acciones dirigidas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y la adopción por parte del Consejo del criterio g) inicial ilustra esa intensificación. (39)

56.      Al dejar de exigir un vínculo con un sector económico que proporcione una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso, la ampliación del criterio de inclusión que se efectúa mediante la primera parte del criterio g) modificado se enmarca en la lógica de esa búsqueda permanente de la máxima eficacia de las medidas restrictivas mientras persista la flagrante violación del Derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas que constituye la invasión de Ucrania por la Federación de Rusia.

c)      Conclusión del análisis del concepto de «principalidad» en el sentido del criterio g) modificado

57.      De lo anterior resulta que no pueden estimarse los argumentos esgrimidos por el Sr. Khan en su séptimo motivo de casación.

58.      Desde mi punto de vista, aunque se haya modificado el texto del criterio g), no hay nada en el tenor, el contexto o el objetivo de dicha modificación que indique que el Consejo haya tenido la intención de atribuir al término «principales» un sentido diferente del que le había asignado anteriormente en el criterio g) inicial. Tampoco las alegaciones del recurrente permiten llegar a una interpretación alternativa que pueda justificar la existencia de un sentido diferente.

59.      La primera parte del criterio g) modificado hace referencia a la principalidad de los empresarios entendida desde un punto de vista económico, pues su éxito económico se deriva de la relación de dependencia mutua con el Gobierno ruso.

60.      De ello resulta que el concepto de «principalidad», tanto en el sentido del criterio g) inicial como en el del criterio g) modificado, debe apreciarse necesariamente a la luz del sector económico en el que operan los empresarios de que se trata, sin que se exija, no obstante, que ese sector tenga una importancia económica particular para el Gobierno de la Federación de Rusia, y debe pues entenderse a la luz del contexto económico en el que tales empresarios operan, conforme a criterios como los enunciados en el punto 46 de las presentes conclusiones.

61.      Así, y por analogía con lo que se ha declarado en relación con el criterio g) inicial, de la primera parte del criterio g) modificado se desprende que el término «principal» debe entenderse referido a la importancia que el empresario de que se trate debe tener en su sector de actividad, con independencia tanto de los vínculos que pueda eventualmente mantener con el Gobierno de la Federación de Rusia como de que el sector en el que opera proporcione una fuente sustancial de ingresos a dicho Gobierno.

62.      Por lo tanto, el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al declarar, en el apartado 89 de la sentencia recurrida, que el término «principal» debía interpretarse de la misma manera en el contexto de la primera parte del criterio g) inicial y en el del criterio g) modificado, toda vez que la principalidad se refiere a la importancia de los empresarios a la luz de criterios como su situación profesional o sus cargos, la importancia de su actividad económica, la magnitud de sus titularidades de capital societario o de sus inversiones o sus cargos en la empresa en la que los ejercen. (40)

63.      En cualquier caso, aunque se apreciara que se ha cometido un error de Derecho al respecto, dudo de que el Sr. Khan pueda obtener de ello beneficio alguno en fase de casación. (41)

d)      Sobre la imputación basada en la falta de base legal del criterio g) modificado

64.      En caso de que, pese a todo, el Tribunal de Justicia tenga que responder a los argumentos formulados por el Sr. Khan con carácter subsidiario, (42) me limitaré a señalar lo siguiente.

65.      El recurrente pretende rebatir el análisis llevado a cabo por el Tribunal General sobre la imputación basada en la falta de base legal del criterio g) modificado, remitiendo a sus conclusiones sobre el quinto motivo de casación que pretende, por su parte, refutar el análisis efectuado en primera instancia sobre la imputación relativa a la falta de base legal del criterio g) inicial. (43) En esencia, el Sr. Khan niega que el artículo 215 TFUE, que establece las condiciones en las que pueden adoptarse medidas dirigidas a la interrupción o la reducción de las relaciones económicas y financieras con un tercer país, pueda servir de base para la adopción de medidas sin que exista una vinculación suficiente entre las personas de que se trata y el tercer país contra el que se dirigen esas medidas y sin que tales medidas puedan dirigirse contra personas físicas con independencia de su conducta personal. Para fundamentar su argumento, invocaba, en particular, la sentencia Tay Za/Consejo. (44)

66.      Ha de señalarse que, al proceder de ese modo, el Sr. Khan formula la misma crítica que vertió ante el Tribunal de Justicia contra la legalidad del criterio g) inicial en el asunto C‑111/24P. (45)

67.      Pues bien, en lo que respecta a las medidas cuya adopción permite el artículo 215 TFUE, apartado 2, de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en ese asunto (46) se desprende que, para que pueda considerarse que esas medidas pueden conseguir, de una manera que no sea manifiestamente inadecuada, el objetivo de presión que la Unión pretende ejercer sobre ese país, (47) esa disposición exige que exista una vinculación objetiva entre las personas contra las que se han adoptado las medidas restrictivas y el tercer país afectado.

68.      En comparación con ella, la formulación de la segunda frase del apartado 70 de la sentencia recurrida, según la cual «el artículo 215 TFUE, apartado 2, faculta al Consejo para adoptar, mediante un acto de los previstos en el artículo 288 TFUE, medidas restrictivas contra cualesquiera “personas físicas o jurídicas”, “entidades no estatales” o “grupos” a condición únicamente de que dichas medidas estén contenidas en una decisión adoptada conforme al capítulo 2 del título V del Tratado UE», (48) no es completamente clara, pues da a entender que no se exige ninguna vinculación.

69.      Aunque el Tribunal de Justicia consideró, en relación con una formulación equivalente, que el Tribunal General había recordado, en esos términos, «acertadamente, en esencia, que la adopción de tales medidas restrictivas solo es posible si existe una decisión tomada sobre la base del artículo 29 TUE», (49) ello estaba sujeto a que el Tribunal de Justicia verificara posteriormente que el Tribunal General se había pronunciado sobre la existencia de una vinculación.

70.      En efecto, el Tribunal de Justicia recordó que el Tribunal General había subrayado que, «por lo que atañe al criterio g) [inicial], existía una vinculación, al menos indirecta, entre los empresarios sobre los que recae dicho criterio y el tercer país de que se trata […] puesto que el citado criterio recae, entre otras, sobre una categoría de personas físicas implicadas en determinados sectores económicos que proporcionan al Gobierno ruso una fuente sustancial de ingresos que le permite proseguir su política de desestabilización y agresión contra Ucrania». (50)

71.      Ahora bien, el razonamiento del Tribunal General en la sentencia recurrida parece exento no solo de toda referencia a la vinculación objetiva o, al menos, indirecta, exigida entre las medidas restrictivas y el país de que se trate, sino también de cualquier comprobación de la existencia de tal vinculación en el caso de autos.

72.      En mi opinión, esta omisión constituye un error de Derecho.

73.      Habida cuenta de que ese error de Derecho afecta a la parte del razonamiento del Tribunal General dedicada al examen de la legalidad del criterio g) inicial, incide de manera indirecta en la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el apartado 86 de la sentencia recurrida, en lo que respecta a la alegación de falta de base jurídica del criterio g) modificado, ya que ese apartado remitía a dicha parte.

74.      No obstante, conforme a reiterada jurisprudencia, aunque los fundamentos de Derecho de una resolución del Tribunal General muestren una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal infracción no puede dar lugar a la anulación de dicha resolución y debe llevarse a cabo una sustitución de los fundamentos de Derecho. (51) Por consiguiente, ha de comprobarse si la desestimación del motivo relativo a la falta de base legal del criterio g) inicial resulta justificada con arreglo a fundamentos de Derecho distintos de los que adolecen del error identificado, para cerciorarse de que la desestimación de la imputación relativa a la falta de base legal del criterio g) modificado podía basarse en otros fundamentos de Derecho.

75.      A este respecto, de nuevo hay que acudir a la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, ya que, en ella, el Tribunal de Justicia consideró que del criterio  g) inicial se desprendía que el Consejo había formulado un criterio referido a personas que mantienen una vinculación objetiva con el tercer país de que se trata, (52) y que esa conclusión también es válida, mutatis mutandis, para el criterio g) modificado, respecto del cual el Sr. Khan invoca los mismos argumentos. (53)

76.      En estas circunstancias, pese al error de Derecho identificado en el punto 71 de las presentes conclusiones, tal error carece de incidencia sobre la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el apartado 72 de la sentencia recurrida en lo que respecta al criterio g) inicial. Por lo tanto, tampoco afecta a la conclusión alcanzada por el Tribunal General en el apartado 86 de la sentencia recurrida en lo que atañe, esta vez, a la alegación de falta de base legal del criterio g) modificado debido a una vinculación insuficiente entre las personas afectadas y el país tercero de que se trata.

B.      Sobre el sexto motivo de casación, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la desnaturalización de las pruebas y en la infracción del criterio g) inicial, en la medida en que el Tribunal General consideró suficientemente acreditada la alegación de que el Sr. Khan operaba en un sector que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia

1.      Resumen de los argumentos de las partes

77.      El recurrente recuerda la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual corresponde al Consejo demostrar que la persona incluida en la lista cumple el criterio sobre cuya base ha sido incluida y conforme a la cual el Consejo no puede basarse en una presunción si ello no está previsto en la normativa pertinente.

78.      Por lo que respecta a la inclusión en virtud del criterio g) inicial, el Sr. Khan sostiene que el Consejo debía acreditar que operaba en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Puntualiza que el concepto de «ingresos sustanciales» es un concepto relativo que exige analizar las fuentes de ingresos del presupuesto del Gobierno ruso.

79.      El Sr. Khan objeta que, en los apartados 189 y 190 de la sentencia recurrida, al Tribunal General le pareció suficiente, por un lado, la afirmación de que en 2020 Alfa Bank se encontraba entre los veinticuatro mayores contribuyentes de Rusia y, por otro lado, la de que los ingresos anuales en 2021 del sector bancario en Rusia alcanzaron los 2,3 billones de rublos rusos (RUB) (es decir, aproximadamente, 25 800 millones de euros).

80.      Esos elementos son, a juicio del Sr. Khan, insuficientes. Aduce que el hecho de que una empresa sea un contribuyente importante en Rusia no permite extraer ninguna conclusión pertinente sobre si cumplía el criterio g) inicial, dado que de ello no puede deducirse que su sector de actividad proporcione, con carácter general, ingresos sustanciales al Gobierno ruso. Añade que el criterio g) inicial exige que se demuestre que un sector económico constituye una fuente sustancial de ingresos para ese Gobierno. (54) A su juicio, también habría sido preciso poner esos ingresos en relación con la política fiscal del Gobierno ruso, ejercicio que no realizó el Tribunal General, pese a que el recurrente invocó ante él que el Gobierno ruso obtenía unos ingresos insignificantes de los impuestos directos e indirectos generados por el sector bancario ruso. (55) De ello deduce que la motivación de la sentencia recurrida se ve afectada por ello. El Sr. Khan reprocha al Tribunal General no haber comprobado que los supuestos ingresos generados por el sector bancario ruso constituyeran una fuente sustancial de ingresos para el Gobierno ruso. Por último, aun considerando que los ingresos del sector bancario ruso sean pertinentes para acreditar que concurrían los requisitos del criterio g) inicial, el Sr. Khan censura que el Tribunal General se basara en pruebas no actualizadas para justificar su inclusión en 2023.

81.      El Consejo solicita que se desestime este sexto motivo de casación por ser inadmisible y, en cualquier caso, infundado.

2.      Apreciación

82.      El sexto motivo de casación se dirige contra la parte de la sentencia recurrida en la que el Tribunal General examina el carácter fundado de las medidas restrictivas adoptadas contra el Sr. Khan sobre la base del criterio g) inicial. Más concretamente, en relación con los actos de marzo de 2023, el Sr. Khan sostenía que el Consejo no había acreditado que el sector bancario proporcionara una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso. (56)

83.      Por su parte, el Tribunal General consideró que de los motivos que figuran en los actos de marzo de 2023 se desprendía que el Sr. Khan operaba en el sector bancario, debido a su condición de accionista del grupo Alfa Group, del que forma parte, en particular, Alfa Bank. (57) Refiriéndose a los apartados 106 a 108 de su sentencia Khan/Consejo,  (58) el Tribunal General declaró que ese sector proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso. También recordó que ya había afirmado que Alfa Bank era uno de los mayores contribuyentes de Rusia. (59) A continuación, el Tribunal General consideró que la importancia del sector bancario en Rusia quedaba demostrada por el documento n.º 28 del segundo expediente de pruebas, que reflejaba los ingresos anuales de ese sector entre 2014 y 2021 y del que se desprendía que, en 2021, esa cifra había alcanzado los 2,3 trillones de RUB (es decir, aproximadamente 25 800 millones de euros). (60) A la luz de esos elementos, el Tribunal General llegó entonces a la conclusión de que, conforme exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (61) el Consejo había aportado un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que podía demostrar que, en la fecha en la que se adoptaron los actos de marzo de 2023, el Sr. Khan era un destacado empresario con actividad en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso, en el sentido del criterio g) inicial. (62)

a)      Sobre la admisibilidad del sexto motivo en general y , en particular, de la alegación basada en una desnaturalización

84.      En primer término, en cuanto a la admisibilidad del sexto motivo de casación, creo, a diferencia de lo que afirma el Consejo, que el Sr. Khan no pretende que el Tribunal de Justicia realice una nueva apreciación de los hechos, lo que tradicionalmente es competencia exclusiva del Tribunal General. (63) En efecto, los argumentos que el recurrente aporta en relación con el sexto motivo de casación requieren que el Tribunal de Justicia controle la calificación jurídica de los hechos expuestos, en particular, en los motivos que figuran en los actos de 2023 para determinar el cumplimiento del requisito relativo a que el sector económico proporcione una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso, en el sentido del criterio g) inicial. Mediante esos argumentos, el recurrente pretende sostener, en esencia, que el Tribunal General no debería haber admitido que el Consejo pudiera basarse en la condición de mayor contribuyente en Rusia de Alfa Bank, junto con datos sobre los ingresos anuales generados por el sector bancario, para acreditar que el Sr. Khan operaba en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso, en el sentido del criterio g) inicial. Por consiguiente, el sexto motivo de casación parece admisible.

85.      En segundo término, en cuanto a la imputación basada en la desnaturalización de las pruebas, ha de observarse que la única alusión a esa desnaturalización se encuentra en el título del sexto motivo de casación y que el Sr. Khan no la ha desarrollado de manera concreta. Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia suele exigir que, cuando un recurrente alega que el Tribunal General ha desnaturalizado los hechos o las pruebas, debe indicar con precisión los hechos o las pruebas que, en su opinión, desnaturalizó y demostrar los errores de análisis que, a su juicio, llevaron al Tribunal General a incurrir en esa desnaturalización. (64) Como el Sr. Khan no ha cumplido esa exigencia, la imputación basada en la desnaturalización de las pruebas es inadmisible.

b)      Sobre el fond o

1)      Sobre la calificación de Alfa Bank como mayor contribuyente ruso y el requisito relativo al «sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia» , en el sentido del criterio g) inicial

86.      En esencia, el Sr. Khan reprocha al Tribunal General que se basara en la condición de mayor contribuyente ruso de Alfa Bank para considerar cumplido el requisito relativo al sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso, que impone el criterio g) inicial.

87.      No se discute que el sector pertinente para el Sr. Khan es el sector bancario. Además, de los motivos que figuran en los actos de marzo de 2023 (65) puede deducirse que el Sr. Khan fue objeto de medidas restrictivas en virtud del criterio g) inicial debido a su condición de antiguo accionista del conglomerado Alfa Group, del que forma parte Alfa Bank. Los motivos indican que Alfa Bank es «uno de los mayores contribuyentes de Rusia».

88.      El Sr. Khan arguye que el hecho de que Alfa Bank sea uno de los mayores contribuyentes rusos no permite calificar al sector bancario, en sí, como sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso.

89.      No obstante, se ha recordado que el Tribunal de Justicia ha declarado recientemente que «es posible considerar, en algunas circunstancias, que un sector económico de un Estado proporciona una fuente sustancial de ingresos al gobierno de este, siempre que exista un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que muestre que una de las sociedades más importantes de dicho sector proporciona, ya por sí sola, ingresos sustanciales a dicho gobierno». (66)

90.      Así, aunque del tenor del criterio g) inicial se desprende que, en principio, el sector económico, y no una persona física o empresa, es quién debe constituir una fuente de ingresos sustancial para el Gobierno de la Federación de Rusia, (67) en determinadas circunstancias se permite al Consejo centrarse en los ingresos sustanciales que proporciona al Gobierno ruso una única sociedad de entre las más importantes de ese sector.

91.      Incumbía, pues, al Tribunal General cerciorarse de que el Consejo había fundamentado la inclusión del Sr. Khan recurriendo a un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitía acreditar que Alfa Bank proporcionaba, por sí sola, ingresos sustanciales al Gobierno ruso, de manera que pudiera considerarse, por extensión, que el sector económico en el que opera el Sr. Khan proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso y, por lo tanto, que concurría el segundo requisito acumulativo del criterio g) inicial. (68)

92.      A diferencia de lo que sostiene el Sr. Khan, para que exista este conjunto de indicios, no es preciso que el Consejo lleve a cabo una demostración contable del carácter sustancial de los ingresos que el Gobierno ruso obtiene de Alfa Bank, en particular, o del sector bancario, en general.

93.      En cualquier caso, me permito recordar que, según se desprende del apartado 189 de la sentencia recurrida, tras recordar que Alfa Bank es uno de los mayores bancos comerciales y de negocios privados rusos, (69) el Tribunal General, a efectos de apreciar el carácter sustancial de los ingresos proporcionados por Alfa Bank a ese Gobierno, se basó en la calificación de dicho banco como «uno de los mayores contribuyentes» rusos, acreditada mediante el documento n.º 2 del primer expediente de pruebas. El Sr. Khan no refuta esa calificación.

94.      De ese documento, que el Tribunal General necesariamente examinó, (70) resulta que la propia Administración tributaria rusa es la que concede ese estatuto a determinados sujetos pasivos rusos que reúnen los requisitos y criterios que ella misma establece. (71) Al parecer, ese estatuto está reservado a las empresas cuyos ingresos anuales se sitúen entre los 10 000 y 35 000 millones de RUB (es decir, entre los 112 millones de euros y los 394 millones de euros, aproximadamente). En ese documento se designa a Alfa Bank como uno de los mayores contribuyentes rusos en 2020, es decir, como una de las empresas que aportaron la mayor contribución fiscal al presupuesto del Estado durante el año de que se trata. (72) Aunque no se indica el importe exacto de la contribución de Alfa Bank al presupuesto del Estado ruso, (73) esta se menciona de manera expresa.

95.      Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, a efectos de calificar una fuente de ingresos como «sustancial», que ese concepto comprende la totalidad de ingresos generados por el sector económico de que se trate, lo que implica tener en cuenta, entre otros, los impuestos abonados por las sociedades que operan en dicho sector. (74) Al tratarse del mayor banco comercial y de negocios privados de Rusia, Alfa Bank ocupaba en el sector bancario un lugar de primer rango. Además, ese sector de actividad, tradicionalmente considerado la piedra angular de toda economía nacional, es particularmente estratégico ya que, como reza la máxima, «el dinero es el nervio de la guerra».

96.      De todo lo anterior se desprende que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que el Consejo había aportado un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que demostraban que el sector en el que el Sr. Khan operaba proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso.

2)      Sobre la alegación relativa al incumplimiento de la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General

97.      A continuación, el Sr. Khan reprocha al Tribunal General no haber respondido a sus argumentos referidos al tipo impositivo del sector bancario al que pertenece Alfa Bank, que es insignificante.

98.      Aparte del hecho de que la argumentación del recurrente se basa de nuevo en una acepción excesivamente restrictiva del concepto de «ingresos», en el sentido del criterio g) inicial, (75) conviene recordar lo siguiente.

99.      De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la fundamentación de una sentencia debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, sin que la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General en virtud de los artículos 36 y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo obligue a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes del litigio. La motivación puede ser implícita, pero siempre debe permitir a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no ha acogido sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control en el marco de un recurso de casación. (76)

100. Pues bien, del apartado 189 de la sentencia recurrida se desprende claramente que la vinculación que el Tribunal General estableció entre el Sr. Khan y los ingresos sustanciales proporcionados al Gobierno ruso se basaba en la situación particular de Alfa Bank, reconocida por la propia Administración tributaria rusa e ilustrada por el documento n.º 2 del primer expediente de pruebas. El Tribunal General tenía que comprobar que el sector económico en el que operaba el Sr. Khan proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso, lo que hizo basándose en la calificación de Alfa Bank como uno de los mayores contribuyentes de Rusia, calificación que contradice, de manera intrínseca, los argumentos del Sr. Khan.

101. Por consiguiente, ha de constatarse que el Sr. Khan tuvo la oportunidad de conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos. Debe, pues, desestimarse la imputación basada en el incumplimiento, por parte del Tribunal General, de su obligación de motivación.

3)      Sobre el carácter sustancial de los ingresos que el sector bancario proporciona al Gobierno de la Federación de Rusia

102. Esta imputación se dirige contra el apartado 190 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General examinó si podía considerarse que el sector bancario de Rusia proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso.

103. Dado que propongo al Tribunal de Justicia (77) que declare que el razonamiento adoptado por el Tribunal General en el apartado 189 de la sentencia recurrida no adolece de ningún error de Derecho y que, en consecuencia, podía considerarse que se cumplía el segundo requisito acumulativo del criterio g) inicial, teniendo en cuenta el papel y la posición de Alfa Bank en el sector bancario ruso puestos de manifiesto por su condición de mayor contribuyente ruso, parece que el apartado 190 de la sentencia recurrida contiene un razonamiento desarrollado meramente a mayor abundamiento. Por lo tanto, examinaré la presente imputación únicamente con carácter subsidiario.

104. Pues bien, por lo que respecta a la alegación del Sr. Khan según la cual el hecho de que un sector genere ingresos no permite deducir que dicho sector proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso, ya que ello depende de la política fiscal de dicho Gobierno, procede recordar, por una parte, que el Sr. Khan no niega que esos ingresos generan impuestos y, por otra parte, que el Tribunal de Justicia ha declarado que «si bien es cierto que el carácter sustancial de una cantidad puede apreciarse de manera relativa, es decir, en relación con una cantidad de referencia, tal carácter también puede apreciarse de manera absoluta. Tal puede ser el caso de los ingresos facilitados al gobierno de un Estado por un sector de su economía. En efecto, es posible considerar que un sector económico facilita a ese gobierno una cantidad sustancial de ingresos, con independencia del porcentaje que representen en relación con los ingresos globales de dicho gobierno». (78)

105. Además, he de recordar que el concepto de «ingresos», en el sentido del segundo requisito acumulativo del criterio g) inicial, engloba la totalidad de los recursos financieros que el sector económico de que se trate proporcione al Gobierno de la Federación de Rusia. (79)

106. Ahora bien, toda vez que el Tribunal General, al examinar el documento n.º 28 del segundo expediente de pruebas, determinó que los ingresos anuales del sector bancario ascendieron en 2021 a una cifra superior a los 2,3 trillones de RUB (aproximadamente 25 800 millones de euros), estableció, de manera implícita pero necesaria, una correlación entre esos ingresos y los que el Gobierno ruso obtiene, para llegar correctamente a la conclusión de que ese sector proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, sin estar obligado a vincular esos ingresos anuales con los ingresos totales de ese Gobierno.

107. Por lo tanto, la presente alegación, en caso de ser examinada, debería desestimarse.

4)      Sobre la imputación basada en que los datos referentes a los ingresos anuales del sector bancario estaban desactualizados

108. El Sr. Khan sostiene, en esencia, que el Tribunal General incumplió su obligación de cerciorarse de que las medidas restrictivas adoptadas contra él se apoyaban en una base fáctica suficientemente sólida, cuando fundamentó su análisis en los datos antiguos y, por tanto, no actualizados, contenidos en el documento n.º 28 del segundo expediente de pruebas. (80)

109. Procede señalar que en la sentencia recurrida el Tribunal General no se pronunció sobre si ese documento era pertinente, desde el punto de vista temporal, para acreditar que el sector en el que operaba el Sr. Khan proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso, en el sentido de segundo requisito acumulativo del criterio g) inicial.

110. Eso se explica por el hecho de que no parece que el Sr. Khan haya invocado esa imputación ante el Tribunal General. (81)

111. Pues bien, conforme a reiterada jurisprudencia, permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo y unas alegaciones que no ha invocado ante el Tribunal General equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está, pues, limitada a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos y alegaciones objeto de debate ante el Tribunal General. (82)

112. Por lo tanto, la presente imputación resulta inadmisible.

113. Además, también la considero inadmisible por otra razón.

114. En efecto, como señala el Consejo, como las pruebas examinadas por el Tribunal General se obtuvieron regularmente y se respetaron las normas y principios generales del Derecho en materia de carga de la prueba, así como las normas de procedimiento en materia de práctica de la prueba, el Tribunal de Justicia no es competente, en principio, para examinar las pruebas en las que el Tribunal General —único al que corresponde apreciar el valor de estas— se ha basado para declarar los hechos probados. (83)

115. Pues bien, la argumentación del Sr. Khan no identifica ninguna norma ni principio de esa naturaleza que hayan sido infringidos por el Tribunal General al examinar el documento n.º 28 del segundo expediente de pruebas.

116. Por último, como ya se ha indicado, el Sr. Khan no ha hecho ningún esfuerzo por demostrar la supuesta desnaturalización. (84)

117. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad de la imputación basada en que los datos relativos a los ingresos anuales del sector bancario, ilustrados en el documento n.º 28 del segundo expediente de pruebas, no están actualizados.

118. Sea como fuere, si el Tribunal de Justicia decide ahondar en el examen del documento n.º 28 del segundo expediente de pruebas, debería declarar lo siguiente.

119. Según parece, este documento, (85) extraído de una página de Internet, se publicó en mayo de 2022 y fue consultado por el Consejo en noviembre del mismo año para justificar la inclusión del Sr. Khan en los actos de marzo de 2023. Consiste en una tabla estadística que ilustra la evolución de los ingresos anuales del sector bancario en Rusia, después de impuestos, desde 2014 hasta 2021.

120. Es cierto que los datos más recientes de esa tabla hacen referencia al año 2021.

121. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que «el Consejo pued[e] tener en cuenta, para valorar si una persona cumple un criterio de inclusión […], datos o pruebas relativos a circunstancias anteriores a la fecha de adopción del acto que impone o mantiene las medidas restrictivas, siempre que esos datos o medios probatorios respalden la motivación en que se basa dicho acto y contribuyan a acreditar que, a pesar del transcurso del tiempo y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes propias de cada caso, la persona afectada cumple el criterio controvertido de inclusión […]. En particular, no cabe descartar que tales datos y pruebas puedan tenerse en cuenta para acreditar, a la luz del criterio de inclusión de que se trate, una continuidad entre, por un lado, la situación anterior de la persona afectada y, por otro, su situación actual». (86)

122. Así pues, como ya he tenido la ocasión de recordar en otras circunstancias, el conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permiten establecer un vínculo suficiente entre la persona afectada por las medidas de inmovilización de fondos y el régimen combatido que el Consejo puede invocar puede, por supuesto, basarse en elementos antiguos, anteriores a la fecha de adopción de los actos de inclusión, siempre que, en cualquier caso, también se acredite una continuidad entre dichos elementos y la situación en la fecha de la inclusión en las listas. (87)

123. Incumbía, pues, al Tribunal General cerciorarse de la continuidad entre los hechos considerados probados en virtud del documento n.º 28 del segundo expediente de pruebas y la situación del Sr. Khan en marzo de 2023.

124. Dicho esto, conviene recordar que el Tribunal General examinó ese documento en una parte de su razonamiento dedicada a la comprobación del segundo requisito acumulativo del criterio g) inicial. Por lo tanto, el Consejo debía demostrar que el sector bancario proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso. En cuanto a la contribución de todo un sector a la economía nacional, entendida en sentido amplio, cabe considerar que las pruebas que conciernen a este sector tienen una vigencia temporal diferente, más larga que la de aquellas que se refieren de forma más directa a la propia persona inscrita.

125. Sea como fuere, dado que la página de Internet de que se trata fue consultada en 2022, los datos relativos a los ingresos anuales del sector bancario ruso durante el ejercicio 2022 no estaban disponibles, ya que el año 2022 no había transcurrido. Por consiguiente, del documento n.º 28 del segundo expediente de pruebas resulta que el Consejo se basó en las cifras pertinentes disponibles más recientes para acreditar la potencia económica de ese sector y deducir de ellas su contribución sustancial a los ingresos del Gobierno ruso en los actos de marzo de 2023. Ha de añadirse que, como es bien sabido, 2022 estuvo marcado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la profunda alteración del orden internacional resultante, de manera que las cifras relativas al año 2022 no son necesariamente las más representativas de la realidad de la importancia del sector bancario ruso en ese período convulso.

126. Por lo tanto, la presente imputación debe desestimarse por infundada.

C.      Sobre el décimo motivo de casación, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y en un error de Derecho por infracción del criterio g) modificado

1.      Resumen de los argumentos de las partes

127. En esencia, el Sr. Khan sostiene que correspondía al Tribunal General cerciorarse de que el Consejo había demostrado, cuando se produjeron las renovaciones de septiembre de 2023, de marzo de 2024 y de septiembre de 2024, que él seguía siendo un destacado empresario, en el sentido del criterio g) modificado. La alegación de que el Sr. Khan gestionaba sociedades en Rusia se basaba en pruebas que databan de 2022 y el Sr. Khan sostiene que el Consejo no demostró que esa alegación siguiera siendo válida cuando se produjeron las renovaciones antes indicadas.

128. El Sr. Khan alega, en lo que respecta a la renovación de septiembre de 2023, que el Tribunal General basó su razonamiento en que él había participado en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023, de lo cual el Tribunal General dedujo que el recurrente estaba vinculado a Alfa Group, sin asegurarse del carácter fundado del motivo basado en que seguía gestionando activos situados en Rusia. Aun cuando el Tribunal General considerara que esa participación resultaba suficiente para declarar fundado ese motivo, el Sr. Khan sostiene que, con ello, por una parte, sustituyó la motivación del Consejo por la suya propia y, por otra parte, infringió el criterio g) modificado, al interpretarlo de manera que, no solo hacía referencia a los empresarios, sino a cualquier persona que hubiera conservado vínculos con sociedades en Rusia.

129. En lo que atañe a las renovaciones de marzo de 2024 y de septiembre de 2024, el Sr. Khan aduce que el Tribunal General no comprobó si estaba acreditada la alegación de que el recurrente seguía gestionando activos.

130. El Consejo arguye que el décimo motivo de casación es inadmisible. Con carácter subsidiario, el Consejo aduce que este motivo carece de fundamento

2.      Recordatorio sobre la evolución de los motivos relativos al Sr. Khan y sobre el régimen jurídico de los actos de mantenimiento

131. En lo referente a los actos de septiembre de 2023, es preciso recordar que son los primeros adoptados contra el Sr. Khan que se basan en el criterio g) modificado.

132. Los motivos de estos actos reproducen, en esencia, los que figuraban en los actos de marzo de 2023 y, en particular, el hecho de que el Sr. Khan seguía gestionando los activos de dos sociedades (ABH Financial Limited y LetterOne) situados en Rusia, que se mencionan en el primer párrafo de esos motivos. (88) En dichos motivos figura, además, la indicación de que el Sr. Khan participó en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023.

133. Como ha señalado el Tribunal General, (89) los motivos de los actos de marzo de 2024 son idénticos a los de los actos de septiembre de 2023.

134. En cuanto a los actos de septiembre de 2024, reproducen básicamente los motivos de los actos de septiembre de 2023 y de marzo de 2024, incluida la alusión a la participación del Sr. Khan en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en marzo de 2023. Se añade la indicación de que el Banco Nacional de Ucrania declaró la nulidad de pleno Derecho de la transmisión de las acciones del Sr. Khan en ABH Holdings a su socio comercial y que la transmisión de sus acciones en el grupo A1 podía considerarse ficticia. Los motivos de los actos de septiembre de 2024 también hacen referencia al hecho de que el Sr. Khan había sido accionista de la empresa de servicios de inversión LetterOne, que siguió gestionando los activos de Alfa Group situados en Rusia, y que es un accionista importante de Rosvodokanal, que se describe como otra empresa de Alfa Group y uno de los principales operadores privados de servicios de suministro de agua en Rusia.

135. En lo que concierne a los actos de mantenimiento, procede recordar las obligaciones que debe cumplir el Consejo en el momento de su adopción.

136. Así, el mantenimiento debe ir siempre precedido de una fase administrativa que permita a la persona afectada exponer su punto de vista sobre la intención del Consejo y, en su caso, sobre los nuevos motivos — o incluso criterios — que justifican el mantenimiento. Si los motivos siguen siendo los mismos, para adoptar esos actos debe verificarse si, tras la inclusión inicial o después de la revisión precedente, la situación fáctica ha cambiado de tal manera que ya no permite sustentar la misma conclusión sobre si la persona de que se trata sigue cumpliendo el criterio en el que se fundamentó su inclusión. (90) Así, la validez de los actos de mantenimiento se supedita a que perduren las circunstancias de hecho y de Derecho que dieron lugar a su adopción y a la necesidad de su mantenimiento, a efectos de la consecución del objetivo que persiguen. (91) Cuando se añaden nuevos motivos, la apreciación de su fundamento debe llevarse a cabo examinando, de manera completamente clásica, los medios de prueba aportados por el Consejo que satisface la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la persona afectada y las situaciones que se pretende atajar. (92) Ese vínculo se deriva, en principio, del hecho de que la persona cumple los requisitos establecidos por el criterio de inclusión, siempre que no se ponga en duda la legalidad del citado criterio.

137. Por último, no cabe excluir que el Consejo pueda tener en cuenta, para valorar si una persona cumple un criterio de inclusión, datos o pruebas relativos a circunstancias anteriores a la fecha de adopción del acto que impone o mantiene las medidas restrictivas, siempre que esos datos o medios probatorios respalden la motivación en que se basa dicho acto y contribuyan a acreditar que, a pesar del transcurso del tiempo y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes propias de cada caso, la persona afectada cumple el criterio controvertido de inclusión. (93) En particular, no cabe descartar que tales datos y pruebas puedan tenerse en cuenta para acreditar, a la luz del criterio de inclusión de que se trate, una continuidad entre, por un lado, la situación anterior de la persona afectada y, por otro, su situación actual. (94)

138. La argumentación del Sr. Khan debe examinarse a continuación a la luz de estas exigencias jurisprudenciales.

3.      Apreciación

a)      Sobre los actos de septiembre de 2023 y la imputación relativa a la motivación insuficiente de la sentencia recurrida en cuanto a si el Consejo había probado que el Sr. Khan seguía gestionado los activos de dos sociedades situados en Rusia

139. En el apartado 205 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó el motivo basado en la participación del Khan en el congreso de la Unión Rusa de Industriales en 2023, acreditada mediante el documento n.º 7 del tercer expediente de pruebas. Ese documento, que relacionaba a los participantes de ese congreso, demuestra, en opinión del Tribunal General, el mantenimiento del vínculo entre el Sr. Khan y Alfa Group incluso después de que vendiera sus acciones de ABH Financial Limited y «corroboraba su condición de principal empresario en el sentido del primera parte del criterio g) modificado». (95)

140. El Sr. Khan sostiene que el hecho de que un documento pueda acreditar el vínculo entre Alfa Group y él no fundamenta la alegación de que sigue gestionando los activos de ABH Financial Limited y de LetterOne. (96) En otras palabras, su argumento tiene como punto de partida cuestionar la apreciación de los hechos llevada a cabo por el Tribunal General, de la que parece resultar que de un hecho que figura en una prueba ha deducido otro hecho recogido en la exposición de motivos.

141. Dicho esto, so capa de una imputación basada en el incumplimiento de la obligación de motivación, el Sr. Khan parece en realidad plantear la cuestión de si el Tribunal General efectuó correctamente el control que le incumbía con respecto a los actos de mantenimiento.

142. Así pues, la argumentación del recurrente desarrollada en este décimo motivo de casación puede interpretarse de dos maneras.

143. Por una parte, es posible responder a ella examinándola únicamente desde el punto de vista de la suficiencia de la motivación de la sentencia recurrida en lo que respecta a si el Consejo había demostrado que el Sr. Khan era un principal empresario, en el sentido del criterio g) modificado, en el momento de la adopción de los actos de septiembre de 2023.

144. Por otra parte, también podría plantearse un análisis más detallado de este motivo, ya que cabría considerar que, en realidad, el recurrente reprocha al Tribunal General no haberse asegurado del carácter fundado del motivo basado en que seguía gestionando los activos de dos sociedades situados en Rusia.

145. Me parece que, cualquiera que sea la vía elegida para responder a la presente imputación, esta debe desestimarse.

1)      Sobre la alegación de incumplimiento de la obligación de motivación stricto sensu

146. La admisibilidad de esa alegación no suscita dificultades. (97)

147. Por lo que respecta a su examen en cuanto al fondo, considero que, aun cuando la apreciación realizada por el Tribunal General en el apartado 205 de la sentencia recurrida fuera, desde el punto de vista fáctico, errónea, en la medida en que de una prueba dedujo que otro hecho al que no se refiere esa prueba estaba acreditado, ello no constituiría, en sí, un incumplimiento de la obligación de motivación.

148. A este respecto, ha de recordarse que la jurisprudencia (98) exige que la motivación de una sentencia muestre de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General y permita siempre a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no ha acogido sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control en el marco de un recurso de casación. (99)

149. El Sr. Khan ha tenido la oportunidad de comprender las razones por las que el Tribunal General llegó a la conclusión de que los actos de septiembre de 2023 estaban suficientemente fundamentados.

150. De la lectura de los apartados 204 a 206 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General consideró que el hecho el Sr. Khan participara en el congreso de la Unión Rusa de Industriales en marzo de 2023, acreditado mediante la prueba mencionada en el apartado 205 de esa sentencia, «confirma el mantenimiento de sus vínculos con el consorcio Alfa Group […] y corrobora su condición de destacado empresario» y que, incluso después de la venta de sus acciones de ABH Financial Limited, conservó vínculos con Alfa Group en Rusia. Además, el Tribunal General justificó su postura remitiendo a la conclusión derivada del examen de los actos de marzo de 2023, según la cual el Consejo había aportado un conjunto de indicios suficientemente concreto, preciso y concordante que podía demostrar que, en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2023, el recurrente era un principal empresario, en el sentido del criterio g) inicial. Por otra parte, expuso las razones por las que consideraba que existía cierta continuidad con el criterio g) modificado. (100)

151. En estas circunstancias, parece que la sentencia recurrida está suficientemente motivada con arreglo a Derecho, entendiéndose que la cuestión de la suficiencia de la motivación debe distinguirse de la de su fundamento.

2)      Sobre un análisis más detallado de la alegación de la insuficiencia de motivación de la sentencia recurrida

152. Si el Tribunal de Justicia realiza un análisis más detallado de esta imputación, deberá preguntarse si el Tribunal General se cercioró de manera suficiente en Derecho de que, en lo que respecta a los actos de septiembre de 2023, el Sr. Khan seguía cumpliendo los requisitos para quedar incluido en el criterio g) modificado.

153. Para ello, es necesario volver a examinar los actos de marzo de 2023.

154. Del análisis de la fundamentación de la inclusión del Sr. Khan en virtud del criterio g) inicial se desprende que el Tribunal General examinó si los motivos de los actos de marzo de 2023 permitían acreditar que el Sr. Khan cumplía el criterio en virtud del cual fue incluido. Al observar que el Consejo pretendía basarse en cargos o actividades pasadas, el Tribunal General, acudiendo a la jurisprudencia recordada en el punto 137 de las presentes conclusiones, comprobó si dicha institución había aportado indicios serios y concordantes que permitieran razonablemente pensar que el Sr. Khan había mantenido vínculos con esas sociedades incluso después de la supuesta transmisión de sus acciones. (101) El Tribunal General señaló que el motivo referente al hecho de que el Sr. Khan seguía gestionando activos «se enmarca en el contexto de la continuidad en lo que respecta a su condición de accionista de esas sociedades y pretende demostrar que su condición de principal empresario persiste, en la medida en que ha mantenido relaciones con esas sociedades». (102)

155. El Tribunal General examinó cuatro documentos en apoyo de estas alegaciones en el apartado 178 de la sentencia recurrida, que datan de septiembre de 2022 y de noviembre de 2022 y consisten en artículos de prensa publicados en línea o extractos de páginas de Internet. Estos documentos ponen de manifiesto que el Sr. Khan regresó a Rusia a vivir y que gestiona los activos de Alfa Group. Tras examinar estos documentos, el Tribunal General declaró que «el hecho de que varias fuentes fidedignas recojan esta información según la cual el demandante gestiona o supervisa los activos de Alfa Group demuestra que siguió implicado en Alfa Group Consortium en Rusia incluso después de la supuesta venta de sus acciones, encargándose de la gestión de los activos en Rusia de dicho grupo». (103) De ello dedujo que el Consejo había aportado indicios serios y concordantes que permitían considerar que el Sr. Khan había mantenido vínculos con Alfa Group por razón de la gestión de activos de dicho grupo. (104)

156. El Sr. Khan no parece rebatir esa conclusión. (105)

157. Dado que el Tribunal General había concluido, en el contexto de la apreciación del carácter fundado de los actos de marzo de 2023, que la mención, recogida en los motivos, al hecho de que el Sr. Khan seguía gestionando activos en Rusia, pretendía acreditar que había conservado vínculos con Alfa Group, comprobó que ese vínculo persistía en lo que respecta a los motivos de los actos de septiembre de 2023, inscribiéndose la apreciación de su fundamentación en la continuidad de la apreciación recordada en el punto 154 de las presentes conclusiones. Pues bien, entendió que esos vínculos se habían mantenido en virtud del documento nuevo examinado en el apartado 205 de la sentencia recurrida y que guarda relación, como ya se ha recordado, con la participación del Sr. Khan en el congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios de marzo de 2023.

158. Creo que, con ello, el Tribunal General se cercioró, como debía hacer, (106) de que se habían mantenido las circunstancias de hecho y de Derecho que dieron lugar a la inclusión del Sr. Khan.

159. Por consiguiente, no puede acogerse la alegación del Sr. Khan.

b)      Sobre los actos de marzo de 2024 y la imputación basada en la falta de motivación de la sentencia recurrida, en la medida en que el Tribunal General no se cercioró de que el motivo relativo a que el Sr. Khan seguía gestionando activos en Rusia estuviera respaldado por pruebas

1)      Sobre la admisibilidad

160. El Sr. Khan reprocha al Tribunal General que no se cerciorara de que hubieran perdurado las circunstancias de hecho o de Derecho que dieron lugar al mantenimiento de las medidas adoptadas en su contra, omisión que, desde su punto de vista, constituye un incumplimiento de la obligación de motivación. Esa crítica está comprendida en el ámbito de competencia del Tribunal de Justicia en fase de casación, (107) de modo que esta imputación es admisible.

2)      Sobre el fondo

161. El Tribunal General examinó la fundamentación de los actos de marzo de 2024 junto con la de los actos de septiembre de 2023. En efecto, constató que «dado que los motivos para mantener el nombre del demandante en las listas objeto de litigio no han variado, no procede establecer una distinción entre, por una parte, los actos de septiembre de 2023 y, por otra, los actos de marzo de 2024, ya que la verificación de la información recogida en la exposición de motivos, así como en las pruebas […] se refiere, en esencia, a las mismas circunstancias fácticas». (108)

162. Desde un punto de vista formal, en la sentencia recurrida el Tribunal General expuso las razones por las que iba a examinar conjuntamente los actos de septiembre de 2023 y de marzo de 2024. Dado que la cuestión del fundamento de la motivación es distinta de la de su existencia o su suficiencia, esta circunstancia basta para rechazar la presente imputación.

163. No obstante, también en este caso es posible interpretar la argumentación del Sr. Khan en el sentido de que reprocha al Tribunal General no haberse cerciorado de la validez del mantenimiento llevado a cabo mediante los actos de marzo de 2024 por haber persistido las circunstancias de hecho y de Derecho que dieron lugar a su adopción. (109)

164. A este respecto, dada la proximidad en el tiempo entre los actos de septiembre de 2023 y los de marzo de 2024, creo que podían aplicarse a estos últimos las mismas conclusiones que se extrajeron del análisis de los elementos de hecho y de las pruebas relacionados con los actos de septiembre de 2023, habida cuenta de que el Sr. Khan tuvo la ocasión de manifestar su opinión antes de que se adoptaran los actos de marzo de 2024, (110) por lo que pudo hacer valer cualquier modificación pertinente de su situación que pudiera poner en cuestión el mantenimiento de su inclusión. A este respecto, hay que señalar que, aunque mediante sus argumentos referidos a esta imputación el Sr. Khan niega gestionar sociedades en Rusia, no ha demostrado que ya no tuviera ningún vínculo con ellas.

165. En consecuencia, esta imputación debe desestimarse por infundada.

c)      Sobre los actos de septiembre de 2024 y la imputación basada en falta de motivación, en la medida en que el Tribunal General no comprobó si el motivo basado en que el Sr. Khan seguía gestionando activos de Alfa Group estaba respaldado por pruebas

1)      Sobre la admisibilidad

166. El Sr. Khan reprocha, en esencia, al Tribunal General que no se cerciorara, como le correspondía hacer, de que el mantenimiento de su inclusión en los actos de septiembre de 2024, en virtud de la primera parte del criterio g) modificado, estuviera apoyado en una base fáctica suficientemente actualizada y sólida. Más concretamente, al no comprobar si podía seguir considerándose que el Sr. Khan era el gestor de los activos de Alfa Group en Rusia en la fecha de dichos actos, el Tribunal General incumplió la obligación de motivación que le incumbe. Por lo tanto, la presente imputación resulta admisible.

2)      Sobre el fondo

167. Aunque este motivo sea admisible, no creo que el Tribunal de Justicia deba darle respuesta en cuanto al fondo, ya que la argumentación del Sr. Khan desarrollada en relación con los actos de septiembre de 2024 resulta inoperante.

168. En efecto, el Sr. Khan reprocha al Tribunal General no haber verificado si el Consejo había probado que él seguía gestionando activos de Alfa Group situados en Rusia cuando se adoptaron los actos de septiembre de 2024.

169. Pues bien, aunque el Tribunal General omitió hacerlo, es preciso señalar que verificó que otros motivos mencionados en los actos de septiembre de 2024 estuvieran suficientemente acreditados para respaldar el mantenimiento de la inclusión del Sr. Khan sobre la base del criterio g) modificado en esa fecha.

170. En efecto, del apartado 217 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General examinó la alegación de que el Sr. Khan seguía gestionando los activos de Alfa Group «en primer lugar».

171. De ello resulta que el Tribunal General examinó, «en segundo lugar», la alegación de que el Sr. Khan era un accionista importante de Rosvodokanal y comprobó si esa parte de los motivos de los actos de septiembre de 2024, que, según el Tribunal General, guardaba relación con la primera parte del criterio g) modificado, estaba suficientemente acreditada. (111)

172. Tras observar que del séptimo expediente de pruebas se desprende que el Sr. Khan poseía un 27,58 % de esa sociedad, que es el mayor operador privado de sistemas de depuración y abastecimiento de agua de Rusia y cuya importancia y dinamismo económico también quedaban acreditadas por las pruebas recogidas en ese expediente, el Tribunal General llegó a la conclusión de que el Consejo había aportado «un conjunto de indicios suficientemente concreto, preciso y concordante que podía demostrar que, en la fecha de adopción de los actos de septiembre de 2024, el demandante era un destacado empresario que opera en Rusia en el sentido del primera parte del criterio g) modificado». (112)

173. El Sr. Khan no ha rebatido esta conclusión en fase de casación.

174. Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, en cuanto al control de la legalidad de una decisión por la que se adoptan medidas restrictivas, habida cuenta del carácter preventivo, si el juez de la Unión considera que al menos uno de los motivos mencionados es lo bastante preciso y concreto, que está respaldado por hechos y que constituye, por sí solo, una base suficiente para fundamentar la decisión, la circunstancia de que otros de esos motivos no presenten tales características no puede justificar la anulación de dicha decisión. (113)

175. Por lo tanto, como el Tribunal General consideró que los actos de septiembre de 2024 demostraban, de manera suficiente en Derecho, que el Sr. Khan cumplía los dos requisitos exigidos por la primera parte del criterio g) modificado (114) en lo referente a su condición de importante accionista de Rosvodokanal, el Sr. Khan no obtendría ningún beneficio en caso de que el Tribunal de Justicia declarara que el Tribunal General, al examinar el motivo basado en que el recurrente había seguido gestionando los activos de Alfa Group situados en Rusia, incumplió su obligación de motivación.

176. Dado que la imputación basada en el incumplimiento, por parte del Tribunal General, de su obligación de motivación al examinar ese motivo se dirige contra fundamentos jurídicos reiterativos de la sentencia recurrida, no puede dar lugar a la anulación de esta y es, por tanto, inoperante. (115)

4.      Conclusión sobre el décimo motivo de casación

177. A la luz del análisis realizado, procede desestimar el décimo motivo de casación en su totalidad.

IV.    Conclusión

178. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que desestime los motivos sexto, séptimo y décimo del presente recurso de casación.

1      Lengua original: francés.

2      Sentencia de 26 de marzo de 2026 (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, en lo sucesivo, «sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo», EU:C:2026:245).

3      Sentencia de 4 de junio de 2025 (T‑289/23, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2025:560).

4      Véase el punto 5 de las presentes conclusiones para las referencias de los actos designados.

5      Las referencias de los actos que fundamentaron la inclusión del Sr. Khan con arreglo al criterio g) modificado (a saber, los actos de septiembre de 2023, de marzo de 2024 y de septiembre de 2024) figuran en el punto 5 de las presentes conclusiones.

6      Véase el punto 10 de las presentes conclusiones.

7      Decisión del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 134).

8      Reglamento de Ejecución del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 1).

9      Decisión del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 104).

10      Reglamento de Ejecución del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 3).

11      Decisión del Consejo, de 12 de marzo de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2024/847).

12      Reglamento de Ejecución del Consejo, de 12 de marzo de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2024/849).

13      Decisión del Consejo, de 12 de septiembre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2024/2456).

14      Reglamento de Ejecución del Consejo, de 12 de septiembre de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2024/2455).

15      Véase sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo.

16      Decisión del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16).

17      Decisión del Consejo, de 25 de febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 50, p. 1).

18      El criterio al que en mi siguiente análisis haré referencia como «criterio g) inicial», estaba redactado en estos términos:

      «Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:

      […]

g)      los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania».

19      El Reglamento (UE) 2023/1089 del Consejo, de 5 de junio de 2023, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 146, p. 1) modificó, en sentido similar, el Reglamento n.º 269/2014. En lo sucesivo, haré referencia a ese criterio como el «criterio g) modificado».

20      En cuanto a la división del criterio g) modificado en tres partes, véase el punto 31 de las presentes conclusiones.

21      Dado que ese motivo se introduce a través de la conjunción «o».

22      Aunque en el presente recurso de casación no se aborde la interpretación de esa tercera parte, me pregunto sobre el valor que esta aporta. En efecto, si se interpreta literalmente, la falta del adjetivo «principales» llevaría a pensar que esa tercera parte debe interpretarse en el sentido de que todos los empresarios que operan en Rusia y que participan en un sector que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso pueden ser objeto de medidas restrictivas. En cambio, si esa parte debiera interpretarse a la luz del considerando 4 de la Decisión (PESC) 2023/1094 del Consejo, de 5 de junio de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 146, p. 20), del que se desprende que esta parte contempla, en realidad, a los empresarios destacados que operan en Rusia y que participan en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno Ruso, resultaría redundante, ya que esa categoría ya está comprendida por el amplio tenor de la primera parte.

23      El Sr. Khan cita aquí la sentencia de 10 de julio de 2024, Rashevsky/Consejo (T‑309/22 y T‑739/22, EU:T:2024:455), apartado 82.

24      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartados 173 y 174.

25      Sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 175.

26      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 176.

27      Sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 177.

28      Sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 178.

29      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 181.

30      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 184.

31      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 179.

32      Sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 180.

33      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 99 y jurisprudencia citada.

34      La tercera parte del criterio g) modificado es la única que exige una vinculación entre el empresario —que ya no se precisa que deba ser principal— y un sector que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso.

35      Como ya señaló la Abogada General Medina (véanse sus conclusiones presentadas en el asunto Pumpyanskiy/Consejo, C‑696/23 P, EU:C:2025:409, punto 31).

36      En ese sentido, véanse las conclusiones de la Abogada General Medina presentadas en el asunto Pumpyanskiy/Consejo (C‑696/23 P, EU:C:2025:409), punto 32.

37      Como ha venido reconociendo tradicionalmente el Tribunal de Justicia: véase la sentencia de 18 de junio de 2026, Belaruskali y otros/Consejo (C‑816/24 P a C‑818/24 P, EU:C:2026:500), apartados 158 y 159, y jurisprudencia citada.

38      De este modo, «el Consejo considera que los criterios de designación deben ampliarse para permitir la inclusión en la lista, según proceda, de otros empresarios que participan en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia» (véase el considerando 4 de la Decisión 2023/1094).

39      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartados 117 a 121.

40      El Tribunal de Justicia añadió a esa lista cualquier otro criterio pertinente de carácter económico: véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 178.

41      En efecto, procede recordar que la parte de la sentencia que se impugna mediante el presente motivo versa sobre el análisis que el Tribunal General realizó de la supuesta ilegalidad del criterio g) modificado por vulnerar el principio de seguridad jurídica. Pues bien, todos los argumentos del Sr. Khan están dirigidos a demostrar la existencia de un error al interpretar la primera parte del criterio g) modificado. Sin embargo, aun en el caso de que la primera parte del criterio g) modificado tuviera que interpretarse de manera distinta a la indicada por el Tribunal General, ello no implicaría necesariamente que dicha primera parte del criterio g) modificado no respetase las exigencias del principio de seguridad jurídica, recordadas por el Tribunal de Justicia en su sentencia de Pumpyanskiy y otros/Consejo (apartado 188 y jurisprudencia citada), habida cuenta de que no se viola el principio de seguridad jurídica por el mero hecho de que el juez de la Unión deba recurrir a métodos de interpretación distintos de la interpretación literal de una norma de alcance general (véase, en ese sentido, la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 189).

42      Véase el punto 37 de las presentes conclusiones.

43      Véanse los apartados 66 a 72 de la sentencia recurrida.

44      Sentencia de 13 de marzo de 2012 (C‑376/10 P, EU:C:2012:138).

45      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartados 265 y ss.

46      Es decir, la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo.

47      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartados 273 y 274.

48      El subrayado es mío.

49      Sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 275.

50      Sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 276. El subrayado es mío.

51      Véanse, entre otras, las sentencias de 3 de julio de 2025, Glonatech/REA (C‑114/24 P, EU:C:2025:520), apartado 48 y jurisprudencia citada, y Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 210 y jurisprudencia citada.

52      Sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartados 289 a 292.

53      Entendiendo que la distinta redacción del criterio g) inicial y del criterio g) modificado no altera esa conclusión y que, desde mi punto de vista, las tres partes del criterio g) modificado mantienen esa vinculación, según exige el artículo 215 TFUE, apartado 2.

54      El recurrente cita en este punto la sentencia de 8 de noviembre de 2023, Mazepin/Consejo (T‑282/22, EU:T:2023:701), apartado 80.

55      El recurrente se basa en este punto en los apartados 155 y ss. de su demanda ante el Tribunal General, y 124 y ss. de su réplica ante el Tribunal General, respectivamente.

56      Véase el apartado 166 de la sentencia recurrida.

57      Véase el apartado 189 de la sentencia recurrida.

58      Sentencia de 29 de noviembre de 2023 (T‑333/22, EU:T:2023:758).

59      Véase el apartado 189 de la sentencia recurrida, que se refiere a la prueba n.º 2 del primer expediente de pruebas, y el apartado 97 de la sentencia de 29 de noviembre de 2023, Khan/Consejo (T‑333/22, EU:T:2023:758).

60      Véase el apartado 190 de la sentencia recurrida.

61      Recordada en el apartados 157 y ss. de la sentencia recurrida.

62      Véase el apartado 190 de la sentencia recurrida.

63      Véase, entre la abundante jurisprudencia, la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 158 y jurisprudencia citada.

64      Véanse, entre la abundante jurisprudencia, las sentencias Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 378 y jurisprudencia citada, y de 7 de mayo de 2026, Makhlouf/Consejo (C‑635/24 P, EU:C:2026:377), apartado 80 y jurisprudencia citada.

65      Reproducidos en el punto 9 de las presentes conclusiones.

66      Sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 382. El subrayado es mío.

67      Véase también el apartado 80 de la sentencia de 8 de noviembre de 2023, Mazepin/Consejo (T‑282/22, EU:T:2023:701), citada por el Sr. Khan en el apartado 38 de su recurso de casación.

68      Véase el punto 43 de las presentes conclusiones.

69      Según se desprende del apartado 106 de la sentencia de 29 de noviembre de 2023, Khan/Consejo (T‑333/22, EU:T:2023:758), al que remite el apartado 189 de la sentencia recurrida.

70      Tal y como resulta expresamente del apartado 189 de la sentencia recurrida.

71      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 379.

72      En ese texto, en inglés: «The table shows a list of Russia’s largest taxpayers who made the largest tax contribution to the country’s budget over the past year»: véase el documento denominado «Evidence 2» del anexo A3 de la demanda en el asunto T‑289/23, que reproduce el documento n.º 2 de primer expediente de pruebas.

73      Es decir, no insignificante o significativa: véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 135.

74      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 356. Véase también el apartado 140 de esa sentencia.

75      Véase el punto 95 de las presentes conclusiones.

76      Véase, entre la abundante jurisprudencia, la sentencia de 26 de junio de 2025, Stadtwerke Hameln Weserbergland/Comisión (C‑466/23 P, EU:C:2025:480), apartado 49 y jurisprudencia citada.

77      Véase el punto 96 de las presentes conclusiones.

78      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 138.

79      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 140.

80      Del escrito de interposición del recurso de casación se desprende que, aunque la alegación relativa al carácter no actualizado de las pruebas parece inicialmente general, después el Sr. Khan solo hace referencia a los datos relativos a los ingresos anuales del sector bancario. Por lo tanto, interpreto esta imputación en el sentido de que solo refuta la apreciación del carácter suficientemente actualizado del documento n.º 28 del segundo expediente de pruebas.

81      En sus escritos ante el Tribunal General, el Sr. Khan se limitó a sostener que el documento n.º 28 «no venía al caso» (véase el apartado 146 de la demanda presentada ante el Tribunal General).

82      Véase la sentencia de 16 de abril de 2026, Colombani/SEAE (Acoso pasivo o colectivo) (C‑343/23 P, EU:C:2026:294), apartado 85 y jurisprudencia citada.

83      Véase el auto de 3 de febrero de 2009, Giannini/Comisión (C‑231/08 P, EU:C:2009:50), apartado 63 y jurisprudencia citada.

84      Véase el punto 85 de las presentes conclusiones.

85      Reproducida en las páginas 111 y 112 de la parte 2 de los anexos de la demanda del Sr. Khan ante el Tribunal General.

86      Sentencia de 13 de marzo de 2025, Shuvalov/Consejo (C‑271/24 P, EU:C:2025:180), apartado 40 y jurisprudencia citada.

87      Véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Letonia/Aven y Fridman (C‑440/24 P y C‑441/24 P, EU:C:2025:854), punto 114.

88      A saber, ABH Financial Limited, y, a través de ella, Alfa Bank, al igual que LetterOne.

89      Véase el apartado 196 de la sentencia recurrida.

90      Véase, en ese sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2025, PKK/Consejo (C‑72/23 P, EU:C:2025:182), apartado 106.

91      Véase la sentencia de 9 de febrero de 2023, Boshab/Consejo (C‑708/21 P, EU:C:2023:84), apartado 56. Véase también la jurisprudencia del Tribunal General recordada en el apartado 162 de la sentencia recurrida.

92      Véase la jurisprudencia recordada en el apartado 159 de la sentencia recurrida, que tiene su origen en la del Tribunal de Justicia (véase la sentencia de 11 de junio de 2026, NSD/Consejo, C‑801/24 P, EU:C:2026:472, apartado 89).

93      Véase la sentencia de 13 de marzo de 2025, Shuvalov/Consejo (C‑271/24 P, EU:C:2025:180), apartado 40.

94      Véase la sentencia de 13 de marzo de 2025, Shuvalov/Consejo (C‑271/24 P, EU:C:2025:180), apartado 40.

95      Véase también el apartado 206 de la sentencia recurrida.

96      Véase el apartado 66 del recurso de casación.

97      Véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sigma Alimentos Exterior/Comisión (C‑50/19 P, EU:C:2021:792), apartados 38 y 39 y jurisprudencia citada.

98      Recordada en el apartado 99 de las presentes conclusiones.

99      Véase, entre la abundante jurisprudencia, la sentencia de 26 de junio de 2025, Stadtwerke Hameln Weserbergland/Comisión (C‑466/23 P, EU:C:2025:480), apartado 49 y jurisprudencia citada.

100      Véase el apartado 204 de la sentencia recurrida.

101      Véase el apartado 176 de la sentencia recurrida.

102      Véase el apartado 177 de la sentencia recurrida.

103      Apartado 179 de la sentencia recurrida.

104      Véase el apartado 180 de la sentencia recurrida. Véase también el apartado 191 de esa sentencia.

105      Parece que, mediante el motivo noveno del presente recurso de casación, el recurrente únicamente impugna el apartado 177 de la sentencia recurrida.

106      A tenor de la jurisprudencia recordada en el punto 136 de las presentes conclusiones.

107      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo apartado 392 y jurisprudencia citada.

108      Apartado 196 de la sentencia recurrida.

109      Véase la sentencia de 11 de junio de 2026, NSD/Consejo (C‑801/24 P, EU:C:2026:472), apartado 93 y jurisprudencia citada.

110      Según se desprende de los apartados 26 y ss. de la sentencia recurrida.

111      Véanse los apartados 223 y ss. de la sentencia recurrida.

112      Véase el apartado 228 de la sentencia recurrida. Véase también el apartado 226 de esa sentencia.

113      Véase la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo apartado 430 y jurisprudencia citada. Véase también el apartado 192 de la sentencia recurrida.

114      Recordados en el apartado 227 de la sentencia recurrida.

115      Véase, en ese sentido, la sentencia Pumpyanskiy y otros/Consejo, apartado 240.