(1)

Tras los contactos previos a la notificación, Suecia notificó a la Comisión el 1 de abril de 2020, de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), la prórroga y modificación de un régimen de exención fiscal del biogás destinado a ser utilizado como carburante (el «régimen del carburante»), así como la prórroga y modificación de un régimen de exención fiscal de los combustibles renovables para la generación de calor (el «régimen del combustible para calefacción») (en lo sucesivo, conjuntamente, los «regímenes»).

(2)

La Comisión aprobó el régimen del carburante por primera vez en 2003 (2). Posteriormente, ha sido prorrogado y aprobado en repetidas ocasiones por la Comisión como ayuda compatible. La última decisión de aprobación de prórroga en el asunto SA.43302 (2015/N) (3) se basó en las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (las «Directrices de 2014») (4) y era válida hasta el 31 de diciembre de 2020 (5).

(3)

La Comisión aprobó el régimen del combustible para calefacción por primera vez en 2007 (6). Posteriormente, ha sido prorrogado y aprobado en repetidas ocasiones por la Comisión como ayuda compatible. La última decisión de aprobación de prórroga en el asunto SA.49893 (2018/N) (7) se basó en las Directrices de 2014 y era válida hasta el 31 de diciembre de 2020 (8).

(4)

El 18 de octubre de 2019 y el 19 de junio de 2020, la Comisión recibió observaciones de Landwärme GmbH («Landwärme»), un productor alemán de biometano, relativas a una posible sobrecompensación de los productores daneses de biogás resultante de la acumulación de la ayuda danesa a los productores de biogás (9) y la exención fiscal sueca para el biogás.

(5)

El 29 de junio de 2020, la Comisión adoptó la Decisión C(2020) 4487 final y la Decisión C(2020) 4489 final, por las que se aprobaban la modificación y la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2030 del régimen del carburante [SA.56908 (2020/N)] y del régimen del combustible para calefacción [SA.56125 (2020/N)] (las «decisiones de 2020») (10) (11).

(6)

El 13 de octubre de 2020, Landwärme presentó una denuncia ante la Comisión contra el Reino de Suecia, en la que alegaba que la acumulación de la ayuda concedida en Suecia en virtud de los regímenes con otra ayuda concedida por otros Estados miembros a los productores de biogás dio lugar a una sobrecompensación.

(7)

El 21 de diciembre de 2022, a raíz del recurso de anulación interpuesto por Landwärme, el Tribunal General anuló las decisiones de 2020 por motivos de procedimiento sin pronunciarse sobre el fondo de los asuntos (12).

(8)

El Tribunal General tomó nota de que Landwärme había presentado información a la Comisión el 18 de octubre de 2019 y el 19 de junio de 2020, que se refería principalmente a los regímenes de ayuda en favor de la producción de biogás en Dinamarca. Landwärme había facilitado, en particular, un estudio en el que se mostraban diferentes formas de apoyo al biogás, apoyo a la producción e incentivos para aumentar la demanda, como reducciones fiscales. Alegó que estos diferentes sistemas de apoyo podían coexistir simultáneamente en diferentes Estados miembros, y que esta acumulación de ayudas concedidas por distintos Estados miembros podía dar lugar a una sobrecompensación de los productores de biogás de otros Estados miembros si estos vendían biogás en Suecia. Landwärme se refirió explícitamente a la ayuda concedida por Dinamarca y Suecia (13).

(9)

El Tribunal General reconoció que los beneficiarios del régimen sueco son los compradores de biogás en Suecia. Aunque las reducciones fiscales no incidirían en los costes de producción del biogás, también beneficiarían, aunque de manera indirecta, a los productores de biogás que exportan a Suecia, ya que, debido a las exenciones fiscales, estos podrían vender biogás a un precio final que pudiera competir con el del gas natural (14).

(10)

El Tribunal General declaró que, en su apreciación y sobre la base de la información comunicada por Landwärme, la Comisión debería haber tenido en cuenta la incidencia de la acumulación controvertida en el volumen creciente de las importaciones de biogás a Suecia procedentes de determinados Estados miembros (15). Sin embargo, estimó que, en las decisiones anuladas, la Comisión solo había evaluado la acumulación de diferentes regímenes a nivel nacional. El Tribunal General consideró que el hecho de que la apreciación de la Comisión sobre la acumulación controvertida y, por ende, sobre la cuestión de la ausencia de sobrecompensación, fuera incompleta era un indicio de la existencia de serias dificultades. Se consideró que esta cuestión estaba estrechamente ligada a la evaluación de la proporcionalidad de la ayuda (16).

(11)

El Tribunal General consideró que el biogás cuyos sobrecostes de producción en comparación con los del gas natural habrían sido compensados no sería comparable con el biogás para el cual este todavía no era el caso (17). Además, si existiera sobrecompensación, esto podría considerarse un criterio objetivo para la diferenciación fiscal entre el biogás que ha recibido ayuda a la producción y el biogás que no lo ha hecho (18). El Tribunal General concluyó que ni el principio de no discriminación ni el artículo 110 del TFUE excluirían que la acumulación controvertida se examinara en la evaluación de la sobrecompensación, lo que implica que su omisión del análisis fue un indicio de la existencia de serias dificultades (19).

(12)

El Tribunal General concluyó que el análisis de la compatibilidad del régimen con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, a la luz del principio de no discriminación, y al artículo 110 del TFUE presentaba serias dificultades relacionadas con la sobrecompensación que podía derivarse de la acumulación controvertida. El Tribunal General concluyó que la Comisión debería haber examinado dichas dificultades en el marco del procedimiento de investigación formal, en su evaluación de la sobrecompensación, en vez de adoptar las decisiones impugnadas al término del procedimiento de examen preliminar (20).

(13)

Por carta de 30 de enero de 2024, la Comisión informó a Suecia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con respecto a los regímenes.

(14)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento (en lo sucesivo, «la Decisión de incoación») fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (21). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones.

(15)

Suecia presentó sus observaciones sobre la Decisión de incoación el 5 de marzo de 2024. La Comisión recibió observaciones al respecto por parte de seis interesados y se las transmitió a Suecia, dándole la posibilidad de comentarlas. Sus correspondientes observaciones se recibieron por carta de 6 de mayo de 2024.

(16)

Suecia envió información adicional el 31 de mayo de 2024 y el 2 y el 11 de octubre de 2024.

(17)

Suecia ha accedido excepcionalmente a renunciar al derecho conferido por el artículo 342 del TFUE, leído en relación con el artículo 3 del Reglamento n.o 1/1958 (22), por lo que acepta que la presente Decisión se adopte y notifique en lengua inglesa.

(18)

La base jurídica de los regímenes es la Ley sueca (1994: 1776) relativa a los impuestos especiales sobre la energía. El impuesto especial sueco se compone de dos partes: un impuesto sobre la energía y un impuesto sobre el dióxido de carbono (CO2).

(19)

La ayuda, según fue aprobada por la Comisión en las decisiones SA.43302 y SA.49893, se concedió en forma de una exención total de los impuestos sobre la energía y el CO2 en favor

(20)

Suecia notificó i) la prórroga de los regímenes hasta el 31 de diciembre de 2030 (solo con respecto al biogás para el régimen del combustible para calefacción), ii) la exclusión del biogás proveniente de fuentes alimentarias, y iii) la inclusión del biopropano no proveniente de fuentes alimentarias, además del biogás no proveniente de fuentes alimentarias. Suecia modificó la legislación vigente para introducir estos cambios. Las nuevas disposiciones entraron en vigor el 1 de enero de 2021.

(21)

Por biogás se entienden los combustibles gaseosos producidos a partir de biomasa. En la mayoría de los casos, el biogás es metano producido a partir de biomasa y el biopropano es propano o butano producido a partir de biomasa. Esto significa que, si no estuviera exento de impuestos, el biogás se gravaría al tipo del metano fósil, es decir, del gas natural, mientras que el biopropano se gravaría al tipo del propano fósil, normalmente denominado GLP (gas licuado de petróleo).

(22)

El régimen del combustible para calefacción modificado solo incluye biogás y biopropano no provenientes de fuentes alimentarias y ya no está abierto a otros biocarburantes. La antigua exención fiscal de los biolíquidos gravables, como el metanol no sintético y las grasas y aceites animales y vegetales, se suprimió en la legislación sueca a partir del 1 de enero de 2021.

(23)

Suecia alegó que el ámbito de aplicación de los regímenes modificados incluye todas las tecnologías para la producción de gas a partir de biomasa sostenible que actualmente compiten entre sí.

(24)

Además, Suecia ha confirmado que supervisará periódicamente la evolución del mercado y, en caso necesario, revisará las normas de admisibilidad para garantizar que cualquier limitación de la admisibilidad pueda seguir estando justificada cuando se desarrollen nuevas tecnologías o enfoques o se disponga de más datos.

(25)

Para poder acogerse a las exenciones fiscales, el biogás y el biopropano deben cumplir los criterios de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en la Ley sueca (2010:598) sobre criterios de sostenibilidad para biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. Esta ley aplica la Directiva sobre fuentes de energía renovables («DFER I») (23), modificada por la Directiva sobre el cambio indirecto del uso de la tierra (24), y se actualizó el 1 de julio de 2021 para incluir los cambios de la Directiva revisada sobre fuentes de energía renovables («DFER II») (25). Solo el biogás y el biopropano no provenientes de fuentes alimentarias que cumplan los criterios aplicables pueden acogerse a las exenciones fiscales. El biogás y el biopropano no sostenibles, así como el biogás y el biopropano provenientes de fuentes alimentarias (26), se gravan al tipo del gas natural y del GLP, respectivamente.

(26)

Suecia no aplica un sistema de cuotas, una obligación de mezcla ni ningún otro sistema con efectos similares para el biogás y el biopropano utilizados como carburante o para calefacción, y ha indicado que no tiene intención de aplicar ninguna medida de este tipo durante el período de vigencia de los regímenes.

(27)

Las autoridades suecas también confirmaron que, en caso de mezcla de biogás y biopropano con otros tipos de gas/combustible, las exenciones fiscales solo son aplicables a la parte renovable de dichas mezclas.

(28)

El objetivo principal que se persigue en los regímenes es la protección del medio ambiente mediante un mayor uso de biogás y de biopropano sostenibles y no provenientes de fuentes alimentarias como carburantes y combustibles para calefacción. Suecia explica que, dado que el uso de combustibles fósiles genera mayores niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, la sustitución del gas natural por biogás y del GLP por biopropano tendrá el efecto de reducir estas emisiones. Aunque Suecia superó su objetivo nacional de energías renovables para 2020, las autoridades suecas explicaron que una mayor reducción de dichas emisiones sería fundamental para alcanzar el objetivo de la UE para 2030 en materia de energías renovables, así como el objetivo nacional de reducir, de aquí a 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte nacional en al menos un 70 % en comparación con 2010. Además, los regímenes deben contribuir a los esfuerzos de Suecia y de la UE en su conjunto para cumplir el Acuerdo de París.

(29)

Por lo que se refiere al régimen del carburante, las autoridades suecas añadieron que el sector del transporte representa aproximadamente un tercio de las emisiones totales de CO2 en Suecia. Las autoridades suecas explicaron que un mayor uso del biogás y la introducción del biopropano como carburante serían fundamentales para alcanzar los objetivos climáticos de Suecia a largo plazo (por ejemplo, Suecia pretende lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a la atmósfera de aquí a 2045 y emisiones negativas a partir de ese momento), así como su ambición de lograr un parque de vehículos sin combustibles fósiles. Una forma de reducir el uso de combustibles fósiles en Suecia es mediante una mayor sustitución de los combustibles fósiles por gases renovables como el biogás y el biopropano, que es el objetivo del régimen.

(30)

Sobre la base de las estadísticas y previsiones energéticas de la Agencia Sueca de la Energía, las autoridades suecas demostraron en el momento de la notificación que la utilización de biogás ha aumentado ligeramente desde 2013, pero que sigue siendo baja, es decir, inferior al 2 % de la energía total utilizada en el sector del transporte, y no se espera que aumente en gran medida en los próximos dos años. Las autoridades suecas explicaron que el coste de producción del biogás es demasiado elevado para que estos combustibles puedan competir con sus combustibles fósiles equivalentes. Ya se han realizado algunas inversiones en la producción de biogás, pero es necesaria una importante demanda de biogás para mantener y permitir las inversiones en los vehículos y la infraestructura necesarios.

(31)

Los beneficiarios directos de ambos regímenes son los siguientes.

(32)

En el marco del régimen del carburante, los beneficiarios directos de las exenciones fiscales son las empresas que están obligadas a pagar impuestos sobre la energía y el CO2 aplicados al gas y a presentar una declaración tributaria (los «contribuyentes»). Son proveedores de combustible e importadores de biogás (y biopropano). Entre ellos también puede haber productores de biogás (y biopropano), en la medida en que sean proveedores de combustible o consumidores finales. En definitiva, el impuesto se devenga cuando el carburante sale del último almacén de combustible antes de ser vendido a los consumidores finales. Los contribuyentes están exentos de los impuestos sobre la energía y el CO2 al gas y se espera que transfieran el beneficio de la exención fiscal al vender el biogás (o el biopropano) a los consumidores finales (por ejemplo, una empresa de transporte o un particular que reposte su vehículo en una estación de servicio).

(33)

En el marco del régimen del combustible para calefacción, los beneficiarios directos de las exenciones fiscales son los usuarios finales (por ejemplo, las empresas que operan en los sectores de la calefacción, la calefacción urbana o la fabricación). En este caso, el usuario final puede deducir el impuesto en su propia declaración fiscal (si es sujeto pasivo de los impuestos sobre la energía y el CO2), pero también es habitual que el usuario final adquiera el gas, impuesto incluido, y después solicite la devolución.

(34)

El objetivo de ambos regímenes es reducir el precio final del biogás y del biopropano para los consumidores finales. Los regímenes también reducen los costes de consumo para los productores que producen biogás (y biopropano) para uso propio.

(35)

Aunque los beneficiarios directos de los regímenes son las empresas que solicitan las exenciones fiscales a la agencia tributaria (ya sea directamente para los contribuyentes o en forma de devolución para los usuarios finales del régimen del combustible para calefacción), los regímenes también benefician indirectamente a los productores de biogás y biopropano sostenibles. Estos se benefician indirectamente de los regímenes debido a la mayor demanda de sus productos (biogás o biopropano sostenibles) por parte de los consumidores finales.

(36)

Los regímenes están abiertos tanto al biogás y al biopropano producidos en Suecia como al biogás y al biopropano importados.

(37)

Las autoridades suecas han explicado que el mercado sueco no es un mercado homogéneo con las mismas características. En la costa occidental sueca, existe una red de gas conectada a Dinamarca y, por tanto, a otros países europeos. Sin embargo, esta red europea solo cubre una parte muy pequeña de la masa terrestre total de Suecia. En otras partes de Suecia, por ejemplo en Estocolmo, existen redes locales. Sin embargo, en la mayoría de las regiones no existen redes de gas en absoluto. En estas zonas, el gas es distribuido por camiones a las estaciones de suministro. Las autoridades suecas han explicado además que, en Suecia, la mayoría de los productores son pequeños productores que producen biogás para su propio consumo (por ejemplo, agricultores que utilizan estiércol de su explotación) o solo para uno o dos clientes (por ejemplo, una empresa local de residuos que utiliza residuos municipales y produce biogás para la calefacción urbana o una empresa local de autobuses). Estos «mercados locales» se ven afectados de forma insignificante por la importación de biogás, gas natural o por la producción de biogás en otros lugares de Suecia.

(38)

Para beneficiarse de las exenciones fiscales, el beneficiario directo (contribuyente del régimen del carburante o usuario final del régimen del combustible para calefacción) debe presentar una decisión de la Agencia Sueca de la Energía que demuestre que el biogás y el biopropano que se beneficiarían de la exención fiscal son sostenibles y no provienen de fuentes alimentarias. Suecia ha establecido un sistema de control mediante el cual los beneficiarios directos reciben una decisión de la Agencia Sueca de la Energía que confirma que se cumplen los criterios de sostenibilidad y que el biogás o el biopropano no provienen de fuentes alimentarias.

(39)

La Agencia Sueca de Administración Tributaria administra el pago del impuesto por parte de los contribuyentes y garantiza, mediante una comprobación ex post de la declaración mensual de impuestos y mediante auditorías periódicas, que los contribuyentes respeten las disposiciones legales relativas a los tipos impositivos aplicables, las exenciones y otras condiciones establecidas en la Ley sueca de impuestos especiales sobre la energía. En caso de solicitud de devolución, la Agencia Sueca de Administración Tributaria lleva a cabo medidas de control y auditoría similares.

(40)

Las autoridades suecas han confirmado que la ayuda se concede automáticamente con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios, que está abierta a cualquier empresa que cumpla los criterios de subvencionabilidad y que no hay margen para ninguna medida discrecional de la Agencia Sueca de Administración Tributaria.

(41)

Por lo que se refiere a la condición establecida en el punto 131, letra d), de las Directrices de 2014, Suecia ha confirmado que no se concederá ninguna ayuda después de que se hayan amortizado completamente las instalaciones con arreglo a las normas contables habituales.

(42)

Las exenciones fiscales se conceden para compensar la diferencia entre los costes más elevados del biogás y el biopropano sostenibles no provenientes de fuentes alimentarias y los costes del gas natural y el GLP, respectivamente.

(43)

Los regímenes están sujetos a un seguimiento periódico por parte de las autoridades suecas. Suecia se ha comprometido a presentar a la Comisión informes anuales de seguimiento y a adaptar los niveles de ayuda, en caso necesario, para evitar toda posible sobrecompensación en el futuro.

(44)

Los informes de seguimiento se basan en información detallada recabada de los contribuyentes por la Agencia Sueca de la Energía, tanto en relación con el biogás producido en el país como con el biogás importado. La Agencia recopila datos a través de una obligación de notificación impuesta a los contribuyentes que se benefician del régimen, es decir, los proveedores, los importadores y los productores de combustible (en la medida en que estos últimos sean contribuyentes). La información requerida incluye datos sobre los volúmenes y los costes de producción, las importaciones o la compra directa de biogás. Los productores facilitan datos sobre sus costes de producción y otras entidades notificantes proporcionan datos sobre el precio de compra del biogás. En el caso de los importadores, este precio corresponde al precio real de compra, incluidos los costes aduaneros y de transporte.

(45)

El coste del biogás se determina calculando una media ponderada por volumen entre los costes declarados de producción, importación y compra. A continuación, el coste del biogás se compara con el coste de su equivalente fósil (27)(impuestos incluidos), ajustado en función del contenido de energía (28).

(46)

Las autoridades suecas explicaron que en el cálculo se reflejarían otros posibles regímenes de ayuda que reduzcan los costes de producción o los precios de importación y compra. Si el contribuyente es un productor, la ayuda concedida a nivel de producción se incluirá en los costes notificados (por ejemplo, en los costes de capital). Si el contribuyente es un proveedor o importador de combustible, es probable que la ayuda concedida a nivel de producción se refleje en los precios de compra o importación notificados.

(47)

Suecia ha presentado los resultados de los informes de seguimiento del biogás utilizado como carburante correspondientes a los años 2018 y 2019 (29), basados en la metodología descrita en los considerandos 44 a 46. El cuadro 1 muestra que el coste del biogás sin impuestos es considerablemente superior al coste del gas natural con impuestos.

Cuadro 1

Coste del biogás sostenible en Suecia para los años 2018 y 2019

(48)

Las autoridades suecas esperan que el coste del biogás sostenible sin impuestos siga siendo superior al coste del gas natural con impuestos en el futuro.

(49)

Suecia ha explicado que la tasa de rentabilidad del biogás en 2019 fue de alrededor del 10 %. Se espera que esta tasa se mantenga estable durante el período de vigencia del régimen.

(50)

Las autoridades suecas solo han facilitado costes estimados para el biogás, dado que el biopropano utilizado como carburante todavía no existía en Suecia en el momento de la notificación inicial, el 1 de abril de 2020.

(51)

En el caso del biopropano, Suecia estima que los costes del biopropano destinado a ser utilizado como carburante son significativamente más elevados que los del GLP. Las autoridades suecas se han comprometido a que, a medida que crezca el mercado del biopropano, en el informe anual de seguimiento se realice un cálculo que siga un método similar al del biogás. La Agencia Sueca de la Energía supervisará los costes del biopropano, comparará dichos costes con los costes del GLP y ajustará el nivel de ayuda, en caso necesario, para evitar una sobrecompensación. Si Suecia considera que la exención fiscal va más allá de lo necesario para cubrir la diferencia entre los costes del biopropano y del GLP, ajustará el nivel de ayuda en lugar de conceder una exención fiscal total.

(52)

El coste del biogás utilizado en los informes de seguimiento del régimen del combustible para calefacción se extrae del informe de seguimiento de la Agencia Sueca de la Energía sobre el biogás utilizado como carburante. Dado que el biogás que se consume en centrales de calefacción o de cogeneración no tiene que ser tan puro, se deduce el coste del refinamiento. Los costes de los derechos de emisión también se añaden al cálculo.

(53)

Suecia ha presentado los resultados de los informes de seguimiento del biogás utilizado como combustible para calefacción correspondientes a los años 2018 y 2019.

Cuadro 2

Cálculo de los costes del biogás utilizado para calefacción en centrales de producción de calor con arreglo a los informes de seguimiento de 2019 y 2018

Cuadro 3

Cálculo de los costes del biogás utilizado para calefacción en centrales de cogeneración con arreglo a los informes de seguimiento de 2019 y 2018

(54)

Los cuadros 2 y 3 muestran que la diferencia entre el coste total normalizado de producir energía correspondiente al biogás y el precio de mercado del gas natural es positiva, tras tener en cuenta la exención fiscal, tanto en el caso del biogás utilizado para calefacción en centrales de producción de calor como del biogás utilizado en centrales de cogeneración. El biogás utilizado para calefacción es más caro que el gas natural a pesar de las exenciones fiscales.

(55)

En lo que respecta al impuesto sobre el CO2, las autoridades suecas explicaron que, el 1 de agosto de 2019, el impuesto sobre el carbono al gas natural se elevó del 11 % del nivel general al 91 % en las centrales de cogeneración incluidas en el RCDE UE. A partir del 1 de enero de 2023, el impuesto sobre el CO2 no se aplica a ninguna central de producción de calor incluida en el RCDE UE. El impuesto sobre la energía más reducido se ha incrementado del 30 al 100 %. De este modo, los niveles de imposición y, por lo tanto, el precio del gas natural utilizado para calefacción en centrales de cogeneración son los mismos que en las centrales de calefacción. El cambio fiscal no ha dado lugar a una sobrecompensación (como se muestra en el cuadro 3 anterior).

(56)

Las autoridades suecas esperan que el coste del biogás sostenible utilizado para calefacción sin impuestos siga siendo superior al coste del gas natural con impuestos en el futuro.

(57)

Al igual que ocurre con el régimen del carburante (véase el considerando 50), debido a la escasa presencia de biopropano en el mercado sueco (43), las autoridades nacionales no disponen de datos suficientes sobre sus costes. Sin embargo, sobre la base de la información facilitada por dos productores suecos de biopropano, las autoridades suecas estiman que el coste del biopropano es casi el doble del coste del propano fósil. Las autoridades suecas se han comprometido a incluir el biopropano en los informes anuales de seguimiento a partir de la entrada en vigor del régimen, comparar sus costes de producción con los del propano fósil y ajustar la ayuda, en caso necesario, para evitar una sobrecompensación.

(58)

Suecia solicitó una prórroga de diez años de los regímenes, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2030.

(59)

A raíz de la anulación de las decisiones de 2020, la Agencia Sueca de Administración Tributaria publicó, el 7 de marzo de 2023, una declaración en la que indicaba que la Agencia ya no podía conceder una exención del impuesto en favor del biogás o del biopropano (44).

(60)

Las exenciones fiscales se financian con cargo al presupuesto del Estado en forma de ingresos fiscales no percibidos.

(61)

Las autoridades suecas estimaron el presupuesto para toda la duración del régimen del carburante en aproximadamente 5 150 millones SEK [477 millones EUR (45)], con un presupuesto anual de aproximadamente 470 millones SEK (43 millones EUR). En cuanto al régimen del combustible para calefacción, las autoridades suecas estimaron su presupuesto total entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2030 en aproximadamente 5 940 millones SEK (550 millones EUR).

(62)

En general, las exenciones fiscales pueden acumularse con ayudas y, en particular, con ayudas a la producción de biogás y biopropano sostenibles.

(63)

En Suecia, hay diversas autoridades que pueden conceder ayudas a la inversión que promuevan el biogás y el biopropano sostenibles en el marco de regímenes de ayudas estatales para la investigación y la innovación o con fines medioambientales en virtud del Reglamento general de exención por categorías (el «RGEC») (46).

(64)

Asimismo, también pueden concederse ayudas de funcionamiento para la promoción del biogás y el biopropano sostenibles con arreglo al RGEC.

(65)

Las autoridades suecas explicaron que los importes de las ayudas concedidas a los productores de biogás y biopropano se incluyen en el seguimiento y, por ende, se tienen en cuenta en la evaluación de la sobrecompensación.

(66)

Más concretamente, las autoridades suecas explicaron que, en el seguimiento de la sobrecompensación, se tiene en cuenta cualquier ayuda concedida a un productor, en Suecia o en otro Estado miembro, ya sea directamente, cuando la entidad notificante es un productor, o indirectamente, cuando la entidad notificante es un proveedor o importador de combustible (véase el considerando 46).

(67)

Suecia confirmó que cumple los requisitos del artículo 30 de la DFER II y que actualmente está trabajando para introducir en el país la base de datos de la Unión a que se refiere la DFER II y que se desarrolla en mayor medida en la DFER III. Suecia explicó que, dado que este sistema no estaba disponible ni cuando el país diseñó y notificó los regímenes, ni cuando la Comisión llevó a cabo la presente evaluación, hasta el momento no se ha podido tener en cuenta la información sobre el apoyo ya recibido de la documentación sobre el sistema de balance de masas. No obstante, Suecia explicó que, cuando la base de datos de la Unión esté plenamente operativa y la información que contenga sea completa, esto no requerirá ningún cambio en el diseño de los regímenes. El motivo es que la ayuda concedida a los productores de biogás y biopropano en el extranjero ya se tiene en cuenta indirectamente en el seguimiento a través del efecto de la ayuda en los precios de importación y, por ende, se tiene también en cuenta en la evaluación de la sobrecompensación (véanse los considerandos 65 y 66).

(68)

Las autoridades suecas se comprometieron a cumplir las disposiciones en materia de transparencia establecidas en la sección 3.2.7 de las Directrices de 2014 y en la sección 3.2.1.4 de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022 (las «Directrices de 2022») (47) y a publicar toda la información necesaria en un sitio web (48).

(69)

Las autoridades suecas explicaron que, para poder acogerse a las exenciones fiscales en virtud de los regímenes, el beneficiario de la ayuda no puede estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, ni ser una empresa en crisis, tal como se define en las Directrices de salvamento y reestructuración (49).

(70)

La Comisión adoptó la Decisión de incoación el 30 de enero de 2024.

(71)

Como se explica en la sección 3.3.1 de la Decisión de incoación, la Comisión evaluó la compatibilidad de los regímenes con el mercado interior, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 26 de enero de 2022, sobre la base de las condiciones establecidas en las secciones 3.2 y 3.3 de las Directrices de 2014, y a partir del 27 de enero de 2022, sobre la base de las condiciones establecidas en las secciones 3 y 4.1 de las Directrices de 2022.

(72)

A la luz de las conclusiones del Tribunal General (véanse los considerandos 7 a 12), según las cuales la Comisión debería haber albergado dudas en cuanto a la compatibilidad con el mercado interior de determinados aspectos del régimen, y a la luz de la información facilitada por Landwärme a la Comisión (véase la sección 2.7 de la Decisión de incoación), la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal.

(73)

Como ha señalado el Tribunal General, y sobre la base de la información comunicada en el momento de la adopción de las decisiones anuladas, la Comisión observó que las importaciones procedentes de otros países, en particular de Dinamarca, aumentaron en los años anteriores a la notificación de las prórrogas de los regímenes. En vista de ello, la Comisión se preguntó cuáles eran los factores determinantes de este incremento de las importaciones de biogás en Suecia y si ello podía explicarse por las medidas suecas y las de otros Estados miembros, en particular Dinamarca. La Comisión deseaba aclarar las repercusiones que la combinación de las ayudas concedidas en Suecia en virtud de los regímenes y de las concedidas a los productores de biogás por otros Estados miembros puede haber tenido en el incremento de las importaciones en Suecia de biogás producido en otros Estados miembros, en particular Dinamarca.

(74)

Además, la Comisión ha planteado dudas sobre la proporcionalidad de los regímenes, habida cuenta de la posible acumulación de las ayudas concedidas en virtud de ellos con las concedidas por Dinamarca a los productores de biogás. La Comisión deseaba aclarar si la supuesta acumulación se refería a los mismos costes subvencionables y, en caso afirmativo, si ello suponía una sobrecompensación en favor de aquellos productores beneficiarios de las ayudas a la producción en Dinamarca cuando venden biogás en Suecia. La Comisión también solicitó información a las partes interesadas que pudieran disponer de pruebas concretas que, en su opinión, indicaran una sobrecompensación por los regímenes suecos a los productores beneficiarios de ayudas a la producción concedidas en otro Estado miembro.

(75)

En total, seis terceros presentaron observaciones sobre la Decisión de incoación: Landwärme, la Agencia Danesa de la Energía, la Asociación Sueca del Gas, la Federación Europea de Energías Renovables (EREF), Eurogas (una asociación del gas) y GreenGasAdvisors (una consultora alemana).

(76)

En su escrito, Landwärme confirmó que la Decisión de incoación refleja con exactitud sus alegaciones en el asunto y la denuncia ante el Tribunal de 13 de octubre de 2020 (50), por lo que se refirió íntegramente a sus argumentos anteriores y se limitó a proporcionar información adicional.

(77)

Las observaciones presentadas por los terceros se resumen a continuación siguiendo las siguientes categorías: i) observaciones sobre los factores determinantes del incremento de las importaciones de biogás (véase la sección 3.1), ii) observaciones sobre la supuesta sobrecompensación (véase la sección 3.2), y iii) observaciones sobre otros temas (véase la sección 3.3).

(78)

Por lo que se refiere a los factores determinantes del incremento de las importaciones de biogás, la Asociación Sueca del Gas alegó que, dado que el biogás se grava por igual en Suecia, con independencia de su origen, la exención fiscal en sí misma no afecta al origen del biogás consumido, pero que la ayuda concedida en Dinamarca sí puede haber repercutido en el aumento de las importaciones de biogás procedentes de Dinamarca. La Asociación Sueca del Gas sostuvo que también existen otros factores que podrían haber repercutido en el incremento de las importaciones de biogás, por ejemplo, los aumentos del nivel del impuesto sobre el CO2 y la energía aplicado a los combustibles fósiles para determinadas industrias no incluidas en el RCDE UE que se produjeron en 2015, 2016, 2018, 2021 y 2022 y que generaron un aumento general de la demanda de biogás en Suecia.

(79)

En sus observaciones a la Decisión de incoación, Landwärme facilitó datos actualizados sobre la evolución de las importaciones de biometano sueco para demostrar el efecto distorsionador de los regímenes suecos. Landwärme explicó que, si bien el biometano total utilizado en Suecia aumentó un 145 % desde 2015, la producción solo aumentó un 17 % en el mismo período (2015-2021), lo que en su opinión indica que, por lo tanto, el crecimiento del uso de biometano se debe casi exclusivamente a las importaciones. Landwärme también alegó que, entre 2016 y 2020, las exportaciones de biometano danés a Suecia aumentaron de 200 GWh a 1 400 GWh y que, en 2020, estas importaciones correspondían a casi el 75 % de las importaciones totales de Suecia. Por último, Landwärme alegó que en 2021 y 2022 se importaron de Dinamarca 2 291 GWh y 1 938 GWh, respectivamente, lo que corresponde al 95 %, en 2021, y al 99 %, en 2022, de todas las importaciones de biometano en Suecia (51).

(80)

Landwärme señaló que los productores de biometano que acumularon dos subvenciones pudieron utilizar esta sobrecompensación para ofrecer sus garantías de origen en Suecia a precios más favorables que los productores que no reciben ayuda a la producción o que tienen que devolver la ayuda en caso de exportación, lo que obligó a los productores de biometano suecos y a los productores de otros Estados miembros a abandonar el mercado. Landwärme alegó además que, mientras las importaciones de biometano doblemente subvencionado aumentaban de forma constante, la producción de biometano sueco se estancó y solo podía garantizarse mediante mayores subvenciones, así como que los productores de otros Estados miembros que no recibían subvenciones se habían visto completamente excluidos del mercado sueco.

(81)

La EREF declaró de manera general que los productores que no recibieron subvenciones se han visto obligados a abandonar los mercados debido a la desventaja competitiva creada por el comercio transfronterizo incontrolado de biometano subvencionado.

(82)

La Agencia Danesa de la Energía confirmó que el régimen danés del biogás pertinente es el mencionado en el considerando 89, letra b), de la Decisión de incoación, es decir, el régimen de apoyo al refinamiento del biogás para que pueda inyectarse en la red de gas. La Agencia Danesa de la Energía indicó que este régimen fue aprobado por la Comisión en 2013 (52) y que se cerró a nuevas solicitudes en 2019 (53). La Agencia Danesa de la Energía confirmó que la descripción del régimen danés del biogás y de la prueba de sobrecompensación de Dinamarca que figura en la sección 2.9 de la Decisión de incoación es correcta. Explicó que, en el marco del régimen danés del biogás, los beneficiarios: i) reciben una prima uniforme además del precio de mercado del gas natural; ii) tienen derecho a recibir y vender garantías de origen y todos estos ingresos (procedentes de la venta de gas, es decir, el precio del gas natural, la venta de garantías de origen y la prima) se recogen en los estados financieros anuales de los productores daneses de biogás. La evaluación anual de la sobrecompensación se basa en la información contenida en los estados financieros de los beneficiarios sobre el régimen en su conjunto (54). La Agencia Danesa de la Energía alegó que este método considera los efectos de los regímenes suecos, dado que la mayor demanda de biogás se reflejará en un aumento de los ingresos consignados en los estados financieros anuales de los beneficiarios. La Agencia Danesa de la Energía afirmó que la evaluación anual de la sobrecompensación que aplica es rigurosa, ya que se basa en información pública verificada por contables. La Agencia Danesa de la Energía explicó además que Dinamarca realiza la evaluación ex post sobre períodos sucesivos de tres años. Si el período trienal anterior muestra que los beneficiarios han recibido una sobrecompensación, la prima se ajustará a la baja. La Agencia Danesa de la Energía indicó que la evaluación realizada en los períodos 2018-2020 y 2019-2021 no indicó ninguna sobrecompensación. La Agencia añadió que, por primera vez, la evaluación de 2023 reveló una sobrecompensación en el período 2020-2022. Esto indicaba que la sobrecompensación se debió principalmente al aumento de los precios del gas que se produjo en este período. Por consiguiente, para corregir esta situación, Dinamarca redujo la prima en los tres años siguientes.

(83)

La Asociación Sueca del Gas explicó que, desde hace muchos años, Suecia cuenta con un mecanismo de control anual para detectar posibles sobrecompensaciones en el país y que, hasta la fecha, no ha habido ninguna sobrecompensación para el biogás. La Asociación Sueca del Gas indicó que los informes de seguimiento reflejan los costes de producción de biogás en Suecia, incluidas las ayudas concedidas a los productores. La Asociación Sueca del Gas explicó además que, en el caso del biogás importado, los informes se basan en los precios de importación, ya que Suecia no puede controlar los costes de producción ni las ayudas concedidas en otros países y que, en cualquier caso, se tiene en cuenta la ayuda concedida en otros países, ya que esta afectará al precio del biogás exportado a Suecia.

(84)

Asimismo, la Asociación Sueca del Gas señaló que si la combinación de los regímenes con la ayuda a la producción danesa diera lugar a una sobrecompensación en favor de los productores daneses, esto constaría en el mecanismo de control danés, dado que este tiene en cuenta todos los costes e ingresos, incluidos los ingresos relacionados con las ventas de gas y garantías de origen, así como la ayuda danesa.

(85)

En sus observaciones, Landwärme formuló críticas sobre el método de cálculo aplicado por la Comisión para determinar el nivel máximo admisible de ayuda al evaluar los sistemas de apoyo al biometano, incluidos los regímenes suecos, en relación con dos aspectos. En opinión de Landwärme, esto permite una sobrecompensación al no considerar: (1) los ingresos generados por la venta de garantías de origen, y (2) las ayudas concedidas en otros Estados miembros. Por lo que se refiere al primer punto, Landwärme explicó que los ingresos generados por la venta de garantías de origen proporcionan beneficios a los productores de biometano. Dado que estos beneficios permiten a los productores de biometano compensar (parcialmente) sus costes de producción de biometano, deben tenerse en cuenta a la hora de determinar el nivel máximo admisible de ayuda; de lo contrario, los regímenes fiscales pueden dar lugar a una sobrecompensación. En lo que respecta al segundo punto, Landwärme alegó que el método de cálculo aplicado por la Comisión solo tiene en cuenta las circunstancias nacionales y pasa por alto el comercio transfronterizo. Sin embargo, el biometano que se exporta a otros Estados miembros puede haber recibido ya ayuda en el país de origen. En estas circunstancias, los costes adicionales asociados a la producción de biometano ya se han compensado parcial o totalmente. Por lo tanto, la concesión de una ayuda adicional en los Estados miembros importadores puede dar lugar a una sobrecompensación.

(86)

Landwärme presentó un cálculo para demostrar que la acumulación de la ayuda danesa, la exención fiscal sueca y las garantías de origen da lugar a una sobrecompensación de los productores daneses. Landwärme comparó los costes de producción de biometano de 67,5 EUR por MWh, según sus conocimientos del mercado, con ingresos compuestos por el valor del gas físico (13,27 EUR/MWh), y sugirió que la diferencia ya superaba la ayuda a la producción danesa (54,23 EUR/MWh frente a 55,27 EUR/MWh). A continuación, Landwärme sumó la ayuda sueca (29,56 EUR/MWh) y los ingresos procedentes de las garantías de origen (no cuantificados). Sobre esta base, Landwärme alegó que la sobrecompensación equivale a la ayuda sueca más el precio de la garantía de origen (así como una pequeña parte de la ayuda danesa) (55).

(87)

Por último, para garantizar la ausencia de sobrecompensación, Landwärme recomendó que Suecia excluyera del régimen el biometano importado que ha sido subvencionado en su país de origen.

(88)

Según GreenGasAdvisor, Dinamarca calculó que la ayuda a los productores nacionales era suficiente con la combinación de la ayuda a la inyección y la venta de garantías de origen, por lo que cualquier ayuda adicional más allá de la venta de garantías de origen fuera de Dinamarca supondría una sobrecompensación de los costes de producción al compensar doblemente el metano físico.

(89)

La EREF y Eurogas formularon observaciones generales sobre el hecho de que la acumulación de múltiples regímenes de ayuda de diferentes países puede dar lugar a una sobrecompensación y a una distorsión en el mercado de la UE, y de que la Comisión debería, en su práctica decisoria, supervisar la compatibilidad de las ayudas teniendo en cuenta específicamente los aspectos transfronterizos y la interacción entre los regímenes de ayuda. La EREF lamenta que las Directrices de 2022 no excluyan la exportación de gas ecológico subvencionado en el mercado de la UE.

(90)

Algunas partes interesadas alegaron una posible infracción de la DFER II en lo que respecta a los métodos de cómputo de los objetivos en materia de fuentes de energía renovables que pueden aplicar los distintos Estados miembros y el posible doble cómputo de la misma unidad de energía en los objetivos en materia de fuentes de energía renovables vinculados al comercio transfronterizo de biometano subvencionado.

(91)

La Asociación Sueca del Gas reaccionó ante la posible indicación del Tribunal General de que Suecia debía o podía aplicar diferentes niveles de imposición en función de la ayuda recibida en los distintos países de origen (56).

(92)

La Asociación Sueca del Gas alegó que la Directiva sobre fiscalidad de la energía (57) permite diferentes niveles de imposición en función del contenido de biomasa, pero no del origen ni de los niveles de ayuda a la producción. Además, de conformidad con el artículo 110 del TFUE, los Estados miembros no están autorizados a gravar los productos importados con tributos internos superiores a los que graven los productos nacionales similares. Por lo tanto, para que la Directiva sobre fiscalidad de la energía pueda aplicar en la práctica la posibilidad de diferenciar los niveles de imposición sobre la base del contenido de biomasa, los Estados miembros deben poder aplicar el mismo nivel de reducción fiscal a los productos importados y a los de producción nacional, a pesar de que los costes de producción y los niveles de ayuda a la producción difieran de un país a otro, lo que suele ocurrir. La Asociación Sueca del Gas llegó a la conclusión de que es razonable utilizar un método viable para detectar y corregir cualquier posible sobrecompensación en tal situación, teniendo en cuenta la ayuda a la producción nacional así como la ayuda concedida a los productores de otros países. La Asociación Sueca del Gas sostuvo que este es el método que se utiliza en Suecia, tal como se ha descrito anteriormente.

(93)

En sus observaciones a la Decisión de incoación, Landwärme también cuestionó el riesgo de sobrecompensación que puede derivarse de la ayuda a la producción sueca para los productores suecos de biometano. A juicio de Landwärme, esta ayuda nunca se notificó a la Comisión a pesar de que afectaba significativamente a la evaluación del régimen fiscal. Landwärme alegó que Suecia debía tener en cuenta esta ayuda a la producción a la hora de determinar el nivel de ayuda del régimen fiscal. De lo contrario, la acumulación de ambas ayudas podría dar lugar a una sobrecompensación. En segundo lugar, Suecia debe garantizar que las garantías de origen para el biometano cuyos productores han recibido una ayuda a la producción no puedan exportarse a menos que el productor de biometano reembolse íntegramente la subvención a Suecia. De lo contrario, se permitirá que los productores suecos de biometano acumulen subvenciones exportando sus garantías de origen. Por último, Suecia debe velar por que la concesión de una subvención se indique en la garantía de origen para evitar elusiones y descartar la posibilidad de una doble subvención en otro país en caso de que se exporte la garantía de origen.

(94)

Esta sección resume las observaciones facilitadas por Suecia el 5 de marzo de 2024 sobre la Decisión de incoación y las recibidas el 6 de mayo de 2024 sobre las observaciones de terceros.

(95)

Suecia explicó que no dispone de datos empíricos sobre los efectos de las exenciones fiscales en los volúmenes de biogás importado, pero considera que no existe correlación. Dado que el biogás se grava por igual con independencia de su origen, la exención fiscal en sí misma no afecta al origen del biogás.

(96)

Suecia reconoció que las subvenciones en Dinamarca pueden haber repercutido en las importaciones al mercado sueco. No obstante, Suecia señala que puede haber otros factores que determinen el aumento de las importaciones procedentes de Dinamarca, ya que el mercado del gas es internacional y complejo.

(97)

En respuesta a las observaciones de Landwärme, Suecia explicó que las diferencias de precios entre, por ejemplo, el biogás sueco, danés y alemán no se crean, refuerzan o neutralizan mediante una exención fiscal sobre el consumo de biogás en la que todo el biogás reciba el mismo trato. La exención fiscal puede (y tiene por objeto) influir en el precio final de mercado del biogás en relación con el del gas natural. La exención fiscal afectará a las cantidades de biogás y de gas natural consumidas en Suecia en favor del biogás. Sin embargo, mientras la exención fiscal sea igual para todo el biogás, dicha exención fiscal nunca será la razón de las cantidades relativas de biogás consumido en los distintos países de origen. Mientras los productores de biogás de un Estado miembro reciban más ayuda a la producción que los productores de otro Estado miembro, el coste de producción del biogás en el primer Estado miembro será siempre inferior, siempre y cuando otros costes de producción sean similares. Además, los costes de producción entre dos Estados miembros o dos productores siempre pueden diferir, independientemente de la ayuda recibida. Suecia concluye que una exención fiscal equitativa no distorsiona ni agrava distorsiones existentes entre los agentes del biogás.

(98)

Suecia alegó que existen mecanismos de control para supervisar posibles sobrecompensaciones en Suecia. Los informes de seguimiento de 2018 y 2019 muestran que no se ha producido una sobrecompensación y prevén que no debería haberla en el futuro. Los informes de seguimiento reflejan los costes de la producción de biogás en Suecia. En cuanto al biogás importado, los cálculos se basan en los precios de importación, que reflejan los importes de la ayuda concedida a un productor de otro Estado miembro y de las garantías de origen. Suecia explicó que no puede tener en cuenta los costes de producción del biogás importado: ni Suecia ni los importadores podían tener conocimiento de los costes de producción ni de las ayudas concedidas a los productores en otros países.

(99)

Además, Suecia reconoció que Dinamarca dispone de un mecanismo de control que incluye en el análisis del déficit de financiación todos los ingresos, incluidos los ingresos procedentes de las garantías de origen. Suecia explicó que, cuando los productores daneses venden biogás a Suecia, los precios de exportación se reflejan en los ingresos de la misma manera que los precios de importación se reflejan en forma de costes para los compradores suecos. Los mecanismos danés y sueco se complementan entre sí en este sentido y supervisan una posible sobrecompensación en cada uno de los mercados.

(100)

Por lo que respecta a las observaciones concretas de Landwärme, Suecia aclaró que:

(101)

En lo que respecta a la recomendación de Landwärme de que Suecia excluya del régimen el biometano importado que ha sido subvencionado en su país de origen, Suecia alegó que las normas sobre ayudas estatales no prohíben la acumulación de ayudas y que esta sugerencia no tiene en cuenta si la acumulación de ayudas realmente da lugar a una sobrecompensación.

(102)

Suecia aclaró que no existe un doble cómputo de la misma unidad de energía en los objetivos en materia de fuentes de energía renovables vinculados al comercio transfronterizo de biometano subvencionado en Suecia.

(103)

Suecia reaccionó ante la posible indicación del Tribunal General de que Suecia debía o podía aplicar diferentes niveles de imposición en función de la ayuda recibida en los distintos países de origen (58).

(104)

Suecia alegó que la aplicación de tipos impositivos distintos en función del origen del gas no es posible ni razonable por varios motivos. Los impuestos especiales son impuestos indirectos vinculados a los productos y no pueden fijarse de forma individual, sino que deben ser iguales para todos los usuarios de los mismos productos para los mismos fines. Además, la lógica de la armonización de los impuestos especiales a escala de la UE no debe ser reducir las diferencias en los costes de producción entre los productos procedentes de distintos Estados miembros. Asimismo, las reducciones fiscales son complementarias de las ayudas a la producción, ya que tienen finalidades distintas: respectivamente, aumentar la demanda y la producción de biogás.

(105)

Suecia indicó además que, en principio, en virtud de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, los productos energéticos con los mismos códigos NC (que no tienen en cuenta el país de origen) deben tener el mismo nivel de imposición. Suecia también señaló que no existe una preferencia armonizada en la UE sobre cómo apoyar el biogás: al considerar que la ayuda a la producción en un Estado miembro imposibilita una exención fiscal en otro Estado miembro, la Comisión optaría por un medio de apoyo preferente para todos los Estados miembros, es decir, ayudas a la producción.

(106)

Como conclusión, Suecia declaró que sería más apropiado y eficaz exigir que no se concedieran ayudas a la producción a los productos que se exportan, en lugar de exigir que se apliquen tipos del impuesto especial distintos en función del origen del biogás.

(107)

A este respecto, Suecia aclaró que los regímenes de ayuda mencionados por Landwärme se aplican de conformidad con el RGEC (véanse, por ejemplo, los asuntos SA.111255 y SA.112758). Suecia confirmó que, de conformidad con los requisitos del RGEC, se considera cualquier otra ayuda, como la exención fiscal, cuando se determina el nivel proporcionado de ayuda a la producción en Suecia, lo que significa que ya se ha tenido en cuenta el supuesto problema de acumulación. Por último, Suecia aclaró que, por el momento, no se expiden garantías de origen a los productores suecos de biogás.

(108)

El artículo 107, apartado 1, del TFUE, dispone que son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(109)

Para poder determinar si existe ayuda estatal, la Comisión debe evaluar si se cumplen las condiciones acumulativas previstas en el artículo 107, apartado 1, del TFUE (transferencia de recursos estatales e imputabilidad del Estado, ventaja selectiva, posible falseamiento de la competencia y efectos sobre el comercio en el interior de la UE) para la medida objeto de evaluación.

(110)

La Comisión ya concluyó de forma preliminar en la Decisión de incoación (véanse los considerandos 99 a 105 de la Decisión de incoación) que los regímenes constituyen ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(111)

Las exenciones fiscales se establecen en la Ley sueca (1994:1776) relativa a los impuestos especiales (véase el considerando 18) y reducen los ingresos fiscales del Estado. Por lo tanto, son imputables al Estado y están financiadas con cargo a recursos públicos.

(112)

Los beneficiarios directos de los regímenes son los contribuyentes del régimen del carburante y los usuarios finales del régimen del combustible para calefacción (véanse los considerandos 32 y 33). Son aquellos que no pagan el impuesto que normalmente se pagaría a la agencia tributaria o que solicitan a la agencia tributaria la devolución del impuesto que han pagado sobre el biogás y el biopropano sostenibles no provenientes de fuentes alimentarias.

(113)

Sin embargo, los regímenes también benefician indirectamente a los productores de biogás y biopropano sostenibles no provenientes de fuentes alimentarias a través de una mayor demanda de sus productos (véase el considerando 35).

(114)

La ventaja es selectiva, ya que solo afecta al biogás y al biopropano sostenibles no provenientes de fuentes alimentarias, que sirven de sustitutos del gas natural y el GLP.

(115)

Dado que el biogás y el biopropano para fines de transporte y calefacción son objeto de comercio entre los Estados miembros y sirven de sustitutos de los combustibles fósiles, es probable que las exenciones fiscales afecten al comercio entre los Estados miembros y puedan falsear la competencia.

(116)

En particular, la parte suroccidental de Suecia está conectada a la red europea de gas a través de Dinamarca. Por lo tanto, Suecia comercializa gas y biogás con los países vecinos y, en particular, con Dinamarca. También existe una red regional de gas en Estocolmo, alimentada con biogás inyectado localmente y GNL/BGL transportados. Sin embargo, la Comisión señala que, por lo demás, el mercado sueco del biogás está en gran medida desconectado de la red, con diversas redes locales y regionales o plantas de biogás y estaciones de servicio independientes (véase el considerando 37).

(117)

Por todo lo anterior (véanse los considerandos 111 a 116), y como se ha sostenido en decisiones anteriores (59), la Comisión concluye que los regímenes constituyen ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(118)

Aunque las autoridades suecas notificaron los regímenes antes de su entrada en vigor, las decisiones de 2020 por las que se autorizaban los regímenes fueron anuladas por el Tribunal General. Por lo tanto, los regímenes deben considerarse ilegales (60).

(119)

El artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE dispone que la Comisión puede considerar compatibles con el mercado interior «las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común». Por tanto, de acuerdo con esta disposición del Tratado, una ayuda compatible debe contribuir al desarrollo de determinadas actividades (o regiones) económicas (61). Además, la ayuda no debe distorsionar la competencia de forma contraria al interés común.

(120)

Como se menciona en el considerando 71, la Comisión ha evaluado la compatibilidad de los regímenes con el mercado interior, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 26 de enero de 2022, sobre la base de las condiciones establecidas en las secciones 3.2 y 3.3 de las Directrices de 2014, y a partir del 27 de enero de 2022, sobre la base de las condiciones establecidas en las secciones 3 y 4.1 de las Directrices de 2022.

(121)

De conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, para poder considerarse compatible con el mercado interior, la medida debe contribuir al desarrollo de determinadas actividades (o regiones) económicas (62).

(122)

La Comisión observa que los regímenes apoyan, mediante exenciones fiscales, el consumo de biogás y biopropano sostenibles utilizados como carburante o combustible para calefacción y, por ende, también indirectamente la producción de biogás y biopropano sostenibles (véase el considerando 35). La actividad económica apoyada por los regímenes es, por tanto, la producción de biogás y biopropano sostenibles.

(123)

El objetivo de los regímenes es contribuir a la consecución de los objetivos mencionados en el considerando 28.

(124)

Por consiguiente, la Comisión concluye que los regímenes facilitan el desarrollo de actividades económicas, tal como exige el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

(125)

Una medida de ayuda tiene efecto incentivador cuando incentiva al beneficiario a modificar su comportamiento en aras del desarrollo de una actividad económica determinada perseguida por la medida de ayuda y cuando el cambio de comportamiento no sucedería sin dicha ayuda (63). Este es el caso, en particular, cuando los costes de la energía renovable superan el precio de mercado de la forma de energía en cuestión y la ayuda puede contribuir a reducir estos costes medioambientales adicionales.

(126)

Como se muestra en los cuadros 1, 2 y 3, para los contribuyentes, el coste unitario del biogás para fines de automoción o calefacción es superior al precio de mercado por unidad de gas natural. Suecia explica que esto también ocurre con el biopropano. Como se menciona en los considerandos 51 y 57, Suecia se comprometió a incluir el biopropano en los informes anuales de seguimiento y a comparar su coste con el precio del propano fósil y ajustar el nivel de ayuda, en caso necesario, para evitar una sobrecompensación. Además, Suecia adaptará sus informes anuales de seguimiento para tener en cuenta las exenciones del RCDE para la fracción de biogás utilizada en centrales de calefacción y de cogeneración de conformidad con los requisitos de seguimiento y notificación cuando se adopten con arreglo a la Directiva 2003/87/CE.

(127)

Dado que las exenciones fiscales fomentarán el uso de biogás y biopropano sostenibles, también incentivarán la producción de estos tipos de combustibles renovables. Por lo tanto, la Comisión considera que la ayuda tendrá un efecto incentivador de conformidad con el punto 49 de las Directrices de 2014.

(128)

La ayuda estatal no puede declararse compatible con el mercado interior si la actividad subvencionada, la medida de ayuda o las condiciones asociadas a esta entrañan de forma indisociable una infracción del Derecho de la Unión (64).

(129)

Como se menciona en el considerando 25, Suecia garantizará que cualquier ayuda en virtud de los regímenes se conceda únicamente al biogás y al biopropano que cumplan los criterios aplicables de la UE en materia de sostenibilidad y emisiones de gases de efecto invernadero, tal como se establece en la DFER I y la DFER II.

(130)

De conformidad con el punto 113 de las Directrices de 2014, Suecia también ha confirmado que no se concederá ninguna ayuda en virtud de los regímenes a los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimenticios (véase el considerando 20).

(131)

Dado que los regímenes atañen a exenciones de impuestos especiales para los productos energéticos, la Comisión también evaluó su conformidad con la Directiva sobre fiscalidad de la energía.

(132)

El artículo 16, apartado 1, de la Directiva sobre fiscalidad de la energía permite a los Estados miembros aplicar una exención fiscal o un tipo impositivo reducido a los biocarburantes. El artículo 16, apartado 2, limita la exención o reducción del impuesto a la parte del producto que realmente procede de la biomasa, como es el caso de los regímenes (considerando 27), ya que la exención fiscal solo se aplica a la parte de biogás y biopropano.

(133)

Además, los regímenes también se ajustan a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, que establece que la exención o reducción del impuesto aplicada por los Estados miembros se modulará en función de la evolución de los precios de las materias primas con el fin de evitar una sobrecompensación de los costes adicionales derivados de la producción de los productos. La Comisión observa que Suecia supervisa anualmente los precios de los productos pertinentes y, en caso necesario, ajusta los niveles de ayuda para evitar el riesgo de sobrecompensación en el futuro (véase el considerando 43).

(134)

Como se indica en el considerando 36, la exención del impuesto especial es aplicable independientemente del origen del biogás o del biopropano y, por lo tanto, es conforme a las normas de libre circulación. El régimen fiscal aplicable a los impuestos especiales sobre la energía importada por otros Estados miembros debe ajustarse a la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (65).

(135)

Por lo que se refiere a las observaciones de terceros sobre la metodología de cómputo de los objetivos en materia de fuentes de energía renovables (véase el considerando 90), la Comisión considera que estas cuestiones metodológicas no afectan al objeto de la medida de ayuda, a saber, el fomento del biogás o del biopropano como tales, ni se refieren a modalidades de una medida de ayuda tan indisolublemente vinculadas al objeto de la ayuda que es imposible evaluarlas por separado. Por lo tanto, la Comisión no evalúa este punto en el contexto de la presente Decisión sobre ayudas estatales.

(136)

Por consiguiente, la Comisión concluye que los regímenes no infringen las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.

(137)

El mercado afectado por la ayuda es el mercado del biogás y el biopropano sostenibles en Suecia y en la UE.

(138)

Como se indica en la sección 5.3.2.1.1, la medida contribuye al desarrollo de determinadas actividades económicas, es decir, la producción de biogás y biopropano sostenibles. El fomento del desarrollo de las energías renovables es uno de los objetivos de la política energética de la Unión.

(139)

De acuerdo con la subsección 3.2.2 de las Directrices, el Estado miembro debe demostrar que la intervención estatal es necesaria y, en particular, que la ayuda es necesaria para subsanar una deficiencia del mercado que, de lo contrario, seguiría sin solucionarse. En el caso de la producción de energía renovable, la Comisión supone que sigue existiendo una deficiencia del mercado residual, que puede abordarse mediante ayudas a las energías renovables, por las razones expuestas en el punto 115 de las Directrices de 2014.

(140)

Sin la intervención del Estado, el biogás y el biopropano tendrían los mismos tipos impositivos que sus homólogos fósiles: el gas natural y el GLP, respectivamente. Como se muestra en los cuadros 1 a 3, sin la intervención del Estado, el biogás y el biopropano utilizados como carburante o combustible para calefacción serían más caros que su equivalente fósil. La Comisión considera, por tanto, que no se venderían en la medida necesaria para contribuir a los objetivos medioambientales que constituyen el objetivo de los regímenes. Sobre esta base, la Comisión concluye que la ayuda es necesaria.

(141)

Además, como se indica en el considerando 26, Suecia ha confirmado que el biogás y el biopropano que reciben ayuda en virtud de los regímenes no estarían sujetos a un sistema de cuotas, a obligaciones de mezcla ni a otros sistemas con efectos similares. Por lo tanto, se cumple el punto 114 de las Directrices de 2014.

(142)

De conformidad con el punto 40 de las Directrices de 2014, la medida propuesta debe ser un instrumento idóneo para dar respuesta al objetivo político en cuestión. De conformidad con el punto 116 de estas Directrices de 2014, la Comisión presume que las ayudas concedidas por los Estados miembros son adecuadas y tienen unos efectos falseadores limitados de cara a alcanzar sus objetivos climáticos y de sostenibilidad, a condición de que se cumplan todas las demás condiciones de compatibilidad.

(143)

La Comisión observa que las exenciones fiscales fomentan el consumo de biogás y biopropano sostenibles y, de este modo, fomentan su producción. El objetivo de los regímenes es contribuir a la consecución de los objetivos nacionales y de la UE mencionados en el considerando 28.

(144)

La Comisión considera que la ayuda en forma de reducción fiscal es, en principio, un instrumento adecuado para incentivar el consumo de energía renovable, siempre que se cumplan todas las demás condiciones de compatibilidad.

(145)

Según el punto 131 de las Directrices de 2014, las ayudas de funcionamiento concedidas a la energía producida a partir de fuentes renovables distintas de la electricidad deben cumplir las siguientes condiciones acumulativas:

(146)

Con respecto a la condición establecida en el punto 131, letra c), de las Directrices de 2014, la Comisión observa que los regímenes están sujetos a un seguimiento periódico por parte de las autoridades suecas. Suecia ha confirmado que seguirá supervisando el mercado de los carburantes y combustibles para calefacción y que se elaborarán informes de seguimiento que se enviarán periódicamente a la Comisión. Estos informes incluirán cálculos de costes actualizados relativos al biogás (y cálculos relativos al biopropano si este mercado se desarrolla). Suecia también se ha comprometido a que, en caso de que los costes evolucionaran de manera que se corriera un riesgo de sobrecompensación, los niveles de ayuda se adaptarían en consecuencia. La Comisión considera que, por lo tanto, se cumple la condición del punto 131, letra c), de las Directrices de 2014.

(147)

Como se ha mencionado en el considerando 41, Suecia ha confirmado que no se concederá ninguna ayuda después de que se hayan amortizado completamente las instalaciones con arreglo a las normas contables habituales. Por consiguiente, la Comisión considera que se cumple la condición del punto 131, letra d), de las Directrices de 2014.

(148)

Con respecto a la condición establecida en el punto 131, letra a), de las Directrices de 2014, Suecia ha explicado que sus informes de seguimiento para 2018 y 2019 revelan que no se ha producido una sobrecompensación para el biogás, y que las previsiones indican que tampoco debería haberla en el futuro. Los resultados de los informes de seguimiento elaborados por la Agencia Sueca de la Energía que figuran en los cuadros 1, 2 y 3 indican que sigue existiendo una diferencia de precios entre el gas natural y el biogás en detrimento del biogás, independientemente de la exención fiscal concedida.

(149)

Por lo que se refiere al punto 131, letra b), de las Directrices de 2014, las autoridades suecas alegaron que la tasa de rentabilidad del biogás en 2019 fue de alrededor del 10 %, lo que se ha considerado una tasa de rentabilidad razonable para el sector. Suecia se comprometió a supervisar anualmente la rentabilidad de la inversión y a ajustar el nivel de ayuda en caso necesario.

(150)

Por consiguiente, la Comisión concluye que se cumple el requisito del punto 131 de las Directrices de 2014.

(151)

Conforme a lo expuesto en la sección 3.2.5.2. de las Directrices de 2014, las ayudas podrán concederse simultáneamente en el marco de varios regímenes de ayuda o acumularse con ayudas ad hoc siempre que la cantidad total de las ayudas estatales para una actividad o proyecto no sobrepase los límites máximos fijados en dichas Directrices.

(152)

La Comisión observa que no se excluye que un productor pueda recibir ayudas a la producción y que su producción pueda así quedar exenta de impuestos sobre la energía y el CO2 en Suecia, en la medida en que cumpla las condiciones de subvencionabilidad detalladas en la sección 2.2.

(153)

La Comisión señala que dicha ayuda se concede en diferentes fases de la cadena de suministro y tiene diferentes beneficiarios directos. Las ayudas a la producción intervienen en la primera fase (la producción) y los regímenes suecos de exención fiscal intervienen en la última (el consumo). El objetivo del apoyo a la producción es fomentar la inversión en la producción de biogás proporcionando a los productores unos ingresos superiores o más estables de los que le proporcionaría normalmente el mercado. El objetivo de un régimen de consumo es reducir el precio del biogás para los consumidores finales a fin de que estos opten por comprar biogás en lugar de gas natural.

(154)

Como consideró el Tribunal General (66), las exenciones fiscales en Suecia no repercuten en los costes de producción. Podrían dar lugar a un aumento de la demanda que, a su vez, podría propiciar un aumento de los ingresos para el productor. Al mismo tiempo, como también consideró el Tribunal General (67), el biogás que recibió una subvención a la producción permitiría al productor vender biogás a un precio que pudiera competir con el gas natural.

(155)

Como se ha visto en la sección 2.5, las autoridades suecas explicaron que es posible una acumulación entre las exenciones fiscales y las medidas de concesión de ayudas a la inversión o de funcionamiento para los productores de biogás/biopropano. También explicaron que los importes de la ayuda que podrían haberse concedido a los productores de biogás/biopropano en Suecia se incluirán en los costes notificados y, por lo tanto, se tendrán en cuenta en el seguimiento de la compensación por parte de la Agencia Sueca de la Energía.

(156)

Por lo que se refiere a las observaciones de Landwärme sobre la acumulación con los regímenes suecos de ayuda a la producción (véase el considerando 93), y en vista de las respuestas facilitadas por Suecia (véase el considerando 107), la Comisión no identifica ninguna cuestión pertinente relacionada con la acumulación de los regímenes fiscales y otros regímenes suecos de ayuda a la producción. La Comisión observa que, por una parte, la posible ayuda a la producción se tiene en cuenta en la prueba de sobrecompensación realizada en el contexto de los regímenes fiscales (véanse los considerandos 65 y 66) y que, por la otra, Suecia garantiza el cumplimiento de los requisitos sobre acumulación del RGEC al conceder ayudas a la producción en virtud del RGEC (véase el considerando 107).

(157)

Sobre esta base, la Comisión concluye que los regímenes se ajustan a la sección 3.2.5.2 de las Directrices de 2014, en caso de acumulación con dicha ayuda a la producción a nivel nacional (68).

(158)

Como se explica en la Decisión de incoación, la Comisión había recibido información de Landwärme que mostraba que la cantidad de biogás procedente de Dinamarca había aumentado continuamente en Suecia entre 2015 y 2019.

(159)

Tras la Decisión de incoación, las observaciones recibidas tanto de terceros como de Suecia indican que en Suecia se ha producido un aumento de las importaciones de biogás procedentes de Dinamarca en los años anteriores a la notificación de la prórroga de los regímenes y tras la adopción de las decisiones de 2020.

(160)

Landwärme facilitó datos adicionales sobre este hecho (véase el considerando 79). Landwärme alegó que los productores de biometano que acumularon dos subvenciones recibieron una sobrecompensación y utilizaron dicha sobrecompensación para obligar a los productores suecos de biometano y a los productores de otros Estados miembros a salir del mercado sueco (véase el considerando 80).

(161)

La Asociación Sueca del Gas y Suecia consideran que aunque las subvenciones en Dinamarca pueden haber influido en las importaciones al mercado sueco, existen otros factores que también pueden haber repercutido (véanse los considerandos 78 y 96).

(162)

Sobre esta base, la Comisión considera que no puede descartarse que la ayuda concedida en Dinamarca haya tenido una repercusión en el aumento de las importaciones de biogás en Suecia procedentes de Dinamarca. Sin embargo, la Comisión también considera que las pruebas aportadas no permiten deducir de este hecho que exista un nexo causal con la sobrecompensación. Esta circunstancia puede haber sido simplemente el resultado de la existencia de un mayor número de instalaciones de producción de biogás en Dinamarca, que es el objetivo de la ayuda a la producción en Dinamarca y, por lo tanto, de una mayor oferta.

(163)

La Comisión entiende además que el razonamiento de Landwärme se apoya en las garantías de origen (lo que permite rastrear el origen). El comercio transfronterizo de biometano se basa, por regla general, en certificados. Una vez el biogás es inyectado en la red de gas, no se distingue del gas natural. Las garantías de origen, emitidas a efectos de la DFER II, tienen la única función de demostrar al consumidor final que una cuota o cantidad determinada de energía se ha obtenido a partir de fuentes renovables. Las garantías de origen son negociables. Las garantías de origen tienen un valor de mercado que debe tenerse en cuenta en los sistemas de apoyo pertinentes (69).

(164)

Por lo tanto, la cuestión pertinente no es si las garantías de origen se negocian, sino si estas (así como otras fuentes de ingresos) se incluyen en la prueba o pruebas de sobrecompensación.

(165)

La Comisión observa que tanto Suecia como Dinamarca llevan a cabo pruebas de sobrecompensación. La Comisión iniciará su evaluación con la prueba de sobrecompensación danesa.

(166)

Tal como confirmaron las autoridades danesas (véase el considerando 82), en el caso relativo al régimen de ayuda SA.35485 (70), Dinamarca lleva a cabo una evaluación anual de la sobrecompensación. El cálculo se basa en los estados financieros anuales de los beneficiarios y tiene en cuenta todos los costes e ingresos, incluidos, entre otros, los ingresos relacionados con las ventas de gas y garantías de origen, así como la ayuda danesa. Dinamarca realiza la evaluación sobre períodos sucesivos de tres años. Si la evaluación del período trienal anterior revela que los beneficiarios del sistema danés de apoyo al biometano han recibido una sobrecompensación, las autoridades nacionales revisan y adaptan el nivel de ayuda. Esto es lo que ocurrió tras la evaluación de 2023, tal como explicó Dinamarca. Las autoridades danesas añadieron que este método considera los efectos de los regímenes suecos, dado que la mayor demanda de biogás se reflejará en un aumento de los ingresos consignados en los estados financieros anuales.

(167)

La Comisión considera que la prueba realizada por Dinamarca está bien diseñada para garantizar la ausencia de sobrecompensación en el régimen danés (y para adoptar las medidas correctoras adecuadas en caso de que sí se produzca sobrecompensación). Entre 2020 y 2022, la propia Comisión llevó a cabo un ejercicio de seguimiento del régimen de ayuda SA.35485 y examinó detenidamente la prueba de sobrecompensación llevada a cabo por Dinamarca. Por lo tanto, la Comisión puede confirmar los argumentos daneses.

(168)

La Comisión observa que la prueba de sobrecompensación danesa tiene en cuenta todos los ingresos, incluidos los posibles ingresos procedentes de la venta de garantías de origen, así como cualquier efecto que la ayuda concedida en otros Estados miembros pueda tener en los ingresos de los productores daneses. La Comisión ya había señalado en la Decisión de incoación que el cálculo danés tiene en cuenta todos los ingresos, en particular los ingresos relacionados con las ventas de gas y las garantías de origen (véase el considerando 95 de la Decisión de incoación), contrariamente a lo que afirmaba Landwärme. En respuesta a la Decisión de incoación, ni Landwärme ni ninguna otra parte interesada aportaron pruebas de que esto fuera objetivamente erróneo.

(169)

Por lo que se refiere a los regímenes fiscales suecos en cuestión, la Asociación Sueca del Gas y Suecia explicaron que los informes de seguimiento reflejan los costes de producción de biogás en Suecia, incluidas las ayudas concedidas a los productores. En cuanto al biogás importado, los cálculos se basan en los precios de importación, que reflejan los importes de la ayuda concedida a un productor de otro Estado miembro, así como el precio de las garantías de origen. Suecia explicó que no puede tener en cuenta los costes de producción del biogás importado: ni Suecia ni los importadores podían tener conocimiento de los costes de producción ni de las ayudas concedidas a los productores en otros países (véanse los considerandos 83 y 98).

(170)

La Comisión observa que la prueba sueca se basa en el precio que debe asumir el proveedor de combustible, ya que es ahí donde se recauda el impuesto. La prueba sueca está diseñada de tal manera que el precio medio del biogás siga siendo superior al precio medio del gas natural en el mercado sueco, incluso con la exención fiscal. Cuando se importa el biogás, su precio en el mercado sueco corresponde al precio de importación, por ejemplo, el precio pagado al productor danés (e incluido en la prueba danesa) y los costes soportados por el importador (por ejemplo, los costes de transporte).

(171)

Landwärme considera que el método de cálculo utilizado por la Comisión en su evaluación de la compatibilidad de los regímenes de ayuda al biometano, en particular los regímenes suecos, da cabida a una sobrecompensación al no tener en cuenta los ingresos generados por la venta de garantías de origen y las ayudas concedidas en otros Estados miembros (véase el considerando 85).

(172)

La EREF, Eurogas y GreenGasAdvisor también plantearon preocupaciones generales en relación con el riesgo de sobrecompensación debido a la posible acumulación de ayudas procedentes de diversos regímenes en caso de comercio transfronterizo (véanse los considerandos 88 y 89).

(173)

La Comisión considera que, en el caso que nos ocupa, el riesgo de sobrecompensación se aborda adecuadamente mediante la combinación de las pruebas de sobrecompensación sueca y danesa. Los mecanismos danés y sueco se complementan entre sí de manera que, al evaluar la compatibilidad de la medida sueca, permiten garantizar que conjuntamente no den lugar a una sobrecompensación.

(174)

En particular, la prueba danesa ya aborda adecuadamente la sobrecompensación de los productores de biometano daneses, al incluir los ingresos de procedentes de las garantías de origen y los ingresos derivados del comercio transfronterizo. Por lo que respecta a Suecia, la prueba tiene en cuenta satisfactoriamente el comercio transfronterizo y la posible ayuda a la producción recibida en otros Estados miembros, ya que la prueba no se basa únicamente en la producción nacional, sino que también incluye el biogás importado. Además, se considera la ayuda concedida en otros países, ya que afectará al precio del biogás importado a Suecia (que se tiene en cuenta en la prueba sueca).

(175)

Por lo que se refiere al cálculo facilitado por Landwärme con el fin de demostrar la sobrecompensación de los productores daneses (véase el considerando 86), la Comisión señala que el cálculo se apoya en meras hipótesis y se basa en una malinterpretación de la prueba de sobrecompensación realizada por Dinamarca. Landwärme supuso que la ayuda a la producción danesa es la diferencia entre el coste de producción del biogás y el precio del gas natural y luego sumó la bonificación fiscal sueca (asumiendo que la totalidad de la bonificación se repercutió a los productores daneses), así como el precio de la garantía de origen. Por el contrario, la prueba realizada por Dinamarca se basa en datos financieros reales de los productores daneses que incluyen todos los ingresos y costes, como ya se describió en el considerando 95 de la Decisión de incoación. Esto implica que los posibles ingresos adicionales para los productores daneses derivados de la desgravación fiscal sueca (71), así como de la venta de garantías de origen, se incluyen en la prueba de sobrecompensación y, por lo tanto, se deducen de la ayuda a la producción danesa. Por consiguiente, la Comisión no puede concluir que haya recibido pruebas de una sobrecompensación derivada de los regímenes suecos a los productores en los casos en que otro Estado miembro concede ayuda a la producción (véase el considerando 231 de la Decisión de incoación). En concreto, el cálculo presentado por Landwärme no invalida las conclusiones anteriores según las cuales la sobrecompensación en Dinamarca se aborda adecuadamente.

(176)

En sus observaciones, algunos terceros, incluido Landwärme, propusieron que Suecia excluyera de los regímenes el biometano importado que haya sido subvencionado en su país de origen (véase el considerando 87). Como respuesta a esta sugerencia, Suecia declaró que las normas sobre ayudas estatales no prohíben la acumulación de ayudas y que esta sugerencia no tiene en cuenta si la acumulación de ayudas realmente da lugar a una sobrecompensación (véase el considerando 101). Asimismo, Suecia señaló que no existe una preferencia armonizada de la UE sobre cómo apoyar el biogás: al considerar que la ayuda a la producción en un Estado miembro imposibilita una exención fiscal en otro Estado miembro, la Comisión optaría por un medio de apoyo preferente para todos los Estados miembros, es decir, ayudas a la producción (véase el considerando 105). De conformidad con el punto 56 de las Directrices de 2022, la Comisión señala que la acumulación de ayudas en relación con los mismos costes subvencionables es posible siempre que el importe total de la ayuda para un proyecto o actividad no dé lugar a una sobrecompensación. La Comisión también hace referencia al punto 93 de las Directrices de 2022, que establece que, dada la magnitud y la urgencia del reto de la descarbonización, pueden utilizarse diversos instrumentos, incluidas las subvenciones directas. En el caso que nos ocupa, la Comisión entiende que esta sugerencia de Landwärme se plantea como una forma de abordar la sobrecompensación. Por lo tanto, la Comisión solo tendría que evaluar esta cuestión como punto pertinente en caso de que hubiera encontrado pruebas de sobrecompensación. Lo mismo es válido para la cuestión de si pueden aplicarse o no diferentes niveles de imposición (véanse los considerandos 91 y 92 y 103 a 106).

(177)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión concluye que los regímenes cumplen lo dispuesto en la sección 3.2.5.2. de las Directrices de 2014.

(178)

A la luz de las conclusiones de los considerandos 157 y 177, la Comisión concluye que los regímenes son proporcionados.

(179)

Los efectos negativos de la medida sobre la competencia y los intercambios deben estar suficientemente limitados, de modo que el balance general de la medida sea positivo. El Tribunal de Justicia ha aclarado que para evaluar si la medida afecta negativamente a las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, la Comisión debe ponderar los efectos positivos de la ayuda prevista para el desarrollo de las actividades que esta pretende apoyar y los efectos negativos que dicha ayuda puede tener en el mercado interior (72).

(180)

En cuanto al lado positivo del balance, la Comisión señala que la medida apoya el consumo de biogás y biopropano sostenibles y, de este modo, facilita el desarrollo de la producción de biogás y biopropano sostenibles. Además, la ayuda debe generar efectos positivos indirectos en términos de beneficios medioambientales.

(181)

A este respecto, la Comisión señala que el fomento del desarrollo de las energías renovables es uno de los objetivos de la política energética de la Unión con arreglo al artículo 194 del TFUE. Asimismo, el punto 30 de las Directrices de 2014 reconoce que puede lograrse un mayor nivel de protección del medio ambiente mediante la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y una proporción significativa de energía variable procedente de fuentes renovables.

(182)

Como se ha explicado en el considerando 30, el coste de producción del biogás es demasiado elevado para que estos combustibles puedan competir con sus combustibles fósiles equivalentes sin ayuda.

(183)

En cuanto al lado negativo del balance, la Comisión señala que los regímenes ofrecen una ventaja indirecta a los productores de biogás y biopropano sostenibles, dejando excluidos a los productores de otros combustibles.

(184)

El punto 116 de las Directrices de 2014 establece la presunción de que las ayudas a la energía procedente de fuentes renovables tienen unos efectos falseadores limitados, a condición de que se cumplan todas las demás condiciones de compatibilidad.

(185)

Sobre esta base, la Comisión concluye que no hay efectos negativos indebidos sobre la competencia y los intercambios entre Estados miembros.

(186)

En virtud de la sección 3.2.7 de las Directrices de 2014, los Estados miembros están obligados a publicar determinada información relativa a los beneficiarios de la ayuda. Suecia seguirá cumpliendo estas disposiciones y publicará la información pertinente en un sitio web (véase el considerando 68).

(187)

Como se ha visto en el considerando 69, las autoridades suecas seguirán velando por que no se conceda ninguna ayuda a empresas en crisis o a empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una medida de ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, de conformidad con los puntos 16 y 17 de las Directrices de 2014.

(188)

La Comisión concluye que la ayuda facilita el desarrollo de una actividad económica y no altera las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés común. Por lo tanto, la Comisión considera que la ayuda es compatible con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y de las disposiciones pertinentes de las Directrices de 2014.

(189)

Tras la adopción de las Directrices de 2022, la Comisión ha evaluado la compatibilidad de los regímenes para el período a partir del 27 de enero de 2022 sobre la base de dichas Directrices. Las actividades que reciben ayuda entran en la categoría de ayudas para la reducción y eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras, mediante el apoyo a las energías renovables y la eficiencia energética [véase el punto 16, letra a), de las Directrices de 2022].

(190)

La Comisión ha evaluado los regímenes con arreglo a las disposiciones generales de compatibilidad de la sección 3 de las Directrices de 2022, así como según los criterios de compatibilidad específicos de las ayudas para la reducción y eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido el apoyo a las energías renovables y a la eficiencia energética, que constan en la sección 4.1 de las Directrices de 2022.

(191)

En consonancia con los puntos 23 a 25 de las Directrices de 2022, los Estados miembros deben determinar las actividades económicas que se facilitarán como resultado de la ayuda y describir si la ayuda contribuirá, y cómo, a la consecución de las políticas y los objetivos de la Unión.

(192)

La Comisión observa que los regímenes apoyan, mediante exenciones fiscales, el consumo de biogás y biopropano utilizados como carburante o combustible para calefacción y, por ende, también indirectamente la producción de biogás y biopropano, lo que contribuye así al desarrollo de esta actividad económica (véase el considerando 35). Como se explica en el considerando 28, Suecia considera que, al promover el uso de combustibles renovables sostenibles, los regímenes contribuyen a alcanzar los mencionados objetivos nacionales y de la Unión.

(193)

De conformidad con el punto 80 de las Directrices de 2022, Suecia ha confirmado que los combustibles que reciban ayuda cumplirán los criterios de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en la DFER II y sus actos de ejecución o delegados (véase el considerando 25).

(194)

Por consiguiente, la Comisión considera que los regímenes cumplen los requisitos de la sección 3.1 y del punto 80 de las Directrices de 2022.

(195)

Solo puede considerarse que una ayuda estatal facilita una actividad económica si tiene un efecto incentivador. El efecto incentivador se da cuando la ayuda incentiva al beneficiario a modificar su comportamiento en aras del desarrollo de una actividad económica determinada perseguida por la ayuda y cuando el cambio de comportamiento no sucedería sin dicha ayuda (73).

(196)

Para demostrar la existencia de un efecto incentivador, el punto 28 de las Directrices de 2022 exige que se identifiquen la hipótesis factual y la probable hipótesis de contraste sin la ayuda. Además, el punto 28 de las Directrices de 2022 exige que el efecto incentivador se demuestre mediante la cuantificación a que se refiere la sección 3.2.1.3 de dichas Directrices. La sección 3.2.1.3 de las Directrices de 2022 hace referencia a los costes adicionales netos («déficit de financiación») necesarios para alcanzar el objetivo de la medida de ayuda, en comparación con la hipótesis de contraste sin ayuda. En el punto 54 de las Directrices de 2022 se explica que, en determinadas circunstancias, puede ser difícil identificar plenamente los beneficios o costes para el beneficiario y, por tanto, cuantificar el valor actual neto en la hipótesis factual y de contraste. En estos casos, podrán aplicarse enfoques alternativos, como se detalla en el capítulo 4 para tipos específicos de ayuda. A este respecto, el punto 110 de las Directrices de 2022 indica que cuando la reducción de un impuesto o de una exacción parafiscal reduzca los costes de explotación recurrentes, el importe de la ayuda no deberá superar la diferencia entre los costes del proyecto o la actividad respetuosos con el medio ambiente y la hipótesis de contraste menos respetuosa con el medio ambiente.

(197)

En los regímenes, la Comisión señala que la hipótesis factual es el consumo de biogás o biopropano sostenibles y la hipótesis de contraste es el consumo de combustible fósil equivalente.

(198)

En este contexto, la Comisión considera que, de conformidad con el punto 110 de las Directrices de 2022, la cuantificación pertinente aplicable a los regímenes consiste en la diferencia entre los costes de la actividad respetuosa con el medio ambiente y la hipótesis de contraste menos respetuosa con el medio ambiente, es decir, entre los costes del biogás (o biopropano) y los costes del combustible fósil equivalente.

(199)

Como se demuestra en los cuadros 1, 2 y 3, los costes del biogás sostenible para fines de automoción o calefacción son superiores a los costes del gas natural. La ayuda contribuye a reducir esos costes adicionales. Por consiguiente, la Comisión considera que las exenciones fiscales fomentarán el uso de biogás [y biopropano (74)] sostenibles y, en consecuencia, también incentivarán indirectamente la producción de estos tipos de combustibles renovables.

(200)

Sobre esta base, la Comisión considera que se cumplen los requisitos establecidos en los puntos 26 a 28 de las Directrices de 2022.

(201)

El punto 29 de las Directrices de 2022 establece que la ayuda no suele tener un efecto incentivador en aquellos casos en los que el inicio de los trabajos en el proyecto se produjo con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda. Sin embargo, el punto 31 explica que, en algunos casos excepcionales, la ayuda puede tener un efecto incentivador incluso cuando el proyecto se haya iniciado antes de solicitar la ayuda. En particular, se considera que la ayuda tiene un efecto incentivador cuando se concede automáticamente con arreglo a criterios objetivos y no discriminatorios y sin que el Estado miembro ejerza de nuevo su poder discrecional, y cuando la medida ha sido adoptada y está en vigor antes de que se haya empezado a trabajar en el proyecto o actividad subvencionados, excepto en los casos de regímenes fiscales sucesorios, en los que la actividad ya estuviese cubierta por los regímenes anteriores en forma de ventajas fiscales.

(202)

Como se indica en el considerando 40, la ayuda se concede automáticamente de acuerdo con criterios objetivos y no discriminatorios y sin que el Estado miembro tenga que volver a ejercer su poder discrecional. Además, los regímenes son sucesores de regímenes fiscales existentes, de modo que la actividad ya estaba cubierta por los regímenes anteriores. Por lo tanto, se cumplen los requisitos del punto 31 de las Directrices de 2022.

(203)

Por consiguiente, la Comisión concluye que la ayuda con arreglo a los regímenes tiene un efecto incentivador.

(204)

La ayuda estatal no puede declararse compatible con el mercado interior si la actividad que recibe ayuda, la medida de ayuda o las condiciones asociadas a esta suponen una infracción del Derecho de la Unión aplicable (75).

(205)

En el presente caso, la Comisión ha evaluado, en particular, si los regímenes contravienen cualquier legislación de la Unión pertinente en el sector de la energía. La Comisión observa que las ayudas en virtud de los regímenes para apoyar a los productos pertinentes se concederán de conformidad con los criterios de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en la DFER II (véase el considerando 25).

(206)

Dado que la medida atañe a reducciones y exenciones de impuestos especiales para los productos energéticos, la Comisión también tiene que evaluar su conformidad con la Directiva sobre fiscalidad de la energía.

(207)

El artículo 16, apartado 1, de la Directiva sobre fiscalidad de la energía permite a los Estados miembros aplicar una exención fiscal o un tipo impositivo reducido a los biocarburantes. El artículo 16, apartado 2, limita la exención o reducción del impuesto a la parte del producto que realmente procede de la biomasa, como es el caso del régimen (véase el considerando 27).

(208)

Además, la medida también se ajusta a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, que establece que la exención o reducción del impuesto aplicada por los Estados miembros se modulará en función de la evolución de los precios de las materias primas con el fin de evitar una sobrecompensación de los costes adicionales derivados de la producción de los productos. La Comisión observa que Suecia supervisa anualmente los precios de los productos pertinentes y, en caso necesario, ajusta los niveles de ayuda para evitar el riesgo de sobrecompensación en el futuro (véase el considerando 43).

(209)

Por lo que se refiere a las observaciones de terceros sobre la metodología de cómputo de los objetivos en materia de fuentes de energía renovables (véase el considerando 90), la Comisión considera que estas cuestiones metodológicas no afectan al objeto de la medida de ayuda, a saber, el fomento del biogás o del biopropano como tales, ni se refieren a modalidades de una medida de ayuda tan indisolublemente vinculadas al objeto de la ayuda que es imposible evaluarlas por separado. Por lo tanto, la Comisión no evalúa este punto en el contexto de la presente Decisión sobre ayudas estatales.

(210)

A la luz de lo anterior, la Comisión no tiene indicios de que ni los regímenes ni las condiciones asociadas a ellos entrañen de forma indisociable una infracción del Derecho de la Unión aplicable. Por consiguiente, la Comisión concluye que se cumple el requisito establecido en el punto 33 de las Directrices de 2022.

(211)

La Comisión concluye que los regímenes cumplen la primera condición (positiva) de la evaluación de compatibilidad, es decir, que la ayuda facilita el desarrollo de una actividad económica con arreglo a los requisitos establecidos en la sección 3.1 de las Directrices de 2022.

(212)

El punto 89 de las Directrices de 2022 establece que el Estado miembro deberá señalar las medidas políticas ya en vigor para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para demostrar la necesidad de la ayuda, los puntos 38 y 90 de dichas Directrices explican que el Estado miembro debe demostrar que el proyecto no se llevaría a cabo sin la ayuda, teniendo en cuenta la situación de contraste, así como los ingresos y costes relevantes, incluidos aquellos relacionados con las medidas señaladas en el punto 89 de las Directrices de 2022. A fin de garantizar que la ayuda siga siendo necesaria para cada categoría de beneficiario subvencionable, los Estados miembros deben actualizar su análisis de los costes e ingresos pertinentes al menos cada tres años en el caso de los regímenes que duren más de ese tiempo, tal como se establece en el punto 92 de las Directrices de 2022.

(213)

Suecia ha confirmado que el biogás y el biopropano que reciben ayuda en virtud de los regímenes no están sujetos a un sistema de cuotas, a obligaciones de mezcla ni a otros sistemas con efectos similares (véase el considerando 16).

(214)

Sin la intervención del Estado, el biogás y el biopropano estarían sujetos a los mismos tipos impositivos que sus homólogos fósiles: el gas natural y el GLP, respectivamente. Como se muestra en los cuadros 1 a 3, sin la intervención del Estado, el biogás y el biopropano utilizados como carburante o combustible para calefacción serían más caros que su equivalente fósil. La Comisión considera, por tanto, que no se venderían en la medida necesaria para contribuir a los objetivos medioambientales que constituyen el objetivo de los regímenes.

(215)

Durante el período de prórroga de los regímenes, Suecia ha confirmado que actualizará anualmente su análisis de costes y enviará un informe anual de seguimiento a la Comisión con cálculos de costes actualizados. En consonancia con sus compromisos anteriores, Suecia ha confirmado que, en caso de sobrecompensación, los niveles de ayuda se adaptarían para evitar cualquier sobrecompensación en el futuro (véase el considerando 43).

(216)

Sobre esta base, la Comisión concluye que la ayuda es necesaria.

(217)

El punto 93 de las Directrices de 2022 establece que la Comisión presume que la ayuda puede ser apropiada para lograr los objetivos de descarbonización, siempre y cuando se cumplan todas las demás condiciones de compatibilidad. Además, establece que, dada la magnitud y la urgencia del reto de la descarbonización, podrán utilizarse diversos instrumentos.

(218)

La Comisión observa que las exenciones fiscales fomentan el consumo de biogás y biopropano sostenibles y, de este modo, fomentan su producción.

(219)

La Comisión considera que la ayuda en forma de reducción fiscal es, en principio, un instrumento adecuado para incentivar el consumo de energía renovable, siempre que se cumplan todas las demás condiciones de compatibilidad.

(220)

El punto 95 de las Directrices de 2022 explica que cabe esperar que las medidas de descarbonización destinadas a actividades específicas que compiten con otras actividades no subvencionadas den lugar a mayores falseamientos de la competencia en comparación con las medidas abiertas a todas las actividades competidoras. Por lo tanto, los Estados miembros deben justificar las medidas que no incluyan todas las tecnologías y proyectos que compiten entre sí. Además, los Estados miembros deben revisar periódicamente las normas de admisibilidad y las normas conexas para garantizar que las razones alegadas para justificar una admisibilidad más limitada sigan aplicándose durante el período de vigencia de cada régimen, tal como se establece en el punto 97 de las Directrices de 2022.

(221)

La Comisión observa que los regímenes están abiertos al biogás y al biopropano no provenientes de fuentes alimentarias utilizados como carburantes o combustibles para calefacción que cumplan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la DFER II (véase el considerando 25).

(222)

La Comisión también señala que los regímenes incluyen todas las tecnologías que actualmente compiten entre sí (véase el considerando 23).

(223)

Como se menciona en el considerando 24, las autoridades suecas han confirmado que supervisarán periódicamente la evolución del mercado y, en caso necesario, revisarán las normas de admisibilidad y las normas conexas para garantizar que cualquier limitación de la admisibilidad pueda seguir estando justificada cuando se desarrollen nuevas tecnologías o enfoques o se disponga de más datos.

(224)

Por consiguiente, la Comisión considera que se cumplen los requisitos sobre subvencionabilidad de la sección 4.1.3.3 de las Directrices de 2022.

(225)

Con arreglo al punto 47 de las Directrices de 2022, se considera que la ayuda estatal es proporcionada si el importe por beneficiario se limita al mínimo necesario para realizar el proyecto o la actividad que reciben la ayuda. El punto 103 de dichas Directrices establece que las ayudas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero deberían concederse, en general, a través de un procedimiento de licitación competitivo. Sin embargo, el punto 109 de las Directrices de 2022 explica que, en el caso de regímenes de ayuda dirigidos a la descarbonización en forma de reducciones de impuestos o cargas parafiscales, no es obligatorio un procedimiento de licitación competitivo. Tales ayudas deberán concederse, en principio, de la misma manera a todas las empresas subvencionables que operen en el mismo sector de actividad económica y se encuentren en una situación de hecho idéntica o similar con respecto a los fines u objetivos de la medida de ayuda. El Estado miembro notificante deberá establecer un mecanismo de seguimiento anual para verificar que la ayuda sigue siendo necesaria. El punto 109 de las Directrices de 2022 especifica que las reducciones de impuestos o exacciones que reflejen los costes esenciales de la provisión de energía o servicios conexos no están cubiertas por la sección 4.1 de dichas Directrices.

(226)

Según el punto 110 de las Directrices de 2022, cuando la reducción de un impuesto o de una exacción parafiscal reduzca los costes de explotación recurrentes, el importe de la ayuda no deberá superar la diferencia entre los costes del proyecto o la actividad respetuosos con el medio ambiente y la hipótesis de contraste menos respetuosa con el medio ambiente. Cuando el proyecto o actividad más respetuoso con el medio ambiente pueda generar posibles ahorros de costes o ingresos adicionales, estos deberán tenerse en cuenta al determinar la proporcionalidad de la ayuda.

(227)

Suecia ha confirmado que la ayuda, concebida como una reducción fiscal general, está abierta a cualquier empresa que cumpla los criterios de subvencionabilidad (véase el considerando 40).

(228)

La Comisión observa que los regímenes no cubren las reducciones de impuestos que reflejen los costes esenciales de la provisión de energía o servicios conexos, sino de impuestos que vienen a sumarse a los costes de producción o compra de biogás/biopropano.

(229)

Suecia explicó que las exenciones fiscales se conceden para compensar la diferencia entre los costes más elevados del biogás y el biopropano sostenibles no provenientes de fuentes alimentarias y los costes del gas natural y el GLP, respectivamente (véase el considerando 42). El régimen está sujeto a un seguimiento periódico por parte de las autoridades suecas. Suecia se ha comprometido a presentar a la Comisión informes anuales de seguimiento y a adaptar los niveles de ayuda, en caso necesario, para evitar toda posible sobrecompensación en el futuro (véase el considerando 43). Los informes de seguimiento se basan en información detallada recabada de los contribuyentes por la Agencia Sueca de la Energía, tanto en relación con el biogás producido en el país como con el biogás importado (véase el considerando 44).

(230)

Como se muestra en los considerandos 47 y 54, las autoridades suecas explicaron que las reducciones fiscales no superan la diferencia entre el coste del biogás y el biopropano sostenibles y el coste del gas natural.

(231)

La Comisión observa que todos los costes principales se tienen en cuenta en el cálculo. Además, también se incluyen en el cálculo los ingresos procedentes de las ventas de subproductos. No obstante, Suecia ha indicado que en Suecia no existe ningún sistema de garantías de origen para el biogás en el país (véanse los cuadros 1, 2 y 3).

(232)

Por último, el punto 111 de las Directrices de 2022 establece que, al diseñar regímenes de ayuda, los Estados miembros deberán tener en cuenta la información sobre el apoyo ya recibido de la documentación sobre el sistema de balance de masas en virtud del artículo 30 de la DFER II.

(233)

Suecia ha confirmado que cumple los requisitos del artículo 30 de la DFER II y que actualmente está trabajando para introducir en el país la base de datos de la Unión a que se refiere la DFER II y que se desarrolla en mayor medida en la DFER III (véase el considerando 67). La Comisión observa que este sistema no estaba disponible ni cuando Suecia diseñó y notificó los regímenes, ni cuando la Comisión llevó a cabo la presente evaluación, por lo que no se pudo tener en cuenta la información procedente de la documentación sobre el sistema de balance de masas. No obstante, Suecia ha explicado que, cuando la base de datos de la Unión esté plenamente operativa y la información que contenga sea completa, esto no requerirá ningún cambio en el diseño de los regímenes, ya que la ayuda concedida a los productores de biogás y biopropano en el extranjero ya se tiene en cuenta en el seguimiento a través de los precios de importación y, por ende, se tiene en cuenta en la evaluación de la sobrecompensación. Por lo tanto, la Comisión considera que los requisitos del punto 111 de las Directrices de 2022 no afectan a su evaluación de los regímenes.

(234)

Por consiguiente, la Comisión concluye que se cumplen los requisitos de la sección 4.1.3.5 de las Directrices de 2022.

(235)

Según el punto 56 de las Directrices, las ayudas podrán concederse simultáneamente en el marco de varios regímenes de ayuda o acumularse con ayudas ad hoc o de minimis en relación con los mismos costes subvencionables, siempre que la cantidad total de las ayudas para un proyecto o una actividad no dé lugar a compensación excesiva o sobrepase el importe máximo de ayuda autorizado en virtud de las presentes Directrices. Si el Estado miembro permite que una ayuda en virtud de una medida se acumule con ayuda procedente de otras medidas, deberá especificar, para cada medida, el método utilizado para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente punto.

(236)

Dado que el punto relativo a la acumulación y la evaluación de la posible sobrecompensación es común a ambas Directrices, la Comisión se remite aquí a su evaluación en la sección 5.3.2.2.3.3.2.

(237)

Al igual que en la conclusión que figura en el considerando 177, la Comisión concluye que los regímenes cumplen lo dispuesto en la sección 3.2.1.3.1 de las Directrices de 2022.

(238)

A la luz de las conclusiones de los considerandos 234 y 237, la Comisión concluye que los regímenes son proporcionados.

(239)

La Comisión señala que Suecia garantizará el cumplimiento de los requisitos de transparencia establecidos en los puntos 58 a 61 de las Directrices de 2022. Los datos pertinentes de la medida notificada se publicarán en el sitio web sueco sobre transparencia de las ayudas estatales (véase el considerando 68).

(240)

El punto 70 de las Directrices de 2022 explica que la Comisión aprobará medidas con arreglo a dichas Directrices por un período máximo de diez años. Como se indica en el considerando 58, los regímenes se aplicarán en virtud de las Directrices de 2022 durante nueve años, es decir, de 2022 a 2030.

(241)

El punto 116 de las Directrices de 2022 explica que la ayuda no deberá limitarse a desplazar las emisiones de un sector a otro y deberá lograr reducciones globales de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los puntos 127 a 129 de estas Directrices exigen a los Estados miembros que expliquen cómo pretenden evitar el riesgo de que la ayuda acabe estimulando o prolongando el consumo de combustibles y energía fósiles.

(242)

La Comisión observa que el objetivo general de los regímenes es sustituir los combustibles fósiles por combustibles de biomasa sostenibles. El uso de biogás y biopropano sostenibles en lugar de gas natural o GLP supondrá una reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(243)

El punto 121 de las Directrices de 2022 explica que las ayudas que cubran costes relacionados principalmente con la explotación y no con la inversión solo deberán utilizarse cuando el Estado miembro demuestre que esto da lugar a decisiones operativas más respetuosas con el medio ambiente. El punto 122 de las Directrices de 2022 afirma que, cuando las ayudas sean necesarias principalmente para cubrir costes a corto plazo que puedan ser variables, los Estados miembros deberán confirmar que los costes de producción en los que se basa el importe de la ayuda serán objeto de seguimiento y el importe de la ayuda se actualizará al menos una vez al año. La ayuda debe estar concebida para evitar cualquier falseamiento indebido del funcionamiento eficiente de los mercados y preservar unos incentivos operativos eficientes y las señales de precios, tal como se establece en el punto 123 de las Directrices de 2022.

(244)

En el presente caso, la ayuda tiene por objeto reducir el nivel del impuesto aplicable al biogás y al biopropano sostenibles, de modo que se conviertan en una alternativa competitiva a sus equivalentes de combustibles fósiles para el consumidor final (véase el considerando 42). Por lo tanto, el objetivo de la ayuda es impulsar una decisión más respetuosa con el medio ambiente por parte de los consumidores. Las autoridades suecas han confirmado que los costes en los que se basa el importe de la ayuda se supervisarán anualmente y el nivel de ayuda se actualizará en caso necesario (véase el considerando 43).

(245)

El punto 130 de las Directrices de 2022 explica que la Comisión considerará, en principio, que la ayuda estatal a los biocarburantes, biolíquidos, biogás y combustibles de biomasa que superen los límites que determinan su admisibilidad para el cálculo del consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en el Estado miembro en cuestión con arreglo al artículo 26 de la DFER II, no es probable que produzca efectos positivos que puedan compensar los efectos negativos de la medida.

(246)

Como se detalla en el considerando 20, en el marco de los regímenes, no se concede ninguna ayuda a los combustibles de biomasa producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros.

(247)

El punto 132 de las Directrices de 2022 establece que, en el caso de los regímenes que beneficien a un número especialmente limitado de beneficiarios o cuando el beneficiario sea un operador tradicional, los Estados miembros deberán demostrar que la medida propuesta no dará lugar a falseamientos de la competencia, por ejemplo, mediante un aumento del poder de mercado.

(248)

La Comisión observa que, dado que la ayuda se concede en forma de exención fiscal general para el biogás y el biopropano sostenibles, es poco probable que beneficie a un número especialmente limitado de beneficiarios. La Comisión señala que, en 2018, dieciséis empresas que se beneficiaron del régimen del carburante presentaron datos para los informes de seguimiento del biogás utilizado como carburante (véase el considerando 47).

(249)

Por consiguiente, la Comisión concluye que se cumplen los requisitos pertinentes de la sección 4.1.4 de las Directrices de 2022.

(250)

El punto 134 de las Directrices de 2022 dispone que, siempre y cuando se cumplan todas las demás condiciones de compatibilidad, la Comisión generalmente considerará que el balance de las medidas de descarbonización es positivo (es decir, los falseamientos del mercado interior se compensan por los efectos positivos) a la vista de su contribución para cumplir los objetivos de la Unión en materia de energía y clima, siempre que no haya indicios evidentes de incumplimiento del principio de «no ocasionar daños significativos».

(251)

La Comisión observa que los regímenes contribuirán a la consecución de los objetivos en materia de energía y clima de Suecia y de la UE y que los combustibles de biomasa que reciben ayuda cumplirán los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en la DFER II. La Comisión no encuentra indicios evidentes de incumplimiento del principio de «no ocasionar daños significativos».

(252)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión concluye que los efectos positivos de los regímenes compensan los efectos negativos en el mercado interior.

(253)

Como se indica en el considerando 69, Suecia ha confirmado que, para poder optar a la ayuda, los beneficiarios directos no pueden estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior y no pueden ser una empresa en crisis.

(254)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión concluye que los regímenes cumplen los puntos 14 y 15 de las Directrices de 2022.

(255)

La Comisión concluye que la ayuda facilita el desarrollo de una actividad económica y no altera las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés común. Por lo tanto, la Comisión considera que la ayuda es compatible con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y de las disposiciones pertinentes de las Directrices de 2022.

(256)

La Comisión concluye que Suecia ha aplicado ilegalmente los regímenes infringiendo lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No obstante, la Comisión constata que la medida es compatible con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, a la luz de las disposiciones pertinentes de las Directrices de 2014 y las Directrices de 2022.