Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 15 de octubre de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Lucha contra la delincuencia organizada — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Artículo 325 TFUE, apartado 1 — Convenio PIF — Artículo 2, apartado 1 — Decisión Marco 2008/841/JAI — Artículo 2, letras a) y b) — Fraude grave en materia de impuesto sobre el valor añadido — Acuerdo para cometer un delito — Artículo 3 — Obligación de los Estados miembros de luchar, mediante medidas disuasorias y efectivas, contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión — Obligación de establecer sanciones penales — Duración máxima de la pena — Principio de proporcionalidad — Plazo de prescripción — Riesgo sistémico de impunidad »
En el asunto C‑321/25 [Gidzhinov], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria), mediante resolución de 2 de mayo de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de mayo de 2025, en el proceso penal contra
A,
B,
V,
G,
D,
con intervención de:
Sofiyska gradska prokuratura,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. N. Fenger, S. Rodin y N. Piçarra y la Sra. O. Spineanu-Matei, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de V, por el Sr. P. Y. Galabov, advokat;
– en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. J. Schmoll y el Sr. P. Thalmann, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. C. Valero y F. Blanc y por los Sres. I. Zaloguin y M. Wasmeier, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 23 de abril de 2026;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 325 TFUE, del artículo 2, apartado 1, del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995 y anexo al Acto del Consejo de 26 de julio de 1995 (DO 1995, C 316, p. 48; en lo sucesivo, «Convenio PIF»), y del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO 2008, L 300, p. 42).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de una serie de acciones penales ejercitadas contra A, B, V, G y D por haber dirigido una organización delictiva con el fin de cometer delitos fiscales o haber participado en ella y por haber cometido, en el caso de algunos de ellos, fraudes en materia del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Convenio PIF
3 El artículo 1, apartado 3, del Convenio PIF, titulado «Disposiciones generales», establece lo siguiente:
«Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 2, cada Estado miembro adoptará asimismo las medidas necesarias para que la elaboración o el suministro intencionado de declaraciones y de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan el efecto mencionado en el apartado 1, supongan una infracción penal si no son ya punibles bien como infracción principal, bien por complicidad, instigación o tentativa de fraude [contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas] tal como se contempla en el apartado 1.»
4 El artículo 2 del citado Convenio, bajo el título «Sanciones», dispone lo siguiente:
«1. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para que a los comportamientos que contempla el artículo 1, así como a la complicidad, instigación o tentativa ligados a los comportamientos [contemplados] en el apartado 1 del artículo 1, les sean impuestas sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, entre las que figuren, al menos en caso de fraude grave, penas de privación de libertad que puedan dar lugar a la extradición, entendiéndose que debe considerarse como fraude grave cualquier fraude que afecte a un montante mínimo a fijar por cada Estado miembro. Este montante mínimo no puede ser fijado en más de 50 000 [euros].
2. No obstante, un Estado miembro puede prever, para los casos de fraude leve por un importe total inferior a 4 000 [euros] y en el que no concurran circunstancias particulares de gravedad con arreglo a su legislación, sanciones de carácter distinto del de las contempladas en el apartado 1.
[…]»
Decisión 2008/40/JAI
5 Con arreglo al artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2008/40/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2007, relativa a la adhesión de Bulgaria y Rumanía al Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas; al Protocolo de 27 de septiembre de 1996; al Protocolo de 29 de noviembre de 1996 y al Segundo Protocolo de 19 de junio de 1997 (DO 2008, L 9, p. 23):
«El Convenio [PIF], el [Acto del Consejo de 27 de septiembre de 1996 por el que se establece un Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1996, C 313, p. 1)] y [el Acto del Consejo de 29 de noviembre de 1996 por el que se establece, sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, el Protocolo relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1997, C 151, p. 1)] entrarán en vigor para [la República de] Bulgaria y Rumanía el primer día del primer mes siguiente al de la fecha de adopción de la presente Decisión, a menos que ya hubieran entrado en vigor para Bulgaria y Rumanía con anterioridad a dicha fecha.»
Directiva PIF
6 El artículo 16 de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO 2017, L 198, p. 29; en lo sucesivo, «Directiva PIF»), bajo la rúbrica «Sustitución del [Convenio PIF]», tiene la siguiente redacción:
«El Convenio [PIF], incluidos los Protocolos de 27 de septiembre de 1996, de 29 de noviembre de 1996 y de 19 de junio de 1997, queda sustituido por la presente Directiva para los Estados miembros vinculados por ella a partir del 6 de julio de 2019.
Para los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, las referencias al Convenio se entenderán hechas a la presente Directiva.»
Decisión Marco 2008/841
7 Los considerandos 1 a 3 de la Decisión Marco 2008/841 están redactados en los siguientes términos:
«(1) El objetivo del programa de La Haya es mejorar la capacidad común de la Unión [Europea] y de sus Estados miembros con el fin, entre otros, de luchar contra la delincuencia organizada transfronteriza. Este objetivo debe ser perseguido en particular mediante la armonización de las legislaciones. La peligrosidad y la proliferación de las organizaciones delictivas requieren una respuesta eficaz a las expectativas de los ciudadanos y a las necesidades de los Estados miembros por medio de un refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea. A este respecto, el punto 14 de las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de los días 4 y 5 de noviembre de 2004 indica que los ciudadanos de Europa esperan de la Unión Europea que, sin dejar de garantizar el respeto de las libertades y los derechos fundamentales, adopte un enfoque común más eficaz de problemas transfronterizos como la delincuencia organizada.
(2) En su comunicación de 29 de marzo de 2004 relativa a determinadas acciones que deben emprenderse en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y otras formas graves de delincuencia, la Comisión consideró que debe reforzarse el dispositivo de lucha contra la delincuencia organizada en la Unión Europea e indicaba que elaboraría una Decisión marco que tuviera por objeto sustituir a la Acción Común 98/733/JAI, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea [DO 1998, L 351, p. 1].
(3) De acuerdo con el apartado 3.3.2 del programa de La Haya, la aproximación del Derecho penal material sirve a facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, así como la cooperación policial y judicial en materia penal y afecta a los ámbitos de la delincuencia particularmente grave con implicaciones transfronterizas y se debe dar prioridad a aquellos ámbitos de la delincuencia que se mencionen específicamente en los Tratados. Por tanto, debe armonizarse la definición de [los] delitos relativos a la participación en una organización delictiva en los Estados miembros. Por consiguiente, la presente Decisión marco debe abarcar los delitos cometidos típicamente por una organización delictiva. Por otra parte, debe prever la imposición de sanciones correspondientes a la gravedad de estos delitos contra las personas físicas y jurídicas que los cometan o sean responsables de los mismos.»
8 El artículo 1 de esta Decisión Marco, titulado «Definiciones», establece lo siguiente:
«A los efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por:
1) “organización delictiva”: una asociación estructurada de más de dos personas, establecida durante un cierto período de tiempo y que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un máximo de al menos cuatro años o con una pena aún más severa, con el objetivo de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;
2) “asociación estructurada”: una organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito ni que necesite haber asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, continuidad en la condición de miembro, o exista una estructura desarrollada.»
9 A tenor del artículo 2 de la citada Decisión Marco, que lleva por título «Delitos relativos a la participación en una organización delictiva»:
«Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para tipificar como delito a uno o ambos de los siguientes tipos de conducta relacionados con una organización delictiva:
a) la conducta de toda persona que, de manera intencionada y a sabiendas de la finalidad y actividad general de la organización delictiva o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en las actividades ilícitas de la organización, incluida la facilitación de información o de medios materiales, reclutando a nuevos participantes, así como en toda forma de financiación de sus actividades a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva de esta organización;
b) la conducta de toda persona que consista en un acuerdo con una o más personas para proceder a una actividad que, de ser llevada a cabo, suponga la comisión de delitos considerados en el artículo 1, aún cuando esa persona no participe en la ejecución de la actividad.»
10 Con arreglo al artículo 3 de la misma Decisión Marco, bajo el título «Sanciones»:
«1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que:
a) el delito contemplado en el artículo 2, letra a), sea punible con una pena máxima de reclusión de al menos entre dos y cinco años, o
b) el delito contemplado en el artículo 2, letra b), sea punible con la misma pena máxima de reclusión que el delito que constituye el objetivo de la conspiración o con una pena máxima de reclusión de al menos entre dos y cinco años.
2. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que el hecho de que los delitos mencionados en el artículo 2, conforme a lo determinado por cada uno de los Estados miembros, hayan sido cometidos en el marco de una organización delictiva, pueda considerarse como una circunstancia agravante.»
Derecho búlgaro
Código Penal
11 El artículo 23, apartado 1, del Nakazatelen kodeks (Código Penal; DV n.º 26, de 2 de abril de 1968), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código Penal»), dispone lo siguiente:
«Si, mediante un mismo acto, se cometen varios delitos o si una persona ha cometido varios delitos distintos antes de ser condenada por uno de ellos mediante una sentencia firme, el tribunal, tras fijar una pena por cada uno de esos delitos por separado, impondrá la pena más grave de entre ellas.»
12 El artículo 80 de ese mismo Código tiene la siguiente redacción:
«(1) La acción penal prescribirá cuando no se haya iniciado durante:
[…]
2. quince años, para los actos punibles con una pena privativa de libertad de más de diez años;
3. diez años, para los actos punibles con una pena privativa de libertad de más de tres años;
[…]
(3) La prescripción de la acción pública comienza a partir de la comisión del delito, en caso de tentativa o preparación de la comisión, a partir del día en que se cometió el último acto, y en caso de delitos ininterrumpidos y continuados, a partir de su cese.»
13 Con arreglo al artículo 81 de dicho Código:
«(1) La prescripción se suspenderá cuando el inicio o la continuación de la acción penal esté supeditado a la resolución de una cuestión previa mediante una resolución judicial definitiva.
(2) La prescripción se interrumpe por cualquier acto de las autoridades competentes realizado con fines de enjuiciamiento y únicamente con respecto a la persona contra la que se dirige el enjuiciamiento. Cuando el acto por el que se ha interrumpido la prescripción haya finalizado, comenzará a correr un nuevo plazo de prescripción.
(3) No obstante la suspensión o la interrupción de la prescripción, la acción pública prescribe si ha transcurrido un plazo superior a la mitad del plazo previsto en el artículo anterior.»
14 A tenor del artículo 93 del Código Penal:
«Los términos y expresiones siguientes se utilizan en el presente Código con el siguiente significado:
[…]
20. “grupo delictivo organizado”: la asociación duradera y estructurada de tres o más personas con el fin de cometer de manera concertada, en el territorio nacional o en el extranjero, delitos punibles con una pena privativa de libertad superior a tres años. La asociación se considera estructurada incluso en ausencia de una distribución formal de funciones entre los participantes, de una participación duradera o de una estructura desarrollada.»
15 El artículo 255 del Código Penal dispone lo siguiente:
«(1) Quien evite la fijación o el pago de deudas fiscales de cuantía elevada, al:
[…]
7. deducir indebidamente el impuesto soportado,
será castigado con una pena privativa de libertad de uno a seis años y una multa de hasta 2 000 [levas búlgaras (BGN)].
[…]
(3) Cuando la deuda tributaria sea de cuantía especialmente elevada, la sanción será de tres a ocho años de prisión y la confiscación de la totalidad o parte del patrimonio del culpable.»
16 El artículo 321 del citado Código tiene la siguiente redacción:
«(1) La formación o dirección de un grupo delictivo organizado se castiga con una pena privativa de libertad de tres a diez años.
(2) La participación en dicho grupo se castiga con una pena privativa de libertad de uno a seis años.
(3) Cuando el grupo se constituya […] con fines de enriquecimiento […] la pena será:
1. para los delitos contemplados en el apartado 1: una pena privativa de libertad de cinco a quince años;
2. para los delitos contemplados en el apartado 2: una pena privativa de libertad de tres a diez años.»
Código de Enjuiciamiento Criminal
17 El artículo 24, apartado 1, del Nakazatelno‑protsesualen kodeks (Código de Enjuiciamiento Criminal; DV n.º 86, de 28 de octubre de 2005), en su versión aplicable al litigio principal, establece lo siguiente:
«No se iniciará el procedimiento, o se archivará si ya se ha iniciado, cuando:
[…]
3. la responsabilidad penal haya prescrito por haber expirado el plazo previsto por la ley;
[…]».
Procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
18 Mediante escrito de acusación presentado en 2015, A, B, V, G y D fueron enviados ante el órgano jurisdiccional penal competente para responder de la comisión de varios delitos.
19 Más concretamente, se acusa a A y a B de haber dirigido un grupo delictivo organizado, constituido con fines de enriquecimiento, en el sentido del artículo 321, apartado 3, del Código Penal. Este delito, que comenzó en marzo de 2011 y finalizó el 14 de noviembre de 2012, se castiga con una pena privativa de libertad de cinco a quince años.
20 Además, se acusa a V, a G y a D, sobre la base de esa misma disposición, de haber participado en el mismo grupo delictivo organizado. Este delito, que también comenzó en marzo de 2011 y finalizó el 14 de noviembre de 2012, se castiga con una pena privativa de libertad de tres a diez años.
21 Por último, se acusa a A, a B, a V y a D de haber cometido, entre junio de 2011 y octubre de 2012, diversos fraudes del IVA, cuyos importes ascienden, respectivamente, a 1 239 070 BGN (unos 633 525 euros), 2 211 200 BGN (unos 1 130 568 euros), 2 000 000 BGN (aproximadamente 1 022 583 euros) y 2 433 590 BGN (unos 1 244 274 euros). Cada uno de estos delitos, tipificados en el artículo 255, apartado 3, del Código Penal, se castiga con una pena privativa de libertad de tres a ocho años, además de la confiscación de la totalidad o de parte del patrimonio. Ahora bien, la pena máxima privativa de libertad que puede imponerse por todos estos delitos no puede exceder de ocho años.
22 El 26 de noviembre de 2015, a raíz de la presentación del escrito de acusación mencionado en el apartado 18 de la presente sentencia, el asunto se atribuyó a una formación jurisdiccional compuesta por un juez y dos jurados, que celebró cuarenta y ocho audiencias entre 2015 y 2021. Tras la designación de dicho juez como fiscal europeo delegado, el procedimiento tuvo que reanudarse ab initio, una vez que el asunto fue reasignado a un segundo juez y a otros dos jurados. Entre 2022 y 2025, la citada formación celebró dieciocho audiencias, sin que se adoptara ninguna medida real para recabar pruebas. A raíz de la jubilación de este segundo juez el 14 de marzo de 2025, el asunto fue reasignado a un tercer juez y a dos nuevos jurados, que componen el órgano jurisdiccional remitente.
23 En primer lugar, dicho órgano jurisdiccional señala que, en virtud de los artículos 80 y 81 del Código Penal, es inminente la expiración del plazo de prescripción aplicable a los delitos de fraude del IVA y de participación en un grupo delictivo organizado de los que conoce. A este respecto, precisa que el plazo de prescripción absoluto aplicable a estos delitos es de quince años. Por consiguiente, la prescripción se producirá en 2026 y en 2027, en lo que atañe a los delitos de fraude del IVA, en función de la fecha en la que se hubiera presentado la supuesta declaración falsa del IVA, y el 14 de noviembre de 2027 por lo que respecta al delito de participación en un grupo delictivo organizado, es decir, quince años después de la disolución de dicho grupo. Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, en el presente asunto no es objetivamente posible sustanciar un proceso penal ante tres instancias judiciales antes de que expiren tales plazos.
24 En cambio, en cuanto a las acciones penales ejercitadas contra A y B por haber dirigido el grupo delictivo organizado, el citado órgano jurisdiccional señala que, al estar este delito castigado con una pena máxima privativa de libertad de quince años, el plazo de prescripción absoluto aplicable equivale a veintidós años y seis meses, por lo que no expirará hasta el 14 de mayo de 2035. A su parecer, tal plazo es suficiente para sustanciar el proceso penal, incluso ante tres instancias judiciales.
25 En este contexto, el mismo órgano jurisdiccional considera que el hecho de calcular el plazo de prescripción únicamente en función de la pena máxima establecida, con independencia de la complejidad jurídica y fáctica del asunto y de la posible aparición de circunstancias imprevistas, podría no ser conforme con el Derecho de la Unión. A este respecto, recuerda que, en la sentencia de 24 de julio de 2023, Lin (C‑107/23 PPU, en lo sucesivo, «sentencia Lin», EU:C:2023:606), el Tribunal de Justicia declaró que los Estados miembros deben velar por que las normas de prescripción previstas por el Derecho interno permitan una represión efectiva de los delitos vinculados al fraude del IVA y que no puede existir, por razones inherentes a ese Derecho interno, un riesgo sistémico de impunidad, en particular en los asuntos cuya complejidad exige una instrucción más larga.
26 Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente subraya que la imposibilidad, en Derecho búlgaro, de fijar un plazo de prescripción más largo que el plazo de prescripción absoluto de quince años aplicable a los delitos de fraude del IVA en asuntos más complejos o debido a la aparición de un acontecimiento fortuito que obligue a reanudar el procedimiento ab initio constituye un problema sistémico, en la medida en que, cuanto más compleja sea la actividad delictiva objeto de la acción penal, más difícil será sustanciar el proceso penal antes de la expiración de dicho plazo.
27 En segundo lugar, el referido órgano jurisdiccional señala que el legislador búlgaro ha establecido una pena privativa de libertad de una duración máxima de ocho años para los delitos de fraude fiscal, mientras que la participación en un grupo delictivo organizado y la dirección de tal grupo se sancionan con una pena privativa de libertad de una duración máxima de diez años y de quince años, respectivamente, a pesar de que el único objetivo delictivo de dicho grupo organizado consista en cometer un fraude fiscal. En estas circunstancias, se pregunta sobre la conformidad de tal diferencia entre las penas máximas aplicables con el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2008/841.
28 A este respecto, el citado órgano jurisdiccional destaca que esta disposición establece una alternativa en lo que atañe a las penas aplicables a un acuerdo para cometer un delito, en el sentido del artículo 2, letra b), de dicha Decisión Marco. Los Estados miembros pueden establecer, según la primera parte de esta alternativa, una pena cuyo máximo sea idéntico al de la pena prevista para los delitos que constituyen el objeto de tal acuerdo. Con arreglo a la segunda parte de dicha alternativa, pueden establecer una pena máxima privativa de libertad de al menos entre dos y cinco años. Esta segunda parte fija así una horquilla de penas que no está vinculada a la duración máxima de las penas que sancionan los delitos que pretende cometer la organización delictiva. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente duda de que esta segunda parte pueda interpretarse en el sentido de que permite a los Estados miembros establecer penas más severas que las previstas para tales delitos.
29 Dicho órgano jurisdiccional considera que el acuerdo al que se refiere el artículo 2, letra b), de la Decisión Marco 2008/841, que conduce a la formación de una organización delictiva en el sentido del artículo 1, punto 1, de esa misma Decisión Marco, solo tiene carácter delictivo en razón de su objeto, esto es, la comisión de determinados delitos. Por tanto, el citado órgano jurisdiccional se inclina por considerar que la pena prevista para tal acuerdo no puede ser más severa que la prevista para los delitos que son objeto de dicho acuerdo, so pena de vulnerar el principio de proporcionalidad.
30 Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente reconoce que del tenor de la segunda parte de la alternativa que se recoge en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2008/841 parece desprenderse que los Estados miembros pueden establecer, en el caso de la asociación ilícita, una pena más severa que la aplicable a los delitos que pretende cometer esa asociación.
31 En estas circunstancias, el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria) decidió plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Se oponen el artículo 325 [TFUE] y el artículo 2, apartado 1, del Convenio [PIF] a una ley nacional que establece una prescripción de la acción penal para los delitos contra los intereses financieros de la Unión con arreglo a la cual el plazo de prescripción viene determinado únicamente por la pena máxima prevista para un delito, y no por la complejidad fáctica y jurídica del asunto, y que no tiene en cuenta la posibilidad de un hecho fortuito a raíz del cual deba comenzar de nuevo el procedimiento penal, de modo que la aplicación de la ley nacional puede conducir a la impunidad?
2) ¿Se opone el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2008/841 a una ley nacional en virtud de la cual el delito contemplado en el artículo 2, letra b), de dicha Decisión Marco se castiga con una pena máxima de privación de libertad superior a la prevista para el delito objeto del acuerdo al que se refiere el artículo 2, letra b)?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
32 Con carácter preliminar, de la resolución de remisión se desprende, en primer lugar, que, en Derecho búlgaro, el plazo de prescripción normalmente aplicable a un delito depende de la gravedad de la pena prevista y puede interrumpirse o suspenderse. En cuanto al plazo de prescripción absoluto aplicable a ese delito —que, por su parte, no puede ni interrumpirse ni suspenderse—, se fija en una duración equivalente a una vez y media el plazo de prescripción normalmente aplicable a dicho delito. Si no ha recaído una condena firme antes de que expire este plazo de prescripción absoluto, la acción penal correspondiente a ese mismo delito debe considerarse definitivamente prescrita.
33 En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la conformidad con el artículo 325 TFUE y con el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF de la normativa búlgara que establece en quince años el plazo de prescripción absoluto aplicable a los delitos de fraude del IVA y de participación en un grupo delictivo organizado que tenga por objeto la comisión de tales delitos.
34 En segundo lugar, dado que los hechos que dieron lugar al proceso penal se cometieron durante los años 2011 y 2012, el Convenio PIF les es aplicable ratione temporis. En efecto, por un lado, del artículo 2 de la Decisión 2008/40 se desprende que el referido Convenio entró en vigor en Bulgaria, a más tardar, el 1 de enero de 2008. Por otro lado, el citado Convenio no dejó de producir efectos hasta el 6 de julio de 2019, fecha en la que fue sustituido por la Directiva PIF, tal como precisa el artículo 16 de la misma Directiva (véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2026, Lin II, C‑280/25, en lo sucesivo, «sentencia Lin II», EU:C:2026:586, apartados 67 y 68).
35 En tercer lugar, por una parte, de la resolución de remisión se desprende que el importe total del fraude del IVA que se sospecha que han cometido las personas de que se trata en el litigio principal se calcula en más de 4 millones de euros. Por consiguiente, tal fraude debe calificarse de «grave», en el sentido del artículo 325 TFUE y del artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF (véanse, en este sentido, las sentencias Lin, apartados 22 y 79, y Lin II, apartados 73 y 74).
36 Por otra parte, ha de señalarse que el artículo 325 TFUE, apartado 1, no comprende solo los actos que menoscaben efectivamente los intereses financieros de la Unión, sino también la tentativa de cometer tales actos (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartado 187).
37 Del mismo modo, de los artículos 1, apartado 3, y 2, apartado 1, del Convenio PIF se desprende que la tentativa de fraude contra los intereses financieros de la Unión debe asimilarse a tal fraude, en el sentido del citado artículo 2, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia Lin II, apartado 95).
38 Por lo demás, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la constitución de una asociación ilícita para delinquir en materia de IVA constituye un caso de fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2015, Taricco y otros, C‑105/14, EU:C:2015:555, apartado 42).
39 Por consiguiente, si se acreditaran los hechos imputados a las personas de que se trata en el litigio principal, debería considerarse que tanto el delito de fraude del IVA como el de participación en un grupo delictivo organizado con el fin de cometer dicho fraude, por los que las personas de que se trata en el litigio principal están encausadas ante el órgano jurisdiccional remitente, constituyen fraudes graves que afectan a los intereses financieros de la Unión, en el sentido del artículo 325 TFUE y del artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF.
40 De ello se deduce que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 325 TFUE y el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual las acciones penales respecto de fraudes graves que afectan a los intereses financieros de la Unión prescriben necesariamente si no se dicta una condena firme en un plazo de quince años desde que se cometieron tales delitos, con independencia de que se haya producido alguna causa de interrupción o de suspensión de la prescripción, así como de cualquier hecho fortuito, y sin que se tenga en cuenta el grado de complejidad del asunto, de modo que tal plazo puede dar lugar, según el órgano jurisdiccional remitente, a un riesgo sistémico de impunidad de tales fraudes.
41 En primer lugar, debe destacarse que el artículo 325 TFUE, apartado 1, impone a los Estados miembros el deber de luchar contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante medidas disuasorias y efectivas. Aunque los Estados miembros disponen de libertad de elección en lo que respecta a las sanciones aplicables, que pueden adoptar la forma de sanciones administrativas, de sanciones penales o de una combinación de ambas, deben velar, con arreglo a dicha disposición, por que los casos de fraude grave o de otra actividad ilegal grave que afecte a los intereses financieros de la Unión se castiguen con sanciones penales efectivas y disuasorias (sentencia Lin II, apartado 109 y jurisprudencia citada).
42 Por su parte, el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF obliga a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para que a los comportamientos constitutivos de fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión les sean impuestas sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, entre las que figuren, al menos en caso de fraude grave, penas de privación de libertad que puedan dar lugar a la extradición (véase, en este sentido, la sentencia Lin II, apartado 71).
43 En segundo lugar, en el momento en que ocurrieron los hechos del litigio principal, el régimen de prescripción aplicable a los delitos que afectaban a los intereses financieros de la Unión no había sido objeto de armonización por parte del legislador de la Unión, armonización que solo se produjo posteriormente, de forma parcial, mediante la adopción de la Directiva PIF (sentencia Lin, apartado 81 y jurisprudencia citada), que, como ya se ha señalado en el apartado 34 de la presente sentencia, no es aplicable en el asunto principal.
44 Por tanto, la adopción de reglas que regulasen la prescripción de la responsabilidad penal por delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión era, en el momento de los hechos controvertidos en el asunto principal, competencia de los Estados miembros. No obstante, al ejercer esta competencia, tales Estados tenían que cumplir las obligaciones que les imponen el Derecho de la Unión y, concretamente, el artículo 325 TFUE, así como el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF (véase, en este sentido, la sentencia Lin, apartado 82).
45 A este respecto, los Estados miembros deben velar, en particular, por que las normas de prescripción previstas por el Derecho interno permitan una sanción efectiva de los delitos de fraude grave que afecte a los intereses financieros de la Unión, ya que la existencia de un riesgo sistémico de que tales delitos queden penalmente impunes constituye un caso de incompatibilidad con las exigencias del artículo 325 TFUE, apartado 1, y del artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF (véanse, en este sentido, las sentencias Lin, apartado 92, y Lin II, apartado 219 y jurisprudencia citada).
46 En tercer y último lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que un plazo de prescripción absoluto como el controvertido en el litigio principal contribuye a garantizar la seguridad jurídica, impidiendo que la prescripción de las acciones pueda verse retrasada indefinidamente por actos reiterados de interrupción o de suspensión de tal prescripción (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de noviembre de 2025, Mikroregion Porta Bohemica, C‑539/24, EU:C:2025:919, apartado 20 y jurisprudencia citada).
47 Ahora bien, tal plazo de prescripción absoluto debe ser de una duración suficiente para no hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil la protección de los intereses financieros de la Unión (véanse, por analogía, las sentencias de 21 de enero de 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, apartados 48 y 49, y de 30 de enero de 2025, Trenitalia, C‑510/23, EU:C:2025:41, apartado 38). Para apreciar el carácter suficiente de tal duración, han de tenerse en cuenta todos los elementos del régimen de prescripción de que se trate, así como el grado de complejidad del procedimiento necesario para declarar la existencia de los delitos en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de enero de 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, apartado 50, y de 30 de enero de 2025, Trenitalia, C‑510/23, EU:C:2025:41, apartado 39).
48 Así, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los Estados miembros están obligados a velar por que se establezca un plazo de prescripción de una duración suficiente para sustanciar los procesos penales incoados contra los autores de fraudes graves que afecten a los intereses financieros de la Unión, teniendo debidamente en cuenta la extensión y la complejidad de tales procesos (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2015, Taricco y otros, C‑105/14, EU:C:2015:555, apartados 46 y 47).
49 En el presente asunto, como se ha destacado en el apartado 33 de la presente sentencia, los delitos de fraude del IVA y de participación en un grupo delictivo organizado, como los que se imputan a las personas de que se trata en el litigio principal, prescriben necesariamente en Derecho búlgaro si no se dicta una condena firme en el plazo de quince años desde que se cometieron.
50 A este respecto, por una parte, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en el punto 44 de sus conclusiones, tal plazo de quince años deja, en principio, a las autoridades penales búlgaras un plazo razonable para sustanciar los procesos penales incoados contra los autores de tales fraudes y para obtener, antes de que expire el plazo de prescripción que les es aplicable, una sentencia firme respecto de tales fraudes, incluso cuando dicha sentencia requiera que el asunto sea examinado por tres instancias jurisdiccionales.
51 Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente no ha aportado al Tribunal de Justicia elementos suficientes que permitan comprobar que, de manera sistémica, en Bulgaria es excesivamente difícil, en la práctica, que se dicte una resolución con fuerza de cosa juzgada respecto de los delitos de fraude grave que afectan a los intereses financieros de la Unión en un plazo de quince años desde que se cometieron tales delitos. A este respecto, es preciso señalar, en particular, que las modificaciones que afectan a la composición de las formaciones jurisdiccionales en asuntos aislados no bastan para demostrar la existencia de un riesgo sistémico de impunidad de dichos delitos.
52 De todas las consideraciones anteriores resulta que procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 325 TFUE y el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual las acciones penales respecto de fraudes graves que afectan a los intereses financieros de la Unión prescriben necesariamente si no se dicta una condena firme en un plazo de quince años desde que se cometieron tales delitos, con independencia de que se haya producido alguna causa de interrupción o de suspensión de la prescripción, así como de cualquier hecho fortuito, siempre que tal plazo no dé lugar, en el Estado miembro de que se trate, a un riesgo sistémico de impunidad de tales fraudes.
Segunda cuestión prejudicial
53 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2008/841 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual el delito consistente en celebrar un acuerdo para cometer un delito, contemplado en el artículo 2, letra b), de dicha Decisión Marco, se castiga con una pena privativa de libertad cuya duración máxima es, al mismo tiempo, superior a la de la pena privativa de libertad aplicable al delito para cuya comisión se celebra tal acuerdo y superior a cinco años.
54 Como se desprende de los considerandos 1 y 3 de la citada Decisión Marco, esta deriva de un enfoque común de problemas transfronterizos como la delincuencia organizada y debe, por un lado, abarcar los delitos cometidos típicamente por una organización delictiva y, por otro lado, prever la imposición de sanciones correspondientes a la gravedad de estos delitos contra las personas físicas y jurídicas que los cometan o sean responsables de ellos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Volieva, C‑265/23, EU:C:2024:602, apartado 38).
55 En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que las personas de que se trata en el litigio principal están acusadas, en particular, con arreglo al artículo 321 del Código Penal, de haber dirigido o participado en un grupo delictivo organizado, en el sentido del artículo 93, punto 20, de dicho Código, cuyo objetivo era cometer fraudes del IVA.
56 Según el órgano jurisdiccional remitente, la dirección de tal grupo delictivo organizado y la participación en él están comprendidos en el ámbito de aplicación del delito previsto en el artículo 2, letra b), de la Decisión Marco 2008/841, esto es, la conducta relacionada con una organización delictiva consistente en que una persona celebre con otra u otras personas un acuerdo para ejercer una actividad que, de ser llevada a cabo, suponga la comisión de uno de los delitos considerados en el artículo 1 de dicha Decisión Marco, aun cuando la primera de esas personas no participe en la ejecución de esa actividad.
57 No obstante, la Comisión considera que los delitos mencionados en el apartado 55 de la presente sentencia están comprendidos más bien en el ámbito de aplicación del artículo 2, letra a), de la citada Decisión Marco, esto es, en la conducta relacionada con una organización delictiva como la que lleva a cabo toda persona que, de manera intencionada y a sabiendas de la finalidad y actividad general de la organización delictiva o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en las actividades ilícitas de la organización, incluida la facilitación de información o de medios materiales, reclutando a nuevos participantes, así como en toda forma de financiación de sus actividades, cuando esa persona es consciente de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva de esta organización.
58 A este respecto, por una parte, del artículo 2 de la Decisión Marco 2008/841 se desprende que los Estados miembros tienen la facultad de tipificar como delito las dos conductas contempladas en dicha disposición o una sola de ellas. Pues bien, la petición de decisión prejudicial no permite determinar qué elección efectuó el legislador búlgaro en lo que atañe a este extremo. Por otra parte, ha de recordarse que las cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del Derecho de la Unión son planteadas por el juez nacional en el marco normativo y fáctico que este define bajo su propia responsabilidad, cuya exactitud no corresponde comprobar al Tribunal de Justicia [sentencia de 22 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Expulsión — Cannabis medicinal), C‑69/21, EU:C:2022:913, apartado 44].
59 De esta jurisprudencia se desprende que el Tribunal de Justicia no puede cuestionar la apreciación del órgano jurisdiccional remitente de que los delitos de dirección y de participación en un grupo delictivo organizado que se imputan a las personas de que se trata en el litigio principal están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2, letra b), de dicha Decisión Marco. Es cierto que, si resultara evidente que la interpretación solicitada de esta disposición no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, la segunda cuestión prejudicial debería declararse inadmisible (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2026, NTH Haustechnik, C‑484/24, EU:C:2026:496, apartado 44 y jurisprudencia citada). Sin embargo, no es lo que sucede en el presente asunto.
60 En cualquier caso, aunque el régimen sancionador previsto en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2008/841 respecto del delito contemplado en el artículo 2, letra b), de dicha Decisión Marco difiere del establecido por el artículo 3, apartado 1, letra a), de esa misma Decisión Marco para el delito contemplado en su artículo 2, letra a), no es menos cierto que la respuesta a la segunda cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente seguiría siendo idéntica, por las razones que se exponen a continuación, si este considerase, en definitiva, que los delitos mencionados en el apartado 55 de la presente sentencia están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2, letra a), de dicha Decisión Marco y no del artículo 2, letra b), de esta.
61 A la luz de esta precisión, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2008/841, el acuerdo al que se refiere su artículo 2, letra b), debe ser castigado, bien con una pena privativa de libertad cuya duración máxima sea idéntica a la prevista para el delito que constituye el objeto de tal acuerdo, bien con una pena máxima privativa de libertad de al menos entre dos y cinco años.
62 Según reiterada jurisprudencia, tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que una disposición del Derecho de la Unión que no incluya una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que tenga en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, apartado 11, y de 18 de diciembre de 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, C‑417/23, EU:C:2025:1017, apartado 76).
63 Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2008/841, es preciso señalar que la formulación de esta disposición presenta divergencias en sus diferentes versiones lingüísticas. Así, en su versión italiana («o compresa tra due e cinque anni») establece que el delito contemplado en el artículo 2, letra b), de dicha Decisión Marco se castigará con una pena de prisión cuya duración máxima sea equivalente a la prevista para el delito para cuya comisión se celebre el acuerdo o que esté comprendida entre dos y cinco años. En cambio, en otras versiones lingüísticas, como la española («con una pena máxima de reclusión de al menos entre dos y cinco años»), la danesa («med en maksimumsfrihedsstraf på mindst mellem to og fem år»), la alemana («mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens zwei bis fünf Jahren»), la griega («με ποινή στερητική της ελευθερίας το μέγιστο ύψος της οποίας είναι τουλάχιστο μεταξύ δύο και πέντε ετών»), la inglesa («by a maximum term of imprisonment of at least between two and five years»), la neerlandesa («met een maxime vrijheidsstraf van ten minste tussen de twee en de vijf jaar»), la portuguesa («com uma pena de prisão com a duração máxima de, pelo menos, dois a cinco anos») y la rumana («de o pedeapsă maximă privativă privativă de libertate de cel puțin dot puțin doi până la cinci ani»), la citada disposición establece que este delito debe ser castigado con una pena de prisión cuya duración máxima sea equivalente a la prevista para el delito para cuya comisión se celebre dicho acuerdo o con una pena de prisión cuya duración máxima esté comprendida entre, al menos, dos y cinco años.
64 Lo mismo sucede con la formulación del artículo 3, apartado 1, letra a), de la Decisión Marco 2008/841. Así, en su versión italiana («di durata massima compresa tra due e cinque anni»), esta disposición prevé una pena de prisión cuya duración máxima esté comprendida entre dos y cinco años, mientras que, en particular en sus versiones española («una pena máxima de reclusión de al menos entre dos y cinco años»), danesa («med en maksimumsfrihedsstraf på mindst mellem to og fem år»), alemana («mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens zwei bis fünf Jahren»), griega («η αξιόποινη πράξη την οποία αναφέρει το στοιχείο α) του άρθρου 2 να τιμωρείται με μέγιστη ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον μεταξύ δύο και πέντε ετών»), inglesa («a maximum term of imprisonment of at least between two and five years»), francesa («une peine d’emprisonnement maximale comprise entre deux ans et cinq ans au moins»), neerlandesa («een maximale vrijheidsstraf die ten minste tussen de twee en de vijf jaar bedraagt»), portuguesa («uma pena de prisão com a duração máxima de, pelo menos, dois a cinco anos») y rumana («de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin doi până la cinci ani»), dicha disposición prevé una pena de prisión cuya duración máxima esté comprendida entre dos y cinco años como mínimo.
65 Pues bien, la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición ni se le puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. En efecto, las disposiciones del Derecho de la Unión deben interpretarse y aplicarse de manera uniforme, a la luz de las versiones existentes en todas las lenguas de la Unión. De este modo, en caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una norma de la Unión, la disposición de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en la que se integra (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, apartado 14, y de 21 de mayo de 2026, Höldermann, C‑447/24, EU:C:2026:417, apartado 71).
66 En segundo lugar, ha de señalarse que la Decisión Marco 2008/841 fue adoptada sobre la base, en particular, del artículo 31 TUE, apartado 1, cuyas disposiciones figuran en el actual artículo 83 TFUE, apartado 1, párrafo primero. Pues bien, dicho artículo 31, apartado 1, confería al legislador de la Unión una competencia de armonización mínima de las sanciones penales. Por tanto, el artículo 3 de la citada Decisión marco solo puede contener disposiciones mínimas relativas a las sanciones aplicables a los delitos comprendidos en el ámbito de la delincuencia organizada [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de noviembre de 2024, PT (Acuerdo entre el fiscal y el autor de una infracción), C‑432/22, EU:C:2024:987, apartado 38].
67 Como ha señalado el Abogado General en los puntos 61 a 64 de sus conclusiones, tal interpretación se ve confirmada por las conclusiones de la sesión del Consejo de los días 24 y 25 de abril de 2002 sobre el enfoque que debe seguirse para la aproximación de las penas. En efecto, de ellas se desprende que la remisión, por parte del legislador de la Unión, a «penas de una duración máxima de al menos entre 2 y 5 años de reclusión» no impide que los Estados miembros superen dichos niveles en su legislación nacional.
68 Por tanto, de la base jurídica, de la estructura general y de la finalidad de la Decisión Marco 2008/841 resulta que su artículo 3, apartado 1, letra b), no impide que un Estado miembro sancione el delito contemplado en el artículo 2, letra b), de dicha Decisión Marco con una pena privativa de libertad cuya duración máxima sea superior a cinco años. La misma interpretación se impone por lo que respecta al artículo 3, apartado 1, letra a), de esa misma Decisión Marco en lo que atañe a la sanción aplicable al delito contemplado en su artículo 2, letra a).
69 En tercer lugar, el referido artículo 3, apartado 1, letra b), tampoco se opone a que un Estado miembro fije, para el delito contemplado en el artículo 2, letra b), de la Decisión Marco 2008/841, una pena privativa de libertad cuya duración máxima sea superior a la prevista para el delito para cuya comisión se celebra dicho acuerdo.
70 En efecto, por una parte, del citado artículo 2, letra b), se desprende que tal acuerdo debe tener por objeto la comisión de los delitos considerados en el artículo 1, punto 1, de esa misma Decisión Marco, esto es, delitos castigados con una pena privativa de libertad de una duración máxima de al menos cuatro años o con una pena aún más severa. De ello se deduce que el propio legislador de la Unión contempló el supuesto en el que un Estado miembro castiga el delito para cuya comisión se celebra tal acuerdo con una pena privativa de libertad de una duración máxima de cuatro años, al tiempo que autoriza, en virtud del citado artículo 3, apartado 1, letra b), que la participación en dicho acuerdo se sancione con una pena privativa de libertad de una duración máxima superior a cuatro años.
71 Por otra parte, tal acuerdo constituye una conducta relacionada con una organización delictiva, en el sentido del artículo 1, punto 1, de dicha Decisión Marco, es decir, una asociación estructurada de más de dos personas, establecida durante un cierto período de tiempo y que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos de cierta gravedad con el objetivo de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o material.
72 Pues bien, como recuerdan los considerandos 1 y 2 de la Decisión Marco 2008/841, esta se adoptó con el fin de reforzar el dispositivo de lucha contra la delincuencia organizada en la Unión y de hacer frente a la especial peligrosidad y a la proliferación de las organizaciones delictivas.
73 Por tanto, en vista de la importancia que el legislador de la Unión atribuye a la lucha contra la delincuencia organizada, de la dificultad para detectar tales organizaciones delictivas y de la gravedad de las consecuencias que se derivan de su actividad, no puede considerarse que el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/841 se oponga a una normativa nacional que establece, en el caso de las conductas contempladas en el artículo 2 de dicha Decisión Marco, una pena privativa de libertad cuya duración máxima es superior a la prevista para los delitos que esas conductas tienen por objeto cometer.
74 En cuarto y último lugar, es preciso recordar que el principio de proporcionalidad de las penas, recogido en el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no solo rige en lo que respecta a la determinación de los elementos constitutivos de una infracción, sino también en cuanto atañe a la determinación de las normas relativas a la severidad de las penas y a la apreciación de los elementos que pueden tenerse en cuenta para fijarlas (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2026, AK Dlhopolec y otros, C‑590/24, EU:C:2026:41, apartado 106 y jurisprudencia citada).
75 Este principio exige, en particular, que la severidad de una sanción refleje la gravedad de la infracción de que se trate, garantizando un efecto realmente disuasorio, pero sin exceder de lo que resulte necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos mediante dicha tipificación (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2026, AK Dlhopolec y otros, C‑590/24, EU:C:2026:41, apartados 105 y 107 y jurisprudencia citada).
76 En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende, por una parte, que las personas de que se trata en el litigio principal que están acusadas de haber dirigido un grupo delictivo organizado al objeto de cometer un fraude del IVA pueden ser castigadas con una pena privativa de libertad de cinco a quince años y, por otra parte, que las personas acusadas de haber participado en ese grupo delictivo organizado pueden ser sancionadas con una pena privativa de libertad de tres a diez años.
77 Tal horquilla de penas no parece, como tal, exceder de lo que resulta adecuado y necesario para lograr el objetivo de lucha contra la delincuencia organizada que persigue legítimamente la normativa búlgara controvertida en el litigio principal.
78 De todas las consideraciones anteriores resulta que procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2008/841 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual el delito consistente en celebrar un acuerdo para cometer un delito, contemplado en el artículo 2, letra b), de dicha Decisión Marco, se castiga con una pena privativa de libertad cuya duración máxima es, al mismo tiempo, superior a la de la pena privativa de libertad aplicable al delito para cuya comisión se celebra tal acuerdo y superior a cinco años.
Costas
79 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
1) El artículo 325 TFUE y el artículo 2, apartado 1, del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995 y anexo al Acto del Consejo de 26 de julio de 1995,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual las acciones penales respecto de fraudes graves que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea prescriben necesariamente si no se dicta una condena firme en un plazo de quince años desde que se cometieron tales delitos, con independencia de que se haya producido alguna causa de interrupción o de suspensión de la prescripción, así como de cualquier hecho fortuito, siempre que tal plazo no dé lugar, en el Estado miembro de que se trate, a un riesgo sistémico de impunidad de tales fraudes.
2) El artículo 3, apartado 1, letra b), de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual el delito consistente en celebrar un acuerdo para cometer un delito, contemplado en el artículo 2, letra b), de dicha Decisión Marco, se castiga con una pena privativa de libertad cuya duración máxima es, al mismo tiempo, superior a la de la pena privativa de libertad aplicable al delito para cuya comisión se celebra tal acuerdo y superior a cinco años.
Firmas
* Lengua de procedimiento: búlgaro.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.