I.

Introducción

1.

La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra  ( 2 ) (en lo sucesivo, «ACC»), en relación con los artículos 47, 48 y 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2.

El principio de especialidad,  ( 3 ) una garantía fundamental de la legislación de extradición y entrega, se establece en el artículo 625, apartado 2, del ACC, que dispone que, excepto en determinados casos, la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por un delito cometido antes de la entrega de dicha persona y distinto del que motivó su entrega.

3.

El presente asunto se plantea en el marco de un procedimiento de ejecución de tres órdenes de detención emitidas con arreglo al ACC por un órgano jurisdiccional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En virtud de dichas órdenes se solicita la entrega de tres personas, LQ, NT y RM, al Reino Unido para ser enjuiciadas por delitos de estafa. Estas personas se oponen a su entrega alegando que vulneraría el principio de especialidad previsto en el artículo 625, apartado 2, del ACC, ya que tendrían que cumplir una pena de prisión de seis meses por desacato civil al tribunal al haber infringido las órdenes de inmovilización emitidas por un órgano jurisdiccional del Reino Unido. Dado que el desacato civil a un tribunal no constituye delito en el Reino Unido, no se incluye en la orden a efectos de entrega.

4.

En este contexto, el presente asunto plantea una cuestión de interpretación de las disposiciones del título VII de la tercera parte del ACC y, en particular, de su artículo 625, apartado 2, cuando la conducta que da lugar a la privación de libertad no está tipificada como delito en el Derecho del Estado que solicita la entrega (en lo sucesivo, «Estado emisor»). Se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la interpretación de la expresión «delito [distinto del] que motivó su entrega» en el sentido de la citada disposición.

5.

El caso de autos se centra en la cuestión de si el principio de especialidad debe considerarse un derecho subjetivo invocable y no una norma intergubernamental entre Estados.  ( 4 )

II.

Marco jurídico

A.

ACC

6.

Con arreglo al artículo 4, apartado 1, del ACC, titulado «Derecho internacional público»:

7.

El artículo 524 del ACC, titulado «Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales», establece:

8.

El artículo 599 del ACC, con la rúbrica «Ámbito de aplicación», dispone, en sus apartados 1 y 2:

9.

El artículo 604, letra c), del ACC dispone:

10.

El artículo 611 del ACC prevé:

11.

De conformidad con el artículo 613, apartado 2, del ACC:

12.

A tenor del artículo 625 del ACC, que lleva por título «Posibles actuaciones por otros delitos»:

B.

Derecho irlandés

13.

El Derecho irlandés establece y aplica el procedimiento de entrega del ACC mediante la European Arrest Warrant Act 2003 (Ley de 2003 sobre la Orden de Detención Europea), cuyo artículo 22 dispone que, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) denegará la entrega de una persona con arreglo a esta Ley si llega a la convicción de que la legislación del Estado emisor no dispone que una persona que le sea entregada en virtud de una orden de detención no podrá ser encausada, condenada ni internada en prisión a fin de ejecutar una pena o una medida de seguridad, ni podrá ser objeto de otras restricciones en su libertad personal, en relación con un delito, y la persona será encausada, condenada o internada en prisión a fin de ejecutar una pena o una medida de seguridad, o será objeto de otras restricciones en su libertad personal, en relación con un delito.

III.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

14.

LQ, NT y RM, las partes recurrentes, son objeto de un proceso penal en el Reino Unido por estafa, presuntamente cometida en su condición de copropietarios y administradores de una sociedad. La supuesta conducta fraudulenta que se describe en la orden consiste en declaraciones falsas y ejecución de trabajos de reparación innecesarios (y frecuentes) por los que cobraron cantidades excesivas a propietarios de inmuebles, en su mayoría personas de edad avanzada.

15.

En marzo de 2021, la Reading Crown Court (Tribunal de lo Penal de Reading, Reino Unido) emitió órdenes de inmovilización a fin de asegurar que los activos de esa sociedad y de LQ, NT y RM estuvieran disponibles para indemnizar a los supuestos perjudicados en caso de que se dictaran sentencias condenatorias.  ( 7 ) El 5 de agosto de 2021, ese mismo tribunal declaró que LQ, NT y RM habían incumplido las órdenes de inmovilización de activos y, en consecuencia, los condenó en rebeldía por desacato al tribunal, e impuso a cada acusado una pena de seis meses de prisión.

16.

El 6 de diciembre de 2022, la Portsmouth Magistrates’ Court (Juzgado de lo Penal de Portsmouth, Reino Unido), la autoridad judicial, emitió tres órdenes de detención con arreglo al ACC, solicitando la entrega de LQ, NT y RM, con el fin de enjuiciarlos por delitos de estafa. En esas órdenes de detención, dicha autoridad declaró que, dado que el quebrantamiento de las medidas de inmovilización de activos no es una infracción penal con arreglo al Derecho inglés, la constatación por la Reading Crown Court (Tribunal de lo Penal de Reading) del incumplimiento de la resolución de inmovilización de activos y del desacato al tribunal no supone que dichos actos constituyan delitos, por lo que debía considerarse que las órdenes de detención se emitían exclusivamente a efectos del proceso penal por estafa.  ( 8 )

17.

Mediante sentencia de 8 de abril de 2024, la High Court (Tribunal Superior) desestimó la objeción a la entrega que formularon LQ, NT y RM y, en virtud de resoluciones dictadas en esa misma fecha, ordenó su entrega al Reino Unido.

18.

El 5 de junio de 2024, se concedió autorización a LQ, NT y RM para interponer recurso de casación ante la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda), que es el órgano jurisdiccional remitente.

19.

LQ, NT y RM alegan ante el órgano jurisdiccional remitente que su entrega al Reino Unido debe denegarse, puesto que constituye una violación del principio de especialidad establecido en el artículo 22, apartado 2, de la Ley de 2003 sobre la Orden de Detención Europea y el artículo 625 del ACC.

20.

En el recurso de casación, los recurrentes adujeron que debe atribuirse al término «delito» del artículo 625, apartado 2, del ACC un significado autónomo, en lugar de basarse en las calificaciones nacionales. Si bien el desacato al tribunal no se considera una infracción penal en el Derecho inglés, los recurrentes sostienen que la naturaleza del procedimiento y la gravedad de la sanción le confieren carácter penal. Aluden al objetivo del artículo 625 del ACC, que es proteger el derecho a un juez imparcial conforme al artículo 47 de la Carta. Alegan que la interpretación del término «delito» ha de ser coherente con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»), en particular con los criterios establecidos en la sentencia Engel,  ( 9 ) que toman en consideración la calificación del delito en el Derecho nacional, su naturaleza y la gravedad de la pena impuesta. Los recurrentes subrayan que estos dos últimos criterios podrían bastar por sí solos para calificar un procedimiento de penal a efectos del CEDH, e invocaron sentencias como Kyprianou c. Chipre  ( 10 ) y Benham c. Reino Unido  ( 11 ) para sostener que, dependiendo de la pena impuesta, el procedimiento de desacato puede estar protegido por lo dispuesto en el artículo 6 del CEDH.

21.

En cambio, la parte recurrida aduce que la analogía con el artículo 6 del CEDH es incorrecta. Sostiene que el CEDH exige una norma común para determinar las acusaciones penales entre los Estados contratantes, pero que las normas en materia de entrega del ACC y de la Decisión Marco 2002/584/JAI  ( 12 ) tienen una finalidad distinta, que se fundamenta en la confianza mutua y el respeto de las calificaciones nacionales. Según la parte recurrida, el principio de la doble tipificación y el principio de especialidad ponen de manifiesto la importancia de la calificación por cada Estado de una conducta de penal o no. No obstante, la parte recurrida reconoce que, si se atribuyera un significado autónomo al término «delito», el criterio final de la sentencia del TEDH de 8 de junio de 1976, Engel y otros c. Países Bajos (CE:ECHR:1976:0608JUD000510071), a saber, la gravedad de la pena, podría plantear dificultades para su postura, ya que la imposición de una pena de seis meses por desacato probablemente conduciría a que se calificase de acusación penal conforme a la jurisprudencia del TEDH.

22.

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente estima que el recurso de casación plantea una cuestión de interpretación del título VII de la tercera parte del ACC, en particular de su artículo 625, apartado 2. El núcleo del asunto radica en cómo se aplica el principio de especialidad cuando el Estado emisor no considera que la conducta o el procedimiento que dan lugar a la privación de libertad tengan carácter penal. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, esta cuestión reviste una importancia más amplia, en particular en lo que respecta al desacato al tribunal. En muchos países, en especial en los de tradición de common law, una persona puede ser privada de libertad por desacato, ya sea como medida coercitiva o como sanción, sin que el procedimiento sea considerado de naturaleza penal y sin que la conducta subyacente sea tratada como una infracción penal. Por lo tanto, resolver esta cuestión es crucial para determinar cómo debe operar el principio de especialidad cuando se aplican mecanismos de ejecución transfronteriza con arreglo al ACC. El órgano jurisdiccional remitente señala que el Tribunal de Justicia aún no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión.

23.

El órgano jurisdiccional remitente considera que no hay motivos para dudar de la afirmación de las autoridades del Reino Unido según la cual el incumplimiento de las medidas de inmovilización de activos no constituye una infracción penal con arreglo al Derecho de ese Estado. Observa asimismo que en Irlanda, al igual que en el Reino Unido, pueden existir casos de desacato civil al tribunal en los que se impongan penas de prisión determinadas con fines que no sean puramente coercitivos. Sin embargo, señala que no se han formulado ante él alegaciones suficientes para determinar si, en circunstancias comparables a las del Reino Unido, ese desacato debe considerarse de carácter penal o civil. El órgano jurisdiccional remitente explica que no sería necesario resolver esta cuestión si, en respuesta a su petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia decidiera que el término «delito» del artículo 625, apartado 2, del ACC tiene un significado autónomo.

24.

En tales circunstancias, la Supreme Court (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

IV.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

25.

Han presentado observaciones escritas LQ, NT y RM, Irlanda y la Comisión Europea. En la vista celebrada el 11 de septiembre de 2025, esas mismas partes formularon observaciones orales.

V.

Análisis

26.

Las presentes conclusiones seguirán la estructura siguiente. Empezaré exponiendo la secuencia y la lógica interna de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional nacional (sección A). A continuación, abordaré su examen en cuanto al fondo, comenzando por la interpretación del principio de especialidad previsto en el artículo 625, apartado 2, del ACC y la pertinencia de los derechos fundamentales en este contexto (sección B). Por último, analizaré si la conducta específica y la sanción en cuestión —a saber, una pena de prisión por desacato al tribunal que la legislación del Estado emisor califica de materia civil— están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 625, apartado 2, del ACC (sección C).

A.

Secuencia y lógica interna de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional nacional

27.

En mi opinión, resulta útil para el análisis examinar conjuntamente las cuatro primeras cuestiones prejudiciales antes de abordar la quinta, pues parece que las cuatro primeras cuestiones determinan el marco jurídico y conceptual conforme al cual ha de analizarse la quinta cuestión.

28.

Las cuatro primeras cuestiones prejudiciales versan sobre si el mecanismo de entrega se aplica únicamente a asuntos penales (primera cuestión), cómo debe entenderse el concepto de «delito» del artículo 625, apartado 2, del ACC (cuestiones segunda y tercera) y si las normas de Derecho de la Unión o del CEDH en materia de derechos fundamentales son pertinentes para realizar esta determinación (cuestión cuarta). Por consiguiente, puede ser oportuno que el Tribunal de Justicia analice conjuntamente las cuatro primeras cuestiones, en especial porque forman un bloque coherente relativo a la interpretación del término «delito» y la pertinencia de los derechos fundamentales en este contexto.

29.

Mediante la quinta cuestión, en cambio, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 625, apartado 2, del ACC se opone a la entrega cuando una persona ha sido condenada a una pena de seis meses de prisión por desacato al tribunal, pero la entrega no se solicita para ejecutar dicha pena, porque el Estado emisor califica el desacato de materia civil y no de infracción penal. Esta cuestión, por tanto, gira en torno a un supuesto concreto, que se refiere a una pena privativa de libertad por desacato al tribunal que en el Estado emisor se califica de materia civil, y constituye una aplicación del marco interpretativo analizado en las cuatro primeras cuestiones prejudiciales.

30.

Dicho esto, la aplicación del artículo 625, apartado 2, del ACC presupone que la conducta que conduzca a la privación de libertad —en el caso de autos, el desacato civil al tribunal por incumplimiento de las órdenes de inmovilización por el que se impuso una pena de prisión— esté comprendida en el concepto de «delito» en el sentido de la citada disposición. Si, por el contrario, esa conducta no está incluida en dicho concepto, el principio de especialidad simplemente no es aplicable. En tal caso, no sería necesario examinar si el referido principio se opone a la entrega, ya que no concurrirían los requisitos legales para su aplicación.

31.

Por último, es también evidente que la quinta cuestión no puede examinarse en abstracto, puesto que esa cuestión presupone que la conducta en cuestión, a saber, el desacato civil al tribunal, ya ha sido calificada de «delito» en el sentido del artículo 625, apartado 2, del ACC. Los criterios para determinar esta calificación son precisamente el objeto de las cuatro primeras cuestiones prejudiciales.

32.

En consecuencia, mi análisis se estructura en dos partes: en primer lugar, la interpretación del principio de especialidad y del concepto de «delito» a los efectos del artículo 625, apartado 2, del ACC; y, en segundo lugar, las consecuencias de esa interpretación cuando la conducta de que se trata constituye un desacato al tribunal que en el Estado emisor se califica como de carácter civil.

B.

Sobre las cuestiones prejudiciales primera a cuarta

33.

Mediante sus cuatro primeras cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el ámbito de aplicación del título VII de la tercera parte del ACC, relativo a las «entregas», y, en particular, de su artículo 625, apartado 2, se circunscribe al enjuiciamiento penal y a las penas o medidas de seguridad privativas de libertad impuestas por infracciones penales; y, de ser así, si el término «delito», a efectos del principio de especialidad, debe interpretarse i) por remisión al Derecho del Estado emisor, ii) por remisión al Derecho del Estado de ejecución o iii) de manera autónoma y, en este último caso, conforme a qué criterios, teniendo en cuenta los artículos 47 a 50 de la Carta y el artículo 6 del CEDH.

34.

El propio tenor del artículo 625, apartado 2, del ACC no indica expresamente si el término «delito» ha de definirse con arreglo al Derecho del Estado emisor o conforme al Derecho del Estado de ejecución, o si debe interpretarse de forma autónoma. Así pues, el concepto de «delito» debe interpretarse a la luz del contexto más amplio del ACC y del principio de especialidad.

1.

Marco general para la interpretación del ACC

a)

Instrumento de Derecho internacional público

35.

Desde el final del período transitorio de la retirada del Reino Unido de la Unión, las relaciones entre la Unión y el Reino Unido se han regido por acuerdos internacionales, sobre todo el ACC. El ACC es un acuerdo de asociación celebrado con arreglo al artículo 217 TFUE. Fue adoptado exclusivamente como un acuerdo de la Unión, no como acuerdo mixto, lo que significa que los Estados miembros no son partes contratantes.  ( 13 )

36.

Se admite de forma general que el ACC debe interpretarse como un instrumento de Derecho internacional público.  ( 14 ) El propio Acuerdo confirma esta orientación. El artículo 4, apartado 2, excluye la obligación de interpretar las disposiciones del ACC de conformidad con el Derecho interno de las partes. Por lo tanto, el marco interpretativo es el del Derecho internacional público y, en particular, la CVDT.  ( 15 ) Así lo dispone expresamente el artículo 4, apartado 1, del ACC, al exigir que el Acuerdo se interprete de buena fe, de conformidad con el sentido corriente de sus expresiones en su contexto y a la luz de su objeto y propósito.

37.

Por último, procede señalar que el artículo 5, apartado 1, del ACC prevé que, en principio, sus disposiciones no confieren derechos ni imponen obligaciones directamente a las personas. Sin embargo, ese precepto contempla expresamente una excepción «con respecto a la Unión [Europea]» para la tercera parte del ACC. El artículo 625 del ACC, que establece el principio de especialidad, forma parte del título VII, «Entregas», de la tercera parte. Esta elección deliberada de la redacción indica que, en el ordenamiento jurídico de la Unión, las disposiciones de la tercera parte pueden producir efecto directo y, por tanto, ser invocadas por los particulares, siempre que cumplan los criterios ordinarios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para que los acuerdos internacionales tengan efecto directo.  ( 16 ) En otras palabras, las materias comprendidas en la tercera parte del ACC y que se encuadren dentro de la Unión Europea pueden conferir a los particulares derechos invocables ante los órganos jurisdiccionales nacionales, pese a la exclusión general del efecto directo en otros preceptos del ACC.

b)

Cooperación recíproca sujeta a salvaguardias

38.

Las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia en la sentencia Alchaster I son decisivas para entender el principio de especialidad.  ( 17 ) El Tribunal de Justicia precisó que, a diferencia del régimen de la orden de detención europea (en lo sucesivo, «ODE»), que se basa en la confianza mutua entre los Estados miembros, el ACC establece un régimen de cooperación recíproca sujeto a salvaguardias.

39.

A este respecto, el Tribunal de Justicia observó que el Reino Unido no forma parte del sistema construido sobre la confianza mutua y distinguió tres tipos de regímenes de cooperación, a saber, en primer lugar, los Estados miembros de la Unión, en los que la confianza mutua es el fundamento del espacio de libertad, seguridad y justicia; en segundo lugar, los países terceros, en particular determinados Estados del Espacio Económico Europeo, como Islandia y Noruega, que mantienen una relación especial con la Unión; y, en tercer lugar, otros países terceros. Con respecto al Reino Unido, el Tribunal de Justicia declaró que la «cooperación [no se presenta] en el sentido de que se basa en la salvaguardia de la confianza mutua entre los Estados de que se trata existente antes de la salida del Reino Unido de la Unión».  ( 18 ) En particular, «el Reino Unido no forma parte del espacio europeo sin fronteras interiores, cuya construcción es posible, en particular, gracias al principio de confianza mutua».  ( 19 ) Por otra parte, el régimen instaurado por el ACC no establece relaciones «tan privilegiadas como» las descritas en la jurisprudencia anterior relativa a esos Estados del Espacio Económico Europeo.  ( 20 )

40.

Esta distinción es fundamental a efectos del principio de especialidad, cuya aplicación en el régimen de la ODE presupone que ambos Estados miembros actúan en un marco de confianza mutua. Gracias a esa confianza mutua, el Estado emisor puede asumir la responsabilidad del procesamiento o la ejecución de la pena una vez que se haya autorizado la entrega.  ( 21 ) Esa confianza mutua garantiza asimismo que los derechos fundamentales de las personas afectadas, en particular los consagrados en la Carta, estén protegidos por ordenamientos jurídicos nacionales, que se considera que pueden proporcionar una protección equivalente y efectiva en la Unión Europea.  ( 22 )

41.

Además, en la sentencia Alchaster I, el Tribunal de Justicia subrayó que el régimen de entrega previsto en el ACC contempla excepciones y garantías específicas de los derechos humanos —incluidas las basadas en el carácter político del delito, la nacionalidad y los riesgos para los derechos fundamentales— que no tienen equivalente en la ODE.  ( 23 ) Tales excepciones no están supeditadas a la constatación de deficiencias sistémicas.  ( 24 )

42.

En particular, el Tribunal de Justicia destacó que el ACC contiene excepciones y garantías adicionales, como las previstas en los artículos 602, 603 y 604, letra c), del ACC, que no se encuentran en la Decisión Marco 2002/584. La sentencia Alchaster I declara que el marco del ACC requiere un examen ex ante y caso por caso de los límites y garantías legales aplicables.  ( 25 ) De ello se deduce que los órganos jurisdiccionales de la Unión deben llevar a cabo una evaluación individualizada de los riesgos a la luz de la Carta. El Tribunal de Justicia concluyó que este régimen exige una evaluación independiente por la autoridad judicial de ejecución, sin basarse en una presunción general de confianza.  ( 26 )

43.

Esta distinción afecta a la forma en que debe entenderse el principio de especialidad, a saber, no como una presunción automática de cumplimiento por el Estado emisor, sino como una salvaguardia que ha de ser evaluada y garantizada por la autoridad de ejecución en cumplimiento de sus propias obligaciones de velar por el respeto de los derechos fundamentales. Como el Tribunal de Justicia recalcó en la sentencia Alchaster I, el artículo 604, letra c), del ACC faculta expresamente a la autoridad de ejecución a solicitar garantías adicionales cuando existan motivos fundados para creer que existe un riesgo real para la protección de los derechos fundamentales de la persona afectada en caso de que esta sea entregada.  ( 27 )

2.

Ámbito de aplicación del principio de especialidad previsto en el artículo 625, apartado 2, del ACC

44.

El principio de especialidad forma parte del Derecho consuetudinario que regula la extradición entre Estados.  ( 28 ) La mayoría de los tratados de extradición, si no todos, prevén disposiciones que establecen dicho principio.  ( 29 ) En el caso del ACC, el artículo 625, apartado 2, dispone que, sin perjuicio de determinadas excepciones, «la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por un delito cometido antes de la entrega de dicha persona [y distinto del] que motivó su entrega».

45.

Esta disposición, que regula el principio de especialidad en el citado Acuerdo, refleja el tenor y la estructura del artículo 27 de la Decisión Marco 2002/584.  ( 30 ) Sin embargo, como el Tribunal de Justicia precisó en la sentencia Polydor y RSO Records,  ( 31 ) la identidad entre los términos del Derecho de la Unión y de los acuerdos internacionales no implica automáticamente una interpretación uniforme. Esto se debe a que las disposiciones que figuran en un acuerdo internacional pueden perseguir objetivos diferentes y operar en un contexto jurídico e institucional distinto. En consecuencia, la jurisprudencia sobre el principio de especialidad desarrollada en relación con la ODE no puede extrapolarse automáticamente al marco del ACC, ya que este marco sustituye la confianza mutua, inherente a un espacio sin fronteras interiores, por un sistema de cooperación sujeto a salvaguardias.  ( 32 ) El ámbito de aplicación del principio de especialidad previsto en el ACC debe determinarse, por el contrario, mediante una interpretación literal, contextual y teleológica del propio Acuerdo.  ( 33 )

46.

Aun cuando el ámbito de aplicación territorial del principio de especialidad establecido en el artículo 625, apartado 2, del ACC, que se aplica a las relaciones en materia de entrega entre el Reino Unido y todos los Estados miembros de la Unión, no es objeto del presente asunto, es necesario, no obstante, examinar el ámbito de aplicación personal, temporal y material de ese precepto, que analizaré a continuación de forma sucesiva.

a)

Ámbito de aplicación personal

47.

En la sentencia Leymann y Pustovarov,  ( 34 ) el Tribunal de Justicia declaró que el principio de especialidad enunciado en el artículo 27, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584 está «vinculado a la soberanía del Estado miembro de ejecución» y «confiere a la persona buscada el derecho a no ser acusada, condenada o privada de libertad salvo por el delito que hubiese motivado su entrega».  ( 35 ) Procede efectuar dos observaciones. La formulación utilizada por el Tribunal de Justicia, según la cual ese principio está «vinculado» y también «confiere», pone de manifiesto su doble naturaleza: en el marco de la ODE, sirve simultáneamente como una salvaguardia de la soberanía del Estado y como un derecho subjetivo de la persona buscada, que, tras ser entregada, puede invocar con arreglo al ordenamiento jurídico de la Unión.

48.

Por consiguiente, la cuestión que se suscita es si la doble naturaleza establecida en la jurisprudencia sobre la ODE se aplica también al artículo 625, apartado 2, del ACC.

49.

A este respecto, en lo que se refiere a la soberanía, el artículo 625, apartado 2, del ACC precisa que el procesamiento por «otros delitos» requiere el consentimiento de la autoridad de ejecución, lo cual garantiza que el Estado de ejecución mantenga el control último sobre los efectos jurídicos de su decisión de entrega. Esta función refleja el razonamiento sobre la soberanía desarrollado en relación con la Decisión Marco 2002/584.

50.

Por lo que se refiere a los derechos concedidos a la persona, el régimen de la ODE se basa en un elevado grado de confianza mutua entre los Estados miembros,  ( 36 ) en particular en un espacio europeo sin fronteras interiores.  ( 37 ) Como el Tribunal de Justicia ha explicado,  ( 38 ) esa confianza obliga a cada uno de los Estados miembros a presumir, salvo en circunstancias excepcionales, que los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y en especial los derechos fundamentales.  ( 39 ) Dicha presunción fundamental de cumplimiento permite agilizar los procedimientos, en lugar de depender de salvaguardias o mecanismos de consentimiento establecidos individualmente.

51.

En cambio, el fundamento de la tercera parte del ACC es la cooperación en el ámbito judicial penal, como el Tribunal de Justicia precisó en la sentencia Alchaster I. Observó que, conforme al considerando 23 y al artículo 1 del ACC, dicho Acuerdo tiene por objeto reforzar la seguridad de la Unión y del Reino Unido haciendo posible la cooperación en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales, así como con la ejecución de sanciones penales.  ( 40 ) Dicho objetivo se establece en la tercera parte, como confirma el artículo 522, apartado 1, del ACC.  ( 41 ) Además, el artículo 524, apartado 1, del ACC fundamenta esa cooperación en el respeto común de la Unión, el Reino Unido y los Estados miembros por la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales, en particular los garantizados por el CEDH.  ( 42 )

52.

No obstante, si bien el ACC aspira a mantener un nivel elevado de garantías para las personas, comparables a las que se conceden en el seno de la Unión, funciona, como ya he señalado,  ( 43 ) sobre la base de una cooperación recíproca sujeta a salvaguardias, en lugar de en virtud de la confianza mutua. Por consiguiente, para garantizar que se mantenga la protección efectiva de los derechos fundamentales es preciso que las salvaguardias contempladas en el ACC, en particular las del artículo 625, apartado 2, del ACC, tengan plenos efectos y se apliquen como garantías operativas en el procedimiento de entrega.

53.

Esto demuestra que el principio de especialidad, aunque se articula como una garantía procesal, opera en la práctica como un instrumento que ha de ser aplicado activamente por la autoridad de ejecución para garantizar que cumpla su función de protección, en particular a la luz de las obligaciones en materia de derechos fundamentales. En consecuencia, en el ACC, la dimensión del principio de especialidad relativa a los derechos subjetivos se ve intensificada, pues la inexistencia de confianza mutua  ( 44 ) obliga a la autoridad judicial de ejecución a comprobar, antes de la entrega, el cumplimiento de dicho principio y, en caso necesario, solicitar garantías adicionales de conformidad con el artículo 604, letra c), del ACC.

54.

De ello se deduce que el principio de especialidad establecido en el artículo 625, apartado 2, del ACC debe interpretarse en el sentido de que presenta la misma doble naturaleza que en la Decisión Marco 2002/584, es decir, es una manifestación de la soberanía del Estado de ejecución y también confiere, dentro de la Unión, a la persona entregada el derecho a no ser procesada, condenada o privada de libertad por un delito distinto del que motivó su entrega.

b)

Ámbito de aplicación temporal

55.

El proceso de entrega consiste, con arreglo al ACC, en varias fases distintas, en particular, el examen de la solicitud de entrega, la ejecución de la decisión de entregar (o de no entregar) y el procedimiento de consentimiento. Las garantías legales aplicables pueden variar dependiendo de la fase del procedimiento. Por lo tanto, es importante aclarar el ámbito de aplicación temporal del artículo 625, apartado 2, del ACC y su relación con el procedimiento de consentimiento establecido en los apartados 3, letra g), y 4 del propio artículo 625.

56.

En lo que atañe al ámbito de aplicación temporal, el artículo 625, apartado 2, del ACC se aplica con carácter previo y como un requisito de la entrega: forma parte del marco jurídico que regula si la entrega puede efectuarse lícitamente. En cambio, el procedimiento de consentimiento del artículo 625, apartados 3, letra g), y 4, del ACC desempeña una función posterior a la entrega. Establece el mecanismo mediante el cual el Estado emisor puede solicitar, después de la entrega, el consentimiento del Estado de ejecución para ampliar el alcance de las actuaciones penales a otros delitos.

57.

A la luz del razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia Alchaster I, la autoridad judicial de ejecución debe realizar un examen ex ante para garantizar que el tratamiento previsible tras la entrega cumplirá el principio de especialidad. Así pues, la cuestión de la aplicabilidad del principio de especialidad al caso de autos debe invocarse antes de la entrega en el marco de la valoración que realice el juez de ejecución de conformidad con la Carta.

58.

De ello se deduce que el mecanismo de consentimiento del artículo 625, apartados 3, letra g), y 4, del ACC y la valoración a la luz de la Carta, tal como se aplica al principio de especialidad, son dos cuestiones distintas. El procedimiento de consentimiento se desarrolla después de la entrega: únicamente se inicia cuando el Estado emisor solicita formalmente una ampliación del alcance de la entrega para enjuiciar a la persona entregada por «otros delitos».  ( 45 ) En cambio, el examen ex ante por la autoridad judicial de ejecución se efectúa antes de la entrega y tiene por objeto la garantía básica del artículo 625, apartado 2, del ACC, a saber, que la persona no sea procesada, condenada o privada de libertad por delitos no autorizados, es decir, delitos distintos de los autorizados en la orden de detención. Se trata de una protección inmediata y ex ante, y constituye uno de los elementos determinantes de la legalidad de la decisión de entrega.

59.

Esta argumentación no queda desvirtuada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en las sentencias Leymann y Pustovarov  ( 46 ) y Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio de especialidad),  ( 47 ) dado que ambas sentencias parten del hecho de que la entrega ya se había producido y la persona entregada estaba a merced de la competencia del Estado emisor. En esos asuntos, el Tribunal de Justicia analizó el principio de especialidad en el contexto de solicitudes posteriores a la entrega: el Estado emisor había solicitado consentimiento para enjuiciar por otros delitos a una persona que ya había sido entregada.

60.

Del mismo modo, la sentencia F.  ( 48 ) no tenía por objeto si el principio de especialidad era aplicable —extremo que no se discutía—, sino qué garantías procesales se exigían al Estado de ejecución. La cuestión prejudicial versaba sobre si el Derecho nacional podía prever un recurso, con efectos suspensivos, contra la decisión de la autoridad judicial de ejecución de dar su consentimiento a actuaciones penales adicionales. En otras palabras, en el asunto F., la valoración del juez de ejecución solo tuvo lugar después de la entrega, en el marco del procedimiento de consentimiento. La función de la autoridad de ejecución se limitó a una decisión de consentimiento posterior, después de que ya se hubiera ejecutado la entrega inicial.

61.

Dado que tales sentencias se refieren a una situación jurídica en la que la entrega ya se había producido, no se adecúan a un supuesto en el que la autoridad judicial de ejecución aún no ha decidido si entrega a una persona. Esta distinción confirma que la jurisprudencia desarrollada en el marco de la ODE sobre el consentimiento posterior a la entrega no puede extrapolarse automáticamente a la fase previa a la entrega con arreglo al ACC.

62.

En el presente asunto, la autoridad judicial de ejecución aún no ha decidido si concederá la entrega. Cuando la persona buscada formula una objeción durante el procedimiento previo a la entrega, como en el caso de autos, aparece una distinción temporal y procesal crucial. Mediante esas objeciones previas a la entrega, la pretensión de la persona afectada no tiene por objeto la ampliación del alcance de la entrega ex post, sino si la entrega debe autorizarse o no. Por consiguiente, cuando con arreglo al ACC se formula la objeción de que la entrega expondría a la persona a ser procesada o privada de libertad por un delito distinto del especificado en la orden, la valoración de dicha objeción se efectúa necesariamente antes de la entrega y versa sobre la legalidad de la propia decisión de entrega.

63.

Al garantizar que no pueda producirse ningún procesamiento, condena o privación de libertad salvo por los delitos autorizados por la autoridad de ejecución, el principio de especialidad del artículo 625, apartado 2, del ACC protege a las personas frente a una privación de libertad arbitraria o imprevisible, lo cual forma parte integrante del derecho a la libertad y del principio de legalidad. De este modo, constituye una garantía procesal esencial, estrechamente ligada al derecho a la libertad y al principio de legalidad.

64.

Por una parte, el tenor del artículo 611, apartado 2, del ACC confirma este carácter, pues exige que toda renuncia al principio de especialidad se formule «voluntariamente y con pleno conocimiento de las consecuencias que ello acarrea». Esta formulación es típica de las normas que regulan la renuncia a garantías procesales esenciales, como el derecho de defensa o el derecho a un proceso con todas las garantías.  ( 49 )

65.

Por otra parte, desde un punto de vista sistemático, el principio de especialidad opera como un amparo procesal que confiere efectos concretos a los derechos reconocidos por la Carta, como el derecho a la libertad (artículo 6),  ( 50 ) el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 47) y el principio de legalidad y previsibilidad de las penas (artículo 49, apartado 1).  ( 51 ) Aunque no es un derecho independiente consagrado expresamente en la Carta, es comparable a las garantías procesales esenciales, como el derecho a la asistencia jurídica o el derecho a estar presente en el juicio.

66.

En particular, en virtud del artículo 47 de la Carta, que reitera el principio de la tutela judicial efectiva, los órganos jurisdiccionales nacionales han de poder adoptar las medidas necesarias para asegurar la plena eficacia y vigencia de los derechos directamente aplicables derivados del ordenamiento jurídico de la Unión.  ( 52 ) El artículo 625, apartado 2, del ACC, como garantía procesal esencial que forma parte del Derecho de la Unión,  ( 53 ) confiere un derecho de este tipo. En consecuencia, la autoridad judicial de ejecución debe tener competencia para velar por su observancia, y la obligación de hacerlo, denegando la entrega o exigiendo salvaguardias vinculantes cuando exista la probabilidad de que se vulnere dicha garantía. Cualquier norma o práctica nacional que impida a dicha autoridad ejercer la mencionada competencia menoscabaría la eficacia del Derecho de la Unión y contravendría el artículo 47 de la Carta.  ( 54 ) Así pues, el artículo 47 de la Carta presupone que el artículo 625, apartado 2, del ACC pueda invocarse ante los tribunales y faculta a la autoridad de ejecución a velar por su cumplimiento.

c)

Ámbito de aplicación material

67.

En mi opinión, el ámbito de aplicación material del principio de especialidad del artículo 625, apartado 2, del ACC engloba dos dimensiones distintas pero interrelacionadas. La primera se refiere a cómo debe definirse el término «delito», a saber, con arreglo a la legislación del Estado emisor, con arreglo a la legislación del Estado de ejecución o de manera autónoma conforme al propio Acuerdo. La segunda dimensión se refiere a los delitos comprendidos en la decisión de entrega, que determina los límites materiales de las actuaciones penales que pueden seguir legalmente a la entrega.

1)

Término «delito» en el sentido del artículo 625, apartado 2, del ACC

68.

Irlanda y la Comisión sostienen que el significado ordinario del término «delito» que figura en el artículo 625 del ACC se circunscribe a las infracciones penales calificadas de tales por el Estado emisor. En la vista, Irlanda recalcó la función sistemática de la norma de la doble tipificación como salvaguardia comparativa. Según Irlanda, sería incorrecto invocar la jurisprudencia establecida por el TEDH con arreglo al artículo 6 del CEDH, ya que esa jurisprudencia desarrolla un concepto autónomo de «acusación en materia penal» en relación con un tribunal imparcial, y no con respecto al procedimiento de entrega.

69.

La Comisión añade que el término «delito» del artículo 625 del ACC debe tener un significado único en todo este precepto, esto es, en los apartados 2 y 4, y que solo puede referirse a las infracciones penales tal como las define el Estado emisor. Varias disposiciones de la tercera parte del ACC aluden expresamente a «acciones penales» o «delito según […] Derecho penal», mientras que el artículo 599 formula la norma de la doble tipificación en esos términos.

70.

A mi juicio, no debe acogerse esta interpretación tan restrictiva. En primer lugar y ante todo, el ACC forma parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión  ( 55 ) y, por consiguiente, ha de interpretarse conforme a la Carta, que se aplica siempre que los Estados miembros actúen dentro del ámbito del Derecho de la Unión, incluidos los procedimientos de entrega instruidos con arreglo a la tercera parte del ACC. En consecuencia, el principio de especialidad del artículo 625, apartado 2, del ACC ha de interpretarse de manera que respete la Carta. En particular, el derecho a la libertad consagrado en el artículo 6 de la Carta y el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 47 de la Carta, así como el principio de legalidad y previsibilidad de las penas enunciado en el artículo 49, apartado 1, de la Carta, exigen que la protección concedida por el principio de especialidad no se limite a las infracciones formalmente calificadas de «penales» por el Estado emisor, sino que se extienda a cualquier conducta o procedimiento que tenga naturaleza o efectos penales.

71.

Por ello, es preciso dar una interpretación autónoma al término «delito», tal como declaró la sentencia Bonda del Tribunal de Justicia,  ( 56 ) que reproduce los criterios de la sentencia Engel formulados por el TEDH  ( 57 ) (en lo sucesivo, «criterios de la sentencia Bonda»), mediante los que el Tribunal de Justicia estableció una comprobación en tres pasos para determinar si una sanción es de «naturaleza penal»: i) la calificación jurídica en el Derecho nacional, ii) la naturaleza intrínseca de la infracción y iii) la gravedad de la pena. Este planteamiento garantiza que la privación de libertad no pueda ser excluida de la protección del principio de especialidad simplemente porque un ordenamiento nacional califique la sanción de «civil», «administrativa» o «disciplinaria». En otras palabras, el artículo 625, apartado 2, del ACC no puede interpretarse de modo que queden excluidos de su ámbito de aplicación comportamientos y sanciones regidos por los derechos protegidos por la Carta.  ( 58 )

72.

En segundo lugar, como dispone el artículo 4, apartado 1, del ACC, en virtud del artículo 31, apartado 1, de la CVDT, un tratado debe interpretarse de buena fe, de conformidad con el sentido corriente de sus expresiones en su contexto y a la luz de su objeto y propósito. El objeto y propósito del principio de especialidad enunciado en el artículo 625, apartado 2, del ACC es proteger a la persona buscada de ser procesada, condenada o privada de libertad por actos que no hayan sido objeto de control por la autoridad judicial de ejecución. Una interpretación restrictiva vinculada únicamente a la calificación formal por el Estado emisor privaría a esta garantía de gran parte de su efecto útil,  ( 59 ) en especial en el contexto de una objeción previa a la entrega. Dado que el ACC se basa, expresamente, no en la confianza mutua, sino en la cooperación recíproca con salvaguardias, si la autoridad de ejecución aplicase «ciegamente» la calificación del Estado emisor, la protección de la persona podría reducirse precisamente cuando las consecuencias de la decisión de la autoridad de ejecución son más significativas para los derechos de esa persona, es decir, antes de la entrega, cuando la autoridad judicial de ejecución aún no ha determinado si esos derechos serán protegidos adecuadamente. En otras palabras, el efecto útil del principio de especialidad del artículo 625, apartado 2, del ACC exige que la autoridad judicial de ejecución mantenga la facultad de valorar de manera autónoma si la sanción de que se trata es de naturaleza penal, en lugar de basarse simplemente en la calificación por el Estado emisor. En este mismo sentido, una interpretación autónoma garantizaría también el efecto útil del artículo 524, apartado 2, del ACC.  ( 60 )

73.

La alegación de la Comisión según la cual su planteamiento protege los derechos fundamentales con idéntica eficacia, sin que se necesite una definición autónoma de «delito», pasa por alto el hecho de que el principio de especialidad del artículo 625, apartado 2, del ACC ofrece por sí mismo una garantía procesal esencial que protege los derechos fundamentales, lo cual asegura que la autoridad judicial de ejecución defina los límites jurídicos exactos de la potencial privación de libertad que autoriza, preservando así el derecho a la libertad, la tutela judicial efectiva y los principios de legalidad y previsibilidad de las penas. Si la interpretación de la expresión «delito» se dejara a la calificación nacional, la autoridad de ejecución perdería el control sobre los límites de la protección conferida, con lo que la persona buscada quedaría expuesta a una potencial privación de libertad o pena por actos no contemplados en su decisión de entrega. Una definición autónoma del concepto de «delito» conforme a los criterios de la sentencia Bonda y centrada en si la sanción que lleva aparejada tiene naturaleza penal es indispensable, por tanto, para garantizar esos derechos fundamentales.  ( 61 )

74.

En cuanto a la alegación de que el propio tenor literal del ACC respalda una interpretación más amplia, debe señalarse que, por un lado, otras disposiciones de la tercera parte, como los artículos 598, letra a), 600, letra a), y 601, letra d), se refieren expresamente a «acciones penales» o «delito según […] Derecho penal», y el artículo 599 formula la norma de la doble tipificación en esos términos. Por otro lado, el artículo 625, apartado 2, del ACC emplea el término «delito» sin más. La omisión de la palabra «penal» sugiere que se eligió deliberadamente emplear el término «delito», más amplio, indicando un ámbito de protección más extenso del principio de especialidad. Sin embargo, otras versiones lingüísticas, excepción hecha de la inglesa, no confirman si el término «delito» del artículo 625, apartado 2, del ACC pretende abarcar únicamente delitos penales o también otras formas de conducta indeseable.  ( 62 ) Por tanto, las versiones lingüísticas no son concluyentes sobre este particular y el significado de «delito» no puede dilucidarse remitiéndose exclusivamente a la deducción lingüística.

75.

Por consiguiente, el término «delito» del artículo 625, apartado 2, del ACC debe interpretarse a la luz del contexto y el fin de dicha disposición, que pueden justificar una aplicación diferenciada del concepto de «delito» dentro del Acuerdo. En el ACC, dicho concepto puede, por tanto, actuar de distinta forma en dos fases del sistema de entrega: puede calificarse con arreglo al Derecho interno a efectos de emitir una orden de detención conforme al ACC, pero interpretarse de modo autónomo al aplicar el principio de especialidad del artículo 625, apartado 2, del ACC. Así pues, el artículo 625, apartado 2, del ACC opera como una garantía protectora que ampara a la persona entregada contra el procesamiento, la condena o la privación de libertad por «otros delitos». Este objetivo de protección apoya una interpretación autónoma de «delito», en consonancia con los criterios de la sentencia Bonda, a fin de evitar que la salvaguardia pudiera ser socavada de contenido por las calificaciones jurídicas nacionales y de preservar la coherencia y el objetivo de protección del régimen de entrega del ACC.  ( 63 )

76.

El mismo razonamiento es válido con respecto a la alegación sobre la norma de la doble tipificación. Irlanda aduce que el requisito de la doble tipificación, que se establece en el artículo 599, apartado 2, del ACC, pone de manifiesto que es preciso remitirse al Derecho interno tanto del Estado emisor como del Estado de ejecución para determinar si la conducta en cuestión constituye una infracción penal a efectos del Acuerdo. En su opinión, el título VII de la tercera parte del ACC se basa, por tanto, en la premisa de que solo una conducta calificada de «penal» en el territorio de los dos Estados que intervienen en el procedimiento de entrega puede ser objeto de una orden de detención.

77.

A este respecto, cabe observar que los artículos 599, apartado 2, y 625, apartado 2, del ACC regulan fases distintas del procedimiento de entrega y persiguen objetivos diferentes. El artículo 599, apartado 2, del ACC, que aplica la norma de la doble tipificación, se refiere a la procedencia de la entrega por la conducta que constituye la base de la solicitud de entrega. En cambio, el artículo 625, apartado 2, constituye una garantía de protección que impide el procesamiento o la privación de libertad por «otros delitos» cometidos antes de la entrega. Para que el principio de especialidad mantenga su efecto útil y garantice las protecciones que confiere la Carta, se requiere una interpretación autónoma del término «delito» de conformidad con los criterios de la sentencia Bonda.  ( 64 )

2)

Delitos objeto de la orden de detención

78.

El principio de especialidad, previsto en el artículo 625, apartado 2, del ACC, garantiza el derecho a no ser procesado, condenado o privado de libertad por un delito cometido antes de la entrega de una persona y distinto del que motivó su entrega. Según la formulación de ese precepto, basada en el delito,  ( 65 ) el desacato civil al tribunal constituiría normalmente un delito distinto de la estafa, puesto que tiene una calificación jurídica diferente y protege intereses distintos. En consecuencia, procesar, condenar o privar de libertad a una persona por desacato, sin el consentimiento del Estado requerido, daría lugar prima facie a la aplicación del principio de especialidad. Por el contrario, no se violaría el principio de especialidad si el presunto desacato civil está estrechamente ligado y es inherente a la conducta constitutiva de la supuesta estafa por la que se emitió la orden de detención.

3.

Principio de especialidad en la práctica

a)

Invocación como objeción previa a la entrega

79.

Como dejó claro la sentencia Alchaster I, con arreglo al artículo 604, letra c), del ACC, la autoridad judicial de ejecución debe valorar ex ante la compatibilidad de la entrega con los derechos fundamentales. De ello se deduce que, cuando exista un riesgo fundado de vulneración del principio de especialidad, la autoridad judicial de ejecución no puede simplemente ignorar este riesgo basándose en que el procedimiento de consentimiento del artículo 625, apartado 4, del ACC solo se aplica después de la entrega.

80.

Si la autoridad judicial de ejecución aprecia un riesgo real de que la persona sea procesada, condenada o privada de libertad por delitos distintos de aquellos que constituyen la base de la entrega, es posible que se vulneren las garantías procesales esenciales de dicha persona. Incluso en los casos de vulneraciones potenciales, en lugar de reales, de tales garantías, el artículo 625, apartado 2, del ACC obliga a la autoridad judicial de ejecución a cerciorarse de que la persona no está expuesta a un enjuiciamiento o privación de libertad arbitrarios. Por consiguiente, la autoridad judicial de ejecución debe adoptar medidas para eliminar ese riesgo antes de autorizar la entrega.

81.

Es precisamente aquí donde resulta pertinente el artículo 604, letra c), del ACC, en relación con su artículo 613, apartado 2. Ese precepto faculta a la autoridad judicial de ejecución para exigir garantías adecuadas al Estado emisor como condición para la entrega. De este modo, el principio de especialidad del artículo 625, apartado 2, del ACC y la posibilidad de solicitar información adicional con arreglo al artículo 604, letra c), del ACC operan de forma conjunta. El primero define la protección material, mientras que el segundo establece el mecanismo procesal mediante el cual la autoridad judicial de ejecución puede garantizar esa protección por anticipado.

b)

Derecho del justiciable a invocar el principio de especialidad

82.

Cabe observar que el principio de especialidad del artículo 625, apartado 2, del ACC produce efectos diferentes para cada parte implicada. Para el Estado de ejecución, el citado principio garantiza el mantenimiento del control sobre el ámbito de la conducta para la que autoriza la entrega, al conceder a su autoridad judicial la facultad de denegar el consentimiento en casos concretos, preservando de este modo su soberanía. Para el Estado emisor, dicho principio impone la obligación de respetar los límites de la decisión de entrega: a menos que la persona buscada haya renunciado a esa protección, el Estado emisor debe abstenerse de procesar, condenar o privar de libertad a una persona por «otros delitos», solicitar el consentimiento del Estado de ejecución para ello o emitir una nueva orden. Para la persona entregada, dicho principio garantiza el derecho a no ser procesada, condenada o privada de libertad por un acto no comprendido entre aquellos para los que se autorizó la entrega, garantizando la seguridad jurídica y la protección contra una privación arbitraria de libertad.

83.

Procede observar que el principio de especialidad está redactado en términos claros, estrictos y prohibitivos («la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad»). Por consiguiente, en mi opinión, el artículo 625, apartado 2, del ACC establece una garantía clara (aunque sujeta a ciertas excepciones)  ( 66 ) de que la persona entregada no será procesada, condenada o privada de libertad por el Estado emisor por un delito cometido antes de la entrega y distinto del que motivó la entrega.  ( 67 )

84.

Teniendo en cuenta la redacción clara y precisa del artículo 625, apartado 2, del ACC, junto con esas excepciones limitadas y definidas expresamente, así como su reconocimiento explícito de los derechos de la persona entregada, cabe argumentar fundadamente que ese precepto alcanza el umbral para establecer protección en materia de derechos fundamentales de la Unión.

85.

En consecuencia, los efectos jurídicos de esa disposición no se circunscriben a las obligaciones entre Estados, sino que también establecen derechos exigibles que tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico de la Unión y que pueden invocarse directamente ante los tribunales.

86.

Sin embargo, aunque el artículo 625, apartado 2, del ACC puede invocarse, con arreglo al Derecho de la Unión, ante los tribunales de los Estados miembros, como he indicado antes,  ( 68 ) no tiene efecto directo en el Reino Unido. Esto no significa que la persona entregada carezca de protección judicial en ese Estado, sino que dicha protección depende del Derecho interno y no puede basarse directamente en el ACC. De ello se deduce que, en la fase de entrega, los propios órganos jurisdiccionales de la Unión deben velar por que el principio de especialidad sea respetado y, cuando proceda, exigir garantías adicionales en virtud del artículo 604, letra c), del ACC, ya que ese es el momento en que el cumplimiento del artículo 625, apartado 2, del ACC puede garantizarse en el propio ordenamiento jurídico de la Unión.

c)

Ejecución material y procesal

87.

Se produce una infracción procesal de los derechos de una persona si esa persona no dispone de una vía efectiva para invocar el principio de especialidad o impugnar la violación de dicho principio. Por ejemplo, si la persona solo puede contar con la protección diplomática del Estado de ejecución, sin estar legitimada para ejercitar una acción ante los órganos jurisdiccionales del Estado emisor, la protección de los derechos fundamentales se convierte en puramente teórica. Un breve análisis comparativo de los sistemas jurídicos nacionales pone de relieve, además, que los órganos jurisdiccionales nacionales comprueban, en general, la posibilidad de que la persona afectada alegue el principio de especialidad, lo que confirma su naturaleza de garantía exigible por los justiciables.  ( 69 ) Por lo tanto, cuando una persona pueda invocar una supuesta violación del principio de especialidad por el Estado emisor, la autoridad judicial de ejecución puede llevar a cabo la entrega, pues los derechos fundamentales de dicha persona seguirán estando protegidos efectivamente en ese ordenamiento jurídico.  ( 70 )

88.

En el mismo sentido, debe considerarse que, con arreglo al ACC, tanto el contenido del principio de especialidad (cumplimiento material) como la capacidad de aplicarlo (acceso procesal a la justicia) son indispensables para garantizar la compatibilidad con las normas sobre derechos fundamentales que resultan de la Carta. Cuando uno de estos elementos sea incierto, la autoridad judicial de ejecución no podrá proceder a la entrega. Deberá evaluar la situación previsible en el Reino Unido de la persona buscada.

89.

En la práctica, de la sentencia Alchaster I se desprende que, aunque el artículo 604, letra c), del ACC no se refiere expresamente a la denegación de la entrega en caso de que las garantías sean insuficientes, la salvaguardia quedaría privada de efecto útil si se ejecutara una orden cuando no se ofrecen garantías. Por consiguiente, la autoridad judicial de ejecución conserva la facultad —y la obligación—  ( 71 ) de paralizar la entrega cuando persistan los riesgos para los derechos fundamentales.  ( 72 )

90.

Según dicha sentencia, la autoridad judicial de ejecución ha de tener en cuenta tanto el marco jurídico general y las prácticas del Reino Unido, en cuanto al respeto del principio de especialidad, como las circunstancias individuales del caso, incluido cualquier indicio de que la persona podría enfrentarse a un procesamiento, condena o privación de libertad por delitos distintos de los autorizados por la decisión de entrega. Si, después de ese examen, persisten motivos fundados para creer que es probable una violación del principio de especialidad, la autoridad, antes de autorizar la entrega, debe solicitar garantías adecuadas al Estado emisor o, en caso de que tales garantías no existan o sean insuficientes, denegar la entrega de plano.  ( 73 ) En particular, en el apartado 78 de la sentencia Alchaster I, el Tribunal de Justicia destaca que la autoridad judicial de ejecución que ha de pronunciarse sobre una orden de detención dictada sobre la base del ACC no puede ordenar la entrega de la persona buscada si considera, tras un examen concreto y preciso de la situación de dicha persona, que existen motivos razonables para creer que, si esa persona fuese entregada al Reino Unido, existiría un riesgo real de que sus derechos fundamentales no estuvieran protegidos.

d)

Límites y requisitos para invocar el principio de especialidad

91.

El derecho a invocar el principio de especialidad en el procedimiento previo a la entrega no es ilimitado. El propio artículo 625 del ACC prevé determinados requisitos que delimitan el ámbito en el que puede invocarse el citado principio. En primer lugar, como se ha mencionado antes,  ( 74 ) es posible renunciar a ese derecho en virtud del artículo 611, apartados 1 y 2, del ACC. En segundo lugar, el artículo 625, apartado 1, del ACC permite a las partes notificar al Comité Especializado que se presumirá que se ha dado el consentimiento para el enjuiciamiento por otros delitos, salvo que la autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en un caso particular. Este mecanismo exige que la autoridad judicial de ejecución actúe con precaución en caso de que una persona invoque el principio de especialidad, ya que el consentimiento presunto no puede aplicarse de modo automático ante objeciones fundadas. En tercer lugar, su invocación ha de apoyarse en un riesgo fundado: la autoridad judicial de ejecución no está obligada a examinar alegaciones hipotéticas o especulativas, sino únicamente indicios fiables de que la persona puede ser procesada, condenada o privada de libertad por delitos para los que no se ha autorizado la entrega.

92.

En conjunto, estos requisitos garantizan que el principio de especialidad no se aplique más allá de su ámbito previsto, preservando a la vez el efecto útil del artículo 625, apartado 2, del ACC como garantía fundamental. Aseguran que la invocación de dicho principio continúe siendo un mecanismo equilibrado, esto es, accesible para el justiciable cuando la libertad esté realmente en juego, pero estructurado de forma que respete el mecanismo de entrega previsto en el ACC.

4.

Conclusión provisional

93.

El principio de especialidad del artículo 625, apartado 2, del ACC constituye una garantía procesal esencial que asegura que la persona entregada no sea procesada, condenada o privada de libertad por delitos distintos de aquellos para los que la autoridad judicial de ejecución autoriza la entrega. El ACC forma parte del Derecho de la Unión, lo que significa que ha de interpretarse de conformidad con la Carta, en particular con sus artículos 6, 47 y 49, apartado 1, que protegen el derecho a la libertad, la tutela judicial efectiva y la legalidad y previsibilidad de las penas. Por consiguiente, el término «delito» del artículo 625, apartado 2, del ACC no puede interpretarse atendiendo exclusivamente a la calificación utilizada por el Estado emisor, sino que debe recibir una interpretación autónoma, determinada mediante los criterios de la sentencia Bonda; en particular, la naturaleza de la infracción, su carácter intrínseco y la gravedad de la pena. Dado que el artículo 625, apartado 2, del ACC constituye un derecho exigible en el ordenamiento jurídico de la Unión, una persona ha de tener la posibilidad de invocarlo como objeción a la autorización de la entrega. En caso de que existan infracciones materiales o procesales del principio de especialidad, la autoridad judicial de ejecución debe intervenir en virtud del artículo 604, letra c), del ACC para suspender o impedir la entrega, ya que la falta de cumplimiento material o invocabilidad procesal del principio de especialidad haría incompatible la entrega con la Carta.

94.

En consecuencia, propongo que el Tribunal de Justicia responda a las cuatro primeras cuestiones prejudiciales que los artículos 604, letra c), y 625, apartado 2, del ACC, en relación con los artículos 6, 47 y 49, apartado 1, de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que el principio de especialidad constituye una garantía procesal esencial exigible, cuya vulneración o probable vulneración, valorada conforme a un concepto de «delito» definido autónomamente, teniendo en cuenta la calificación jurídica en el Derecho nacional, la naturaleza intrínseca del delito y la gravedad de la pena, exige que la autoridad judicial de ejecución supedite la entrega a que el Estado emisor ofrezca garantías adecuadas de que la persona entregada no será procesada, condenada o privada de libertad por delitos distintos de los que motivaron la entrega.

C.

Sobre la quinta cuestión prejudicial

95.

Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 625, apartado 2, del ACC debe interpretarse en el sentido de que se opone a la entrega de una persona buscada que ha sido condenada a seis meses de privación de libertad por desacato al tribunal, cuando la entrega no se ha solicitado con el fin de cumplir esa condena, ya que el Estado emisor califica el desacato de materia civil y no penal.

96.

En primer lugar, al examinar la objeción previa a la entrega formulada por los recurrentes, la autoridad judicial de ejecución debe determinar si la conducta o sanción en cuestión, por ejemplo el desacato al tribunal, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 625, apartado 2, del ACC. Para ello se requiere una evaluación independiente basada en los criterios de la sentencia Bonda.  ( 75 ) El hecho de que la sanción de tal conducta suponga la privación de libertad, por ejemplo en forma de medida de seguridad de seis meses, sugiere claramente que es de naturaleza penal a efectos del artículo 625, apartado 2, del ACC, con independencia de su calificación por el Estado emisor.

97.

En segundo lugar, si la autoridad judicial de ejecución determina que una conducta o sanción reviste carácter penal, deberá dilucidar a continuación, basándose en información objetiva, fiable y específica, si existen motivos fundados para creer que la persona se enfrentaría a un procesamiento, condena o privación de libertad por esa conducta después de la entrega, infringiendo el artículo 625, apartado 2, del ACC.

98.

Si el principio de especialidad no existe, es ineficaz o no puede ser invocado por los justiciables —como puede suceder cuando el Estado emisor considera que una determinada conducta (como el desacato civil) no está comprendida en el ámbito penal—, esta circunstancia ya indica un riesgo estructural de vulneración de los artículos 625, apartado 2, y 604, letra c), del ACC, en relación con los artículos 6, 47 y 49, apartado 1, de la Carta. Cuando el Derecho del Estado emisor excluye expresamente esa conducta y las consiguientes sanciones de la protección del principio de especialidad, el riesgo resulta cierto y no hipotético.

99.

En tercer lugar, si se detecta tal riesgo, la autoridad, antes de autorizar la entrega, debe exigir formalmente garantías adecuadas al Estado emisor de conformidad con el artículo 604, letra c), del ACC. La autoridad judicial de ejecución debe valorar entonces si las garantías ofrecidas son suficientes, en el sentido de que suprimen el riesgo de privación de libertad por una conducta no indicada en la orden. Si las garantías eliminan el riesgo, podrá autorizarse la entrega. Si no existen garantías, no son claras o son insuficientes, la autoridad de ejecución debe suspender la entrega hasta que se ofrezcan garantías satisfactorias. Como último recurso, debe denegar la entrega cuando tales garantías sigan faltando o sean insuficientes.  ( 76 )

100.

A este respecto, en el régimen de entrega del ACC, la cooperación entre la autoridad judicial de ejecución y las autoridades del Estado emisor es esencial. En la práctica, esa cooperación puede revestir la forma de diálogo judicial e intercambio de información conforme al artículo 604, letra c), que permite a la autoridad judicial de ejecución solicitar aclaraciones o garantías al Estado emisor en cuanto al alcance de los delitos, las salvaguardias procesales aplicables o el respeto del principio de especialidad. En caso de que persistan dudas, el Estado emisor puede proporcionar garantías formales que respondan a preocupaciones específicas, como los límites del enjuiciamiento o la disponibilidad efectiva de recursos. Este procedimiento permite a ambas autoridades equilibrar los derechos de la persona con el interés público en la buena administración de la justicia, garantizando que la entrega solo tenga lugar cuando existan garantías adecuadas. En consecuencia, la autoridad judicial de ejecución puede tener que valorar si las garantías adicionales satisfacen los requisitos del artículo 47 de la Carta, a la vez que toma en consideración el derecho a la justicia de las víctimas.  ( 77 )

101.

Este enfoque asegura que el artículo 625, apartado 2, del ACC funcione como una salvaguardia eficaz y exigible contra el procesamiento o la privación de libertad no autorizados. Es coherente con los artículos 47 y 49, apartado 1, de la Carta, que exigen que el procedimiento de entrega instruido en virtud del ACC sea legal y previsible y ofrezca una tutela judicial efectiva.

102.

Por último, procede observar que el órgano jurisdiccional remitente manifestó su convicción de que los recurrentes, en sus relaciones con el órgano jurisdiccional del Estado emisor en lo que respecta a las órdenes de inmovilización de activos, disfrutaron de todas las protecciones procesales garantizadas por los artículos 6 y 13 del CEDH. Comparecieron ante un tribunal independiente e imparcial, fueron informados de las acusaciones, se les notificaron la hora y el lugar del juicio, contaron con representación letrada y tuvieron derecho a recurrir. Además, los recurrentes tuvieron acceso a un recurso efectivo en el Estado emisor, pues tenían derecho a impugnar la sentencia mediante el procedimiento de apelación. No obstante, de los autos resulta que los recurrentes fueron condenados en rebeldía por desacato al tribunal. Esta circunstancia, que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, puede ser pertinente, pues plantea una cuestión distinta relativa a su derecho a estar presentes en el juicio y a defenderse. Aun cuando el procedimiento previo cumpliera las garantías previstas en los artículos 6 y 13 del CEDH, la imposición de una condena en rebeldía requiere examinar si los recurrentes fueron efectivamente informados de la vista y si, tras la entrega, mantuvieron el derecho a un nuevo juicio o a un recurso equivalente en el Estado emisor.

103.

Habida cuenta de lo anterior, considero que los artículos 604, letra c), y 625, apartado 2, del ACC, en relación con los artículos 6, 47 y 49, apartado 1, de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que la entrega de una persona buscada que ha sido condenada a seis meses de privación de libertad por desacato al tribunal, cuando dicha entrega no se ha solicitado con el fin de cumplir esa condena, puesto que el desacato se califica de materia civil en la legislación del Estado emisor, es incompatible con el Derecho de la Unión si, según la autoridad judicial de ejecución, ese desacato tiene, en esencia, naturaleza penal y existen motivos fundados para creer que, tras la entrega, se producirían violaciones materiales o formales del principio de especialidad, al privarse de libertad a la persona en violación del principio de especialidad o al no poder invocarse el principio de especialidad; la autoridad judicial de ejecución está obligada, antes de autorizar la entrega, a obtener garantías adicionales adecuadas del Estado emisor de que la persona no será procesada, condenada o privada de libertad por dicho desacato, a falta de las cuales deberá denegarse la entrega.

VI.

Conclusión

104.

Habida cuenta de todo lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda) del siguiente modo: