–

en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno danés, por la Sra. D. Elkan, el Sr. M. Jespersen y la Sra. C. Maertens, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard y la Sra. O. Duprat‑Mazaré, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por los Sres. L. D’Ascia y D. G. Pintus, avvocati dello Stato;

–

en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch, la Sra. J. Schmoll y el Sr. Kopetzki, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. H. Leppo, en calidad de agente;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. A. Katsimerou y el Sr. B. Schima, en calidad de agentes;

1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31; en lo sucesivo, «Reglamento Dublín III»).

2

Estas peticiones se han presentado en el contexto de sendos litigios entre dos nacionales sirios y la Bundesrepublik Deutschland (República Federal de Alemania) en relación con las resoluciones por las que se denegaron sus solicitudes de asilo y se ordenó su expulsión a Italia.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

El artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») dispone:

4

Los considerandos 4 y 5 del Reglamento Dublín III señalan:

5

El artículo 3 de este Reglamento, titulado «Acceso al procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional», dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2:

Derecho alemán

6

A tenor del artículo 29, apartado 1, de la Asylgesetz (Ley de Asilo), en su versión publicada el 2 de septiembre de 2008 (BGBl. 2008 I, p. 1798), modificado en último lugar por el artículo 1 de la Ley de 19 de diciembre de 2023 (BGBl. 2023 I, n.o 382):

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

7

RL y QS son dos nacionales sirios que presentaron sendas solicitudes de asilo en Alemania el 30 de diciembre de 2021 y el 15 de febrero de 2022, respectivamente.

8

Sin embargo, a partir de la información contenida en la base de datos Eurodac, la República Italiana fue identificada como el Estado miembro responsable del examen de ambas solicitudes de asilo.

9

En consecuencia, la Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Oficina Federal de Migración y Refugiados, Alemania; en lo sucesivo, «Oficina Federal») solicitó a la República Italiana que se hiciera cargo de RL y QS. No se respondió a dicha solicitud.

10

Posteriormente, mediante resoluciones de 31 de marzo y de 19 de abril de 2022, la Oficina Federal denegó las solicitudes de asilo de RL y QS por inadmisibles con arreglo al artículo 29, apartado 1, punto 1, letra a), de la Ley de Asilo, en su versión modificada por la Ley de 19 de diciembre de 2023, debido a que la República Italiana era responsable del examen de sus solicitudes de asilo. Asimismo, ordenó la expulsión de estos solicitantes a Italia.

11

RL y QS interpusieron sendos recursos contra dichas resoluciones ante el Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Düsseldorf, Alemania). Mediante autos de 25 y 29 de abril de 2022, este ordenó dar efecto suspensivo a dichos recursos. Mediante sentencias de 11 y 13 de mayo de 2022, anuló dichas resoluciones.

12

La República Federal de Alemania interpuso recurso de apelación contra esas sentencias ante el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo del Estado Federado de Renania del Norte‑Westfalia, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente.

13

Mientras los recursos de apelación estaban pendientes, la Unidad de Dublín italiana envió, el 5 de diciembre de 2022, una carta‑circular a todas las unidades de Dublín redactada en los siguientes términos:

14

El 7 de diciembre de 2022, la Unidad de Dublín italiana envió una segunda carta‑circular, a tenor de la cual:

15

Mediante autos de 21 de junio de 2023, el órgano jurisdiccional remitente desestimó los recursos de apelación mencionados en el apartado 12 de la presente sentencia. Consideró que la República Federal de Alemania había pasado a ser responsable del examen de las solicitudes de asilo de RL y QS con arreglo al artículo 3, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento Dublín III, dado que era imposible trasladar a estos solicitantes a Italia.

16

Dichos autos fueron anulados por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania) y los asuntos fueron devueltos al órgano jurisdiccional remitente para un nuevo examen y una nueva resolución.

17

En este contexto, dicho órgano jurisdiccional observa que, de conformidad con las disposiciones del Reglamento Dublín III, la República Italiana es el Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de asilo de que se trata. Por lo tanto, esas solicitudes podrían haberse declarado inadmisibles, a menos que la República Federal de Alemania hubiera pasado a ser el Estado miembro responsable en virtud del artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, de dicho Reglamento, debido a «deficiencias sistemáticas» en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional en Italia que implican un peligro de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta.

18

Pues bien, dicho órgano jurisdiccional considera necesario aclarar la interpretación del concepto de «deficiencias sistemáticas», en el sentido del artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Reglamento. Se pregunta si constituyen deficiencias sistemáticas las negativas del Estado miembro responsable a hacerse cargo o a readmitir a los solicitantes de protección internacional por tiempo indefinido, con excepción de unos pocos casos individuales.

19

El órgano jurisdiccional remitente entiende que hay que responder afirmativamente a esta duda. En su opinión, al rehusar deliberadamente hacerse cargo o readmitir a los solicitantes de asilo, la República Italiana les deniega de plano el acceso al procedimiento de asilo y a la acogida.

20

No obstante, para el supuesto de que la respuesta a dicha duda fuera negativa, dicho órgano jurisdiccional desea saber cómo puede apreciar la existencia de deficiencias sistemáticas en un caso en el que el Estado miembro responsable rehúsa hacerse cargo o readmitir a los solicitantes de asilo; en efecto, en tal caso, resulta imposible recabar elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados relativos al procedimiento de asilo y a las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo necesarios para tal apreciación.

21

En estas circunstancias, el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo del Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

22

Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 25 de abril de 2024, se acordó la acumulación de los asuntos C‑185/24 y C‑189/24 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

23

Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de ese mismo día, se dio a los presentes asuntos prioridad.

24

Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2024, se desestimó la solicitud del órgano jurisdiccional remitente de que se tramitaran los presentes asuntos mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la admisibilidad

25

El Gobierno italiano alega la inadmisibilidad de la segunda cuestión prejudicial, que, a su juicio, es puramente hipotética, ya que se basa en una premisa errónea y contraria al principio de confianza mutua, en cuanto se refiere a los motivos de la suspensión de los traslados a Italia.

26

Según jurisprudencia reiterada, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado [sentencia de 18 de junio de 2024, Bundesrepublik Deutschland (Efecto de una resolución por la que se concede el estatuto de refugiado), C‑753/22, EU:C:2024:524, apartado 44 y jurisprudencia citada].

27

En el presente caso, de las peticiones de decisión prejudicial se deduce inequívocamente que la segunda cuestión prejudicial versa sobre la interpretación de las normas del Derecho de la Unión pertinentes para los litigios principales. Además, dado que el órgano jurisdiccional remitente determina el marco jurídico y fáctico de los litigios principales bajo su propia responsabilidad, no corresponde al Tribunal de Justicia comprobar las premisas en las que se basan las peticiones de decisión prejudicial.

28

De ello se deduce que procede declarar la admisibilidad de la segunda cuestión prejudicial.

Sobre el fondo

29

Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Dublín III debe interpretarse en el sentido de que puede constatarse que, en el Estado miembro designado como responsable en virtud de los criterios establecidos en el capítulo III de dicho Reglamento, existen deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional que implican un peligro de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta, por el mero hecho de que ese Estado miembro haya suspendido unilateralmente la toma a cargo y la readmisión de esos solicitantes. En caso de respuesta negativa, dicho órgano jurisdiccional pregunta por los elementos en que cabe basarse para determinar la existencia de tales deficiencias en tal supuesto.

30

Ha de recordarse que el Derecho de la Unión se asienta en la premisa fundamental de que cada Estado miembro comparte con todos los demás Estados miembros, y reconoce que estos comparten con él, una serie de valores comunes en los que se fundamenta la Unión Europea, como se precisa en el artículo 2 TUE. Esta premisa implica y justifica la existencia de una confianza mutua entre los Estados miembros en el reconocimiento de esos valores y, por tanto, en el respeto al Derecho de la Unión que los aplica, y en el hecho de que sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales están en condiciones de proporcionar una protección equivalente y efectiva de los derechos fundamentales reconocidos por la Carta, en particular en los artículos 1 y 4 de esta, que consagran uno de los valores fundamentales de la Unión y de sus Estados miembros, a saber, la dignidad humana, que comprende, en particular, la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de marzo de 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, apartado 80, y de 29 de febrero de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confianza mutua en caso de traslado), C‑392/22, EU:C:2024:195, apartado 43 y jurisprudencia citada].

31

El principio de confianza mutua entre los Estados miembros tiene una importancia fundamental en el Derecho de la Unión, dado que permite la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores. Más específicamente, el principio de confianza mutua obliga a cada uno de los Estados miembros, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho [sentencias de 19 de marzo de 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, apartado 81 y jurisprudencia citada, y de 29 de febrero de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confianza mutua en caso de traslado), C‑392/22, EU:C:2024:195, apartado 44].

32

Por lo tanto, en el contexto del sistema europeo común de asilo, y en particular del Reglamento Dublín III, debe presumirse que el trato dispensado a los solicitantes de protección internacional en cada Estado miembro es conforme con las exigencias de la Carta, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954)], que entró en vigor el 22 de abril de 1954 y se completó por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967 y que entró en vigor el 4 de octubre de 1967, y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de marzo de 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, apartado 82 y jurisprudencia citada, y de 29 de febrero de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confianza mutua en caso de traslado), C‑392/22, EU:C:2024:195, apartado 45].

33

Sin embargo, no cabe excluir que este sistema se enfrente, en la práctica, a graves dificultades de funcionamiento en un Estado miembro determinado, de modo que exista un grave riesgo de que los solicitantes de protección internacional, en caso de ser trasladados a dicho Estado miembro, reciban un trato incompatible con sus derechos fundamentales [sentencias de 19 de marzo de 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, apartado 83 y jurisprudencia citada, y de 29 de febrero de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confianza mutua en caso de traslado), C‑392/22, EU:C:2024:195, apartado 46].

34

De este modo, el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Dublín III establece que un solicitante de protección internacional no puede ser trasladado al Estado miembro responsable del examen de su solicitud si hay razones fundadas para temer que correría el riesgo de sufrir un trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta, debido a la existencia de deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes de dicha protección en ese Estado miembro [sentencia de 29 de febrero de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confianza mutua en caso de traslado), C‑392/22, EU:C:2024:195, apartado 47]. En ese supuesto, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, de dicho Reglamento, el Estado miembro encargado de la determinación del Estado miembro responsable se convierte en el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional si comprueba, tras la continuación del examen de los criterios establecidos en el capítulo III de dicho Reglamento, que es imposible trasladar al solicitante a un Estado miembro designado sobre la base de esos criterios o al primer Estado miembro ante el que se presentó la solicitud (sentencia de 19 de marzo de 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, apartado 86).

35

Pues bien, del artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Dublín III se desprende inequívocamente que únicamente las «deficiencias sistemáticas» que «implican un peligro de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la [Carta]», imposibilitan el traslado de un solicitante de protección internacional al Estado miembro responsable. Así, esta disposición establece dos requisitos acumulativos [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confianza mutua en caso de traslado), C‑392/22, EU:C:2024:195, apartados 57 y 58].

36

El primero de estos requisitos, relativo a la existencia de «deficiencias sistemáticas», se cumple cuando las deficiencias en cuestión persisten y afectan, de manera general, al procedimiento de asilo y a las condiciones de acogida aplicables a los solicitantes de protección internacional o, al menos, a determinados grupos de solicitantes de protección internacional considerados en su conjunto [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confianza mutua en caso de traslado), C‑392/22, EU:C:2024:195, apartado 59].

37

Asimismo, esas deficiencias deben alcanzar un umbral de gravedad particularmente elevado, que depende del conjunto de los datos del asunto. Este umbral se alcanzaría cuando la indiferencia de las autoridades de un Estado miembro tuviese como consecuencia que una persona totalmente dependiente de la ayuda pública se encontrase, al margen de su voluntad y de sus decisiones personales, en una situación de privación material extrema que no le permitiese hacer frente a sus necesidades más elementales, como alimentarse, lavarse y alojarse, y que menoscabase su salud física o mental o la colocase en una situación de degradación incompatible con la dignidad humana. Así pues, no alcanzan dicho umbral las situaciones caracterizadas incluso por una gran precariedad o por una notable degradación de las condiciones de vida de la persona afectada cuando estas no impliquen una privación material extrema que coloque a esa persona en una situación de tal gravedad que pueda equipararse a un trato inhumano o degradante (véanse, en este sentido, la sentencia de 19 de marzo de 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, apartados 91 a 93, y el auto de 13 de noviembre de 2019, Hamed y Omar, C‑540/17 y C‑541/17, EU:C:2019:964, apartado 39).

38

De esta manera, el segundo requisito, relativo a la existencia de un riesgo de tal tratamiento, se cumple cuando las deficiencias sistemáticas entrañan el riesgo, para el interesado, de verse expuesto a tratos contrarios al artículo 4 de la Carta [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confianza mutua en caso de traslado), C‑392/22, EU:C:2024:195, apartado 62].

39

Por lo que respecta a la apreciación de estos requisitos por el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una decisión de traslado, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, cuando dicho órgano jurisdiccional dispone de datos aportados por la persona afectada para determinar la existencia de tal riesgo, está obligado a apreciar, sobre la base de elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados, así como a la luz del estándar de protección de los derechos fundamentales garantizado por el Derecho de la Unión, si se cumplen los dos requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Dublín III [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de marzo de 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, apartado 90, y de 30 de noviembre de 2023, Ministero dell’Interno y otros (Prospecto común — Devolución indirecta), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 y C‑328/21, EU:C:2023:934, apartado 136]. Además, dicho órgano jurisdiccional también debe tomar en consideración, de oficio, la información pertinente de la que tenga conocimiento para decidir sobre la aplicación del artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Dublín III [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confianza mutua en caso de traslado), C‑392/22, EU:C:2024:195, apartado 77].

40

De esta jurisprudencia se desprende que, como han señalado la Comisión Europea y todos los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, la existencia de deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida que exponen al solicitante a un grave riesgo de trato inhumano o degradante no puede presumirse por el mero hecho de que el Estado miembro responsable haya anunciado, de forma unilateral e incumpliendo las obligaciones que le incumben en el marco del sistema europeo común de asilo, la suspensión de todos los traslados de solicitantes de protección internacional a su territorio y, de este modo, de los procedimientos de toma a cargo y de readmisión de dichos solicitantes. Antes bien, la existencia de tales deficiencias sistemáticas y de tal riesgo solo puede quedar acreditada tras un análisis concreto, basado en elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados.

41

Esta interpretación se ve corroborada por los objetivos del Reglamento Dublín III, que tiene por objeto, en particular, establecer un procedimiento de determinación claro y viable del Estado miembro responsable y prevenir los movimientos secundarios de solicitantes de asilo entre los Estados miembros [sentencia de 30 de noviembre de 2023, Ministero dell’Interno y otros (Prospecto común — Devolución indirecta), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 y C‑328/21, EU:C:2023:934, apartado 141 y jurisprudencia citada].

42

Pues bien, el Estado miembro designado como responsable en virtud de los criterios recogidos en el capítulo III del Reglamento Dublín III no puede liberarse, con un mero anuncio unilateral, de las responsabilidades que le incumben en virtud de este Reglamento, ya que tal posibilidad llevaría a ignorar esos criterios y podría poner así en peligro el buen funcionamiento del sistema establecido por dicho Reglamento. Además, considerar que de tal anuncio unilateral pueda deducirse que existen deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes que implican un grave riesgo de trato inhumano o degradante, hasta el punto de impedir todos los traslados de los solicitantes de protección internacional al Estado miembro responsable y dar lugar a un traslado de la responsabilidad de dicho Estado miembro al Estado miembro del movimiento secundario, podría propiciar tales movimientos al incitar a los solicitantes a proseguir su ruta migratoria hacia otro Estado miembro que les parezca ofrecer condiciones más favorables.

43

Por lo tanto, el hecho de que el Estado miembro designado como responsable en virtud de los criterios establecidos en el capítulo III del Reglamento Dublín III haya suspendido unilateralmente la toma a cargo y la readmisión de los solicitantes de protección internacional no permite, por sí solo, justificar la constatación, con arreglo al artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Reglamento, de deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional en ese Estado miembro que implican un peligro de trato inhumano o degradante en el sentido del artículo 4 de la Carta.

44

Por consiguiente, incluso en tal supuesto, incumbe al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una decisión de traslado apreciar la existencia de tales deficiencias sistemáticas y del riesgo de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta, en las condiciones determinadas por la jurisprudencia que se ha recordado en los apartados 35 a 39 de la presente sentencia.

45

A este respecto, habida cuenta de las dudas del órgano jurisdiccional remitente, es preciso añadir que, si bien esta apreciación, que debe basarse en elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados, incluye necesariamente un componente prospectivo, en la medida en que corresponde al órgano jurisdiccional competente examinar los riesgos para el individuo de que se trate en el momento mismo del traslado, en el procedimiento de asilo o al término de este [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de marzo de 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, apartado 88, y de 30 de noviembre de 2023, Ministero dell’Interno y otros (Prospecto común — Devolución indirecta), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 y C‑328/21, EU:C:2023:934, apartado 135], no es imposible ni puramente hipotética.

46

En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una decisión de traslado puede, a efectos de dicha apreciación, tener en cuenta todos los documentos disponibles, como, en su caso, los informes periódicos y concordantes de organizaciones no gubernamentales internacionales que pongan de manifiesto las dificultades prácticas que plantee la aplicación del sistema europeo común de asilo en el Estado miembro de que se trate, los documentos emitidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y los documentos e intercambios de información efectuados en el marco de la aplicación del sistema resultante del Reglamento Dublín III (véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, N. S. y otros, C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865, apartados 90 y 91), de modo que pueda determinar la existencia de esas deficiencias sistemáticas y del riesgo de trato inhumano o degradante en el sentido del artículo 4 de la Carta.

47

A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Dublín III debe interpretarse en el sentido de que:

–

no puede constatarse que, en el Estado miembro designado como responsable en virtud de los criterios establecidos en el capítulo III de dicho Reglamento, existan deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional que implican un peligro de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta, por el mero hecho de que ese Estado miembro haya suspendido unilateralmente la toma a cargo y la readmisión de esos solicitantes;

–

tal constatación solo puede efectuarse tras un análisis del conjunto de los datos pertinentes sobre la base de elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados.

Costas

48

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.