–

en nombre de SISTEM LUX OOD, por el Sr. I. A. Ivanov, advokat;

–

en nombre de la Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas, por el Sr. V. Stefanov;

–

en nombre del Gobierno búlgaro, por las Sras. T. Mitova y S. Ruseva y por el Sr. R. Stoyanov, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno belga, por los Sres. S. Baeyens y P. Cottin, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno español, por la Sra. A. Pérez‑Zurita Gutiérrez, en calidad de agente;

–

en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por la Sra. A. Collabolletta y el Sr. F. Meloncelli, avvocati dello Stato;

–

en nombre del Gobierno letón, por las Sras. J. Davidoviča, K. Pommere e I. Romanovska, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. F. Moro y el Sr. I. Zaloguin, en calidad de agentes;

1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 1, cuarto guion, y 2, apartado 1, de la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (DO 2005, L 68, p. 49); de los artículos 5, punto 3, 15 y 42, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2013, L 269, p. 1; corrección de errores en DO 2016, L 267, p. 2 y en DO 2017, L 7, p. 23; en lo sucesivo, «código aduanero de la Unión»); del artículo 2, punto 4, de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO 2014, L 127, p. 39), y de los artículos 17, apartado 1, 41 y 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2

Estas peticiones se han presentado en el contexto de un litigio entre SISTEM LUX OOD (en lo sucesivo, «Sistem Lux»), sociedad domiciliada en Serbia, y la Teritorialna direktsia Mitnitsa Burgas (Dirección Territorial de Aduanas de Burgas, Bulgaria; en lo sucesivo, «Dirección de Aduanas») (asunto C‑717/22), por una parte, y VU, un particular de nacionalidad serbia, y la Dirección de Aduanas (asunto C‑372/23), por otra parte, en relación con la decisión de imponer a VU una sanción administrativa por contrabando aduanero y de decomisar las mercancías de Sistem Lux que fueron objeto de dicho contrabando.

3

El considerando 1 de la Decisión Marco 2005/212 establece:

«El principal objetivo de la delincuencia transfronteriza organizada es el beneficio económico. Por tanto, para ser eficaz, la prevención de la delincuencia organizada y la lucha contra ella deben centrarse en el seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los productos del delito. […]»

4

El artículo 1 de esta Decisión Marco, titulado «Definiciones», dispone, en su cuarto guion:

«A efectos de la presente Decisión Marco se entenderá por:

[…]

5

El artículo 2 de dicha Decisión Marco, que se titula «Decomiso», establece:

«1.   Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para poder proceder al decomiso, total o parcial, de los instrumentos y productos de infracciones penales que lleven aparejadas penas privativas de libertad de duración superior a un año, o de bienes cuyo valor corresponda a tales productos.

[…]»

6

El artículo 15 del código aduanero de la Unión, titulado «Suministro de información a las autoridades aduaneras», dispone:

«1.   A requerimiento de las autoridades aduaneras y dentro del plazo fijado, toda persona que intervenga directa o indirectamente en la realización de las formalidades aduaneras o en los controles aduaneros deberá facilitar a dichas autoridades toda la información y documentación exigida, en una forma adecuada, y toda la asistencia que sea precisa para la realización de esas formalidades o controles.

2.   Toda persona que presente a las autoridades aduaneras una declaración en aduana, una declaración de depósito temporal, una declaración sumaria de entrada, una declaración sumaria de salida, una declaración de reexportación o una notificación de reexportación, o una solicitud de autorización o de cualquier otra decisión será responsable de lo siguiente:

Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará también al suministro de cualquier información en cualquier otra forma exigida por las autoridades aduaneras o comunicada a estas.

En caso de que sea el representante aduanero de la persona interesada, según el artículo 18, quien presente la declaración, o notificación o solicitud, o facilite la información, dicho representante aduanero quedará también sujeto a la responsabilidad establecida en el párrafo primero del presente apartado.»

7

A tenor del artículo 42 de este código, cuyo epígrafe es «Imposición de sanciones»:

«1.   Cada Estado miembro establecerá sanciones en caso de incumplimiento de la legislación aduanera. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2.   Cuando se impongan sanciones administrativas, estas podrán adoptar, inter alia, una o ambas de las dos formas siguientes:

[…]»

8

El artículo 79 de dicho código, con el epígrafe «Deuda aduanera nacida por incumplimiento», establece, en su apartado 1:

«Respecto de las mercancías sujetas a derechos de importación, nacerá una deuda aduanera de importación por incumplimiento de alguna de las siguientes circunstancias:

9

El artículo 158 del mismo código, titulado «Declaración en aduana de mercancías y vigilancia aduanera de las mercancías de la Unión», dispone:

«1.   Todas las mercancías que vayan a incluirse en un régimen aduanero, salvo el régimen de zona franca, serán objeto de una declaración en aduana apropiada para el régimen concreto de que se trate.

2.   En casos específicos, distintos de los mencionados en el artículo 6, apartado 3, podrá presentarse una declaración en aduana utilizando medios alternativos a las técnicas de tratamiento electrónico de datos.

3.   Las mercancías de la Unión declaradas para la exportación, tránsito interno de la Unión o el régimen de perfeccionamiento pasivo serán objeto de vigilancia aduanera desde el momento de admisión de la declaración mencionada en el apartado 1 hasta el momento en que salgan del territorio aduanero de la Unión, sean abandonadas en beneficio del Estado o destruidas o se invalide la declaración en aduana».

10

El artículo 198 del código aduanero de la Unión, titulado «Medidas que deberán tomar las autoridades aduaneras», dispone:

«1.   Las autoridades aduaneras adoptarán todas las medidas necesarias, inclusive el decomiso y venta o la destrucción, para disponer de las mercancías en los siguientes casos:

[…]».

11

El artículo 233 de este código, cuyo epígrafe es «Obligaciones del titular del régimen de tránsito de la Unión y del transportista y destinatario de las mercancías que circulen al amparo del régimen de tránsito de la Unión», establece:

«1.   El titular del régimen de tránsito de la Unión será responsable de todo lo siguiente:

[…]

3.   Todo transportista o destinatario de mercancías que las acepte a sabiendas de que están incluidas en el régimen de tránsito de la Unión también será responsable de presentarlas intactas en la aduana de destino, en el plazo señalado y habiendo respetado las medidas tomadas por las autoridades aduaneras para garantizar su identificación.»

12

El artículo 226 del mismo código, titulado «Tránsito externo», enuncia:

[…]»

13

El artículo 2, punto 4, de la Directiva 2014/42, que se titula «Definiciones», dispone lo siguiente:

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

[…]

14

El artículo 14 de esta Directiva, titulado «Sustitución de la Acción Común 98/699/JAI y de determinadas disposiciones de las Decisiones Marco 2001/500/JAI y 2005/212/JAI», establece, en su apartado 1:

«El artículo 1, letra a), de la Acción Común 98/699/JAI[, de 3 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (DO 1998, L 333, p. 1),] y los artículos 3 y 4 de la Decisión Marco 2001/500/JAI[, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (DO 2001, L 182, p. 1)], así como los cuatro primeros guiones de los artículos 1 y 3 de la Decisión Marco [2005/212], son sustituidos por la presente Directiva en lo que respecta a los Estados miembros obligados por la presente Directiva, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos para la transposición de las Decisiones Marco en su Derecho nacional.»

15

A tenor del artículo 7, titulado «Ausencia de abuso de poder», del código europeo de buena conducta administrativa, aprobado por la Resolución del Parlamento, de 6 de septiembre de 2001 (DO 2002, C 72 E, p. 331):

«Los poderes se ejercerán únicamente con la finalidad para la que han sido otorgados por las disposiciones pertinentes. En particular, el funcionario evitará utilizar dichos poderes para objetivos que no posean fundamento legal o que no estén motivados por un interés público.»

16

El artículo 231 de la zakon za mitnitsite (Ley de Aduanas) (DV n.o 15, de 6 de febrero de 1998), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Aduanas»), dispone lo siguiente:

«Las decisiones administrativas sancionadoras serán adoptadas por el director de la Agentsia Mitnitsi [(Agencia de Aduanas, Bulgaria)] o por los agentes que este haya designado.»

17

El artículo 233 de esta Ley tiene el siguiente tenor:

«(1)   Quien desplace o transporte mercancías a través de la frontera del Estado, o intente hacerlo, sin conocimiento o autorización de las autoridades aduaneras, será sancionado, cuando el acto cometido no constituya una infracción penal, con una multa por contrabando aduanero del 100 al 200 % del valor en aduana de las mercancías o, en el caso de exportación, del valor de las mercancías.

[…]

(6)   Los productos que sean objeto de contrabando aduanero serán confiscados en beneficio del Estado quien quiera que sea su propietario y cuando falten o hayan sido sustraídos, [el autor] será condenado al equivalente de su valor en aduana o, en el caso de exportación, del valor de las mercancías.

[…]»

18

Con arreglo al artículo 7 de la zakon za administrativnite narushenia i nakazania (Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas) (DV n.o 92, de 28 de noviembre de 1969):

«(1)   Existirá culpabilidad por la comisión de un acto tipificado como infracción administrativa con independencia de que sea o no intencional.

(2)   Solo en los casos expresamente previstos no se sancionarán los actos cometidos de manera no intencional.»

19

El 28 de mayo de 2021, un agente de aduanas del puesto aduanero de Kapitan Andreevo (Bulgaria), situado en la frontera entre Bulgaria y Turquía, procedió al control de un camión con semirremolque que transportaba trece paquetes de perfiles de aluminio, cargados en Turquía.

20

El agente de aduanas verificó los documentos aduaneros que le había presentado VU, el conductor de dicho camión, y constató que ocho de los paquetes transportados, que pertenecían a Sistem Lux, no habían sido declarados en los documentos justificativos.

21

Se inició un procedimiento administrativo sancionador con arreglo al artículo 233, apartado 1, de la Ley de Aduanas, al término del cual se determinó que VU, si bien había estado presente en el momento de la carga y del pesaje del cargamento, no había cumplido la obligación que le incumbía, como conductor que efectuaba transportes internacionales, de examinar los documentos que se le facilitaban y de verificar, en particular, su conformidad con las mercancías efectivamente transportadas.

22

Por consiguiente, la autoridad administrativa sancionadora consideró que, al transportar, sin el conocimiento y sin la autorización de las autoridades aduaneras, los perfiles de aluminio en cuestión a través de la frontera búlgara, VU había cometido, por negligencia, la infracción administrativa contemplada en el artículo 233, apartado 1, de la Ley de Aduanas. En consecuencia, le impuso una multa por contrabando aduanero de un importe de 73140,06 levas búlgaras (BGN) (aproximadamente 37400 euros), correspondiente al valor en aduana de los perfiles de aluminio que se habían encontrado en los ocho paquetes no declarados. Asimismo, sobre la base del artículo 233, apartado 6, de la Ley de Aduanas, ordenó el decomiso en beneficio del Estado de esos perfiles de aluminio.

23

En tales circunstancias, Sistem Lux interpuso un recurso ante el Rayonen sad Svilengrad (Tribunal de Primera Instancia de Svilengrad, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente, contra la decisión de decomiso de dichos perfiles de aluminio.

24

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 233, apartado 6, de la Ley de Aduanas, que establece el decomiso de los productos objeto de contrabando aduanero con independencia de quién sea su propietario, podría ser contrario a las disposiciones del Derecho de la Unión cuando esos productos pertenezcan a una persona distinta del autor de la infracción administrativa o cuando el autor haya cometido tal infracción por negligencia.

25

Asimismo, dicho órgano jurisdiccional señala que el Derecho de la Unión también puede oponerse a una disposición nacional como la mencionada en el apartado anterior en la medida en que el decomiso, que constituye una sanción adicional a la multa por contrabando aduanero, podría vulnerar el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 42, apartado 1, del código aduanero de la Unión, en relación con el artículo 49, apartado 3, de la Carta. A su juicio, esta disposición también podría ser contraria al derecho de toda persona a disfrutar libremente de los bienes que haya adquirido, contemplado en el artículo 17, apartado 1, de la Carta.

26

Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la compatibilidad de la medida de decomiso prevista en el artículo 233, apartado 6, de la Ley de Aduanas con el artículo 42, apartado 2, del código aduanero de la Unión, por cuanto, según indica, este establece una lista exhaustiva de las sanciones administrativas que pueden aplicarse en caso de incumplimiento de la legislación aduanera, así como con los artículos 1, cuarto guion, y 2, apartado 1, de la Decisión Marco 2005/212 y con el artículo 2, punto 4, de la Directiva 2014/42, que, en su opinión, obstan a que tal medida sea ordenada por una autoridad administrativa.

27

En estas circunstancias, el Rayonen sad Svilengrad (Tribunal de Primera Instancia de Svilengrad) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

28

Ha de señalarse que el litigio principal en el asunto C‑372/23 tiene su origen en los mismos hechos que los del asunto C‑717/22, expuestos en los apartados 19 a 22 de la presente sentencia.

29

VU impugnó ante el Rayonen sad Svilengrad (Tribunal de Primera Instancia de Svilengrad) la decisión de la autoridad administrativa sancionadora por la que se le impuso una multa por contrabando aduanero de un importe de 73140,06 BGN y se decomisaron en beneficio del Estado las mercancías en cuestión.

30

Dicho tribunal confirmó esa decisión, basándose en que VU había transportado efectivamente las mercancías y las había introducido en territorio búlgaro sin que las autoridades aduaneras hubieran tenido conocimiento de ello y sin que lo hubiesen autorizado, al no haber cumplido la obligación previa de declararlas no oralmente, sino por escrito, y en que esto constituía, por tanto, una infracción administrativa de «contrabando aduanero», en el sentido del artículo 233, apartado 1, de la Ley de Aduanas. Señaló, asimismo, que VU había incumplido su obligación de prudencia, lo que constituía una forma de «culpabilidad», en el sentido del artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas, pese a su carácter no intencional.

31

VU impugnó dicha sentencia ante el Administrativen sad — Haskovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Haskovo, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente. Ante dicho órgano jurisdiccional, VU sostiene que no incumplió de manera intencional la obligación de declarar por escrito las mercancías en cuestión y que, por tanto, no cometió una infracción de contrabando aduanero, que implica la existencia de intención.

32

VU alega, además, que durante el control aduanero los agentes de aduanas no se habían atenido a lo dispuesto en los artículos 6 a 10 del código europeo de buena conducta administrativa y, en particular, que habían infringido el artículo 7 de dicho código al imputarle tal responsabilidad.

33

El órgano jurisdiccional remitente indica que alberga dudas en cuanto a la compatibilidad con el Derecho de la Unión del artículo 233, apartado 1, de la Ley de Aduanas en la medida en que esta última disposición no establece una diferencia en función de que los actos de contrabando aduanero se hayan cometido o no de manera intencional. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente considera que la legislación nacional también podría considerarse conforme con el artículo 49, apartado 3, de la Carta, debido a que las infracciones administrativas presentan una menor peligrosidad social que las infracciones penales. Además, dicho órgano jurisdiccional señala que el artículo 233, apartado 1, de la Ley de Aduanas establece la imposición de una sanción que puede adaptarse, comprendida entre el 100 % y el 200 % del valor en aduana de las mercancías, de modo que la autoridad administrativa sancionadora aplica esta disposición teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias del caso concreto, incluido el carácter intencional o no intencional de la infracción cometida.

34

En estas circunstancias, el Administrativen sad — Haskovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Haskovo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

35

Según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir (sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado 44 y jurisprudencia citada).

36

Dado que la resolución de remisión sirve de fundamento a dicho procedimiento, el órgano jurisdiccional nacional debe hacer explícito, en la propia resolución, el marco fáctico y normativo del litigio principal y facilitar las explicaciones necesarias sobre las razones de la elección de las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita y sobre la relación que establece entre esas disposiciones y la normativa nacional aplicable al litigio del que conoce [véase, en este sentido, la sentencia de 4 de junio de 2020, C.F. (Inspección fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, apartado 23 y jurisprudencia citada].

37

A este respecto, es preciso subrayar asimismo que la información recogida en la resolución de remisión debe permitir, por una parte, que el Tribunal de Justicia dé respuestas útiles a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional nacional y, por otra parte, que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas ejerzan el derecho de presentar observaciones que les confiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que se salvaguarde este derecho, habida cuenta de que, con arreglo a ese artículo, a las partes interesadas solo se les notifican las resoluciones de remisión (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, apartado 134 y jurisprudencia citada).

38

Estas exigencias acumulativas referidas al contenido de una resolución de remisión figuran de manera explícita en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que el órgano jurisdiccional remitente, en el marco de la cooperación establecida en el artículo 267 TFUE, debe conocer y respetar escrupulosamente (auto de 3 de julio de 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, apartado 21, y sentencia de 9 de septiembre de 2021, Toplofikatsia Sofia y otros, C‑208/20 y C‑256/20, EU:C:2021:719, apartado 20 y jurisprudencia citada). Además, se recuerdan en los puntos 13, 15 y 16 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO 2019, C 380, p. 1), que figuran actualmente en los puntos 13, 15 y 16 de la nueva versión de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO C, C/2024/6008, 9.10.2024).

39

En el presente asunto, la quinta cuestión prejudicial en el asunto C‑372/23 no cumple tales exigencias.

40

En efecto, en la resolución de remisión no se exponen las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación de las disposiciones mencionadas en el tenor de esa cuestión, en particular las del código europeo de buena conducta administrativa. Dicho órgano jurisdiccional tampoco expone la relación que establece entre las disposiciones de este código y la legislación nacional aplicable al litigio principal. En tales circunstancias, el Tribunal de Justicia no puede apreciar en qué medida es necesaria una respuesta a dicha cuestión para que el órgano jurisdiccional remitente pueda dictar su resolución.

41

En consecuencia, la quinta cuestión prejudicial en el asunto C‑372/23 es inadmisible.

42

Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C‑372/23, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 15 y 42, apartado 1, del código aduanero de la Unión deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que permite constatar un incumplimiento de la legislación aduanera por el mero hecho de que se haya actuado con negligencia, al no haberse observado la forma establecida para la declaración de las mercancías transportadas, y a que, en tales circunstancias, se imponga al autor de esa infracción una sanción administrativa de un importe correspondiente, como mínimo, al valor en aduana de las mercancías objeto de la infracción.

43

El artículo 15 del código aduanero de la Unión, titulado «Suministro de información a las autoridades aduaneras», establece, en su apartado 1, que toda persona que intervenga directa o indirectamente en los controles aduaneros deberá facilitar a dichas autoridades toda la información y documentación exigida. De conformidad con el apartado 2 de dicho artículo 15, la presentación de una declaración a las autoridades aduaneras hará que la persona que la presente sea responsable, en particular, de la exactitud e integridad de la información contenida en esa declaración.

44

En el presente asunto, los elementos de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia parecen indicar que las mercancías en cuestión en los litigios principales fueron transportadas desde Turquía con destino a Serbia y que Bulgaria no era sino un país de tránsito. Por tanto, sin perjuicio de las comprobaciones que deba efectuar el órgano jurisdiccional remitente, esas mercancías debían incluirse en el «régimen de tránsito externo», en el sentido del artículo 226 del código aduanero de la Unión. El artículo 158 de este código dispone que todas las mercancías que vayan a incluirse en un régimen aduanero, salvo el régimen de zona franca, serán objeto de una declaración en aduana apropiada para el régimen concreto de que se trate.

45

La inobservancia de la obligación de presentar una declaración, resultante del artículo 15, apartado 1, del código aduanero de la Unión, en relación con el artículo 158 del mismo código, constituye un «incumplimiento de la legislación aduanera», en el sentido del artículo 42, apartado 1, de dicho código. En efecto, este último concepto no se limita a las actividades fraudulentas, sino que incluye cualquier infracción de la legislación aduanera de la Unión. Para calificar tal inobservancia de «incumplimiento de la legislación aduanera», en el sentido del citado artículo 42, apartado 1, poco importa saber si ha sido intencionada, negligente o en ausencia de conducta ilícita por parte del operador de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2023, J. P. Mali, C‑653/22, EU:C:2023:912, apartado 29 y jurisprudencia citada).

46

De ello se desprende que la aplicación de sanciones en virtud del artículo 42 del mismo código contempla la situación en la que el incumplimiento por parte del operador de que se trate se haya cometido por negligencia.

47

Por lo que respecta a las consecuencias de tal incumplimiento, corresponde a cada Estado miembro prever, de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del código aduanero de la Unión, sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, en particular, en caso de que se facilite información inexacta en una declaración en aduana (sentencia de 23 de noviembre de 2023, J. P. Mali, C‑653/22, EU:C:2023:912, apartado 30).

48

Si no existe armonización de la legislación de la Unión en el ámbito de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las condiciones previstas en un régimen establecido por dicha legislación, los Estados miembros serán competentes para establecer las sanciones que consideren adecuadas. No obstante, de conformidad con la exigencia de proporcionalidad de las sanciones establecida en el artículo 42, apartado 1, del código aduanero de la Unión, las medidas administrativas o represivas adoptadas con arreglo a dicha disposición no deben ir más allá de lo necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos por dicho código ni ser desproporcionadas con respecto a dichos objetivos (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2023, Zes Zollner Electronic, C‑640/21, EU:C:2023:457, apartados 60 y 61 y jurisprudencia citada).

49

Así, la gravedad de las sanciones deberá adecuarse a la gravedad de las infracciones que castigan, garantizando un efecto realmente disuasorio y respetando al mismo tiempo la exigencia de proporcionalidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de marzo de 2017, Euro‑Team y Spirál‑Gép, C‑497/15 y C‑498/15, EU:C:2017:229, apartado 42, y de 24 de febrero de 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli y Ministero dell’Economia e delle Finanze, C‑452/20, EU:C:2022:111, apartado 39).

50

Esta exigencia se impone a los Estados miembros no solamente en lo que respecta a la determinación de los elementos constitutivos de una infracción y de las normas relativas a la cuantía de las multas, sino también en lo relativo a la apreciación de los elementos que pueden tenerse en cuenta para fijar la cuantía de la multa (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2023, J. P. Mali, C‑653/22, EU:C:2023:912, apartado 33 y jurisprudencia citada).

51

En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que la multa prevista en el artículo 233, apartado 1, de la Ley de Aduanas para la infracción de contrabando aduanero está comprendida entre el 100 % y el 200 % del valor en aduana de las mercancías objeto de esta infracción, de forma que la autoridad aduanera puede modular el importe de tal multa teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias del caso concreto, incluido el carácter intencional o no intencional de la infracción cometida.

52

No obstante, aun tomando en consideración las particularidades de las infracciones aduaneras, en especial, su gran frecuencia y la dificultad de detectarlas, una multa, establecida por el Derecho nacional, de un importe comprendido entre el 100 % y el 200 % del valor en aduana de las mercancías no parece estar en consonancia con la gravedad del conjunto de las infracciones que reprime, en particular en caso de incumplimiento de las obligaciones vinculadas a las declaraciones aduaneras en el contexto del régimen aduanero de tránsito externo. En efecto, tal sanción, por una parte, va más allá de lo necesario para garantizar que las mercancías incluidas en dicho régimen no se sustraigan a la vigilancia aduanera y, por otra parte, resulta desmesurada en relación con la deuda aduanera que se origina por la sustracción a la vigilancia aduanera de mercancías incluidas en dicho régimen (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2020, Schenker, C‑655/18, EU:C:2020:157, apartados 44 y 46).

53

Esta constatación es aún más válida en la medida en que a dicha sanción se añade la prevista en el artículo 233, apartado 6, de la Ley de Aduanas, en virtud del cual las mercancías objeto de contrabando aduanero son confiscadas en beneficio del Estado con independencia de quien sea su propietario y, cuando falten o hayan sido sustraídas, el autor será condenado al equivalente de su valor en aduana o, en caso de exportación, del valor de las mercancías. En efecto, la acumulación de sanciones a las que se expone el autor de una infracción de contrabando aduanero puede dar lugar a que este sea condenado a pagar tres veces el valor en aduana de las mercancías de que se trate.

54

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C‑372/23 que los artículos 15 y 42, apartado 1, del código aduanero de la Unión deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que permite constatar un incumplimiento de la legislación aduanera por el mero hecho de que se haya actuado con negligencia, al no haberse observado la forma establecida para la declaración de las mercancías transportadas. Por el contrario, estas disposiciones se oponen a que, en tales circunstancias, se imponga al autor de esa infracción una sanción administrativa de un importe correspondiente, como mínimo, al valor en aduana de las mercancías objeto de la infracción.

55

Mediante las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C‑717/22 y las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta en el asunto C‑372/23, que procede examinar conjuntamente, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, en esencia, si el artículo 42, apartados 1 y 2, del código aduanero de la Unión, en relación con el artículo 17, apartado 1, de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, en caso de incumplimiento de la legislación aduanera, además de la imposición de una multa, el decomiso de las mercancías objeto de la infracción. En caso de respuesta negativa, dichos órganos jurisdiccionales desean saber si tal decomiso se admite también cuando esas mercancías no pertenezcan al autor de la infracción.

56

Con carácter preliminar, como se ha señalado en el apartado 44 de la presente sentencia, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponda efectuar a los órganos jurisdiccionales remitentes, las mercancías de que se trata en los litigios principales deberían haber sido incluidas en el régimen aduanero de tránsito externo. Así pues, de conformidad con el artículo 158 del código aduanero de la Unión, esas mercancías debían ser objeto de una declaración en aduana.

57

Hecha esta precisión y en cuanto a la primera parte de las cuestiones prejudiciales así reformuladas, procede señalar que el artículo 42, apartado 2, de dicho código establece que «cuando se impongan sanciones administrativas, estas podrán adoptar, inter alia, una o ambas de las dos formas siguientes: […] una carga pecuniaria impuesta por las autoridades aduaneras, incluido, cuando proceda, un pago suplementario que sustituya a la sanción penal aplicable; […] la revocación, suspensión o modificación de cualquier autorización de la que goce la persona sancionada».

58

A tal respecto, las dudas de los órganos jurisdiccionales remitentes tienen su origen, en parte, en la interpretación que hacen de dicho artículo 42, apartado 2, según la cual esta disposición enumera exhaustivamente las sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento de la legislación aduanera.

59

Pues bien, como ha señalado el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, el empleo de la expresión «inter alia» en dicha disposición pone de manifiesto que la lista de esas sanciones administrativas no es exhaustiva y que, en principio, los Estados miembros pueden establecer otras sanciones administrativas además de las mencionadas en dicha disposición, como las medidas de decomiso de las mercancías que hayan sido objeto de una infracción aduanera.

60

Asimismo, a falta de armonización, por el código aduanero de la Unión, de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones de este código, los Estados miembros son libres de acumular sanciones administrativas, como las controvertidas en los litigios principales, siempre que respeten la exigencia de proporcionalidad establecida en el artículo 42, apartado 1, de dicho código (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2020, Schenker, C‑655/18, EU:C:2020:157, apartados 41 y 42 y jurisprudencia citada).

61

Por lo que respecta a la cuestión de si el artículo 42 del código aduanero se opone a que puedan decomisarse mercancías cuando no pertenezcan a la persona que ha cometido la infracción, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una normativa nacional que permita el decomiso de bienes pertenecientes a un tercero de buena fe utilizados para cometer una infracción de contrabando es incompatible con el derecho de propiedad garantizado en el artículo 17, apartado 1, de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de enero de 2021, Okrazhna prokuratura — Haskovo y Apelativna prokuratura — Plovdiv, C‑393/19, EU:C:2021:8, apartado 56).

62

En cambio, las medidas de decomiso que tienen por objeto el producto de una infracción o de una actividad ilegal o un instrumento destinado a una infracción no pertenecientes a un tercero de buena fe están comprendidas en la regulación del uso de los bienes, en el sentido del artículo 17, apartado 1, tercera frase, de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, apartado 82).

63

A fin de garantizar un efecto realmente disuasorio de un régimen de sanciones administrativas aplicables a una infracción aduanera, respetando al mismo tiempo la exigencia de proporcionalidad, los autores de tales infracciones deben verse privados efectivamente de las ventajas económicas derivadas de estas últimas y las sanciones previstas deben permitir que se produzcan efectos proporcionados a la gravedad de dichas infracciones, a fin de disuadir eficazmente a cualquier persona de la comisión de infracciones del mismo tipo (véase, por analogía, la sentencia de 24 de febrero de 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli y Ministero dell’Economia e delle Finanze, C‑452/20, EU:C:2022:111, apartado 44).

64

En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que las mercancías decomisadas no pertenecen a VU, sino a Sistem Lux. Como han señalado, en particular, la Dirección de Aduanas y el Gobierno búlgaro en sus observaciones escritas, resulta que esta sociedad es la destinataria de las mercancías y/o la titular del régimen de tránsito de la Unión. Por tanto, en cualquiera de estos supuestos, está obligada a cumplir las obligaciones derivadas del artículo 233 del código aduanero de la Unión.

65

En tales circunstancias, no se excluye que Sistem Lux pueda ser considerada como la persona a la que, en caso de inobservancia de las obligaciones derivadas de dicho artículo 233, deba imputarse el incumplimiento de esta disposición. Corresponde a los órganos jurisdiccionales remitentes comprobar estos elementos fácticos para determinar la eventual responsabilidad de dicha sociedad.

66

En el marco de los dos supuestos mencionados en el apartado 64 de la presente sentencia, es preciso señalar que, habida cuenta del objetivo perseguido por la legislación aduanera de impedir la importación ilegal en la Unión de mercancías no pertenecientes a la Unión y de luchar contra el fraude garantizando la correcta recaudación de los derechos de importación para proteger los intereses financieros de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de julio de 2010, DSV Road, C‑234/09, EU:C:2010:435, apartado 33, y de 7 de abril de 2022, Kauno teritorinė muitinė, C‑489/20, EU:C:2022:277, apartado 35), el decomiso, como sanción adicional, de esas mercancías, cuando pertenezcan a una persona a la que sea imputable una infracción del código aduanero de la Unión, parece proporcionada, al tiempo que permite disuadir a los operadores de que se trate de incumplir las obligaciones resultantes de dicho código e impedir que puedan obtener de ello un beneficio.

67

Por otra parte, esta interpretación se ve corroborada por el artículo 198, apartado 1, letra a), del código aduanero de la Unión, según el cual «las autoridades aduaneras adoptarán todas las medidas necesarias, inclusive el decomiso […], para disponer de las mercancías […] cuando se haya incumplido alguna de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera relativas a la introducción de mercancías no pertenecientes a la Unión en el territorio aduanero de esta última, o cuando se hayan sustraído las mercancías a la vigilancia aduanera».

68

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C‑717/22 y a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta en el asunto C‑372/23 que el artículo 42, apartados 1 y 2, del código aduanero de la Unión, en relación con el artículo 17, apartado 1, de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece, en caso de incumplimiento de la legislación aduanera, además de la imposición de una multa, el decomiso de las mercancías objeto de la infracción cuando pertenezcan a una persona a la que esta sea imputable, siempre que el régimen de sanciones aplicables a la infracción sea conforme, en su conjunto, con la exigencia de proporcionalidad.

69

Mediante su tercera cuestión prejudicial en el asunto C‑717/22, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, apartado 1, de la Decisión Marco 2005/212 debe interpretarse en el sentido de que se aplica al decomiso de mercancías objeto de un incumplimiento de la legislación aduanera cuando ese incumplimiento no constituya una infracción penal, sino una infracción administrativa. En caso de respuesta afirmativa, dicho órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si el artículo 1, cuarto guion, de esta Decisión Marco y el artículo 2, punto 4, de la Directiva 2014/42 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que tal decomiso sea ordenado por una autoridad administrativa.

70

A este respecto, procede señalar que el artículo 2, apartado 1, de la Decisión Marco 2005/212 establece que cada Estado miembro debe adoptar las medidas necesarias para poder proceder al decomiso, total o parcial, de los instrumentos y productos de infracciones penales que lleven aparejadas penas privativas de libertad de duración superior a un año, o de bienes cuyo valor corresponda a tales productos.

71

Del tenor de dicha disposición, al igual que del título mismo y del considerando 1 de la Decisión Marco 2005/212, que hacen referencia, respectivamente, al «decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito» y a la «delincuencia […] organizada», se desprende que el ámbito de aplicación material de esta Decisión Marco se limita a las infracciones penales (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane, C‑752/21, EU:C:2023:179, apartado 40).

72

Asimismo, solo las infracciones penales de cierta gravedad, a saber, las que lleven aparejadas penas privativas de libertad de duración superior a un año, están comprendidas en el ámbito de aplicación de dichas disposiciones (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane, C‑752/21, EU:C:2023:179, apartado 41)

73

En lo que atañe al concepto de «decomiso», procede, con arreglo al artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2014/42, referirse a los términos del artículo 2, punto 4, de esta, según los cuales constituye un decomiso la «privación definitiva de un bien por un órgano jurisdiccional en relación con una infracción penal» (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane, C‑752/21, EU:C:2023:179, apartados 42 y 43).

74

Pues bien, basta señalar que, por una parte, en el litigio principal, la decisión de decomiso de las mercancías objeto del incumplimiento de la legislación aduanera se adoptó a raíz de un procedimiento de carácter administrativo, procedimiento que no tenía por objeto una infracción penal que llevase aparejada una pena privativa de libertad de duración superior a un año, como exige el artículo 2, apartado 1, de la Decisión Marco 2005/212, ni siquiera, de manera general, una infracción penal.

75

En este contexto, debe precisarse que, si bien en el presente asunto el procedimiento administrativo estuvo precedido por un procedimiento penal, de la resolución de remisión se desprende inequívocamente que este último se archivó, de modo que no había ningún procedimiento penal pendiente cuando se inició el procedimiento administrativo.

76

Por otra parte, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia también se desprende que el decomiso de las mercancías en cuestión no fue ordenado por un «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 2, punto 4, de la Directiva 2014/42, sino por las autoridades aduaneras.

77

Pues bien, la Decisión Marco 2005/212 no es aplicable cuando la decisión de decomiso sea adoptada por una autoridad aduanera a raíz de un procedimiento que no tenga por objeto una infracción penal (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de marzo de 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, apartado 61, y de 9 de marzo de 2023, Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane, C‑752/21, EU:C:2023:179, apartado 46).

78

En la medida en que el ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2005/212 está claramente encuadrado y que esta se adoptó con el fin de establecer normas mínimas comunes en un ámbito bien delimitado, que, por lo demás, se refiere a la cooperación en materia penal, dicha Decisión Marco tampoco puede ser aplicable ratione materiae por analogía a una situación como la controvertida en el litigio principal (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane, C‑752/21, EU:C:2023:179, apartado 47).

79

A la vista de las razones expuestas, procede responder a la tercera cuestión prejudicial en el asunto C‑717/22 que el artículo 2, apartado 1, de la Decisión Marco 2005/212 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a una medida de decomiso adoptada a raíz de un incumplimiento de la legislación aduanera si dicho incumplimiento no constituye una infracción penal que lleve aparejada una pena privativa de libertad de duración superior a un año, sino una infracción administrativa.

80

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante los órganos jurisdiccionales remitentes, corresponde a estos resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: