1

Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Qualcomm Inc., solicita la anulación de la Decisión C(2019) 5361 final de la Comisión, de 18 de julio de 2019, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo EEE [asunto AT.39711 — Qualcomm (precios predatorios)] (en lo sucesivo, «Decisión impugnada») o, en su defecto, la anulación o la reducción del importe de la multa que le fue impuesta en dicha Decisión.

Antecedentes del litigio

Contexto del asunto

2

Qualcomm es una sociedad estadounidense creada en 1985 que opera en el sector de las tecnologías móviles e inalámbricas. Ejerce sus actividades principalmente a través de Qualcomm CDMA Technologies (en lo sucesivo, «QCT») y de Qualcomm Technology Licensing. QCT es un desarrollador y proveedor, en particular, de microchips de banda base, de un tipo de semiconductor y de un programa informático basado en un acceso múltiple por división de código (AMRC), un acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA) y otras tecnologías utilizadas principalmente para las comunicaciones de voz y datos. Los microchips de Qualcomm (y su programa informático con licencia) se venden a empresas que los utilizan para equipar teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, módulos de datos y otros aparatos electrónicos de consumo. Qualcomm Technology Licensing gestiona el programa de concesión de licencias relativas a la propiedad intelectual de Qualcomm, concediendo licencias principalmente a los proveedores de dispositivos móviles.

3

Los dispositivos móviles tales como teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos conectados requieren una conectividad móvil a Internet de banda ancha a través de redes de telecomunicaciones móviles celulares.

4

El componente esencial que proporciona la conectividad móvil en un dispositivo es el procesador de banda base que proporciona la funcionalidad de procesamiento de señales de acuerdo con los protocolos de comunicación descritos por las normas celulares. Los procesadores de banda base pueden integrarse directamente en los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes, o en módulos externos que a su vez se integran en un dispositivo. Tal procesador está fabricado con materiales semiconductores (como la silicona) e integrado en un microchip denominado «microchip de banda base».

5

Además del procesador de banda base, algunos tipos de dispositivos móviles requieren un procesador de aplicación, utilizado para gestionar el sistema operativo y aplicaciones como la mensajería, la navegación en Internet, las imágenes y los juegos. Este procesador de aplicación puede suministrarse como producto autónomo, integrado en un microchip separado o con el procesador de banda base dentro del mismo microchip. Así, los microchips de banda base pueden dividirse en:

–

microchips de banda base autónomos (también conocidos como «microchips de banda base slim» o «módems slim»), cuando no se incluye ningún procesador de aplicación;

–

microchips de banda base integrados, cuando los microchips de banda base se han integrado con el procesador de aplicación.

6

Con independencia de la presencia de un procesador de aplicación, un procesador de banda base suele combinarse generalmente con dos elementos adicionales para completar su funcionalidad, a saber, el circuito integrado de radiocomunicaciones, también denominado «RF emisor-receptor», y el circuito integrado de la gestión de la alimentación. Estos tres elementos (procesador de banda base, RF emisor-receptor y circuito integrado de la gestión de la alimentación) son necesarios para la conectividad móvil y generalmente se compran al mismo proveedor, ya sea juntos o por separado.

7

Los microchips de banda base se venden generalmente a fabricantes de equipos que los incorporan a dispositivos que utilizan la conectividad móvil, como Apple, HTC Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd (en lo sucesivo, «Huawei»), LG Corp., Nokia Corporation, Samsung Group (en lo sucesivo, «Samsung») y ZTE Corporation.

8

De 2009 a 2011, los dispositivos móviles que incorporaban microchips de banda base podían agruparse en dos grandes categorías. Por una parte, los teléfonos móviles (de diferentes tipos, que van de los que solo ofrecen funcionalidades básicas, como servicios de voz, a los teléfonos inteligentes) y, por otra parte, los dispositivos MBB, a saber, los dispositivos que proporcionan una conectividad distinta de la de los teléfonos móviles, generalmente carentes de servicios de voz (por ejemplo, tabletas, tarjetas de datos como memorias USB con acceso celular, rúteres inalámbricos que funcionan con Mifi u ordenadores portátiles).

9

Varios dispositivos MBB, como las tarjetas de datos, tendían a utilizar principalmente módems slim, puesto que no requerían ninguna funcionalidad de procesamiento, sino únicamente conectividad, y el mercado de tales dispositivos, en particular el de los dispositivos compatibles con los estándares aplicables a las comunicaciones de tercera generación (3G) basadas en la tecnología «Universal Mobile Telecommunications System» (UMTS), era considerablemente más reducido que el de los teléfonos móviles.

10

Como se ha indicado en el apartado 4 anterior, para ofrecer conectividad, un microchip de banda base debe utilizar uno de los estándares aplicables a las comunicaciones. En un principio, los estándares aplicables a las comunicaciones de primera generación (1G), a saber, los estándares aplicables a las comunicaciones analógicas, y los estándares aplicables a las comunicaciones de segunda generación (2G) que los sustituyeron, a saber, los estándares aplicables a las comunicaciones digitales, solo proporcionaban comunicaciones vocales. A continuación, el estándar desarrollado para los estándares aplicables a las comunicaciones 2G, a saber, el «Global System for Mobile Communication» (GSM), se amplió para soportar velocidades de transmisión de datos más elevadas y el transporte de datos en modo «paquete», mediante las extensiones «General Packet Radio Services» (GPRS) y «Enhanced Data rates for GSM Evolution» (EDGE).

11

Los estándares aplicables a las comunicaciones 3G, basados en la tecnología UMTS, a saber, una tecnología de comunicación inalámbrica y móvil, permitían en sus inicios (alrededor del año 2000) ofrecer conexiones de datos de hasta 0,348 megabits por segundo (Mbps), lo que resultaba insuficiente para permitir el funcionamiento de las aplicaciones típicamente de banda ancha, como la navegación completa por Internet y la difusión de flujo de vídeo. Los desarrollos posteriores han aumentado la capacidad de transmisión de datos de dichos estándares aplicables a las comunicaciones. La tecnología «High Speed Packet Access» (HSPA) permitió manejar velocidades de datos de hasta 14 Mbps y, posteriormente, la tecnología «Evolved High Speed Packet Access» (HSPA +) permitió manejar velocidades de datos de hasta 28 Mbps e incluso 42 Mbps.

12

En principio, los microchips compatibles con la tecnología UMTS (en lo sucesivo, «microchips UMTS») soportaban también el estándar ampliado GSM/EDGE, inicialmente optimizado para la telefonía vocal. Ello se debe a que dicho estándar ampliado seguía siendo indispensable para los teléfonos móviles, dado que, para la mayoría de los operadores de redes móviles, el GSM desempeñaba aún un papel importante en términos de cobertura y de capacidad. En efecto, dicho estándar ampliado podía ser útil para los dispositivos MBB, aunque no pudiera proporcionar conectividad de banda ancha. En efecto, gracias a su soporte de conectividad básica, el GSM permitía garantizar la continuidad del servicio en caso de lagunas en la cobertura de la red que utilizaba la tecnología UMTS.

13

A partir de finales de 2008, apareció la tecnología «Long Term Evolution» (LTE). Los primeros microchips que la utilizaban eran exclusivamente compatibles con esta tecnología, lo que impedía su uso práctico debido al escaso despliegue de redes que la utilizaban. Progresivamente, los grandes proveedores de microchips de banda base han desarrollado microchips compatibles tanto con las tecnologías UMTS como con las tecnologías LTE, los primeros de los cuales estaban disponibles comercialmente en 2011 o en 2012. Las tecnologías UMTS y LTE se han desarrollado paralelamente para mejorar el rendimiento y la interoperabilidad.

Procedimiento administrativo

14

El 30 de junio de 2009, Icera Inc. presentó ante la Comisión Europea una denuncia contra Qualcomm, que posteriormente fue sustituida por una versión revisada y actualizada de fecha 8 de abril de 2010 (en lo sucesivo, «denuncia»), sobre la base de la cual la Comisión inició una investigación.

15

En 2012, la parte coadyuvante, Nvidia Corp., que había adquirido Icera en mayo de 2011, facilitó información adicional, completando la denuncia y alegando que Qualcomm había aplicado precios predatorios.

16

Entre junio de 2010 y julio de 2015, la Comisión remitió varias solicitudes de información a Qualcomm, Icera, Nvidia y otros operadores del sector de microchips de banda base. En particular, envió a Qualcomm, en primer lugar, una solicitud de información de 7 de junio de 2010, adoptada con arreglo al artículo 18, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación delas normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1); en segundo lugar, una solicitud de información de 3 de noviembre de 2011, adoptada con arreglo al artículo 18, apartado 3, de dicho Reglamento; en tercer lugar, una solicitud de información de 10 de julio de 2013, adoptada con arreglo al artículo 18, apartado 3, del mismo Reglamento; en cuarto lugar, una solicitud de información de 13 de febrero de 2014, adoptada con arreglo al artículo 18, apartados 1 y 2, del citado Reglamento; en quinto lugar, una solicitud de información de 13 de octubre de 2014, adoptada con arreglo al artículo 18, apartado 3, de dicho Reglamento, y, por último, una solicitud adjunta de información de 14 de enero de 2015, puesto que también se adoptó en el asunto AT.40220 — Qualcomm (pagos por exclusividad). La decisión final en este asunto fue objeto de un recurso ante el Tribunal General [sentencia de 15 de junio de 2022, Qualcomm/Comisión (Qualcomm — pagos por exclusividad), T‑235/18, EU:T:2022:358].

17

El 16 de julio de 2015, la Comisión incoó, con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18), un procedimiento contra Qualcomm en el asunto AT.39711 — Qualcomm (precios predatorios). Este procedimiento se refería a la presunta explotación abusiva por parte de Qualcomm de su posición dominante a través de precios predatorios en el mercado de microchips UMTS.

18

El 8 de diciembre de 2015, la Comisión adoptó, con arreglo al artículo 27, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 y al artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 773/2004, un pliego de cargos dirigido a Qualcomm (en lo sucesivo, «pliego de cargos»).

19

Entre diciembre de 2015 y julio de 2016, Qualcomm tuvo acceso al expediente.

20

En particular, mediante escrito de 18 de abril de 2016, Qualcomm solicitó al consejero auditor, con arreglo al artículo 3, apartado 7, y al artículo 7, apartado 1, de la Decisión 2011/695/UE del presidente de la Comisión Europea, de 13 de octubre de 2011, relativa a la función y el mandato del consejero auditor en determinados procedimientos de competencia (DO 2011, L 275, p. 29), acceso adicional a determinados elementos del expediente. Tras la reconsideración efectuada por el consejero auditor, se facilitaron a Qualcomm versiones más completas del expediente.

21

El 15 de agosto de 2016, Qualcomm envió su respuesta al pliego de cargos (en lo sucesivo, «respuesta al pliego de cargos»), que refutaba las conclusiones preliminares de la Comisión.

22

El 10 de noviembre de 2016 se celebró una audiencia a instancias de Qualcomm.

23

Tras esta audiencia, la Comisión adoptó nuevas medidas de investigación y dirigió, entre 2017 y 2019, nuevas solicitudes de información a Qualcomm y a otros operadores del sector de microchips de banda base.

24

En particular, el 30 de enero de 2017, la Comisión dirigió a Qualcomm una solicitud de información con arreglo al artículo 18, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1/2003, a la que esta no respondió. El 31 de marzo de 2017, la Comisión dirigió a Qualcomm una solicitud de información mediante decisión adoptada con arreglo al artículo 18, apartado 3, del citado Reglamento.

25

El 13 de junio de 2017, Qualcomm interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal General contra la decisión de la Comisión de 31 de marzo de 2017. Asimismo, presentó una demanda basada en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE por la que solicitaba, con carácter principal, la suspensión de dicha decisión o, con carácter subsidiario, la adopción de medidas provisionales a este respecto. Mediante auto de 12 de julio de 2017, Qualcomm y Qualcomm Europe (T‑371/17 R, no publicado, EU:T:2017:485), el Presidente del Tribunal General desestimó la demanda de suspensión y, mediante sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión (T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232), el Tribunal General desestimó el recurso de anulación de dicha decisión. El recurso de casación interpuesto por Qualcomm que tenía por objeto la anulación de dicha sentencia fue desestimado en su totalidad por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión (C‑466/19 P, EU:C:2021:76).

26

El 10 de noviembre de 2017, la Comisión dirigió a Qualcomm, con arreglo al artículo 18, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1/2003, una nueva solicitud de información.

27

El 19 de julio de 2018, la Comisión adoptó un pliego de cargos adicional (en lo sucesivo, «pliego de cargos adicional») dirigido a Qualcomm, en el que se alegó una menor duración del comportamiento predatorio y se utilizó un método revisado para comparar los precios y costes de Qualcomm correspondientes a las ventas presuntamente predatorias en cuestión.

28

Entre el 31 de julio y el 28 de septiembre de 2018, Qualcomm tuvo acceso a los documentos incorporados al expediente de la Comisión tras la adopción del pliego de cargos de 8 de diciembre de 2015.

29

El 22 de octubre de 2018, Qualcomm envió una respuesta al pliego de cargos adicional (en lo sucesivo, «respuesta al pliego de cargos adicional»), que refutaba las conclusiones preliminares de la Comisión expuestas en el pliego de cargos y completadas por el pliego de cargos adicional.

30

El 10 de enero de 2019, se celebró una segunda audiencia a instancias de Qualcomm.

31

El 5 de febrero de 2019, la Comisión dirigió a Qualcomm una solicitud de información con arreglo al artículo 18, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1/2003.

32

El 22 de febrero de 2019, la Comisión envió a Qualcomm un escrito de exposición de los hechos (en lo sucesivo, «escrito de exposición de los hechos»), que, en su opinión, tenía por objeto, en primer lugar, proporcionar a Qualcomm aclaraciones sobre determinados elementos expuestos en el pliego de cargos adicional, que esta última había cuestionado en la respuesta al pliego de cargos adicional; en segundo lugar, informarle de pruebas preexistentes que no habían sido invocadas expresamente en el pliego de cargos y en el pliego de cargos adicional, pero que, tras un análisis complementario del expediente, habrían podido ser pertinentes para respaldar las conclusiones preliminares del pliego de cargos, tal como fueron completadas por el pliego de cargos adicional, y, en tercer lugar, comunicarle algunas actualizaciones limitadas del análisis de precios y costes efectuado en el pliego de cargos adicional. El escrito de exposición de los hechos contenía como documentos adjuntos otros documentos que no habían sido facilitados a Qualcomm con anterioridad.

33

Qualcomm presentó sus observaciones sobre el escrito de exposición de los hechos los días 24 de marzo y 25 de abril de 2019.

34

El 18 de julio de 2019, la Comisión adoptó la Decisión impugnada.

Contenido de la Decisión impugnada

Productos afectados

35

Tras rechazar las objeciones de Qualcomm relativas a supuestas irregularidades de procedimiento que afectaban al procedimiento administrativo, la Comisión proporcionó una descripción detallada del contexto en el que operaban Qualcomm y sus competidores, incluida Icera, en materia de tecnología y propiedad intelectual. En particular, indicó que los productos objeto de su investigación eran microchips UMTS, a saber, los microchips MDM8200, MDM6200 y MDM8200A de Qualcomm, que, en el momento de la presunta infracción, competían con los microchips UMTS de Icera, en particular con los microchips ICE8040, ICE8042 e ICE8060.

36

Según la Comisión, todos estos productos constituían microchips de banda base autónomos que soportaban la conectividad de datos a velocidades de enlace descendente que oscilaban entre 7,2/14,4 Mbps a 28 Mbps entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2011 (en lo sucesivo, «período relevante»). En particular, el microchip MDM8200 era el primer microchip de banda base autónomo de Qualcomm para dispositivos MBB compatible con la tecnología HSPA +, con velocidades de enlace descendente de hasta 28 Mbps. Fue comercializado por primera vez en mayo de 2009 y llegó al final de su vida comercial el 30 de marzo de 2011. Mientras tanto, desde 2010 fue sustituido progresivamente por el microchip MDM8200A, su versión mejorada, que también podía soportar, tras la aplicación de modificaciones menores, la funcionalidad vocal. Al igual que los microchips MDM8200 y MDM8200A, el microchip MDM6200 se destinaba principalmente a aplicaciones de tráfico de datos. Soportaba, sin necesidad de modificaciones, la tecnología HSPA +, con una velocidad de enlace descendente de hasta 14,4 Mbps, así como la funcionalidad vocal. Suministrado en cantidades limitadas a partir del segundo trimestre de 2010, se vendió en cantidades mayores a partir de 2011 y siguió comercializándose al menos hasta finales de 2017.

37

El microchip Icera ICE8040, o Espresso‑300, era también un microchip de banda base autónomo, que se lanzó en octubre de 2008. En un primer momento, podía sostener una velocidad máxima de enlace descendente de 10 Mbps y, debido a sus características, podía beneficiarse fácilmente de mejoras y actualizaciones mediante programas informáticos, en particular para aumentar gradualmente su velocidad de enlace descendente hasta 21 Mbps. El microchip ICE8042, o Espresso‑302, era una variante mejorada del microchip ICE8040, lanzado comercialmente en diciembre de 2009 con una velocidad de enlace descendente de hasta 14,4 Mbps, aumentada en marzo de 2010 a 21 Mbps gracias a actualizaciones mediante programas informáticos. Icera vendía a ZTE una versión desclasificada de este microchip, a saber, el microchip Espresso‑302‑1, que solo podía ofrecer una velocidad máxima de enlace descendente de 7,2 Mbps. Por último, el microchip ICE8060, o Espresso‑400, anunciado en octubre de 2010, se beneficiaba de la arquitectura de módem definida por los programas informáticos de Icera y de una velocidad de enlace descendente que podía llegar hasta 28 Mbps. También se ofrecía una versión desclasificada de dicho microchip, a saber, el microchip E‑400‑1, que alcanzaba una velocidad máxima de enlace descendente de 7,2 Mbps.

Mercado pertinente

38

La Comisión definió el mercado pertinente para los productos de que se trata como el mercado «libre» de los microchips de banda base autónomos e integrados, compatibles con la tecnología UMTS (en lo sucesivo, «mercado de microchips UMTS»). Llegó a esta conclusión teniendo en cuenta, en particular, la sustituibilidad entre los microchips UMTS y los microchips compatibles con otras tecnologías, así como la ausencia de presiones competitivas ejercidas por los fabricantes de microchips de banda base integrados verticalmente. Desde un punto de vista geográfico, este mercado se ha definido como de ámbito mundial.

Posición dominante

39

La Comisión constató, sobre la base de los siguientes elementos, que Qualcomm ocupaba una posición dominante en el mercado de microchips UMTS a nivel mundial, al menos entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011.

40

En primer lugar, Qualcomm tuvo, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, una cuota de mercado de alrededor del 60 % en el mercado pertinente.

41

En segundo lugar, en el mercado pertinente existían varias barreras a la entrada y a la expansión, como la necesidad de llevar a cabo inversiones iniciales importantes en materia de investigación y desarrollo («I+D») para el diseño de microchips UMTS, así como diversos obstáculos relacionados con los derechos de propiedad intelectual de Qualcomm, entre ellos su red de retrocesión.

42

En tercer lugar, el poder comercial de los clientes, compradores de microchips de Qualcomm, no podía afectar a la posición dominante de esta última durante el período relevante.

Abuso de posición dominante

43

La Comisión consideró que Qualcomm había abusado de su posición dominante al suministrar, durante el período relevante, ciertas cantidades de tres de sus microchips UMTS, a saber, los microchips MDM8200, MDM6200 y MDM8200A, a dos de sus principales clientes, a saber, Huawei y ZTE, a precios inferiores a sus costes, con el objetivo de eliminar a Icera, su principal competidora en aquel momento en el segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS.

44

Según la Comisión, al limitar el crecimiento de Icera en el segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS, que, en aquel momento, estaba constituido casi exclusivamente por microchips utilizados en los dispositivos MBB de alta velocidad, Qualcomm pretendía impedir que esta empresa, pequeña y con limitaciones financieras, alcanzara la reputación y la escala necesarias para poner en entredicho su posición dominante en dicho mercado, habida cuenta, en particular, del potencial de crecimiento esperado de dicho segmento debido a la creciente difusión global de los dispositivos móviles denominados «inteligentes». La Comisión estimó que Qualcomm pretendía de este modo privar a los fabricantes de equipos de este segmento de una fuente alternativa de microchips para sus teléfonos móviles, reduciendo así la elección de los consumidores.

45

La Comisión identificó como elementos clave de sus conclusiones los siguientes factores.

46

Las prácticas de fijación de precios de Qualcomm tuvieron lugar en un contexto en el que Icera reforzaba su presencia en el mercado de microchips UMTS como proveedor viable de microchips UMTS, lo que suponía una amenaza creciente para la actividad de Qualcomm. Para asegurarse de que la actividad de Icera no alcanzara un tamaño crítico que amenazara su posición en dicho mercado, Qualcomm adoptó medidas preventivas en forma de concesiones en materia de precios dirigidas a dos de sus clientes de importancia estratégica, a saber, Huawei y ZTE. En efecto, consideraba que las perspectivas de desarrollo de Icera dependían de su capacidad para establecer relaciones comerciales con estas dos empresas. Las acciones preventivas de Qualcomm se basaban en una estrategia «multimicrochips» de la que formaban parte sus tres microchips que competían con los microchips más avanzados de Icera y tenía por objeto, en particular, proteger su posición de mercado en el segmento de la alta velocidad de los microchips destinados a los teléfonos móviles, mercado en el que Icera tenía previsto incursionar tras haber asegurado su presencia en el segmento de los microchips destinados a los dispositivos MBB de alta velocidad.

47

Según la Comisión, el análisis de los precios aplicados por Qualcomm a Huawei y ZTE y de los costes de Qualcomm para la fabricación de sus microchips demostraba que Qualcomm había vendido ciertas cantidades de microchips por debajo de sus costes incrementales medios a largo plazo (en lo sucesivo, «LRAIC») y, en cualquier caso, por debajo de sus costes totales medios (en lo sucesivo, «ATC»), así como una cantidad limitada de microchips MDM6200 a precios inferiores a sus costes variables medios (en lo sucesivo, «AVC»). Los resultados del análisis de precios y costes efectuado se vieron corroborados por pruebas en forma de documentos internos y contemporáneos de Qualcomm, que demostraban la intención de esta última de expulsar a Icera.

–

Falta de justificación

48

La Comisión consideró que Qualcomm no había proporcionado una justificación objetiva válida ni una defensa eficaz de su comportamiento.

–

Infracción única y continuada

49

La Comisión concluyó que las ventas predatorias de Qualcomm a Huawei y ZTE constituían, consideradas conjuntamente, una infracción única y continuada que se extendía a lo largo de todo el período relevante.

–

Competencia de la Comisión

50

Según la Comisión, es competente para aplicar el artículo 102 TFUE y el artículo 54 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE») a la infracción cometida por Qualcomm, dado que esta se llevó a la práctica y podía tener efectos sustanciales, inmediatos y previsibles en el Espacio Económico Europeo (EEE) y afectaba sensiblemente al comercio entre los Estados miembros y entre las Partes Contratantes del EEE.

–

Sanción

51

Aunque, en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, la infracción cometida por Qualcomm había finalizado, la Comisión impuso a esta última no obstante que se abstuviera de repetir los comportamientos descritos en dicha Decisión, así como cualquier acto o comportamiento que tuviera un objeto o un efecto idénticos o equivalentes a los de dichos comportamientos.

52

La multa impuesta a Qualcomm por la infracción, calculada por la Comisión sobre la base de los principios enunciados en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006»), asciende a 242 042 000 euros.

Procedimiento y pretensiones de las partes

Procedimiento

53

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 1 de octubre de 2019, la demandante interpuso el presente recurso.

54

La Comisión solicitó dos prórrogas del plazo para presentar el escrito de contestación, el 4 de febrero y el 24 de marzo de 2020 respectivamente, habida cuenta de la extensión de la demanda y del número de documentos que figuraban en el anexo. Se le concedió dicha prórroga.

55

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 17 de marzo de 2020, Nvidia solicitó intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones de la Comisión. La demanda de intervención fue notificada a las partes principales de conformidad con el artículo 144, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Las partes principales no formularon objeciones al respecto.

56

El 11 de junio de 2020, la Comisión presentó en la Secretaría del Tribunal General el escrito de contestación.

57

El 6 de julio de 2020, la demandante solicitó una prórroga del plazo para presentar la réplica, habida cuenta de la extensión del escrito de contestación y del número de documentos que figuraban en el anexo. Se le concedió dicha prórroga.

58

El 5 de octubre de 2020, la demandante presentó en la Secretaría del Tribunal General la réplica.

59

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 15 de octubre de 2020, tras haber obtenido varias prórrogas del plazo, la demandante y la Comisión solicitaron, con arreglo al artículo 144, apartados 2 y 7, del Reglamento de Procedimiento, el tratamiento confidencial respecto de Nvidia de determinados datos contenidos en la demanda y en algunos de sus anexos. Dichas partes presentaron una versión común no confidencial de estos documentos.

60

El 23 de octubre de 2020, la Comisión solicitó una prórroga del plazo para presentar la dúplica, habida cuenta de la extensión de la réplica y del número de documentos que figuraban en el anexo. Se le concedió dicha prórroga.

61

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de noviembre de 2020, la Comisión solicitó el tratamiento confidencial respecto de Nvidia de determinados datos contenidos en el escrito de contestación. En la misma fecha, de acuerdo con la demandante, la Comisión presentó una versión común no confidencial del escrito de contestación y de sus anexos.

62

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 20 de noviembre de 2020, la demandante solicitó el tratamiento confidencial respecto de Nvidia de determinados datos contenidos en el escrito de contestación y sus anexos, así como en los documentos procesales comunicados a la Secretaría durante el período comprendido entre el 30 de junio y el 5 de octubre de 2020.

63

Mediante auto de 25 de noviembre de 2020, Qualcomm/Comisión (T‑671/19, no publicado), el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal General ordenó que se autorizara a Nvidia a intervenir y reservó la decisión sobre las costas.

64

Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal General el 15 de diciembre de 2020 y el 18 de enero de 2021, Nvidia formuló objeciones en cuanto a las solicitudes de tratamiento confidencial relativas a la demanda, el escrito de contestación y determinados anexos.

65

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 16 de diciembre de 2020, la Comisión solicitó el tratamiento confidencial respecto de Nvidia de determinados datos contenidos en la réplica y en su anexo C.8.

66

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 22 de diciembre de 2020, la demandante solicitó el tratamiento confidencial respecto de Nvidia de determinados datos contenidos en la réplica y sus anexos, así como en los documentos procesales comunicados a la Secretaría durante el período comprendido entre el 5 de octubre y el 9 de diciembre de 2020. En la misma fecha, las partes principales presentaron una versión común no confidencial de la réplica y de sus anexos.

67

El 21 de enero de 2021, la Comisión presentó la dúplica en la Secretaría del Tribunal General.

68

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 25 de febrero de 2021, tras haber obtenido una prórroga del plazo, la Comisión solicitó el tratamiento confidencial, respecto de Nvidia, de determinados datos contenidos en la dúplica. En la misma fecha, de acuerdo con la demandante, la Comisión presentó una versión común no confidencial de la dúplica y de su anexo.

69

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 26 de febrero de 2021, tras haber obtenido una prórroga del plazo, la demandante solicitó el tratamiento confidencial respecto de Nvidia de otros datos contenidos en la dúplica y su anexo, así como en los documentos procesales comunicados a la Secretaría durante el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021.

70

Mediante auto de 22 de julio de 2021, Qualcomm/Comisión (T‑671/19, no publicado, EU:T:2021:502), el Presidente de la Sala Quinta estimó las solicitudes de tratamiento confidencial relativas a determinados datos reproducidos en la demanda y sus anexos A.1 y A.29 y en el escrito de contestación y denegó las solicitudes similares relativas a los demás documentos procesales. Por consiguiente, se concedió un plazo a la demandante y a la Comisión para que presentasen nuevas versiones no confidenciales de determinados documentos del expediente. Los días 16 y 17 de septiembre de 2021, tras haber obtenido una prórroga del plazo, las partes principales presentaron una versión común no confidencial de dichos documentos.

71

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de octubre de 2021, Nvidia presentó un escrito de formalización de la intervención.

72

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de noviembre de 2021, la Comisión indicó que no tenía ninguna observación que formular sobre el escrito de formalización de la intervención.

73

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 29 de noviembre de 2021, la demandante presentó observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención.

74

La fase escrita del procedimiento se cerró el 29 de noviembre de 2021.

75

El 8 de febrero de 2022, la demandante solicitó ser oída en una vista oral.

76

A propuesta de la Sala Quinta, el Tribunal General decidió, con arreglo al artículo 28 del Reglamento de Procedimiento, remitir el asunto a la Sala Quinta ampliada.

77

Al haberse modificado la composición de las Salas del Tribunal General, con arreglo al artículo 27, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Primera ampliada, a la que, en consecuencia, se atribuyó el presente asunto.

78

A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal General decidió abrir la fase oral del procedimiento.

79

El 2 de diciembre de 2022, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal General instó a las partes principales a responder a determinadas preguntas. La demandante respondió a estas preguntas el 16 de diciembre de 2022. La Comisión, tras obtener una prórroga del plazo fijado para presentar sus respuestas, respondió el 16 de enero de 2023.

80

A petición de las partes principales, se prorrogó el plazo fijado para la presentación de las solicitudes de tratamiento confidencial de sus respuestas a las preguntas del Tribunal General. En último lugar, se fijó en el 31 de enero de 2023, fecha en la que se presentaron las versiones comunes no confidenciales de dichas respuestas.

81

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 16 de febrero de 2023, tras haber obtenido una prórroga del plazo, Nvidia formuló objeciones en cuanto a dichas solicitudes de tratamiento confidencial relativas a las respuestas de las partes principales a las preguntas planteadas por el Tribunal General.

82

Se comunicó a las partes un informe para la vista y la demandante y la Comisión presentaron observaciones sobre dicho documento el 27 de enero de 2023 y el 16 de febrero de 2023, respectivamente. El Tribunal General tomó nota de estas observaciones.

83

Mediante auto de 8 de marzo de 2023, Qualcomm/Comisión (T‑671/19, no publicado, EU:T:2023:125), el Presidente de la Sala Primera ampliada estimó determinadas solicitudes de tratamiento confidencial relativas a datos reproducidos en las respuestas de las partes principales a las preguntas formuladas por el Tribunal General y denegó otras solicitudes. Por consiguiente, se concedió un plazo a la demandante y a la Comisión para que presentasen nuevas versiones no confidenciales de esas respuestas. El 10 de marzo de 2023, las partes principales presentaron una versión común no confidencial de dichos documentos.

84

Por impedimento de un miembro de la Sala Primera ampliada para participar en la vista y deliberación del asunto, el Presidente de dicha Sala designó a otro Juez para completar dicha Sala.

85

La fase oral concluyó al término de la vista de 15 de marzo de 2023. Como quiera que un miembro de la Sala no podía participar en las deliberaciones por haber expirado su mandato el 27 de septiembre de 2023, las deliberaciones del Tribunal General prosiguieron a cargo de los tres Jueces cuya firma lleva la presente sentencia, con arreglo al artículo 22 y al artículo 24, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

Pretensiones de las partes

86

La demandante solicita al Tribunal General que:

–

Anule la Decisión impugnada.

–

«Anule o, con carácter subsidiario, reduzca sustancialmente el importe de la multa».

–

Adopte diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba para instar a la Comisión a que confirme que las supresiones que figuran en determinados documentos del expediente se basan efectivamente en reivindicaciones sólidas de secreto profesional y que informe de ello a Qualcomm u obtenga dichos documentos para examinar la validez de las reivindicaciones de la coadyuvante.

–

Condene en costas a la Comisión.

87

La Comisión solicita al Tribunal General que:

–

Desestime el recurso.

–

Condene en costas a Qualcomm.

88

Nvidia solicita al Tribunal General que:

–

Desestime el recurso.

–

Condene en costas a Qualcomm.

Fundamentos de Derecho

89

Con carácter preliminar, como se ha indicado en los apartados 59, 61 y 62 anteriores, las partes principales solicitaron que se ocultaran a Nvidia y, en consecuencia, al público, determinados datos contenidos en sus escritos y en otros documentos procesales. Nvidia formuló objeciones en cuanto a las solicitudes de tratamiento confidencial de determinados datos. Mediante autos de 22 de julio de 2021, Qualcomm/Comisión (T‑671/19, no publicado, EU:T:2021:502), y de 8 de marzo de 2023, Qualcomm/Comisión (T‑671/19, no publicado, EU:T:2023:125), los Presidentes de la Sala Quinta y de la Primera Sala ampliada respectivamente estimaron determinadas solicitudes de tratamiento confidencial y denegaron otras.

90

Cuando una parte presenta una solicitud en virtud del artículo 144, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Presidente debe pronunciarse, en principio, únicamente sobre los documentos y la información cuya confidencialidad es objeto de discusión (véase, en este sentido y por analogía, el auto de 26 de enero de 2018, FV/Consejo, T‑750/16, no publicado, EU:T:2018:59, apartado 14 y jurisprudencia citada).

91

Sin embargo, a pesar de la falta de impugnación, no puede impedirse al Tribunal General denegar solicitudes de tratamiento confidencial en la medida en que se refieren a datos cuyo carácter público se desprende manifiestamente de los elementos del expediente o cuyo carácter confidencial resulta, debido a la divulgación de otros elementos del expediente, manifiestamente obsoleto (auto de 15 de septiembre de 2016, Deutsche Telekom/Comisión, T‑827/14, no publicado, EU:T:2016:545, apartado 46). Así, en determinadas circunstancias, puede decidir pronunciarse sobre los aspectos no discutidos de una solicitud de tratamiento confidencial (véase, en este sentido, el auto de 11 de abril de 2019, Google y Alphabet/Comisión, T‑612/17, no publicado, EU:T:2019:250, apartado 16).

92

Además, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la información que, pese a haber sido confidencial, tiene cinco o más años, debe por ello considerarse información histórica y comunicarse a las demás partes, a menos que, excepcionalmente, la parte que solicite el mantenimiento de su confidencialidad demuestre que, pese a su antigüedad, dicha información sigue constituyendo secretos esenciales, en particular industriales o comerciales, cuya divulgación sería perjudicial para ella o para el tercero afectado (véase el auto de 11 de abril de 2019, Google y Alphabet/Comisión, T‑612/17, no publicado, EU:T:2019:250, apartado 19 y jurisprudencia citada).

93

A este respecto, el Tribunal General, en aplicación del artículo 66 del Reglamento de Procedimiento, debe conciliar el principio de la publicidad de las resoluciones judiciales con el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la protección del secreto profesional, teniendo también en cuenta el derecho de acceso del público, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 15 TFUE, a las resoluciones judiciales (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 5 de octubre de 2020, Broughton/Eurojust, T‑87/19, no publicada, EU:T:2020:464, apartado 49).

94

En el presente asunto, el Tribunal General decidió no ocultar, en la versión no confidencial de la sentencia, algunos datos a los que se referían las solicitudes de las partes principales cuya confidencialidad no ha sido impugnada por Nvidia. En efecto, algunos de estos datos pueden inferirse del contenido de otras partes de la presente sentencia y, en consecuencia, son de dominio público. Algunos datos constituyen datos históricos cuyo mantenimiento del carácter confidencial más de una década más tarde no está debidamente justificado. Por último, algunos otros datos proporcionan aclaraciones de hecho relativas a los comportamientos que fueron objeto de la investigación de la Comisión. La supresión de estos datos afectaría a la comprensión por parte del público de la sentencia del Tribunal General (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de febrero de 2022, Scania y otros/Comisión, T‑799/17, EU:T:2022:48, apartado 82).

95

En apoyo de su recurso de anulación, la demandante invoca quince motivos:

–

el primero, basada en irregularidades de procedimiento;

–

el segundo, basado en «errores manifiestos de apreciación», de hecho y de Derecho, y del incumplimiento de la obligación de motivación en lo que respecta a la definición del mercado pertinente y a su posición dominante durante el período relevante;

–

el tercero, basado en un «error de Derecho derivado de la inaplicación de la norma jurídica correcta»;

–

el cuarto, basado en el «carácter ilógico y no fundamentado por pruebas de la “teoría del comportamiento predatorio”»;

–

el quinto, basado en «errores manifiestos de apreciación» y en el incumplimiento de la obligación de motivación en lo que respecta a la reconstrucción de los supuestos precios «efectivamente pagados»;

–

el sexto, basado en la «imputación incorrecta de los gastos no recurrentes de ingeniería»;

–

el séptimo, basado en la «falta de una referencia adecuada en materia de costes de referencia»;

–

el octavo, basado en el «carácter manifiestamente incorrecto del análisis de precios y costes efectuado»;

–

el noveno, basado en «errores manifiestos de apreciación» y de Derecho por lo que se refiere a la conclusión de que los precios que aplicó expulsaron a Icera y causaron un perjuicio a los consumidores;

–

el décimo, basado en «errores manifiestos de apreciación», de hecho y de Derecho, en una falta de motivación y en la vulneración del derecho a ser oído, así como en la violación del principio de buena administración, en la medida en que la Comisión concluyó que sus prácticas de fijación de precios garantizaban la aplicación de un plan destinado a expulsar a Icera;

–

el undécimo, basado en «errores manifiestos de apreciación», de hecho y de Derecho, así como en una falta de motivación en lo que respecta al rechazo por parte de la Comisión de la justificación objetiva que expuso;

–

el duodécimo, basado en la insuficiencia de motivación de la Decisión impugnada;

–

el decimotercero, basado en «errores manifiestos de apreciación», en la falta de fundamento y en la falta de motivación de la Decisión impugnada en lo que respecta a la duración de la infracción;

–

el decimocuarto, basado en el carácter «manifiestamente erróneo» de la Decisión impugnada en lo que respecta a la imposición y al cálculo de la multa;

–

el decimoquinto, basado en «errores manifiestos de apreciación», de hecho y de Derecho, así como en una falta de motivación de la Decisión impugnada, en la medida en que reconoce la competencia de la Comisión y el supuesto efecto en el comercio.

96

Estos motivos se examinarán a continuación en el orden seguido por la demandante, a excepción de los motivos tercero, cuarto y octavo, que se basan en, o reproducen de forma más resumida, determinadas alegaciones abordadas, en particular, en el marco de los motivos sexto, séptimo y noveno a undécimo y que, en consecuencia, se tratarán después de este último motivo.

Primer motivo, basado en irregularidades de procedimiento

97

El primer motivo se divide en dos partes. La primera se basa en la violación del principio de buena administración, en la medida en que la Comisión no llevó a cabo una investigación exhaustiva, objetiva y diligente. La segunda se basa en la vulneración del derecho de defensa y en la violación del principio de igualdad de armas, en la medida en que la Comisión no comunicó a la demandante las pruebas pertinentes para su defensa.

Primera parte, basada en la violación del principio de buena administración

98

La primera parte se divide en tres imputaciones. La primera se basa en la duración excesiva de la investigación. La segunda se basa en el carácter insuficientemente completo y preciso del expediente. La tercera se basa en una investigación parcial.

–

Observaciones preliminares

99

El artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») consagra el derecho a una buena administración y dispone que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Las Explicaciones sobre la Carta, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea de 14 de diciembre de 2007 (DO 2007, C 303, p. 17), precisan que el artículo 41 de esta se basa en la existencia de la Unión como una unión de Derecho cuyas características ha desarrollado la jurisprudencia, que consagró la buena administración como un principio general de Derecho (sentencia de 13 de diciembre de 2018, Transavia Airlines/Comisión, T‑591/15, no publicada, EU:T:2018:946, apartado 37).

100

Según la jurisprudencia relativa al principio de buena administración, en el caso de que, como sucede en el presente asunto, las instituciones de la Unión dispongan de una facultad de apreciación, el respeto de las garantías que otorga el ordenamiento jurídico de la Unión en los procedimientos administrativos reviste una importancia no menos fundamental. Entre estas garantías figura, en particular, la obligación de la institución competente de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos relevantes del asunto de que se trata (sentencias de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, apartado 14, y de 13 de diciembre de 2018, Transavia Airlines/Comisión, T‑591/15, no publicada, EU:T:2018:946, apartado 38, y auto de 17 de enero de 2022, Car-Master 2/Comisión, T‑743/20, no publicado, EU:T:2022:33, apartado 66).

–

Sobre la primera imputación, basada en la duración excesiva de la investigación

101

La demandante sostiene que la duración de la investigación, de diez años, es excesiva y revela, en particular, una falta de diligencia por parte de la Comisión.

102

Según la demandante, debido a la duración de la investigación, no pudo defenderse correctamente. En particular, alega cambios en la composición del equipo de la Comisión encargado de la investigación, una solicitud de información enviada ocho años después de la presentación de la denuncia, solicitudes de aclaraciones relativas a documentos que obraban en poder de la Comisión desde hacía varios años y la modificación del alcance de la investigación en una fase muy avanzada de esta. Asimismo, subraya que el transcurso del tiempo atenuó la memoria de los hechos, tanto por su parte como por parte de Huawei y ZTE, que, por ello, no estaban en condiciones de responder a determinadas consultas, a veces cruciales, de la Comisión. Por último, niega que la complejidad del asunto haya podido justificar esa duración y añade que siempre ha cooperado plenamente con la Comisión.

103

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

104

Según reiterada jurisprudencia, el respeto de un plazo razonable en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia constituye un principio general del Derecho de la Unión cuyo respeto garantizan los órganos jurisdiccionales de la Unión (véase la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Heineken Nederland y Heineken/Comisión, C‑452/11 P, no publicada, EU:C:2012:829, apartado 97 y jurisprudencia citada).

105

El carácter razonable de las diferentes etapas del procedimiento debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de su contexto, del comportamiento de las partes durante el procedimiento, de la relevancia del asunto para las distintas empresas interesadas y de su grado de complejidad (sentencia de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, EU:T:1999:80, apartado 126).

106

Además, en materia de política de la competencia, el procedimiento administrativo sustanciado ante la Comisión puede dar lugar a dos períodos sucesivos, cada uno de los cuales tiene una lógica interna propia. El primer período, que se extiende hasta el pliego de cargos, tiene como punto de partida la fecha en que la Comisión, en el ejercicio de las facultades que le ha conferido el legislador de la Unión, adopta medidas que implican la imputación de una infracción y debe permitir a la Comisión adoptar una postura sobre la orientación del procedimiento. El segundo período se extiende desde la notificación del pliego de cargos hasta la adopción de la decisión final. Debe permitir a la Comisión pronunciarse definitivamente sobre la infracción imputada (sentencia de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, apartado 38).

107

Por otra parte, cuando la violación del principio del plazo razonable ha tenido una posible incidencia en el resultado del procedimiento, tal violación puede acarrear la anulación de la Decisión impugnada (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2006, Technische Unie/Comisión, C‑113/04 P, EU:C:2006:593, apartado 48 y jurisprudencia citada).

108

Sin embargo, por lo que se refiere a la aplicación de las normas sobre la competencia, debe precisarse que un plazo cuya duración exceda de lo razonable solo puede constituir un motivo de anulación de decisiones en las que se declare la existencia de infracciones si se demuestra que la violación del principio del plazo razonable ha vulnerado el derecho de defensa de las empresas de que se trate. Aparte de este supuesto concreto, el incumplimiento de la obligación de pronunciarse en un plazo razonable no influye en la validez del procedimiento administrativo con arreglo al Reglamento n.o 1/2003 (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, apartados 42 y 43).

109

En el presente asunto, procede señalar que, entre la presentación de la denuncia y el envío del pliego de cargos, transcurrió un lapso de tiempo de más de seis años. No obstante, como se ha indicado en el apartado 15 anterior, no fue hasta mediados de 2012, es decir, tres años después de dicha presentación, cuando la denunciante formuló las primeras alegaciones de precios predatorios y la Comisión pudo iniciar su investigación sobre el comportamiento imputado. De ello se desprende que la primera fase del procedimiento administrativo duró más de seis años desde dicha presentación, pero solo algo más de tres años desde las primeras alegaciones de precios predatorios formuladas por la denunciante.

110

La segunda fase del procedimiento administrativo, que se extiende desde la recepción del pliego de cargos hasta la adopción de la Decisión impugnada el 18 de julio de 2019, duró, por su parte, aproximadamente tres años y medio.

111

Considerada en su conjunto desde las primeras alegaciones de precios predatorios, la duración de la investigación, a saber, aproximadamente siete años, no es sin embargo excesiva, habida cuenta de las circunstancias propias del asunto y, en particular, de su complejidad.

112

En efecto, como señaló el Tribunal General al pronunciarse sobre el recurso de anulación interpuesto contra la Decisión de la Comisión de 31 de marzo de 2017, la práctica alegada en el presente asunto requirió efectuar análisis complejos de numerosos datos, a la mayoría de los cuales solo tenía acceso la demandante, con vistas a reconstituir la estructura de precios y costes con el fin de comprobar la existencia o no de precios predatorios. Además, tal ejercicio se reveló tanto más complejo cuanto que se refería a productos compuestos (sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232, apartado 125).

113

Por una parte, la demandante presentó a la Comisión más de 31 000 documentos, como se desprende de la demanda, en respuesta a ocho solicitudes de información, seguidas a veces de posteriores solicitudes de aclaración. Asimismo, la Comisión organizó numerosas reuniones y mantuvo numerosas conversaciones telefónicas, tanto con la demandante como con la denunciante y con terceros. Además, del punto 3 de la Decisión impugnada, que recuerda las diferentes fases del procedimiento administrativo, se desprende que la Comisión nunca permaneció inactiva durante la investigación. Por último, también debe tenerse en cuenta que dicha Decisión contiene un análisis complejo y detallado del comportamiento reprochado y que la Comisión se esforzó en responder a las numerosas alegaciones formuladas por la demandante en el marco de dicho procedimiento, respetando el derecho de defensa de esta.

114

Por otra parte, la conducta de las partes en el procedimiento administrativo influyó en su duración. A este respecto, procede señalar que la denunciante no formuló las primeras alegaciones de precios predatorios hasta tres años de la presentación de la denuncia. Por su parte, la demandante, en un primer momento, recurrió nueve veces al consejero auditor para resolver cuestiones relativas al acceso al expediente, y, a continuación, solicitó varias prórrogas del plazo, el aplazamiento de una audiencia y la celebración de una audiencia adicional. Por último, la demandante no podía ignorar que, al interponer un recurso de anulación contra la Decisión de la Comisión de 31 de marzo de 2017 y posteriormente un recurso de casación contra la sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión (T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232), por la que se desestimó dicho recurso, la investigación se vería necesariamente ralentizada.

115

Por lo tanto, dado que la duración de la investigación no es excesiva, procede desestimar la presente imputación por infundada.

116

En todo caso, aun suponiendo que la duración de la investigación pudiera considerarse excesiva, la demandante no demuestra por qué ello habría podido repercutir negativamente en sus posibilidades de defensa.

117

En primer lugar, la demandante no explica en absoluto de qué modo los simples cambios que se produjeron en el personal de la Comisión responsable de la investigación en todos los niveles jerárquicos habrían podido afectar al rigor, la exactitud, la estabilidad y el alcance de la investigación o a su derecho de defensa.

118

En segundo lugar, por lo que respecta al documento presentado en diciembre de 2013, sobre el cual la Comisión no solicitó aclaraciones hasta enero de 2017, basta recordar que, como declaró el Tribunal General, debe tenerse en cuenta el deber general de diligencia que incumbe a toda empresa o asociación de empresas, en virtud del cual estas están obligadas a velar por una buena conservación en sus libros o archivos de los datos necesarios para reconstruir su actividad, principalmente a fin de disponer de las pruebas necesarias en caso de actuaciones judiciales o administrativas. Así, dado que la demandante había sido objeto de solicitudes de información por parte de la Comisión con arreglo al artículo 18, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 1/2003 desde el 7 de junio de 2010, le correspondía, al menos desde esa fecha, actuar con acrecentada diligencia y adoptar todas las medidas oportunas para preservar las pruebas de las que razonablemente pudiera disponer (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232, apartado 136 y jurisprudencia citada).

119

En tercer lugar, la Comisión explicó que la investigación fue evolucionando a medida que se iba tramitando el procedimiento administrativo precisamente para tener en cuenta las observaciones y alegaciones formuladas por la demandante, en respuesta, en particular, al pliego de cargos y al pliego de cargos adicional, circunstancia que, contrariamente a las alegaciones de esta última, no hace sino revelar el pleno respeto por la Comisión de su derecho de defensa.

120

En cuarto lugar, la demandante no precisa de qué modo el hecho de que Huawei y ZTE no hubieran podido proporcionar determinadas explicaciones solicitadas por la Comisión, relativas a los pagos de gastos no recurrentes de ingeniería (en lo sucesivo, «pagos NRE»), estaba vinculado al transcurso del tiempo. En cualquier caso, es preciso constatar que la Comisión examinó si, al conceder tales pagos a Huawei y ZTE, la demandante tenía la intención de conceder a esos dos clientes reducciones de precio, de modo que se trata de un elemento subjetivo y, por lo tanto, ajeno a esas dos empresas, que, de este modo, no habrían podido aportar ningún elemento significativo de descargo a favor de la demandante. Esto se ve confirmado, por lo demás, por el hecho de que, como se desprende del examen del sexto motivo, la Comisión probó este elemento basándose en un conjunto de pruebas concordantes distintas de las declaraciones testificales de esas dos empresas.

121

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, aun suponiendo que fuera fundada, la presente imputación no puede conducir en el presente asunto a declarar una vulneración del derecho de defensa de la demandante que dé lugar a la anulación de la Decisión impugnada.

–

Sobre la segunda imputación, basada en el carácter insuficientemente completo y preciso del expediente

122

La demandante alega que, al no reunir determinada información potencialmente de descargo, la Comisión no consiguió elaborar un expediente completo y preciso. Considera que se trata de un fallo, que puede ilustrarse mediante los tres ejemplos siguientes. En primer lugar, la Comisión no formuló a Huawei y ZTE ninguna pregunta sobre un empleado de Qualcomm, a pesar basarse en un gran número de documentos de los que dicho empleado es autor. En segundo lugar, Huawei y ZTE no pudieron responder de manera significativa a una solicitud de información relativa a los pagos NRE que, sin embargo, eran esenciales. En tercer lugar, la demandante sostiene que la Comisión le concedió acceso a determinados documentos ampliamente expurgados de información, sin comprobar si los motivos de confidencialidad aducidos por la denunciante que los había presentado estaban o no fundados, a pesar de que tales documentos podrían haber contenido material potencialmente de descargo.

123

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

124

Según reiterada jurisprudencia, corresponde, en principio, a la Comisión apreciar si una información es necesaria para poder descubrir una infracción de las normas sobre competencia (véase la sentencia de 15 de julio de 2015, GEA Group/Comisión, T‑45/10, no publicada, EU:T:2015:507, apartado 311 y jurisprudencia citada). Además, en la medida en que, al reprochar a la Comisión en el marco de la presente parte que no hubiera intentado obtener información probablemente de descargo, invoca también la garantía del derecho de defensa en el marco de la presente parte, tal garantía no exige que la Comisión efectúe investigaciones suplementarias cuando considera que la instrucción del asunto ha sido suficiente (sentencias de 16 de mayo de 1984, Eisen und Metall/Comisión, 9/83, EU:C:1984:177, apartado 32, y de 11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión, T‑141/94, EU:T:1999:48, apartado 110).

125

Por otra parte, en lo que atañe a la existencia de documentos potencialmente de descargo que la Comisión no intentó obtener, de la jurisprudencia se desprende que la empresa afectada debe demostrar que habría podido utilizar estos documentos como defensa, en el sentido de que, si hubiera podido valerse de ellos durante el procedimiento administrativo, habría podido invocar elementos que no concuerdan con las deducciones que efectuó la Comisión en esa fase y, por lo tanto, habría podido influir, de una manera o de otra, en las apreciaciones formuladas por esta en la decisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, apartado 23 y jurisprudencia citada, y de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, apartado 97).

126

De ello se deduce que la empresa afectada debe demostrar, por una parte, que no tuvo acceso a determinadas pruebas de descargo y, por otra, que habría podido utilizarlas para su defensa (sentencias de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, apartado 24, y de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, apartado 98).

127

En el presente asunto, la demandante no explica las razones por las que la Comisión consideró erróneamente que la instrucción del asunto había sido suficiente ni por qué la información potencialmente de descargo que la Comisión no reunió, incluidos los tres ejemplos que menciona, podría haber sido utilizada en su defensa en el sentido de que, si hubiera podido valerse de ella durante el procedimiento administrativo, habría podido influir de algún modo en las apreciaciones efectuadas por la Comisión en la Decisión impugnada. En cualquier caso, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 124 anterior, la Comisión no está obligada a proseguir la investigación con el fin de recabar cualquier prueba potencialmente de descargo cuando considera que la instrucción del asunto ha sido suficiente.

128

En particular, por lo que respecta a su empleado, autor de numerosos documentos en los que se basa la Comisión en la Decisión impugnada, la demandante no explica en modo alguno cómo las respuestas a eventuales preguntas formuladas a terceros a este respecto por la Comisión podían tener alguna importancia para la instrucción del expediente o habrían podido ser utilizadas de algún modo para garantizar su defensa o habrían podido influir de algún modo en las apreciaciones realizadas por la Comisión. En efecto, si bien la Comisión se basó en algunos de estos documentos, principalmente para demostrar la existencia de un plan destinado a expulsar a Icera, también se basó en otras pruebas decisivas, que consideró suficientes. Por último, la demandante no explica cómo un tercero habría podido estar mejor situado que ella para aportar pruebas que refutaran el papel de dicho empleado o la interpretación de la Comisión de los documentos en cuestión.

129

Del mismo modo, aun suponiendo que Huawei y ZTE no hubieran podido responder de manera significativa a una solicitud de información relativa a los pagos NRE que, sin embargo, eran esenciales, debe observarse que la Comisión no necesitaba tales respuestas, puesto que se basó a este respecto en un conjunto de pruebas corroborativas, como se desprende del examen del sexto motivo. Por lo tanto, la Comisión pudo considerar sin incurrir en un error manifiesto que la instrucción del asunto era suficiente.

130

Por último, en lo que atañe a su acceso a documentos ampliamente expurgados que podrían haber contenido pruebas de descargo, la demandante no niega que la denunciante, que los presentó, consideraba que dicha información estaba sujeta al secreto profesional y que la propia Comisión no disponía de versiones no expurgadas. En cualquier caso, la Comisión pudo considerar razonablemente que disponía de otras pruebas suficientes para llevar a cabo la investigación, sin tener que solicitar a la denunciante que le facilitara versiones menos expurgadas de los documentos que había presentado.

131

Por estos motivos, también debe denegarse la solicitud de la demandante de que se ordene a la Comisión que confirme si las numerosas expurgaciones que figuran en los documentos ID 1112‑00146, 1112‑00148, 1112‑00150, 1112‑00151, 1112‑00154, 1112‑00185, 1112‑00218, 1112‑00196, 1112‑00229 y 1294 se basan en sólidas alegaciones de secreto profesional y le informe de ello o de que se le entreguen dichas presentaciones para examinar la validez de las reivindicaciones de Nvidia.

132

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar la presente alegación.

–

Sobre la tercera imputación, basada en una investigación parcial

133

La demandante considera que la Decisión impugnada es el resultado de una investigación parcial, que dio lugar a una violación del principio de buena administración y, con carácter subsidiario, del principio de presunción de inocencia, del principio in dubio pro reo y de los principios de seguridad jurídica y de igualdad de armas, y que vulnera su derecho de defensa.

134

En apoyo de la presente imputación, la demandante formula tres alegaciones.

135

En primer lugar, la Comisión no examinó con total imparcialidad las alegaciones y pruebas presentadas por la demandante en la respuesta al pliego de cargos y en la audiencia. Por el contrario, llevó a cabo una interminable «expedición de pesca», emitiendo múltiples solicitudes de información que dieron lugar a la recopilación de numerosos datos. Por otra parte, la Decisión impugnada contiene diferencias importantes y elementos nuevos respecto al pliego de cargos adicional y al escrito de exposición de los hechos que, a su vez, difieren del pliego de cargos. A este respecto, la demandante expone en el anexo A.11 de la demanda una lista de ejemplos de estas diferencias.

136

En segundo lugar, la Comisión no tuvo en cuenta en la Decisión impugnada determinadas pruebas de descargo comunicadas por Huawei, en particular en lo que respecta a los pagos NRE.

137

En tercer lugar, la Comisión se reunió con la denunciante para debatir cuestiones relacionadas con la audiencia relativa al pliego de cargos adicional, sin el consejero auditor y a pesar de que esta materia es competencia de este último, lo que plantea serias dudas en cuanto a su integridad y neutralidad.

138

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

139

A este respecto, debe señalarse que todo administrado tiene derecho a que las instituciones de la Unión traten sus asuntos imparcialmente (véase la sentencia de 2 de febrero de 2022, Scania y otros/Comisión, T‑799/17, EU:T:2022:48, apartado 145 y jurisprudencia citada). En el presente asunto, es preciso señalar, no obstante, que ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante permite demostrar que la Comisión no ofreciera todas las garantías para excluir cualquier duda legítima en lo referente a su imparcialidad en la investigación.

140

Por lo que respecta, antes de nada, a la alegación de la demandante basada en la emisión por la Comisión de numerosas solicitudes de información que dieron lugar a la recopilación de numerosos datos, procede recordar que, con arreglo al considerando 23 del Reglamento n.o 1/2003, la Comisión debe disponer en todo el territorio de la Unión de la facultad de requerir que se le entregue la información que sea necesaria, en particular, para detectar la explotación abusiva de una posición dominante prohibida por el artículo 102 TFUE. Además, del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 se desprende que, para la realización de las tareas que le asigna dicho Reglamento, la Comisión, mediante una decisión o una simple solicitud, podrá solicitar a las empresas y asociaciones de empresas que le faciliten «toda la información que estime necesaria».

141

Habida cuenta de las amplias facultades de investigación y de verificación de la Comisión, corresponde a esta última determinar la necesidad de la información que solicita a las empresas afectadas. Por lo que respecta al control que el Tribunal General ejerce sobre esta apreciación de la Comisión, procede recordar que, según la jurisprudencia, el concepto de «información necesaria» debe interpretarse en función de las finalidades para las que se otorgaron a la Comisión las facultades de investigación de que se trata. Por lo tanto, se satisface la exigencia de correlación entre la solicitud de información y la presunta infracción desde el momento en que, en esta fase del procedimiento, puede considerarse legítimamente que dicha solicitud guarda relación con la presunta infracción, en el sentido de que la Comisión pueda suponer razonablemente que la información le ayudará a determinar si tuvo lugar la supuesta infracción [véase la sentencia de 14 de marzo de 2014, Holcim (Deutschland) y Holcim/Comisión, T‑293/11, no publicada, EU:T:2014:127, apartado 110 y jurisprudencia citada].

142

Por lo que respecta más concretamente al presente asunto, del apartado 128 de la sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión (T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232), dictada a raíz de que la demandante interpusiera un recurso de anulación contra la Decisión de la Comisión de 31 de marzo de 2017, se desprende que el ámbito de aplicación de la investigación llevada a cabo por la Comisión podía justificar que se aportara gran cantidad de información.

143

Además, como también subrayó el Tribunal General en el apartado 201 de la sentencia de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión (T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232), la Comisión estaba facultada para adoptar la Decisión impugnada precisamente con el fin de preparar su decisión final sobre la posible existencia de una infracción del artículo 102 TFUE con toda la diligencia debida y de adoptarla sobre la base de todos los datos que pudieran influir en ella. El mismo razonamiento se aplica por analogía a las demás solicitudes de información enviadas por la Comisión en el marco del procedimiento administrativo, sin que exista razón alguna para considerarlas una «expedición de pesca». En efecto, por una parte, una manifestación de la parcialidad de la Comisión durante la investigación con respecto a la demandante no puede deducirse de manera abstracta de la existencia del margen de apreciación de que dispone la Comisión en la forma en que lleva a cabo dicha investigación y, por otra parte, la demandante no ha aportado ninguna prueba que permita demostrar de manera concreta que esas otras solicitudes de información solo podían explicarse por tal parcialidad.

144

A continuación, por lo que respecta a la alegación de la demandante basada en las diferencias existentes entre el pliego de cargos, el pliego de cargos adicional, el escrito de exposición de los hechos y la Decisión impugnada, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo la empresa afectada haya podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia (véanse las sentencias de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión, C‑448/11 P, no publicada, EU:C:2013:801, apartado 41 y jurisprudencia citada, y de 25 de marzo de 2021, Deutsche Telekom/Comisión, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, apartado 106).

145

Dicho requisito se cumple cuando la decisión definitiva no imputa a los interesados infracciones diferentes a las mencionadas en el pliego de cargos y cuando solo tiene en cuenta los hechos sobre los que los interesados han tenido posibilidad de manifestarse (sentencias de 24 de mayo de 2012, MasterCard y otros/Comisión, T‑111/08, EU:T:2012:260, apartado 266; de 18 de junio de 2013, ICF/Comisión, T‑406/08, EU:T:2013:322, apartado 117, y de 13 de diciembre de 2018, Slovak Telekom/Comisión, T‑851/14, EU:T:2018:929, apartado 180).

146

No obstante, la manifestación de los elementos esenciales sobre los que se basa la Comisión en el pliego de cargos puede realizarse escuetamente y la decisión final no debe necesariamente ser una copia de dicho pliego, ya que este pliego constituye un documento preparatorio cuyas apreciaciones de hecho y de Derecho son de carácter meramente provisional (sentencia de 17 de noviembre de 1987, British American Tobacco y Reynolds Industries/Comisión, 142/84 y 156/84, EU:C:1987:490, apartado 70; véanse también las sentencias de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión, C‑448/11 P, no publicada, EU:C:2013:801, apartado 42 y jurisprudencia citada, y de 24 de mayo de 2012, MasterCard y otros/Comisión, T‑111/08, EU:T:2012:260, apartado 267). Así, cabe admitir que a la luz del escrito de respuesta de las partes se añadan extremos al pliego en cuestión, cuyos argumentos demuestren que pudieron efectivamente ejercer su derecho de defensa. La Comisión puede asimismo, en vista del procedimiento administrativo, revisar o añadir argumentos de hecho o de Derecho en defensa de los cargos que imputa (sentencia de 9 de septiembre de 2011, Alliance One International/Comisión, T‑25/06, EU:T:2011:442, apartado 181). Por consiguiente, hasta que se adopte una decisión final, la Comisión puede, en particular a la vista de las observaciones escritas u orales de las partes, abandonar algunos o incluso todos los cargos inicialmente presentados en contra de ellas y modificar así su postura a favor de estas, o bien, por el contrario, decidir añadir nuevos cargos, siempre que dé a las empresas afectadas la ocasión de manifestar su punto de vista al respecto (véase la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container Line y otros/Comisión, T‑191/98 y T‑212/98 a T‑214/98, EU:T:2003:245, apartado 115 y jurisprudencia citada).

147

En el presente asunto, de la existencia de diferencias entre el pliego de cargos, el pliego de cargos adicional, el escrito de exposición de los hechos y la Decisión impugnada no puede deducirse de manera abstracta una manifestación de la parcialidad de la Comisión respecto a la demandante durante la investigación. Además, la demandante no ha aportado ninguna prueba que permita demostrar de manera concreta que esas diferencias solo podían explicarse por tal parcialidad.

148

En cambio, procede examinar si, en la Decisión impugnada, la Comisión se basó en nuevas imputaciones o pruebas en contra de la demandante, respecto a las cuales esta no tuvo la oportunidad de exponer su punto de vista durante el procedimiento administrativo.

149

A este respecto, la demandante se limita a afirmar, de manera general, que la Decisión impugnada contiene diferencias importantes y elementos nuevos que no aparecen en la argumentación expuesta en el pliego de cargos adicional y en el escrito de exposición de los hechos, así como a citar en una nota a pie de página algunos considerandos de dicha Decisión y a remitirse al anexo A.11 de la demanda.

150

Aun en el supuesto de que tales elementos constituyeran efectivamente elementos nuevos que no aparecían en documentos procesales anteriores, no es menos cierto que la demandante no explica en absoluto de qué modo tales elementos constituyen nuevas imputaciones o pruebas en su contra respecto a los cuales no tuvo la oportunidad de exponer su punto de vista, y no la mera toma en consideración, en la Decisión impugnada, de las observaciones recibidas por la Comisión, incluidas las suyas propias.

151

Como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 146 anterior, la Decisión impugnada no puede ser una copia del pliego de cargos, del pliego de cargos adicional o del escrito de exposición de los hechos, precisamente porque la Comisión está obligada a tener en cuenta las observaciones presentadas por las partes durante el procedimiento administrativo. Al limitarse a elaborar una lista de diferencias entre dicha Decisión y los documentos procesales anteriores, sin explicar más a fondo en qué le perjudican concretamente tales modificaciones en el razonamiento jurídico de la Comisión y en la calificación de los hechos o de qué modo se alteró con ello el alcance del comportamiento reprochado, la demandante no demuestra que la Comisión haya llevado a cabo una investigación parcial.

152

Por último, en lo tocante a la alegación de la demandante basada en el hecho de que la Comisión se reunió con la denunciante para debatir cuestiones relacionadas con la audiencia relativa al pliego de cargos adicional, sin el consejero auditor y a pesar de que esta materia es competencia de este último, esta no permite cuestionar la integridad de la Comisión ni su capacidad para tratar el presente asunto de manera neutra y objetiva. Además, la demandante no demuestra por qué tal reunión podría haber afectado a su derecho de defensa, máxime cuando nada le impedía solicitar al consejero auditor una reunión equivalente, si lo consideraba necesario.

153

En consecuencia, procede desestimar la presente imputación.

154

Por lo tanto, debe desestimarse la primera parte del primer motivo.

Segunda parte, basada en la vulneración del derecho de defensa y en la violación del principio de igualdad de armas

155

La presente parte se basa en dos imputaciones. La primera se basa en un acceso insuficiente al expediente. La segunda se basa, en esencia, en el contenido insuficiente del expediente transmitido.

–

Observaciones preliminares

156

El derecho de defensa figura entre los derechos fundamentales que forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantizan el Tribunal General y el Tribunal de Justicia (sentencia de 25 de octubre de 2011, Solvay/Comisión, C‑109/10 P, EU:C:2011:686, apartado 52).

157

El respeto del derecho de defensa constituye un principio general del Derecho de la Unión que resulta de aplicación cuando la Administración se propone adoptar un acto lesivo para una persona (sentencia de 16 de enero de 2019, Comisión/United Parcel Service, C‑265/17 P, EU:C:2019:23, apartado 28).

158

Este principio general del Derecho de la Unión se reconoce en el artículo 41, apartado 2, letras a) y b), de la Carta (sentencia de 25 de marzo de 2021, Deutsche Telekom/Comisión, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, apartado 105).

159

En el contexto del Derecho de la competencia, el respeto del derecho de defensa exige que todo destinatario de una decisión que declare que ha incurrido en una infracción de las normas de la competencia haya podido exponer, durante el procedimiento administrativo, de modo útil su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y las circunstancias que se le reprochan y sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de tal infracción, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 144 anterior.

160

Según reiterada jurisprudencia, una vulneración del derecho de defensa, en particular del derecho a ser oído, solo genera la anulación de la decisión adoptada al término del procedimiento administrativo de que se trate si, de no haberse producido tal irregularidad, dicho procedimiento podía llevar a un resultado diferente. No puede exigirse a un demandante que invoca la vulneración de su derecho de defensa que demuestre que la decisión de la institución de la Unión de que se trate habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que tal hipótesis no queda completamente excluida (véase la sentencia de 18 de junio de 2020, Comisión/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, apartados 105 y 106 y jurisprudencia citada), dado que dicha parte habría podido defenderse mejor de no haber existido la irregularidad procedimental denunciada (sentencias de 2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, apartado 31; de 1 de octubre de 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consejo, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, apartado 94, y de 13 de diciembre de 2018, Deutsche Telekom/Comisión, T‑827/14, EU:T:2018:930, apartado 129).

161

Tal apreciación debe efectuarse en función de las circunstancias de hecho y de Derecho específicas de cada caso (sentencia de 18 de junio de 2020, Comisión/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, apartado 107).

–

Sobre la primera imputación, basada en el acceso insuficiente al expediente

162

La demandante alega que solo tuvo acceso al expediente tras la adopción del pliego de cargos y del pliego de cargos adicional, y ello después de que hubiera tenido que formular reiteradas solicitudes en ese sentido. Asimismo, sostiene que tuvo que dedicar «mucho tiempo y unos recursos desproporcionados» a la consulta de determinados documentos, lo que constituyó una «distracción innecesaria y perjudicial» y afectó negativamente a su capacidad de defenderse.

163

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

164

Corolario del principio del respeto del derecho de defensa, el derecho de acceso al expediente implica así que la Comisión debe dar a la empresa afectada la posibilidad de examinar todos los documentos que figuran en el expediente de la instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa. Ello comprende tanto las pruebas de cargo como las de descargo, con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y de otras informaciones confidenciales (sentencias de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6, apartado 68, y de 12 de julio de 2011, Toshiba/Comisión, T‑113/07, EU:T:2011:343, apartado 41).

165

En el presente asunto, la demandante se queja, en primer lugar, de haber tenido que insistir ante la Comisión para poder acceder a los documentos que figuran en el expediente, lo que le hizo perder tiempo y la memoria de los hechos y, en consecuencia, afectó negativamente a su defensa.

166

Pues bien, las alegaciones de la demandante basadas en la duración del procedimiento administrativo y en sus consecuencias sobre sus posibilidades de defensa deben desestimarse por las mismas razones que se exponen en los apartados 116 a 121 anteriores. Por otra parte, en la medida en que la demandante alega que solo tuvo acceso al expediente en una fase tardía, consta que sí tuvo acceso al expediente durante el procedimiento administrativo y que pudo tener en cuenta los documentos que contenía para organizar su defensa. Así pues, aun suponiendo que la demandante no hubiera tenido acceso inmediatamente a su expediente, no es menos cierto que no prueba que dicho acceso fuera tardío y que se haya vulnerado su derecho de defensa, por lo que procede desestimar esta alegación.

167

En lo tocante, en segundo lugar, al supuesto acceso insuficiente al expediente, procede señalar, como se desprende de los considerandos 45 y 46 de la Decisión impugnada, que no han sido impugnados por la demandante, que, por lo que respecta al pliego de cargos, la propia demandante reconoció que todas las cuestiones de acceso al expediente habían sido resueltas antes de que presentara la respuesta al pliego de cargos y, por lo que respecta al pliego de cargos adicional, no hizo uso de la posibilidad que le había ofrecido la Comisión de completar la respuesta al pliego de cargos adicional después de haber tenido acceso a una versión no confidencial revisada de determinados documentos del expediente, por lo que no puede alegar válidamente que su derecho de defensa se haya visto afectado.

168

En consecuencia, procede desestimar la presente imputación.

–

Sobre la segunda imputación, basada en el contenido insuficiente del expediente transmitido

169

La demandante considera que la Comisión incumplió su obligación de tomar notas detalladas de todas las reuniones, conversaciones telefónicas y entrevistas, formales o informales, mantenidas con el fin de recopilar información sobre el objeto de una investigación, y de facilitarle debidamente dichas notas.

170

En primer lugar, la demandante alega que la Comisión no tomó notas relativas a siete conferencias telefónicas y cinco reuniones mantenidas con ella. En consecuencia, la Comisión no podía utilizar esas notas, que podían contener pruebas de descargo.

171

En segundo lugar, la demandante estima que la Comisión le transmitió demasiado tarde determinadas notas relativas a reuniones o conferencias telefónicas mantenidas con terceros, a veces varios años después de que hubieran tenido lugar.

172

En tercer lugar, la demandante sostiene que la Comisión le transmitió notas demasiado sucintas relativas a determinadas conferencias telefónicas mantenidas con terceros, a saber, una conferencia telefónica mantenida con Huawei y siete conferencias telefónicas mantenidas con la denunciante, que no le permitieron comprender la información que se había intercambiado en ellas.

173

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

174

Antes de nada, procede señalar que el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 faculta a la Comisión para oír a toda persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a efectos de la recopilación de información en relación con el objeto de una investigación, y ello para la realización de las tareas que le asigna dicho Reglamento.

175

Con arreglo al artículo 3 del Reglamento n.o 773/2004, la Comisión podrá registrar, mediante cualquier procedimiento, las declaraciones hechas por los declarantes en el marco de una entrevista efectuada con arreglo al artículo 19 del Reglamento n.o 1/2003. El artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.o 773/2004 precisa asimismo que dicha entrevista podrá realizarse por cualquier medio, incluido el teléfono o algún medio electrónico.

176

A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que, si la Comisión decide realizar una entrevista basándose en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, está obligada a registrar esa entrevista en su totalidad, aunque pudiendo elegir el procedimiento de registro. De ello se deduce que sobre la Comisión recae la obligación de registrar, del modo que elija, toda entrevista que realice, con arreglo a dicho artículo 19, a efectos de recopilar información en relación con el objeto de la investigación que esté llevando a cabo (sentencias de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, apartados 90 y 91, y de 9 de marzo de 2023, Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Comisión, C‑682/20 P, EU:C:2023:170, apartado 89).

177

A tal fin, no es suficiente con que la Comisión efectúe un breve resumen de los temas abordados en la entrevista. Debe estar en condiciones de facilitar una indicación sobre el contenido de las discusiones mantenidas en la entrevista, en particular, sobre la naturaleza de la información aportada durante tal entrevista en relación con los temas que en ella se mencionan [sentencia de 15 de junio de 2022, Qualcomm/Comisión (Qualcomm — pagos por exclusividad), T‑235/18, EU:T:2022:358, apartado 190; véase también, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, apartados 91 y 92].

178

En primer lugar, por lo que respecta a los contactos que tuvieron lugar entre la Comisión y la propia demandante durante el procedimiento administrativo, esta última se queja de que el expediente no contenga notas relativas a siete conferencias telefónicas y a cinco reuniones.

179

Pues bien, procede señalar que la demandante no explica en modo alguno de qué modo pudo verse afectado su derecho de defensa si se produjo una irregularidad de procedimiento, demostrando que podría haber ejercido mejor su defensa en el supuesto de que la Comisión hubiera tomado nota de sus contactos con ella. En efecto, dado que dichas reuniones tuvieron lugar entre la Comisión y la propia demandante, esta última tenía, por lo tanto, pleno conocimiento de su contenido y de los temas que en ellas se habían discutido con la Comisión. En consecuencia, para ejercer mejor su defensa, podía utilizar perfectamente cualquier prueba de descargo que pudiera haber sido abordada en dichos contactos. Además, en tal supuesto, cabría esperar que la demandante hubiera tomado la precaución de enviar ella misma a la Comisión un resumen del contacto en cuestión, con el fin de dejar constancia escrita de cualquier posible prueba de descargo en el expediente.

180

En segundo lugar, por lo que respecta a determinadas notas relativas a reuniones o a conferencias telefónicas mantenidas con terceros, la demandante se queja de que solo tuvo acceso a ellas tardíamente, lo que vulneró su derecho de defensa.

181

A este respecto, con independencia de si las reuniones y conversaciones telefónicas de que se trata constituyen o no «entrevistas» en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, que la Comisión estaba obligada a registrar, extremo que, por lo demás, la demandante ni siquiera intenta demostrar, no se discute que esta última tuvo acceso a las notas relativas a estas los días 31 de julio y 27 de agosto de 2018, es decir, justo después de que la Comisión enviara el pliego de cargos adicional.

182

Pues bien, aunque es lamentable que el acceso a las notas relativas a las reuniones y a las conferencias telefónicas de que se trata se concediera efectivamente mucho después de que dichas reuniones y conferencias telefónicas hubieran tenido lugar, no es menos cierto que la demandante respondió al pliego de cargos adicional el 22 de octubre de 2018, es decir, varias semanas después de recibir dichas notas, lo que le dejó tiempo suficiente para examinarlas, extraer cualquier prueba potencialmente de descargo e invocarlas en dicha respuesta.

183

A este respecto, procede señalar que las circunstancias del presente asunto deben distinguirse de las que subyacen al asunto que dio lugar a la sentencia de 15 de junio de 2022, Qualcomm/Comisión (Qualcomm — pagos por exclusividad) (T‑235/18, EU:T:2022:358), en la que el Tribunal General anuló la Decisión C(2018) 240 final de la Comisión, de 24 de enero de 2018, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 102 del TFUE y del artículo 54 del Acuerdo EEE [Asunto AT.40220 — Qualcomm (Pagos de Exclusividad)], en particular debido a la transmisión tardía por parte de la Comisión de determinadas notas relativas a entrevistas con terceros.

184

Así, de los apartados 168 y 169 de la sentencia de 15 de junio de 2022, Qualcomm/Comisión (Qualcomm — pagos por exclusividad) (T‑235/18, EU:T:2022:358), se desprende que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, la Comisión no había transmitido durante el procedimiento administrativo a Qualcomm ninguna información ni sobre la existencia ni sobre el contenido de determinadas entrevistas con terceros y que solo después de la adopción de la Decisión C(2018) 240 final transmitió tales notas, algunas de las cuales incluso fueron facilitadas durante el procedimiento ante el Tribunal General, en respuesta a las diligencias de prueba ordenadas por este.

185

Por otra parte, no se discute que, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 15 de junio de 2022, Qualcomm/Comisión (Qualcomm — pagos por exclusividad) (T‑235/18, EU:T:2022:358), contrariamente al presente asunto, Qualcomm no tuvo acceso a dichas notas durante el procedimiento administrativo y, por lo tanto, no pudo exponer su punto de vista sobre ellas ni utilizar las posibles pruebas de descargo que figuraban en ellas para defenderse antes de la adopción de la decisión por la que se le imputaban los pagos por exclusividad. Estas circunstancias decisivas, que llevaron al Tribunal General a anular la Decisión C(2018) 240 final, constituyen una diferencia fundamental con el presente asunto.

186

De lo anterior se desprende que la demandante no ha demostrado que se haya vulnerado su derecho de defensa por el hecho de que la Comisión le transmitiera con relativo retraso las notas relativas a las reuniones y a las conferencias telefónicas de que se trata. Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la demandante basada en el carácter extemporáneo de la transmisión de dichas notas por parte de la Comisión.

187

En tercer lugar, por lo que respecta a determinadas notas relativas a conferencias telefónicas mantenidas con terceros, a saber, una conferencia telefónica con Huawei y siete conferencias telefónicas con la denunciante, la demandante se queja de su carácter demasiado sucinto.

188

A este respecto, en la vista, la Comisión reconoció, por una parte, que al menos algunas de las conferencias telefónicas a las que se refería la demandante podían calificarse efectivamente de «entrevistas» en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003 y, por otra parte, que no las había registrado. Asimismo, procede observar que las notas relativas a estas entrevistas, tal como se reproducen en el anexo A.9 de la demanda, son demasiado sucintas para subsanar esta falta de registro.

189

Por lo que respecta a las consecuencias que deben extraerse de tal irregularidad de procedimiento, debe determinarse si, habida cuenta de las circunstancias de hecho y de Derecho específicas del presente asunto, la demandante ha demostrado suficientemente que podría haber ejercido mejor su defensa de no haber existido tal irregularidad. En efecto, a falta de tal demostración, esta irregularidad no puede conducir a la anulación de la Decisión impugnada.

190

Cuando la empresa afectada dispone de información oportuna sobre los autores así como sobre la naturaleza y el contenido de los documentos cuyo acceso le fue denegado, le incumbe la carga de la alegación y de la prueba de que habría podido utilizar en su defensa las partes integrantes del expediente, ya sean de cargo o de descargo, a las que, de forma ilícita, se le impidió acceder (véanse, en este sentido, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Solvay/Comisión, C‑110/10 P, EU:C:2011:257, punto 37).

191

Si no se le ha comunicado una prueba de cargo, basta con que la empresa afectada demuestre que el procedimiento administrativo habría podido desembocar en un resultado diferente si se hubiera descartado dicha prueba, en la medida en que la Comisión se haya basado en ella (véanse, en este sentido, las sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6, apartado 71 y 73, y de 12 de julio de 2011, Toshiba/Comisión, T‑113/07, EU:T:2011:343, apartado 46).

192

Si no se le ha comunicado una prueba de descargo, la empresa afectada debe demostrar que habría podido utilizar dicha prueba para su defensa, en el sentido de que, si hubiera podido valerse de ella durante el procedimiento administrativo, habría podido invocar datos que no concordaban con las deducciones efectuadas por la Comisión en esa fase y, por tanto, influir, de una manera o de otra, en las apreciaciones formuladas por dicha institución en su decisión (véase la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, apartado 97 y jurisprudencia citada).

193

Pues bien, en el presente asunto, es preciso señalar que la demandante no ha demostrado que, de no haberse producido la irregularidad de procedimiento señalada, podría haber ejercido mejor su defensa.

194

En particular, a pesar de que era muy posible deducir de las notas transmitidas por la Comisión el contenido de las entrevistas de que se trata y, por lo tanto, deducir la posible existencia de material que podría haber utilizado para defenderse, la demandante no ha formulado ninguna alegación detallada que permita comprender por qué motivo podría haber ejercido mejor su defensa, y ello aun cuando el Tribunal General le interrogó expresamente a este respecto en la vista oral.

195

Por último, procede observar que, en la sentencia de 15 de junio de 2022, Qualcomm/Comisión (Qualcomm — pagos por exclusividad) (T‑235/18, EU:T:2022:358), en la que el Tribunal General anuló la Decisión C(2018) 240 final, en particular debido al carácter incompleto de las notas transmitidas por la Comisión relativas a determinadas entrevistas con terceros, la demandante había presentado, con el fin de apoyar las alegaciones formuladas a este respecto en la demanda, un anexo que tenía por objeto precisar los aspectos que podrían haberse tratado durante tales entrevistas y cómo esos elementos habrían podido ayudar a su defensa. Pues bien, en el presente asunto, la demandante no ha aportado ningún dato de este tipo.

196

De ello se desprende que la irregularidad de procedimiento relacionada con el carácter demasiado sucinto de las notas relativas a las conferencias telefónicas mantenidas con terceros que se ha constatado en el presente asunto no puede dar lugar a la anulación de la Decisión impugnada.

197

Por lo tanto, procede desestimar la presente imputación, al igual que la segunda parte del primer motivo. En consecuencia, dado que la primera parte de este motivo también ha sido desestimada (véase el apartado 154 anterior), procede desestimar dicho motivo en su totalidad.

Segundo motivo, basado en «errores manifiestos de apreciación», de hecho y de Derecho, y en el incumplimiento de la obligación de motivación en lo que respecta a la definición del mercado pertinente y a la posición dominante de la demandante durante el período relevante

198

El segundo motivo se divide en cinco partes. La primera se refiere a las lagunas de la Decisión impugnada en cuanto a la definición del mercado pertinente. La segunda se refiere a las presiones competitivas ejercidas directamente por la oferta cautiva en el mercado libre. La tercera se refiere a las presiones competitivas ejercidas indirectamente por la oferta cautiva en el mercado libre. La cuarta se refiere a la posición dominante de la demandante durante el período relevante. La quinta se refiere a la definición del segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS en el que la Comisión basó su análisis.

Primera parte, relativa a las lagunas de la Decisión impugnada en cuanto a la definición del mercado pertinente

199

La presente parte se basa en tres imputaciones. La primera se basa en errores manifiestos de apreciación y de Derecho en la medida en que la Comisión se basó, para definir el mercado pertinente, en una selección de respuestas vagas a solicitudes de información poco claras. La segunda se basa en errores manifiestos de apreciación y de Derecho en la medida en que la Comisión no examinó la posible existencia de una cadena de sustitución. La tercera se basa en errores manifiestos de apreciación y de Derecho cometidos por la Comisión al concluir que no estaba obligada a aplicar el criterio «small but significant and non-transitory increase in price» (incremento ligero pero significativo y no transitorio del precio) (en lo sucesivo, «criterio SSNIP»).

–

Observaciones preliminares

200

Es preciso recordar que, en el marco de la aplicación del artículo 102 TFUE, la determinación del mercado de referencia tiene por objeto definir los límites en los que debe apreciarse si la empresa en cuestión tiene la posibilidad de obrar, en buena medida, de forma independiente con respecto a sus competidores, sus clientes y los consumidores [véase la sentencia de 30 de enero de 2020, Generics (UK) y otros, C‑307/18, EU:C:2020:52, apartado 127 y jurisprudencia citada].

201

Por lo tanto, la determinación del mercado de referencia constituye, en principio, una condición previa para la apreciación de la posible existencia de una posición dominante de la empresa en cuestión que exige definir, en primer lugar, los productos o los servicios de dicho mercado y posteriormente, en segundo lugar, la dimensión geográfica de ese mercado [véase la sentencia de 30 de enero de 2020, Generics (UK) y otros, C‑307/18, EU:C:2020:52, apartados 127 y 128 y jurisprudencia citada].

202

Por lo que se refiere al mercado de productos o de servicios, el concepto de «mercado de referencia» implica que pueda existir una competencia efectiva entre los productos y servicios que forman parte del mismo, lo que supone un grado suficiente de intercambiabilidad o sustituibilidad entre dichos productos y servicios. La intercambiabilidad o la sustituibilidad no se aprecian únicamente en relación con las características objetivas de los productos y servicios relevantes. Es preciso, asimismo, tomar en consideración las condiciones de competencia y la estructura de la oferta y la demanda en ese mercado [véase la sentencia de 30 de enero de 2020, Generics (UK) y otros, C‑307/18, EU:C:2020:52, apartado 129 y jurisprudencia citada].

203

Esta apreciación requiere que exista un grado suficiente de intercambiabilidad entre los productos o servicios que forman parte del mercado de referencia y los que están destinados a satisfacer la demanda en dicho mercado. Así sucede, en particular, si el autor de la oferta alternativa es capaz de responder en un breve plazo a la demanda con la fuerza suficiente para constituir un contrapeso serio del poder que la empresa afectada tiene en ese mercado [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de enero de 2020, Generics (UK) y otros, C‑307/18, EU:C:2020:52, apartados 132 y 133].

204

Por último, según reiterada jurisprudencia, en la medida en que implica apreciaciones económicas complejas por parte de la Comisión, la definición del mercado de referencia solo puede ser objeto de un control limitado por parte del juez de la Unión (sentencias de 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión, T‑201/04, EU:T:2007:289, apartado 482; de 7 de mayo de 2009, NVV y otros/Comisión, T‑151/05, EU:T:2009:144, apartado 53, y de 15 de diciembre de 2010, CEAHR/Comisión, T‑427/08, EU:T:2010:517, apartado 66).

205

La argumentación de la demandante relativa a la definición del mercado pertinente adoptada por la Comisión en la Decisión impugnada debe examinarse a la luz de estas consideraciones.

–

Sobre la primera imputación, basada en errores manifiestos de apreciación y de Derecho en la medida en que la Comisión se basó en una selección de respuestas vagas a preguntas poco claras

206

La demandante alega que, en la Decisión impugnada, la Comisión descartó la posible la sustituibilidad entre los microchips UMTS y los microchips compatibles con otras tecnologías sobre la base del análisis sesgado de respuestas seleccionadas a preguntas mal formuladas.

207

Más concretamente, la Decisión impugnada se basa, según la demandante, en respuestas poco claras o ambiguas a preguntas confusas o abiertas a interpretación formuladas en solicitudes de información transmitidas varios años después de la presunta infracción, con la consecuencia de que varios participantes en los cuestionarios de 4 de noviembre de 2014 y de 30 de abril de 2015 interpretaron las preguntas planteadas en el sentido de que se referían al mercado tal como se presentaba en el momento del envío de dichas solicitudes de información, y no en el momento de la presunta infracción. Por otra parte, la formulación de determinadas preguntas relativas a la sustituibilidad entre los microchips UMTS y los microchips compatibles con otras tecnologías llevó a las empresas interrogadas a responder a la pregunta de si tenían la intención de cambiar de proveedor por lo que respecta a los microchips destinados a ser integrados en los dispositivos existentes, en lugar de en dispositivos futuros. Por último, el tenor de las preguntas prejuzgó la existencia de dos mercados distintos, uno que engloba los microchips UMTS y otro que engloba los microchips compatibles con la tecnología LTE, habida cuenta de que se preguntaba a los encuestados si cambiarían de un tipo de microchip a otro.

208

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

209

De entrada, debe señalarse que, en la Decisión impugnada, la Comisión concluyó que no existía sustituibilidad entre los microchips UMTS y los microchips compatibles con otras tecnologías basándose en un gran número de datos. Así se desprende de las notas 245, 246 y 248 a 251 de dicha Decisión por lo que respecta a la falta de sustituibilidad entre los microchips UMTS y otros microchips que incorporan el estándar GSM, de las notas 254 a 258 de la citada Decisión por lo que respecta a la falta de sustituibilidad entre los microchips UMTS y otros microchips que incorporan el estándar AMRC, de las notas 260 y 264 de la misma Decisión por lo que respecta a la falta de sustituibilidad entre los microchips UMTS en su variante «Frequency-division-duplexing» (FDD) y los mismos microchips en su variante «Time-division-duplex» (TDD) que no incorporan el modo FDD y de las notas 271 a 273 de la referida Decisión por lo que respecta a la falta de sustituibilidad entre los microchips UMTS y otros microchips que incorporan el estándar WiFi/WiMAX. Además, como se desprende de las notas 277 y 279 de la Decisión impugnada, la Comisión también se basó en numerosos documentos para concluir que los microchips UMTS compatibles con diferentes versiones de esta tecnología eran sustituibles.

210

Por otra parte, procede señalar que la Comisión no solo se basó en las respuestas a los cuestionarios enviados en 2014 y 2015, sino también en las respuestas a dos cuestionarios enviados en 2010 y que también versaban sobre la definición del mercado pertinente, extremo que la Comisión confirmó expresamente, en respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento consistente en una pregunta escrita formulada por el Tribunal General, así como en informes del sector, como se desprende de las notas 244, 261 y 270 de la Decisión impugnada.

211

Por lo tanto, no cabe reprochar a la Comisión haberse basado únicamente en una selección de respuestas al definir el mercado pertinente.

212

Además, aun suponiendo que algunas de las empresas interrogadas pudieran haber respondido a los cuestionarios de 2014 y 2015 refiriéndose a un período incorrecto, debe señalarse que no todos los encuestados a los que se refiere la Comisión en las notas 244, 261 y 270 de la Decisión impugnada incurrieron en tal error, extremo que la demandante no discute, ya que se limita a citar algunos ejemplos de empresas cuya respuesta no se refiere, en su opinión, al período relevante.

213

Por lo que se refiere más concretamente al cuestionario de 30 de abril de 2015, procede observar que este precisa en la introducción que las respuestas deben facilitarse respecto del período comprendido entre 2010 y 2014. En cuanto a las razones por las que dicho cuestionario no se refería al año 2009, cuando el segundo trimestre de ese año está incluido en el período relevante, al ser interrogada por escrito a este respecto por el Tribunal General, la Comisión señaló que muchos de los encuestados se habían referido expresamente a un período anterior a 2010 o habían hecho declaraciones que se aplicaban de manera general, con independencia del período de referencia y, por lo tanto, igualmente válidas en lo que respecta al año 2009.

214

De ello se desprende que, aunque algunos de los participantes en los cuestionarios de 4 de noviembre de 2014 y de 30 de abril de 2015 a los que se refiere la demandante hubieran respondido de manera vaga, como esta sostiene, refiriéndose a un período temporal diferente del de la infracción, dicho error no podría, en todo caso, cuestionar el análisis efectuado por la Comisión a la luz de todas las respuestas en cuanto a la falta de sustituibilidad entre los microchips UMTS y los microchips compatibles con otras tecnologías, habida cuenta del gran número de datos concordantes en los que se basó la Comisión a este respecto.

215

Por otra parte, al sostener que la formulación de determinadas cuestiones relativas a la sustituibilidad entre los microchips UMTS y los microchips compatibles con otras tecnologías llevó a las empresas interrogadas a responder a la pregunta de si tenían la intención de cambiar de proveedor por lo que respecta a los microchips destinados a ser integrados en los dispositivos existentes, en lugar de en dispositivos futuros, la demandante considera, en esencia, que la Comisión debería haber examinado la existencia hipotética de una presión competitiva ejercida por los proveedores de microchips que debían integrarse en dispositivos futuros, a saber, en productos que aún no existían.

216

Pues bien, tal argumento no puede prosperar.

217

En efecto, del punto 7 de la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (DO 1997, C 372, p. 5; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la definición de mercado») se desprende que el mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos, lo que implica que la valoración se haga a partir del tipo de productos que las empresas de que se trate venden en ese momento, y no en relación con hipotéticos productos futuros, cuyas características, precio y uso aún no conocen los consumidores.

218

También debe observarse a este respecto que la demandante no explica en ningún caso cómo la hipotética presión competitiva ejercida por los microchips destinados a dispositivos que aún no existen podría haber influido, aunque fuera mínimamente, en el resultado del análisis efectuado por la Comisión, que se basó, como se ha indicado en los apartados 209 y 210 anteriores, en numerosos datos concordantes.

219

Por último, la alegación de la demandante según la cual, al preguntar a los encuestados si cambiarían de un tipo de microchip a otro, la Comisión prejuzgó la existencia de dos mercados distintos, a saber, un mercado de microchips UMTS y un mercado de microchips compatibles con la tecnología LTE, debe desestimarse por carecer totalmente de fundamento.

220

En efecto, las preguntas formuladas por la Comisión a este respecto se limitan a referirse a tecnologías específicas, en particular los estándares GSM, UMTS y LTE, dotadas cada una de características propias, y tienen precisamente por objeto saber si los microchips compatibles con estas tecnologías son considerados o no sustituibles por sus compradores y, por lo tanto, como potencialmente parte del mismo mercado de productos.

221

De lo anterior se desprende que procede desestimar la presente imputación.

–

Sobre la segunda imputación, basada en errores manifiestos de apreciación y de Derecho en la medida en que la Comisión no examinó la existencia de una cadena de sustitución

222

La demandante alega que la Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación y de Derecho al no examinar la existencia de una cadena de sustitución entre los microchips UMTS y los microchips compatibles con tecnologías anteriores o posteriores.

223

Según la demandante, la Comisión debería haber examinado si, en el momento de la transición entre dos tecnologías, existía lo que ella califica de «cadena de sustitución», es decir, según sus propias palabras, «una continuidad de los productos ofrecidos o, en su defecto, un “punto de ruptura” estructural claro entre ambos estándares». En particular, rebate la conclusión de la Comisión según la cual no existía una cadena de sustitución entre los microchips UMTS y los microchips anteriormente compatibles con el estándar ampliado GSM/EDGE.

224

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

225

Procede señalar que, en el punto 57 de la Comunicación sobre la definición de mercado, la Comisión explica que la existencia de cadenas de sustitución puede llevar, en algunos casos, a incluir en un mercado determinados productos que no sean directamente sustituibles, si el producto B es un sustituto, desde el punto de vista de la demanda, de los productos A y C. En tal caso, incluso si los productos A y C no son directamente sustituibles al nivel de la demanda, pueden pertenecer al mismo mercado de productos de referencia, puesto que la tendencia de sus precios respectivos puede resultar limitada por el carácter sustitutivo de B.

226

Pues bien, es preciso señalar que, en el marco de la presente imputación, la demandante reprocha fundamentalmente a la Comisión haber considerado, por una parte, que los microchips compatibles con una tecnología anterior y los microchips UMTS no eran sustituibles y, por otra parte, que estos últimos y los microchips compatibles con una tecnología posterior no eran sustituibles. En otras palabras, le reprocha haber realizado dos exámenes de sustituibilidad «clásica» entre dos productos, y no el examen de una posible sustituibilidad en cadena entre dos productos no directamente sustituibles, sino que lo serían indirectamente a través de su sustituibilidad común con un tercer producto.

227

A este respecto, basta recordar que, como se desprende de los apartados 209 y 210 anteriores, la Comisión examinó, en la Decisión impugnada, la sustituibilidad entre los microchips UMTS y los microchips compatibles con otras tecnologías, anteriores o posteriores a la tecnología UMTS, basándose en numerosos datos concordantes.

228

De lo anterior se desprende que procede desestimar la presente imputación.

–

Sobre la tercera imputación, basada en errores manifiestos de apreciación y de Derecho en la medida en que la Comisión concluyó que no estaba obligada a aplicar el criterio SSNIP

229

La demandante considera que, al no aplicar el criterio SSNIP en la Decisión impugnada, la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación y en un error de Derecho. Según la demandante, si bien es cierto que la sentencia de 11 de enero de 2017, Topps Europe/Comisión (T‑699/14, no publicada, EU:T:2017:2), citada por la Comisión en dicha Decisión, se refiere efectivamente a herramientas distintas de ese criterio de las que dispone la Comisión, incluidos estudios de mercado o la evaluación de las opiniones de los consumidores y de los competidores, no es menos cierto que esta última sigue estando obligada a basarse en pruebas apropiadas, convincentes y fiables, cosa que no hizo en el presente asunto, puesto que se basó en una selección de respuestas a preguntas confusas reproducidas en las solicitudes de información. La demandante reprocha asimismo a la Comisión haber considerado, en el considerando 248 de la Decisión impugnada, que dicho criterio no era, en cualquier caso, apropiada debido a que el precio de los microchips UMTS ya se había fijado a un nivel superior a la competencia.

230

La Comisión y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la demandante.

231

Con carácter preliminar, procede recordar que el criterio SSNIP consiste en examinar si un incremento ligero del precio de un producto, de entre el 5 % y el 10 %, llevaría a un número significativo de clientes a optar por otro producto, que, en tal caso, se considerará sustituto del primer producto.

232

Asimismo, procede señalar que, aunque el criterio SSNIP constituye un método reconocido para definir el mercado pertinente, no se trata del único método de que dispone la Comisión. En efecto, también puede tener en cuenta otras herramientas para definir el mercado pertinente, como estudios de mercado o una evaluación de la opinión de los consumidores y de los competidores [sentencias de 11 de enero de 2017, Topps Europe/Comisión, T‑699/14, no publicada, EU:T:2017:2, apartado 82, y de 5 de octubre de 2020, HeidelbergCement y Schwenk Zement/Comisión, T‑380/17, EU:T:2020:471, apartado 331 (no publicado)], extremo que la demandante no discute.

233

Además, tanto de la jurisprudencia como del apartado 25 de la Comunicación sobre la definición de mercado se desprende que no existe un orden jerárquico rígido entre los distintos elementos de apreciación de que dispone la Comisión [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de enero de 2017, Topps Europe/Comisión, T‑699/14, no publicada, EU:T:2017:2, apartado 82, y de 5 de octubre de 2020, HeidelbergCement y Schwenk Zement/Comisión, T‑380/17, EU:T:2020:471, apartado 331 (no publicado)], extremo que la demandante tampoco discute.

234

Asimismo, es preciso recordar que la Comisión dispone de cierto margen de apreciación respecto a la definición del mercado de referencia, en la medida en que esta última implica apreciaciones económicas complejas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2010, CEAHR/Comisión, T‑427/08, EU:T:2010:517, apartado 66 y jurisprudencia citada).

235

De ello se desprende que la Comisión no está obligada, al definir el mercado pertinente a efectos de la aplicación del artículo 102 TFUE, a aplicar el criterio SSNIP.

236

En consecuencia, la Comisión no incurrió en error de Derecho alguno al indicar, en el considerando 180 de la Decisión impugnada, que en el presente asunto podía definir el mercado pertinente sin tener que aplicar el criterio SSNIP.

237

Por otra parte, del análisis de la primera imputación invocada por la demandante en apoyo de la primera parte de su primer motivo se desprende que, al definir el mercado pertinente en la Decisión impugnada, la Comisión se basó en pruebas apropiadas, convincentes y fiables, y no, como sostiene la demandante, en una selección de respuestas a preguntas confusas reproducidas en las solicitudes de información. Por lo tanto, la demandante no demuestra que la Comisión incurriera en error al no aplicar el criterio SSNIP en el presente asunto.

238

Además, la demandante ni siquiera ha intentado demostrar que la aplicación del criterio SSNIP hubiera modificado las conclusiones a las que llegó la Comisión en la Decisión impugnada [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2020, HeidelbergCement y Schwenk Zement/Comisión, T‑380/17, EU:T:2020:471, apartado 331 (no publicado)].

239

Por consiguiente, debe desestimarse la presente imputación, sin que sea necesario pronunciarse sobre el fundamento de una de las justificaciones dadas por la Comisión a la no utilización en el presente asunto del criterio SSNIP, rebatida por la demandante, a saber, el hecho de que dicho criterio no era en ningún caso apropiado en el presente asunto debido a que el precio de los microchips UMTS ya se había fijado a un nivel superior a la competencia.

240

En consecuencia, procede desestimar la primera parte del segundo motivo.

Segunda parte, relativa a las presiones competitivas ejercidas directamente por la oferta cautiva en el mercado libre

241

En apoyo de la presente parte, la demandante formula cuatro alegaciones.

242

En primer lugar, la demandante sostiene que, para concluir que no existía una presión competitiva ejercida directamente por la oferta cautiva de determinados fabricantes de equipos de origen integrados verticalmente en el mercado de microchips UMTS, la Comisión se basó erróneamente en las declaraciones incoherentes e irrelevantes de dichos fabricantes, pero no preguntó a los clientes en cuanto a sus disposiciones y a su capacidad para pasar al autoabastecimiento o para aumentarlo en el supuesto de que ya estuvieran integrados verticalmente, en caso de que el precio de los microchips en dicho mercado aumentase.

243

En segundo lugar, la demandante considera que la Comisión excluyó erróneamente del mercado pertinente la producción cautiva de [confidencial]  ( 1 ) debido a su carácter mínimo durante el período relevante. A este respecto, se remite a sus respuestas al pliego de cargos y al pliego de cargos adicional, en las que demostró que [confidencial] ejercía una fuerte presión competitiva.

244

En tercer lugar, la demandante critica que la Comisión rechazara determinadas pruebas relativas a las dinámicas de mercado y a las tendencias del sector, cuando, en un sector tan dinámico como el afectado por la Decisión impugnada, era necesario tener en cuenta tales evoluciones y tendencias. Esto era tanto más cierto en el presente asunto cuanto que, por lo que se refiere a otros aspectos de dicha Decisión, en particular para apoyar la existencia de un fuerte potencial de crecimiento del segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS, la Comisión tuvo en cuenta proyecciones futuras.

245

En cuarto lugar, la demandante reprocha a la Comisión no haber tenido en cuenta las realidades comerciales, en particular el hecho de que había perdido alrededor del 70 % de sus ventas de microchips UMTS destinados a los dispositivos MBB de Huawei en favor de la oferta cautiva de la filial de esta.

246

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

247

Del punto 7 de la Comunicación sobre la definición de mercado se desprende que el mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos.

248

Por otra parte, según el punto 13 de la Comunicación sobre la definición de mercado, las empresas se ven sometidas a tres fuentes de presiones en los asuntos de competencia, a saber, la sustituibilidad de la demanda, la sustituibilidad de la oferta y la competencia potencial, y, en el marco de la definición del mercado, la sustituibilidad de la demanda es el medio más inmediato y eficaz de restringir el comportamiento de los suministradores de un determinado producto. En efecto, una empresa no puede influir de manera significativa en las condiciones de venta reinantes si sus clientes pueden adquirir fácilmente productos sustitutivos, lo que lleva a identificar las fuentes alternativas reales de suministro a las que pueden recurrir los clientes de las empresas de que se trate.

249

Además, según se indica en el punto 20 de la Comunicación sobre la definición de mercado, la sustituibilidad de la oferta también puede tenerse en cuenta al definir mercados en los casos en que sus efectos son equivalentes a los de la sustituibilidad de la demanda en términos de eficacia y de respuesta inmediata. Ello requiere que los proveedores puedan pasar a fabricar los productos de referencia y comercializarlos a corto plazo, sin incurrir en costes o riesgos adicionales significativos, en respuesta a pequeñas variaciones permanentes de los precios relativos (sentencias de 17 de septiembre de 2007, Microsoft/Comisión, T‑201/04, EU:T:2007:289, apartado 484, y de 9 de septiembre de 2009, Clearstream/Comisión, T‑301/04, EU:T:2009:317, apartado 50).

250

Por otra parte, del punto 24 de la Comunicación sobre la definición de mercado se colige que la competencia potencial no se tiene en consideración para la definición de los mercados, puesto que las condiciones en que la competencia potencial representará realmente una presión dependen del análisis de factores y circunstancias específicas relacionados con las condiciones de acceso.

251

Por último, procede subrayar que de los puntos 16, 20, 21 y 23 de la Comunicación sobre la definición de mercado se desprende que la sustituibilidad necesaria para la definición del mercado de referencia debe materializarse a corto plazo (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2012, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, T‑336/07, EU:T:2012:172, apartado 123).

252

En el presente asunto, del considerando 215 de la Decisión impugnada, que no ha sido impugnado en esencia por la demandante, resulta que, durante el período relevante, solo tres empresas integradas verticalmente recurrían al autoabastecimiento con microchips UMTS, [confidencial]. Habida cuenta de la producción mínima de microchips UMTS de [confidencial] durante dicho período, la Comisión indicó en dicho considerando que no lo tendría en cuenta en su análisis.

253

Por lo que respecta a la primera imputación, basada en que la Comisión se basó erróneamente en las declaraciones incoherentes e irrelevantes de algunos fabricantes de equipos de origen integrados verticalmente en el mercado de microchips UMTS para concluir que no existía presión competitiva ejercida directamente por la oferta cautiva de esos fabricantes, no puede reprocharse a la Comisión haber interrogado a [confidencial] durante su investigación sobre el destino de los microchips que autoproducían y sobre sus intenciones a este respecto. En efecto, como se desprende del punto 13 de la Comunicación sobre la definición de mercado, para poder determinar si los clientes pueden adquirir fácilmente productos sustitutivos, se han de identificar las fuentes alternativas reales de suministro a las que pueden recurrir tales clientes.

254

A este respecto, las respuestas de [confidencial] son muy claras, puesto que del considerando 218 de la Decisión impugnada se desprende que [confidencial] y puesto que del considerando 219 de dicha Decisión se desprende que [confidencial]. Además, del considerando 220 de la citada Decisión resulta que [confidencial]. Tales declaraciones no parecen en modo alguno incoherentes ni irrelevantes, contrariamente a lo que alega la demandante de manera general y sin la más mínima explicación.

255

De ello se deduce que la producción cautiva de [confidencial] no constituía una fuente real de suministro a la que pudieran recurrir los compradores terceros de microchips UMTS durante el período relevante, con la consecuencia de que dichos clientes no podían acudir fácilmente a esta producción cautiva en el sentido del punto 13 de la Comunicación sobre la definición de mercado. En respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento, la Comisión indicó además que, con arreglo al punto 24 de dicha Comunicación, al definir el mercado de referencia no tenía que tener en cuenta los productos potencialmente (pero no aún) competidores, lo que era el caso de los microchips autoproducidos por [confidencial], que, en dicho período, solo estaban en una fase muy temprana de su desarrollo. Por lo tanto, sobre la base de dichas respuestas, la Comisión pudo considerar, sin incurrir en error manifiesto de apreciación y de manera suficientemente motivada, que tal producción cautiva no estaba generalmente disponible para abastecer a clientes terceros, lo que basta para descartar la posibilidad de que esa misma producción cautiva pudiera haber ejercido directamente una presión competitiva sobre los productores de microchips UMTS durante dicho período.

256

Además, debe rechazarse la crítica de la demandante según la cual la Comisión debería haber preguntado más bien a los clientes en cuanto a sus disposiciones y a su capacidad para pasar al autoabastecimiento o para aumentarlo en el supuesto de que ya estuvieran integrados verticalmente, en caso de que el precio de los microchips UMTS aumentase en el mercado libre. En efecto, habida cuenta de las características del mercado de los microchips UMTS y, en particular, de las elevadas barreras a la entrada que constituyen, en particular, los costes sustanciales de investigación y desarrollo (I+D) necesarios para el desarrollo de tales microchips (punto 11.4.1 de la Decisión impugnada), es difícilmente concebible que los clientes no integrados verticalmente hubieran podido lanzarse a la producción de tales microchips a corto plazo.

257

En cuanto a los clientes integrados verticalmente, del considerando 220 de la Decisión impugnada se desprende que [confidencial]. Por consiguiente, ya no era concebible que [confidencial] aumentara su autoabastecimiento a corto plazo durante el período relevante. En cuanto a [confidencial], del considerando 230 de la Decisión impugnada, que se basa en sus respuestas a las preguntas formuladas al respecto por la Comisión, se desprende que [confidencial]. Así pues, cabe razonablemente deducir de ello que, incluso en caso de aumento del precio de los microchips UMTS en el mercado libre, dicho fabricante no habría aumentado en ningún caso su producción propia a corto plazo, dando lugar a una presión competitiva directa sobre los productores de microchips UMTS activos en dicho mercado.

258

Por consiguiente, debe desestimarse la presente imputación.

259

En cuanto a la segunda imputación, basada en que la Comisión excluyó erróneamente la producción cautiva de [confidencial], es preciso señalar que la demandante no niega el carácter mínimo de la producción propia de [confidencial], que representaba, como se desprende de la nota 285 de la Decisión impugnada, únicamente el 0,1 % de las ventas totales de microchips UMTS en el mercado libre en 2010 y 2011.

260

Además, la demandante tampoco niega que [confidencial] utilizaba su producción cautiva durante el período relevante exclusiva o casi exclusivamente para fines internos y que no fue hasta [confidencial], es decir, mucho después de tal período, cuando dicho fabricante comenzó a suministrar a clientes terceros en el mercado libre, como se desprende del considerando 225 de la Decisión impugnada.

261

Del carácter mínimo de la producción propia de [confidencial] y de la utilización por esta de su producción cautiva exclusiva o casi exclusivamente para fines internos durante el período relevante, extremos que no han sido discutidos por la demandante, se deduce que es difícil concebir que [confidencial] tuviera la capacidad, durante el período relevante, de regular los precios propuestos por la demandante en el mercado de los microchips UMTS, contrariamente a lo alegado por esta, y que la Comisión excluyó dicha producción cautiva de su análisis sin incurrir en error manifiesto de apreciación y de manera suficientemente motivada, lo que basta para desestimar la presente imputación.

262

En cualquier caso, procede observar que, aunque la Comisión hubiera incluido la producción cautiva de [confidencial] en el mercado pertinente, habida cuenta del carácter mínimo de dicha producción, extremo que no ha sido discutido por la demandante, tal inclusión no habría tenido la menor influencia en la conclusión a la que llegó la Comisión en cuanto a la posición dominante de la demandante en dicho mercado.

263

Por lo que respecta a la tercera alegación, basada en que la Comisión no tuvo suficientemente en cuenta las dinámicas de mercado y las tendencias del sector, debe recordarse que del punto 24 de la Comunicación sobre la definición de mercado se colige que la competencia potencial no se tiene en consideración para la definición de los mercados. Por lo tanto, la Comisión no estaba obligada a tener en cuenta estos desarrollos posteriores al período relevante.

264

Contrariamente a las alegaciones de la demandante, tal enfoque no es incompatible con el hecho de que, en el considerando 363 de la Decisión impugnada, la Comisión tuviera en cuenta el fuerte potencial de crecimiento del segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS, dado que dicho considerando forma parte del punto 12 de dicha Decisión, relativo al abuso, en cuyo marco la Comisión puede tener en cuenta las proyecciones, en particular para evaluar los efectos potenciales del comportamiento reprochado, y no del punto 10 de dicha Decisión, relativo a la definición del mercado, en cuyo marco la Comisión debe determinar qué productos son considerados, durante el período relevante, sustituibles por los clientes a efectos de su inclusión en el mismo mercado de productos. Dado que se trata de dos análisis diferentes, que persiguen objetivos diferentes, es normal que la Comisión tenga en cuenta diferentes elementos al realizarlos, sin que ello dé lugar a incoherencia o incompatibilidad alguna.

265

Por último, procede señalar que la demandante se limita a impugnar de manera general la falta de toma en consideración de lo que califica de «pruebas relativas a las dinámicas del mercado y a las tendencias del sector» y no explica en modo alguno de qué elementos se trata, cómo tales elementos habrían podido influir en el análisis realizado por la Comisión y, más concretamente, en qué medida estos elementos deberían haber llevado a la Comisión a concluir que existía una presión competitiva directa ejercida por la producción cautiva de las empresas integradas verticalmente sobre los productores que operan en el mercado de microchips UMTS.

266

En consecuencia, procede desestimar la presente imputación.

267

En cuanto a la cuarta imputación, basada en que la Comisión no tuvo en cuenta las realidades comerciales, la demandante invoca únicamente el hecho de que había perdido alrededor del 70 % de sus ventas de microchips UMTS destinados a los dispositivos MBB de Huawei en favor de la oferta cautiva de la filial de esta. Pues bien, de la respuesta de Huawei a la pregunta 25 de la solicitud de información de 19 de julio de 2013, a la que se refiere la demandante, se desprende que no fue hasta 2013 cuando Huawei se autoabasteció del 69 % de HiSilicon, es decir, con posterioridad al período relevante. Por lo tanto, la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación al no tener en cuenta esta circunstancia, lo que basta para desestimar la presente imputación.

268

En consecuencia, procede considerar que la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación y no incumplió su obligación de motivación al concluir que no existía presión competitiva ejercida directamente por la oferta cautiva en el mercado de microchips UMTS. Por consiguiente, debe desestimarse la segunda parte del segundo motivo.

Tercera parte, relativa a las presiones competitivas ejercidas indirectamente por la oferta cautiva en el mercado libre

269

En apoyo de la presente parte, la demandante formula cuatro imputaciones.

270

En primer lugar, la demandante considera que la Comisión limitó erróneamente su análisis de la existencia de una presión competitiva indirecta en el mercado descendente de los teléfonos móviles que incorporan un microchip UMTS con el pretexto de que, durante el período relevante, el autoabastecimiento de microchips UMTS destinados a los demás dispositivos, incluidos los dispositivos MBB, era insignificante. Por otra parte, tal enfoque está, según la demandante, en contradicción con la «teoría del perjuicio» desarrollada por la Comisión, que se centra en los «microchips de vanguardia» utilizados en los dispositivos MBB.

271

En segundo lugar, la demandante alega que, a falta del criterio SSNIP, la afirmación de la Comisión, que figura en el considerando 237 de la Decisión impugnada, según la cual un hipotético aumento del precio de los microchips UMTS no daría lugar a un fuerte descenso de la demanda de tales microchips en el mercado libre carece de fundamento y de pertinencia.

272

En tercer lugar, sostiene que el rechazo de las presiones indirectas derivadas de la competencia en el mercado descendente es incompatible con la «teoría del perjuicio» desarrollada por la Comisión por dos razones.

273

Por una parte, la Comisión no puede, sin contradecirse, afirmar que un hipotético aumento de precios del 5 % al 10 % en el mercado ascendente, a saber, el de los microchips UMTS, habría tenido un impacto insignificante sobre los precios en el mercado descendente, a saber, el de los dispositivos que incorporan tales microchips (considerando 235 de la Decisión impugnada) y reprochar también a la demandante haber llevado a cabo un comportamiento predatorio indirecto.

274

Por otra parte, la Comisión no puede, sin contradecirse, afirmar que, aunque la producción cautiva de [confidencial] se hubiera incluido en el mercado período pertinente, ello no habría tenido, habida cuenta de su carácter mínimo, ningún efecto sobre la cuota de mercado de la demandante y, por lo tanto, aceptar el hecho de que la producción cautiva ejercía una cierta presión competitiva en el mercado libre (nota 311 de la Decisión impugnada) y concluir también que dicha producción cautiva no ejerció una presión competitiva en el mercado libre durante el período relevante.

275

En cuarto lugar, la demandante alega que la Comisión declaró erróneamente en la nota 311 de la Decisión impugnada que la producción cautiva de [confidencial] podría incluirse en el mercado pertinente, pero no la de [confidencial], debido a que esta se había abastecido de microchips UMTS durante el período relevante para sus dispositivos MBB únicamente en el mercado libre.

276

Según la demandante, la Comisión no podía descartar la producción cautiva de [confidencial] debido a que esta no se autoabastecía de microchips destinados a sus dispositivos MBB, a pesar de que la definición del mercado pertinente adoptada por la Comisión en la Decisión impugnada no se limitaba a los microchips UMTS destinados a los dispositivos MBB, sino que también incluía los microchips UMTS destinados a otros dispositivos. Además, del considerando 220, letra b), de dicha Decisión se desprende que, si bien [confidencial] anunció en 2009 que pondría fin a su producción cautiva, en realidad se autoabasteció hasta el tercer trimestre de 2013.

277

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

278

Con carácter preliminar, procede observar que, en el punto 10.2.9.2 de la Decisión impugnada, la Comisión explicó las razones que la habían llevado a concluir que la producción cautiva de las dos únicas empresas integradas verticalmente durante el período relevante no había ejercido una presión competitiva indirecta en el mercado de microchips UMTS a través de una competencia en el mercado descendente.

279

Para llegar a tal conclusión, la Comisión explicó en primer lugar que había llevado a cabo su análisis de una eventual presión competitiva indirecta teniendo en cuenta únicamente una eventual competencia en el mercado descendente entre los teléfonos móviles que incluyen un microchip UMTS, con exclusión de los demás dispositivos, incluidos los dispositivos MBB. En el considerando 230 de la Decisión impugnada, indicó que había actuado de ese modo porque era la única presión competitiva indirecta posible, ya que la producción propia de microchips UMTS destinados a ser integrados en dispositivos distintos de los teléfonos móviles era, en cualquier caso, insignificante durante el período relevante.

280

Por otra parte, la Comisión también explicó que se había limitado a examinar la presión competitiva indirecta ejercida por [confidencial], dado que, durante el período relevante, la producción cautiva de [confidencial] era mínima y, por lo tanto, no habría podido ejercer una presión competitiva indirecta en el mercado libre.

281

A continuación, la Comisión explicó, por una parte, que, habida cuenta de que el factor de dilución de los productos afectados era bajo, ya que el precio de un microchip UMTS solo representaba, en el período relevante, aproximadamente el 6 % del precio minorista del teléfono móvil en el que se integraba, un aumento de entre el 5 % y el 10 % del precio de dicho microchip solo tendría un impacto insignificante en el precio del producto final, con la consecuencia de que tal aumento previo del precio de los microchips UMTS en el mercado libre seguiría siendo rentable para el productor de microchips, cuyo volumen de ventas no se vería afectado negativamente por tal aumento (considerando 235 de la Decisión impugnada).

282

Por otra parte, la Comisión ha demostrado que, habida cuenta de que los teléfonos móviles son productos muy distintos según las marcas, con características muy específicas, un aumento del precio de los teléfonos móviles a raíz de un aumento del precio de los microchips UMTS que incorporan en el mercado libre no daría lugar a que los clientes se pasaran a otra marca de teléfono móvil y, más concretamente, a que compraran en su lugar un teléfono móvil que incorporara un microchip de fabricación propia, que no estaría sujeto a tal aumento de precio. Ello confirma, a su juicio, que un aumento previo del precio de los microchips UMTS en el mercado libre seguiría siendo rentable para el productor de microchips, cuyo volumen de ventas no se vería afectado negativamente por tal aumento (considerando 237 de la Decisión impugnada).

283

La Comisión dedujo de ello que la producción cautiva no estaba en condiciones de ejercer, durante el período relevante, una presión competitiva indirecta en el mercado de microchips UMTS.

284

Por lo que respecta a la primera imputación, basada en que la Comisión limitó erróneamente su análisis de la existencia de una presión competitiva indirecta en el mercado descendente de los teléfonos móviles que incorporan un microchip UMTS, procede señalar que se trataba precisamente de los dispositivos para los que la producción propia de microchips UMTS, estimada por ejemplo para [confidencial], era la más elevada, con la consecuencia de que una limitación del análisis de la Comisión a este segmento del mercado era la hipótesis más idónea para demostrar la existencia de una presión competitiva indirecta y, por lo tanto, la más favorable para la demandante.

285

Además, el hecho de que tal limitación supuestamente no esté en consonancia con la «teoría del perjuicio» desarrollada por la Comisión, que se centra, por su parte, en los «microchips de vanguardia» utilizados en los dispositivos MBB, no cambia en nada el carácter más favorable de este enfoque para la demandante y no afecta en modo alguno a su validez. A este respecto, debe observarse que la producción cautiva de «microchips de vanguardia» que debían integrarse en tales dispositivos era, según la Comisión, mucho más limitada que la de los microchips UMTS destinados a ser integrados en teléfonos móviles, extremo que, por lo demás, la demandante no discute.

286

Por lo que respecta a la segunda imputación, basada en el carácter carente de fundamento y de pertinencia de la afirmación de la Comisión, que figura en el considerando 237 de la Decisión impugnada, según la cual un hipotético aumento del precio de los microchips UMTS no daría lugar a un fuerte descenso de la demanda de tales microchips en el mercado libre debido a la falta de aplicación del criterio SSNIP, basta recordar que la Comisión no está obligada a aplicar dicho criterio (véase el apartado 235 anterior). Además, procede señalar que la demandante no aporta ningún otro elemento que no sea la falta de aplicación del criterio SSNIP en el presente asunto para cuestionar esta afirmación de la Comisión.

287

En lo que atañe a la tercera imputación, basada en que el rechazo de la presión indirecta en el mercado libre derivada de la competencia en el mercado descendente es incompatible con la «teoría del perjuicio» desarrollada por la Comisión, procede señalar que el comportamiento predatorio indirecto que la Comisión reprocha a la demandante no puede, por sí solo, invalidar el análisis de la existencia de una presión competitiva indirecta por dos razones.

288

Por una parte, contrariamente a las alegaciones de la demandante, la Comisión podía considerar, sin incurrir en error y sin contradecirse, que un hipotético aumento de precios del 5 % al 10 % en el mercado ascendente, a saber, el mercado de los microchips UMTS, solo habría tenido un impacto insignificante sobre los precios de los dispositivos que incorporan dichos microchips en el mercado descendente, a saber, el de los dispositivos que incorporan tales microchips, y reprochar al mismo tiempo a la demandante haber llevado a cabo un comportamiento predatorio indirecto. El hecho de que un aumento general del precio de los microchips UMTS en el mercado ascendente prácticamente no hubiera tenido un impacto en el mercado descendente sobre el precio de los dispositivos que incorporan dichos microchips no significa que la reducción selectiva del precio de los microchips UMTS ofrecida por la demandante únicamente a Huawei no favoreciera a esta última, permitiéndole competir más eficazmente con su rival ZTE en el mercado descendente.

289

Por otra parte, procede señalar que, en la nota 311 de la Decisión impugnada, la Comisión no dio a entender en modo alguno que la producción cautiva de [confidencial] ejerciera una cierta presión competitiva en el mercado libre. En esta nota, la Comisión se limitó a indicar que, en cualquier caso, aun cuando la totalidad de la producción cautiva de microchips UMTS de [confidencial], a saber, los microchips destinados a teléfonos móviles y los microchips destinados a ser incorporados en otros dispositivos, debiera incluirse en el mercado pertinente, la cuota de mercado de la demandante no variaría en 2009 y solo disminuiría marginalmente en 2010 y 2011, permaneciendo en todos los casos por encima del umbral del 50 %. Por lo tanto, la alegación de la demandante se basa en una lectura errónea de dicha nota.

290

La cuarta imputación, basada en que la Comisión indicó erróneamente en la nota 311 de la Decisión impugnada que la producción cautiva de [confidencial] podría incluirse en el mercado pertinente, pero no la de [confidencial], debido a que esta se había abastecido de microchips UMTS durante el período relevante para sus dispositivos MBB únicamente en el mercado libre, también se basa en una lectura errónea de dicha nota. En efecto, la Comisión no consideró en absoluto en esta nota que la producción cautiva de [confidencial] pudiera incluirse en el mercado pertinente, pero no la de [confidencial].

291

Procede señalar antes de nada que la nota 311 de la Decisión impugnada se refiere al considerando 240 de dicha Decisión y, más concretamente, a la cuestión de si, hipotéticamente hablando, un análisis de la presión indirecta centrado en los dispositivos MBB habría conducido a un resultado diferente.

292

A este respecto, por lo que respecta a [confidencial], la Comisión se limitó a indicar que la producción cautiva de esta última de microchips destinados tanto a teléfonos móviles como a otros dispositivos era tan pequeña durante el período relevante que, aunque se hubiera incluido en el mercado en cuestión (ya sea en el marco de un análisis de la presión indirecta centrado en los teléfonos móviles o en el de un análisis de la presión indirecta centrado en los dispositivos MBB), ello no habría tenido como consecuencia que la cuota de mercado de la demandante cayera por debajo del umbral de presunción de posición dominante del 50 %.

293

Por el contrario, por lo que respecta a [confidencial], la Comisión indicó en la nota 311 de la Decisión impugnada que, en el supuesto hipotético de un análisis de la presión indirecta centrado en los dispositivos MBB, no se habría tenido en cuenta la producción cautiva de [confidencial], dado que esta última compraba todos los microchips UMTS destinados a sus dispositivos MBB en el mercado libre y había anunciado en 2009 que pondría fin a su producción propia, lo que se desprende del considerando 220, letra b), de dicha Decisión. En cambio, en el análisis de la existencia de una posible presión indirecta en el mercado descendente centrada en los teléfonos móviles que efectivamente llevó a cabo, la Comisión sí tuvo en cuenta la producción cautiva de microchips UMTS de [confidencial] destinados a sus teléfonos móviles, dado que, por lo que respecta a estos dispositivos, esta última se autoabastecía de manera efectiva.

294

Además, el hecho de que del considerando 220 de la Decisión impugnada se desprenda que los últimos microchips UMTS fueron entregados por [confidencial] en 2013 no invalida ni la constatación de que [confidencial] únicamente se abastecía en el mercado libre en lo referente a los microchips UMTS destinados a sus dispositivos MBB y veía su producción propia limitada a los microchips destinados a sus teléfonos móviles, ni la constatación de que [confidencial] había decidido poner fin a su producción cautiva a partir de 2009 y había cesado en julio de 2010 el desarrollo de nuevos microchips UMTS, dado que es perfectamente posible que transcurran varios años entre, por una parte, esta decisión y la interrupción del desarrollo de nuevos microchips UMTS y, por otra parte, la entrega de los últimos microchips UMTS producidos.

295

De lo anterior se desprende que ninguna de las imputaciones formuladas en apoyo de la presente parte puede cuestionar el análisis efectuado por la Comisión en el punto 10.2.9.1 de la Decisión impugnada, que concluye que no existe una presión indirecta ejercida, durante el período relevante, por la producción cautiva de microchips UMTS en el mercado libre.

296

Por consiguiente, procede desestimar la tercera parte del segundo motivo.

Cuarta parte, relativa a la posición dominante de la demandante durante el período relevante

297

En apoyo de la presente parte, la demandante formula las cuatro imputaciones siguientes.

298

En primer lugar, la demandante alega que, si el mercado de productos se hubiera definido correctamente y hubiera incluido las ventas cautivas de los fabricantes integrados verticalmente, sus cuotas de mercado habrían sido inferiores al 40 %, es decir, habrían estado por debajo del umbral de posición dominante.

299

En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión sobrestimó erróneamente la importancia de sus cuotas de mercado. En su opinión, el sector de microchips de banda base se caracteriza por ciclos de innovación cortos, con la consecuencia de que las cuotas de mercado son efímeras y no reflejan adecuadamente el equilibrio de poder en el mercado. Además, sostiene que, si la Comisión hubiera tenido debidamente en cuenta las presiones ejercidas sobre ella, habría llegado a la conclusión de que no disponía de un poder de mercado significativo y duradero.

300

En tercer lugar, la demandante alega que la Comisión consideró erróneamente que el mercado pertinente se caracterizaba por la existencia de barreras importantes a la entrada y a la expansión. En su opinión, debido al carácter en gran parte normalizado de la tecnología de que se trata, se alentaba a los nuevos operadores a entrar en el mercado sin verse frenados por la necesidad de realizar importantes inversiones en I+D. Afirma que la red de retrocesión de la que disfrutaba tampoco constituía una barrera a la entrada, lo que queda acreditado por el hecho de que solo una pequeña minoría de los que respondieron a una pregunta de la Comisión sobre la existencia de barreras a la entrada calificó la red de retrocesión como tal.

301

En cuarto lugar, la demandante reprocha a la Comisión no haber cuantificado las demás barreras a la entrada que identificó, a saber, la necesidad de que los operadores de redes móviles y los fabricantes de equipos certificaran los microchips de banda base, su imagen de marca, su reputación y sus relaciones comerciales sólidas.

302

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

303

Según la jurisprudencia, la posición dominante a que se refiere el artículo 102 TFUE consiste en una situación de poder económico por parte de una empresa, que le permite impedir el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado relevante, otorgándole la posibilidad de obrar en buena medida de forma independiente con respecto a sus competidores, sus clientes y, en última instancia, los consumidores en general (sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, EU:C:1979:36, apartado 38).

304

La existencia de una posición dominante puede resultar, en general, de la concurrencia de varios factores que, considerados aisladamente, no serían necesariamente determinantes (sentencias de 14 de febrero de 1978, United Brands y United Brands Continentaal/Comisión, 27/76, EU:C:1978:22, apartado 66, y de 15 de diciembre de 1994, DLG, C‑250/92, EU:C:1994:413, apartado 47). Entre estos factores, uno muy significativo es la existencia de cuotas de mercado muy altas (sentencias de 12 de diciembre de 1991, Hilti/Comisión, T‑30/89, EU:T:1991:70, apartado 90, y de 25 de junio de 2010, Imperial Chemical Industries/Comisión, T‑66/01, EU:T:2010:255, apartados 255 y 256).

305

En efecto, según la jurisprudencia, las cuotas de mercado muy elevadas constituyen por sí mismas, y salvo circunstancias excepcionales, la prueba de la existencia de una posición dominante (sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, EU:C:1979:36, apartado 41). Más concretamente, una cuota de mercado del 50 % conlleva por sí misma, salvo circunstancias excepcionales, una posición dominante (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, EU:C:1991:286, apartado 60).

306

Pueden tenerse en cuenta otros factores a la hora de analizar la existencia de una posición dominante, como la comparación entre las cuotas de mercado de la empresa afectada y las de sus competidores inmediatos (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, EU:C:1979:36, apartado 48), o la existencia de barreras a la entrada o a la expansión resultantes, en particular, de la necesidad de realizar importantes inversiones (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 1978, United Brands y United Brands Continentaal/Comisión, 27/76, EU:C:1978:22, apartado 122), o, incluso, en determinadas circunstancias, la titularidad de derechos de propiedad intelectual (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de julio de 2010, AstraZeneca/Comisión, T‑321/05, EU:T:2010:266, apartado 270 y jurisprudencia citada).

307

Por lo que respecta a la primera imputación, basada en que, si el mercado de productos pertinente se hubiera definido correctamente y hubiera incluido las ventas cautivas de los fabricantes integrados verticalmente, las cuotas de mercado de la demandante habrían sido inferiores al 40 %, basta recordar que, como se desprende del análisis de las tres primeras partes del segundo motivo, la Comisión definió el mercado de productos pertinente como el mercado de los microchips UMTS, lo que permite desestimar dicha imputación.

308

En lo que atañe a la segunda imputación, basada en que, habida cuenta de las características específicas del sector, la importancia de las cuotas de mercado de la demandante, que esta última considera efímeras, no reflejaba el hecho de que disponía de un poder de mercado significativo y duradero, procede señalar que, aun suponiendo que el mercado pertinente se caracterice por ciclos de innovación cortos, ello no constituye circunstancias excepcionales en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 305 anterior, que permiten no considerar que las cuotas de mercado de tal magnitud constituyan, por sí mismas, la prueba de la existencia de una posición dominante, sobre todo cuando las cuotas de mercado del competidor más próximo son, por su parte, mucho menores, como sucede en el presente asunto. En cualquier caso, de los datos reproducidos en los cuadros 3 y 5 de la Decisión impugnada, que no han sido impugnados en esencia por la demandante, se desprende que esta disponía de una cuota de mercado del 61,2 % en 2009, del 59,7 % en 2010 y del 62,5 % en 2011 en términos de ingresos y del 58,9 % en 2009, del 57,8 % en 2010 y del 65,3 % en 2011 en términos de volumen. Por lo tanto, estas cuotas de mercado, relativamente estables, no pueden calificarse de efímeras, contrariamente a las alegaciones de la demandante.

309

En cuanto al equilibrio de poder en el mercado, de los datos reproducidos en los cuadros 3 y 5 de la Decisión impugnada, que no han sido impugnados en esencia por la demandante, también se desprende que sus dos competidores más próximos, en términos de ingresos, eran, en 2009, ST-Ericsson, con una cuota de mercado del 15,1 %, e Intel, con una cuota de mercado del 12,6 %; en 2010, Intel, con una cuota de mercado del 18,9 %, y ST Ericsson, con una cuota de mercado del 8,9 %, y, en 2011, Intel, con una cuota de mercado del 19,1 %, y Broadcom, con una cuota de mercado del 4,4 %. En términos de volumen, sus dos competidores más próximos eran, en 2009, ST Ericsson, con una cuota de mercado de entre el 20 % y el 30 %, e Intel, con una cuota de mercado de entre el 10 % y el 20 %; en 2010, Intel, con una cuota de mercado de entre el 10 % y el 20 %, y ST Ericsson y Marvell, con una cuota de mercado de entre el 5 % y el 10 %, y, en 2011, Intel, con una cuota de mercado de entre el 20 % y el 30 %, y Marvell, con una cuota de mercado de entre el 5 % y el 10 %. Pues bien, contrariamente a las alegaciones de la demandante, estos cuadros demuestran claramente que, durante el período relevante, esta solo se enfrentaba a competidores dispersos que disponían de una posición mucho más débil y cuotas de mercado relativamente inestables, al contrario que ella, lo que confirma, en lo que la atañe, la existencia de un poder de mercado significativo y duradero y hace poco creíble la posibilidad de que sus competidores ejercieran una presión real sobre ella. Por consiguiente, debe desestimarse la segunda imputación.

310

En lo tocante a la tercera imputación, basada, en esencia, en que la Comisión consideró erróneamente que la inversión necesaria para diseñar un microchip UMTS, en particular en I+D, constituía una barrera a la entrada o a la expansión, y a la cuarta imputación, basada en que la Comisión no cuantificó las demás barreras a la entrada que identificó, a saber, la necesidad de que los operadores de redes móviles y los fabricantes de equipos certificaran los microchips de banda base, la imagen de marca, la reputación y las relaciones comerciales sólidas de la demandante, basta señalar que se refieren a otros factores que pueden tenerse en cuenta al analizar la existencia de una posición dominante (véase el apartado 306 anterior), sin que puedan poner en entredicho la prueba de la existencia de una posición dominante, conforme quedó establecida con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 305 anterior.

311

De lo anterior se desprende que procede desestimar la cuarta parte del segundo motivo.

Quinta parte, relativa a la definición del segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS en el que la Comisión basó su análisis

312

En apoyo de la quinta parte, la demandante reprocha, en esencia, a la Comisión haber basado su análisis en el segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS, a pesar de que se trata de un concepto de conveniencia que nunca existió y que no forma parte de las realidades técnicas y comerciales durante el período relevante.

313

Pues bien, procede considerar que esta alegación es inoperante si se invoca para cuestionar la definición del mercado pertinente o la posición dominante de la demandante. En efecto, la Comisión no definió el segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS ni en el punto 10 de la Decisión impugnada, relativo a dicha definición, ni en el punto 11 de la citada Decisión, relativo a esta posición dominante, sino en el punto 12 de dicha Decisión, relativo al abuso y, más concretamente, en su análisis de la estrategia de la demandante dirigida a neutralizar a Icera en ese segmento de vanguardia (punto 12.4 de la Decisión impugnada).

314

Al ser interrogada a este respecto en el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento, la demandante indicó que, si bien había desarrollado su crítica de la definición del segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS en el que la Comisión había basado su análisis en el marco del segundo motivo, lo hizo para plantear este punto fundamental lo antes posible en sus escritos, dado que dicha crítica podía influir en los demás motivos desarrollados posteriormente y porque deseaba destacar las incoherencias en la definición del mercado pertinente, también en lo relativo a este segmento de vanguardia, que formaba parte del mismo.

315

Sin embargo, tal respuesta no basta para eludir el carácter inoperante de la presente parte, dado que, aun suponiendo que la imputación formulada en su apoyo debiera prosperar, ello no puede desvirtuar la conclusión a la que llegó la Comisión en lo que respecta a la definición del mercado pertinente y a la posición dominante de la demandante.

316

De ello se deduce que procede desestimar la quinta parte del segundo motivo. En consecuencia, dado que las demás partes de este motivo también han sido desestimadas (véanse los apartados 240, 268, 296 y 311 anteriores), procede desestimar dicho motivo en su totalidad.

Quinto motivo, basado en «errores manifiestos de apreciación» y en el incumplimiento de la obligación de motivación en lo que respecta a la reconstrucción de los precios «efectivamente pagados»

317

El quinto motivo se articula en dos partes. La primera se basa en el carácter inútil del «reprocesamiento de precios» efectuado en la Decisión impugnada. La segunda se basa en errores cometidos en dicha Decisión por lo que respecta al «reprocesamiento».

Primera parte, basada en el carácter inútil del «reprocesamiento de precios» efectuado en la Decisión impugnada

318

En apoyo de la primera parte, la demandante alega, en esencia, que, al no basarse en los datos contables de Qualcomm para determinar los precios de los microchips, la Comisión llevó a cabo un «reprocesamiento» inútil e injustificado de sus datos sobre los precios. De este modo, cuestiona la reconstrucción, efectuada en la Decisión impugnada, de los precios efectivamente pagados a Qualcomm por Huawei y ZTE durante el período relevante.

319

En primer lugar, la demandante alega que, en el marco de la reconstrucción de los precios efectuada en la Decisión impugnada, la Comisión no tuvo debidamente en cuenta sus objeciones relativas al análisis de precios y costes efectuado en el pliego de cargos, que criticaban, por una parte, que dicha reconstrucción excluyera determinados ingresos al tratar erróneamente determinados casos limitados de volatilidad de los precios medios de venta como errores contables y, por otra parte, que no tuviera en cuenta los efectos de la contabilización tardía de los ingresos.

320

En segundo lugar, la demandante considera que la Comisión valoró erróneamente los datos de precios de Qualcomm en su análisis de precios y costes utilizando un período de referencia trimestral. En su opinión, el período más adecuado y pertinente desde un punto de vista comercial para la evaluación de los datos de fijación de precios era de seis meses, o incluso de un año. Precisa que no acuerda los precios con sus clientes ni los revisa trimestralmente, sino que, por lo general, celebra acuerdos con ellos por períodos mucho más largos.

321

La demandante añade que la Comisión incurrió en error al desestimar la alegación de que la agregación a lo largo del tiempo podría remediar los problemas derivados del sistema de contabilización tardía, dado que dicho riesgo solo afecta a cifras mínimas, entendiéndose que el riesgo de que los períodos de precios predatorios pudieran ser difíciles de identificar debido a su media durante un período de referencia más largo solo existiría si el análisis de precios y costes se efectuara no solo respecto del período en el que se llevó a cabo el comportamiento predatorio, sino también respecto de todo o parte del período de recuperación. A su juicio, puesto que el comportamiento predatorio alegado por la Comisión en el presente asunto se llevó a cabo durante dos años, habría sido posible efectuar el análisis de precios y costes sobre la base de períodos de referencia de seis meses.

322

En tercer lugar, la demandante sostiene que el ejercicio de reprocesamiento de los precios de venta medios efectuado en la Decisión impugnada es inútil, dado que, por lo que respecta a los precios de venta medios registrados en sus datos contables, la diferencia con el resultado de los cálculos de la Comisión es, en cualquier caso, mínima. Además, alega que el análisis de precios y costes efectuado por la Comisión en el pliego de cargos, que se basaba en sus datos, solo reveló precios inferiores a los costes de muy corta duración y de manera intermitente, lo que sería incompatible con una «teoría del perjuicio» desarrollada por esta basada en un cierre anticompetitivo del mercado. Según la demandante, ello sugiere que la Comisión únicamente reformuló los precios de venta medios para evitar que se declarara la existencia de un comportamiento predatorio intermitente y, por lo tanto, que no existía infracción.

323

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

324

Con carácter preliminar, procede recordar que el punto 12.5 de la Decisión impugnada expone el método de la Comisión y el cálculo de los precios de venta medios trimestrales que Huawei y ZTE pagaron realmente por unidad por los microchips objeto de investigación durante el período relevante.

325

En el pliego de cargos, la Comisión había basado sus cálculos principalmente en los datos contables de Qualcomm. Sin embargo, debido a la aplicación de los principios contables generalmente admitidos en Estados Unidos (en lo sucesivo, «USA GAAP») y de las alegaciones formuladas en la respuesta al pliego de cargos, la Comisión consideró inadecuado basar su análisis de precios y costes en dichos datos contables sin realizar ajustes para tener en cuenta el principio de contabilización de los ingresos y reflejar con mayor exactitud la realidad económica durante el período relevante.

326

En particular, según la Comisión, por una parte, los ingresos inicialmente registrados durante un trimestre determinado subestimaron potencialmente el precio efectivo final de las unidades vendidas durante ese trimestre y, por otra parte, la contabilización tardía de las reservas acumuladas por Qualcomm y aún no pagadas infló los ingresos del trimestre durante el cual se registraron. Esta contabilización tardía se debe a las USA GAAP aplicadas por la demandante, con arreglo a las cuales, en el momento del envío físico de un microchip, Qualcomm solo debía contabilizar los ingresos que fueran ciertos y mensurables. Las reservas únicamente vuelven a incluirse en la contabilidad de Qualcomm cuando se verifica la cantidad exacta de microchips a los que se aplica un incentivo financiero.

327

Por esta razón, la Comisión consideró que era inadecuado basarse en los datos contables de Qualcomm sin realizar ajustes para tener en cuenta la diferencia entre el trimestre en el que se vendían los microchips y el trimestre en el que se contabilizaban los ingresos.

328

En consecuencia, la Comisión valoró los precios «efectivamente pagados» teniendo en cuenta las reservas que volverían a incluirse en las cuentas de Qualcomm, para calcular los ingresos brutos percibidos en el trimestre en el que se había producido la venta.

329

En los puntos 608 a 610 de la Decisión impugnada, la Comisión precisó también que se había basado en períodos de referencia trimestrales habida cuenta de que, en primer lugar, de determinados documentos del [confidencial] se desprendía que las decisiones de fijación de precios eran adoptadas por Qualcomm trimestralmente; en segundo lugar, los clientes presentaban sus solicitudes de incentivos financieros también trimestralmente, y, en tercer lugar, este período era coherente con los datos relativos a los AVC facilitados por Qualcomm, que también se presentaban trimestralmente.

330

Por lo que respecta a la primera imputación, basada, en esencia, en el hecho de que la Comisión no tomó en consideración correctamente las alegaciones que la demandante había formulado en la respuesta al pliego de cargos, procede señalar que esta última no explica por qué la Comisión no tuvo debidamente en cuenta sus observaciones ni por qué no era necesaria la reconstrucción de los precios efectuada en la Decisión impugnada para responder a las críticas formuladas en dicha respuesta.

331

En cualquier caso, basta recordar que, como se indica en la Decisión impugnada, debido a la aplicación de los USA GAAP y a las alegaciones formuladas en la respuesta al pliego de cargos, la Comisión consideró inadecuado basar su análisis de precios y costes en los datos contables de Qualcomm sin realizar ajustes para tener en cuenta el principio de contabilización de los ingresos. Así pues, en el marco de la reconstrucción de los precios efectuada en dicha Decisión, la Comisión tuvo en cuenta esta circunstancia haciendo coincidir los ajustes introducidos en las cuentas con las ventas de que se trata, a fin de reflejar con mayor exactitud la realidad económica durante el período pertinente. En particular, ajustó dichos datos contables, sobre la base de documentos en poder de la demandante, para reasignar los distintos pagos de incentivos a las unidades a las que correspondían y calcular así el precio efectivamente pagado por Huawei y ZTE.

332

Además, es preciso señalar, como hace la Comisión, que esta institución ya ha practicado en el pasado determinados ajustes, basándose en las relaciones de precios y costes de la empresa dominante y en cualquier otra información pertinente facilitada por esta, para reflejar la realidad económica. Pues bien, este enfoque ha sido validado por la jurisprudencia del Tribunal General, por ejemplo, en las sentencias de 30 de enero de 2007, France Télécom/Comisión (T‑340/03, EU:T:2007:22), apartados 131 a 137; de 10 de abril de 2008, Deutsche Telekom/Comisión (T‑271/03, EU:T:2008:101), apartados 208 a 211, y de 13 de diciembre de 2018, Slovak Telekom/Comisión (T‑851/14, EU:T:2018:929), apartados 220 a 235.

333

En estas circunstancias, procede desestimar la primera imputación.

334

En lo tocante a la segunda imputación, basada en que el período de referencia trimestral no era el más adecuado para llevar a cabo el análisis de precios y costes, procede recordar que, en los ámbitos que exigen apreciaciones económicas complejas, el juez de la Unión no solo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos. A este respecto, el juez de la Unión deberá ejercer el control de legalidad basándose en las pruebas aportadas por la demandante en apoyo de los motivos invocados (véase la sentencia de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, apartados 54 y 56 y jurisprudencia citada).

335

En el presente asunto, en los considerandos 609, 610 y 630 a 633 de la Decisión impugnada, la Comisión expuso las pruebas que la habían llevado a adoptar un período de referencia trimestral y el razonamiento seguido para desestimar las objeciones formuladas por la demandante.

336

Antes de nada, procede señalar que, si bien es cierto que los datos reproducidos en los cuadros 28 a 30, 44 y 45 de la Decisión impugnada no demuestran una uniformidad completa en la determinación de los períodos de compra, no es menos cierto que de ellos se desprende que el período más frecuentemente utilizado es efectivamente el trimestre. A ello hay que añadir, por una parte, que el período aplicable a los clientes para presentar sus solicitudes de incentivos financieros era el trimestre y, por otra parte, que los datos sobre los costes relativos a los AVC facilitados por la propia Qualcomm también se facilitaron trimestralmente. Además, la demandante no ha presentado en sus escritos, ni en sus respuestas al pliego de cargos y al pliego de cargos adicional a las que hace referencia, ninguna alegación o prueba que respalde su tesis de que la Comisión debería haber utilizado un período de referencia de seis meses o de un año.

337

Los demás elementos invocados por la demandante tampoco permiten considerar que la Comisión incurriera en error al adoptar un período de referencia trimestral para efectuar el análisis de precios y costes.

338

Por una parte, la demandante no consigue demostrar de qué manera el problema de la contabilización tardía, que afecta a todo el período relevante, habría podido resolverse modificando el período de referencia, como ella pretende.

339

Por otra parte, aun cuando fuera cierto, como sostiene la demandante, que la consideración de un período de referencia más largo solo podría falsear el análisis en el caso de que se tuvieran en cuenta los precios relativos a un período superior al período en el que se llevó a cabo el comportamiento predatorio, esta circunstancia no implica que la elección del período de referencia deba ser necesariamente la propuesta por la demandante. En efecto, la elección entre un período de referencia trimestral, semestral o anual fue efectuada por la Comisión, en el presente asunto, en función de los datos y circunstancias más relevantes relativos a la actividad de la demandante. A este respecto, procede señalar que la demandante no ha logrado demostrar que la elección de un período de referencia trimestral adoleciera de error.

340

En estas circunstancias, procede desestimar la segunda imputación.

341

En lo tocante a la tercera imputación, basada en la inutilidad del reprocesamiento de los precios de venta medios efectuado por la Comisión, dado que, por lo que respecta a los precios de venta medios registrados en los datos contables de la demandante, la diferencia con el resultado de los cálculos de la Comisión es, en cualquier caso, mínima, de los considerandos 614, 739, 740, 774, 775 y 922 de la Decisión impugnada se desprende que la diferencia entre los precios contables de la demandante y los precios reconstruidos por la Comisión era, muy a menudo, escasa. Esta circunstancia fue confirmada, en esencia, por las partes en la vista.

342

Pues bien, la demandante no demuestra que esta circunstancia afecte a la legalidad de la Decisión impugnada. En efecto, si bien la diferencia entre los precios de venta medios registrados en sus datos contables y los precios de venta medios tal como fueron reconstruidos por la Comisión es mínima, de ello no puede deducirse que la Comisión incurriera en error al reconstruir los precios de venta medios. En estas circunstancias, procede desestimar la imputación.

343

Además, la alegación de la demandante de que un análisis de precios y costes, que se basaba en sus datos contables, solo reveló precios inferiores a los costes de muy corta duración y de manera intermitente y es, por consiguiente, incompatible con cualquier constatación de infracción no está fundamentada en absoluto. En efecto, la demandante no explica qué considera un comportamiento predatorio intermitente ni por qué razón este tipo de comportamiento predatorio no podría constituir una infracción del Derecho de la competencia.

344

A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar la tercera imputación y la primera parte del quinto motivo en su totalidad.

Segunda parte, basada en errores cometidos en la Decisión impugnada por lo que respecta al «reprocesamiento» efectuado

345

En apoyo de la presente parte, la demandante formula cinco imputaciones.

346

En primer lugar, la demandante sostiene que, para calcular los precios «efectivamente pagados», la Comisión transfirió erróneamente determinados incentivos financieros de los trimestres en los que habían sido registrados en el sistema contable de Qualcomm a los trimestres en los que las unidades de que se trata habían sido enviadas al cliente sobre la base de una manipulación incorrecta de las solicitudes de incentivos presentadas a Qualcomm por Huawei y ZTE, que figuraban en «paquetes de documentos» que no podían garantizar la fiabilidad del análisis de precios y costes.

347

La demandante señala además que las razones por las que los «paquetes de documentos» de que se trata no eran fiables se habían expuesto en la respuesta al pliego de cargos adicional, en la que explicó que habían sido elaborados de manera muy detallada por los clientes, que ya no estaban en condiciones de proporcionar aclaraciones al respecto en el momento en que la Comisión se lo pidió, en 2017. Por otra parte, estos «paquetes de documentos» están incompletos y a veces adolecen de incoherencias y errores.

348

En segundo lugar, la demandante reprocha a la Comisión haber utilizado un enfoque indebidamente retrospectivo, en la medida en que transfirió las reservas basándose en la hipótesis de que Qualcomm habría podido prever las solicitudes de incentivos con plena certeza en el momento de la venta.

349

A este respecto, carece de sentido la afirmación que figura en el considerando 620 de la Decisión impugnada, según la cual lo que importa es que Qualcomm estaba dispuesta a fomentar la compra de todas las unidades que, a priori, formaban parte de determinados acuerdos que establecían incentivos. La aplicación de los USA GAAP implicaba que, en el momento de recibir y enviar los pedidos de microchips, Qualcomm estaba obligada a asumir que todas las unidades de microchip podrían optar a cada uno de los incentivos potencialmente aplicables, sin que se le permitiera experimentar la menor incertidumbre. Ello no significa que Qualcomm hubiera aceptado que todas las unidades se beneficiaran de un incentivo máximo.

350

En tercer lugar, la demandante estima que el enfoque seguido por la Comisión incurre en incoherencia, en la medida en que esta última, por una parte, rechazó los precios contables de Qualcomm por «inadecuados» y, por otra parte, recurrió de manera selectiva a la utilización de esos mismos precios en dos cálculos cruciales, a saber, el del precio de los microchips para los que no existían «paquetes de documentos» y el efectuado con el fin de asignar los costes adicionales de I+D en el marco del análisis de precios y costes.

351

En cuarto lugar, la demandante alega que el enfoque seguido por la Comisión es contrario a la Decisión C(2014) 7465 final, adoptada en el asunto de 15 de octubre de 2014, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39523 — Slovak Telekom), en la que esta última consideró que era preferible, en aras de la seguridad jurídica, efectuar apreciaciones sobre la base de los datos de costes tal como fueron utilizados por la empresa en cuestión, y no sobre la base de datos resultantes de ajustes y cálculos complejos efectuados ex post.

352

En quinto lugar, la demandante señala que el método de la Comisión da lugar a precios que, en algunos casos, manifiestamente no son los precios «efectivamente pagados» por los clientes de Qualcomm. Por ejemplo, no existe ninguna incertidumbre en cuanto al precio real pagado por Huawei por los pedidos no enviados de [confidencial] unidades del microchip MDM8200 vendidas por Qualcomm, para las que el precio final y a tanto alzado acordado fue de [confidencial] [dólares estadounidenses (USD)] por microchip, tras deducir todo incentivo; en cambio, el precio reconstruido por la Comisión tras sus manipulaciones asciende a [confidencial] (USD) por microchip. Asimismo, en el primer trimestre de 2011, el precio pagado por Huawei por el microchip MDM8200 era de [confidencial] USD por microchip, aunque la Comisión concluyó, basándose en su método erróneo, que el precio medio neto de venta de dicho microchip era de [confidencial] USD por microchip.

353

Además, la Comisión no puede explicar por qué el precio medio neto de venta del incentivo principal en el primer trimestre de 2011 era incompatible con el precio medio neto de venta del incentivo principal mencionado en la diapositiva del [confidencial]: los dos precios reformulados que la Comisión intenta justificar basándose en la diapositiva de la presentación del [confidencial] de 4 de agosto de 2010 no son manifiestamente precios «reales».

354

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

355

Por lo que respecta a la primera imputación, basada, en esencia, en que los «paquetes de documentos» que contenían las solicitudes de incentivos presentadas a Qualcomm por Huawei y ZTE no podían garantizar la fiabilidad del análisis de precios y costes, basta señalar, como hizo la Comisión, que los documentos de que se trata fueron utilizados por la propia demandante al emitir notas de crédito y elaborar sus cuentas, como se indica en el considerando 597 de la Decisión impugnada, sin que la demandante haya negado este extremo. En consecuencia, a falta de otras pruebas aportadas por la demandante, procede desestimar la presente imputación.

356

En cuanto a la segunda imputación, basada en que la Comisión utilizó un enfoque indebidamente retrospectivo, en la medida en que transfirió las reservas basándose en la hipótesis de que Qualcomm habría podido prever las solicitudes de incentivos con plena certeza en el momento de la venta, debe señalarse que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el método de la Comisión no se basa en parámetros que Qualcomm no estuviera en condiciones de evaluar. En efecto, los precios de Qualcomm estaban estructurados como precios brutos a los que se aplicaban los incentivos, es decir, los descuentos. Así, cuando Qualcomm tomaba decisiones en materia de fijación de precios, sabía cuál podría ser el precio unitario más bajo si se aplicaban todos los incentivos. Como sostiene la Comisión, este cálculo tenía por objeto simplemente determinar, sobre la base de la información de que disponía Qualcomm y en la que se basó para elaborar sus cuentas, el precio efectivamente pagado por Huawei y ZTE. Estas consideraciones son suficientes para desestimar la presente imputación.

357

Por lo que respecta a la tercera alegación, basada en que el enfoque de la Comisión sobre los precios de Qualcomm incurre en incoherencia, para desestimarla basta con señalar que se basa en la premisa errónea de que la Decisión impugnada consideró que los precios contables de Qualcomm eran «inadecuados». En efecto, en los considerandos 603, 613 y 618 de dicha Decisión, citados por la demandante, la Comisión identifica claramente qué elementos de esos precios contables eran inadecuados, sin rechazar, no obstante, la posibilidad de utilizarlos tras efectuar los ajustes necesarios sobre la base de otras fuentes de información.

358

En lo tocante a la cuarta alegación, basada en una contradicción con la Decisión C(2014) 7465 final, adoptada en el asunto de 15 de octubre de 2014, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39523 — Slovak Telekom), es preciso señalar que, si bien es cierto que, en determinados casos, la Comisión se basó inicialmente en las cifras que figuraban en las cuentas de la empresa dominante, lo que, a veces, fue suficiente, cuando estas cifras no estaban disponibles o no se correspondían con las realidades del mercado, construyó valores representativos adecuados, basados también en cualquier información pertinente facilitada por la empresa dominante. Pues bien, como se ha señalado en el apartado 332 anterior, este enfoque ha sido validado por el Tribunal General. Por consiguiente, debe desestimarse la presente imputación.

359

En lo que atañe a la quinta imputación, basada en que el método de la Comisión da lugar a precios que, en algunos casos, manifiestamente no son los precios «efectivamente pagados» por los clientes de Qualcomm, procede señalar que, en cuanto al primer ejemplo invocado por la demandante, la diapositiva en la que se basa la defensa de la Comisión (anexo A.2.2.19 de la demanda) muestra efectivamente que el precio pagado por Huawei por el microchip MDM8200 tras la aplicación del incentivo era de [confidencial] (redondeado a [confidencial]) USD por microchip, lo que corresponde al precio calculado por la Comisión e indicado en el considerando 743 de la Decisión impugnada. En cuanto al segundo ejemplo, procede observar que el documento mencionado por la Comisión (anexo A.2.4.12 de la demanda) para demostrar que los precios aprobados por el [confidencial] habían sufrido variaciones sucesivas, tal como se aclaró en la respuesta de la Comisión a las preguntas formuladas por el Tribunal General, confirma que el precio comunicado a Huawei para el microchip MDM8200 en el primer trimestre de 2011 era inferior al presentado en [confidencial] y correspondía al precio efectivo de [confidencial] USD tal como fue calculado por la Comisión.

360

De ello se deduce que la demandante no ha demostrado la existencia de error alguno en el método utilizado por la Comisión y en los resultados a los que esta llegó en la Decisión impugnada. En estas circunstancias, procede desestimar la imputación.

361

De ello se deduce que debe desestimarse la segunda parte del quinto motivo. En consecuencia, dado que la primera parte de este motivo también ha sido desestimada (véase el apartado 344 anterior), procede desestimar dicho motivo en su totalidad.

Sexto motivo, basado en la «imputación incorrecta de los gastos no recurrentes de ingeniería»

362

Mediante el presente motivo, la demandante alega que, en su apreciación de los pagos NRE, la Comisión incurrió en «errores manifiestos de hecho y de Derecho y violó el principio de presunción de inocencia, el principio de seguridad jurídica y el principio in dubio pro reo». Además, la Decisión impugnada está insuficientemente motivada, en la medida en que no «tiene en cuenta» numerosas alegaciones importantes formuladas por Qualcomm durante el procedimiento administrativo. De este modo, la Comisión incumplió su «obligación de buena administración».

363

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

364

En virtud del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, toda demanda deberá contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados y, para declarar la admisibilidad de un recurso, es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que se base consten, siquiera sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio texto de la demanda.

365

Esta información debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal General resuelva el recurso. Lo mismo se aplica a las pretensiones, que deben ir todas acompañadas de motivos y alegaciones que permitan que tanto la parte demandada como el juez aprecien su fundamentación (sentencia de 13 de diciembre de 2018, Slovak Telekom/Comisión, T‑851/14, no publicada, EU:T:2018:929, apartados 74 y 75).

366

En el presente asunto, procede señalar que, si bien las alegaciones de la demandante formuladas en el marco del presente motivo pueden interpretarse en el sentido de que pretenden poner de relieve supuestos errores de apreciación cometidos por la Comisión en relación, por un lado, con el pago NRE a ZTE (primera parte) y, por el otro, con el pago NRE a Huawei (segunda parte), las violaciones invocadas por la demandante no van acompañadas de ninguna indicación que permita apreciar su fundamentación. De ello se deduce que las alegaciones de la demandante basadas en tales violaciones, en particular, la violación del principio de seguridad jurídica, la violación del principio de presunción de inocencia y la violación del principio in dubio pro reo, deben considerarse inadmisibles en la medida en que no van acompañadas de precisiones suficientes para apreciar su fundamentación.

367

Además, procede recordar que, según la jurisprudencia, si bien, con arreglo al artículo 296 TFUE, la Comisión está obligada a mencionar los hechos que justifican sus decisiones, en el marco de la aplicación de las normas sobre la competencia, así como las consideraciones jurídicas que le llevaron a adoptarla, esta disposición no exige que la Comisión examine la totalidad de los elementos de hecho y de derecho abordados durante la fase administrativa. La motivación de una decisión que causa un perjuicio debe permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control sobre la legalidad y proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si la decisión es conforme a Derecho (sentencia de 11 de julio de 1985, Remia y otros/Comisión, 42/84, EU:C:1985:327, apartado 26). Por lo tanto, a la luz de esta jurisprudencia, la demandante no puede invocar fundadamente el hecho de que la Comisión no haya respondido concretamente en la Decisión impugnada a todas las observaciones de hecho o de Derecho que había formulado durante el procedimiento administrativo.

Primera parte, relativa al pago del NRE a ZTE

368

En apoyo de la primera parte, tras describir, sin cuestionarla, la cronología de los hechos relativos, en particular, al acuerdo sobre los gastos no recurrentes de ingeniería celebrado con ZTE y al pago NRE a esta última, la demandante alega que la Comisión consideró erróneamente que dicho pago equivalía a un descuento [confidencial] USD por unidad para los microchips MDM6200 adquiridos por ZTE en 2010, a pesar de que la aprobación de diciembre de 2009 nunca había sido formalizada en un acuerdo ni se había comunicado a ZTE.

369

Según la demandante, si la Comisión no hubiera tenido en cuenta este descuento por unidad respecto a ZTE, no habría identificado un comportamiento predatorio en el análisis de precios y costes de los microchips MDM6200.

370

En primer lugar, la demandante considera que la aprobación, a finales de 2009 y en mayo de 2010, de un conjunto de incentivos posibles para ZTE formaba parte de un conjunto más amplio de incentivos respecto a esta última, que no se limitaban al segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS.

371

En segundo lugar, en cuanto a la consideración de la Comisión según la cual el pago NRE a ZTE equivalía a un descuento por unidad para los microchips MDM6200 comprados por ZTE en 2010, la demandante formula las siguientes alegaciones.

372

En primer término, la demandante sostiene que las condiciones de aprobación cambiaron entre diciembre de 2009 y mayo de 2010, como resultado de una reevaluación meditada, lo que tuvo como consecuencia que el pago NRE a ZTE ya no podía considerarse un descuento. Añade que la Comisión considera el pago a tanto alzado de [confidencial] USD como un descuento de [confidencial] USD por microchip, es decir, como un descuento mucho más elevado que el de [confidencial] USD por microchip supuestamente previsto por Qualcomm en diciembre de 2009.

373

En segundo término, alega que la Comisión no aporta ninguna prueba ni del hecho de que Qualcomm tuviera la intención, o incluso la conciencia, de conceder a ZTE un incentivo equivalente a un descuento de [confidencial] USD por microchip ni del hecho de que ZTE tuviera conocimiento de tal descuento unitario. De ello se deduce que el pago NRE a ZTE no habría podido incitar a esta última a comprar microchips MDM6200 en 2010. Por el contrario, la propia Comisión aporta la prueba de que, a juicio de Qualcomm, el precio de esos microchips vendidos a ZTE era superior al que habría resultado de la aplicación de un descuento de [confidencial] USD por microchip.

374

En tercer término, al tratar el pago NRE a ZTE como un descuento recibido por cada microchip comprado por esta, la Decisión impugnada llega a un descuento por microchip artificialmente inflado de [confidencial] USD, precisamente porque dicho pago es independiente del número de unidades vendidas y, al mismo tiempo, la demanda de microchips MDM6200 por parte de ZTE en 2010 representa una pequeña fracción de la prevista por Qualcomm en diciembre de 2009, lo que habría llevado a la Comisión a repartir este pago de [confidencial] USD entre una pequeña fracción de las 1 250 000 unidades mencionadas en los correos electrónicos de diciembre de 2009. Si el pago en cuestión hubiera incitado realmente a ZTE a comprar más unidades del microchip MDM6200, el descuento implícito por unidad habría sido menor y la constatación de un precio inferior al «coste», menos probable.

375

En cuarto término, la demandante sostiene que, aunque en la Decisión impugnada la Comisión admite que la cifra inflada es el resultado de una escasa demanda por parte de ZTE del microchip MDM6200, especula que esta menor demanda puede haber sido una de las razones que explicaban los cambios en las condiciones de pago concedidas por Qualcomm en la reunión del [confidencial] de 24 de mayo de 2010. Pues bien, Qualcomm identificó una carta de mayo de 2010, de la que se desprende que ZTE había previsto una demanda de 475 000 unidades del microchip MDM6200 para ese año. Según Qualcomm, si esa cifra se aplicase al pago de [confidencial] USD, se obtendría un descuento hipotético de [confidencial] USD por microchip en el momento de la aprobación de mayo de 2010 y de los precios pagados por ZTE para el microchip MDM6200, que serían invariablemente superiores a los LRAIC de la Decisión impugnada.

376

En quinto término, aunque Qualcomm hubiera querido que el pago NRE constituyera un descuento unitario de [confidencial] USD, en cualquier caso ello no habría sido pertinente desde un punto de vista económico, puesto que dicho pago nunca habría incitado a ZTE a comprar microchips MDM6200 en lugar de microchips suministrados por un competidor, dado que el importe del incentivo era fijo y no aumentaba en función del número de microchips comprados.

377

En sexto término, el hecho de que, en febrero de 2011, Qualcomm accediera a la solicitud de ZTE de prorrogar el plazo para obtener la calificación de operador de dispositivos para el microchip MDM8200A hasta el 30 de junio de 2011, pero denegara una solicitud equivalente para los dispositivos que incorporan un microchip MDM6200, demuestra, en su opinión, que el pago a tanto alzado estaba contractual y efectivamente vinculado al microchip MDM8200A, lo que también queda confirmado por la correspondencia interna de Qualcomm.

378

En tercer lugar, la demandante critica una incoherencia en la Decisión impugnada entre, por una parte, las conclusiones relativas al comportamiento predatorio y, por otra parte, la constatación de un aumento del precio y del margen de los microchips MDM6200 vendidos a ZTE. A su modo de ver, también existe una anomalía en el reparto de los supuestos costes de I+D entre los microchips MDM6200 y MDM6600 en 2010, puesto que los precios utilizados en el cálculo de la Comisión para los microchips MDM6200 vendidos a ZTE no se reducen en función del descuento derivado de los gastos no recurrentes de ingeniería.

379

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

380

Con carácter preliminar, procede señalar que, en particular en los considerandos 677 a 693 de la Decisión impugnada, la Comisión calculó los precios pagados por ZTE y Huawei y, de conformidad con las consideraciones desarrolladas en particular en los puntos 12.4.2.3, 12.4.2.4, 12.4.2.6 y 12.4.2.11 de la citada Decisión, a la reasignación de dos descuentos derivados de los gastos no recurrentes de ingeniería concedidos por Qualcomm a esos dos clientes. Según la Comisión, aunque cada descuento se registró formalmente como aplicable a los microchips MDM8200A vendidos a estos clientes, existen pruebas contemporáneas que demuestran que la verdadera intención de Qualcomm era, por una parte, conceder un pago a tanto alzado de [confidencial] USD (inicialmente de [confidencial] USD) a ZTE, que debía aplicarse a las ventas efectuadas en 2010, con el objetivo de animar a esta última a comprar y elaborar soluciones basadas en el microchip MDM6200 y, por otra parte, conceder un descuento retroactivo en forma de pago a tanto alzado de [confidencial] USD a Huawei con el fin de reducir el precio de las unidades del microchip MDM8200 que había adquirido de Qualcomm, pero que habían resultado demasiado costosas para permitir a Huawei obtener licitaciones posteriores.

381

Por lo que respecta al pago NRE a ZTE, para llegar a su conclusión, la Comisión, en los puntos 12.4.2.4, 12.4.2.6 y 12.4.2.11 de la Decisión impugnada, se refiere a documentos internos de Qualcomm, que demuestran, en su opinión, que esta última no estaba en condiciones de proponer a ZTE un precio inferior al propuesto a Huawei y temía reducir demasiado pronto el precio del microchip MDM6200, que, en ese momento, aún no se había lanzado. En consecuencia, se propuso, a partir de diciembre de 2009, tratar la cuestión de la fijación de los precios en forma de descuentos puntuales derivados de los gastos no recurrentes de ingeniería, una parte de los cuales estaba relacionada con el requisito de que ZTE obtuviera la calificación de operador de dispositivos para el microchip MDM8200A y la otra con el requisito de que ZTE obtuviera la calificación de operador de dispositivos para el microchip MDM6200, todo ello antes del 31 de diciembre de 2010 (plazo que fue después prorrogado, habida cuenta de la certificación del microchip MDM8200A, hasta el 30 de junio de 2011). Según la Comisión, este pago tenía por objeto, en realidad, reducir el precio del microchip MDM6200 en [confidencial] USD por microchip que Qualcomm tenía previsto vender a ZTE en 2010. A raíz de una disminución significativa de los pedidos de ZTE en comparación con las previsiones de Qualcomm, el importe de la reducción efectivamente concedida fue de [confidencial] USD por microchip.

382

En primer lugar, es preciso señalar que el hecho de que Qualcomm haya aplicado respecto a ZTE una serie de incentivos relativos a diferentes microchips, incluidos microchips que no se utilizaban en el segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS, no significa sin embargo que algunos de ellos no puedan tenerse en cuenta a efectos del análisis de precios y costes efectuado para la apreciación del comportamiento predatorio.

383

En segundo lugar, de la descripción de la demandante se desprende que la diferencia entre el incentivo aprobado en diciembre de 2009 y el aprobado en mayo de 2010 reside en el hecho de que el primero implicaba un pago de [confidencial] USD, realizable cuando se firmó el acuerdo, y de [confidencial] USD, realizable a condición de que ZTE obtuviera la calificación de operador de dispositivos para el microchip MDM8200A, y que el segundo implicaba un pago de [confidencial] USD, pagadero a condición de que ZTE obtuviera la calificación de operador de dispositivos para el microchip MDM6200. Sin embargo, la demandante no explica por qué razón el hecho de que «los términos de la aprobación [hubier]an cambiado de diciembre a mayo ponen de relieve una reevaluación meditada» ni cómo ello le sería favorable a efectos de la apreciación del comportamiento predatorio.

384

Por el contrario, como se describe en los considerandos 501 y 502 de la Decisión impugnada, las comunicaciones internas de diciembre de 2009, realizadas entre los directivos (como el director de gestión de productos QCT y los vicepresidentes de finanzas y ventas), dan cuenta, en primer término, de que los precios ofrecidos a ZTE para el microchip MDM6200 no podían ser inferiores a los ofrecidos a Huawei y de que Qualcomm no quería una «variación drástica del precio»; en segundo término, de que Qualcomm temía pérdidas por el microchip MDM6200 como consecuencia de la colaboración entre ZTE e Icera y, en tercer término, de que la solución prevista era un pago NRE vinculado a los microchips MDM6200 o MDM8200A «para evitar que Icera [ganara] una cuota de mercado significativa». La solución a esta inquietud se identificó en la propuesta «ZTE MDM6200 Price Proposal» de diciembre de 2009 que, de cierto modo, no era una «variación drástica del precio» en la medida en que no se trataba de una variación del precio, sino de un incentivo, y que incluía un pago vinculado a la calificación de operador de dispositivos para el microchip MDM8200A y a la compra de un determinado número de unidades del microchip MDM6200, con la posibilidad de retener el pago en caso de que no se cumpliera alguno de los requisitos.

385

Además, de la presentación en la reunión [confidencial] de 8 de febrero de 2010, consecutiva por tanto a la aprobación de diciembre de 2009, se desprende que el pago que, en aquel momento, se suponía que estaba destinado formalmente tanto al microchip MDM8200A como al microchip MDM6200 tenía en realidad como único objetivo reducir el precio de este último.

386

Además, procede señalar, como hace la Comisión, que el requisito inicialmente propuesto de que ZTE adquiriera [confidencial] unidades del microchip MDM6200 en 2010 (correspondientes a las previsiones de la demanda de ZTE en aquel momento) no se formalizó en la aprobación del [confidencial]. Sin embargo, en mayo de 2010, teniendo en cuenta que las previsiones de la demanda de ZTE habían caído a 475 000 unidades, el [confidencial] modificó la estructura de los pagos NRE. Por otro lado, contrariamente a lo que sostiene la demandante, nada indica que esas modificaciones correspondieran a un cambio en la intención subyacente a dichos pagos, que era fomentar las compras de microchips MDM6200 por parte de ZTE. En efecto, si el objetivo inicial hubiera sido, en diciembre de 2009, fomentar las compras de microchips MDM8200A, o si ese hubiera sido el objetivo en mayo de 2010, no habría sido necesario ni lógico reducir el descuento para los microchips MDM8200A de [confidencial] a [confidencial] USD (es decir, una reducción del 60 %). En cambio, al haberse revisado sustancialmente las previsiones de la demanda de microchips MDM6200 de ZTE, que pasaron de [confidencial] unidades a menos de [confidencial] unidades, ya no estaba justificado, desde el punto de vista de Qualcomm, proponer a ZTE el descuento inicialmente previsto de [confidencial] USD.

387

No obstante, la modificación de la estructura de los pagos NRE permitía mantener un pago equivalente a un descuento de [confidencial] USD por unidad, formalmente vinculado a los microchips MDM8200A (pero, en realidad, destinado a los microchips MDM6200), proponiendo al mismo tiempo duplicar el pago (que pasaría pues a [confidencial] USD) si el cliente obtenía una certificación de operador para el microchip MDM6200 antes de finales de 2010, es decir, si ZTE estimulaba el desarrollo de una solución MDM6200 durante el año 2010. La Comisión señala acertadamente que la negativa de Qualcomm a ampliar el plazo de cualificación de operador para los microchips MDM6200 en febrero de 2011 se ajusta a esta estructura y a la conclusión de Qualcomm de que ZTE no había hecho lo suficiente para incentivar el microchip MDM6200 en 2010 como para merecer recibir el resto de los descuentos derivados de los gastos no recurrentes de ingeniería.

388

En cuanto a la alegación de la demandante de que el hecho de que Qualcomm se hubiera negado, en febrero de 2011, a prorrogar el plazo para obtener la calificación de operador de dispositivos que incorporan un microchip MDM6200 demuestra que el pago NRE a ZTE estaba contractual y efectivamente vinculado al microchip MDM8200A, procede señalar que esta circunstancia y, en consecuencia, el hecho de que Qualcomm no abonara a ZTE la cantidad de [confidencial] USD correspondiente son perfectamente coherentes con la intención inicial de Qualcomm de establecer un mecanismo de recuperación de parte del pago NRE si ZTE no adquiría los volúmenes previstos de microchips MDM6200.

389

Por lo que respecta a la consideración del pago NRE a ZTE como descuento unitario, debe señalarse que no puede constatarse ningún error de la Comisión ni en lo que respecta a la contabilización de dicho pago a las unidades aplicables, ni en relación con el cálculo del descuento ni con la apreciación del contexto.

390

En primer término, para poder cuantificar el importe del pago NRE a ZTE, procede contabilizar cualquier pago relativo a los microchips MDM6200 pedidos y entregados, a saber, 145 775 unidades, dividiendo el importe total de los pagos por el importe total de las unidades pedidas y compradas.

391

La circunstancia de que el pago NRE a ZTE dé lugar finalmente a un descuento unitario tres veces superior al inicialmente previsto no es sino el resultado de una reducción significativa de la cantidad de microchips MDM6200 pedidos y comprados por ZTE en relación con la prevista por Qualcomm, a saber [confidencial] unidades. Dado que el importe del incentivo se había establecido a priori, cada microchip se benefició de una reducción de precio mucho más elevada que la inicialmente prevista. En otras palabras, este aumento del descuento aplicado a cada microchip solo constituye un efecto secundario de una previsión errónea de ventas de Qualcomm en relación con ZTE.

392

En cuanto a la circunstancia de que ZTE no estaba al corriente de que el pago NRE que le estaba destinado debía considerarse un descuento unitario, debe señalarse que la jurisprudencia no exige que el cliente de la empresa que ostenta la posición dominante tenga conocimiento del método utilizado para llegar a la aplicación de un precio inferior al coste. En efecto, basta, por una parte, que el análisis de precios y costes revele un precio superior a la medida de coste elegida y, por otra parte, que exista una intención de eliminar al competidor destinatario (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, EU:C:1991:286, apartados 71 y 72).

393

Además, por lo que se refiere a la alegación basada en que el pago no animó a ZTE a comprar más microchips, procede señalar que, en la sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros (C‑377/20, EU:C:2022:379), apartado 53 y jurisprudencia citada, el Tribunal de Justicia declaró que, para calificar de abusiva una práctica llevada a cabo por una empresa que ocupa una posición dominante no era preciso demostrar, en el caso de una práctica llevada a cabo por tal empresa con el fin de expulsar a sus competidores del mercado de que se trate, que se había logrado ese resultado, ni tampoco un efecto de exclusión concreto en el mercado. En efecto, el artículo 102 TFUE pretende sancionar el hecho de que una o varias empresas exploten de manera abusiva una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo, con independencia de que dicha explotación haya tenido éxito o no.

394

En tercer lugar, la alegación de la demandante basada en que la Decisión impugnada incurre en incoherencia apenas se esboza, de modo que es difícil comprender en qué medida tal incoherencia podría afectar a la legalidad de dicha Decisión, con la consecuencia de que esta alegación debe declararse inadmisible. En cualquier caso, la explicación dada por la Comisión, a saber, que el aumento del precio y del margen de los microchips MDM6200 vendidos a ZTE durante el período relevante es una consecuencia de los descuentos derivados de los pagos NRE, es totalmente coherente con el resto de su razonamiento. Por lo que se refiere a la supuesta anomalía en el reparto de los supuestos costes de I+D entre los microchips MDM6200 y MDM6600 en 2010, basta señalar que el considerando 841 de dicha Decisión explica de manera detallada y creíble las razones que llevaron a la Comisión a proceder de ese modo, razones que, por lo demás, la demandante solo rebate de manera genérica.

395

Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la primera parte del sexto motivo.

Segunda parte, relativa al pago NRE a Huawei

396

Según la demandante, aun suponiendo que hubiera percibido el pago NRE a Huawei como una «compensación» por las existencias de microchips MDM8200 que esta última había acumulado, dicho pago se refería a microchips que ya habían sido comprados y, por lo tanto, no habría podido incitar a Huawei a comprar más microchips. Además, como se desprende también de la respuesta de Huawei a una solicitud de información de la Comisión, los términos del acuerdo sobre los gastos no recurrentes de ingeniería celebrado con Huawei y dicho pago, vinculado a la calificación de operador de dispositivos para el microchip MDM8200A, no incitaban a Huawei a comprar dichos microchips, sino más bien microchips MDM8200A, y ello por un período indeterminado.

397

Con carácter más general, la demandante reprocha a la Comisión haber suprimido, en el considerando 1142 de la Decisión impugnada, la frase que contenía una «cuasialegación» explícita de «ocultación» introducida en el pliego de cargos adicional por lo que se refería a los pagos NRE a ZTE y a Huawei, a la que Qualcomm había respondido durante el procedimiento administrativo, manteniendo al mismo tiempo sin cambios el resto del considerando en lo que respecta a los pagos NRE. En su opinión, esta supresión constituye una falta de motivación, que ilustra también la incapacidad de la Comisión para demostrar la intención de Qualcomm de excluir a Icera del mercado.

398

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

399

Con carácter preliminar, procede señalar que, por lo que se refiere al pago NRE a Huawei, la Comisión se refiere en el punto 12.4.2.3 de la Decisión impugnada a documentos internos de Qualcomm que demuestran, a su juicio, que, dado que varios directivos de Qualcomm se opusieron a ceder a las presiones de Huawei, que solicitaba reducciones de precio importantes para los microchips MDM8200, Qualcomm finalmente acordó conceder una reducción de precio retroactiva para los envíos del microchip MDM8200 posteriores al 23 de noviembre de 2009, así como un «MDM8200A NRE», es decir, un pago oficial destinado a cubrir gastos no recurrentes de ingeniería efectuados para la certificación de un dispositivo específico que integraba el microchip MDM8200A y que ascendía a [confidencial] (y posteriormente a [confidencial]) USD. Según la Comisión, a pesar de estar formalmente asociado a la obtención de la certificación de operador para este último microchip, el pago NRE tenía una relación explícita con las existencias del microchip MDM8200 de Huawei y permitió aplicar una reducción retroactiva del precio por unidad.

400

En primer lugar, no puede prosperar la alegación de la demandante basada en el hecho de que Huawei ya había comprado los microchips MDM8200 y, por lo tanto, no pudo verse incitada a comprar más unidades por el pago NRE que le estaba destinado. En efecto, de los documentos y de la correspondencia mencionados, en particular, en los considerandos 480 a 486 de la Decisión impugnada se desprende que este incentivo se concedió a Huawei con el fin de ayudarla a deshacerse de un exceso de tales microchips, en un contexto en el que esta invocaba cada vez más la presión competitiva ejercida por Icera, en particular mediante el microchip ICE8042, para obtener condiciones más favorables.

401

Además, de los documentos y de la correspondencia mencionados, en particular, en los considerandos 480 a 486 de la Decisión impugnada se colige que Qualcomm no estaba en condiciones de ignorar los requerimientos de Huawei, lo que demuestra que las negociaciones sobre los precios aún estaban en curso en el momento en que Qualcomm decidió conceder el pago NRE a Huawei y que las condiciones de venta de los microchips MDM8200 aún no se habían fijado definitivamente en aquel momento.

402

Por lo que respecta a la alegación de la demandante basada en el hecho de que los términos del acuerdo sobre los gastos no recurrentes de ingeniería y el pago NRE a Huawei no incitaban a esta última a comprar microchips MDM8200, sino más bien microchips MDM8200A, procede señalar, como hace la Comisión, que las respuestas de Huawei a las preguntas de la Comisión no demuestran que esta considerase que dicho pago se refería a los microchips MDM8200A. Por el contrario, como se indica en el considerando 681 de la Decisión impugnada, la respuesta de Huawei se limita a repetir simplemente los términos de dicho acuerdo, que no se corresponden con las pruebas relativas al verdadero objetivo de ese pago. Pues bien, de las pruebas mencionadas en los considerandos 482 y 679 de dicha Decisión se desprende, como ha reconocido la propia Qualcomm en la respuesta al pliego de cargos, que el mismo pago debía servir de descuento retroactivo para los microchips MDM8200. Además, la afirmación de Qualcomm de que Huawei consideraba que el pago en cuestión se refería a los microchips MDM8200A se ve contradicha por las pruebas contemporáneas mencionadas en los considerandos 491, 527 y 543 de dicha Decisión, que ponen de relieve que Huawei solicitó a Qualcomm que ajustara los descuentos derivados de los gastos no recurrentes de ingeniería para tener en cuenta unas existencias adicionales de unidades para los microchips MDM8200 que había registrado. De estos elementos se desprende que Huawei sabía perfectamente que la verdadera intención subyacente al pago NRE era utilizarlo como descuento para los microchips MDM8200, y no para los microchips MDM8200A.

403

Por último, en lo que atañe a la «cuasialegación» explícita de «ocultación» introducida en el pliego de cargos adicional por lo que se refería a los pagos NRE a ZTE y a Huawei, es cierto, por una parte, que la última frase del punto 771 del pliego de cargos adicional planteaba la cuestión de si el hecho de que Qualcomm no hubiera contabilizado correctamente los gastos no recurrentes de ingeniería para los microchips era un intento de disimular el descuento ligado al pago de dichos gastos, y, por otra parte, que esta cuestión no se ha reproducido en la Decisión impugnada. No obstante, no puede prosperar la crítica de la demandante relativa a la supresión de esta «cuasialegación», según la cual dicha supresión constituye una falta de motivación e ilustra también la incapacidad de la Comisión para demostrar la intención de Qualcomm de excluir a Icera del mercado.

404

En efecto, basta señalar a este respecto que, a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 307 anterior, la Comisión no estaba obligada a responder específicamente en la Decisión impugnada a todas las observaciones de hecho o de Derecho que había formulado durante el procedimiento administrativo. Por otra parte, como alega la Comisión, la supresión en la Decisión impugnada de la última frase del punto 771 del pliego de cargos adicional demuestra, contrariamente a lo que sostiene la demandante, que la Comisión tuvo en cuenta la respuesta de Qualcomm durante el procedimiento administrativo, sin que ello influyera en la prueba de la intención de Qualcomm de excluir a Icera del mercado pertinente.

405

A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar la segunda parte del sexto motivo. En consecuencia, dado que la primera parte de este motivo también ha sido desestimada (véase el apartado 395 anterior), procede desestimar dicho motivo en su totalidad.

Séptimo motivo, basado en la «falta de una referencia adecuada en materia de costes de referencia»

406

Mediante el séptimo motivo, que se divide en tres partes, la primera basada en la violación del principio de seguridad jurídica y del principio in dubio pro reo; la segunda en que el criterio de los LRAIC no es el coste de referencia adecuado y la tercera en que los LRAIC calculados por la Comisión no corresponden a los «verdaderos» LRAIC, la demandante alega que el tratamiento de los costes en la Decisión impugnada adolece de numerosos errores y viola los principios generales del Derecho.

Observaciones preliminares

407

En el punto 12.6 de la Decisión impugnada, la Comisión explicó, en relación con los microchips objeto de la investigación, las razones por las que había considerado que la medida de los costes más adecuada para el análisis de precios y costes eran los LRAIC. En el marco del cálculo de estos últimos, tuvo en cuenta, por una parte, los costes de fabricación, que variaban en función de la cantidad de microchips producidos y que representaban así el componente variable pertinente de los LRAIC (punto 12.6.2 de dicha Decisión), y, por otra parte, los costes de I+D de Qualcomm, tal como se registraban en la base de datos relativa a los costes de I+D de Qualcomm [confidencial], capturando así la parte fija más importante del coste incremental de producción de un microchip (punto 12.6.3 de la citada Decisión). Añadió que no se habían incluido otros tipos de costes fijos, como los costes de comercialización, por lo que los LRAIC calculados por ella eran, en consecuencia, inferiores a los ATC de Qualcomm.

408

Según la Comisión, habida cuenta de los criterios establecidos por el juez de la Unión en este ámbito, los LRAIC eran la medida de costes más adecuada en el presente asunto para calcular el porcentaje mínimo de cobertura de los costes soportados por Qualcomm en relación con los productos de que se trata. Considera que, al ser Qualcomm una empresa multiproducto que se beneficiaba de economías de alcance, varios productos podían necesitar las mismas actividades de producción, con la consecuencia de que los costes pertinentes no variaban en función del número de productos suministrados (en lo sucesivo, «costes comunes»). De ello se desprende, según la Comisión, que esos costes no se tuvieron en cuenta en el marco de los LRAIC, puesto que estos solo comprenden los costes de producción específicos de los productos objeto de la investigación. Por consiguiente, la media de todos los costes variables y fijos que Qualcomm soportaba para fabricar un producto específico, es decir, los LRAIC, también sería inferior, por cada producto, a los ATC.

409

La Comisión estima en la Decisión impugnada que la consideración de que los LRAIC eran inferiores, para cada producto, a los ATC no queda desvirtuada por el hecho de que cada microchip podía entrañar repercusiones en materia de I+D en favor de futuros microchips o haberse beneficiado de ellas. Según la Comisión, las repercusiones de las que se beneficiaba un microchip particular podían verse compensadas aproximadamente por las repercusiones generadas a su vez por ese microchip particular en favor de futuros microchips. Indicó que, por lo tanto, los costes de I+D soportados por un microchip no se habían reducido en función de las repercusiones que podría haber generado ese mismo microchip en favor de un futuro microchip. Sin embargo, por lo que se refiere a los microchips MDM8200 y MDM8200A, la Comisión ajustó su reparto de los costes de desarrollo teniendo en cuenta que de los elementos del expediente se desprendía que el microchip MDM8200 había dado lugar a muchas más repercusiones en favor del microchip MDM8200A que aquellas de las que él mismo se había beneficiado.

410

En la práctica, para calcular los AVC, la Comisión se basó en el parámetro del «coste unitario medio», tal como se desprendía de los datos de Qualcomm, que podía explicarse según dos criterios contables: un primer criterio que refleja el coste unitario medio de los microchips vendidos durante un trimestre determinado y un segundo criterio que refleja el coste unitario de los microchips adquiridos por Qualcomm (de fundiciones) durante un trimestre determinado. Inicialmente, en el pliego de cargos, la Comisión siguió el primer criterio. A continuación, en el pliego de cargos adicional y en la Decisión impugnada, para tener en cuenta determinadas observaciones formuladas por Qualcomm, la Comisión siguió más bien el segundo criterio, acompañado de ciertos ajustes destinados principalmente a resolver un problema de contabilización de existencias.

411

En cambio, para calcular los costes de I+D de Qualcomm que debían atribuirse a cada microchip, la Comisión identificó como «incrementales» respecto de este último determinados elementos de coste en el [confidencial], que Qualcomm utilizaba para registrar y atribuir determinados costes fijos a uno u otro microchip. En particular, la identificación de los costes «incrementales» se realizó sobre la base de un documento interno de Qualcomm en el que se utilizaba ese mismo término, a saber, la presentación interna titulada [confidencial], relativa a la [confidencial] (en lo sucesivo, [confidencial]), y de las explicaciones dadas por Qualcomm durante el procedimiento administrativo sobre las categorías de costes consideradas «incrementales» en dicho documento.

Primera parte, basado en la violación del principio de seguridad jurídica y del principio in dubio pro reo

412

La demandante alega que la Comisión violó el principio de seguridad jurídica, el principio de presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo al utilizar dos enfoques diferentes, uno «descendente», o «top‑down», y otro «ascendente», o «bottom-up», para calificar la inversión total en I+D de Qualcomm en el pliego de cargos, por una parte, y en el pliego de cargos adicional y la Decisión impugnada, por otra parte. Más concretamente, la Comisión admitió en el pliego de cargos que el [confidencial] era inadecuado para un análisis de precios y costes. En cambio, en el pliego de cargos adicional y la Decisión impugnada, la Comisión utiliza datos extraídos de dicha base de datos y el método empleado en ellos conduce a márgenes muy diferentes, entre microchips y de un trimestre a otro, de los indicados en el pliego de cargos.

413

La demandante alega asimismo que la diferencia entre el método utilizado en el pliego de cargos, por una parte, y el método utilizado en el pliego de cargos adicional y la Decisión impugnada, por otra, le privó de la posibilidad de anticipar el método finalmente utilizado por la Comisión, así como sus resultados cuando adoptó las decisiones pertinentes en materia de fijación de precios de los microchips o, a fortiori, las decisiones de inversión en I+D. Afirma que la propia Comisión no estaba en condiciones de anticipar los elementos fundamentales del método finalmente utilizado en dicha Decisión, ni sus resultados, después de más de cinco años de investigación.

414

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

415

Con carácter preliminar, procede señalar, como se ha hecho en los apartados 364 a 366 anteriores, que las imputaciones formuladas por la demandante basadas en la violación del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo deben considerarse inadmisibles en la medida en que no van acompañadas de precisiones suficientes para apreciar su fundamentación.

416

Por otra parte, en primer lugar, por lo que respecta a la alegación de la demandante basada, en esencia, en la diferencia entre los métodos de análisis utilizados por la Comisión, por una parte, en el pliego de cargos y, por otra parte, en el pliego de cargos adicional y la Decisión impugnada, debe recordarse que, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 146 anterior, hasta que se adopte una decisión final, la Comisión puede, en particular a la vista de las observaciones escritas u orales de las partes, abandonar algunos o incluso todos los cargos inicialmente presentados en contra de ellas y modificar así su postura a favor de estas o decidir añadir nuevos cargos, siempre que dé a las empresas interesadas la ocasión de manifestar su punto de vista al respecto. Lo mismo sucede con el método utilizado por la Comisión en su análisis de precios y costes.

417

En efecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, si bien el principio de seguridad jurídica exige que las normas de Derecho sean claras y precisas y tiene por finalidad garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas que entran dentro del ámbito del Derecho de la Unión (véanse las sentencias de 15 de septiembre de 2005, Irlanda/Comisión, C‑199/03, EU:C:2005:548, apartado 69 y jurisprudencia citada, y de 29 de marzo de 2012, España/Comisión, T‑398/07, EU:T:2012:173, apartado 107), no es menos cierto que del carácter provisional del método utilizado en el pliego de cargos para determinar la medida de los costes más adecuada para el análisis de precios y costes se desprende que la Decisión final de la Comisión no puede anularse por el mero hecho de que los resultados derivados de la aplicación de otro método en el pliego de cargos y en la Decisión impugnada no se correspondan de manera idéntica a los resultados que se habrían obtenido aplicando el método inicialmente utilizado en el pliego de cargos (véase, por analogía, la sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión, C‑448/11 P, no publicada, EU:C:2013:801, apartado 43).

418

Además, procede señalar que, en el presente asunto, la demandante no niega haber tenido la posibilidad de explicar su punto de vista durante el procedimiento administrativo y, en particular, tras el envío del pliego de cargos adicional, sobre el método que debía utilizarse en la Decisión impugnada.

419

Asimismo, la demandante se limita a hacer referencia al carácter «ascendente» y «descendente» de los métodos utilizados por la Comisión y a una diferencia entre los márgenes exigidos entre los microchips y de un trimestre a otro, sin explicar, salvo mediante una remisión a sus escritos presentados durante el procedimiento administrativo y adjuntos a la demanda, cuáles serían concretamente las diferencias entre el enfoque «descendente» y el enfoque «ascendente», así como sus implicaciones prácticas. A este respecto, cabe observar, al igual que hace la Comisión, que el método adoptado en la Decisión impugnada (y en el pliego de cargos adicional) se basa en los costes reales de I+D que la propia Qualcomm ha contabilizado para cada microchip. Por esta razón, la Comisión consideró que este método reflejaba con mayor exactitud los costes de I+D realmente incurridos para el desarrollo de cada microchip que el aplicado en el pliego de cargos.

420

Por lo tanto, aun suponiendo que los métodos de análisis utilizados por la Comisión en el pliego de cargos, por una parte, y en el pliego de cargos adicional y la Decisión impugnada, por otra, produzcan resultados diferentes, como sostiene la demandante, este elemento no permite considerar en el presente asunto que la Comisión incurriera en error al adoptar en la Decisión impugnada un método basado en los costes de I+D reales que la propia Qualcomm había contabilizado para cada microchip. En estas condiciones, dicha alegación no puede prosperar.

421

En segundo lugar, en lo tocante a la alegación de la demandante basada en la imposibilidad de que conociera, en el momento de adoptar sus decisiones relativas al precio de los microchips y a las inversiones en I+D, el método que iba a utilizar la Comisión para determinar la medida pertinente de los costes, formulada únicamente en apoyo de la supuesta violación del principio de seguridad jurídica, procede recordar que, en el pliego de cargos adicional, la Comisión había indicado que la modificación del cálculo de los LRAIC se había efectuado para tener en cuenta las objeciones formuladas por la demandante en la respuesta al pliego de cargos respecto al cálculo de los LRAIC efectuado en el pliego de cargos.

422

Procede señalar a este respecto que, si bien es cierto que la toma en consideración de los costes de la empresa dominante permite a esta apreciar la legalidad de su propio comportamiento, de conformidad con la responsabilidad particular que le incumbe con arreglo al artículo 102 TFUE, y, en consecuencia, es conforme con el principio general de seguridad jurídica (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de octubre de 2010, Deutsche Telekom/Comisión, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, apartado 202, y de 17 de febrero de 2011, Teliasonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, apartado 44), esto no implica la imposibilidad de que la Comisión practique determinados ajustes, basándose en las relaciones de precios y costes de la empresa dominante y en cualquier otra información pertinente facilitada por esta (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de enero de 2007, France Télécom/Comisión, T‑340/03, EU:T:2007:22, apartados 131 a 137; de 10 de abril de 2008, Deutsche Telekom/Comisión, T‑271/03, EU:T:2008:101, apartados 208 a 211, y de 13 de diciembre de 2018, Slovak Telekom/Comisión, T‑851/14, EU:T:2018:929, apartados 220 a 235).

423

De ello se deduce que el principio de seguridad jurídica no exige que la empresa dominante disponga de previsiones detalladas sobre el método exacto que la Comisión contempla utilizar para calcular sus costes. En efecto, el método adoptado por la Comisión debe tener en cuenta las circunstancias particulares del caso y, concretamente, la información disponible facilitada por la empresa dominante.

424

A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar la primera parte del séptimo motivo.

Segunda parte, basada en que el criterio de los LRAIC no es el coste de referencia adecuado

425

Según la demandante, la Comisión debería haber considerado que el coste de referencia más adecuado a efectos del análisis de precios y costes en el presente asunto eran los AVC o los costes evitables medios (en lo sucesivo, «AAC»), y no los LRAIC.

426

En primer lugar, la demandante sostiene que las decisiones en materia de precios se basan en condiciones de competencia consideradas en un momento en el que los costes de I+D de Qualcomm ya se habían convertido en «irrecuperables», en el sentido de que ya no podían evitarse. En su opinión, precios inferiores a los LRAIC permiten a menudo maximizar los beneficios a corto plazo y no implican sacrificios en materia de beneficios.

427

En segundo lugar, añade que los LRAIC están concebidos para un mundo estático, dado que se centran en un producto determinado y no tienen en cuenta los productos conexos pasados y futuros. Pues bien, considera que, en un sector dinámico como el de los semiconductores, en el que existen repercusiones intertemporales, su utilización no es adecuada.

428

En tercer lugar, la naturaleza extremadamente limitada de las alegaciones de abuso en el presente asunto (que se refieren únicamente a la venta de tres microchips a dos clientes durante varios trimestres) tiene como consecuencia que, en efecto, los «verdaderos» LRAIC son en realidad los AAC o los AVC, o incluso costes extremadamente próximos.

429

A este respecto, afirma que la Comisión consideró erróneamente que los productos pertenecientes al mercado pertinente se caracterizaban por costes marginales o variables bajos, mientras que la propia Comisión declaró en varias ocasiones que los AVC constituían un importante parámetro de competencia.

430

En cuarto lugar, la demandante alega que la elección de la Comisión de basar su análisis en los LRAIC y no en los ATC no es, contrariamente a lo que esta sostiene, más favorable para ella. Según la demandante, es improbable que los ATC, correctamente calculados, sean superiores a los LRAIC, ya que estos últimos incluyen también los costes comunes, no tienen en cuenta los ingresos derivados de su actividad en materia de licencias de patentes y han sido objeto de manipulaciones post hoc, lo que tiene como consecuencia que los LRAIC del microchip MDM8200A se hayan inflado considerablemente.

431

La Comisión y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la demandante.

432

Antes de nada, es preciso recordar que, conforme al artículo 263 TFUE, cuando conoce de un recurso de anulación de una decisión adoptada en aplicación del artículo 102 TFUE, el Tribunal General debe ejercer de modo general, y sobre la base de los elementos aportados por la recurrente en apoyo de los motivos alegados, un control completo sobre si concurren o no los requisitos de aplicación de dichas disposiciones y que, al realizar dicho control, dicho órgano jurisdiccional no puede apoyarse en el margen de apreciación del que dispone la Comisión, en virtud de la función que le ha sido asignada, en materia de política de competencia, por los Tratados UE y FUE, para renunciar a ejercer un control en profundidad tanto de hecho como de Derecho (véase, por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, MasterCard y otros/Comisión, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, apartados 155 y 156).

433

Por otra parte, procede señalar que la utilización por la Comisión de un método basado en precios superiores a los AVC e inferiores a los ATC no hace sino derivar de la jurisprudencia. En efecto, según el Tribunal de Justicia, los precios inferiores a los AVC, mediante los cuales una empresa dominante pretende eliminar a un competidor, deben considerarse abusivos. En efecto, una empresa dominante no tiene ningún interés en aplicar tales precios, de no ser el de eliminar a sus competidores para poder después subir sus precios aprovechándose de su situación monopolística, dado que cada venta le ocasiona una pérdida, a saber, la totalidad de los costes fijos (es decir, de aquellos que permanecen constantes con independencia de las cantidades producidas) y una parte al menos de los costes variables correspondientes a la unidad producida. Por otra parte, los precios inferiores a los ATC, que comprenden los costes fijos y los costes variables, pero superiores a los AVC, deben considerarse abusivos cuando se fijan de acuerdo con un plan que tiene por objeto eliminar a un competidor. Dichos precios pueden, en efecto, eliminar del mercado a empresas que quizás sean tan eficientes como la empresa dominante pero que, debido a su inferior capacidad económica, son incapaces de resistir de la competencia que se les hace (sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, EU:C:1991:286, apartados 71 y 72).

434

Esta jurisprudencia ha sido confirmada en varias sentencias posteriores que han mantenido de manera constante que los precios inferiores a los AVC deben considerarse, en principio, abusivos, en la medida en que, al aplicar tales precios, se presume que una empresa en posición dominante no persigue otra finalidad económica que eliminar a sus competidores. Por otra parte, los precios inferiores a los ATC pero superiores a los AVC solo deben considerarse abusivos cuando se fijan en el marco de un plan destinado a eliminar a un competidor (sentencias de 14 de noviembre de 1996, Tetra Pak/Comisión, C‑333/94 P, EU:C:1996:436, apartado 41, y de 2 de abril de 2009, France Télécom/Comisión, C‑202/07 P, EU:C:2009:214, apartado 109).

435

A la luz de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión (C‑62/86, EU:C:1991:286), apartados 71 y 72, la Comisión, para declarar la existencia de un abuso de posición dominante, estaba obligada, por lo tanto, en el presente asunto, por una parte, a declarar que los precios de la demandante eran inferiores a los ATC y, por otra parte, a demostrar la intención de esta de excluir a un competidor. Pues bien, la Comisión consideró en la Decisión impugnada, como se ha recordado en los apartados 408 y 409 anteriores, que los LRAIC de Qualcomm eran inferiores, para cada producto, a sus ATC.

436

A este respecto, contrariamente a lo que alega la demandante en el marco de su cuarta imputación, procede considerar que, dado que los ATC incluyen, en particular, todos los costes comunes, mientras que los LRAIC solo incluyen los costes vinculados a los productos específicos de que se trata, se excluye, en esencia, que los ATC sean inferiores a los LRAIC. En efecto, incluso en el supuesto de que la Comisión hubiera considerado erróneamente que determinados costes comunes son específicos de los productos de que se trata, la demandante no puede sostener válidamente que los LRAIC podrían ser superiores a los ATC.

437

Por otra parte, procede señalar que la Comisión calculó los ATC en el punto 12.7.5.2 de la Decisión impugnada y concluyó que eran superiores a los LRAIC. Pues bien, Qualcomm no impugnó este punto ni propuso ningún otro método de cálculo. En consecuencia, no cabe reprochar a la Comisión haber utilizado los LRAIC en lugar de los ATC a efectos de su análisis de precios y costes, siendo así que los LRAIC son más favorables a la demandante que los ATC. Por lo demás, como subraya acertadamente la coadyuvante, no era necesario que la Comisión determinara si los precios de la demandante eran también inferiores a los AVC o a los LRAIC, ya que había elegido comprobar la intención de Qualcomm de expulsar a un competidor. De ello se deduce que la cuarta imputación de la demandante no puede prosperar.

438

Por lo que respecta a las otras tres imputaciones formuladas por la demandante en las que se niega el carácter adecuado de los LRAIC como coste de referencia, procede señalar, como hace la Comisión, que un cálculo de los precios basado únicamente en los costes variables no es adecuado para identificar la existencia de precios predatorios en un sector en el que, como se desprende en particular de los considerandos 109 a 119 y 280 a 284 de la Decisión impugnada, la actividad de I+D y la fuerte presencia de derechos de propiedad intelectual generan elevados costes en materia de I+D, que no se toman en consideración en un cálculo basado únicamente en los costes variables.

439

En particular, no se discute que, como indicó la Comisión en el considerando 787 de la Decisión impugnada, la industria de los semiconductores se caracteriza por unos costes variables bajos (por ejemplo, los relacionados con la fabricación de microchips) y unos costes fijos elevados (por ejemplo, los relacionados con la inversión en I+D necesaria para diseñar y desarrollar los microchips), que son, en su mayoría, irrecuperables en el momento de la comercialización de los productos. Por lo tanto, la falta de inclusión de los costes irrecuperables específicos del producto, como las inversiones en el I+D, no refleja la realidad del mercado para los costes relacionados con la entrada y la competencia en el mercado, haciendo así muy difícil, e incluso imposible, detectar un caso de comportamiento predatorio dirigido a expulsar a un competidor.

440

Pues bien, dado que los LRAIC incluyen los costes fijos y variables específicos de cada producto soportados tanto antes del período durante el cual tuvo lugar el comportamiento abusivo como durante tal período, constituyen, por lo tanto, el coste de referencia más adecuado en el presente asunto para calcular el porcentaje mínimo de recuperación de los costes exigido para los productos objeto de la investigación (considerando 780 de la Decisión impugnada).

441

Además, no puede prosperar la alegación de la demandante de que vender a un precio superior a los AVC, pero inferior a los LRAIC, puede constituir una maximización del beneficio a corto plazo. En efecto, procede señalar, como hace la Comisión, que la jurisprudencia aplicable reconoce que una fijación de precios superior a los AVC, pero inferior a los ATC (que, en el presente asunto, son superiores a los LRAIC), solo sería abusiva si se hiciera con la intención de excluir a un competidor (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, EU:C:1991:286, apartados 71 y 72). Como se recuerda en el considerando 785 de la Decisión impugnada, esto es exactamente lo que ha demostrado la Comisión. En efecto, por una parte, la demandante aplicó precios inferiores a los LRAIC y, por otra, lo hizo en el marco de un plan destinado a excluir a Icera. En consecuencia, la alegación de que unos precios superiores a los AVC podrían servir para fines legítimos consiste simplemente en reconocer la distinción realizada en la jurisprudencia aplicable y no demuestra que los LRAIC constituyan una referencia inadecuada en el presente asunto.

442

En cuanto a la afirmación de la demandante de que los LRAIC constituyen una referencia inadecuada en el presente asunto debido al alcance limitado de la infracción, es preciso señalar que, en relación con un comportamiento predatorio de una duración de dos años en un sector que, como confirmó la propia demandante (véanse, en particular, los puntos 333 y 337 de la respuesta de la demandante al pliego de cargos adicional, los anexos A.2.2 y A.2.4 de la demanda y los puntos 715 a 723 de la respuesta de la demandante al pliego de cargos), se caracteriza por ciclos de innovación cortos que requieren importantes inversiones en I+D, ignorar cualquier coste relacionado con el desarrollo de los productos que son objeto del supuesto comportamiento predatorio equivaldría a ignorar una parte importante de los costes que determinan tanto las decisiones en materia de fijación de precios de la empresa dominante como las de sus rivales. Si fuera cierto que, como sostiene la demandante, en los sectores «que requieren una gran cantidad de I+D» las empresas pueden fijar precios óptimos a niveles que no permiten solapar todos los costes de I+D que podrían estar asociados a un determinado producto, la rentabilidad de sus actividades quedaría entonces seriamente en entredicho. En cambio, esos costes desempeñan un papel importante en la estrategia de definición de los precios, al tratarse sobre todo de mercados caracterizados por la presencia de una rápida sucesión de productos, ya que los productos relativamente antiguos se ven rápidamente sustituidos por productos más innovadores, en períodos de tiempo relativamente breves. El hecho de que una actividad de I+D pueda beneficiarse de los resultados anteriores o facilitar futuros desarrollos o descubrimientos no significa que tales inversiones no puedan tomarse en consideración, sino que tiene más bien como consecuencia que los costes deban repartirse cuidadosamente entre los diferentes productos.

443

A la luz de estas consideraciones, procede desestimar las imputaciones formuladas por la demandante en las que niega el carácter adecuado de los LRAIC como coste de referencia. En efecto, si bien la Comisión dispone de un margen de apreciación en materia de política de competencia, que es objeto de un control en profundidad tanto de hecho como de Derecho por parte del Tribunal General (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, MasterCard y otros/Comisión, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, apartado 156), no es menos cierto que los elementos aportados por la demandante no permiten considerar que, al optar por no utilizar los AVC o los AAC como coste de referencia, la Comisión haya incurrido en error.

444

A la luz de cuanto antecede, procede desestimar la segunda parte del séptimo motivo.

Tercera parte, basada en que los LRAIC calculados por la Comisión no se corresponden con los «verdaderos» LRAIC

445

En apoyo de la tercera parte, la demandante formula ocho imputaciones.

446

En primer lugar, la demandante reprocha a la Comisión haber incurrido en error al definir los LRAIC, en la medida en que no tuvo en cuenta el hecho de que, ante las repercusiones de un microchip en otro, los costes susceptibles de recibir tal calificación no podían, debido a su naturaleza no específica, vincularse a un microchip particular y, por lo tanto, simplemente no podían incluirse en el cálculo del LRAIC.

447

En segundo lugar, la demandante critica una incoherencia entre las justificaciones dadas por la Comisión en lo que respecta a sus cálculos en el pliego de cargos adicional y las justificaciones dadas en lo que respecta a sus cálculos en la Decisión impugnada. Según la demandante, en el pliego de cargos adicional, la Comisión invoca la necesidad de resolver las «distorsiones causadas por el sistema contable» identificadas en la respuesta al pliego de cargos, mientras que, en la Decisión impugnada, invoca más bien la necesidad de abordar las críticas formuladas. En particular, la demandante critica que la reconstrucción de la medición de los AVC efectuada por la Comisión en dicha Decisión sea de una complejidad excesiva y que esta última no haya adoptado el parámetro de los costes unitarios medios (AUC) en sus cálculos, contrariamente al método que había defendido en sus respuestas al pliego de cargos y al pliego de cargos adicional.

448

En tercer lugar, la demandante sostiene que el [confidencial] no es adecuado para identificar sus costes incrementales de I+D, en la medida en que dicho [confidencial] se utiliza únicamente a efectos de gestión interna y de contabilidad y no está diseñado ni adaptado para los fines del análisis de la Comisión.

449

En cuarto lugar, la demandante reprocha a la Comisión haber tratado determinados costes registrados en el [confidencial], a saber, los costes pertenecientes a las categorías [confidencial] y [confidencial], como costes «incrementales», cuando no lo eran, puesto que se habían asociado a un microchip determinado únicamente debido a imputaciones [confidencial], y no debido a que estaban específicamente relacionados con ese microchip.

450

A este respecto, la demandante alega, en un primer momento, que debe distinguirse entre los costes imputados directamente a un microchip y los imputados ex post por una asignación, es decir, no porque se hayan considerados específicamente relacionados con ese microchip concreto, sino únicamente como resultado de un simple mecanismo de asignación interna. Según la demandante, los empleados de QCT [confidencial].

451

Así, los costes relacionados con el material que no se imputarían directamente a un microchip, es decir, los [confidencial] en la categoría [confidencial], los [confidencial].

452

Asimismo, los costes relacionados con los programas informáticos resultarían, a partir de septiembre de 2009, [confidencial].

453

Habida cuenta de la naturaleza específica de la I+D en el sector de los semiconductores, incluso los costes contabilizados en el [confidencial] directamente en relación con un microchip podrían, en realidad, no ser totalmente específicos de ese microchip. En cualquier caso, si la Comisión hubiera considerado que los únicos costes de I+D directamente atribuidos a un microchip eran «incrementales» o «específicos de un producto», no habría podido constatar la existencia de un comportamiento predatorio.

454

En la práctica, la Comisión no da ninguna justificación sólida en cuanto a la calificación de «incrementales» de los costes pertenecientes a las categorías [confidencial] y [confidencial] y se limita a basarse, por una parte, en el uso del término inglés «incremental» en un único documento de Qualcomm que obra en su poder, a saber, el [confidencial], y, por otra, en las explicaciones dadas por esta última durante el procedimiento administrativo, lo que demuestra que no realizó ninguna evaluación independiente.

455

En un segundo momento, por lo que respecta al [confidencial] utilizado por la Comisión para identificar la categoría de los costes incrementales entre las categorías de costes soportados por la demandante, esta última alega que dicho documento se refería a un microchip específico, la [confidencial], que no es objeto de la investigación, que no se desarrolló al mismo tiempo que los microchips objeto de dicha investigación y que, al contrario que estos, no era un módem «slim». En cambio, varios documentos que obran en poder de la Comisión, incluidos los relativos a los microchips objeto de la investigación, no hacen referencia alguna a los costes incrementales.

456

Además, el [confidencial], de abril de 2011, es posterior a las principales decisiones de inversión en I+D adoptadas en relación con los microchips de que se trata.

457

Según la demandante, en el considerando 847 de la Decisión impugnada, la Comisión también ignora e interpreta erróneamente el [confidencial], en el lugar en el que contiene una referencia a los costes de I+D calificados de «incrementales». En su opinión, la Comisión también debería haber tenido en cuenta la referencia, en el mismo documento, al concepto de «margen de cartera incremental», lo que habría permitido una mejor comprensión de la palabra inglesa «incremental». Asimismo, la demandante alega no haber declarado nunca que, como afirma la Comisión en el considerando 848 de la Decisión impugnada, la expresión [confidencial] es de aplicación más general en el caso de Qualcomm que en dicho documento.

458

En un tercer momento, la demandante alega que ha explicado en varias ocasiones que más de [confidencial] de los [confidencial] USD erróneamente contabilizados en los costes [confidencial] y [confidencial] y que la Comisión consideraba «incrementales» para los microchips MDM8200 y MDM8200A están en realidad vinculados al desarrollo de [confidencial], que no es en absoluto específico de un microchip. A este respecto, [confidencial], indica que [confidencial], lo que demuestra que dichos [confidencial] USD no son específicos de un microchip determinado.

459

Además, según la demandante, las justificaciones dadas en la Decisión impugnada para desestimar sus alegaciones al respecto no son plausibles.

460

En quinto lugar, la demandante reprocha a la Comisión haber incurrido en error al no tener en cuenta los ingresos generados por Qualcomm en el marco de la actividad de licencia de patentes. En esencia, considera que la Comisión debería haber excluido los costes de I+D asociados a los microchips en cuestión en la medida en que estos costes se derivaban de la obtención de patentes que Qualcomm había incluido en su cartera de patentes concedidas bajo licencia y que, por lo tanto, no podían considerarse específicas de los microchips en cuestión. Según la demandante, la Comisión consideró erróneamente, por una parte, [confidencial] y, por otra, que los ingresos incrementales generados por estas licencias no podían tener la menor influencia mensurable en los ingresos generados por dicha actividad.

461

La demandante señala que la propia Comisión afirmó, sin embargo, en la nota 1238 de la Decisión impugnada, que [confidencial]. Añade que la cuestión de si los ingresos generados por la actividad de licencia de patentes pueden tener un impacto más o menos mensurable en los ingresos generados por la actividad de licencia de tecnología no es la cuestión que debe plantearse. En su opinión, se trata más bien de comprobar si la I+D en cuestión es verdaderamente «incremental» en relación con los tres microchips de que se trata y si da lugar a patentes que posteriormente se registran, con la consecuencia de que esa I+D no es específica de esos microchips.

462

Según la demandante, tampoco es posible vincular directamente los microchips de que se trata y las patentes sobre los programas informáticos, en la medida en que los costes relativos a estas últimas no están directamente asociados a un microchip específico.

463

En sexto lugar, la demandante alega que la Decisión impugnada se basa en un extracto de la [confidencial] que no vincula ninguno de los costes allí mencionados a clientes concretos. Sin embargo, la Comisión considera que los costes de I+D asociados al desarrollo de los microchips de que se trata eran costes «incrementales» para Huawei y ZTE. Según la demandante, un análisis de precios y costes que se refiera únicamente a Huawei y ZTE debería, sin embargo, excluir cualquier coste de I+D, lo que abogaría posteriormente en favor de la utilización de los AVC o de los AAC.

464

En particular, en un primer momento, según la demandante, el hecho de que las ventas a clientes distintos de ZTE y Huawei no justificaran el desarrollo de los microchips de que se trata no significa que las ventas a Huawei y ZTE fueran suficientes para justificar el desarrollo de esos microchips. En un segundo momento, la propia Comisión admitió, en los considerandos 131, 132 y 354 de la Decisión impugnada, que el microchip MDM8200 fue desarrollado en colaboración con operadores distintos de ZTE y Huawei. En un tercer momento, los datos relativos a las ventas del microchip MDM8200A a ZTE y Huawei, como se reproducen en el considerando 980 y en el cuadro 58 de la citada Decisión, no respaldan en absoluto la afirmación de que la I+D vinculada dicho microchip debía considerarse específica de esos dos clientes. En un cuarto momento, los documentos mencionados por la Comisión en la nota 1277 de la misma Decisión no apoyan en modo alguno la tesis de dicha institución. En un quinto momento, Qualcomm [confidencial].

465

En séptimo lugar, la demandante critica las manipulaciones post hoc realizadas por la Comisión al reasignar los costes registrados en la [confidencial] a diferentes microchips, en particular al reasignar los costes del microchip MDM8200 al microchip MDM8200A, lo que aumentaría los LRAIC del microchip MDM8200A de [confidencial] a [confidencial] USD; a falta de tal manipulación, los precios no serían inferiores a los costes por lo que respecta a este último microchip. En esencia, en primer término, la demandante alega que no se discute que la decisión de Qualcomm de desarrollar dicho microchip es posterior a su decisión de desarrollar el microchip MDM8200, e independiente de esta, y que estos dos microchips no formaban un proyecto común, como se desprende del cuadro reproducido en el considerando 880, letra a), de la Decisión impugnada.

466

En segundo término, la demandante afirma haber desarrollado numerosos microchips después del microchip MDM8200 y del microchip MDM8200A, que también eran compatibles con la tecnología HSPA + y con tecnologías más avanzadas. Es más, no habría nada que hiciera «única» la relación entre el microchip MDM8200 y el microchip MDM8200A: la existencia de una estrecha relación técnica entre dos microchips no tiene nada único, ni siquiera inusual.

467

En tercer término, si bien es cierto que, hasta cierto momento, entre 2013 y 2015, [confidencial], esto solo se habría debido a un simple error de escritura que, en aquel momento, no habría sido particularmente problemático. Además, la Decisión impugnada es incoherente en lo que respecta al tratamiento, por una parte, de los microchips MDM8200 y MDM8200A y, por otra, del microchip MDM6200, que también es un microchip supuestamente «de última generación» estrechamente vinculado a otros microchips de Qualcomm, en particular al microchip QSC6295, desarrollado con anterioridad.

468

En cuarto término, la Comisión no hizo ningún esfuerzo por investigar la tecnología y las actividades de I+D en cuestión ni por vincular sus manipulaciones a partidas o categorías de costes específicas en la [confidencial].

469

En octavo lugar, la demandante reprocha a la Comisión haber repartido erróneamente los costes «incrementales» sobre la base de los ingresos, más que sobre la base de los volúmenes de ventas.

470

El método en cuestión no encuentra, primero que nada, ningún fundamento pertinente en la literatura jurídica o económica. Además, lleva a atribuir costes adicionales a las ventas por el mero hecho de que los precios durante un período determinado son relativamente elevados, lo que favorece considerablemente la constatación de la existencia de precios predatorios donde no los hay. Por último, una verdadera prueba de expulsión consistiría en verificar que la empresa aumentase sus precios a continuación (cosa que no hizo la demandante), lo que, según dicho método, significaría que los menores costes de I+D se imputan a las ventas supuestamente predatorias por el hecho de que se transfieren más bien al período de recuperación. Esto no tendría ningún sentido desde el punto de vista económico y no sería compatible con el concepto de «recuperación».

471

La Comisión también incurre en error al definir el método de que se trata como una «estimación de la evolución del precio de un microchip», obviando así considerar que los LRAIC son una medida de los costes, y no del precio.

472

Además, la demandante considera que el método en cuestión persigue también un «objetivo móvil», en virtud del cual, si hubiera aumentado sus precios para evitar el supuesto comportamiento predatorio, ello habría generado al mismo tiempo un aumento de sus ingresos, lo que habría dado lugar a una asignación de los costes de I+D más elevada a cada trimestre, con el resultado de que seguiría siendo culpable del comportamiento predatorio. La demandante critica también los «resultados imprevisibles y paradójicos» del método adaptado por la Comisión. La demandante añade que la adopción de un reparto basado en el volumen no habría conducido prácticamente a ninguna fijación de precios inferior a los costes.

473

La Comisión y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la demandante.

474

Por lo que respecta a la primera imputación, basada en un error en la definición de los LRAIC, procede señalar que, en la Decisión impugnada, la Comisión reconoció que era probable que existieran repercusiones en la industria de los microchips a medida que mejoraran los productos. Sin embargo, ello no impide que la demandante soportara costes específicamente para el desarrollo de un microchip concreto y que no hubiera podido lanzar dicho microchip en el mercado sin soportar tales costes. De ello se desprende que, aunque haya repercusiones, la Comisión no incurrió en error al optar por tener en cuenta los costes de desarrollo incrementales vinculados específicamente al producto de que se trata.

475

Además, al basar la medida de los costes en la [confidencial], la Comisión, como se desprende del considerando 835 de la Decisión impugnada, solo tuvo en cuenta los costes que la demandante había contabilizado directa o indirectamente para el desarrollo de los microchips de que se trata. La Comisión tuvo en cuenta las pruebas específicas de las repercusiones cuando existían, como se desprende, por lo que respecta a las repercusiones de costes de I+D entre los microchips MDM8200 y MDM8200A, del punto 12.6.3.2 de dicha Decisión.

476

En lo que atañe a las posibles repercusiones de manera más general, a falta de información que hubiera permitido a la Comisión cuantificar esas repercusiones, como consideró la Comisión en el considerando 783 de la Decisión impugnada, el enfoque más razonable era suponer que las repercusiones de las que se benefició un microchip particular estaban equilibradas de manera aproximada por las repercusiones producidas por ese determinado microchip en otros microchips. En consecuencia, los costes de desarrollo soportados por este microchip no fueron descartados debido a las repercusiones que probablemente provocó.

477

En consecuencia, procede desestimar la presente imputación.

478

Por lo que respecta a la segunda imputación, basada en una incoherencia entre las justificaciones dadas por la Comisión en lo que respecta a sus cálculos en el pliego de cargos adicional y las justificaciones dadas en lo que respecta a sus cálculos en la Decisión impugnada, basta señalar que esta imputación, aunque fuera fundada, no puede en modo alguno implicar la ilegalidad del método en cuestión. Por lo tanto, procede desestimarla por inoperante.

479

En lo tocante a la tercera imputación, basada en el carácter inadecuado de la [confidencial] para identificar los costes incrementales de I+D, debe recordarse que, en esta base de datos, la demandante registra los costes, microchip por microchip, y ello a efectos de gestión interna y de contabilidad. Pues bien, habida cuenta de esta asignación por microchip de los costes y del hecho de que esta base de datos es utilizada por Qualcomm de manera interna, esta última no consigue explicar por qué razón debería considerarse inadecuada para la reconstrucción de los costes por parte de la Comisión. Además, como se indica en el considerando 845 de la Decisión impugnada, la propia demandante, para responder a las solicitudes de información relativas a la cuantificación de los costes, extrajo información de dicha base de datos.

480

Por otra parte, en lo que atañe a la afirmación de Qualcomm de que el conjunto de datos que figura en la [confidencial] no está concebido para calcular los LRAIC a efectos del Derecho de la competencia, basta señalar que esta circunstancia no impide que la Comisión pueda basarse en tal base de datos en la medida en que contiene información pertinente para su investigación.

481

Por último, aun suponiendo que la Comisión hubiera decidido inicialmente no utilizar la [confidencial] en el pliego de cargos y no hubiera dado explicaciones sobre su cambio de opinión a este respecto en el pliego de cargos adicional, basta señalar que, a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 367 anterior, la demandante no puede invocar legítimamente el hecho de que la Comisión no respondiera concretamente en la Decisión impugnada a todas las observaciones de hecho o de Derecho que formuló durante el procedimiento administrativo. De ello se desprende que debe desestimarse la presente imputación.

482

Por lo que se refiere a la cuarta imputación, basada en un error en el tratamiento de determinados costes registrados en la [confidencial] como costes «incrementales», procede recordar antes de nada que la Decisión impugnada presenta, en su punto 12.6.3.1, una explicación de la medición de la parte fija de los costes de I+D soportados por Qualcomm para la producción de cada microchip que se tuvo en cuenta para el cálculo de los LRAIC. El considerando 835 de dicha Decisión enumera, en efecto, las diferentes categorías de costes de I+D que se atribuyen en esa base de datos a cada microchip ya sea directamente, en relación con el desarrollo de un producto específico, o ex post.

483

Además, como se ha expuesto en el apartado 411 anterior, la Decisión impugnada precisa, en sus considerandos 836 y 837, que, en la elección de los elementos que debían incluirse en el análisis de los costes como costes «incrementales», la Comisión se guio por la utilización de la palabra inglesa «incremental» en el [confidencial], en relación con el cual pidió a Qualcomm, en la pregunta 8.3 de la solicitud de información mediante decisión de 30 de enero de 2017, que aportara para los microchips de que se trata la misma información sobre I+D incremental que la facilitada para el [confidencial]. La información facilitada en respuesta se reproduce en el anexo A.15.1 de la demanda.

484

Por último, la Comisión reconstruyó los costes incrementales sumando los costes [confidencial] y los costes [confidencial], a saber, todos los componentes de los costes que figuran en el banco de datos reproducido en el anexo A.15.1 de la demanda, excluyendo los registrados como costes [confidencial], dado que estos últimos costes, si bien se reproducían en dicho banco de datos, habían sido deducidos por Qualcomm del total de costes «Incremental (es decir, siguiendo el mismo [método] de [confidencial])» en ese mismo banco de datos.

485

A este respecto, procede considerar que los elementos incluidos en el extracto de la base de datos objeto de las críticas de la demandante se resumen en el considerando 835 de la Decisión impugnada y fueron identificados por la Comisión sobre la base de la información facilitada por Qualcomm.

486

En efecto, la demandante, en primer lugar, en su respuesta de diciembre de 2013 a la solicitud de información de 10 de julio de 2013, y, en particular, en su respuesta a la pregunta 19 relativa a las principales etapas del desarrollo de los primeros microchips MDM y a los costes asociados a ellos; en segundo lugar, en su respuesta a las preguntas 8 y 9 de la solicitud de información de 13 de octubre de 2014 (anexo A.4.8.b de la demanda), en los puntos 38 y ss., y, en tercer lugar, en su respuesta a la pregunta 8.3 de la solicitud de información mediante decisión de 30 de enero de 2017 (A.4.10.b de la demanda), siempre ha aportado los mismos elementos, con independencia de si se trataba o no de clasificarlos según [confidencial].

487

En otras palabras, en las respuestas de la demandante, las diferentes categorías de costes se identifican y atribuyen a un microchip determinado de manera regular y, a falta de incoherencias entre los cuadros reproducidos en las distintas respuestas (salvo en lo que respecta a los costes [confidencial]), estas categorías pueden considerarse, por lo tanto, costes «incrementales» de ese microchip. En efecto, la única diferencia entre tener en cuenta el método y no tenerlo en cuenta es la inclusión o no de este último elemento de coste, que la Comisión excluyó en cualquier caso de sus cálculos.

488

En estas circunstancias, procede considerar que, para que un determinado coste pueda incluirse en el cálculo de los LRAIC, la mera utilización o no de la palabra inglesa «incremental» en relación con él en el [confidencial] no puede constituir el criterio decisivo. En cambio, lo que debe tenerse en cuenta es más bien la naturaleza intrínseca del propio coste (a saber, si resulta de una de las categorías de costes generalmente considerados como costes incrementales), así como el método de clasificación seguido por la propia demandante en sus respuestas.

489

Por consiguiente, procede declarar que, sobre la base de las respuestas y explicaciones proporcionadas por la demandante durante el procedimiento administrativo, la Decisión impugnada reconstruyó correctamente los elementos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de los LRAIC. Además, debe señalarse que, en su respuesta a la pregunta 19 de la solicitud de información de 10 de julio de 2013 (la primera pertinente a este respecto, de diciembre de 2013) (anexo A.4.3 de la demanda), la demandante no había hecho ninguna referencia a la asignación de los costes ni al hecho de que, en la práctica, algunos de esos costes no fueran imputables a microchips específicos.

490

Además, por lo que respecta a los costes de desarrollo de los programas informáticos, la demandante indicó fundamentalmente en los puntos 90 y 92 de la respuesta a la pregunta 19 de la solicitud de información de 10 de julio de 2013 (anexo A.4.3 de la demanda) que la vida de un programa informático estaba estrechamente vinculada a la de un determinado microchip y que los costes correspondientes seguían la vida comercial de dicho microchip, corroborando así la conclusión que figura en el considerando 860 de la Decisión impugnada, según la cual esta parte de la [confidencial] constituye una base sólida para determinar los costes de I+D ligados al desarrollo de un programa informático que deben atribuirse a un microchip específico. Ello no excluye, además, que una parte de un programa informático pueda utilizarse después para microchips posteriores.

491

Además, es preciso señalar que la reserva de la demandante relativa a la asignación de costes fue formulada de manera relativamente imprecisa durante el procedimiento administrativo y en la demanda.

492

Esta falta de precisión en la identificación de las categorías de costes que no son incrementales resta credibilidad a las alegaciones de la demandante, tanto más cuanto que, si se siguiera su razonamiento, casi ningún coste de I+D podría atribuirse ya a un microchip concreto.

493

Por lo que respecta al valor probatorio de los elementos utilizados por la Comisión, procede recordar que la credibilidad y por consiguiente el valor probatorio de un documento depende de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario y de su contenido (sentencias de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, EU:T:2000:77, apartados 1053 y 1838, y de 12 de julio de 2011, Hitachi y otros/Comisión, T‑112/07, EU:T:2011:342, apartado 70).

494

En el presente asunto, la Comisión se basó, en su reconstrucción de los precios, en los cuadros y respuestas facilitados por la propia demandante, incluidas las cifras extraídas de la [confidencial], y, además, se limitó a aplicar criterios de clasificación ya utilizados por esta última. Dado que estos datos proceden de la propia demandante, deben considerarse suficientemente creíbles para respaldar la reconstrucción de los precios efectuada por la Comisión.

495

En este contexto, no basta que la empresa afectada evoque una circunstancia que podría desvirtuar el valor probatorio de dichas pruebas. Al contrario, corresponde a la empresa afectada demostrar de manera suficiente en Derecho, por un lado, la existencia de la circunstancia que invoca y, por otro lado, que dicha circunstancia pone en entredicho el valor probatorio de las pruebas en que se basa la Comisión (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, apartados 65 a 67).

496

Pues bien, en el presente asunto, la demandante se limita a reiterar las alegaciones formuladas durante el procedimiento administrativo, a partir de su respuesta a la solicitud de información de 13 de octubre de 2014, insistiendo en el hecho de que los datos facilitados no son utilizables a efectos de un análisis de defensa de la competencia, sin añadir en apoyo de su tesis ningún documento que demuestre que habría sido más adecuado utilizar un método de clasificación distinto del utilizado por la Comisión. A falta de tal prueba, procede concluir que, en el caso de una contabilización tanto directa como indirecta, los costes que la propia demandante identificó en respuesta a la pregunta de la Comisión deben considerarse en principio incrementales por lo que respecta a cada uno de los microchips de que se trata.

497

Por otra parte, al igual que la Comisión, procede subrayar que la elección de un método contable específico (directo o indirecto, a saber, por imputación) por parte de la empresa dominante podría condicionar el análisis de sus costes. En efecto, aun suponiendo que un determinado elemento de coste resultara efectivamente de una asignación, ello no podría constituir, en sí mismo, un obstáculo para su inclusión en el cálculo de los LRAIC. Si así fuera, una empresa dominante siempre podría eludir cualquier análisis de precios y costes invocando la imposibilidad de reconducir las asignaciones a costes específicos. Además, en el presente asunto, las asignaciones reflejan las apreciaciones realizadas por la propia demandante de los costes que deben vincularse a un microchip específico.

498

Por lo que se refiere a los [confidencial] USD de costes de I+D, contabilizados para el microchip MDM8200, pero que en realidad se refieren al [confidencial], procede señalar que la demandante planteó este aspecto por primera vez en la respuesta al pliego de cargos adicional. Anteriormente, la Comisión no tenía motivos para cuestionar la exactitud de los datos recibidos, máxime cuando el artículo 18, apartado 4, del Reglamento n.o 1/2003 impone a las empresas afectadas la obligación de facilitar información completa, exacta y no desvirtuada.

499

En efecto, el hecho de que estos costes se hubieran contabilizado en relación con el microchip MDM8200 se desprende claramente de la [confidencial] y de las respuestas procedentes de la demandante, que deben considerarse pruebas especialmente fiables en la medida en que son contrarias a los intereses del declarante (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2011, Siemens/Comisión, T‑110/07, EU:T:2011:68, apartados 54 y 75). Frente a estos elementos, la única prueba aportada por la demandante es un documento de 9 de julio de 2009 titulado [confidencial] (anexo A.18.1 de la demanda), que contiene una nota 20 relativa a la exclusión de la cantidad de [confidencial] USD, ya que corresponde al [confidencial]. A este respecto, procede señalar que este documento, como señaló la Comisión en el considerando 851 de la Decisión impugnada, presenta un cuadro de comparación de los costes de I+D relativos al microchip MDM8200 y de los relativos al microchip MDM8200A, que se considera «no competitivo en costes» («not cost competitive»). Pues bien, todo lo que este cuadro parece demostrar es que, a efectos de la comparación de los costes de los dos microchips en la presentación, dicho importe para el [confidencial] no se toma en consideración, pero no que, en el cálculo de los costes relativos al microchip MDM8200, tales costes específicos no fueron tenidos en cuenta o no deberían haberse tenido en cuenta. Por lo demás, las alegaciones de la demandante no están respaldadas por ningún documento y, en sí mismas, no pueden cuestionar los elementos anteriormente aportados por la propia demandante. En estas circunstancias, procede desestimarlas. De ello se desprende que debe desestimarse la presente imputación.

500

Por lo que respecta a la quinta imputación, basada en un error relativo a la falta de consideración de los ingresos generados por Qualcomm en el marco de la actividad de licencia de patentes, procede señalar que, aun suponiendo que la demandante hubiera cambiado su política de concesión de licencias, ello no significa que no concediera licencias sobre la totalidad de su cartera de patentes durante el período relevante. En cualquier caso, como se desprende de la nota 1238 de la Decisión impugnada, la demandante no cuestiona el hecho de que [confidencial].

501

Además, es preciso señalar que, por una parte, la demandante afirma haber identificado aproximadamente [confidencial] patentes y solicitudes de patente entre las cuales «muchas» «podrían» haber sido generadas «total o parcialmente» por trabajos que la Comisión considera específicos de los microchips de que se trata. Por otra parte, la demandante no identifica esas patentes y solicitudes de patentes ni cuantifica los ingresos así generados. En cambio, se limita a afirmar que, sobre todo en lo que respecta a las patentes relacionadas con los programas informáticos, es imposible identificar las relativas a los microchips de que se trata. En estas circunstancias, las alegaciones de la demandante no bastan para desvirtuar las conclusiones de la Comisión a este respecto. De ello se desprende que debe desestimarse la presente imputación.

502

En lo tocante a la sexta imputación, basada, en esencia, en errores relativos a la consideración de los costes de I+D asociados al desarrollo de los microchips de Qualcomm, procede considerar, como se desprende claramente de la Decisión impugnada, en particular de su considerando 862 y, más en general, de su punto 12.6.3, que las ventas a Huawei y ZTE eran fundamentales para la recuperación de los costes de I+D.

503

Además, como se indica en el considerando 888 de la Decisión impugnada, era adecuado incluir los costes incrementales relacionados con la I+D en la medida de coste para evaluar si las ventas a Huawei y ZTE se habían efectuado a precios inferiores al coste, dado que las previsiones de ventas a Huawei y a ZTE representaban una parte importante de la demanda prevista que justificaba el desarrollo de esos microchips en primer lugar. Por otra parte, contrariamente a lo que sostiene la demandante, mientras que las previsiones de ventas de las unidades de microchips MDM8200, MDM6200 y MDM8200A a otros clientes también contribuyeron a la recuperación de los costes marginales de desarrollo, estas ventas eran de una magnitud que no justificaba el desarrollo de tales productos. Esta conclusión también se ve corroborada por los documentos mencionados en la nota 1277 de dicha Decisión.

504

En consecuencia, procede desestimar la presente imputación.

505

Por lo que respecta a la séptima imputación, basada en las manipulaciones post hoc realizadas por la Comisión al reasignar los costes registrados en la [confidencial] a diferentes microchips, procede señalar que la propia demandante reconoció que, hasta diciembre de 2013, los costes relacionados con los programas informáticos utilizados para los microchips MDM8200 y MDM8200A, tal como se registraron en dicha [confidencial], no se distinguían en función de si se referían a uno u otro de esos dos microchips (nota 78 de la respuesta a la solicitud de información de 13 de octubre de 2014).

506

Procede señalar asimismo que, en el cuadro extraído de la [confidencial], que figura en el anexo A.15.1 de la demanda, aunque el desarrollo del microchip MDM8200A comenzó en abril de 2009, no se asoció ningún coste a dicho microchip antes del último trimestre de 2009 y que, incluso a partir de ese momento, los costes asociados a dicho microchip siguen siendo bajos en comparación con los de los microchips MDM8200 y MDM6200. Esta circunstancia, habida cuenta de la similitud técnica de ambos microchips y de su comercialización conjunta, corrobora las alegaciones de la Comisión que figuran en el considerando 880 de la Decisión impugnada, que demuestran la existencia de una relación única entre el microchip MDM8200 y el microchip MDM8200A, que no se puede comparar con la que podría haber existido entre el microchip MDM8200 y cualquier otro microchip compatible con la tecnología HSPA +.

507

La coadyuvante observa asimismo acertadamente que la Decisión impugnada contiene un «análisis de rentabilidad a lo largo de toda la vida» en cuyo marco se examina la rentabilidad de todas las ventas del microchip MDM8200 y del microchip MDM8200A, durante toda su vida útil y en relación con todos los clientes, y que de este análisis se desprende que los ingresos obtenidos a lo largo de toda la vida de estos dos microchips fueron insuficientes para cubrir sus costes de I+D de fabricación y desarrollo. En consecuencia, la fijación de precios efectuada por Qualcomm para estos dos microchips no habría permitido en ningún caso a un proveedor igualmente eficiente cubrir sus costes para un microchip competidor.

508

En estas circunstancias, procede desestimar la presente imputación.

509

En lo que atañe a la octava imputación, basada en un reparto incorrecto de los costes «incrementales» sobre la base de los ingresos, en lugar de los volúmenes de ventas, en un primer momento, procede señalar que, si bien es cierto que la Comisión solo cita una fuente en apoyo del método adoptado, a saber, las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias 2017, en la nota 1293 de la Decisión impugnada, la demandante no se refiere, por su parte, a ningún estudio ni directriz en apoyo del método alternativo que propone. Por otra parte, dado que, mediante su alegación de que el método adoptado por la Comisión favorece considerablemente la constatación de la existencia de precios predatorios donde no los hay, la demandante arguye que dicho método conduce a identificar artificialmente precios predatorios, no aporta ninguna prueba en apoyo de su alegación.

510

En un segundo momento, basta señalar, como hace la Comisión, que la alegación de la demandante de que el método adoptado por la Comisión conduce a que los menores costes de I+D se imputen a las ventas supuestamente predatorias por el hecho de que se transfieren más bien al período de recuperación no hace, sin embargo, que dicho método resulte inadecuado. En efecto, procede señalar que el método adoptado por la Comisión tiene como consecuencia que la atribución de estos costes se haga en función de la circunstancia de que los precios durante un período determinado, en particular el primer período de comercialización de los microchips, sean relativamente elevados y, por lo tanto, los ingresos también sean elevados. En cambio, el método propuesto por la demandante tiene como consecuencia una asignación de los costes proporcional y uniforme, de modo que cada unidad (independientemente del momento de su venta durante el ciclo de vida del microchip) debe recuperar el mismo importe de costes. Como señala acertadamente la Comisión en el considerando 917 de la Decisión impugnada, habida cuenta de la evolución de los precios de los microchips, tal enfoque no era adecuado en el presente asunto, puesto que habría dado lugar a la transferencia de una parte importante de los costes de desarrollo al final del ciclo de vida de los productos, donde los precios y los márgenes tienden a ser bajos, produciendo así un gran número de falsos positivos en el criterio de precios/costes.

511

En un tercer momento, por lo que respecta a la utilización por parte de la Comisión de la expresión «proxy for the price evolution of a chipset» para definir el método adoptado, la alegación de la demandante de que la Comisión obvió así considerar que los LRAIC eran una medida de los costes, y no del precio, no puede prosperar, en la medida en que dicha expresión se refiere simplemente al hecho de que dicho método pretende tener en cuenta el perfil de los precios en el tiempo, de modo que los períodos en los que se espera que los microchips generan mayores ingresos soportan también una mayor parte de los costes.

512

En un cuarto momento, en lo tocante a la alegación de la demandante de que el método adoptado por la Comisión constituye un «objetivo móvil», procede señalar que, como se indica en el considerando 935 de la Decisión impugnada, el método propuesto por la demandante comparte el mismo fallo en la medida en que, cada vez que aumentan los precios en algunos o en todos los trimestres del ciclo de vida del producto, los volúmenes vendidos de este producto caen, de modo que cada unidad vendida debe soportar una mayor parte del coste de desarrollo fijo del producto. Así, precios más elevados pueden no ser lo suficientemente elevados como para superar el coste de referencia obtenido mediante una asignación de los costes de desarrollo basada en el volumen.

513

En un quinto momento, la alegación de la demandante de que la adopción de un reparto basado en el volumen no conduce prácticamente a ninguna fijación de precios inferior a los costes es infundada. En efecto, como subraya la Comisión, el cuadro 13 que figura en el anexo A.2.4.5 de la demanda muestra que este es el caso de los microchips MDM8200A, pero no de los microchips MDM8200 ni de los microchips MDM6200. En efecto, las ventas predatorias de microchips MDM6200 realizadas por Qualcomm a ZTE presentaban un precio tan bajo, inferior a los AVC, que un simple reparto de los costes sobre la base de un volumen más que sobre la base de los ingresos no cambiaría en nada el hecho de que Qualcomm seguía aplicando precios inferiores a los costes (considerando 891 de la Decisión impugnada). Lo mismo sucede con los microchips MDM8200. El reparto de los costes en función del volumen y no de los ingresos no aporta resultados significativamente diferentes para Qualcomm. En consecuencia, procede desestimar la presente imputación.

514

A la luz de cuanto antecede, procede desestimar la tercera parte del séptimo motivo. En consecuencia, dado que las demás partes de este motivo también han sido desestimadas (véanse los apartados 424 y 444 anteriores), procede desestimar dicho motivo en su totalidad.

Noveno motivo, basado en «errores manifiestos de apreciación» y de Derecho en lo que respecta a la conclusión de que los precios aplicados por la demandante excluyeron a Icera y causaron un perjuicio a los consumidores

515

El presente motivo consta de cuatro partes. La primera se basa en la falta de análisis por parte de la Comisión del denominado competidor «igualmente eficiente». La segunda se basa en una contradicción entre la declaración de bloqueo enunciada en la Decisión impugnada y los resultados reales de Icera durante el período relevante. La tercera se basa en la falta de prueba de un supuesto comportamiento predatorio desde el punto de vista económico, habida cuenta de que, durante dicho período, Icera obtuvo fondos adicionales, fue adquirida por NVidia y permaneció activa en el mercado. La cuarta se basa en la imposibilidad de la demandante de eliminar la competencia ejercida por la tecnología de Icera.

516

Habida cuenta de que las partes segunda, tercera y cuarta se refieren todas ellas, en esencia, a una supuesta falta de efectos del comportamiento imputado, se examinarán conjuntamente.

Primera parte, basada en la falta de análisis por parte de la Comisión del denominado competidor «igualmente eficiente»

517

Según la demandante, la Comisión no llevó a cabo un análisis del denominado competidor «igualmente eficiente» tanto en el mercado pertinente como en el segmento de vanguardia de ese mercado y, por ello, no respetó la norma jurídica aplicable, como se desprende de las alegaciones formuladas en apoyo del tercer motivo. De este modo, la Comisión tampoco examinó si el porcentaje del mercado cubierto por la práctica imputada tenía una magnitud suficiente para que esa práctica produjera efectos contrarios a la competencia, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (C‑413/14 P, EU:C:2017:632).

518

Por otra parte, la demandante considera que Icera no era en ningún caso un competidor «igualmente eficiente», dado que, al no ser competitivo fuera del segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS, no habría podido satisfacer una parte importante de la demanda en el mercado de que se trata. A su juicio, un competidor «igualmente eficiente» debería, como mínimo, ser capaz de reproducir el conjunto de la oferta de la empresa dominante.

519

La Comisión y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la demandante.

520

Según la jurisprudencia en materia de precios predatorios, los precios inferiores a los AVC deben considerarse abusivos, dado que una empresa dominante no tiene ningún interés en aplicar tales precios, de no ser el de eliminar a sus competidores. Por otra parte, los precios inferiores a los ATC, pero superiores a los AVC, deben considerarse abusivos cuando se fijan de acuerdo con un plan que tiene por objeto eliminar a un competidor, puesto que tales precios pueden eliminar del mercado a empresas que quizás sean tan eficientes como la empresa dominante pero que, debido a su inferior capacidad económica, son incapaces de resistir de la competencia que se les hace (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, EU:C:1991:286, apartados 70 a 72).

521

De ello se desprende, por una parte, que existe una presunción de abuso cuando una empresa en posición dominante aplica precios inferiores a los AVC, sin que sea necesario que la Comisión lleve a cabo ningún análisis distinto de dicha comparación de los precios aplicados por la empresa dominante y de algunos de sus costes. Por otra parte, cuando una empresa en posición dominante aplica precios inferiores a los ATC, pero superiores a los AVC, la Comisión está obligada, para demostrar la existencia de un abuso, a llevar a cabo una comparación de los precios aplicados por la empresa dominante y de algunos de sus costes y a demostrar la existencia de un plan que tiene por objeto eliminar a un competidor, habida cuenta de que esos precios son, por su propia naturaleza, susceptibles de expulsar del mercado a competidores igualmente eficientes. Por lo tanto, la Comisión no está obligada en absoluto a realizar otros análisis además de tal demostración, con el fin, en particular, de aportar la prueba de los efectos contrarios a la competencia producidos por la práctica impugnada.

522

Así las cosas, contrariamente a las alegaciones de la demandante, la Comisión no está obligada, al examinar la posible existencia de precios predatorios aplicados por una empresa que ocupa una posición dominante, a comprobar si el porcentaje del mercado cubierto por la práctica imputada tiene una magnitud suficiente para que esa práctica produzca efectos contrarios a la competencia. En consecuencia, en el presente asunto no puede reprocharse fundadamente a la Comisión no haber realizado tal examen.

523

A este respecto, de los puntos 72 y 73 de la Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del [artículo 102 TFUE] a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes (DO 2009, C 45, p. 7; en lo sucesivo, «Comunicación sobre las prioridades») se desprende además que la empresa dominante podrá aplicar más fácilmente una conducta predatoria si se dirige selectivamente a clientes específicos con precios bajos, pues esto limitará las pérdidas de la empresa dominante, y que es menos probable que la empresa dominante aplique una conducta predatoria si esta consiste en la aplicación general de un precio bajo durante mucho tiempo. De ello se desprende que, en materia de precios predatorios, el porcentaje del mercado cubierto por el comportamiento imputado es generalmente bajo y que, si solo pudieran sancionarse los comportamientos predatorios relativos a una parte suficientemente amplia del mercado, se correría el riesgo de que cualquier práctica predatoria selectiva pudiera eludir la prohibición del artículo 102 TFUE, aun cuando pudiera conducir a la exclusión de un competidor igualmente eficiente. Pues bien, de la jurisprudencia se desprende que una práctica de precios predatorios debe poder ser sancionada tan pronto como exista un riesgo de eliminación de los competidores (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 1996, Tetra Pak/Comisión, C‑333/94 P, EU:C:1996:436, apartado 44).

524

Por otra parte, de la jurisprudencia también se desprende que la aplicación del criterio del competidor «igualmente eficiente» consiste en examinar si las prácticas tarifarias de una empresa en posición dominante son susceptibles de excluir del mercado a un competidor tan eficiente como dicha empresa y que dicho criterio se basa en una comparación de los precios aplicados por una empresa que ocupa una posición dominante y de determinados costes soportados por dicha empresa, así como en un análisis de la estrategia de esta (sentencias de 27 de marzo de 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, apartado 28, y de 6 de octubre de 2015, Post Danmark, C‑23/14, EU:C:2015:651, apartados 53 y 54).

525

De ello se colige que, en el marco de una investigación sobre posibles precios predatorios, el análisis mediante el cual la Comisión compara los precios aplicados por una empresa en posición dominante con algunos de sus costes para evaluar si esta aplicó precios inferiores a los ATC, pero superiores a los AVC, ya incluye un análisis del competidor «igualmente eficiente».

526

En efecto, en la medida en que la empresa que ocupe una posición dominante fije sus precios a un nivel inferior a los ATC, pero superior a los AVC, un competidor «igual de eficiente» que dicha empresa no tendrá en principio la posibilidad, debido a su menor capacidad financiera, de competir con dichos precios sin incurrir en pérdidas insoportables a largo plazo. Por lo tanto, tales precios pueden expulsar a un competidor «igualmente eficiente», lo que corresponde a la demostración que debe realizar la Comisión en el marco de la aplicación del criterio del competidor «igualmente eficiente» a fin de probar el potencial efecto excluyente de una práctica contraria a la competencia.

527

Por consiguiente, dado que la Comisión ha probado válidamente, como sucede en el presente asunto, que la empresa que ocupa una posición dominante aplicó precios inferiores a los ATC, pero superiores a los AVC, efectuó, por ello, implícitamente una aplicación del criterio del competidor «igualmente eficiente», lo que basta para desestimar la primera parte del noveno motivo.

Demás partes, basadas, en esencia, en la falta de efectos del comportamiento imputado

528

En apoyo de la segunda parte, la demandante alega que Icera prosperó efectivamente durante el período relevante, lo que desvirtúa la alegación de la Comisión de que el comportamiento imputado tuvo como efecto impedir a Icera, en un estado crucial de su desarrollo, acceder a Huawei o ZTE, de lo que dependían sus perspectivas de desarrollo en el segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS.

529

En apoyo de la tercera parte, la demandante aduce que, durante el período relevante, Icera obtuvo fondos adicionales, en particular gracias a su adquisición por Nvidia, lo que desvirtúa la alegación de la Comisión según la cual el comportamiento imputado tuvo como efecto obligar a Icera a realizar ventas a pérdida y a agotar su capital riesgo.

530

En apoyo de la cuarta parte, la demandante alega que el comportamiento imputado no pudo tener por efecto eliminar la competencia ejercida por la tecnología de Icera. En su opinión, la retirada del mercado de Icera habría tenido un impacto limitado, e incluso nulo, sobre los precios que facturaba por sus microchips UMTS «de vanguardia» o por cualquier otro microchip UMTS, en particular porque la tecnología y los conocimientos técnicos de Icera eran transferibles, de modo que la competencia no se habría visto afectada por su desaparición del mercado.

531

La Comisión y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la demandante.

532

Es preciso observar que, como señala en sus escritos, la Comisión demostró, únicamente en aras de la exhaustividad, en el punto 12.7.4 de la Decisión impugnada, que el comportamiento imputado había producido efectos contrarios a la competencia, extremo que la demandante niega en las presentes partes. Pues bien, de reiterada jurisprudencia se desprende que las alegaciones dirigidas contra fundamentos reiterativos de una decisión de la Comisión deben ser desestimadas de plano por inoperantes, puesto que no pueden dar lugar a la anulación de dicho acto (sentencias de 8 de mayo de 2003, T. Port/Comisión, C‑122/01 P, EU:C:2003:259, apartado 17, y de 8 de julio de 2004, Dalmine/Comisión, T‑50/00, EU:T:2004:220, apartado 146), lo que hace que, en cualquier caso, estas partes sean inoperantes (véase, en este sentido, la sentencia Telefónica y Telefónica de España/Comisión, T‑336/07, EU:T:2012:172, apartado 283).

533

De ello se deduce que deben desestimarse las partes segunda a cuarta del noveno motivo de la demandante. En consecuencia, dado que la primera parte de este motivo también ha sido desestimada (véase el apartado 527 anterior), procede desestimar dicho motivo en su totalidad.

Décimo motivo, basado en «errores manifiestos de apreciación», de hecho y de Derecho, en una falta de motivación y en la vulneración del derecho a ser oído, así como en la violación del principio de buena administración, en la medida en que la Comisión concluyó que las prácticas de fijación de precios de la demandante garantizaban la aplicación de un plan destinado a excluir a Icera

534

El décimo motivo se divide en tres partes. La primera se basa en el carácter incoherente de la «teoría del perjuicio» desarrollada por la Comisión sobre la base de los documentos mencionados en la Decisión impugnada. La segunda se basa en una interpretación incorrecta y en una presentación errónea de determinados documentos internos en los que se apoya la Comisión en dicha Decisión para demostrar la intención de eliminar a un competidor. La tercera se basa en el nivel subordinado, y sin poder de decisión en materia de precios, de un empleado de la demandante respecto del que la Comisión menciona varios documentos internos de los que es autor para demostrar la existencia de una estrategia predatoria.

535

La Comisión y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la demandante.

536

En el considerando 1118 de la Decisión impugnada, la Comisión precisó que, para demostrar la intención de la demandante de eliminar a un competidor, no solo se había basado en los documentos expresamente mencionados en el punto 12.8 de dicha Decisión, específicamente dedicado a tal intención, sino también en las demás pruebas expuestas en el punto 12.4.2 de la citada Decisión y en los vínculos que había podido establecer entre estos elementos y su análisis de precios y costes en la misma Decisión por lo que se refería al microchip MDM8200 (considerandos 954 a 956 de la Decisión impugnada), por lo que se refería al microchip MDM6200 (considerandos 968 a 971 de la Decisión impugnada) y por lo que se refería al microchip MDM8200A (considerandos 977 a 978 de la Decisión impugnada). A este respecto, indicó, en el considerando 1118 de la Decisión impugnada, sin que la demandante la contradijera al respecto, que el conjunto de tales elementos y considerandos formaba parte de su análisis dirigido a demostrar la intención de exclusión de la demandante.

537

A continuación, la Comisión demostró la existencia de una intención de la demandante de eliminar a un competidor, subyacente a la aplicación de precios predatorios a Huawei y ZTE, para los microchips MDM8200, MDM6200 y MDM8200A, sobre la base de pruebas directas, a saber, documentos internos de la demandante (punto 12.8.1 de la Decisión impugnada), e indirectas, a saber, elementos contextuales (punto 12.8.2 de la Decisión impugnada).

538

Por lo que respecta más concretamente a las pruebas directas, del considerando 1120 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión seleccionó, entre las pruebas resumidas en el punto 12.4.2 de dicha Decisión, nueve intercambios de correos electrónicos internos particularmente ilustrativos, según ella, de la existencia de un plan destinado a expulsar a Icera procedente de la cúpula directiva de la demandante, que expuso en los considerandos 1121 a 1137 de dicha Decisión.

539

Se trata, en particular, de los siguientes intercambios de correos electrónicos:

–

un intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2008 que contiene, en particular, las indicaciones «estratégicamente, no deberíamos dar a Icera oportunidad alguna con Huawei», «en el caso de que Icera acced[iera] a ZTE, podemos frenar a ZTE trabajando con Huawei en el mercado» y «debemos considerar la posibilidad de conceder un 2‑3 % [de reducción de precios] adicional para estar seguro[s] de que tenemos una cuota del 100 % en Huawei» (considerando 1121 de la Decisión impugnada);

–

un intercambio de correos electrónicos de febrero de 2009 que hace referencia a acciones preventivas para evitar que Icera fuera capaz de alcanzar un nivel de volumen suficiente, a una guerra de precios, a la amenaza que suponía Icera y al hecho de que no debía permitirse a Icera acceder a uno de los principales fabricantes de equipos originales, y al hecho de «aplastar» a Icera ante ZTE (considerando 1122 de dicha Decisión);

–

un intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2009 en cuyo marco se habla de una reducción del precio del microchip MDM6200 para ZTE y del hecho de que la demandante no podía permitir que Icera obtuviera un gran número de contratos, lo que le habría ayudado a reforzarse (considerando 1124 de dicha Decisión);

–

un intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2009 en cuyo marco se habla de restar importancia a la cuestión del precio para permitir que el microchip MDM8200 «colm[ase] el vacío» (considerando 1125 de la Decisión impugnada);

–

un intercambio de correos electrónicos de enero de 2010 en cuyo marco el microchip 8042 de Icera se presenta como la amenaza principal para la demandante y se propone, en particular, colaborar con Huawei para vencer a Icera con el microchip MDM6200, agotar los fondos limitados de Icera procedentes de su capital riesgo y «destruir» el microchip ICE8042 ante ZTE en el mercado (considerando 1127 de la Decisión impugnada);

–

un intercambio de correos electrónicos de enero de 2010 que contiene las indicaciones «debemos proteger lo que hemos conseguido con los principales clientes», «ZTE y Huawei son las principales prioridades y el equipo chino trabaja en los problemas que experimentan estos clientes» y, «a corto plazo, el ajuste en la fijación de precios de los microchips MDM6200 y MDM8200A debe realizarse para frenar el crecimiento del volumen de Icera en 2010», así como una presentación adjunta, en la que se sugiere presionar a Icera durante aproximadamente seis meses para que agotara sus fondos muy limitados procedentes del capital riesgo [Venture Capital] (considerando 1128 de la Decisión impugnada);

–

un intercambio de correos electrónicos de junio de 2010 que contiene la indicación «la estrategia que consiste en ejercer presión sobre el microchip ICE8042 con los dos microchips MDM6200 y MDM8200A está dando buenos resultados» (considerando 1132 de la Decisión impugnada);

–

un intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2010 relativo a la estrategia desarrollada en relación con el microchip MDM8200A respecto de Huawei y ZTE, en cuyo marco se hace una estimación del volumen de ventas de Icera a ZTE, en el supuesto de que la demandante no hiciera nada y no concediera a ZTE ninguna ayuda especial distinta de los ajustes normales de precios (considerando 1134 de la Decisión impugnada);

–

un intercambio de correos electrónicos de mayo de 2011 en cuyo marco un empleado sénior de la demandante expresa sus dudas, habida cuenta de las dificultades financieras de Icera, en cuanto al hecho de conceder reducciones de precio adicionales para el microchip MDM8200A (considerando 1136 de la Decisión impugnada).

540

Por lo que respecta a las pruebas indirectas, la Comisión se basó en los cinco elementos contextuales siguientes, a saber, el carácter altamente selectivo del comportamiento imputado; el alcance significativo de las ventas a pérdida realizadas por la demandante en el segmento de vanguardia, altamente estratégico, del mercado de microchips UMTS; el carácter ininterrumpido del comportamiento imputado durante el período relevante; los dos pagos NRE destinados a garantizar una reducción encubierta del precio de los microchips MDM8200 y MDM6200, y los sacrificios financieros de la demandante en materia de precios y de abastecimiento. A este respecto, la Comisión precisó, en el considerando 1138 de la Decisión impugnada, que dichas pruebas indirectas eran, en sí mismas, suficientes para demostrar la existencia de una intención de la demandante de eliminar a Icera del mercado pertinente.

541

Según reiterada jurisprudencia, en la medida en que determinados motivos de una Decisión puedan, por sí mismos, justificarla de modo suficiente en Derecho, los vicios de los que pudieran adolecer otros motivos de dicho acto carecen de influencia sobre su parte dispositiva (sentencias de 21 de septiembre de 2005, EDP/Comisión, T‑87/05, EU:T:2005:333, apartado 144, y de 29 de marzo de 2012, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, T‑336/07, EU:T:2012:172, apartado 283).

542

En el presente asunto, procede, pues, examinar si el presente motivo es inoperante en la medida en que la demandante invoca los errores en que incurrió la Comisión al concluir que sus prácticas de fijación de precios garantizaban la aplicación de un plan destinado a expulsar a Icera.

543

Antes de nada, es preciso señalar que, por lo que respecta a las pruebas directas, la demandante solo cuestiona expresamente, en el marco de la segunda parte del presente motivo, la interpretación dada por la Comisión a cuatro de los nueve intercambios de correos electrónicos que, según la Decisión impugnada, eran especialmente ilustrativos de la existencia de una intención de expulsar a Icera, a saber, el intercambio de febrero de 2009 (es decir, la segunda prueba directa), los intercambios de enero de 2010 (es decir, las pruebas directas quinta y sexta), y el intercambio de junio de 2010 (es decir, la séptima prueba directa).

544

En cuanto al empleado supuestamente subordinado mencionado en el marco de la tercera parte del presente motivo, este solo interviene en el marco del intercambio de correos electrónicos de febrero de 2009 (a saber, la segunda prueba directa), del segundo intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2009 (a saber, la cuarta prueba directa) y de los dos intercambios de correos electrónicos de enero de 2010 (a saber, las pruebas directas quinta y sexta), pero no en el marco del intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2008 (a saber, la primera prueba directa), del primer intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2009 (a saber, la tercera prueba directa), del intercambio de correos electrónicos de junio de 2010 (a saber, la séptima prueba directa), del intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2010 (a saber, la octava prueba directa), y del intercambio de correos electrónicos de mayo de 2011 (a saber, la novena prueba directa).

545

De ello se desprende que la demandante no formula en la demanda, en apoyo del presente motivo, ninguna crítica en cuanto a la interpretación dada por la Comisión en la Decisión impugnada a los correos electrónicos intercambiados en diciembre de 2008 (a saber, la primera prueba directa), al primer intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2009 (a saber, la tercera prueba directa), al intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2010 (a saber, la octava prueba directa), y al intercambio de correos electrónicos de mayo de 2011 (a saber, la novena prueba directa).

546

Pues bien, los intercambios de correos electrónicos antes mencionados demuestran, por sí mismos, la existencia de una estrategia de la demandante destinada a expulsar a Icera.

547

En efecto, como se desprende del apartado 539 anterior, el intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2008 (a saber, la primera prueba directa) hace referencia al hecho de no permitir que Icera tuviera «oportunidad» alguna con Huawei, de trabajar con Huawei para frenar a ZTE en el caso de que Icera accediera a ZTE y de conceder una reducción adicional del precio del 2 o 3 % a Huawei para asegurarse de tener una cuota del 100 % en tal cliente. De ello se desprende que Icera está claramente identificada en este intercambio, al igual que la necesidad de que la demandante actuara con respecto a ella, colaborando con Huawei y concediendo a esta última una reducción adicional del precio con el fin de no permitir que Icera tuviera «oportunidad» alguna con tal cliente.

548

Asimismo, debe observarse que la Comisión tenía derecho a basarse en el intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2008, aun cuando este tuvo lugar algunos meses antes del inicio del período relevante. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que la Comisión puede tomar en consideración datos acreditados no pertenecientes al período de infracción si tales datos forman parte del conjunto de indicios invocado por la Comisión para acreditar dicha infracción (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de febrero de 2012, Denki Kagaku Kogyo y Denka Chemicals/Comisión, T‑83/08, no publicada, EU:T:2012:48, apartado 193, y de 16 de junio de 2015, FSL y otros/Comisión, T‑655/11, EU:T:2015:383, apartado 178). Por lo demás, es perfectamente imaginable que la aplicación concreta de una estrategia de expulsión de un competidor pueda requerir cierto tiempo y, por lo tanto, llevarse a cabo unos meses después de su elaboración.

549

El primer intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2009 (a saber, la tercera prueba directa) hace referencia a una reducción del precio del microchip MDM6200 para ZTE y al hecho de que la demandante no podía permitir que Icera obtuviera un gran número de contratos, lo que le habría ayudado a reforzarse. De ello se desprende que Icera está claramente identificada en este intercambio, al igual que la necesidad de que la demandante actuara con respecto a ella, concediendo una reducción de precios a ZTE para evitar que Icera reforzara su posición celebrando contratos, en particular, con tal cliente.

550

El intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2010 (a saber, la octava prueba directa) menciona una ayuda especial a ZTE distinta de los ajustes normales de precios. En el mismo orden de ideas, de este intercambio se infiere que Icera está claramente identificada, al igual que las previsiones de entrega de Icera a ZTE en el supuesto de que no se concediera a ZTE una ayuda especial distinta de los ajustes normales de precios.

551

El intercambio de correos electrónicos de mayo de 2011 (a saber, la novena prueba directa) hace referencia a las dificultades financieras de Icera, que hicieron que un empleado sénior de la demandante albergara dudas en cuanto al hecho de conceder reducciones de precio adicionales para el microchip MDM8200A, lo que demuestra que la situación financiera de Icera había influido en la política de precios de la demandante durante el período relevante.

552

Por lo tanto, el hecho de que la demandante no cuestione la interpretación dada por la Comisión en la Decisión impugnada a los intercambios de correos electrónicos mencionados en el apartado 545 anterior hace que el presente motivo sea inoperante, en la medida en que la demandante invoca los errores en que incurrió la Comisión al concluir que sus prácticas de fijación de precios garantizaban la aplicación de un plan destinado a expulsar a Icera. En efecto, aun cuando debiera seguirse a la demandante en lo que respecta a su crítica a la interpretación dada por la Comisión a determinados intercambios de correos electrónicos en los que se apoya esta última como pruebas directas, no es menos cierto que las pruebas que no discute permiten, por sí solas, demostrar su intención de expulsar a Icera.

553

En cualquier caso, para demostrar la intención de la demandante de expulsar a un competidor, la Comisión también se basó, en la Decisión impugnada, en pruebas indirectas.

554

Pues bien, como se desprende del considerando 1138 de la Decisión impugnada, que no ha sido rebatido por la demandante, las pruebas indirectas bastan para demostrar la intención de la demandante de expulsar a Icera.

555

Además, en apoyo del presente motivo, la demandante formula tres partes, ninguna de las cuales critica el conjunto de pruebas indirectas mencionadas en el punto 12.8.2 de la Decisión impugnada, puesto que la primera se refiere a la «teoría del perjuicio» desarrollada por la Comisión, la segunda cuestiona la interpretación y la presentación realizadas por la Comisión de determinadas pruebas directas, a saber, algunos documentos internos de la demandante, y la tercera alega el nivel subordinado de un empleado, que es autor de varios documentos internos mencionados por la Comisión como pruebas directas.

556

Por consiguiente, dado que el conjunto de pruebas indirectas en que se basa la Comisión en el punto 12.8.2 de la Decisión impugnada basta, por sí solo, para demostrar la existencia de una intención de la demandante de expulsar a Icera, el hecho de que la demandante no cuestione tales pruebas en el marco del presente motivo tiene como consecuencia que dicho motivo sea inoperante en la medida en que la demandante invoca los errores en que incurrió la Comisión al concluir que sus prácticas de fijación de precios garantizaban la aplicación de un plan destinado a expulsar a Icera.

557

En cualquier caso, según la jurisprudencia, en caso de que una empresa que ocupa una posición dominante aplique precios inferiores a los ATC, para demostrar la existencia de un abuso, la Comisión debe apoyarse en una serie de indicios serios y concordantes que permitan demostrar la intención de dicha empresa de excluir a un competidor (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T‑83/91, EU:T:1994:246, apartado 151, y de 30 de enero de 2007, France Télécom/Comisión, T‑340/03, EU:T:2007:22, apartado 197). Esta demostración debe tener por objeto acreditar, sobre la base de elementos de análisis y pruebas precisos y concretos, que ese comportamiento tenía, cuando menos, la capacidad de producir efectos de exclusión (véase la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 130).

558

Ante un conjunto de indicios suficiente a primera vista, corresponde a la demandante aportar en la demanda otra explicación, completa y coherente, que pueda dar otro sentido a los diferentes elementos invocados en la Decisión impugnada (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2012, Almamet/Comisión, T‑410/09, no publicada, EU:T:2012:676, apartado 145).

559

En el presente asunto, la Comisión, en particular, consideró que la demandante era responsable de la aplicación de precios inferiores a los LRAIC, pero superiores a los AVC. Por lo tanto, para demostrar la existencia de una infracción en el presente asunto, la Comisión estaba obligada a aportar, en particular, indicios serios de la existencia de una intención de la demandante de expulsar a Icera, lo que hizo en el punto 12.8 de la Decisión impugnada.

560

Como se desprende del apartado 538 anterior, en el punto 12.8.1 de la Decisión impugnada, la Comisión menciona varios documentos internos de la demandante, a saber, nueve intercambios de correos electrónicos que, según ella, demuestran de manera particularmente ilustrativa la existencia de una estrategia dirigida a expulsar a Icera del mercado pertinente.

561

Como se ha señalado en el apartado 545 anterior, la demandante no ha formulado, en apoyo del presente motivo, ninguna crítica en cuanto a la interpretación dada por la Comisión en la Decisión impugnada a los correos electrónicos intercambiados en diciembre de 2008 (a saber, la primera prueba directa), al primer intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2009 (a saber, la tercera prueba directa), al intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2010 (a saber, la octava prueba directa) y al intercambio de correos electrónicos de mayo de 2011 (a saber, la novena prueba directa). Pues bien, como se ha declarado en el apartado 546 anterior, estos intercambios de correos electrónicos demuestran, por sí mismos, la existencia de una estrategia de expulsión de Icera, y ello muy especialmente a la luz de los documentos mencionados en el punto 12.4.2 de dicha Decisión.

562

En cuanto a los otros cinco intercambios de correos electrónicos, cuya interpretación por parte de la Comisión se cuestiona esta vez expresamente en la demanda, estos constituyen una serie de indicios serios y concordantes que permiten demostrar la intención de la demandante de expulsar a Icera.

563

De entrada, es preciso recordar a este respecto que lo que la Comisión trató de demostrar, basándose en esas pruebas directas en el punto 12.8.1 de la Decisión impugnada, es la intención de la demandante de expulsar a Icera, y no los demás elementos constitutivos de la infracción, como, en particular, la existencia de precios predatorios por lo que respecta a los tres microchips de que se trata, que son objeto de otros puntos de dicha Decisión. Por consiguiente, lo que procede comprobar en el presente asunto es si los documentos internos en los que se basa la Comisión constituyen efectivamente un conjunto de indicios serios y concordantes que permiten demostrar, en su conjunto, la intención de la demandante de expulsar a Icera, ya que cualquier otra consideración no es pertinente a tal efecto.

564

A este respecto, los términos empleados en cada uno de los intercambios de correos electrónicos son especialmente reveladores de la intención de la demandante de expulsar a Icera.

565

En primer lugar, el intercambio de correos electrónicos de febrero de 2009 califica expresamente a Icera de «amenaza» e indica que debían adoptarse medidas preventivas para impedir que esta última alcanzase un nivel de volumen suficiente y accediera a los principales fabricantes de equipos originales. Por otra parte, en este intercambio de correos electrónicos se sugiere «aplastar» a Icera ante ZTE y no permitir que Icera tuviera «oportunidad» alguna con Huawei. De ello se desprende que Icera está claramente identificada en este intercambio, al igual que la necesidad de que la demandante adoptase medidas para impedir que alcanzase volúmenes suficientes y para apartarla, en particular, de los dos clientes Huawei y ZTE.

566

La demandante rebate las conclusiones extraídas por la Comisión del intercambio de correos electrónicos de febrero de 2009, alegando que este tuvo lugar tres meses antes del inicio de la infracción, que no contiene ninguna referencia a la fijación de precios de los tres microchips de que se trata y que desvirtúa la «teoría del comportamiento predatorio indirecto».

567

A este respecto, procede recordar que, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 548 anterior, la Comisión puede tomar en consideración datos acreditados no pertenecientes al período de infracción si tales datos forman parte del conjunto de indicios invocado por la Comisión para acreditar dicha infracción. Además, la intención de expulsar a un competidor puede perfectamente manifestarse varios meses antes de la aplicación concreta de la estrategia que tiene como objetivo tal expulsión. Por otra parte, el hecho de que el intercambio de correos electrónicos de febrero de 2009 no contenga ninguna referencia a la fijación de precios de los tres microchips de que se trata o de que supuestamente contradiga la «teoría del comportamiento predatorio indirecto» no es pertinente, ya que estos elementos no pueden desvirtuar la existencia de una intención de la demandante de expulsar a Icera. Asimismo, aunque este intercambio no expone los detalles de las medidas que deberían adoptarse contra Icera, no es menos cierto que en él se sugiere expresamente la adopción de medidas preventivas contra ella.

568

En segundo lugar, el primer intercambio de correos electrónicos de enero de 2010 (a saber, la quinta prueba directa) identifica una vez más a Icera y, más concretamente, su microchip ICE8042 como la amenaza principal de la demandante y menciona también las acciones que debe llevar a cabo la demandante para expulsarla, a saber, colaborar con Huawei y agotar los fondos limitados de Icera. De ello se desprende que Icera está claramente identificada en este intercambio, al igual que la necesidad de la demandante de actuar con el fin de apartarla, en particular, de Huawei.

569

En cuanto al segundo intercambio de correos electrónicos de enero de 2010 (a saber, la sexta prueba directa), este menciona las medidas que debían adoptarse para frenar el crecimiento del volumen de Icera y para proteger lo que la demandante había conseguido con sus principales clientes, dado que Huawei y ZTE se calificaban a este respecto de «prioritarias», en particular, un ajuste del precio de los microchips MDM6200 y MDM8200A. También se hace referencia, en una presentación adjunta a este intercambio, al hecho de «presionar» a Icera durante seis meses para que agotara sus fondos limitados. De ello se deduce que Icera está una vez más claramente identificada en este intercambio, al igual que la necesidad de que la demandante actuara para apartarla de Huawei y ZTE, en particular mediante un ajuste del precio de los microchips MDM6200 y MDM8200A.

570

La demandante trata de cuestionar las conclusiones extraídas por la Comisión en cuanto a los intercambios de correos electrónicos de enero de 2010 apoyándose en una larga serie de alegaciones diversas, como el hecho de que la Comisión no tuvo en cuenta la competencia ejercida por HiSilicon en la «teoría del perjuicio» que dicha institución desarrolló, pese a que se hacía referencia a ella en el correo electrónico de 1 de enero de 2010, la falta de mención del microchip MDM8200 o el hecho de que el objeto principal de esos correos electrónicos era la competencia de Vodafone. No obstante, tales alegaciones deben considerarse irrelevantes, ya que no pueden desvirtuar la existencia de una intención de la demandante de expulsar a Icera.

571

Además, la demandante no niega que los intercambios de correos electrónicos de enero de 2010 se refieren a acciones, dirigidas en particular a la fijación de precios, que debían llevarse a cabo con respecto a Huawei y ZTE para frenar el crecimiento de Icera y obligarla a agotar sus fondos limitados. A este respecto, si bien la demandante cuestiona la interpretación dada por la Comisión al término «presionar» que, a su juicio, no significa «cerrar el grifo», no es menos cierto que la frase en la que se inscribe dicho término, a saber, «presionar a Icera durante aproximadamente [seis] meses para que agote sus fondos muy limitados procedentes del capital riesgo [Venture Capital]», hace referencia de manera inequívoca a una estrategia destinada a agotar financieramente a Icera. Asimismo, debe señalarse que la demandante no menciona ninguna otra interpretación que deba darse al término «presionar» que permita cuestionar el carácter nefasto de tal estrategia respecto de Icera.

572

En tercer lugar, el intercambio de correos electrónicos de junio de 2010 (a saber, la séptima prueba directa) hace expresamente referencia al hecho de que la demanda de Huawei y ZTE del microchip ICE8042 de Icera estaba en descenso y al hecho de que la «estrategia que consiste en ejercer presión sobre el microchip ICE8042 con los dos microchips MDM6200 y MDM8200A» estaba «dando buenos resultados». De ello se desprende que la demandante aplicó efectivamente una estrategia, con respecto a Huawei y ZTE, basada en los microchips MDM6200 y MDM8200A y dirigida a Icera.

573

A este respecto, la demandante se apoya en una serie de alegaciones diversas no pertinentes, ya que no cuestionan la existencia como tal de una intención por su parte de expulsar a Icera, como la falta de mención del microchip MDM8200, del acuerdo relativo a los gastos no recurrentes de ingeniería celebrado con ZTE o de la financiación adicional con cargo a fondos propios anunciada por Icera en mayo de 2010. Pues bien, de este modo, la demandante no niega que el intercambio de correos electrónicos de junio de 2010 menciona una estrategia con respecto a Huawei y ZTE, dirigida a Icera, basada en los microchips MDM6200 y MDM8200A y efectivamente aplicada, puesto que dio «buenos resultados».

574

En cuarto lugar, en apoyo, más concretamente, de la tercera parte del presente motivo, la demandante alega que la Comisión se basa en documentos redactados por un empleado subordinado, sin autoridad ni influencia en los precios y, por lo tanto, incapaz de desempeñar un papel esencial en la aplicación de la estrategia de expulsión de Icera. A este respecto, del punto 12.8.1 de la Decisión impugnada se desprende que este empleado participó en los intercambios de correos electrónicos de febrero de 2009, de diciembre de 2009 y de enero de 2010.

575

Por lo que respecta al intercambio de correos electrónicos de febrero de 2009 (a saber, la segunda prueba directa), del considerando 1122 de la Decisión impugnada se desprende que el empleado de que se trata transmitió su «análisis de la amenaza de Icera» a un miembro de la cúpula directiva de la demandante, que aprobó dicho análisis y lo transmitió a otros miembros de dicha cúpula directiva.

576

En lo que atañe al segundo intercambio de correos electrónicos de diciembre de 2009 (a saber, la cuarta prueba directa), la demandante no niega que fue un miembro de su cúpula directiva quien propuso restar importancia a la cuestión del precio para permitir que el microchip MDM8200 «colm[ase] el vacío».

577

En lo tocante, por último, a los intercambios de correos electrónicos de enero de 2010 (a saber, las pruebas directas quinta y sexta), que incluían la propuesta del empleado de que se trata de «presionar» a Icera para agotar sus fondos limitados, consta que sus destinatarios eran varios miembros de la cúpula directiva de la demandante. Además, esa propuesta se reiteró en una presentación preparada por ese empleado, adjunta a un informe sobre el «examen de Icera», que fue enviado por un miembro de dicha cúpula directiva a los altos cargos de la demandante.

578

De ello se desprende que miembros de la cúpula directiva de la demandante, con autoridad e influencia en los precios, participaron efectivamente en esos intercambios de correos electrónicos, de los que se desprende una intención de expulsar a Icera.

579

De lo anterior se desprende que la Comisión demostró de modo suficiente en Derecho, en el punto 12.8.1 de la Decisión impugnada, mediante pruebas directas que constituyen un conjunto de indicios serios y concordantes, la existencia de una intención de la demandante de expulsar a Icera y, por ello, que la Comisión no incumplió su obligación de motivación.

580

Por último, procede señalar que la demandante no aporta la más mínima prueba que demuestre que la Comisión vulneró el derecho a ser oído y violó el principio de buena administración al concluir que sus prácticas de fijación de precios garantizaban la aplicación de un plan destinado a expulsar a Icera.

581

Por consiguiente, debe desestimarse el presente motivo.

Undécimo motivo, basado en «errores manifiestos de apreciación», de hecho y de Derecho, así como en una falta de motivación en lo que respecta al rechazo por parte de la Comisión de la justificación objetiva expuesta por la demandante

582

La demandante formula las siguientes alegaciones en apoyo del undécimo motivo.

583

En primer lugar, la demandante considera que la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que, al conceder las reducciones de precio en cuestión, se limitó a equiparase a los precios «agresivos» practicados por su competidora Icera, así como el hecho de que los precios que aplicaba eran superiores a sus AVC y, por lo tanto, rentables y justificados. Refiriéndose a los motivos cuarto y octavo a décimo, reitera que, en cualquier caso y por ello, no ha aplicado ningún «plan» para expulsar a Icera.

584

En segundo lugar, la demandante sostiene que la Comisión debería haber tenido en cuenta el hecho de que las reducciones de precio concedidas a Huawei por el microchip MDM8200 respondían a una importante presión ejercida por esta última sobre ella y tenían por objeto, por una parte, ayudar a Huawei a dar salida a sus pedidos no ejecutados y a sus existencias excedentarias y obsoletas y, por otra parte, rivalizar en materia de precios con los dispositivos de ZTE que incluían un microchip Icera.

585

En tercer lugar, la demandante afirma que, durante el procedimiento administrativo, explicó detalladamente a la Comisión que consideraba que sus propias existencias de microchips MDM8200 eran excedentarias y obsoletas. Según ella, esta es la razón por la que redujo el precio de dicho microchip para todos sus clientes importantes, lo que perjudicó a Huawei y le obligó finalmente a conceder a esta una reducción de precio por los pedidos realizados anteriormente. Afirma que el hecho de que se realizaran pedidos de esos microchips en 2010 y en 2011 no obsta en absoluto al carácter objetivamente justificado de su decisión de reducir el precio de dicho microchip con el fin de incentivar la realización de nuevos pedidos. Por último, subraya que, contrariamente a las alegaciones de la Comisión, sí concedió reducciones de precio a todos sus demás clientes importantes, que de hecho se beneficiaron de precios acordes con los precios de venta medios concedidos a Huawei.

586

Habida cuenta de lo anterior, la demandante alega que el comportamiento imputado estaba objetivamente justificado y que la Comisión concluyó erróneamente y sin motivación válida lo contrario en la Decisión impugnada.

587

La Comisión y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la demandante.

588

Del artículo 2 del Reglamento n.o 1/2003 se desprende, en esencia, que, en todos los procedimientos de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, la carga de la prueba de una infracción de estas disposiciones recaerá sobre la parte o la autoridad que la alegue, pero que, en cambio, incumbe a la empresa que invoca una justificación objetiva aportar la prueba de ello.

589

Por otra parte, del considerando 5 del Reglamento n.o 1/2003 se colige fundamentalmente que, si bien incumbe a la parte o autoridad que alegue una infracción de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE probar tal infracción, es, por el contrario, a la empresa que invoque el amparo de una excepción frente a la constatación de una infracción a quien incumbe probar conforme a Derecho que se reúnen las condiciones necesarias para acogerse a dicha defensa.

590

De ello se desprende que una empresa como la demandante, que invoca una justificación objetiva, incluido un aumento de la eficiencia, de un comportamiento a priori contrario al artículo 102 TFUE debe probar ella misma tal justificación suficientemente con arreglo a Derecho.

591

Por consiguiente, en el presente asunto, corresponde a la demandante probar suficientemente con arreglo a Derecho que, no obstante, tal comportamiento debe considerarse objetivamente justificado.

592

A este respecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que un comportamiento no es abusivo si está justificado por ventajas favorables a la competencia o si sirve a intereses legítimos. En particular, la empresa que ocupa una posición dominante puede demostrar, a estos efectos, bien que su comportamiento es necesario objetivamente, bien que el efecto de exclusión que provoca puede verse contrarrestado, o incluso superado, mediante mejoras de la eficacia que también puedan beneficiar al consumidor. A estos efectos, corresponde a la empresa dominante de que se trata demostrar, en primer lugar, que su comportamiento puede permitir obtener mejoras de eficacia, acreditando la realidad y el alcance de estas; en segundo lugar, que tales mejoras de eficacia neutralizan los efectos perjudiciales probables de dicho comportamiento sobre la competencia y los intereses de los consumidores en los mercados afectados; en tercer lugar, que dicho comportamiento es indispensable para conseguir esas mejoras de eficacia, y, en cuarto lugar, que no elimina una competencia efectiva al suprimir la totalidad o la mayoría de las fuentes existentes de competencia actual o potencial (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, apartados 40 a 42 y jurisprudencia citada). Las justificaciones expuestas por la demandante deben apreciarse a la luz de estos principios.

593

Antes de nada, procede señalar que la demandante no explica en absoluto de qué modo el comportamiento predatorio que se le reprocha habría sido «objetivamente necesario» o qué ventajas habrían podido obtener los consumidores de ese comportamiento que fueran capaces de contrarrestar el efecto de expulsión efectiva o potencial de Icera del mercado, o incluso el carácter «indispensable» de ese comportamiento para alcanzar supuestas mejoras de eficacia para los consumidores, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 592 anterior.

594

Las tres justificaciones formuladas por la demandante a su comportamiento predatorio, a saber, en primer lugar, la equiparación a los precios «agresivos» de Icera y la aplicación de precios superiores a los AVC; en segundo lugar, las reducciones del precio del microchip MDM8200 concedidas a Huawei para ayudarla a dar salida a sus existencias excedentarias y obsoletas de ese microchip y, en tercer lugar, las reducciones del precio de dicho microchip concedidas a Huawei para dar salida a sus propias existencias excedentarias y obsoletas de tal microchip, no demuestran ni el carácter objetivamente necesario del comportamiento imputado ni que el efecto de expulsión que provoca respecto a Icera pueda verse contrarrestado, o incluso superado, mediante mejoras en materia de eficacia que también puedan beneficiar al consumidor.

595

Al ser preguntada a este respecto en la vista, la demandante se limitó a hacer referencia a la presión ejercida por Huawei para obtener precios más bajos para el microchip MDM8200 y al riesgo de que esta cancelara determinados pedidos, si fuera necesario por vía judicial. Pues bien, a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 592 anterior, tales elementos no permiten justificar objetivamente un abuso comprendido en la prohibición del artículo 102 TFUE.

596

De ello se deduce que la demandante no ha aportado pruebas suficientes, en el sentido del artículo 2 del Reglamento n.o 1/2003 y de la jurisprudencia citada en el apartado 592 anterior, de que el comportamiento imputado estuviera objetivamente justificado, lo que basta para desestimar el undécimo motivo, sin que sea necesario examinar si la Comisión incurrió en errores de hecho, de Derecho y de apreciación e incumplió su obligación de motivación al rechazar las justificaciones formuladas por la demandante durante el procedimiento administrativo.

597

En cualquier caso, los motivos que figuran en el punto 12.9 de la Decisión impugnada están suficientemente fundamentados y no adolecen de errores de apreciación o de hecho.

598

Por lo que se refiere a la equiparación a los precios «agresivos» de Icera, basta observar que la jurisprudencia no reconoce ningún derecho absoluto de una empresa en posición dominante a equiparar sus precios a los de sus competidores, especialmente cuando este derecho suponga justificar el recurso a precios predatorios que, por otra parte, prohíbe el Tratado (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de enero de 2007, France Télécom/Comisión, T‑340/03, EU:T:2007:22, apartado 182).

599

Además, el hecho de que fuera supuestamente «racional» para la demandante equiparar sus precios a los de Icera no implica que tal comportamiento esté «justificado» objetivamente en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 592 anterior, en cuanto a que permitiría obtener mejoras de eficacia. El mero hecho de que un comportamiento pueda calificarse de «racional» económicamente a los ojos de la empresa que lo ejecuta no basta para justificarlo objetivamente en el sentido del Derecho de la competencia.

600

Por lo que respecta a la aplicación de precios superiores a las AVC, procede recordar que, según la jurisprudencia derivada de la sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión (C‑62/86, EU:C:1991:286), apartados 71 y 72, una empresa en posición dominante, aun cuando aplique precios inferiores a los ATC, pero superiores a los AVC, comete un abuso de posición dominante si actúa de ese modo en el marco de un plan que tiene por objeto eliminar a un competidor. Ante tal estrategia de expulsión, como ocurre en el presente asunto, poco importa, por lo tanto, que los precios aplicados fueran supuestamente «rentables y justificados» en la medida en que eran superiores a los AVC.

601

Por lo que se refiere a las reducciones del precio del microchip MDM8200 concedidas a Huawei para ayudarla a dar salida a las existencias excedentarias y obsoletas de tal microchip, es preciso señalar que solo afectan a los precios ofrecidos a Huawei y para el microchip MDM8200. Por consiguiente, la demandante no intenta justificar, mediante las explicaciones dadas, los precios predatorios concedidos a ZTE o los precios predatorios concedidos para los microchips MDM6200 y MDM8200A.

602

Asimismo, por lo que respecta a las reducciones del precio del microchip MDM8200 concedidas a Huawei para ayudarla a dar salida a sus existencias excedentarias y obsoletas de ese microchip, procede señalar que, como indica la Comisión en el considerando 1185 de la Decisión impugnada, Huawei realizó nuevos pedidos de dicho microchip a Qualcomm en 2010 y en 2011, extremo que fue confirmado por la demandante al ser interrogada al respecto en la vista oral. Por lo tanto, la Comisión no incurrió en error al estimar que era difícilmente creíble que dichas reducciones de precio pudieran haber sido concedidas para ayudar a Huawei a dar salida a sus existencias excedentarias de un microchip obsoleto.

603

Asimismo, por lo que respecta a las reducciones del precio del microchip MDM8200 concedidas a Huawei por la demandante para dar salida a sus propias existencias excedentarias y obsoletas de tal microchip, es difícilmente creíble que dichas reducciones tuvieran esta finalidad. En efecto, como alega acertadamente la Comisión, de haber sido así, la demandante habría concedido reducciones de precio por dicho microchip a todos sus clientes. Pues bien, del cuadro 74 de la Decisión impugnada se desprende que solo Huawei se benefició de tales reducciones y que se le ofrecieron precios sustancialmente inferiores a los aplicados por la demandante a sus otros principales clientes. Además, del considerando 1185 de dicha Decisión se desprende que la demandante tuvo que producir, en agosto de 2010, nuevas unidades del microchip MDM8200 para hacer frente a la demanda de Huawei, extremo que también fue confirmado por la demandante al ser interrogada al respecto en la vista oral. Por último, la alegación de la demandante según la cual las reducciones de precio concedidas a Huawei también lo fueron para hacer frente a los dispositivos de ZTE que utilizan un microchip de Icera no hace sino confirmar el comportamiento predatorio indirecto señalado por la Comisión.

604

Por lo tanto, procede desestimar en cualquier caso el undécimo motivo.

Tercer motivo, basado en un «error de Derecho derivado de la inaplicación de la norma jurídica correcta»

605

El tercer motivo se basa en tres partes. La primera se basa en un «error manifiesto de Derecho» y en la violación de los principios de seguridad jurídica y de confianza jurídica, debido a que la Comisión no aplicó la «norma jurídica correcta» tal como se define en la Comunicación sobre las prioridades. La segunda se basa en una aplicación errónea de la jurisprudencia relativa a los precios predatorios y, más en general, a las prácticas de fijación de precios. La tercera se basa en la violación de los principios de seguridad jurídica y de previsibilidad.

Primera parte, basada en la inaplicación de la «norma jurídica correcta» tal como se define en la Comunicación sobre las prioridades

606

Según la demandante, de la Comunicación sobre las prioridades se desprende que la cuestión pertinente al examinar una posible práctica de expulsión llevada a cabo por una empresa en posición dominante es si tal práctica podía provocar la expulsión del competidor «igualmente eficiente». Además, con arreglo a dicha Comunicación, la Comisión debería, al realizar tal examen, aportar la prueba, por una parte, de que la empresa en posición dominante, al adoptar dicha práctica, soportó deliberadamente pérdidas o renunció a beneficios a corto plazo y, por otra parte, de que podía esperar recuperar tales pérdidas después del período en el que supuestamente se llevó a cabo el comportamiento predatorio. Pues bien, dado que la Comisión se comprometió públicamente a respetar dicha Comunicación, esta creó expectativas legítimas en las empresas afectadas.

607

Por otra parte, la Comunicación sobre las prioridades no permite a la Comisión sancionar a una empresa que haya llevado a cabo de buena fe un comportamiento que, finalmente, resultó ser menos rentable de lo inicialmente previsto. Por último, del punto 66 de la Comunicación sobre las prioridades se desprende que la Comisión solo puede apoyarse con carácter excepcional en pruebas documentales, siempre que estas demuestren de manera suficientemente clara la existencia de una estrategia predatoria.

608

Pues bien, en el presente asunto, la Comisión no aplicó la Comunicación sobre las prioridades, como demuestra la falta de referencia a dicho documento tanto en el pliego de cargos como en el pliego de cargos adicional y en el escrito de exposición de los hechos. Remitiéndose a los motivos cuarto y octavo a décimo, la demandante alega, por otra parte, que la Comisión no demostró en absoluto, en la Decisión impugnada, que haya realizado sacrificios en materia de beneficios, no efectuó ningún análisis del competidor «igualmente eficiente» y no tuvo en cuenta pruebas que demuestran que, de no haber existido el comportamiento imputado, Huawei y ZTE no se habrían abastecido en cualquier caso de Icera. Remitiéndose además al undécimo motivo, la demandante estima que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación y de hecho al rechazar la justificación objetiva que había formulado. Remitiéndose por último a los motivos décimo y undécimo, alega que actuó de buena fe al llevar a cabo el comportamiento imputado, dado que no había podido prever el método de reparto de los costes de I+D aplicado por la Comisión en dicha Decisión y que podía razonablemente esperar que sus prácticas de fijación de precios fueran rentables.

609

Por lo tanto, la Comisión incurrió en un «error manifiesto de Derecho» y violó los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, así como el principio de buena administración e incumplió la obligación de motivación.

610

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

611

Con carácter preliminar, procede señalar que la Comunicación sobre las prioridades se limita a circunscribir el enfoque de la Comisión sobre la elección de los asuntos que examinará de manera prioritaria, de modo que la práctica administrativa seguida por esta carece de efectos vinculantes para las autoridades de defensa de la competencia y los tribunales nacionales (sentencia de 6 de octubre de 2015, Post Danmark, C‑23/14, EU:C:2015:651, apartado 52), y no tiene por objeto establecer el Derecho aplicable (sentencia de 13 de diciembre de 2018, Deutsche Telekom/Comisión, T‑827/14, EU:T:2018:930, apartado 114).

612

De ello se desprende que, al igual que cualquier otro documento que, aunque carezca de fuerza vinculante, defina el marco general de análisis que la Comisión utiliza para determinar si procede intervenir, la Comunicación sobre las prioridades limita la facultad de apreciación de esta última. De ello resulta que, en un caso concreto, la Comisión no puede apartarse de él sin dar razones. En efecto, en tal caso, el respeto por parte de la Comisión de las garantías que otorga el ordenamiento jurídico de la Unión en los procedimientos administrativos, entre ellas la obligación de motivación, reviste una importancia aún mayor (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 2017, Icap y otros/Comisión, T‑180/15, EU:T:2017:795, apartado 289 y jurisprudencia citada).

613

Por consiguiente, procede examinar si, como afirma la demandante, la Comisión se apartó en el presente asunto del marco general de análisis establecido en la Comunicación sobre las prioridades sin que existiera una justificación para ello.

614

Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación de la demandante según la cual, en esencia, la Comisión no examinó si la práctica imputada podía llevar a la expulsión del competidor «igualmente eficiente» conforme a la Comunicación sobre las prioridades, del examen de la primera parte del noveno motivo y, más concretamente, de los apartados 524 a 527 anteriores, se desprende que el análisis mediante el cual la Comisión compara los precios aplicados por una empresa en posición dominante con algunos de sus costes para evaluar si esta última aplicó precios predatorios incluye un análisis del competidor «igualmente eficiente» y que, dado que la Comisión ha demostrado, como ocurre en el presente asunto, que la empresa en posición dominante había aplicado tales precios, efectuó, por ello, implícitamente tal análisis, lo que basta para desestimar esta alegación.

615

Por lo demás, del punto 26 de la Comunicación sobre las prioridades se colige que el hecho de que los LRAIC no estén cubiertos, lo que la Comisión demostró en el presente asunto en la Decisión impugnada, indica que la empresa dominante no cubre todos los costes fijos (imputables) de la producción del bien o del servicio de que se trata y que un competidor «igualmente eficiente» podría ser excluido del mercado, lo que confirma que, en el marco de la comparación de los precios y de los costes de la empresa dominante, la Comisión llevó a cabo implícita, pero necesariamente, un análisis del competidor «igualmente eficiente».

616

En lo tocante, en segundo lugar, a la alegación de la demandante según la cual la Comisión estaba obligada, con arreglo a la Comunicación sobre las prioridades, a aportar la prueba de que la empresa en posición dominante había soportado deliberadamente pérdidas o renunciado a beneficios a corto plazo, del punto 66 de dicha Comunicación se desprende que la Comisión puede, en determinados casos, a efectos de demostrar la existencia de tal sacrificio, apoyarse en pruebas directas, consistentes en documentos de la empresa dominante que demuestren claramente una estrategia predatoria, como un plan detallado que prevea, en particular, un sacrificio con el fin de expulsar a un competidor.

617

Pues bien, como se desprende del examen del décimo motivo, la Comisión se basó efectivamente, en el punto 12.8.1 de la Decisión impugnada, en documentos de la demandante que demostraban claramente la existencia de una intención de esta de expulsar a Icera, llevada a cabo mediante reducciones de precio concedidas a Huawei y a ZTE, lo que basta para desestimar la presente alegación, basada, en esencia, en la falta de prueba del sacrificio en la Decisión impugnada. A este respecto, contrariamente a las alegaciones de la demandante, del punto 66 de la Comunicación sobre las prioridades no se desprende en absoluto que la Comisión solo pueda apoyarse con carácter excepcional en pruebas documentales que demuestren la existencia de una estrategia predatoria. Por el contrario, en ese punto, la Comisión utiliza la expresión «en algunos casos», y no la expresión «en algunos casos excepcionales» o «con carácter excepcional», o incluso la expresión «en circunstancias excepcionales», utilizada en la nota 50 de la Comunicación sobre las prioridades. En la nota 44 de esta Comunicación, referida al punto 66 de la misma Comunicación, la Comisión se refiere además a dos sentencias en las que el Tribunal General confirmó que dicha institución estaba facultada para basarse en tales pruebas documentales, a saber, las sentencias de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión (T‑83/91, EU:T:1994:246), apartados 151 y 171, y de 30 de enero de 2007, France Télécom/Comisión (T‑340/03, EU:T:2007:22), apartados 198 a 215.

618

En lo tocante, en tercer lugar, a la alegación de la demandante según la cual la Comisión estaba obligada, con arreglo a la Comunicación sobre las prioridades, a aportar la prueba de que la empresa en posición dominante podía esperar recuperar las pérdidas sufridas durante el período en el que se llevó a cabo el comportamiento predatorio después de dicho período, del punto 70 de dicha Comunicación se desprende únicamente que la empresa dominante puede esperar razonablemente que, una vez finalice la conducta predatoria, su poder de mercado sea mayor que el que hubiera tenido de no haber incurrido en esa conducta en primer lugar y que, por lo tanto, puede beneficiarse de su sacrificio. Por lo demás, según la jurisprudencia, un comportamiento puede presentar un carácter abusivo sin que sea necesario demostrar, de forma específica, que la empresa de que se trata podía esperar razonablemente recuperar las pérdidas sufridas deliberadamente (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T‑83/91, EU:T:1994:246, apartado 150), lo que basta para desestimar la presente alegación.

619

En lo que atañe, en cuarto lugar, a la alegación de la demandante de que, al no haber podido prever el método de reparto de los costes de I+D aplicado por la Comisión en la Decisión impugnada y, por lo tanto, al haber actuado de buena fe, no puede, conforme a la Comunicación sobre las prioridades, ser sancionada por la Comisión, procede señalar que, en el marco del examen del décimo motivo, se ha declarado que la Comisión no incurrió en error al concluir que las prácticas de fijación de precios de la demandante garantizaban la aplicación de un plan destinado a expulsar a Icera, lo que basta para desestimar la presente alegación.

620

Por lo que se refiere, en quinto lugar, a la alegación de la demandante de que ni en el pliego de cargos, ni en el pliego de cargos adicional ni en el escrito de exposición de los hechos se hace referencia a la Comunicación sobre las prioridades, la demandante no explica en modo alguno cómo esta circunstancia significaría que la Comisión ha pasado por alto el marco general de análisis que utiliza para determinar si procede intervenir, establecido en dicha Comunicación. Esta última tampoco obliga en modo alguno a la Comisión a referirse a ella expresamente en sus decisiones en materia de abuso de posición dominante. Por lo tanto, procede desestimar la presente alegación.

621

Por lo que se refiere, en sexto lugar, a la alegación de la demandante según la cual la Comisión no tuvo en cuenta que Huawei y ZTE, en cualquier caso, no se habrían abastecido en mayor medida de Icera de no haber existido el comportamiento imputado y rechazó erróneamente las razones objetivas aducidas para justificar su comportamiento, procede observar que la demandante no explica por qué razón la Comisión, al actuar así, pasó por alto el marco general de análisis que utiliza para determinar si procede intervenir, establecido en la Comunicación sobre las prioridades.

622

De lo anterior se desprende que debe desestimarse la primera parte del tercer motivo.

Segunda parte, basada en una aplicación errónea de la jurisprudencia relativa a los precios predatorios y, más en general, a las prácticas de fijación de precios

623

La demandante alega que la Comisión ignora la jurisprudencia en materia de precios predatorios y, más en general, de prácticas de fijación de precios, a saber, la que establece la norma jurídica aplicable. En apoyo de tal alegación, reproduce varios extractos de las sentencias que considera pertinentes y reprocha a la Comisión no haber procedido, en la Decisión impugnada, a un análisis del competidor «igualmente eficiente», pese a que la jurisprudencia prescribe tal análisis.

624

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

625

Procede señalar que la demandante se limita a reproducir extractos de jurisprudencia, sin explicar por qué la Decisión impugnada se aparta de la norma jurídica que ahí se prescribe, salvo en lo que respecta al análisis del competidor «igualmente eficiente», en el que, tras citar la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (C‑413/14 P, EUC:2017:632), en el presente asunto, reprocha a la Comisión, por una parte, no haber llevado a cabo a tal análisis y, por otra parte, no haber comprobado la magnitud del porcentaje del mercado cubierto por la práctica imputada.

626

Pues bien, por una parte, del examen de la primera parte del noveno motivo y, más concretamente, de los apartados 524 a 527 anteriores se desprende que el análisis mediante el cual la Comisión compara los precios aplicados por una empresa en posición dominante con algunos de sus costes para evaluar si esta última aplicó precios predatorios incluye ya un análisis del competidor «igualmente eficiente» y que, dado que la Comisión ha demostrado, en el presente asunto, que la empresa en posición dominante había aplicado tales precios y, por ello, que efectuó implícitamente tal análisis, ello basta para desestimar la alegación de la demandante basada en la falta de dicho análisis en la Decisión impugnada.

627

Por otra parte, como se desprende de los apartados 521 a 523 anteriores, la Comisión no está obligada, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 520 anterior, al examinar la posible existencia de precios predatorios aplicados por una empresa que ocupa una posición dominante, a comprobar también si el porcentaje del mercado cubierto por la práctica imputada tiene una magnitud suficiente para que esa práctica produzca efectos contrarios a la competencia, lo que basta para desestimar la imputación de la demandante basada en la falta de dicha comprobación.

628

Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del tercer motivo.

Tercera parte, basada en la violación del principio de seguridad jurídica y de previsibilidad

629

Refiriéndose a los motivos séptimo y octavo, la demandante alega que la Comisión llevó a cabo en la Decisión impugnada un análisis de precios y costes artificial e inédito, diferente del desarrollado en el pliego de cargos por lo que respecta a dos de los microchips de que se trata e imprevisible por lo que respecta al tercero. A su juicio, la Comisión violó, por ello, los principios de seguridad jurídica y de previsibilidad.

630

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

631

Procede señalar que, en apoyo de la presente parte, la demandante se limita a reiterar de manera genérica alegaciones formuladas en el marco de la primera parte del presente motivo y de los motivos séptimo y octavo, a los que se refiere expresamente, sin exponer la más mínima alegación específica.

632

Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la tercera parte del tercer motivo.

633

De todo lo anterior se desprende que debe desestimarse el tercer motivo.

Cuarto motivo, basado en el «carácter ilógico y no fundamentado por pruebas de la “teoría del comportamiento predatorio”»

634

El cuarto motivo se divide en trece partes. La primera se basa en que la «teoría del comportamiento predatorio» de la Comisión, que es «específica y selectiva», está desconectada de la definición del mercado y se ha adaptado para llegar a una conclusión predeterminada. La segunda se basa en el carácter intrínsecamente incoherente e insuficientemente motivado de dicha teoría. La tercera se basa en la falta de demostración por parte de la Comisión del carácter irracional de la conducta de la demandante y de su estrategia de depredación. La cuarta se basa en el carácter más elevado de los precios de la demandante en relación con los de Icera y, por lo tanto, en la falta de cierre del mercado. La quinta se basa en la falta de consideración por parte de la Comisión de pruebas de descargo cruciales. La sexta se basa en la falta de prueba de un comportamiento predatorio desde el punto de vista económico. La séptima se basa en el carácter nuevo, erróneo e infundado de la «teoría del comportamiento predatorio». La octava se basa en «errores manifiestos de apreciación» por lo que respecta al comportamiento predatorio directo entre el tercer trimestre de 2010 y el segundo trimestre de 2011. La novena se basa en que la Comisión no tuvo en cuenta la realidad comercial del microchip MDM8200. La décima se basa en el carácter ilógico y contrario a las reglas elementales de la economía de dicha teoría. La undécima se basa en la falta de demostración por parte de la Comisión de la recuperación de las pérdidas sufridas durante el período pertinente, así como en la falta de indicación del momento en el que finalizó el comportamiento predatorio. La duodécima se basa en la inaplicación del criterio del competidor «igualmente eficiente» y en los buenos resultados de Icera durante dicho período, que refutan la misma teoría. La decimotercera parte se basa en un error de la Comisión que condena la verdadera competencia.

Observaciones preliminares

635

Procede observar que, en el punto 12 de la Decisión impugnada, la Comisión presenta su análisis del abuso cometido por la demandante.

636

Más concretamente, en el punto 12.1 de la Decisión impugnada, la Comisión comienza recordando los principios generales aplicables, en particular, en materia de precios predatorios. A continuación, en el punto 12.2 de la citada Decisión, resume la aplicación que hizo de esos principios generales en los puntos 12.3 a 12.11 de dicha Decisión, lo que la demandante califica de «teoría del comportamiento predatorio».

637

En este contexto, la Comisión explica en el considerando 334 de la Decisión impugnada que llegó a la conclusión de que, entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2011, la demandante vendió ciertas cantidades de tres de sus microchips UMTS, a saber, los microchips MDM8200, MDM6200 y MDM8200A, a dos de sus principales clientes, a saber, Huawei y ZTE, a precios inferiores a sus costes, y ello con la intención de eliminar a Icera, su competidora principal en el segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS. Según ella, al actuar así, la demandante quiso impedir que Icera, una pequeña empresa de nueva creación con recursos financieros limitados, ganara una reputación y un tamaño suficientes para poder poner en entredicho su posición dominante en dicho mercado. Indica que concluyó, habida cuenta de que la demandante no formuló ninguna justificación objetiva válida para tal comportamiento, que esta había cometido, por ello, durante ese período, un abuso de posición dominante contrario al artículo 102 TFUE y al artículo 54 del Acuerdo EEE.

Primera parte, basada en que la «teoría del comportamiento predatorio» de la Comisión, que es «específica y selectiva», está desconectada de la definición del mercado y se ha adaptado para llegar a una conclusión predeterminada

638

La demandante, remitiéndose al décimo motivo, alega que el comportamiento imputado no era ni específico ni selectivo y que la «teoría del comportamiento predatorio» de la Comisión está desconectada de la definición del mercado pertinente, ya que, al referirse únicamente al segmento de vanguardia de ese mercado, además mal definido, algunos microchips que la demandante considera «de vanguardia» fueron excluidos de dicho segmento.

639

La demandante alega también que la Comisión desarrolló la «teoría del comportamiento predatorio» por conveniencia, puesto que no guardaba ninguna relación con la denuncia. Según ella, los microchips MDM8200 y MDM8200A se vendieron a clientes distintos de Huawei y ZTE antes y después del período pertinente, a precios inferiores a los LRAIC calculados por la Comisión, lo que cuestiona dicha teoría.

640

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

641

Antes de nada, en lo que atañe a la alegación de la demandante de que el comportamiento imputado no era ni específico ni selectivo, es preciso recordar que de las pruebas directas en las que se apoyó la Comisión, que se examinan con mayor detalle en los apartados 538 y 539 anteriores en el marco del examen del décimo motivo, resulta que la demandante concedió reducciones de precio a Huawei y a ZTE, claramente identificadas en esos documentos, con el fin de impedir que Icera accediera a esos dos clientes cruciales y, de este modo, expulsarla del mercado. Por lo tanto, la demandante no puede alegar fundadamente que su comportamiento no era ni específico ni selectivo.

642

A continuación, tampoco puede prosperar la alegación de la demandante de que la «teoría del comportamiento predatorio» de la Comisión, referida únicamente al segmento de vanguardia, está desconectada de la definición del mercado. En efecto, del punto 64 de la Comunicación sobre las prioridades se desprende que, en materia de comportamientos predatorios, un comportamiento implica un sacrificio si la empresa dominante fija un precio inferior para el conjunto o para una parte específica de su producción. De ello se desprende que el comportamiento predatorio puede perfectamente afectar a un segmento limitado del mercado en cuestión, y no a la totalidad de este. A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que el comportamiento predatorio puede incluso producirse en un mercado distinto del mercado en cuestión, que, por su parte, no es objeto de una definición estricta (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, EU:C:1991:286, apartados 35 y 45).

643

De ello se desprende que la Comisión tenía, por una parte, derecho a sancionar, en la Decisión impugnada, un comportamiento circunscrito a un segmento del mercado pertinente y que no estaba, por otra parte, obligada a definir con precisión los límites de ese segmento, como está obligada a hacer con respecto al mercado pertinente a fin de comprobar la existencia de una posición dominante.

644

Además, por lo que respecta a la supuesta falta de relación entre la «teoría del comportamiento predatorio» de la Comisión y la denuncia, procede señalar que del punto 55 de la Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2004, C 101, p. 65), se desprende que, en la primera fase que se inicia a partir de la presentación de la denuncia, la Comisión examina esta y puede recabar más información para decidir qué curso le dará, que esta fase puede incluir un intercambio informal de puntos de vista entre la Comisión y el denunciante para precisar los elementos de hecho y de derecho de la denuncia y que, en esta fase, la Comisión puede dar una respuesta inicial al denunciante, así como brindarle la oportunidad de ampliar sus alegaciones a la luz de dicha respuesta inicial.

645

En el presente asunto, de los considerandos 11 a 13 de la Decisión impugnada se infiere que, tras la actualización y la revisión de la denuncia, Icera y la Comisión mantuvieron una serie de intercambios, lo que finalmente dio lugar, en junio de 2012, a que Icera formulase una serie de alegaciones de precios predatorios, extremo que la propia demandante reconoce. A la luz del punto 55 de la Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE], debe considerarse una práctica habitual el hecho de que un denunciante, como ha ocurrido en el presente asunto, desarrolle las alegaciones formuladas en la denuncia con el fin de tener en cuenta la primera reacción de la Comisión. Por otra parte, de la necesidad de velar eficazmente por la aplicación de las normas en materia de competencia resulta que la Comisión no puede quedar vinculada por el marco y las apreciaciones jurídicas que formuló un denunciante. Sea como fuere, procede observar que la demandante no precisa en qué modo el hecho de que Icera desarrollase solo de forma relativamente tardía sus alegaciones de precios predatorios podría poner en entredicho lo que califica de «teoría del comportamiento predatorio» en dicha Decisión, a raíz de una investigación en profundidad llevada a cabo por la Comisión.

646

Por último, por lo que respecta a la alegación de la demandante según la cual aplicó precios inferiores a los LRAIC por lo que se refería a los microchips MDM8200 y MDM8200A respecto de otros clientes distintos de Huawei y ZTE, antes y después del período pertinente, cabe señalar que la demandante no explica en absoluto de qué modo ello podría poner en entredicho lo que califica de «teoría del comportamiento predatorio» en la Decisión impugnada. Al contrario, parece más bien que, si la Comisión hubiera descubierto pruebas de que la demandante aplicaba precios predatorios a otros clientes fuera de dicho período, habría podido tenerlas en cuenta para reforzar o ampliar temporalmente dicha teoría.

647

De lo anterior se desprende que debe desestimarse la primera parte del cuarto motivo.

Segunda parte, basada en el carácter intrínsecamente incoherente e insuficientemente motivado de la «teoría del comportamiento predatorio» de la Comisión

648

La demandante invoca una serie de contradicciones e incoherencias que vician la Decisión impugnada.

649

En primer lugar, la demandante considera que la «teoría del comportamiento predatorio» que se desprende también del considerando 993 de la Decisión impugnada, según el cual utilizó primero los microchips MDM8200 para lograr que sus clientes Huawei y ZTE migraran de dichos microchips a los microchips MDM6200 y MDM8200A, más avanzados, y posteriormente centró su estrategia de fijación de precios en el microchip MDM8200A, habida cuenta de la falta de éxito inicial del microchip MDM6200, no es compatible con una «teoría del perjuicio» basada en los precios predatorios, dado que tal constatación no hace sino reflejar la existencia de una competencia rigurosa ejercida por la demandante gracias al lanzamiento de nuevos productos.

650

En segundo lugar, la demandante subraya que la Comisión le reprocha en la Decisión impugnada haber llevado a cabo el comportamiento en cuestión con el fin de impedir que Icera se forjara una reputación, aun cuando de un documento interno, mencionado en la misma Decisión, se desprende que estimaba que, varios meses antes del período pertinente, Icera había logrado superar los obstáculos relacionados con la reputación, lo que pone en entredicho la «teoría del comportamiento predatorio» de la Comisión.

651

En tercer lugar, la demandante sostiene que la Comisión no puede, sin contradecirse, por una parte, indicar en los considerandos 411 a 419 de la Decisión impugnada que el microchip MDM6200 no tuvo éxito comercial durante el período pertinente y, por otra parte, afirmar en el considerando 420 de la misma Decisión que se basó en dicho microchip para llevar a cabo su estrategia respecto a ZTE. Del mismo modo, considera que la Comisión no puede, por una parte, alegar, en el considerando 959 de dicha Decisión, que el microchip MDM8200 mantuvo su importancia competitiva incluso después de la comercialización del microchip MDM8200A y, por otra parte, afirmar en el considerando 420 de la misma Decisión que este último microchip se había convertido en el producto crucial en el que se basó para llevar a cabo su estrategia en 2010 y en 2011.

652

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

653

Antes de nada, procede señalar que la presente parte debe desestimarse por inoperante, ya que, aun cuando las tres alegaciones formuladas en apoyo de esta parte fueran fundadas, ello no afectaría a la legalidad de la Decisión impugnada.

654

En efecto, el hecho de que la demandante haya ejercido supuestamente una competencia rigurosa gracias al lanzamiento de nuevos productos, que Icera haya conseguido forjarse una reputación o que la demandante no haya podido basar su estrategia predatoria en el microchip MDM6200 debido a su falta de éxito comercial o en el microchip MDM8200 tras el lanzamiento del microchip MDM8200A no permite refutar la constatación de la Comisión de que la demandante aplicó precios predatorios con la intención de eliminar a su competidora Icera, lo que basta para demostrar la existencia de un abuso cometido por la demandante (sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, EU:C:1991:286, apartados 70 y 71).

655

Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del cuarto motivo.

Tercera parte, basada en la falta de demostración por parte de la Comisión del carácter irracional de la conducta de la demandante y de su estrategia de depredación

656

La demandante alega que, en la Decisión impugnada, la Comisión no demostró que su conducta hubiera sido irracional, salvo que se quisiera expulsar a Icera, o que sus precios constituyeran la aplicación de un plan destinado a excluir a Icera. En su opinión, los pocos documentos en los que se basa la Comisión para intentar demostrar la existencia de tal plan proceden de empleados subordinados sin poder de decisión sobre los precios. Añade que la Comisión no aporta prueba alguna de que haya realizado un sacrificio, a pesar de que, con arreglo a la Comunicación sobre las prioridades, estaba obligada a demostrar la existencia de tal sacrificio.

657

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

658

Procede señalar que, en apoyo de la presente parte, la demandante se limita a repetir las alegaciones que formuló en el marco de la primera parte del tercer motivo, en relación con la supuesta falta de prueba de la existencia de un sacrificio, o en el marco del décimo motivo, en lo que respecta a la supuesta falta de prueba de la existencia de una estrategia dirigida a expulsar a Icera.

659

Pues bien, estas alegaciones, que han sido desestimadas en el marco del examen de la primera parte del tercer motivo y en el marco del décimo motivo, deben desestimarse por las mismas razones en la medida en que se formulan en apoyo de la tercera parte del cuarto motivo, lo que basta para desestimarla.

Cuarta parte, basada en el carácter más elevado de los precios de la demandante en relación con los de Icera

660

La demandante alega que, en la Decisión impugnada, la Comisión reconoce, por una parte, que los precios de la demandante eran más elevados que los de Icera y afirma, por otra parte, que los microchips de esta última eran de calidad superior. En su opinión, si esto fuera cierto, habría sido lógico, por lo tanto, que redujera el precio de sus microchips para compensar la menor calidad de sus productos, circunstancia que la Comisión no tuvo en cuenta.

661

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

662

Procede recordar que una empresa en posición dominante abusa de esta posición si aplica precios inferiores a los AVC o precios inferiores a los ATC pero superiores a los AVC cuando tales precios se fijan en el marco de una estrategia de expulsión de un competidor (sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, EU:C:1991:286, apartados 70 a 72).

663

En el presente asunto, del examen de los motivos quinto a octavo y décimo se desprende que la Comisión demostró debidamente que la demandante había aplicado precios predatorios con la intención de eliminar a su competidora Icera, lo que basta para demostrar la existencia de un abuso de posición dominante cometido por la demandante.

664

Por otra parte, del examen del undécimo motivo se infiere que la Comisión no incurrió en error ni incumplió su obligación de motivación al rechazar las justificaciones objetivas formuladas por la demandante, incluida la alegación de esta de que sus precios predatorios se aplicaron como reacción a los precios agresivos de Icera.

665

Por consiguiente, no puede reprocharse fundadamente a la Comisión no haber tenido en cuenta el hecho de que los precios predatorios aplicados por la demandante estaban justificados por los precios inferiores de Icera o por la menor calidad de sus productos. Además, el criterio de referencia para apreciar la existencia de prácticas de fijación de precios predatorios no se basa en los precios y costes de la empresa destinataria de tales prácticas o en la calidad de los productos de que se trata, sino más bien en los precios y costes de la empresa en posición dominante.

666

Por consiguiente, procede desestimar la cuarta parte del cuarto motivo.

Quinta parte, basada en la falta de consideración por parte de la Comisión de pruebas de descargo cruciales

667

La demandante afirma que la Comisión no tuvo en cuenta varias pruebas de descargo «cruciales», a saber, en primer lugar, el hecho de que Huawei y ZTE habían declarado que no se habrían abastecido en mayor medida de Icera de no haber existido el comportamiento imputado; en segundo lugar, el hecho de que los microchips de Icera se habían superado técnicamente y que Icera no habría sido en ningún caso capaz de desarrollar un microchip LTE antes que ella, y, en tercer lugar, el hecho de que Icera no había sido expulsada del mercado durante el período pertinente, ya que había conseguido atraer importantes inversiones exteriores y había sido adquirida por Nvidia.

668

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

669

Procede recordar que, según la jurisprudencia, una empresa en posición dominante abusa de esta posición si aplica precios inferiores a los AVC o precios inferiores a los ATC, pero superiores a los AVC, cuando tales precios se fijan en el marco de una estrategia de expulsión de un competidor (sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, EU:C:1991:286, apartados 70 a 72). Pues bien, en el presente asunto, del examen de los motivos quinto a octavo y décimo se desprende, en particular, que la Comisión demostró debidamente que la demandante había aplicado tales precios predatorios con la intención de eliminar a su competidora Icera, lo que basta para demostrar la existencia de un abuso de posición dominante cometido por la demandante.

670

Por consiguiente, el hecho de que las dos clientes afectadas por el comportamiento imputado no se habrían abastecido en todo caso en mayor medida de Icera de no haber existido ese comportamiento, de que la tecnología de esta se hubiera superado o de que Icera hubiera atraído financiación externa y hubiera sido adquirida durante el período pertinente, aunque hubieran quedado acreditados, no habrían podido influir en la conclusión de la Comisión sobre la existencia de un abuso, que se basa en la constatación de la aplicación por parte de la demandante de precios inferiores a sus costes con la intención de expulsar a su competidora Icera. Ello es tanto más cierto cuanto que estos tres elementos invocados por la demandante son elementos externos a ella, sobre los que no tenía ninguna influencia y que, por lo tanto, no podían eximirla de cualquier sanción por la infracción que cometió.

671

En cualquier caso, procede señalar también que la demandante se limita a calificar de «cruciales» los tres elementos en cuestión, sin explicar, no obstante, en qué habrían podido cuestionar, si la Comisión los hubiera tenido en cuenta, lo que califica de «teoría del comportamiento predatorio».

672

Por consiguiente, procede desestimar la quinta parte del cuarto motivo.

Sexta parte, basada en la falta de prueba de un comportamiento predatorio desde el punto de vista económico

673

La demandante sostiene que el comportamiento predatorio invocado en la Decisión impugnada no está respaldado por pruebas creíbles y se ve contradicho por el hecho de que Icera fuera adquirida por Nvidia durante el período pertinente. Añade que negó la existencia de un «comportamiento predatorio desde el punto de vista económico» durante el procedimiento administrativo, lo que llevó a la Comisión a retirar dicho cargo en la citada Decisión y a limitarse a invocar un «comportamiento predatorio tradicional».

674

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

675

Para desestimar la presente parte, basta señalar que, como reconoce la propia demandante, la Comisión no basó la Decisión impugnada en un caso de comportamiento predatorio desde el punto de vista económico, sino más bien en un comportamiento predatorio tradicional, es decir, en un caso de aplicación por una empresa en posición dominante de precios inferiores a sus costes con la intención de expulsar a un competidor.

676

Por consiguiente, la alegación de la demandante basada en la falta de prueba de la existencia de un comportamiento predatorio desde el punto de vista económico debe declararse inoperante y procede desestimar la sexta parte del cuarto motivo.

Séptima parte, basada en el carácter nuevo, erróneo e infundado de la «teoría del comportamiento predatorio»

677

La demandante explica que la «teoría del comportamiento predatorio» de la Comisión, según la cual suministró a Huawei microchips MDM8200 a precios predatorios para que esta pudiera convencer a los operadores de redes móviles de preferir sus dispositivos equipados con sus microchips, en lugar de los dispositivos de ZTE equipados con microchips de Icera, es insostenible.

678

Según la demandante, la Comisión imaginó la «teoría del comportamiento predatorio» por el mero hecho de que, para el período comprendido entre julio de 2009 y junio de 2010, solo descubrió pruebas de precios predatorios en relación con los microchips MDM8200 respecto de Huawei, y no respecto de ZTE.

679

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

680

Procede recordar que del examen de los motivos quinto a octavo y décimo se desprende, en particular, que la Comisión demostró debidamente que la demandante había aplicado precios predatorios, en particular respecto a Huawei en lo referente al microchip MDM8200, con la intención de eliminar a su competidora Icera, extremo que la demandante no discute en el marco de la presente parte.

681

Por consiguiente, debe declararse inoperante la alegación de la demandante formulada contra la afirmación de la Comisión de que, en un primer momento, únicamente ofreció precios predatorios a Huawei, y aún no a ZTE, para que se prefirieran los dispositivos de Huawei equipados con uno de sus microchips a los dispositivos de ZTE equipados con un microchip de Icera, puesto que no permite cuestionar lo que califica de «teoría del comportamiento predatorio».

682

La demandante afirma, además, que la Comisión desarrolló la «teoría del comportamiento predatorio» por el hecho de que, para el período comprendido entre julio de 2009 y junio de 2010, solo descubrió pruebas de precios predatorios en relación los microchips MDM8200 respecto de Huawei, y no respecto de ZTE. Pues bien, la prueba de que la demandante aplicó precios predatorios a Huawei con la intención de expulsar a Icera bastaba para demostrar la existencia de un abuso. Por lo tanto, la Comisión no estaba en absoluto obligada a demostrar también la existencia de precios predatorios respecto a ZTE para sancionar a la demandante.

683

Por consiguiente, debe desestimarse la séptima parte del cuarto motivo.

Octava parte, basada en «errores manifiestos de apreciación» por lo que respecta al comportamiento predatorio directo entre el tercer trimestre de 2010 y el segundo trimestre de 2011

684

Refiriéndose a los motivos sexto y séptimo, la demandante invoca tres errores en que incurrió la Comisión, dos de los cuales se refieren a la asignación de los costes de I+D y uno a la asignación del pago NRE a ZTE.

685

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

686

Procede recordar que estas alegaciones fueron examinadas y desestimadas en el marco del examen de los motivos sexto y séptimo, lo que basta para desestimar la octava parte del cuarto motivo.

Novena parte, basada en que la Comisión no tuvo en cuenta la realidad comercial del microchip MDM8200

687

La demandante alega que el microchip MDM8200 experimentó problemas técnicos, con la consecuencia de que Huawei acumuló existencias excedentarias de ese microchip y que, por lo tanto, era totalmente racional por su parte conceder por ello reducciones de precio por dicho microchip. A su juicio, tales reducciones de precio no se concedieron con una intención de expulsión.

688

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

689

Como se desprende, en particular, del examen de los motivos quinto a octavo y décimo, la Comisión demostró debidamente que la demandante había aplicado precios predatorios con la intención de eliminar a su competidora Icera. Además, como se desprende del examen del undécimo motivo, la Comisión no incurrió en error ni incumplió su obligación de motivación al rechazar las justificaciones objetivas formuladas por la demandante, incluida la alegación de esta última según la cual sus precios predatorios se habían aplicado para ayudar a Huawei a dar salida a sus existencias excedentarias del microchip MDM8200. Por otra parte, como señala acertadamente la Comisión en sus escritos, el hecho de que un comportamiento predatorio sea potencialmente racional no lo hace, sin embargo, legal.

690

Por consiguiente, no puede reprocharse fundadamente a la Comisión no haber tenido en cuenta la realidad comercial del microchip MDM8200, a saber, los problemas técnicos que experimentó dicho producto.

691

En consecuencia, procede desestimar la novena parte del cuarto motivo.

Décima parte, basada en el carácter ilógico y contrario a las reglas elementales de la economía de la «teoría del comportamiento predatorio»

692

Para demostrar el carácter ilógico y contrario a las reglas económicas de la «teoría del comportamiento predatorio», la demandante alega que sus precios eran superiores a los de Icera y que los volúmenes de microchips comercializados a precios predatorios eran, durante el período pertinente, insignificantes en relación con los volúmenes de microchips comercializados en el mercado pertinente y en el segmento de vanguardia de dicho mercado.

693

La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.

694

Como se desprende, en particular, del examen de los motivos quinto a octavo y décimo anteriores, la Comisión demostró debidamente que la demandante había aplicado precios predatorios en el sentido de la sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión (C‑62/86, EU:C:1991:286), con la intención de eliminar a su competidora Icera, lo que basta para demostrar la existencia de un abuso cometido por la demandante. Por consiguiente, como se ha señalado al examinar la cuarta parte del presente motivo, no puede reprocharse fundadamente a la Comisión no haber tenido en cuenta el hecho de que los precios predatorios aplicados por la demandante eran superiores a los precios de Icera.

695

Por otra parte, como se desprende del análisis de la primera parte del noveno motivo y, más concretamente, de los apartados 521 a 523 anteriores, la Comisión no está obligada, al examinar la posible existencia de precios predatorios aplicados por una empresa que ocupa una posición dominante, a comprobar también si el porcentaje del mercado cubierto por la práctica imputada tiene una magnitud suficiente para que esa práctica produzca efectos contrarios a la competencia.