AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 4 de mayo de 2021 (*)
«Recurso de anulación — Agricultura — Clasificación en una de las tres categorías de aceite de oliva virgen — Medidas de ejecución — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad»
En el asunto T‑822/19,
Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA), con domicilio en Madrid,
Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC), con domicilio en Madrid,
representadas por el Sr. V. Rodríguez Fuentes, abogado,
partes demandantes,
contra
Comisión Europea, representada por el Sr. M. Konstantinidis y las Sras. F. Castilla Contreras y M. Morales Puerta, en calidad de agentes,
parte demandada,
que tiene por objeto un recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación del artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1604 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis (DO 2019, L 250, p. 14),
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. S. Gervasoni (Ponente), Presidente, y los Sres. L. Madise y P. Nihoul, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
dicta el siguiente
Auto
Marco jurídico
1 El Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671), incluye, en su parte II, título II, un capítulo I titulado «Disposiciones aplicables a la comercialización». Este capítulo se compone de tres secciones, la primera de las cuales lleva como epígrafe «Normas de comercialización». El artículo 78 figura en esta sección.
2 A tenor del artículo 78 del Reglamento n.º 1308/2013, que lleva como epígrafe «Definiciones, designaciones y denominaciones de venta para determinados sectores y productos»:
«1. Además, cuando proceda, de las normas aplicables de comercialización, las definiciones, designaciones y denominaciones de venta previstas en el anexo VII se aplicarán a los sectores o productos siguientes:
[…]
g) aceite de oliva y aceitunas de mesa.
2. Las definiciones, designaciones o denominaciones de venta previstas en el anexo VII podrán utilizarse en la Unión únicamente para la comercialización de los productos que se ajusten a los requisitos correspondientes establecidos en el citado anexo.
3. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 227 en lo referente a las modificaciones, supuestos de inaplicación o exenciones respecto a las definiciones y denominaciones de venta previstas en el anexo VII. Estos actos se limitarán estrictamente a las necesidades demostradas resultantes de la evolución de la demanda del consumidor, el progreso técnico o la necesidad de innovación de productos.
4. Para garantizar que los titulares y los Estados miembros tengan una comprensión clara y correcta de las definiciones y denominaciones de venta establecidas en el anexo VII, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 227 en relación con las normas sobre su determinación y aplicación.
[…]»
3 La parte VI del Reglamento n.º 1308/2013, titulada «Delegación de poderes, normas de desarrollo y disposiciones transitorias y finales», incluye un capítulo I, que tiene como título «Delegación de poderes y normas de desarrollo». El artículo 227, que lleva como epígrafe «Ejercicio de la delegación», figura en este capítulo I. En su apartado 1, dispone que «se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo».
4 El anexo VII del Reglamento n.º 1308/2013 se titula «Definiciones, designaciones y denominaciones de venta de los productos a que se refiere el artículo 78». Comprende una parte VIII, titulada «Denominaciones y definiciones de los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva», que establece lo siguiente:
«El uso de las denominaciones y definiciones de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva que figuran en esta parte será obligatorio para la comercialización de esos productos en la Unión y, en la medida en que sea compatible con normas internacionales obligatorias, en el comercio con terceros países.
Solo podrán comercializarse al por menor los aceites que se indican en los puntos 1, letras a) y b), 3 y 6.
1) [Aceite de oliva virgen]
Se entenderá por “aceite de oliva virgen”, el aceite obtenido del fruto del olivo exclusivamente por medios mecánicos u otros procedimientos físicos aplicados en condiciones que excluyan toda alteración del producto, y que no se ha sometido a ningún otro tratamiento que no sea su lavado, decantación, centrifugado o filtración, excluidos los aceites obtenidos con el uso de disolventes o de coadyuvantes de acción química o bioquímica, por un procedimiento de reesterificación o como resultado de cualquier mezcla con aceites de otros tipos.
El aceite de oliva virgen solo puede clasificarse y designarse de la forma siguiente:
a) Aceite de oliva virgen extra
Se entenderá por “aceite de oliva virgen extra”, el que tiene una acidez libre máxima, en ácido oleico, de 0,8 g por 100 g, cuyas otras características se ajustan a las establecidas por la Comisión, de conformidad con el artículo 75, apartado 2, para esta categoría.
b) Aceite de oliva virgen
Se entenderá por “aceite de oliva virgen”, el que tiene una acidez libre máxima, en ácido oleico, de 2 g por 100 g, cuyas otras características se ajustan a las establecidas por la Comisión, de conformidad con el artículo 75, apartado 2, para esta categoría.
[…]»
5 El Reglamento (CEE) n.º 2568/91 de la Comisión, de 11 de julio de 1991, relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis (DO 1991, L 248, p. 1), se adoptó primigeniamente sobre la base del Reglamento n.º 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas (DO 1966, 172, p. 3025; EE 03/01, p. 214). Este último Reglamento fue derogado por el Reglamento (CE) n.º 865/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establece la organización común del mercado del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa y se modifica el Reglamento (CEE) n.º 827/68 (DO 2004, L 161, p. 97), que a su vez quedó derogado por el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (DO 2007, L 299, p. 1). El Reglamento n.º 1234/2007 fue derogado por el Reglamento n.º 1308/2013.
6 En el primer considerando del Reglamento n.º 2568/91 se hace referencia a las denominaciones y definiciones de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva comercializados dentro de cada Estado miembro, así como en los intercambios entre Estados miembros y con terceros países. En el segundo considerando de dicho Reglamento se señala que, para poder distinguir los diferentes tipos de aceite, procede definir las características fisicoquímicas de cada uno de ellos, así como las características organolépticas de los aceites vírgenes, a fin de garantizar así la pureza y calidad de estos productos.
7 El Reglamento n.º 2568/91 establece, en su artículo 1, apartado 1, que los aceites cuyas características se ajusten a las indicadas, respectivamente, en los puntos 1 y 2 de su anexo I se considerarán aceites de oliva vírgenes.
8 El artículo 2 del Reglamento n.º 2568/91 dispone:
«1. Las características de los aceites, previstas en el anexo I, se determinarán empleando los métodos de análisis siguientes:
[…]
i) para la valoración de las características organolépticas de los aceites de oliva vírgenes, el método recogido en el anexo XII;
[…]
2. La comprobación de las características organolépticas de los aceites de oliva vírgenes por parte de las autoridades nacionales o sus representantes correrá a cargo de paneles de catadores autorizados por los Estados miembros.
Las características organolépticas del aceite de oliva mencionado en el apartado 1 se considerarán conformes a la categoría declarada si un panel de catadores autorizado por el Estado miembro interesado confirma dicha clasificación.
En caso de que el panel autorizado no confirme tal declaración en lo que respecta a las características organolépticas, las autoridades nacionales o sus representantes ordenarán que se proceda, a petición del interesado, a realizar sin dilación dos análisis contradictorios por otros paneles autorizados. Al menos uno de ellos deberá ser un panel de cata autorizado por el Estado miembro productor. Las características en cuestión se considerarán conformes a las declaradas si ambos análisis contradictorios confirman la clasificación declarada. En caso contrario, independientemente del tipo de defectos determinados durante los análisis contradictorios, la clasificación se declarará no coherente con las características y los gastos generados por los análisis contradictorios correrán por cuenta del interesado.
[…]»
9 El artículo 2 bis, apartado 2, del Reglamento n.º 2568/91 establece:
«Los Estados miembros se cerciorarán de que los controles de conformidad se lleven a cabo de forma selectiva, sobre la base de un análisis de riesgos, y con la frecuencia apropiada, con el fin de garantizar que el aceite de oliva comercializado se ajusta a la categoría declarada.»
10 El artículo 3, párrafo primero, del Reglamento n.º 2568/91 dispone:
«En caso de que se compruebe que un aceite no corresponde a la descripción de su categoría, el Estado miembro de que se trate aplicará, sin perjuicio de cualesquiera otras sanciones, sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias que se determinarán en función de la gravedad de la irregularidad detectada.»
11 En el anexo I del Reglamento n.º 2568/91, titulado «Características de los aceites de oliva», figura un cuadro que se titula «Características de calidad», cuyos puntos 1 y 2 se refieren respectivamente al aceite de oliva virgen extra y al aceite de oliva virgen. De este cuadro resulta que, a los fines de la valoración organoléptica, un aceite de oliva pertenece a la categoría de los aceites de oliva vírgenes extra si presenta un valor mediano del defecto de 0,0 y un valor mediano del frutado superior a 0,0. Resulta asimismo de este cuadro que un aceite de oliva pertenece a la categoría de los aceites de oliva vírgenes si presenta un valor mediano del defecto inferior o igual a 3,5 y un valor mediano del frutado superior a 0,0.
12 El anexo XII del Reglamento n.º 2568/91, titulado «Método del Consejo Oleícola Internacional para la valoración organoléptica de los aceites de oliva vírgenes», dispone:
«1. [Objeto y ámbito de aplicación]
Este método internacional tiene por finalidad establecer el procedimiento para evaluar las características organolépticas de los aceites de oliva vírgenes según se define en el punto 1 de la Parte VIII del anexo VII del Reglamento [n.º 1308/2013] y describir el método para su clasificación en función de dichas características. El método incluye, asimismo, indicaciones para un etiquetado optativo.
El método descrito solo es aplicable a los aceites de oliva vírgenes, y a su clasificación o su etiquetado en función de la intensidad de los defectos detectados y del atributo frutado, determinados por un grupo de catadores seleccionados, entrenados y evaluados, constituidos en panel.
[…]
2. [Análisis sensorial: vocabulario general básico]
[…]
3. [Vocabulario específico]
3.1. Atributos negativos
Atrojado/borras:
Flavor característico del aceite obtenido de aceitunas amontonadas o almacenadas en condiciones tales que han sufrido un avanzado grado de fermentación anaerobia o del aceite que ha permanecido en contacto con los lodos de decantación, que también han sufrido un proceso de fermentación anaerobia en trujales y depósitos.
Moho-humedad:
Flavor característico del aceite obtenido de frutos en las que se han desarrollado abundantes hongos y levaduras a causa de haber permanecido amontonadas con humedad varios días, o aceite obtenido de las aceitunas que han sido recogidas con tierra o barro y que no han sido lavadas.
Avinado-avinagrado/Ácido-agrio:
Flavor característico de algunos aceites que recuerda al vino o vinagre. Es debido fundamentalmente a un proceso fermentativo aerobio de las aceitunas o de los restos de pasta de aceitunas en capachos que no han sido limpiados adecuadamente, que da lugar a la formación de ácido acético, acetato de etilo y etanol.
Rancio:
Flavor de los aceites que han sufrido un proceso oxidativo intenso.
Aceitunas heladas (madera húmeda):
Flavor característico de aceites que han sido extraídos de aceitunas que han sufrido un proceso de congelación en el árbol.
3.1.1. Otros atributos negativos
Cocido o quemado
Flavor característico del aceite originado por un excesivo y/o prolongado calentamiento durante el procesado, muy particularmente durante el termo-batido de la pasta, si este se realiza en condiciones térmicas inadecuadas.
Heno-madera
Flavor característico de algunos aceites procedentes de aceitunas secas.
Basto
Sensación buco-táctil densa y pastosa producida por algunos aceites viejos.
[…]
3.2. Atributos positivos
Frutado
Conjunto de sensaciones olfativas características del aceite, dependientes de la variedad de las aceitunas, procedentes de frutos sanos y frescos, verdes o maduros, y percibidas por vía directa y/o retronasal.
Amargo
Sabor elemental característico del aceite obtenido de aceitunas verdes o en envero. Se percibe en las papilas circunvaladas de la uve lingual.
Picante
Sensación táctil de picor, característica de los aceites obtenidos al comienzo de la campaña, principalmente de aceitunas todavía verdes. Puede ser percibido en toda la cavidad bucal, especialmente en la garganta.
[…]
9.2. Utilización de la ficha de cata por los catadores
La ficha de cata que deben utilizar los catadores se recoge en la figura 1 del presente anexo.
Cada uno de los catadores que componen el panel olerá y degustará […] el aceite sometido a examen. Deben consignar en las escalas de 10 cm de la ficha de cata que se pondrá a su disposición la intensidad con la que perciben cada uno de los atributos negativos y positivos.
En caso de que los catadores perciban atributos negativos no indicados en la sección 4, deberán consignarse en el apartado “otros”, empleando el término o términos que los describan con mayor precisión.
9.3. Utilización de los datos por los jefes de panel
El jefe del panel deberá recoger las fichas de cata cumplimentadas por cada uno de los catadores y revisar las intensidades asignadas a los diferentes atributos. De constatarse alguna anomalía, pedirá al catador que revise su ficha de cata y, si fuera necesario, que repita la prueba.
El jefe del [panel] deberá introducir los datos de la valoración de cada miembro en un programa informático […] con miras al cálculo estadístico de los resultados del análisis, basados en el cálculo de la mediana. […]
El valor del coeficiente de variación robusto que define la clasificación (defecto con la mayor intensidad y el mayor atributo frutado) deberá ser inferior o igual al 20 %.
Cuando no sea así, el jefe del panel deberá repetir la evaluación de la muestra específica en otra sesión de cata.
Si esta situación se produce con frecuencia, se recomienda al jefe del [panel] que imparta formación específica adicional […].
9.4. Clasificación del aceite
El aceite se clasifica en las categorías que se indican más adelante, en función de la mediana de los defectos y de la mediana del atributo frutado. Por mediana de los defectos se entiende la mediana del defecto percibido con mayor intensidad. La mediana de los defectos y la mediana del atributo frutado se expresarán con una sola cifra decimal.
La clasificación del aceite se hace comparando el valor de la mediana de los defectos y de la mediana del atributo frutado con los intervalos de referencia expuestos a continuación. Los límites de estos intervalos han sido establecidos teniendo en cuenta el error del método, por lo que son considerados como absolutos. Los programas informáticos permiten visualizar la clasificación en un cuadro de datos estadísticos o gráficamente.
a) Aceite de oliva virgen extra: la mediana de los defectos es igual a 0,0 y la del atributo frutado es superior a 0,0;
b) Aceite de oliva virgen: la mediana de los defectos es superior a 0,0 pero inferior o igual a 3,5 y la del atributo frutado es superior a 0,0;
c) Aceite de oliva virgen lampante: la mediana de los defectos es superior a 3,5, o bien la mediana de los defectos es inferior o igual a 3,5 y la del atributo frutado es igual a 0,0.
[…]
En el caso de los análisis efectuados en el marco de controles de conformidad, se realizará un ensayo. En el caso de análisis contradictorios, el análisis debe efectuarse por duplicado en diferentes sesiones de cata. […] Los resultados de los análisis por duplicado deben ser estadísticamente homogéneos […]. En caso contrario, la muestra debe ser analizada de nuevo dos veces. El valor final de la mediana de los atributos de clasificación se calculará utilizando la media de ambas medianas.
[…] Otra definición más práctica es que la mediana es el percentil 50 de una distribución de números ordenados de modo creciente. Dicho de otro modo, representa el valor central de una serie ordenada impar o la media de los dos valores centrales de una serie ordenada par.
[…]»
Antecedentes del litigio
13 El 27 de septiembre de 2019, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1604, por el que se modifica el Reglamento n.º 2568/91 (DO 2019, L 250, p. 14).
14 El artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento 2019/1604 modificó el artículo 2, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2568/91, que, actualmente, como se recoge en el apartado 8 del presente auto, establece lo siguiente:
«En caso de que el panel autorizado no confirme tal declaración en lo que respecta a las características organolépticas, las autoridades nacionales o sus representantes ordenarán que se proceda, a petición del interesado, a realizar sin dilación dos análisis contradictorios por otros paneles autorizados. Al menos uno de ellos deberá ser un panel de cata autorizado por el Estado miembro productor. Las características en cuestión se considerarán conformes a las declaradas si ambos análisis contradictorios confirman la clasificación declarada. En caso contrario, independientemente del tipo de defectos determinados durante los análisis contradictorios, la clasificación se declarará no coherente con las características y los gastos generados por los análisis contradictorios correrán por cuenta del interesado.»
15 Antes, el artículo 2, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2568/91, en su redacción dada, en último lugar, por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1348/2013 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento n.º 2568/91 (DO 2013, L 338, p. 31; corrección de errores en DO 2014, L 196, p. 45), disponía lo siguiente:
«En caso de que el panel autorizado no confirme tal declaración en lo que respecta a las características organolépticas, las autoridades nacionales o sus representantes ordenarán que se proceda, a petición del interesado, a realizar sin dilación dos análisis contradictorios por otros paneles autorizados; al menos uno de ellos deberá ser realizado por un panel de cata autorizado por el Estado miembro productor. Las características en cuestión se considerarán conformes a las declaradas si ambos análisis contradictorios confirman la clasificación declarada. En caso contrario, los gastos generados por los análisis contradictorios, sin perjuicio de otras posibles sanciones, correrán por cuenta del interesado»
16 Las demandantes, la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA) y la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC), tienen atribuido el cometido de defender los intereses colectivos de empresas españolas de envasado y de exportación de aceite de oliva.
Procedimiento y pretensiones de las partes
17 A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Cuarta), mediante una diligencia de ordenación del procedimiento de las contempladas en el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, solicitó a las partes que presentaran observaciones escritas sobre la posible existencia de una causa de inadmisión de orden público consistente en la falta de legitimación de las demandantes. Las partes respondieron a la diligencia de ordenación del procedimiento en el plazo que se les señaló.
18 Las demandantes solicitan al Tribunal que:
– Anule el artículo 1, apartado 1, letra b), del Reglamento 2019/1604 (en lo sucesivo, «disposición impugnada»).
19 La Comisión solicita al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a las demandantes.
Fundamentos de Derecho
20 Con arreglo al artículo 129 del Reglamento de Procedimiento, a propuesta del Juez Ponente, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, de oficio y tras oír a las partes, resolver mediante auto motivado sobre las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público.
21 En el presente asunto, el Tribunal, al considerar que los documentos que obran en autos le proporcionan suficiente información, decide resolver mediante auto motivado sin proseguir el procedimiento.
22 Es preciso recordar que, según el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, son dos los supuestos en que se reconoce legitimación a una persona física o jurídica para recurrir contra un acto del que no es destinataria. Por una parte, puede interponer recurso a condición de que el acto la afecte directa e individualmente. Por otra parte, esa persona puede interponer recurso contra un acto reglamentario que no incluya medidas de ejecución si dicho acto la afecta directamente (sentencia de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 19).
23 En el caso de autos, las demandantes no son las destinatarias del Reglamento 2019/1604, en el que figura la disposición impugnada. Por lo tanto, solo se les puede reconocer legitimación activa si se encuentran en alguno de los dos supuestos mencionados en el anterior apartado.
24 En primer término, procede examinar la admisibilidad del presente recurso a la luz del segundo supuesto indicado en el apartado 22 del presente auto.
25 Dado que la disposición impugnada tiene naturaleza de acto reglamentario, debe examinarse si incluye o no medidas de ejecución y recordarse la jurisprudencia pertinente al respecto.
26 En primer lugar, la expresión «que no incluyan medidas de ejecución», a efectos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, tercer supuesto, debe interpretarse a la luz del objetivo de dicha disposición, que consiste —como se deduce de sus trabajos preparatorios— en evitar que un particular se vea obligado a quebrantar el Derecho para poder acceder al juez. Pues bien, cuando un acto reglamentario produce directamente efectos en la situación jurídica de una persona física o jurídica sin requerir medidas de ejecución, existiría el riesgo de que dicha persona se viera desprovista de tutela judicial efectiva si no dispusiera de una vía de recurso ante el juez de la Unión para cuestionar la legalidad de ese acto reglamentario. En efecto, a falta de medidas de ejecución, aunque el acto de que se trate afectara directamente a una persona física o jurídica, esta solo podría obtener el control judicial de dicho acto tras haber infringido sus disposiciones, invocando la ilegalidad de tales disposiciones en los procedimientos abiertos en su contra ante los tribunales nacionales (sentencias de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 27, y de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci, C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, apartado 58).
27 En cambio, cuando un acto reglamentario incluye medidas de ejecución, el control judicial del respeto del ordenamiento jurídico de la Unión queda garantizado con independencia de que tales medidas procedan de la Unión o de los Estados miembros. Las personas físicas o jurídicas que, a causa de los requisitos de admisibilidad establecidos en el 263 TFUE, párrafo cuarto, no puedan impugnar directamente un acto reglamentario de la Unión ante el juez de la Unión quedan protegidas contra la aplicación de dicho acto en lo que a ellas respecta mediante la posibilidad de impugnar las medidas de ejecución que ese acto incluya (sentencias de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 28, y de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci, C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, apartado 59).
28 Respecto de las personas que no cumplen los requisitos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, para interponer un recurso ante los tribunales de la Unión, corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esta obligación de los Estados miembros fue confirmada en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, según el cual estos «establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión». Asimismo, tal obligación resulta del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión en cuanto a las medidas adoptadas por los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales (sentencia de 28 de abril de 2015, T & L Sugars y Sidul Açúcares/Comisión, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, apartados 49 y 50).
29 En segundo lugar, para determinar si un acto reglamentario incluye medidas de ejecución, debe considerarse la posición de la persona que invoca el derecho de recurso al amparo del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, tercer supuesto. Así pues, es irrelevante la cuestión de si el acto de que se trata incluye medidas de ejecución con respecto a otros justiciables (sentencias de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 30, y de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci, C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, apartado 61).
30 Además, también para determinar si un acto reglamentario incluye medidas de ejecución, es preciso referirse exclusivamente al objeto del recurso (sentencias de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 31, y de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci, C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, apartado 61).
31 En tercer lugar, el Tribunal de Justicia ha adoptado una concepción amplia del concepto de «medidas de ejecución».
32 Ha declarado, para empezar, que la cuestión del carácter mecánico de las medidas adoptadas a nivel nacional carece de pertinencia para determinar si un acto reglamentario incluye medidas de ejecución en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine (sentencia de 28 de abril de 2015, T & L Sugars y Sidul Açúcares/Comisión, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, apartados 41 y 42).
33 El Tribunal de Justicia también ha resuelto, en el caso de un acto impugnado consistente en una decisión de la Comisión por la que se declaraba que una medida nacional constituía ayuda de Estado y era incompatible con el mercado interior, que, para los beneficiarios de tal medida, las consecuencias específicas de esa declaración se materializarían en medidas de ejecución como liquidaciones tributarias (sentencia de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 35). Ha de subrayarse que, en aquel caso, el acto impugnado tenía como efecto, por sí mismo, prohibir la implementación de la medida nacional y que la existencia de las medidas de ejecución en cuestión dependía de que el interesado presentase, con posterioridad a esa prohibición, una solicitud al objeto de acogerse a la ventaja concedida por la medida nacional.
34 Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que el tenor literal del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine, no exige, para que una medida sea calificada de medida de ejecución de un acto reglamentario, que tal acto constituya la base jurídica de esa medida, en tanto en cuanto una misma medida puede ser una medida de ejecución tanto del acto cuyas disposiciones constituyen su base jurídica como de un acto distinto, cuando la totalidad o parte de los efectos jurídicos de este último acto se materialicen únicamente, frente a la parte recurrente, a través de esa medida (sentencia de 13 de marzo de 2018, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, apartado 72).
35 Por último, el Tribunal de Justicia ha declarado, en un asunto en el que se impugnaba un acto de la Unión que, por un lado, derogaba un acto anterior que establecía derechos antidumping y, por otro, disponía que no podía servir de fundamento para el reembolso de los derechos recaudados con anterioridad a su entrada en vigor, que las medidas adoptadas previamente a esta entrada en vigor por las autoridades nacionales al objeto de recaudar dichos derechos constituían medidas de ejecución del acto impugnado pese a que este era posterior a aquellas (sentencia de 18 de octubre de 2018, Internacional de Productos Metálicos/Comisión, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, apartados 12 a 14 y 57 a 61).
36 La jurisprudencia citada en los apartados 26 a 35 del presente auto debe servir de guía para determinar si la disposición impugnada incluye medidas de ejecución con respecto a las demandantes.
37 Es preciso recordar que el procedimiento para controlar las características organolépticas de los aceites de oliva se establece en el artículo 2, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2568/91. Se dispone a este respecto que, en caso de que el panel autorizado no confirme la clasificación declarada por la empresa interesada, las autoridades nacionales ordenarán que se proceda, a petición de la interesada, a realizar dos análisis contradictorios por otros paneles autorizados. Si estos dos análisis contradictorios no confirman la clasificación declarada por la empresa interesada, «independientemente del tipo de defectos determinados durante los análisis contradictorios, [tal] clasificación se declarará no coherente con las características» organolépticas del aceite sometido al control.
38 La disposición impugnada, que inserta en el artículo 2, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2568/91 la cita que se reproduce en la última frase del apartado anterior del presente auto, versa sobre las consecuencias de la decisión de los paneles autorizados desfavorable a confirmar la clasificación declarada de un aceite de oliva en alguna de las dos categorías de aceites de oliva vírgenes que se mencionan en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 2568/91. Aunque la disposición impugnada especifica las condiciones con arreglo a las cuales puede no confirmarse la clasificación de los aceites, no determina el resultado de los análisis que realizarán los paneles con respecto a las características organolépticas específicas de cada aceite, pues tales resultados dependerán de las características particulares de este y además vendrán definidos por la apreciación de los paneles sobre dichas características.
39 Así pues, la disposición impugnada no entraña por sí misma ninguna consecuencia específica y concreta para cada uno de los aceites de oliva y, por ende, para cada una de las empresas españolas de envasado y de exportación a las que las demandantes representan. Tales consecuencias solo se materializarán en un acto, relativo a cada aceite sometido a comprobación, consistente, conforme al propio tenor del artículo 2, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2568/91, en una «declaración» en la que se hará constar que la clasificación declarada por la empresa de que se trate para ese aceite de oliva no es coherente con sus características organolépticas (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 35).
40 Ha de añadirse que tales actos son competencia de los Estados miembros.
41 En efecto, el Reglamento n.º 2568/91 atribuye a los Estados miembros la competencia en materia de comprobación y control de las características organolépticas de los aceites de oliva.
42 Así, el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 2568/91 establece que la comprobación de las características organolépticas de los aceites de oliva por parte de las autoridades nacionales o sus representantes correrá a cargo de paneles de catadores autorizados por los Estados miembros. Dispone asimismo que es a las autoridades nacionales o a sus representantes a quienes incumbe ordenar que se proceda a realizar dos análisis contradictorios por otros paneles autorizados en caso de que el primer panel autorizado no haya confirmado la categoría declarada. El artículo 2 bis, apartado 2, del Reglamento n.º 2568/91 preceptúa que los Estados miembros se cerciorarán de que se lleven a cabo controles de conformidad. Por último, el artículo 3, párrafo primero, del referido Reglamento establece que los Estados miembros aplicarán sanciones en caso de que se compruebe que un aceite no corresponde a la descripción de su categoría.
43 De las consideraciones expuestas en los apartados 37 a 42 del presente auto resulta que los efectos jurídicos de la disposición impugnada solo se materializarán, con respecto a cada una de las empresas españolas de envasado y de exportación de aceite de oliva a las que las demandantes representan, a través de actos adoptados por las autoridades nacionales o en su nombre sobre las características organolépticas específicas de cada aceite de oliva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2018, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, apartado 57).
44 Serán pues tales actos los que determinarán definitivamente los efectos jurídicos de la disposición impugnada para estas empresas (véanse, en este sentido, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:204, punto 42).
45 Procede señalar a este respecto que la situación jurídica de estas empresas se verá sustancialmente modificada por dichos actos.
46 En efecto, la adopción de tales actos, en la medida en que concluyan que la clasificación declarada para un aceite no se corresponde con sus características organolépticas, tendrá como efecto, conforme al artículo 78, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013, impedir que los interesados utilicen, para comercializar en la Unión el aceite de que se trate, la clasificación que habían declarado de entre las previstas en el anexo VII del Reglamento n.º 1308/2013.
47 Además, la adopción de dichos actos también podría tener como efecto, en caso de que se compruebe que el aceite de que se trate no presenta las características correspondientes a la categoría de aceites de oliva vírgenes extra o a la de los aceites de oliva vírgenes, la imposibilidad de comercializarlo al por menor.
48 A este respecto, ha de recordarse que el anexo VII del Reglamento n.º 1308/2013, que establece denominaciones y definiciones de los aceites de oliva, dispone que solo pueden comercializarse al por menor las dos categorías de aceite de oliva mencionadas en el anterior apartado del presente auto.
49 Así pues, la disposición impugnada incluye medidas de ejecución, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, con respecto a las empresas a las que las demandantes representan y, por ende, con respecto a las propias demandantes, las cuales han señalado en los escritos presentados ante el Tribunal que su legitimación activa procede de sus asociadas (véase el apartado 16 del presente auto).
50 Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones de las demandantes.
51 A su juicio, cuando uno de los análisis organolépticos contradictorios no confirme la clasificación declarada por la empresa interesada, el aceite «se considera necesariamente, y sin posibilidad de prueba alguna en contrario, como de calidad disconforme», de manera que, en su opinión, este mandato que recoge la disposición impugnada no permite interpretación, sino que impone la calificación automática de disconforme. Así, a juicio de las demandantes, la disposición impugnada impone per se las consecuencias jurídicas de la decisión desfavorable a confirmar, por virtud de los análisis organolépticos contradictorios, la clasificación declarada por la empresa de que se trate. Concluyen que se verían obligadas a incumplir la ley para poder alegar la invalidez de la disposición impugnada ante los tribunales nacionales, y, aun así, no podrían poner en cuestión la existencia de la disconformidad.
52 Sin embargo, tales alegaciones, que no se fundamentan en la inexistencia de medidas de ejecución, sino en su carácter supuestamente mecánico y en la posibilidad de impugnarlas, deben desestimarse en cualquier caso, como acertadamente ha señalado la Comisión, en aplicación de la jurisprudencia citada en los apartados 27, 28 y 32 del presente auto.
53 De cuantas consideraciones se han expuesto resulta que las demandantes carecen de legitimación activa al amparo del segundo supuesto mencionado en el apartado 22 del presente auto.
54 En segundo término, por lo que respecta al primer supuesto mencionado en el apartado 22 del presente auto, de la jurisprudencia resulta que las personas que no sean destinatarias de un acto solo pueden sostener que ese acto las afecta individualmente, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, cuando les atañe en razón de ciertas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que las caracteriza frente a cualquier otra persona y, por ello, las individualiza de una manera análoga a la del destinatario (sentencias de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, EU:C:1963:17, p. 414, y de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 46).
55 La posibilidad de determinar, con mayor o menor precisión, el número e incluso la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplica un acto no implica en absoluto que se deba considerar a estos sujetos individualmente afectados por dicho acto, cuando esta aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de Derecho o de hecho definida por el acto de que se trate (véase la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 47 y jurisprudencia citada).
56 En el caso de autos, procede señalar que, como acertadamente ha alegado la Comisión, la disposición impugnada se aplica a situaciones objetivamente determinadas y genera efectos jurídicos para una categoría de personas contempladas de manera general y abstracta (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de febrero de 1988, Kwekerij van der Kooy y otros/Comisión, 67/85, 68/85 y 70/85, EU:C:1988:38, apartado 15, y de 28 de junio de 2018, Alemania/Comisión, C‑209/16 P, no publicada, EU:C:2018:507, apartado 42).
57 Además, las empresas españolas de envasado y de exportación de aceite de oliva a las que las demandantes representan solamente pueden verse afectadas por la disposición impugnada en cuanto miembros de tal categoría, y no en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que las caracteriza frente a cualquier otra persona.
58 En efecto, en primer lugar, procede señalar que la disposición impugnada no tiene alcance retroactivo o limitado en el tiempo, características estas que en ocasiones permiten considerar que existe afectación individual de las personas comprendidas en el ámbito de aplicación temporal limitado del acto que impugnan (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de julio de 1965, Toepfer y Getreide-Import Gesellschaft/Comisión, 106/63 y 107/63, EU:C:1965:65; de 13 de mayo de 1971, International Fruit Company y otros/Comisión, 41/70 a 44/70, EU:C:1971:53, apartados 9 y 21, y de 18 de noviembre de 1975, CAM/CEE, 100/74, EU:C:1975:152, apartados 12, 18 y 19).
59 En segundo lugar, ha de recordarse que, cuando un acto afecta a un grupo de personas identificadas o identificables en el momento de la adopción del acto y en función de criterios que caracterizan a los miembros de dicho grupo, esas personas pueden considerarse individualmente afectadas por dicho acto en la medida en que formen parte de un círculo restringido de operadores económicos. Así sucede, en particular, cuando la decisión modifica los derechos que esas personas habían adquirido antes de que fuese adoptada (sentencias de 13 de marzo de 2008, Comisión/Infront WM, C‑125/06 P, EU:C:2008:159, apartados 71 y 72, y de 27 de febrero de 2014, Stichting Woonlinie y otros/Comisión, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, apartado 46).
60 Sin embargo, ninguno de los datos que obran en autos permite siquiera suponer que esta jurisprudencia pueda aplicarse al presente asunto.
61 De cuantas consideraciones anteceden se sigue que la disposición impugnada no individualiza a las empresas españolas de envasado y de exportación de aceite de oliva a las que las demandantes representan de una manera análoga a la de un destinatario, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 54 del presente auto. El número y la rigidez de los controles anuales a los que, según sostienen las demandantes, se somete a dichas empresas con arreglo a la disposición impugnada no desvirtúan esta conclusión.
62 Así pues, estas empresas y, en consecuencia, las demandantes carecen de legitimación activa al amparo del primer supuesto mencionado en el apartado 22 del presente auto.
63 En atención a los razonamientos que anteceden, procede declarar la inadmisibilidad del presente recurso.
Costas
64 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haberse desestimado las pretensiones de las demandantes, procede condenarlas en costas, conforme a lo solicitado por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
resuelve:
1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2) Condenar en costas a la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA) y a la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC).
Dictado en Luxemburgo, a 4 de mayo de 2021.
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El Secretario |
El Presidente |
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E. Coulon |
S. Gervasoni |
* Lengua de procedimiento: español.