COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 10.10.2024
COM(2024) 474 final
ANEXO
del
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
relativo a la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 10.10.2024
COM(2024) 474 final
ANEXO
del
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
relativo a la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Anexo V. Perceptores finales en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
En el presente anexo se aclara en mayor medida el concepto de «perceptores finales» en el marco del Reglamento del MRR y el alcance de la publicación de datos sobre los cien perceptores finales que reciben el importe más elevado de financiación para la ejecución de las medidas en el marco del MRR, tal como exige el artículo 25 bis del Reglamento del MRR.
¿Quién es un perceptor final en el marco del MRR?
Definición
La definición de «perceptores finales» se deriva directamente del artículo 22, apartado 2, letra d), del Reglamento del MRR. De conformidad con dicha disposición, un perceptor final es la entidad última que recibe fondos por una medida del MRR y que no es un contratista o subcontratista. Esta noción debe distinguirse de la de «beneficiarios», que, en el marco del Mecanismo, son los Estados miembros. A falta de una definición diferente de «perceptores finales» en otros artículos del Reglamento del MRR, la definición del artículo 22, apartado 2, letra d), debe aplicarse sistemáticamente a la hora de interpretar otras disposiciones del Reglamento, en particular su artículo 25 bis, en consonancia con los principios de interpretación común y con el fin de garantizar una aplicación uniforme y coherente del Reglamento.
Algunos términos clave de la definición merecen una explicación más detallada:
·«la entidad última»: un perceptor final puede ser una persona física (por ejemplo, un ciudadano) o una persona jurídica (por ejemplo, un ministerio, un organismo público, una autoridad regional o local, una asociación, una organización benéfica o una empresa); los beneficiarios intermediarios de la financiación (por ejemplo, ministerios u organismos que no son el poder adjudicador, sino que simplemente distribuyen fondos) no deben considerarse la entidad última (véase también la sección siguiente para obtener orientaciones adicionales);
·«que recibe fondos»: para ser considerada como perceptor final, la entidad debe haber recibido una transferencia monetaria 1 para los fines indicados en la medida del MRR correspondiente, tal como se establezca en la Decisión de Ejecución del Consejo;
·«por una medida del MRR»: el perceptor final recibe fondos del presupuesto nacional para aplicar una medida de la Decisión de Ejecución del Consejo;
·«que no es un contratista o subcontratista»: en el artículo 22, apartado 2, letra d), del Reglamento del MRR se mencionan los perceptores finales como entidades distintas de los contratistas y subcontratistas 2 .
En lo que respecta específicamente a la lista de los cien principales perceptores finales, el artículo 25 bis, apartado 2, letra c), exige que el «importe recibido por cada perceptor» se incluya en la información publicada. En este contexto, el compromiso de fondos y la mera firma de un compromiso jurídico (por ejemplo, la adjudicación de un contrato) a favor de un perceptor final no son suficientes para determinar que se ha recibido un importe, ya que esta disposición (y la correcta identificación de los perceptores finales que han recibido el importe más elevado) debe basarse en los pagos realizados 3 .
Autoridades públicas
Debe determinarse, medida por medida, quién es el perceptor final, incluso si una autoridad pública es la entidad última que recibe los fondos (que no sea un contratista o subcontratista). Un ejemplo en el que una autoridad pública podría considerarse como perceptor final sería la construcción de un hospital público si la autoridad pública recibe fondos y firma contratos de construcción directos con los contratistas sin recurrir a otros intermediarios.
Por el contrario, si la autoridad pública encomienda a otra entidad la firma de los contratos necesarios para la ejecución de la medida, de modo que la autoridad pública no firme contratos directos con los contratistas, dicha entidad que recibe los fondos y firma los contratos debe considerarse como perceptor final. Este podría ser el caso, por ejemplo, cuando la autoridad pública recurra a un organismo independiente para la ejecución de una medida, y sea este quien organice la licitación y firme los contratos con el contratista.
En el caso de los organismos de ejecución que gestionan fondos (por ejemplo, que gestionan programas de financiación indirecta para pymes o una agencia gubernamental que gestiona flujos de pagos a otras autoridades públicas), estos no suelen considerarse perceptores finales de una medida determinada por las razones expuestas anteriormente.
También hay casos en los que una autoridad pública puede desempeñar una doble función: gestionar fondos para una medida y ser el perceptor final de otra. Es importante señalar que, en este caso, la autoridad pública no se considerará perceptor final de la primera medida, mientras que sí debe considerarse perceptor final de la otra medida.
Si bien la determinación de quién es el perceptor final siempre tendrá que hacerse medida por medida, sobre la base de la definición expuesta anteriormente, a continuación se presentan varios ejemplos en los que el perceptor final es una autoridad pública. En todos estos casos, el organismo público es la entidad última que recibe fondos por una medida del MRR y que no es un contratista o subcontratista:
1.En una inversión completamente pública, cuando un organismo público recibe fondos para una medida del MRR que beneficia al sector público. Por ejemplo, se designa al Ministerio de Infraestructuras y Transportes de Grecia como perceptor final para la construcción de la carretera de Grecia Central, mientras que los contratistas y subcontratistas del proyecto de carreteras no son perceptores finales. En otro ejemplo, en Alemania, los Ministerios de Educación de las diferentes regiones federadas alemanas son los perceptores finales de los fondos del MRR que utilizan para adquirir los dispositivos digitales que se proporcionan a las distintas escuelas públicas.
2.Cuando un organismo público recibe fondos para una medida del MRR que implique prestar servicios al sector privado o a los ciudadanos. Existen dos escenarios posibles:
I.El organismo público puede prestar él mismo el servicio, como es el caso del Centro Educativo Biotécnico de Liubliana, que impartirá formación a los tutores en las empresas, o de los Centros Médicos Académicos de Ámsterdam y Maastricht, en los Países Bajos, que reciben una subvención para prestar servicios de sanidad electrónica a los pacientes en sus hogares.
II.El organismo público podría externalizar la prestación de los servicios, como es el caso de la Autoridad para la Digitalización de Rumanía, que financia un programa que permite el acceso a la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los empleados de pymes a partir de las solicitudes presentadas por sus empleadores; la formación la imparten empresas de formación seleccionadas (remuneradas por sus servicios directamente por la Autoridad para la Digitalización de Rumanía). Estas empresas de formación son contratistas, por lo que no pueden considerarse perceptores finales.
Tanto en el inciso i) como en el inciso ii), los perceptores finales son los organismos públicos que reciben fondos para las medidas del MRR pertinentes.
Sociedades de cartera
En el caso de una sociedad de cartera, que posee o controla varias empresas, debe evaluarse caso por caso si un grupo de empresas constituye un único perceptor final a efectos del Reglamento del MRR.
Si se adjudica un contrato o se concede una subvención o un instrumento equivalente a una sociedad de cartera, la determinación de quién es el perceptor final depende de la base sobre la que se haya adjudicado el contrato o se haya concedido la subvención o el instrumento equivalente. Si se adjudicó o concedió «solo» a la sociedad de cartera (es decir, no a una o varias empresas que forman parte del grupo), el perceptor final es únicamente la sociedad de cartera. Si se adjudicó o concedió directamente a empresas que forman parte del grupo, todas las entidades implicadas se considerarían perceptores finales por igual. Si se adjudicó o concedió a una filial (es decir, no a la sociedad de cartera o a las empresas que forman parte del grupo), dicha filial es el perceptor final.
Perceptores finales de reformas y medidas de coste cero
Las «medidas de coste cero» son medidas para las que los Estados miembros no han incluido ningún coste previsto en la «estimación de costes» ex ante presentada con sus planes de recuperación y resiliencia (PRR) 4 . Aunque esto abarca principalmente las reformas, también hay casos de este tipo en relación con las inversiones.
El Reglamento del MRR no distingue entre las medidas que incluían costes previstos y aquellas que no los incluían. A este respecto, las obligaciones que se aplican a las medidas en el marco del MRR en relación con la recogida y el almacenamiento de datos sobre los perceptores finales se aplican con independencia de si una medida tenía costes previstos o no. De conformidad con el artículo 22 del Reglamento del MRR, lo importante es si ha habido una «utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo» 5 , entendiéndose por «fondos» cualquier financiación pública recibida en relación con las medidas incluidas en el PRR, ya sea de fuentes nacionales o de la UE (no exclusivamente del MRR), en consonancia con lo dispuesto en el artículo 22, apartado 2, letra d), inciso iv).
·En la medida en que haya tal utilización de los fondos públicos (con independencia del coste previsto), las entidades que sean las últimas en recibir dichos fondos deben considerarse perceptores finales.
·En la medida en que no haya tal utilización de los fondos públicos (con independencia del coste previsto), no existe un perceptor final.
Aunque el Reglamento del MRR no introduce ninguna distinción con consecuencias jurídicas entre reformas e inversiones, en el caso de las reformas existe una presunción de que las reformas de coste cero no implican gastos nacionales. Esta presunción puede refutarse si la Decisión de Ejecución del Consejo prevé claramente gastos nacionales (por ejemplo, llevar a cabo un procedimiento de contratación pública para encargar la realización de un estudio).
Alcance de la información para la publicación de datos sobre los cien principales perceptores finales
De conformidad con el artículo 25 bis del Reglamento del MRR, los Estados miembros deben informar sobre los cien perceptores finales que reciban el importe más elevado de financiación en el marco del MRR. Para ello, debe tenerse en cuenta la financiación agregada recibida para la ejecución de cualquier medida apoyada por el MRR (ya sea mediante ayuda reembolsable o no reembolsable) durante el período de vigencia del MRR, es decir, toda la financiación pública necesaria para alcanzar los hitos u objetivos pertinentes con arreglo a la Decisión de Ejecución del Consejo. El importe de la financiación recibida debe calcularse de manera acumulativa desde el 1 de febrero de 2020 hasta el momento de la presentación de informes respecto de cada perceptor final, por lo que respecta a todas las medidas apoyadas por el MRR.
Los Estados miembros deben tener en cuenta cualquier medida incluida en sus PRR cuando ya se haya realizado un desembolso a un perceptor final, con independencia de si el Estado miembro ya ha completado los hitos y objetivos pertinentes, ha presentado una solicitud de pago o ha recibido financiación en el marco del Mecanismo. Esto se debe a que los Estados miembros reciben desembolsos ex post una vez que la Comisión ha evaluado que los hitos y objetivos pertinentes se han cumplido satisfactoriamente (y con independencia de cualquier gasto sufragado).
Datos que deben facilitarse
El artículo 25 bis del Reglamento del MRR especifica qué datos deben publicarse, a saber:
a.si se trata de una persona jurídica, la denominación legal completa del perceptor y el número de identificación a efectos del IVA o número de identificación fiscal si se dispone de esta información, u otro identificador único establecido a nivel nacional;
b.si se trata de una persona física, el nombre y los apellidos del perceptor;
c.el importe recibido por cada perceptor, así como las medidas asociadas para las que un Estado miembro ha recibido financiación en el marco del Mecanismo.
Asimismo, más allá de los requisitos del Reglamento del MRR, se anima a los Estados miembros a que faciliten información adicional sobre los proyectos específicos que reciben fondos de su PRR (por ejemplo, ubicación, estado de ejecución e importe recibido), que también se incorporará al mapa interactivo de los proyectos apoyados por el MRR disponible en el sitio web dedicado a este mecanismo.
Los Estados miembros pueden publicar una lista que vaya más allá del mínimo de cien establecido por el Reglamento del MRR.
Cuándo informar
El Reglamento del MRR modificado no establece un plazo específico para que los Estados miembros actualicen los datos sobre (al menos) los cien principales perceptores finales. Sin embargo, introduce la obligación de que los Estados miembros actualicen estos datos publicados dos veces al año. Dado que la Comisión debe centralizar y publicar los datos, ha invitado a los Estados miembros a actualizar los datos publicados en sus portales nacionales y a compartir esos datos actualizados con la Comisión al mismo tiempo que el ejercicio de presentación de informes semestrales, en abril y octubre.
Consideraciones sobre los datos personales para la publicación de datos sobre los cien principales perceptores finales
De conformidad con el artículo 25 bis, apartado 4, del Reglamento del MRR, y a fin de garantizar la proporcionalidad y el respeto de la privacidad, cuando los perceptores finales sean personas físicas y se publiquen datos personales, el Estado miembro de que se trate debe suprimir la información dos años después del final del ejercicio presupuestario en el que se haya pagado la financiación al perceptor final. Esta disposición solo se aplica cuando se publiquen datos personales, es decir, cuando el perceptor final sea una persona física. Además, la disposición no se aplica a partir de la fecha de publicación, sino «dos años después del final del ejercicio presupuestario en el que se haya pagado la financiación al perceptor final». Esto exige que los datos no se supriman dos años después de la publicación, sino dos años después del final del ejercicio presupuestario en el que dicho perceptor haya recibido por última vez financiación del MRR.
Los Estados miembros deben actualizar los datos dos veces al año y pueden optar por suprimir conjuntos de datos antiguos al cabo de dos años (a menos que dichos conjuntos de datos incluyan datos personales, en cuyo caso deben suprimirse dichos datos; véase el párrafo anterior). La Comisión recuerda que los registros deben conservarse incluso después de la supresión de los datos indicados del dominio público, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento Financiero, como también se menciona en el artículo 11, apartado 1, letra d), del acuerdo de financiación y, en su caso, en el artículo 20, apartado 1, letra d), del acuerdo de préstamo.
No obstante, la información suprimida sobre esta base debe seguir teniéndose en cuenta a la hora de calcular el importe consolidado de los fondos recibidos, en caso de que la misma persona física reciba financiación adicional.
Además, algunas excepciones a la publicación de datos, previstas en el artículo 25 bis, apartado 3, del Reglamento del MRR, en relación con el artículo 38, apartado 3, del Reglamento Financiero, se aplican al MRR. Se trata de los siguientes casos:
·ayudas a la educación abonadas a personas físicas y cualquier otra ayuda directa abonada a las personas físicas más necesitadas, como los desempleados y los refugiados [artículo 191, apartado 4, letra b), del Reglamento Financiero];
·contratos de muy escasa cuantía adjudicados a expertos seleccionados en función de su capacidad profesional (artículo 237, apartado 2, del Reglamento Financiero), así como contratos de muy escasa cuantía inferiores a 15 000 EUR (importe mencionado en el punto 14.4 del anexo I del Reglamento Financiero);
·las ayudas financieras prestadas a través de instrumentos financieros cuyo importe sea inferior a 500 000 EUR;
·los casos en los que la publicación pudiera comprometer los derechos y libertades de las personas o entidades en cuestión, tal como los protege la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o perjudicar los intereses comerciales de los perceptores.
En el artículo 25 bis, apartado 3, del Reglamento del MRR, y siguiendo la práctica administrativa, no es necesario publicar información sobre los perceptores finales de ayuda financiera concedida en régimen de gestión directa por importes inferiores a 15 000 EUR [véase la exención de comunicación de información en virtud del Reglamento Financiero para los «contratos de muy escasa cuantía adjudicados a expertos seleccionados en función de su capacidad profesional (artículo 237, apartado 2, del Reglamento Financiero), así como contratos de muy escasa cuantía inferiores a 15 000 EUR»].
En cualquier caso, es poco probable que los perceptores de estas ayudas de escasa cuantía figuren en la lista de los cien principales perceptores finales que los Estados miembros están obligados a publicar en virtud del Reglamento del MRR.
Consideraciones sobre los importes que deben comunicarse para la publicación de datos sobre los cien principales perceptores finales
El importe de los fondos del MRR recibidos por un perceptor final a que se refiere el artículo 25 bis, apartado 2, letra c), debe comunicarse en euros. Los importes recibidos en otras monedas deben convertirse a euros utilizando el último tipo de conversión mensual utilizado por la Comisión Europea (InforEuro: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_es ), según proceda para la fecha de notificación, es decir, el tipo de conversión aplicable debe elegirse lo más cerca posible de la fecha de notificación.
Cuando el perceptor final es una autoridad pública (regional o local), puede que no siempre haya una transferencia monetaria entre las distintas autoridades públicas. Por tanto, en tales casos, esto también puede abarcar la asignación de créditos de pago presupuestarios, es decir, los importes que se ponen a disposición en un presupuesto para efectuar pagos en consonancia con los compromisos presupuestarios.
Cuando un poder adjudicador firma directamente contratos con los contratistas para la ejecución de la medida del MRR, este poder adjudicador es el perceptor final (véanse otros ejemplos de entidades públicas que son perceptores finales de las medidas del MRR más adelante). También puede haber casos en los que un organismo independiente o una empresa privada recurran a contratistas, en cuyo caso el organismo o empresa privada deben considerarse como perceptores finales.
Esto se entiende sin perjuicio de la obligación establecida en el artículo 22, apartado 2, letra d), incisos i) a iii), del Reglamento del MRR de recopilar datos sobre los perceptores finales, contratistas, subcontratistas y titulares reales a efectos de auditoría y control, y de proporcionar información comparable sobre el uso de los fondos ya en la fase de compromiso (es decir, cuando se haya celebrado el convenio de subvención o el contrato).
Muchos PRR contienen medidas para las que los Estados miembros no han presentado ningún coste estimado, las denominadas «medidas de coste cero». Si bien la inclusión de medidas de coste cero no aumenta la asignación financiera de los Estados miembros, vincula el desembolso de la ayuda del MRR a la consecución de los hitos y objetivos asociados a la aplicación de estas medidas.
Esto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del MRR, que establece que «[l]as reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste». Por consiguiente, en lo que respecta a la posible doble financiación, si el Estado miembro no ha declarado costes en el marco del PRR (es decir, se trata de una medida de coste cero), por definición, no puede haber una doble financiación de dicha medida.