Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 15 de octubre de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Directiva 2011/96/UE — Régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes — Exención de retención en la fuente sobre los dividendos satisfechos por una filial residente a una sociedad matriz no residente — Artículo 1, apartados 2 y 3 — Disposición antiabuso — Arreglo falseado — Fases de un arreglo — Cadena de operaciones — Análisis objetivo de todos los hechos y circunstancias pertinentes — Beneficiario efectivo de los dividendos — Ventaja fiscal — Irrelevancia del Estado miembro o de la fase en que se obtenga esa ventaja — Elemento subjetivo — Prueba de su existencia respecto de uno de los participantes en la cadena de operaciones examinada — Principio de proporcionalidad — Convenio bilateral para evitar la doble imposición »

En el asunto C‑203/25,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Tribunal Económico-Administrativo de la República de Lituania), mediante resolución de 26 de febrero de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de marzo de 2025, en el procedimiento entre

NEO GROUP UAB

y

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y la Sra. R. Frendo (Ponente) y los Sres. N. Jääskinen, M. Condinanzi y A. Kornezov, Jueces;

Abogada General: Sra. J. Kokott;

Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de febrero de 2026;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de NEO GROUP UAB, por el Sr. P. Likša y la Sra. A. Medelienė, advokatai, y por el Sr. A. Venius, advokato padėjėjas;

–        en nombre del Gobierno lituano, por el Sr. K. Dieninis y la Sra. V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. P. Pérez Zapico y el Sr. A. Torró Molés, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. P. P. Huurnink y el Sr. J. Langer, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Jokubauskaitė y el Sr. W. Roels, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 21 de mayo de 2026;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartados 2 y 3, y 5 de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO 2011, L 345, p. 8), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2015/121 del Consejo, de 27 de enero de 2015 (DO 2015, L 21, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva sobre matrices y filiales»), así como del principio de proporcionalidad.

2        Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre NEO GROUP UAB (en lo sucesivo, «NEO»), una sociedad lituana, y la Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Inspección Tributaria Nacional del Ministerio de Hacienda de la República de Lituania) (en lo sucesivo, «Inspección»), relativo a la tributación de los dividendos satisfechos por NEO a su sociedad matriz Retal Industries limited (en lo sucesivo, «Retal»), registrada en Chipre.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

3        Los considerandos 3 a 6 de la Directiva sobre matrices y filiales tienen la siguiente redacción:

«(3)      El objetivo de la presente Directiva es eximir de retención en origen los dividendos y otros beneficios distribuidos por filiales a sus sociedades matrices, y eliminar la doble imposición de esas rentas en la sociedad matriz.

(4)      Los grupos de sociedades de Estados miembros diferentes pueden ser necesarios para crear en la Unión condiciones análogas a las de un mercado interior y para garantizar así el buen funcionamiento de dicho mercado interior. No se deben dificultar estas operaciones con restricciones, desventajas o distorsiones particulares derivadas de las disposiciones fiscales de los Estados miembros. Por consiguiente, es necesario establecer para esos grupos de sociedades de Estados miembros diferentes unas normas fiscales neutras respecto a la competencia con el fin de permitir que las empresas se adapten a las exigencias del mercado interior, aumenten su productividad y refuercen su posición de competitividad en el plano internacional.

(5)      Los grupos en cuestión pueden desembocar en la creación de grupos de sociedades matrices y filiales.

(6)      Antes de que entrara en vigor la Directiva 90/435/CEE [del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO 1990, L 225, p. 6)], las disposiciones fiscales que regían las relaciones entre sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes variaban sensiblemente de un Estado miembro a otro y eran, por lo general, menos favorables que las que se aplicaban a las relaciones entre sociedades matrices y filiales de un mismo Estado miembro. La cooperación entre sociedades de Estados miembros diferentes quedaba por ello penalizada con relación a la cooperación entre sociedades de un mismo Estado miembro. Era conveniente eliminar dicha penalización mediante el establecimiento de un régimen común, y facilitar de este modo los grupos de sociedades a escala de la Unión.»

4        A tenor de los considerandos 1, 2 y 4 a 8 de la Directiva 2015/121:

«(1)      La Directiva [2011/96] exime de la retención en origen los dividendos y otros beneficios distribuidos por filiales a sus sociedades matrices y elimina la doble imposición de esos ingresos en la sociedad matriz.

(2)      Es preciso garantizar que la Directiva [2011/96] no sea objeto de prácticas abusivas por parte de los contribuyentes que entran en su ámbito de aplicación

[…]

(4)      [L]as disposiciones [nacionales o convencionales destinadas a hacer frente a la evasión fiscal, al fraude fiscal o a prácticas abusivas de forma general o específica] pueden tener diferentes grados de severidad y, en cualquier caso, están previstas para hacerse eco de las características específicas del particular régimen fiscal de cada Estado miembro. Además, en algunos Estados miembros no existe ninguna disposición nacional o convencional para la prevención de prácticas abusivas.

(5)      […] la inclusión en la Directiva [2011/96] de una norma común mínima contra las prácticas abusivas sería muy útil para evitar un uso indebido de dicha Directiva y para garantizar una mayor coherencia en su aplicación en diferentes Estados miembros.

(6)      La aplicación de normas contra las prácticas abusivas debe ser proporcionada y tener como objetivo específico hacer frente a un arreglo o a una serie de arreglos que hayan sido falseados, esto es, que no reflejen la realidad económica.

(7)      Para ello, cuando se evalúe si un arreglo o una serie de arreglos constituyen una práctica abusiva, las administraciones tributarias de los Estados miembros han de llevar a cabo un análisis objetivo de todos los hechos y circunstancias pertinentes.

(8)      Si bien los Estados miembros deben invocar la cláusula contra prácticas abusivas para hacer frente a arreglos que hayan sido falseados en su totalidad, también pueden darse casos en los que solo se hayan falseado determinadas fases o partes de un arreglo. Los Estados miembros deben poder invocar la cláusula contra prácticas abusivas también para hacer frente a esas fases y partes concretas, sin perjuicio de las demás fases y partes del arreglo que no se hayan falseado. Con ello se maximizaría la eficacia de la cláusula contra prácticas abusivas, a la vez que se garantiza su proporcionalidad. […]»

5        El artículo 1 de la Directiva sobre matrices y filiales dispone que:

«1.      Cada Estado miembro aplicará la presente Directiva:

[…]

b)       a las distribuciones de beneficios efectuadas por sociedades de dicho Estado miembro a sus sociedades filiales en otros Estados miembros;

[…]

2.      Los Estados miembros no acordarán los beneficios contemplados en la presente Directiva a un arreglo o una serie de arreglos falseados, vistos todos los hechos y circunstancias pertinentes, por haberse establecido teniendo como propósito principal o uno de sus propósitos principales la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la presente Directiva.

Un arreglo podrá estar constituido por más de una fase o parte.

3.      A efectos del apartado 2, un arreglo o una serie de arreglos se considerarán falseados en la medida en que no se hayan establecido por razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica.

4.      La presente Directiva no será obstáculo para la aplicación de disposiciones nacionales o convencionales que sean necesarias para la prevención de la evasión fiscal, el fraude fiscal o las prácticas abusivas.»

6        El artículo 3, apartado 1, de esta Directiva establece:

«A efectos de la aplicación de la presente Directiva:

a)      la calidad de sociedad matriz se reconocerá:

i)      por lo menos a una sociedad de un Estado miembro […] que posea en el capital de una sociedad de otro Estado miembro […] una participación mínima del 10 %,

[…]

b)      se entenderá por «filial»: la sociedad cuyo capital incluye la participación contemplada en la letra a).»

7        El artículo 5 de dicha Directiva tiene el siguiente tenor:

«Los beneficios distribuidos por una sociedad filial a su sociedad matriz quedarán exentos de la retención en origen.»

 Convenio LT-CY

8        El Convenio entre el Gobierno lituano y el Gobierno chipriota para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, celebrado el 21 de junio de 2013 (en lo sucesivo, «Convenio LT-CY»), establece en su artículo 10, apartados 1 y 2, el reparto de potestades tributarias entre los dos Estados Contratantes en lo que respecta a la tributación de los dividendos.

9        El artículo 10, apartado 1, de este Convenio dispone que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

10      El artículo 10, apartado 2, de dicho Convenio establece que estos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado. No obstante, si el beneficiario efectivo de los mismos dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 0 % del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea directamente al menos el 10 % del capital de la sociedad que paga estos últimos, o del 5 % de dicho importe en todos los demás casos.

 Derecho lituano

11      La Lietuvos Respublikos pelno mokesčio de l’statymas n.º IX-675 (Ley de la República de Lituania del Impuesto sobre Sociedades n.º IX-675), de 20 de diciembre de 2001, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley del impuesto sobre sociedades»), define, en su artículo 2, punto 3, la «entidad extranjera sujeta al impuesto» (en lo sucesivo, «entidad extranjera») como una persona jurídica o una organización extranjera cuyo domicilio social esté situado en un Estado extranjero y que esté constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación de dicho Estado extranjero, así como cualquier otra entidad sujeta al impuesto constituida, dotada de personalidad jurídica u organizada de otro modo en el extranjero, incluidos los organismos de inversión colectiva.

12      El artículo 3, apartado 1, de la citada Ley establece que están sujetas al impuesto sobre sociedades las entidades lituanas y las entidades extranjeras.

13      El artículo 4, apartado 3, punto 2, de dicha Ley dispone que la base imponible de una entidad extranjera estará constituida por las rentas procedentes de Lituania y percibidas por esa entidad, siempre que no se hayan obtenido a través de establecimientos permanentes situados en territorio lituano.

14      A tenor del artículo 4, apartado 4, punto 2, de la misma Ley, las rentas procedentes de Lituania y percibidas por una entidad extranjera, siempre que no se hayan obtenido a través de establecimientos permanentes situados en el territorio de ese Estado, comprenderán los ingresos por dividendos distribuidos.

15      El artículo 34, apartado 1, de la Ley del impuesto sobre sociedades establece que los dividendos percibidos por entidades extranjeras por acciones, participaciones en el capital u otros derechos poseídos en una entidad lituana estarán sujetos al impuesto sobre sociedades al tipo del 15 %.

16      El artículo 34, apartado 2, de dicha Ley dispone que estarán exentos los dividendos pagados por una entidad lituana a una entidad extranjera que sea titular, durante un período ininterrumpido de al menos doce meses, en el que debe hallarse la fecha de distribución de los dividendos, de como mínimo el 10 % de las acciones de la entidad lituana.

17      El artículo 32, apartado 6, de la citada Ley (en lo sucesivo, «disposición antiabuso lituana») establece que las disposiciones relativas a la exención de dividendos que figuran en particular en el artículo 34, apartado 2, de la misma Ley no se aplicarán a un arreglo o una serie de arreglos falseados, vistos todos los hechos y circunstancias pertinentes, por haberse establecido teniendo como propósito principal o uno de sus propósitos principales la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la Directiva sobre matrices y filiales. Esta disposición precisa que un arreglo podrá estar constituido por más de una fase o parte y que un arreglo o una serie de arreglos se considerarán falseados en la medida en que no se hayan establecido por razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica.

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

18      Desde el 10 de agosto de 2008, y a la fecha de la presente petición de decisión prejudicial, Retal posee el 100 % del capital de NEO.

19      Retal también posee el 100 % del capital de otra sociedad lituana, «Retal Lithuania» UAB (en lo sucesivo, «Retal LT»).

20      En 2016 y 2017, Retal recibió dividendos de NEO, por un importe de 15 000 000 euros, y de Retal LT, por un importe de 13 485 032 euros, es decir, un total de 28 485 032 euros.

21      NEO consideró que los dividendos que había satisfecho a Retal no estaban sujetos al impuesto sobre sociedades previsto en el artículo 34, apartado 1, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, toda vez que estaban exentos de retención en la fuente en virtud del artículo 34, apartado 2, de dicha Ley.

22      El 30 de octubre de 2024, tras un control fiscal relativo a los años 2016 y 2017, la Inspección adoptó una resolución (en lo sucesivo, «resolución controvertida») en la que hizo constar, en esencia, la existencia de una cadena de operaciones a raíz de la cual PG, una persona física residente en Chipre, era el «beneficiario último» de los dividendos que NEO y Retal LT habían satisfecho a Retal, sin aplicar la retención en la fuente prevista en el artículo 34, apartado 2, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Según la Inspección, tal cadena de operaciones constituye una estructura montada con el fin de obtener la ventaja fiscal consistente en eludir el impuesto sobre sociedades que grava los dividendos percibidos por Retal y, en consecuencia, le es aplicable la disposición antiabuso lituana.

23      Así, mediante la resolución controvertida, la Inspección practicó a NEO una liquidación complementaria del impuesto sobre sociedades por importe de 2 250 000 euros, más intereses de demora, y le impuso una sanción.

24      NEO impugnó la resolución controvertida ante la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Tribunal Económico-Administrativo de la República de Lituania), que es el órgano jurisdiccional remitente.

25      Este órgano jurisdiccional considera que, para determinar si la disposición antiabuso lituana es aplicable a una situación como la sometida a su conocimiento, se ha de interpretar la disposición antiabuso recogida en el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva sobre matrices y filiales (en lo sucesivo, «disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales»).

26      Dicho órgano jurisdiccional indica que el Tribunal de Justicia, en particular en la sentencia de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 y C‑117/16, EU:C:2019:135), ya examinó situaciones relacionadas con arreglos falseados en los que se utilizan sociedades instrumentales que transfieren los beneficios percibidos a otra sociedad del grupo, que es su beneficiario efectivo. No obstante, el asunto del que conoce presenta características que determinan la necesidad de aclaraciones añadidas en cuanto al alcance de la citada disposición, distintas de las proporcionadas por esa sentencia.

27      A este respecto, en primer lugar, según el órgano jurisdiccional remitente, de la sentencia mencionada en el apartado anterior se desprende que el hecho de que la sociedad receptora de los dividendos no ejerza una actividad económica real, sino que sea una sociedad instrumental, cuya única actividad sea la obtención de estos y su transmisión al beneficiario efectivo o a otras sociedades instrumentales, es pertinente para apreciar la existencia de un abuso.

28      Ahora bien, en el presente asunto, la Inspección no cuestionó que Retal ejerciera una actividad económica real, sino que basó su conclusión sobre la existencia de un abuso en la existencia de un arreglo falseado resultante de varios elementos.

29      En particular, el órgano jurisdiccional remitente señala que la Inspección consideró que constituía un arreglo falseado la cadena de operaciones en la que la sociedad Clendon Holdings Inc., registrada en Belice, que controlaba el 100 % del capital de Retal, vendió todas las acciones de esta última a la sociedad chipriota PPH Polymer Products Holding Ltd (en lo sucesivo, «PPH»), creada menos de tres meses antes, por un importe de 310 400 000 euros.

30      Dicho órgano jurisdiccional explica que, según la Inspección, el pago del precio de adquisición del capital de Retal se aplazó al año 2027 y el crédito resultante fue cedido por Clendon Holdings a PG, que ya era el beneficiario efectivo tanto de Clendon Holdings como de PPH. De este modo, se creó una deuda de PPH con PG. Por último, al parecer, PG, a raíz de todas estas operaciones, recibió de PPH una importante suma de dinero en forma de préstamos y de cesión de derechos, que tenía su origen en los dividendos satisfechos por las sociedades lituanas y que se utilizó para liquidar la deuda de PPH con PG. En este contexto, la Inspección entiende que dichas operaciones ponen de manifiesto la existencia de un arreglo falseado cuyo objetivo es obtener la ventaja fiscal consistente en eludir el impuesto que grava los referidos dividendos en Lituania.

31      El órgano jurisdiccional remitente añade que NEO, en la instancia, alega en particular que Retal, como empresa que ejerce una actividad económica real, es el beneficiario efectivo, en el sentido del Convenio LT-CY, basado en el Modelo de Convenio para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, elaborado por el Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (en lo sucesivo, «Modelo de Convenio OCDE»).

32      Según este órgano jurisdiccional, es preciso determinar, a la vista de lo anterior, si la práctica nacional consistente en aplicar la disposición antiabuso lituana a unos dividendos que, pese a haber sido satisfechos a una sociedad que ejerce realmente una actividad económica, se utilizan posteriormente para realizar operaciones falseadas, es compatible con los objetivos de la Directiva sobre matrices y filiales.

33      En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional señala que, en la resolución controvertida, la Inspección hizo constar que la mayor parte de los dividendos percibidos por Retal en 2016 y 2017 eran dividendos satisfechos por NEO y Retal LT. Además, la Inspección se apoyó en la similitud entre, por un lado, los importes de los dividendos satisfechos por NEO y Retal LT a Retal y, por otro, los importes de los dividendos satisfechos por Retal a PPH, así como en la correspondencia de los importes adeudados por PPH a PG con los importes adeudados por PPH a Clendon Holdings.

34      Por lo tanto, el mismo órgano jurisdiccional necesita que se dilucide si la correspondencia entre los importes de los dividendos transferidos en diferentes fases de una cadena de operaciones permite presumir la existencia de «transferencias de dividendos en cadena».

35      En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente observa que la Inspección aplicó a NEO la disposición antiabuso lituana con motivo de operaciones falseadas realizadas fuera de Lituania entre personas físicas y jurídicas que no residían en Lituania.

36      Este órgano jurisdiccional desea saber, en esencia, si tal aplicación de la mencionada disposición es compatible con los objetivos de la Directiva sobre matrices y filiales y con el principio de proporcionalidad.

37      En cuarto lugar, dicho órgano jurisdiccional recuerda que uno de los requisitos que se exigen para poder aplicar tanto la disposición antiabuso lituana como la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales es la obtención de una ventaja fiscal. Así pues, desea que se dilucide si puede considerarse que NEO obtuvo tal ventaja, a pesar de que, a raíz de la cadena de operaciones en la que participó NEO, es PG, a saber, una persona física que no reside en Lituania, quien obtuvo una ventaja fiscal utilizando los dividendos satisfechos por NEO.

38      En quinto lugar, el órgano jurisdiccional remitente expone que, según la sentencia de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 y C‑117/16, EU:C:2019:135, apartado 101), constituye un indicio de la existencia de una estructura creada para disfrutar indebidamente de la exención prevista en el artículo 5 de la Directiva sobre matrices y filiales la circunstancia de que dichos dividendos, una vez percibidos, sean retransferidos por la sociedad perceptora íntegramente o en su cuasitotalidad, y en un plazo muy breve, a entidades que no cumplen los requisitos de aplicación de la citada Directiva.

39      Por consiguiente, dicho órgano jurisdiccional considera que es preciso determinar si, para constatar la existencia de un arreglo falseado, es pertinente que los dividendos de Retal hayan sido retransferidos no de una sola vez, sino a lo largo de un período continuado.

40      En sexto y último lugar, dicho órgano jurisdiccional señala que la Inspección no examinó si NEO, en tanto que filial integrada en un grupo de sociedades y dependiente de las decisiones adoptadas por su accionista, tenía o podía tener conocimiento de la existencia de operaciones falseadas efectuadas en el seno del grupo. De ahí que albergue dudas sobre la medida en que tal conocimiento influye en la aplicación de la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales a la mencionada filial.

41      En tales circunstancias, la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Tribunal Económico-Administrativo de la República de Lituania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      En circunstancias como las del litigio principal, ¿es compatible con los objetivos de la norma contra las prácticas abusivas establecida en la Directiva [sobre matrices y filiales] que una práctica nacional excluya, en el Estado del pagador del dividendo, la posibilidad de exonerar de la retención sobre los dividendos cuando se pagan dividendos a la sociedad matriz real que opera en otro Estado miembro de la Unión y que, como tal, no es una entidad artificial en la medida en que ejerce una actividad empresarial, y los dividendos se le abonan como beneficiario efectivo de los mismos, si bien las autoridades tributarias consideran que dicha entidad participa en una cadena de operaciones artificiales por el hecho de que se canaliza a través de ella el pago o transferencia de los dividendos al beneficiario efectivo de todo el grupo de sociedades?

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿puede fundamentarse la existencia de una transferencia de dividendos en cadena en la coincidencia de los importes de los dividendos (similares e idénticos) transferidos en una cadena de operaciones?

3)      En circunstancias como las del litigio principal, ¿es conforme con los objetivos de la norma contra las prácticas abusivas de la Directiva 2011/96, en particular con el principio de proporcionalidad mencionado en [los considerandos de] la Directiva 2015/121, una práctica nacional mediante la que las autoridades tributarias aplican la norma contra las prácticas abusivas en el Estado en el que se pagan los dividendos aun cuando las operaciones que dieron lugar a que la cadena de operaciones se considerase una estructura (que las autoridades tributarias estiman artificial) fueron realizadas en otro Estado miembro de la Unión por residentes fiscales en ese otro Estado miembro?

4)      ¿Permite la norma contra las prácticas abusivas del Estado del pagador del dividendo practicar una retención en la fuente sobre los dividendos cuando la ventaja fiscal surge en cualquier fase de la cadena de operaciones? ¿Puede considerarse que la recurrente obtuvo una ventaja fiscal contraria al objeto o a la finalidad de la Directiva [sobre matrices y filiales] si, como consecuencia de la creación de tal cadena de operaciones, el beneficiario último obtiene una ventaja fiscal y utiliza los dividendos pagados por la recurrente para lograr dicha ventaja?

5)      En circunstancias como las del litigio principal, ¿pueden interpretarse las disposiciones del artículo 1, apartado 2, de la Directiva [sobre matrices y filiales] en el sentido de que la aplicación de la norma de la “exención por participación”, que transpone al Derecho nacional el artículo 5 de la misma Directiva, puede excluirse por abuso de derecho como consecuencia de la utilización de los dividendos percibidos, cuando la recepción y utilización de los dividendos (la posterior distribución de los beneficios) tuvieron lugar a lo largo de un período continuado?

6)      En circunstancias como las del litigio principal, ¿es compatible con los objetivos de la norma contra las prácticas abusivas establecida en la Directiva [sobre matrices y filiales] una práctica nacional en virtud de la cual las autoridades tributarias aplican [dicha norma] a un pagador de dividendos, sin examinar si este conocía o podía conocer la existencia de una cadena de operaciones artificiales?»

 Sobre las cuestiones prejudiciales

 Primera cuestión

42      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales debe interpretarse en el sentido de que se opone a una práctica nacional según la cual la Administración tributaria de un Estado miembro somete a retención en la fuente los dividendos satisfechos por una filial residente en ese Estado miembro a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro debido a que esta sociedad matriz participa en una cadena de operaciones que, en parte o en su totalidad, son falseadas y en la que esos dividendos, al final, son transferidos a la persona física o jurídica que controla directa o indirectamente el conjunto de las sociedades implicadas, aun cuando dicha sociedad matriz ejerza realmente una actividad económica y no sea, por tanto, una sociedad instrumental.

43      Con carácter preliminar, procede recordar que, conforme a sus considerandos 3 a 6, la Directiva sobre matrices y filiales tiene como objetivo eximir de retención en la fuente los dividendos y otros beneficios distribuidos por filiales a sus sociedades matrices y eliminar la doble imposición de esas rentas en la sociedad matriz, con el fin de facilitar los grupos de sociedades a escala de la Unión (sentencia de 24 de febrero de 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, apartado 59).

44      Esta Directiva tiende, pues, a garantizar la neutralidad, en el plano fiscal, del abono de beneficios por una sociedad filial situada en un Estado miembro a su sociedad matriz establecida en otro Estado miembro (sentencia de 24 de febrero de 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, apartado 60).

45      A tal efecto, el artículo 1, apartado 1, letra b), de la citada Directiva dispone que esta se aplicará a las distribuciones de beneficios efectuadas, en una relación transfronteriza, por una sociedad filial a favor de su sociedad matriz, y el artículo 5 de la misma Directiva establece la exención de retención en la fuente para tales beneficios.

46      Ahora bien, en el ordenamiento jurídico de la Unión existe un principio general del Derecho según el cual los justiciables no puedan invocar las disposiciones de ese ordenamiento de forma abusiva o fraudulenta. En virtud del citado principio, un Estado miembro debe excluir la aplicación de dichas disposiciones cuando se invoquen no para la realización de los objetivos de las disposiciones en cuestión, sino con el fin de disfrutar de una ventaja aunque los requisitos establecidos al respecto se cumplan solo formalmente (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 y C‑117/16, EU:C:2019:135, apartados 70 a 72).

47      Como se desprende de los considerandos 1, 2 y 5 de la Directiva 2015/121, el legislador de la Unión incluyó la disposición antiabuso en la Directiva sobre matrices y filiales con el fin de garantizar el respeto de dicho principio.

48      A tenor de esa disposición, los Estados miembros no acordarán los beneficios contemplados en esta última Directiva a un arreglo o una serie de arreglos falseados, vistos todos los hechos y circunstancias pertinentes, por haberse establecido teniendo como propósito principal o uno de sus propósitos principales la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la citada Directiva. Dicha disposición precisa que un arreglo o una serie de arreglos se considerarán falseados en la medida en que no se hayan establecido por razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica.

49      Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, no solo debe tenerse en cuenta su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 30 de abril de 2025, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (Exportación de dinero en efectivo a Rusia), C‑246/24, EU:C:2025:295, apartado 18 y jurisprudencia citada).

50      En cuanto al tenor de la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales, de ella resulta que deben cumplirse dos requisitos para que se denieguen los beneficios de la mencionada Directiva. Por un lado, el arreglo en cuestión debe ser falseado, en el sentido indicado en la propia disposición. Por otro lado, el arreglo debe haberse establecido teniendo como propósito principal o uno de sus propósitos principales la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto de la referida Directiva (sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartado 45).

51      Este segundo requisito se examinará en el marco de las respuestas dadas, por un lado, a las cuestiones tercera y cuarta, y por otro, a la sexta cuestión prejudicial.

52      Por lo que se refiere al primer requisito que figura en la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales, a saber, la calificación de una cadena de operaciones de «arreglo falseado», el tenor de esa disposición no indica solo sea aplicable a situaciones o tipos de arreglo específicos. Adopta, por el contrario, una perspectiva global consistente en identificar el posible carácter falseado de un arreglo a la luz de todos los hechos y circunstancias pertinentes, caracterizándose dicho arreglo por la inexistencia de razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartado 25).

53      Por lo que se refiere al contexto en el que se inscribe la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales y al objetivo de esta disposición, de los considerandos 4 y 5 de la Directiva 2015/121 se desprende que dicha disposición es muy útil, en particular habida cuenta de la diversidad de los regímenes fiscales nacionales, para evitar cualquier uso indebido de la Directiva sobre matrices y filiales. Procede considerar que, tanto a la luz de su posición, a saber, en el primer artículo de esta última Directiva, como del objetivo así expresado, la referida cláusula tiene carácter transversal, lo que aboga también en favor de una interpretación que permita su aplicación sin restricciones a ciertas circunstancias específicas. Una interpretación más restrictiva no sería coherente con el objetivo de evitar un uso indebido (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartado 26).

54      Además, debe recordarse que, según el considerando 7 de la Directiva 2015/121, cuando se evalúe si un arreglo o una serie de arreglos constituyen una práctica abusiva, las administraciones tributarias de los Estados miembros han de llevar a cabo un análisis objetivo de todos los hechos y circunstancias pertinentes. Esta formulación se reproduce, en esencia, en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva sobre matrices y filiales, según el cual los beneficios de dicha Directiva no deben concederse a arreglos falseados, habida cuenta de todos los hechos y circunstancias pertinentes (sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartado 39).

55      De ello se deduce que, en una situación en la que un arreglo consta de varias fases, deben tenerse en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes para determinar que existen una o varias fases que están falseadas. Nada en la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales sugiere que los hechos y circunstancias pertinentes cuyo examen sea necesario a tal fin se limiten a la situación existente en la fecha de una de las fases del arreglo en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartado 41).

56      Así pues, de la interpretación literal, contextual y teleológica de la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales se infiere que dicha disposición se aplica de manera transversal a cualquier tipo de arreglo falseado, y no solo a arreglos que muestren configuraciones específicas.

57      Por lo tanto, incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar, a la luz del conjunto de los hechos del litigio principal, si en el presente asunto concurren los elementos constitutivos de una práctica abusiva (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartados 30 y 40).

58      Si bien no corresponde al Tribunal de Justicia apreciar los hechos del asunto principal, puede, no obstante, al pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial, proporcionar indicios al órgano jurisdiccional nacional con el objeto de guiarle en la apreciación del asunto que debe juzgar (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 y C‑117/16, EU:C:2019:135, apartado 99).

59      A este respecto, con carácter preliminar, conviene recordar que, según la jurisprudencia, la carga de la prueba de que concurren los elementos constitutivos de tal práctica abusiva recae sobre la autoridad fiscal del Estado miembro que ha decidido denegar la exención prevista en el artículo 5 de la Directiva sobre matrices y filiales a una sociedad que ha satisfecho dividendos a otra sociedad residente en otro Estado miembro. Pero, no puede exigirse a tal autoridad que aporte una prueba imposible (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 y C‑117/16, EU:C:2019:135, apartados 117 y 118).

60      Procede recordar igualmente, en primer lugar, siguiendo al órgano jurisdiccional remitente, que el Tribunal de Justicia, a propósito de una exención de retención en la fuente como la establecida en el artículo 5 de la Directiva sobre matrices y filiales, consideró ciertamente que constituye un escenario artificial un grupo de sociedades que no ha sido creado por razones que obedezcan a la realidad económica y que, dotado de una estructura puramente formal, persigue, como principal objetivo o como uno de sus principales objetivos, la obtención de una ventaja fiscal que es contraria al objeto o a los fines del Derecho tributario. El Tribunal de Justicia indicó que corresponde a tal definición, en particular, el supuesto en que, utilizando una entidad instrumental intercalada, en la estructura del grupo, entre la sociedad que satisface los dividendos y la entidad del grupo beneficiaria efectiva de estos, se elude el pago del impuesto sobre los dividendos (sentencia de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 y C‑117/16, EU:C:2019:135, apartado 100).

61      No obstante, de tal razonamiento no puede deducirse que la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales se aplique únicamente a las estructuras que incluyan sociedades instrumentales y que no sea aplicable a la situación controvertida en el litigio principal, por no implicar la intervención de una sociedad instrumental en la cadena de operaciones en cuestión. Por el contrario, de ese mismo apartado 100 de la sentencia de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 y C‑117/16, EU:C:2019:135), se desprende que el supuesto de una sociedad instrumental no es más que un ejemplo entre otros de aplicación del principio de prohibición del abuso de Derecho, como pone de manifiesto la utilización del término «en particular» (sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartado 28).

62      Por consiguiente, el hecho de que, en un arreglo que consta de varias fases, la primera operación consista en el pago de dividendos por una filial a una sociedad matriz que ejerce una actividad económica real no permite concluir por sí solo que no existe una práctica abusiva. En efecto, analizar únicamente la actividad económica de esa sociedad matriz, sin tener en cuenta las demás circunstancias pertinentes, no sería conforme con la necesidad de proceder a un examen de conjunto, en el sentido de la jurisprudencia citada en los apartados 52 a 55 de la presente sentencia.

63      Esas otras circunstancias que deben apreciarse incluyen las señaladas por la Inspección ante el órgano jurisdiccional remitente, a saber, la venta de acciones de una sociedad, la celebración de contratos de préstamo y la cesión de créditos, como se desprende de los apartados 29 y 30 de la presente sentencia.

64      En segundo lugar, por lo que se refiere al Convenio LT-CY, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, procede recordar que, ciertamente, según la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia no es competente para resolver acerca de la eventual infracción, por un Estado miembro, de lo dispuesto en un convenio celebrado con uno o varios otros Estados miembros destinado a eliminar o atenuar los efectos negativos derivados de la coexistencia de sistemas tributarios nacionales. Tampoco es competente para examinar la relación entre una medida nacional y lo dispuesto en un convenio adoptado para evitar la doble imposición, dado que no se trata de una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión (sentencia de 12 de marzo de 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, apartado 22 y jurisprudencia citada).

65      Ahora bien, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión en relación con la situación fáctica y jurídica descrita por el órgano jurisdiccional remitente en su petición (sentencia de 12 de marzo de 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, apartado 23).

66      Así pues, cuando un órgano jurisdiccional remitente menciona la existencia de un convenio destinado a evitar la doble imposición como un elemento del marco normativo pertinente, el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta dicho convenio y la interpretación que hace de este el órgano jurisdiccional remitente para proporcionar a este último una interpretación eficaz del Derecho de la Unión (sentencia de 12 de marzo de 2026, Marhaux, C‑150/25, EU:C:2026:188, apartado 24 y jurisprudencia citada).

67      En el presente asunto, del artículo 10, apartados 1 y 2, del Convenio LT-CY resulta que, cuando una filial paga dividendos a su sociedad matriz, la Administración tributaria del Estado en el que reside dicha filial no puede gravar esos dividendos si la sociedad matriz es el «beneficiario efectivo» de los mismos.

68      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente, al que corresponde interpretar el Derecho nacional y el Convenio LT-CY, entiende que este último debe interpretarse a la luz de los Comentarios relativos al Modelo de Convenio OCDE. Pues bien, del apartado 12.5 de los comentarios al artículo 10 del Modelo de Convenio de la OCDE resulta que el hecho de que el receptor de los dividendos sea el «beneficiario efectivo» de estos no significa que deba reconocerse automáticamente el beneficio fiscal previsto en el artículo 10, apartado 2, de dicho Modelo. En efecto, este beneficio no debe concederse en caso de utilización abusiva de la disposición que contiene el citado apartado.

69      En cualquier caso, de la jurisprudencia se desprende que los convenios entre Estados miembros, incluso cuando se hayan celebrado sobre la base del Modelo de Convenio de la OCDE, no pueden invocarse para llegar a un resultado contrario al Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de diciembre de 2006, Denkavit Internationaal y Denkavit France, C‑170/05, EU:C:2006:783, apartado 53, y de 29 de julio de 2024, Keva y otros, C‑39/23, EU:C:2024:648, apartado 48).

70      Por cuantas razones anteceden, procede responder a la primera cuestión prejudicial que la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una práctica nacional según la cual la Administración tributaria de un Estado miembro somete a retención en la fuente los dividendos satisfechos por una filial residente en ese Estado miembro a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro debido a que esta sociedad matriz participa en una cadena de operaciones que, en parte o en su totalidad, son falseadas y en la que esos dividendos, al final, son transferidos a la persona física o jurídica que controla directa o indirectamente el conjunto de las sociedades implicadas, aun cuando dicha sociedad matriz ejerza realmente una actividad económica y no sea, por tanto, una sociedad instrumental.

 Cuestiones segunda y quinta

71      Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y quinta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales debe interpretarse en el sentido de que constituyen indicios pertinentes para que la Administración tributaria de un Estado miembro constate la existencia de un arreglo falseado, por un lado, el hecho de que los importes transferidos en una cadena de operaciones, en la que todas o algunas de estas son falseadas, sean similares o incluso idénticos a los importes de los dividendos satisfechos por una filial residente en ese Estado miembro a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro y, por otro lado, el hecho de que tales transferencias no hayan tenido lugar en un breve plazo tras el pago de estos dividendos, sino a lo largo de un período continuado.

72      Con carácter preliminar, dado que NEO niega los hechos considerados por el órgano jurisdiccional remitente, es preciso recordar que, según la jurisprudencia, solo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal. Así pues, el Tribunal de Justicia solo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión en relación con la situación fáctica y jurídica descrita por el órgano jurisdiccional remitente, con el fin de proporcionar a este los elementos útiles para la solución del litigio que se le ha sometido. Por consiguiente, aun cuando una parte del litigio principal impugne los elementos fácticos contenidos en la resolución de remisión, debe responderse a las cuestiones prejudiciales planteadas sobre la base de los elementos que indica el tribunal remitente (sentencia de 5 de junio de 2025, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad, C‑310/24, EU:C:2025:406, apartado 38 y jurisprudencia citada).

73      A la vista de los elementos expuestos en la presente petición de decisión prejudicial, en primer lugar, procede recordar que, según la jurisprudencia, constituye un indicio de la existencia de una estructura creada con el objeto de disfrutar indebidamente de la exención establecida en el artículo 5 de la Directiva sobre matrices y filiales la circunstancia de que dichos dividendos, una vez percibidos, sean retransferidos por la sociedad perceptora íntegramente o en su cuasitotalidad, y en un plazo muy breve, a entidades que no cumplen los requisitos de aplicación de esa Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 y C‑117/16, EU:C:2019:135, apartados 101 y 103).

74      Por consiguiente, en su apreciación de la existencia de un abuso, el órgano jurisdiccional remitente puede tener en cuenta, como indicio de dicha existencia, la correspondencia entre los importes de los dividendos percibidos por la sociedad matriz y los importes que, al término de la cadena de operaciones de que se trate, obtiene la persona física o jurídica que controla las sociedades implicadas en tal cadena.

75      No obstante, debe precisarse, como hace la Comisión Europea, que tales elementos no pueden dar lugar a una presunción general de abuso.

76      En segundo lugar, si bien el hecho de que la sociedad matriz transfiera en breve plazo a otras personas físicas o jurídicas los dividendos que ha recibido de su filial también puede constituir un indicio pertinente de la existencia de un abuso, ello no quiere decir que se requiera un plazo de esa brevedad a efectos de prueba del abuso.

77      En efecto, la circunstancia de que los movimientos de fondos dentro de un grupo de sociedades, controladas directa o indirectamente por una misma persona física o jurídica, hayan tenido lugar a intervalos regulares y durante cierto tiempo no permite excluir la existencia de un arreglo falseado organizado para permitir a dicha persona obtener una ventaja fiscal contraria al objeto o a la finalidad de la Directiva sobre matrices y filiales. A este respecto, debe precisarse que un arreglo falseado cuyos efectos se repitan durante cierto tiempo no es menos contrario a dicho objeto o finalidad que un arreglo esporádico.

78      Así pues, a efectos del análisis objetivo del conjunto de hechos y circunstancias pertinentes que deba efectuarse, no cabe obligar a la Administración tributaria del Estado miembro en el que reside la filial que distribuye dividendos a que limite su examen a un breve período de tiempo. Por el contrario, cuando el arreglo que puede dar lugar al abuso de un derecho conferido por la Directiva sobre matrices y filiales implique, como en el presente asunto, la modificación de la estructura del grupo al que pertenece esa filial y la realización de diversas operaciones jurídicas de concesión de préstamos, la Administración tributaria debe incluir en su investigación todos los elementos que contribuyan a la realización de ese posible abuso.

79      Por cuantas razones anteceden, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y quinta que la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales debe interpretarse en el sentido de que constituyen indicios pertinentes para que la Administración tributaria de un Estado miembro constate la existencia de un arreglo falseado, por un lado, el hecho de que los importes transferidos en una cadena de operaciones, en la que todas o algunas de estas son falseadas, sean similares o incluso idénticos a los importes de los dividendos satisfechos por una filial residente en ese Estado miembro a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro y, por otro lado, el hecho de que tales transferencias no tuvieran lugar en un breve plazo tras el pago de estos dividendos, sino a lo largo de un período continuado, sin perjuicio de la necesidad de que la Administración tributaria lleve a cabo un análisis objetivo de todos los hechos y circunstancias pertinentes para verificar si concurren los elementos constitutivos de una práctica abusiva.

 Cuestiones tercera y cuarta

80      Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales, en relación con el principio de proporcionalidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una práctica nacional según la cual la Administración tributaria de un Estado miembro somete a retención en la fuente los dividendos que una filial residente en dicho Estado miembro satisface a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro, cuando las operaciones consideradas como falseadas no hayan tenido lugar en el primer Estado miembro, sino que han sido realizadas por personas físicas o jurídicas que no residen en él, incluida la persona que obtiene una ventaja fiscal gracias a la exención de los referidos dividendos al término del conjunto de operaciones en cuestión, con independencia de la fase de la cadena de operaciones en la que se obtenga la ventaja fiscal.

81      A este respecto, en primer lugar, debe señalarse que la Directiva sobre matrices y filiales se refiere a situaciones transfronterizas, que siempre implican a sociedades que residen en Estados miembros diferentes. Así, las situaciones a las que pueda resultar aplicable la disposición antiabuso de esta Directiva deben ser objeto de un examen global que incluya operaciones que se desarrollan fuera del Estado miembro en el que la Administración tributaria trata de constatar la existencia de un abuso de Derecho a la luz de dicha Directiva y procede en consecuencia.

82      En segundo lugar, según la jurisprudencia, habida cuenta, en particular, del considerando 8 de la Directiva 2015/121, conforme al cual podrían haber sido falseadas solo determinadas fases o partes de un arreglo y, por tanto, estar comprendidas en el ámbito de aplicación de la disposición contra prácticas abusivas de la Directiva sobre matrices y filiales, no puede excluirse que un arreglo, organizado originalmente por razones comerciales válidas que reflejan la realidad económica, deba considerarse falseado a partir del momento en que dicho arreglo se haya mantenido pese a un cambio de circunstancias a raíz del cual resulte que dicho arreglo ya no esté justificado por tales razones (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartados 34 a 36).

83      Por consiguiente, la posibilidad de aplicar la cláusula contra prácticas abusivas a fases falseadas de un arreglo debe entenderse en el sentido de que pueden tenerse en cuenta las circunstancias posteriores al establecimiento del arreglo para apreciar el carácter auténtico o no de la fase del arreglo de que se trate (sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartado 37).

84      Por consiguiente, como señaló, en esencia, la Abogada General en el punto 56 de sus conclusiones, habida cuenta también de que, como resulta del apartado 56 de la presente sentencia, la existencia de un abuso debe acreditarse mediante un análisis objetivo de todos los hechos y circunstancias pertinentes, la Administración tributaria del Estado miembro de residencia de la filial debe llevar a cabo un examen global que incluya las operaciones realizadas fuera de ese Estado miembro, antes o después del pago de los dividendos por la filial a su sociedad matriz.

85      En efecto, la disposición contra prácticas abusivas de la Directiva sobre matrices y filiales no exige que se demuestre la existencia de una ventaja fiscal contraria al objeto o a la finalidad de dicha Directiva para la filial que distribuyó inicialmente los dividendos y que intentó acogerse a la exención de la retención en la fuente. Tal ventaja la puede obtener la persona física que controla el grupo de sociedades en cuyo marco se efectúa la cadena de operaciones destinada a obtener esa ventaja y que reside en un Estado miembro distinto del de la filial que distribuyó inicialmente los dividendos. A este respecto, procede señalar que no podrían suprimirse tales ventajas indebidas si el Estado miembro que ha concedido a una filial residente la exención de la retención en la fuente de dichos dividendos no pudiera tener también en cuenta las operaciones efectuadas, fuera de ese Estado miembro, con ayuda de los importes recibidos en concepto de los mismos dividendos.

86      Por lo que se refiere al principio de proporcionalidad, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, procede recordar que, por un lado, se alude a dicho principio en el considerando 6 de la Directiva 2015/121 y, por otro, que es un principio general del Derecho de la Unión consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4. Para respetar este principio, las medidas previstas por los Estados miembros deben ser adecuadas para realizar su objetivo y no deben ir más allá de lo necesario para alcanzarlo (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Deister Holding y Juhler Holding, C‑504/16 y C‑613/16, EU:C:2017:1009, apartado 56 y jurisprudencia citada). Por lo tanto, las medidas que adopten las autoridades nacionales para evitar fraudes y abusos de los derechos conferidos por la Directiva sobre matrices y filiales deben cumplir estos requisitos.

87      Pues bien, es patente que una interpretación de la disposición antiabuso de dicha Directiva en virtud de la cual puede acreditarse la existencia de un abuso mediante un análisis que incluya las operaciones realizadas fuera del Estado miembro de residencia de la filial, por un lado, es adecuada para alcanzar dicho objetivo. Por otro lado, tal interpretación es indispensable para luchar contra los arreglos cuyo carácter abusivo solo puede demostrarse tras un análisis de tal alcance.

88      Asimismo, frente a la alegación de NEO de que dicha interpretación da lugar a una restricción injustificada de la libertad de establecimiento y de la libre circulación de capitales, de la jurisprudencia se desprende que, habida cuenta del principio general de prohibición del abuso de Derecho recordado en el apartado 46 de la presente sentencia, una sociedad residente en un Estado miembro no puede pretender el amparo de las libertades consagradas por el Tratado FUE para cuestionar la normativa nacional que rige la tributación de los dividendos pagados a una sociedad residente en otro Estado miembro, si se ha acreditado que la aplicación de esta normativa permite evitar tal abuso (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 y C‑117/16, EU:C:2019:135, apartado 122).

89      Por las razones que anteceden, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales, en relación con el principio de proporcionalidad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una práctica nacional según la cual la Administración tributaria de un Estado miembro somete a retención en la fuente los dividendos que una filial residente en dicho Estado miembro satisface a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro, cuando las operaciones consideradas como falseadas no hayan tenido lugar en el primer Estado miembro, sino que han sido realizadas por personas físicas o jurídicas que no residen en él, incluida la persona que obtiene una ventaja fiscal gracias a la exención de los referidos dividendos al término del conjunto de operaciones en cuestión, con independencia de la fase de la cadena de operaciones en la que se obtenga la ventaja fiscal.

 Sexta cuestión

90      Mediante su sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales debe interpretarse en el sentido de que se opone a una práctica nacional según la cual la Administración tributaria de un Estado miembro somete a retención en la fuente los dividendos que una filial residente en ese Estado miembro satisface a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro, sin que se acredite que dicha filial tenía o podría haber tenido conocimiento de que esa distribución de dividendos formaba parte de una cadena de operaciones en la que todas o algunas de estas eran falseadas.

91      Como se desprende, en esencia, del apartado 50 de la presente sentencia, no puede considerarse que la calificación de una cadena de operaciones como «arreglo falseado» sea suficiente para denegar la exención del impuesto sobre sociedades devengado por los dividendos recibidos, en virtud de la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartado 49). Es necesario además que el arreglo se haya organizado con el propósito principal o uno de sus propósitos principales de obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartado 46).

92      Procede señalar igualmente que, según reiterada jurisprudencia, para probar la existencia de una práctica abusiva es necesario que concurran, por un lado, una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, pese a haberse respetado formalmente las condiciones establecidas en la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, por otro lado, un elemento subjetivo consistente en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa de la Unión mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas para su obtención (sentencia de 3 de abril de 2025, Nordcurrent group, C‑228/24, EU:C:2025:239, apartado 47 y jurisprudencia citada).

93      De ello se sigue que la aplicación de la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales requiere que se cumpla el requisito relativo a la presencia de tal elemento subjetivo.

94      Con el fin de determinar el modo en que debe apreciarse este requisito, es preciso señalar que toda distribución de dividendos contemplada por dicha Directiva es una operación en la que están implicadas como mínimo dos sociedades.

95      En particular, a la vista de las definiciones de «sociedad matriz» y de «sociedad filial» que figuran en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, que establece que la primera posee una participación mínima del 10 % en el capital de la segunda, es posible que una distribución de dividendos resulte de una decisión de la sociedad matriz.

96      Por otra parte, tal decisión podría formar parte de una serie de decisiones adoptadas en el seno del grupo al que pertenecen la filial que efectúa esa distribución y su sociedad matriz.

97      Pues bien, si el requisito relativo a la presencia del elemento subjetivo mencionado en el apartado 92 de la presente sentencia debiera apreciarse únicamente en la filial, comprobando si esta tenía o podía tener conocimiento de que la misma distribución formaba parte de una cadena de operaciones en la que todas o algunas de estas eran falseadas, organizada para obtener, como objetivo principal o uno de sus objetivos principales, una ventaja fiscal contraria al objeto o a la finalidad de la Directiva sobre matrices y filiales, resultaría menoscabado el efecto útil de la disposición antiabuso de dicha Directiva y el objetivo de esta disposición, que refleja el principio general de prohibición del abuso de Derecho recordado en el apartado 46 de la presente sentencia.

98      Por consiguiente, basta con que se demuestre la existencia del elemento subjetivo que consiste en la voluntad de obtener una ventaja resultante de la normativa de la Unión creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtención, al menos respecto de una de las sociedades del grupo que participa en esa cadena de operaciones o de la persona física que, al término de dicha cadena de operaciones, obtiene esa ventaja, sin que se exija que la propia filial haya tenido conocimiento de esa voluntad.

99      Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la sexta cuestión prejudicial que la disposición antiabuso de la Directiva sobre matrices y filiales debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una práctica nacional según la cual la Administración tributaria de un Estado miembro somete a retención en la fuente los dividendos que una filial residente en ese Estado miembro satisface a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro, sin que se acredite que dicha filial tenía o podría haber tenido conocimiento de que esa distribución de dividendos formaba parte de una cadena de operaciones en la que todas o algunas de estas eran falseadas, organizada para obtener, como objetivo principal o uno de sus objetivos principales, una ventaja fiscal contraria al objeto o a la finalidad de la citada Directiva, siempre que se demuestre que, como mínimo, una de las sociedades del grupo que participa en esa cadena de operaciones o la persona física que, al término de dicha cadena de operaciones, obtiene esa ventaja, tenía o podría haber tenido conocimiento de la existencia de esta.

 Costas

100    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1)      El artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2015/121 del Consejo, de 27 de enero de 2015,

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone, en principio, a una práctica nacional según la cual la Administración tributaria de un Estado miembro somete a retención en la fuente los dividendos satisfechos por una filial residente en ese Estado miembro a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro debido a que esta sociedad matriz participa en una cadena de operaciones que, en parte o en su totalidad, son falseadas y en la que esos dividendos, al final, son transferidos a la persona física o jurídica que controla directa o indirectamente el conjunto de las sociedades implicadas, aun cuando dicha sociedad matriz ejerza realmente una actividad económica y no sea, por tanto, una sociedad instrumental.

2)      El artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 2011/96, en su versión modificada por la Directiva 2015/121,

debe interpretarse en el sentido de que

constituyen indicios pertinentes para que la Administración tributaria de un Estado miembro constate la existencia de un arreglo falseado, por un lado, el hecho de que los importes transferidos en una cadena de operaciones, en la que todas o algunas de estas son falseadas, sean similares o incluso idénticos a los importes de los dividendos satisfechos por una filial residente en ese Estado miembro a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro y, por otro lado, el hecho de que tales transferencias no tuvieran lugar en un breve plazo tras el pago de estos dividendos, sino a lo largo de un período continuado, sin perjuicio de la necesidad de que la Administración tributaria lleve a cabo un análisis objetivo de todos los hechos y circunstancias pertinentes para verificar si concurren los elementos constitutivos de una práctica abusiva.

3)      El artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 2011/96, en su versión modificada por la Directiva 2015/121, en relación con el principio de proporcionalidad,

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone a una práctica nacional según la cual la Administración tributaria de un Estado miembro somete a retención en la fuente los dividendos que una filial residente en dicho Estado miembro satisface a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro, cuando las operaciones consideradas como falseadas no hayan tenido lugar en el primer Estado miembro, sino que han sido realizadas por personas físicas o jurídicas que no residen en él, incluida la persona que obtiene una ventaja fiscal gracias a la exención de los referidos dividendos al término del conjunto de las operaciones en cuestión, con independencia de la fase de la cadena de operaciones en la que se obtenga la ventaja fiscal.

4)      El artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 2011/96, en su versión modificada por la Directiva 2015/121,

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone a una práctica nacional según la cual la Administración tributaria de un Estado miembro somete a retención en la fuente los dividendos que una filial residente en ese Estado miembro satisface a su sociedad matriz residente en otro Estado miembro, sin que se acredite que dicha filial tenía o podría haber tenido conocimiento de que esa distribución de dividendos formaba parte de una cadena de operaciones en la que todas o algunas de estas eran falseadas, organizada para obtener, como objetivo principal o uno de sus objetivos principales, una ventaja fiscal contraria al objeto o a la finalidad de la Directiva 2011/96, en su versión modificada, siempre que se demuestre que, como mínimo, una de las sociedades del grupo que participa en esa cadena de operaciones o la persona física que, al término de dicha cadena de operaciones, obtiene esa ventaja, tenía o podría haber tenido conocimiento de la existencia de esta.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: lituano.