Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 15 de octubre de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Mercado interior de la electricidad — Reglamento (UE) 2019/943 — Artículo 18, apartado 1 — Directiva (UE) 2019/944 — Artículos 9, 57, apartados 4 y 5, y 59, apartado 1, letra a) — Tarifas de acceso a las redes, uso de las redes y refuerzo — Costes no vinculados que respalden otros objetivos políticos — Normativa nacional que establece que se tengan en cuenta en las tarifas de la red los costes relativos a las obligaciones de servicio público impuestas a los gestores de redes de distribución — Independencia de la autoridad reguladora nacional en el ejercicio de sus obligaciones y sus competencias — Metodología de fijación de tarifas para la distribución de electricidad que utiliza un método basado en la evolución de los costes históricos »

En el asunto C‑199/25,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 19 de febrero de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de marzo de 2025, en el procedimiento entre

Fluvius Halle-Vilvoorde, anteriormente Sibelgas,

Fluvius Kempen, anteriormente Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA),

Fluvius IMEWO, anteriormente Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO),

Fluvius West, anteriormente Fluvius West e Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (GASELWEST),

Fluvius Zenne-Dijle, anteriormente Iverlek y Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (P.B.E.),

Fluvius Midden-Vlaanderen, anteriormente Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (INTERGEM),

Fluvius Antwerpen,

Fluvius Limburg

y

Vlaamse Nutsregulator, anteriormente Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y la Sra. R. Frendo y los Sres. N. Jääskinen, M. Condinanzi (Ponente) y A. Kornezov, Jueces;

Abogado General: Sr. A. Rantos;

Secretaria: Sra. A. Lamote, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de febrero de 2026;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de Fluvius Halle-Vilvoorde, anteriormente Sibelgas, Fluvius Kempen, anteriormente Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), Fluvius IMEWO, anteriormente Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), Fluvius West, anteriormente Fluvius West e Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (GASELWEST); Fluvius Zenne-Dijle, anteriormente Iverlek y Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (P.B.E.), Fluvius Midden-Vlaanderen, anteriormente Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (INTERGEM), Fluvius Antwerpen y Fluvius Limburg, por el Sr. T. Chellingsworth y las Sras. P. Neven y L. Pellens, advocaten;

–        en nombre del Vlaamse Nutsregulator, anteriormente Vlaamse Regulator van de Elektriciteits-en Gasmarkt (VREG), por lo Sres. V. Verbelen y D. Verhoeven, advocaten;

–        en nombre del Gobierno belga, por los Sres. S. Baeyens y P. Cottin y la Sra. C. Pochet, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. C. Mathieu y los Sres. S. Spiniello, F. Vandendriessche y P. Wytinck, advocaten;

–        en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. M. Pere, en calidad de agente;

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Baeckelmans y O. Beynet, y los Sres. T. Scharf y G. Wils, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de mayo de 2026;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad (DO 2019, L 158, p. 54).

2        Esta petición se ha planteado en el contexto de un litigio que enfrenta a diez gestores de la red de distribución de electricidad y gas natural situados en Flandes (Bélgica) (en lo sucesivo, «GRD demandantes»), al Vlaamse Nutsregulator, anteriormente Vlaamse Regulator van de Elektriciteits-en Gasmarkt (autoridad reguladora flamenca de la electricidad y el gas; en lo sucesivo, «VREG»), respecto a la legalidad de la Decisión BESL-2024-41 de este último por la que se estableció la metodología de fijación de tarifas para la distribución de electricidad y gas natural durante el período regulatorio 2025‑2028 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

 Reglamento 2019/943

3        El artículo 1 del Reglamento 2019/943, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», dispone lo siguiente:

«El presente Reglamento tiene por objeto:

a)      sentar las bases de un logro eficiente de los objetivos de la Unión de la Energía, y en particular del marco de la política climática y energética para 2030, haciendo posible que las señales del mercado se verifiquen para aumentar la eficiencia, la cuota de fuentes de energía renovables, la seguridad del suministro, la flexibilidad, la sostenibilidad, la descarbonización y la innovación;

b)      establecer principios fundamentales para el funcionamiento correcto y la integración de los mercados de la electricidad que permitan un acceso al mercado no discriminatorio a todos los proveedores de recursos y clientes, capaciten a los consumidores de electricidad, garanticen la competencia en el mercado mundial así como la respuesta de la demanda, el almacenamiento de energía y la eficiencia energética, faciliten la agregación de la demanda distribuida y el suministro y permitan una integración de los mercados y sectorial y una remuneración basada en el mercado de la electricidad generada a partir de fuentes renovables;

[…]»

4        El artículo 18 de este Reglamento, titulado «Tarifas de acceso a las redes, uso de las redes y refuerzo», establece cuanto sigue:

«1.      Las tarifas de acceso a las redes nacionales aplicadas por los gestores de las redes, incluidas las aplicadas por la conexión a las redes, el uso de las redes y, en su caso, los refuerzos de las redes relacionados, deberán ajustarse a los costes y ser transparentes, tener en cuenta la necesidad de seguridad [y] flexibilidad en las redes y ajustarse a los costes reales, en la medida en que correspondan a los de un gestor eficiente de redes y estructuralmente comparable, y aplicarse de forma no discriminatoria. Esas tarifas no incluirán los costes no vinculados que respalden otros objetivos políticos.

[…] el método empleado para determinar las tarifas de la red apoyará de manera neutral la eficiencia global de la red a largo plazo mediante señales de precios para clientes y productores y, en particular, se aplicará de modo que no discrimine, ni positiva ni negativamente, entre la producción conectada al nivel de la distribución y la producción conectada al nivel del transporte. […]

2.      Las metodologías de fijación de tarifas deberán reflejar el coste de los gestores de redes de transporte y de los gestores de redes de distribución [en lo sucesivo, “GRD”] y deberán proporcionar incentivos adecuados a los gestores de redes de transporte y a los [GRD], tanto a corto como a largo plazo, para aumentar la eficiencia, en particular la eficiencia energética, fomentar la integración y la seguridad del suministro, apoyar las inversiones eficientes y las actividades de investigación conexas y facilitar la innovación en interés del consumidor en ámbitos como la digitalización, los servicios de flexibilidad y las interconexiones.

[…]

4.      Al fijar las tarifas de acceso a la red, se tendrá en cuenta lo siguiente:

[…]

b)      los pagos efectivamente realizados y recibidos así como los pagos previstos para períodos de tiempo futuros, calculados a partir de períodos anteriores.

[…]

7.      Las tarifas de distribución se ajustarán a los costes, teniendo en cuenta la utilización de la red de distribución por los usuarios de la red, incluidos los clientes activos. Las tarifas de distribución podrán contener elementos de capacidad de conexión a la red y podrán diferenciarse sobre la base de los perfiles de consumo o generación de los usuarios de la red. […]

8.      Los métodos de fijación de tarifas de distribución deberán ofrecer incentivos a los [GRD] para la operación y el desarrollo más rentables posible de sus redes, por ejemplo, mediante la contratación de servicios. A tal fin, las autoridades reguladoras deberán reconocer los costes pertinentes como elegibles e incluir aquellos costes en las tarifas de distribución, y podrán introducir objetivos de rendimiento para incentivar a los [GRD] a aumentar la eficiencia en sus redes, […]

[…]

10.      Las autoridades reguladoras tendrán debidamente en cuenta el informe de buenas prácticas [al] fijar o aprobar las tarifas de transporte o distribución o sus metodologías de conformidad con el artículo 59 de la Directiva (UE) 2019/944 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO 2019, L 158, p. 125)].»

 Directiva 2019/944

5        Según los considerandos 80, 87 y 90 de la Directiva 2019/944:

«(80)      Es preciso, para un adecuado funcionamiento del mercado interior de la electricidad, que las autoridades reguladoras puedan tomar decisiones sobre todas las cuestiones de reglamentación pertinentes, y necesitan ser totalmente independientes de cualquier otro interés público o privado. […]

[…]

(87)      La presente Directiva […] no [priva] a los Estados miembros de la posibilidad de establecer y publicar sus propias directrices en materia de política energética nacional. Así pues, dependiendo de las disposiciones constitucionales de cada Estado miembro, podría ser competencia de cada Estado miembro determinar el marco de actuación con arreglo al cual deben funcionar las autoridades reguladoras, por ejemplo, en lo que respecta a la seguridad del suministro. No obstante, las directrices en materia de política energética general que establezca el Estado miembro no deben repercutir en la independencia o la autonomía de las autoridades reguladoras.

[…]

(90)      La presente Directiva debe interpretarse junto con el Reglamento [2019/943] que establece los principios fundamentales de la nueva configuración del mercado de la electricidad que permitirá una mejor remuneración de la flexibilidad, ofrecer señales de precio adecuadas y garantizar el desarrollo del funcionamiento de los mercados integrados a corto plazo. El Reglamento [2019/943] también establece nuevas normas en distintos ámbitos, como por ejemplo los mecanismos de capacidad y la cooperación entre los gestores de redes de transporte.»

6        El artículo 9 de esta Directiva, titulado «Obligaciones de servicio público», dispone lo siguiente en sus apartados 2 y 3:

«2.      En el pleno respeto de las disposiciones pertinentes del TFUE, y en particular de su artículo 106, los Estados miembros podrán imponer a las empresas eléctricas, en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección del medio ambiente, incluidas la eficiencia energética, la energía procedente de fuentes renovables y la protección del clima. Estas obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la Unión el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales. […]

3.      Cuando se provean las compensaciones financieras, las demás formas de compensación y los derechos exclusivos que conceden los Estados miembros para el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el apartado 2 del presente artículo o para la prestación del servicio universal según lo establecido en el artículo 27, se hará de modo transparente y no discriminatorio.»

7        El artículo 57 de dicha Directiva, titulado «Designación e independencia de las autoridades reguladoras», establece cuanto sigue en sus apartados 4 y 5:

«4.      Los Estados miembros garantizarán la independencia de la autoridad reguladora y velarán por que esta ejerza sus competencias con imparcialidad y transparencia. Con este fin, se asegurarán de que, al desempeñar las funciones reguladoras que le encomienda la presente Directiva y la normativa conexa, la autoridad reguladora:

a)      sea jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada,

b)      su personal y los encargados de su gestión:

i)      actúen con independencia de cualquier interés comercial, y

ii)      no pidan ni acepten instrucciones directas de ningún gobierno ni ninguna otra entidad pública o privada para el desempeño de sus funciones reguladoras. Dicho requisito se entenderá sin perjuicio de una estrecha cooperación con otras autoridades nacionales pertinentes, cuando proceda, ni de las directrices de política general publicadas por el Gobierno que no guarden relación con las funciones reguladoras a que se refiere el artículo 59.

5.      A fin de proteger la independencia de la autoridad reguladora, los Estados miembros se asegurarán especialmente de que:

a)      la autoridad reguladora pueda tomar decisiones autónomas, con independencia de cualquier órgano político;

[…]»

8        El artículo 59 de esta misma Directiva, titulado «Obligaciones y competencias de la autoridad reguladora», establece lo siguiente en su apartado 1:

«La autoridad reguladora tendrá las siguientes obligaciones:

a)      establecer o aprobar, de conformidad con criterios transparentes, las tarifas de transporte o distribución o sus metodologías o las dos cosas;

[…]».

9        El anexo I de la Directiva 2019/944, titulado «Requisitos mínimos de la facturación e información sobre la facturación», establece cuanto sigue en su punto 3:

«El precio de los clientes es la suma de los tres componentes siguientes: el componente de energía y suministro, el componente de red (transporte y distribución) y el componente que incluye impuestos, tasas, gravámenes y cargas.

Cuando en las facturas se presente un desglose del precio de los clientes finales, se utilizarán en toda la Unión las definiciones comunes de los tres componentes de ese desglose establecidas en el Reglamento (UE) 2016/1952 del Parlamento Europeo y del Consejo [de 26 de octubre de 2016, relativo a las estadísticas europeas sobre los precios del gas natural y la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2008/92/CE (DO 2016, L 311, p. 1)].»

 Reglamento 2016/1952

10      El anexo II, punto 5, letra a), del Reglamento 2016/1952 precisa que el precio de la electricidad por banda de consumo aplicado al cliente final es la suma de los tres componentes principales: el componente de energía y suministro, el componente de red (transporte y distribución) y el componente que incluye los impuestos, tasas, gravámenes y cargas. En particular, el componente de red incluye, para los consumidores finales, los costes relacionados con el transporte y la distribución, las pérdidas de transporte y distribución, los costes de red, los costes del servicio postventa, los costes del servicio del sistema y los costes de alquiler de contadores y medición con contador. En cambio, el componente que agrupa los impuestos, tasas, gravámenes y cargas se define como la suma de los distintos subcomponentes enumerados en este punto 5, letra a), entre los que figuran, en particular, los impuestos, tasas, gravámenes o cargas relacionados con la promoción de las energías renovables, la eficiencia energética y la producción combinada de calor y electricidad [cogeneración].

 Derecho belga

11      De conformidad con el artículo 4.1.30, apartado 1, del decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (Energiedecreet) [Decreto de 8 de mayo de 2009 por el que se establecen disposiciones generales en materia de política energética (Decreto sobre la Energía)] (Belgisch Staatsblad, de 7 de julio de 2009, p. 46145), adoptado por la Vlaams Gewest (Región Flamenca), en su redacción aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto sobre la Energía»):

«El [VREG] establecerá una metodología de fijación de tarifas y ejercerá su competencia tarifaria con el fin de fomentar una regulación estable y previsible que contribuya al buen funcionamiento del mercado liberalizado y que permita a los [GRD] efectuar las inversiones necesarias en sus redes de distribución.»

12      El artículo 4.1.32, apartado 1, de dicho Decreto dispone lo siguiente:

«El [VREG] establecerá la metodología de fijación de tarifas teniendo en cuenta las siguientes directrices:

[…]

5º      Las tarifas reflejarán los costes en que se haya realmente incurrido, siempre que estos correspondan a los de una entidad o actividad comparable eficiente;

[…]

10º      Los costes relativos a la ejecución del presupuesto de las obligaciones de servicio público, impuestas por el Decreto o en virtud de este, que no se financien mediante impuestos, tasas, subvenciones, contribuciones y gravámenes, se contabilizarán de forma transparente y no discriminatoria en las tarifas, previo control del [VREG];

[…]»

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

13      El VREG designó a los GRD demandantes para gestionar las redes de distribución de electricidad y gas natural en determinadas zonas de Flandes.

14      La explotación de esas redes genera costes para los GRD demandantes, que pueden exigirse a los usuarios de dichas redes, dentro de ciertos límites y bajo determinadas condiciones, mediante las tarifas de distribución de electricidad y de gas natural (en lo sucesivo, «tarifas de la red»). Sin embargo, dado que los GRD demandantes son monopolios legales, el VREG regula dichas tarifas determinando la metodología de fijación de tarifas aplicable. Esta metodología, que se establece por lo general para un período de cuatro años, determina el nivel de ingresos que los GRD demandantes están autorizados a percibir mediante las tarifas de la red para cubrir sus costes de explotación.

15      Los ingresos así autorizados cubren dos categorías de costes. Por un lado, un componente de estos ingresos cubre los costes exógenos, a saber, los costes sobre los que los GRD demandantes no pueden ejercer ninguna influencia y que no pueden reducirse mediante una gestión más eficiente. Estos costes se repercuten íntegramente a los usuarios de las redes de distribución mediante las tarifas de la red.

16      Por otro lado, otro componente de dichos ingresos cubre los costes endógenos, a saber, los costes razonables y necesarios relacionados con la gestión de las redes y de los datos, en los que los GRD demandantes pueden influir, tales como los costes de amortización, los gastos de explotación y los costes relativos al capital invertido.

17      El 21 de junio de 2024, el VREG adoptó, sobre la base del Decreto sobre la Energía, la Decisión impugnada, en la que se establece la metodología de fijación de tarifas aplicable a la distribución de electricidad y gas natural para el período 2025‑2028. Esta metodología incluye fórmulas para determinar los ingresos autorizados que cubren los costes endógenos razonables y necesarios de los GRD demandantes, que corresponden a los costes endógenos máximos que estos últimos pueden repercutir a los usuarios de las redes de distribución.

18      Para ello, dicha metodología tiene en cuenta la evolución de los costes soportados por los GRD demandantes. Más concretamente, el VREG toma en consideración, en primer lugar, la evolución de los costes endógenos sectoriales, es decir, la suma de los costes endógenos de todos los GRD situados en Flandes correspondientes a una misma actividad regulada, durante el período tarifario precedente, esto es, el período 2019‑2023. En segundo lugar, se prevé que, a lo largo del período 2025‑2028, el componente básico de los ingresos autorizados en relación con los costes endógenos evolucione anualmente en función de la inflación. En consecuencia, este componente es objeto de una corrección ex post sobre la base de la inflación realmente constatada. En tercer lugar, el VREG ha establecido también un factor de incentivo de la eficiencia denominado «frontier shift», que refleja el aumento de la productividad conseguido por los GRD más eficientes gracias a la aplicación de las mejores prácticas y al progreso tecnológico, y que, según dicha autoridad, es necesario para compensar la falta de competencia efectiva entre los GRD demandantes. En cuarto y último lugar, a este componente básico de los ingresos autorizados en relación con los costes endógenos se añaden cinco elementos endógenos adicionales, que no son pertinentes a efectos de la presente petición de decisión prejudicial.

19      El 19 de julio de 2024, los GRD demandantes interpusieron un recurso ante el Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente, solicitando la anulación de la Decisión impugnada. Sostienen, en particular, que la metodología de fijación de tarifas para el período 2025‑2028 infringe los artículos 4.1.30 y 4.1.32 del Decreto sobre la Energía y la Directiva 2019/944, y viola el principio según el cual la fijación de tarifas debe ajustarse a los costes, como se establece en el artículo 18 del Reglamento 2019/943, así como varios principios vinculados a una buena administración.

20      En el marco del litigio del que conoce el órgano jurisdiccional remitente, el VREG, por su parte, ha admitido, en respuesta a las preguntas de dicho órgano jurisdiccional, que la metodología de fijación de tarifas para el período 2025‑2028 puede ser contraria al artículo 18, apartado 1, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento 2019/943, en la medida en que, conforme al artículo 4.1.32, apartado 1, punto 10º, del Decreto sobre la Energía, las tarifas incluyen costes no vinculados que respaldan otros objetivos políticos.

21      El VREG sostiene, en particular, que la normativa flamenca impone a los GRD demandantes diversas obligaciones de servicio público, algunas de las cuales tienen carácter financiero, como las relacionadas con el fomento del uso racional de la energía y de fuentes de energía renovables, así como con la adquisición de certificados verdes y de certificados de cogeneración. Como contrapartida de esas obligaciones de servicio público, los GRD demandantes reciben compensaciones financiadas en parte mediante recursos asignados por el Energiefonds (Fondo de Energía) y por el presupuesto de gastos generales de la Región Flamenca. Una vez deducidas tales compensaciones, los costes residuales relacionados con las obligaciones de servicio público de carácter financiero se repercuten en las tarifas de la red eléctrica. Pues bien, según el VREG, la mayoría de esas obligaciones de servicio público persiguen objetivos de carácter social y medioambiental y, por lo tanto, no guardan relación con la gestión de las redes de distribución.

22      En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, sobre la compatibilidad del Decreto sobre la Energía con el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento 2019/943, a tenor del cual las tarifas de la red no deben incluir los «costes no vinculados que respalden otros objetivos políticos». Según dicho órgano jurisdiccional, la expresión «otros objetivos políticos» se refiere a finalidades ajenas al desarrollo y a la explotación de las propias redes. A este respecto, señala que el fomento del uso de fuentes de energía renovables, en particular mediante la obligación de adquirir certificados verdes y certificados de cogeneración, parece perseguir objetivos de política energética no relacionados con el desarrollo o la explotación eficiente de las redes de distribución. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la repercusión, en las tarifas de la red, de una parte de los costes relacionados con las obligaciones de servicio público, que no se financian de otro modo, es compatible con el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento 2019/943, cuando esos costes no guarden relación alguna con la gestión de las redes.

23      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la conformidad con el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, primera frase, del Reglamento 2019/943 de una metodología de fijación de tarifas basada en los costes históricos de los GRD demandantes, sin control aparente de la eficiencia de esos costes. Considera que esta disposición exige que los costes repercutidos a los usuarios de las redes correspondan a los de un GRD eficiente y dotado de una estructura comparable, lo que, según dicho órgano jurisdiccional, implica que las tarifas de la red exigidas por los GRD demandantes no pueden exceder del nivel que resultaría de un mercado competitivo. A este respecto, si bien admite que la utilización de datos históricos puede presentar cierta pertinencia, este órgano jurisdiccional se pregunta si una regulación tarifaria basada exclusivamente en la cobertura de tales costes, sin un mecanismo de evaluación de su eficiencia, es compatible con el objetivo perseguido por el Reglamento 2019/943 y, más en general, con la propia finalidad de toda normativa aplicable a un mercado monopolístico, que consiste en impedir la fijación de precios superiores a los que existirían en un contexto competitivo.

24      En tercer y último lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la posibilidad de mantener temporalmente los efectos del método de fijación de tarifas adoptado mediante la Decisión impugnada si esta debiera considerarse contraria al Derecho de la Unión. Estima que, en ese supuesto, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, consideraciones imperiosas de seguridad jurídica parecen justificar el mantenimiento provisional de los efectos del artículo 4.1.32, apartado 1, punto 10º, del Decreto sobre la Energía o de la Decisión impugnada. Sobre este particular, dicho órgano jurisdiccional señala que una anulación sin modulación en el tiempo podría menoscabar la seguridad jurídica.

25      En estas circunstancias, el Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 18, apartado 1, segunda frase, del Reglamento [2019/943], en el sentido de que se opone a una norma nacional como el artículo 4.1.32, apartado 1, punto 10, del [Decreto sobre la Energía], que dispone que los costes de las obligaciones de servicio público impuestas por dicha [norma] o en virtud de la misma que no se financian mediante impuestos, derechos, subvenciones, contribuciones y gravámenes deben incluirse en las tarifas?

2)      ¿Debe interpretarse el artículo 18, apartado 1, primera frase, del Reglamento [2019/943] en el sentido de que se opone a una metodología de fijación de tarifas para la distribución de electricidad adoptada por una autoridad reguladora que, en relación con un componente significativo de los costes de los [GRD] sujetos a una regulación de los ingresos, utiliza una metodología de tendencia de costes históricos (que determina los ingresos tomando como referencia los costes pasados) en sí, o debe la aplicación de esta metodología estar respaldada por una verificación del nivel de los costes históricos en relación con su eficiencia?

3)      En el supuesto de que, sobre la base de las respuestas a las cuestiones prejudiciales antes formuladas, el [órgano jurisdiccional remitente] llegase a la conclusión de que el [VREG] ha incumplido una o varias de las obligaciones derivadas de las disposiciones mencionadas en dichas cuestiones, ¿podría mantener temporalmente los efectos de las mismas para evitar la inseguridad jurídica?»

 Sobre las cuestiones prejudiciales

 Primera cuestión prejudicial

26      Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, en su caso, las cuestiones prejudiciales que se le hayan planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de sus cuestiones [véanse las sentencias de 20 de marzo de 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, apartado 9, y de 5 de diciembre de 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconocimiento y ejecución de las sanciones pecuniarias), C‑671/18, EU:C:2019:1054, apartado 26 y jurisprudencia citada].

27      En efecto, el hecho de que, desde un punto de vista formal, el órgano jurisdiccional remitente se haya referido, en sus cuestiones prejudiciales, a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no obsta para que el Tribunal de Justicia le proporcione todos los elementos de interpretación que puedan serle útiles para enjuiciar el litigio principal, extrayendo del conjunto de datos aportados por dicho órgano jurisdiccional, y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio principal (véanse las sentencias de 29 de noviembre de 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, apartado 26, y de 22 de enero de 2026, Secab, C‑423/23, EU:C:2026:32, apartado 29).

28      En el caso de autos, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento 2019/943, en la medida en que esta disposición prohíbe incluir en las tarifas de acceso a las redes costes no vinculados que respalden otros objetivos políticos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que se tengan en cuenta, en las tarifas de la red, los costes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de servicio público impuestas por dicha normativa a los GRD, cuando esos costes no se financian mediante impuestos, tasas, subvenciones, contribuciones o gravámenes.

29      Así pues, dicho órgano jurisdiccional pretende determinar si es compatible con el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento 2019/943 el hecho de incluir en las tarifas de la red, en virtud de una disposición normativa nacional, los costes relacionados con las obligaciones de servicio público, cuando estas no guardan a primera vista ninguna relación directa con la gestión de la red, sino que más bien se inscriben en el ámbito de otras políticas públicas, a saber, objetivos de política energética distintos de los relativos al desarrollo o a la explotación eficiente de las redes de distribución.

30      Pues bien, para dar una respuesta útil a la primera cuestión prejudicial, es necesario tomar también en consideración las disposiciones de la Directiva 2019/944, en particular, los artículos 9, 57, apartados 4 y 5, y 59, apartado 1, letra a), y el punto 3 de su anexo I. Estas disposiciones se refieren, respectivamente, a las obligaciones de servicio público, a la independencia de las autoridades reguladoras nacionales, a las obligaciones y competencias de estas últimas y a los requisitos mínimos en materia de facturación y de información sobre la facturación.

31      Por lo tanto, procede considerar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento 2019/943, en relación con los artículos 9, 57, apartados 4 y 5, y 59, apartado 1, letra a), y con el punto 3 del anexo I de la Directiva 2019/944, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que se tengan en cuenta, en las tarifas de la red, los costes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de servicio público impuestas por dicha normativa a los GRD, cuando esos costes no se financian mediante impuestos, tasas, subvenciones, contribuciones o gravámenes.

32      Según reiterada jurisprudencia, al interpretar una disposición de Derecho de la Unión, deben tenerse en cuenta su tenor, el contexto en que se inscribe y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 91).

33      En primer lugar, según el tenor del artículo 18 apartado 1, párrafo primero, del Reglamento 2019/943, las tarifas de acceso a las redes nacionales aplicadas por los gestores de las redes, incluidas las aplicadas por la conexión a las redes, el uso de las redes y, en su caso, los refuerzos de las redes relacionados, deben ajustarse a los costes y ser transparentes, tener en cuenta la necesidad de seguridad y flexibilidad en las redes y ajustarse a los costes reales, en la medida en que correspondan a los de un gestor eficiente de redes y estructuralmente comparable, y aplicarse de forma no discriminatoria. Además, esta disposición establece que esas tarifas no deben incluir los costes no vinculados que respalden otros objetivos políticos.

34      Como señaló el Abogado General en el punto 45 de sus conclusiones, del tenor de esta disposición se desprende que el legislador de la Unión pretendió regular las tarifas de acceso a la red exigiendo que los costes correspondientes estuvieran vinculados a la explotación de la red, pero ni el tenor de esta disposición ni el de las demás disposiciones del Reglamento 2019/943 permiten definir, de manera inequívoca, los conceptos de «tarifas de acceso a las redes», «costes no vinculados» y «otros objetivos políticos».

35      Por lo que respecta, en segundo lugar, al contexto en el que se inscribe el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento 2019/943, procede empezar señalando que, a tenor del artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, de este Reglamento, el método empleado para determinar las tarifas de la red debe apoyar de manera neutral la eficiencia global de la red a largo plazo mediante señales de precios para clientes y productores y, en particular, ha de aplicarse de modo que no discrimine, ni positiva ni negativamente, entre la producción conectada al nivel de la distribución y la conectada al nivel del transporte.

36      A continuación, el apartado 2 de dicho artículo 18 dispone, en esencia, que las metodologías de fijación de tarifas deben reflejar el coste de los GRD y deben proporcionar a estos últimos incentivos adecuados, a corto y a largo plazo, para aumentar la eficiencia, en particular la eficiencia energética, fomentar la integración y la seguridad del suministro, apoyar las inversiones eficientes y las actividades de investigación conexas y facilitar la innovación en interés del consumidor en ámbitos como la digitalización, los servicios de flexibilidad y las interconexiones.

37      Por último, los apartados 7 y 8 del artículo 18 del Reglamento 2019/943 regulan más específicamente las tarifas de distribución y los métodos de fijación de tarifas de distribución. En particular, establecen, respectivamente, que las primeras deben ajustarse a los costes, teniendo en cuenta la utilización de la red de distribución por los usuarios de la red, incluidos los clientes activos, y que los segundos deben ofrecer incentivos a los GRD para la operación y el desarrollo más rentables posible de sus redes, y pueden introducir objetivos de rendimiento para incentivar a dichos gestores a aumentar la eficiencia en sus redes.

38      Por consiguiente, estas disposiciones no prevén que esas tarifas y esos métodos puedan incluir costes relacionados con el cumplimiento de obligaciones de servicio público.

39      Ahora bien, para determinar el alcance del artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento 2019/943, es preciso situar esta disposición en el marco normativo más amplio al que pertenece y tener en cuenta, a este respecto, lo dispuesto en la Directiva 2019/944 —la cual, como resulta de su considerando 90, debe interpretarse junto con el Reglamento 2019/943—, como confirma la referencia expresa a esta Directiva contenida en el artículo 18, apartado 7, del Reglamento 2019/943.

40      En particular, conforme a las consideraciones expuestas en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia, procede tomar en consideración los artículos 9, 57, apartados 4 y 5, y 59, apartado 1, letra a), y el punto 3 del anexo I de dicha Directiva.

41      A este respecto, en lo que se refiere a las obligaciones de servicio público, el artículo 9 de la Directiva 2019/944 reconoce a los Estados miembros un margen de apreciación tanto en la definición del tipo de obligaciones de servicio público que pretenden imponer a los GRD como en las modalidades de financiación de dichas obligaciones. Más concretamente, el artículo 9, apartado 2, de esta Directiva establece que, en el pleno respeto de las disposiciones pertinentes del TFUE, y en particular de su artículo 106, los Estados miembros pueden imponer tales obligaciones a las empresas eléctricas, en aras del interés económico general. Dichas obligaciones pueden referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección del medio ambiente, incluidas la eficiencia energética, la energía procedente de fuentes renovables y la protección del clima. Por otra parte, el artículo 9, apartado 3, de dicha Directiva reconoce a los Estados miembros la facultad de conceder a esas empresas, de modo transparente y no discriminatorio, compensaciones financieras, las demás formas de compensación e incluso derechos exclusivos como contrapartida por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público impuestas.

42      Además, es preciso señalar que, con arreglo al punto 3 del anexo I de la Directiva 2019/944 —el cual establece los requisitos mínimos de la facturación e información sobre la facturación—, el precio aplicado a los clientes es la suma de los tres componentes siguientes: el componente de energía y suministro, el componente de red (transporte y distribución) y el componente que incluye impuestos, tasas, gravámenes y cargas. Este punto 3 también dispone que las definiciones pertinentes de estos componentes figuran en el Reglamento 2016/1952, cuyo anexo II establece expresamente que el tercer componente (impuestos, tasas, gravámenes y cargas) puede incluir, en particular, gravámenes relacionados con la promoción de las energías renovables.

43      De lo anterior se deriva que las «tarifas» a las que se refiere el artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2019/943 solo constituyen uno de los tres componentes principales del precio aplicado a los clientes finales, a saber, el correspondiente a las tarifas relativas a la red.

44      Como ha señalado el Abogado General en los puntos 55 y 56 de sus conclusiones, esta disposición solo se refiere a los costes realmente soportados por el GRD que guarden una relación directa con el uso de la red, la conexión a la red o el refuerzo de la red, de modo que el alcance de dicha disposición no puede extenderse a componentes tarifarios carentes de toda relación con el uso efectivo de la red.

45      En estas circunstancias, no puede considerarse que los costes relacionados con las obligaciones de servicio público facturados por los GRD estén comprendidos en el concepto de «tarifas de la red», a efectos del artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2019/943. Al formar parte, en principio, del tercer componente del precio aplicado a los clientes finales contemplado en el punto 3 del anexo I de la Directiva 2019/944, relativo a los «impuestos, tasas, gravámenes y cargas», quedan, por consiguiente, fuera del ámbito de aplicación de dicho artículo 18.

46      Por otra parte, el artículo 9 de la Directiva 2019/944 no se opone, en principio, a una normativa nacional que establezca la posibilidad de que los GRD repercutan a los clientes finales los costes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que les impone el Estado miembro de que se trate, siempre que los parámetros y las modalidades de esa financiación cumplan los requisitos establecidos en el artículo 9, apartado 3, de dicha Directiva, a saber, en particular, el respeto del principio de no discriminación y de la exigencia de transparencia (véase, por analogía, la sentencia de 30 de abril de 2020, Оvergas Mrezhi y Balgarska gazova asotsiatsia, C‑5/19, EU:C:2020:343, apartado 88).

47      Por lo que se refiere a la independencia de las autoridades reguladoras, así como a sus obligaciones y competencias, el artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2019/944 dispone que los Estados miembros garantizarán la independencia de la autoridad reguladora y, a tal fin, se asegurarán de que, al desempeñar las funciones reguladoras que le encomiendan esta Directiva y la normativa conexa, dicha autoridad sea jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada, y que esa autoridad garantice que su personal y los encargados de su gestión actúen con independencia de cualquier interés comercial y no pidan ni acepten instrucciones directas de ningún gobierno ni ninguna otra entidad pública o privada para el desempeño de esas funciones. Sin embargo, según el artículo 57, apartado 4, letra b), inciso ii), de dicha Directiva, este último requisito se entiende sin perjuicio de una estrecha cooperación con otras autoridades nacionales, cuando proceda, ni de las directrices de política general publicadas por el Gobierno del Estado miembro que designó a esa misma autoridad que no guarden relación con las funciones reguladoras previstas en el artículo 59 de la citada Directiva, las cuales incluyen, de conformidad con el apartado 1, letra a), de este último artículo, la de establecer o aprobar las tarifas de transporte o distribución de electricidad o sus métodos de cálculo (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2025, Alajärven Sähkö y otros, C‑48/23, EU:C:2025:144, apartado 30).

48      Dicho artículo 57 establece, en su apartado 5, párrafo primero, letra a), que, a fin de proteger la independencia de la autoridad reguladora, el Estado miembro interesado se asegurará especialmente de que dicha autoridad pueda tomar decisiones autónomas, con independencia de cualquier órgano político (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2025, Alajärven Sähkö y otros, C‑48/23, EU:C:2025:144, apartado 31).

49      Las disposiciones del artículo 57 de la Directiva 2019/944 reflejan, en esencia, el contenido de los considerandos 80 y 87 de esta Directiva, según los cuales, para un adecuado funcionamiento del mercado interior de la electricidad, es preciso, por un lado, que las autoridades reguladoras puedan tomar decisiones sobre todas las cuestiones de reglamentación pertinentes y necesitan ser totalmente independientes de cualquier otro interés público o privado y, por otro lado, que la referida Directiva no prive a los Estados miembros de la posibilidad de establecer y publicar sus propias directrices en materia de política energética nacional (sentencia de 6 de marzo de 2025, Alajärven Sähkö y otros, C‑48/23, EU:C:2025:144, apartado 32).

50      En particular, a este respecto, como se desprende del considerando 87 de la Directiva 2019/944 y de lo dispuesto en el artículo 194 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, los Estados miembros tienen derecho a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos. Así pues, esta Directiva no priva a los Estados miembros de la posibilidad de establecer y publicar sus propias directrices en materia de política energética nacional y de determinar el marco de actuación de las autoridades reguladoras, en particular en lo que respecta a la seguridad del suministro. Por lo tanto, los Estados miembros tienen libertad para adoptar su propia normativa relativa al mercado nacional de la electricidad, salvo en lo referente a las obligaciones y competencias de las autoridades reguladoras establecidas en dicha Directiva (sentencia de 6 de marzo de 2025, Alajärven Sähkö y otros, C‑48/23, EU:C:2025:144, apartado 39).

51      De ello se deduce, como señaló el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, que, para garantizar un adecuado funcionamiento del mercado interior de la electricidad, es preciso, por un lado, que las autoridades reguladoras nacionales estén facultadas para adoptar decisiones sobre todas las cuestiones de reglamentación de su competencia y gocen de independencia y, por otro lado, que la Directiva 2019/944 no prive a los Estados miembros de la facultad de definir y publicar sus propias directrices en materia de política energética nacional y de determinar el marco en el que dichas autoridades ejercen sus funciones.

52      Pues bien, de lo anterior resulta que, si bien el establecimiento de las tarifas relativas a la red es competencia de las autoridades reguladoras nacionales en virtud del artículo 59, apartado 1, letra a), de la Directiva 2019/944, no ocurre así en el caso de los impuestos, tasas, gravámenes y cargas que no están relacionados con el acceso a la red o su uso y que, por lo tanto, no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2019/943, aun cuando repercutan en el precio de distribución de la electricidad para los clientes finales.

53      Así sucede, en particular, con los costes relacionados con las obligaciones de servicio público en materia de apoyo a las energías renovables y con las modalidades de cobertura de estos costes. En efecto, la elección del tipo de apoyo que un Estado miembro tiene previsto conceder al desarrollo de las energías renovables en su territorio, ya se trate de subvenciones directas, de mecanismos fiscales o, como en el presente caso, de una medida consistente en repercutir los costes a los consumidores finales, es una opción de política energética que queda fuera del ámbito de competencia de las autoridades reguladoras nacionales. También es cierto que, en principio, ninguna disposición del Derecho de la Unión se opone a que los Estados miembros faculten a la autoridad nacional competente para regular las tarifas relacionadas con las obligaciones de servicio público. Además, no parece que una habilitación de la autoridad reguladora para determinar la toma en consideración de esos costes, como aquella de la que se trata en el litigio principal, pueda menoscabar la independencia y las obligaciones de dichas autoridades.

54      En tercer y último lugar, es preciso señalar que los objetivos perseguidos por el Reglamento 2019/943, tal como se enuncian en su artículo 1, y, en particular, el logro eficiente de los objetivos de la Unión de la Energía, así como el establecimiento de los principios fundamentales para el funcionamiento correcto y la integración de los mercados de la electricidad que permitan un acceso al mercado no discriminatorio a todos los proveedores de recursos y clientes, capaciten a los consumidores de electricidad, garanticen la competencia en el mercado mundial así como la respuesta de la demanda, el almacenamiento de energía y la eficiencia energética, no desvirtúan la interpretación adoptada en los apartados 43 a 46, 52 y 53 de la presente sentencia.

55      En el caso de autos, el artículo 4.1.32, apartado 1, punto 10º, del Decreto sobre la Energía establece que los costes relativos a la ejecución del presupuesto de las obligaciones de servicio público, impuestas a los GRD en virtud de este Decreto, que no se financien mediante impuestos, tasas, subvenciones, contribuciones y gravámenes, se contabilizarán de forma transparente y no discriminatoria en las tarifas, previo control del VREG, y, en consecuencia, se repercutirán a los usuarios de la red.

56      Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente señala que las obligaciones de servicio público de carácter financiero impuestas por el legislador flamenco a los GRD demandantes se financian en parte con los recursos puestos a disposición por el Fondo de la Energía y en parte mediante compensaciones procedentes del presupuesto de gastos generales de la Región Flamenca. Los costes netos relacionados con estas obligaciones de servicio público, en particular con las relativas al fomento de un uso racional de la energía, al uso de fuentes de energía renovables y a la adquisición de certificados verdes y de certificados de cogeneración, se repercuten en las tarifas de la red.

57      Pues bien, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, se desprende que los costes relacionados con las obligaciones de servicio público no se han contabilizado en la categoría correspondiente al tercer componente de la fijación de tarifas, establecido en el punto 3 del anexo I de la Directiva 2019/944, sino en la categoría de tarifas relativas a la red, que corresponde al segundo componente de la fijación de tarifas mencionado en dicha disposición, en la que, en principio, deben figurar únicamente costes relacionados con la red.

58      Sin embargo, el mero hecho de que los costes relacionados con las obligaciones de servicio público se hayan consignado, desde el punto de vista contable, en las tarifas relativas a la red no basta per se para demostrar la incompatibilidad de una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal con el artículo 18 del Reglamento 2019/943.

59      A este respecto, es preciso recordar que el artículo 18 del Reglamento 2019/943 y las disposiciones de la Directiva 2019/944 tienen por objeto garantizar que los costes cubiertos por las tarifas de la red sigan siendo objetivamente identificables, se calculen según metodologías transparentes y no se utilicen para financiar, de manera indirecta, políticas ajenas a la gestión de la red de distribución.

60      Por lo tanto, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, si los costes relacionados con las obligaciones de servicio público, aunque formalmente cubiertos por las tarifas relativas a la red, están no obstante claramente disociados del método de cálculo y de fijación de esas tarifas o de las tarifas de la red, de modo que corresponden a una tarifa propia que se añade, en realidad, a las tarifas así determinadas, tal situación no incumple per se las exigencias derivadas del artículo 18 del Reglamento 2019/943 y, en particular, la exigencia de transparencia que en él se establece.

61      En estas circunstancias, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, con independencia de su calificación formal, las modalidades de integración por los GRD demandantes de los costes relacionados con las obligaciones de servicio público financieras en las tarifas relativas a la red o en las tarifas de acceso a la red no inciden en el método de cálculo de esas tarifas, que se regulan en el artículo 18 del Reglamento 2019/943, de modo que no están comprendidas en el ámbito de competencias y obligaciones del VREG, y si cumplen dicha exigencia de transparencia.

62      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento 2019/943, en relación con los artículos 9, 57, apartados 4 y 5, y 59, apartado 1, letra a), y con el punto 3 del anexo I de la Directiva 2019/944, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece que se tengan en cuenta, en las tarifas de la red, los costes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de servicio público impuestas por dicha normativa a los GRD, cuando esos costes no se financien de otro modo, siempre que dichos costes no se integren en el método de cálculo y fijación de tarifas que sean competencia de la autoridad reguladora nacional y que se distingan claramente de estas tarifas.

 Segunda cuestión prejudicial

63      En el marco de la segunda cuestión prejudicial, relativa a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de un método de fijación de tarifas de distribución de electricidad basado en la evolución de los costes históricos de los GRD, procede señalar que el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, primera frase, del Reglamento 2019/943, al que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, exige que las tarifas relativas a la red se ajusten a los costes soportados por los GRD, en la medida en que estos correspondan a los de un GRD eficiente y estructuralmente comparable. Pues bien, con arreglo a la jurisprudencia citada en los apartados 26 y 27 de la presente sentencia, para dar una respuesta útil a esta cuestión prejudicial, han de tenerse en cuenta también los apartados 2, 7 y 8 de dicho artículo 18, que establecen los requisitos que deben cumplir las tarifas y los métodos de fijación de tarifas.

64      Por consiguiente, procede considerar que, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2019/943, en relación con los apartados 2, 7 y 8 de ese artículo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una autoridad reguladora de un Estado miembro adopte un método de fijación de tarifas de distribución de electricidad basado en la evolución de los costes históricos, determinando así los ingresos de los GRD tomando como referencia los costes en que hayan incurrido durante los cinco últimos ejercicios disponibles, si la aplicación de este método no va acompañada de un control del nivel de esos costes que permita garantizar que corresponden a los de un gestor de redes eficiente y estructuralmente comparable.

65      A la luz de las consideraciones expuestas en los apartados 33 a 37 de la presente sentencia, es preciso señalar que el artículo 18 del Reglamento 2019/943 no prescribe ningún método concreto de fijación de tarifas de distribución de electricidad, sino que determina los requisitos que debe reunir tal método.

66      De lo anterior se deduce que, a falta de disposiciones más precisas en el Reglamento 2019/943 en cuanto al método de fijación de tarifas destinado a incentivar a los GRD a mejorar la eficiencia, corresponde —de conformidad con el artículo 18, apartado 10, de dicho Reglamento y con el artículo 59, apartado 1, letra a), de la Directiva 2019/944— a la autoridad reguladora del Estado miembro determinar el método de fijación de tarifas de distribución de electricidad adecuado.

67      En este contexto, como señaló el Abogado General en el punto 74 de sus conclusiones, teniendo en cuenta el carácter complejo y técnico de su función, dicha autoridad debe disponer de un amplio margen de apreciación para determinar el método de fijación de tarifas de distribución de electricidad. No obstante, ese margen está sujeto a la obligación de cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 18 del Reglamento 2019/943, así como la normativa relativa al mercado nacional de la electricidad y las condiciones específicas que le son propias. Por lo tanto, dicha autoridad no puede verse obligada a adoptar una metodología particular, pero debe poder adaptar el método de fijación y cálculo de tarifas en función de diferentes parámetros (véase, por analogía, la sentencia de 23 de octubre de 2025, Gaso y Conexus Baltic Grid, C‑87/24, EU:C:2025:826, apartado 86).

68      Pues bien, el mero hecho de que la metodología adoptada por una autoridad reguladora de un Estado miembro se base en datos históricos, utilizados como punto de partida de la evaluación de los costes futuros soportados por un GRD, no puede hacer que dicha metodología sea incompatible con el artículo 18 del Reglamento 2019/943.

69      Dicho esto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el método de fijación de tarifas establecido en la Decisión impugnada cumple los requisitos derivados del artículo 18 del Reglamento 2019/943, a la luz de un análisis global de ese método.

70      En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que dicho método se basa en un modelo de regulación de los ingresos, en la medida en que permite determinar los ingresos que los GRD demandantes están autorizados a percibir de los usuarios de las redes de distribución mediante las tarifas de la red, con el fin de cubrir los costes de explotación. Ese mismo método incluye, además, factores de ajuste destinados a favorecer la mejora de la eficiencia general, incluida la eficiencia energética del sistema, y prevé asimismo un mecanismo de control de los costes soportados por los GRD demandantes y repercutidos en las tarifas de la red.

71      Más concretamente, para determinar el componente básico de los ingresos autorizados para cubrir los costes endógenos, el VREG toma en consideración, en primer lugar, la evolución de los costes endógenos sectoriales registrados durante el período tarifario precedente, esto es, el período 2019‑2023. En segundo lugar, prevé que, a lo largo del período 2025‑2028, este componente evolucione anualmente en función de la inflación, con una rectificación ex post basada en la inflación realmente constatada. En tercer lugar, el VREG aplica un factor de incentivo de la eficiencia denominado «frontier shift», que refleja el aumento de la productividad conseguido por las empresas más eficientes gracias a la aplicación de las mejores prácticas y del progreso tecnológico y que tiene por objeto, según el VREG, compensar la disminución de la competencia entre los GRD demandantes. En cuarto y último lugar, al componente básico de los ingresos autorizados para cubrir los costes endógenos se añaden a continuación cinco elementos endógenos adicionales que, como se ha indicado en el apartado 18 de la presente sentencia, no son pertinentes a efectos de la presente petición de decisión prejudicial.

72      En estas circunstancias, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, resulta que este método de fijación de tarifas prevé un control por parte del VREG del carácter razonable de los costes declarados por los GRD, con el fin de que correspondan a los de un GRD eficiente y estructuralmente comparable.

73      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento 2019/943, en relación con los apartados 2, 7 y 8 de este artículo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una autoridad reguladora de un Estado miembro adopte un método de fijación de tarifas de distribución de electricidad basado en la evolución de los costes históricos, determinando así los ingresos de los GRD tomando como referencia los costes en que hayan incurrido durante los cinco últimos ejercicios disponibles, siempre que ese método se ajuste a los requisitos establecidos en dicho artículo 18 y, en particular, incluya mecanismos adecuados para garantizar que los costes resultantes de dicho método correspondan, en una medida razonable, a los de un GRD eficiente y estructuralmente comparable.

 Tercera cuestión prejudicial

74      Habida cuenta de las respuestas dadas a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, no procede responder a la tercera cuestión prejudicial.

 Costas

75      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1)      El artículo 18, apartado 1, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad, en relación con los artículos 9, 57, apartados 4 y 5, y 59, apartado 1, letra a), y con el punto 3 del anexo I de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE,

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone a una normativa nacional que establece que se tengan en cuenta, en las tarifas de la red, los costes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de servicio público impuestas por dicha normativa a los gestores de redes de distribución, cuando esos costes no se financien de otro modo, siempre que dichos costes no se integren en el método de cálculo y fijación de tarifas que sean competencia de la autoridad reguladora nacional y que se distingan claramente de estas tarifas.

2)      El apartado 1 del artículo 18 del Reglamento 2019/943, en relación con los apartados 2, 7 y 8 de dicho artículo,

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone a que una autoridad reguladora de un Estado miembro adopte un método de fijación de tarifas de distribución de electricidad basado en la evolución de los costes históricos, determinando así los ingresos de los gestores de redes de distribución tomando como referencia los costes en que hayan incurrido durante los cinco últimos ejercicios disponibles, siempre que ese método se ajuste a los requisitos establecidos en dicho artículo 18 y, en particular, incluya mecanismos adecuados para garantizar que los costes resultantes de dicho método corresponden, en una medida razonable, a los de un gestor de redes de distribución eficiente y estructuralmente comparable.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: neerlandés.