Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 18 de junio de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículos 77 y 79 — Vías de recurso — Ejercicio paralelo — Articulación entre la presentación de una reclamación ante una autoridad nacional de control y el ejercicio de una acción judicial — Riesgo de resoluciones contradictorias — Principio de tutela judicial efectiva — Autonomía procesal de los Estados miembros — Principio de efectividad — Principio de equivalencia »

En el asunto C‑414/24,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria), mediante resolución de 17 de mayo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de junio de 2024, en el procedimiento

Datenschutzbehörde,

Dra. G S

con intervención de:

Bundesministerin für Justiz,

D GmbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele (Ponente) y los Sres. A. Kumin, S. Gervasoni y M. Bošnjak, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de la Datenschutzbehörde, por el Sr. M. Schmidl y la Sra. E. Wagner;

–        en nombre de la Dra. G S, por la Sra. S. Binder-Novak, Rechtsanwältin;

–        en nombre de D GmbH, por el Sr. S. Korab, Rechtsanwalt;

–        en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch y las Sras. J. Schmoll y C. Gabauer, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por el Sr. E. De Bonis, avvocato dello Stato;

–        en nombre del Gobierno húngaro, por la Sra. Zs. Biró-Tóth y el Sr. M. Z. Fehér, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. A. Bouchagiar, la Sra. M. Heller y el Sr. H. Kranenborg, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de septiembre de 2025;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 77 y 79 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1; corrección de errores en DO 2021, L 74, p. 35; en lo sucesivo, «RGPD»).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Dra. G S y la Datenschutzbehörde (Autoridad de Protección de Datos, Austria; en lo sucesivo, «DSB») en relación con la desestimación por dicha autoridad de la reclamación presentada por la Dra. G S por una supuesta vulneración de su derecho a la protección de sus datos personales, debido a que la interesada había interpuesto previamente un recurso judicial con el mismo objeto que seguía pendiente ante el órgano jurisdiccional que conocía del asunto.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

3        A tenor de los considerandos 10, 11, 129 y 141 del RGPD:

«(10)      Para garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de las personas físicas y eliminar los obstáculos a la circulación de datos personales dentro de la Unión [Europea], el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas físicas por lo que se refiere al tratamiento de dichos datos debe ser equivalente en todos los Estados miembros. Debe garantizarse en toda la Unión que la aplicación de las normas de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos de carácter personal sea coherente y homogénea. […]

(11)      La protección efectiva de los datos personales en la Unión exige que se refuercen y especifiquen los derechos de los interesados y las obligaciones de quienes tratan y determinan el tratamiento de los datos de carácter personal […].

[…]

(129)      Para garantizar la supervisión y ejecución coherentes del presente Reglamento en toda la Unión, las autoridades de control deben tener en todos los Estados miembros las mismas funciones y poderes efectivos, incluidos poderes de investigación, poderes correctivos y sancionadores, y poderes de autorización y consultivos, especialmente en casos de reclamaciones de personas físicas, y sin perjuicio de las competencias de las autoridades encargadas de la persecución de los delitos con arreglo al Derecho de los Estados miembros para poner en conocimiento de las autoridades judiciales las infracciones del presente Reglamento y ejercitar acciones judiciales. Dichos poderes deben incluir también el poder de imponer una limitación temporal o definitiva al tratamiento, incluida su prohibición. Los Estados miembros pueden especificar otras funciones relacionadas con la protección de datos personales con arreglo al presente Reglamento. Los poderes de las autoridades de control deben ejercerse de conformidad con garantías procesales adecuadas establecidas en el Derecho de la Unión y los Estados miembros, de forma imparcial, equitativa y en un plazo razonable. En particular, toda medida debe ser adecuada, necesaria y proporcionada con vistas a garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, respetar el derecho de todas las personas a ser oídas antes de que se adopte cualquier medida que las afecte negativamente y evitar costes superfluos y molestias excesivas para las personas afectadas. Los poderes de investigación en lo que se refiere al acceso a instalaciones deben ejercerse de conformidad con los requisitos específicos del Derecho procesal de los Estados miembros, como el de la autorización judicial previa. Toda medida jurídicamente vinculante de la autoridad de control debe constar por escrito, ser clara e inequívoca, indicar la autoridad de control que dictó la medida y la fecha en que se dictó, llevar la firma del director o de un miembro de la autoridad de control autorizado por este, especificar los motivos de la medida y mencionar el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto no debe obstar a que se impongan requisitos adicionales con arreglo al Derecho procesal de los Estados miembros. La adopción de una decisión jurídicamente vinculante implica que puede ser objeto de control judicial en el Estado miembro de la autoridad de control que adoptó la decisión.

[…]

(141)      Todo interesado debe tener derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control única, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, y derecho a la tutela judicial efectiva de conformidad con el artículo 47 de la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; en lo sucesivo, «Carta»] si considera que se vulneran sus derechos con arreglo al presente Reglamento o en caso de que la autoridad de control no responda a una reclamación, rechace o desestime total o parcialmente una reclamación o no actúe cuando sea necesario para proteger los derechos del interesado. La investigación a raíz de una reclamación debe llevarse a cabo, bajo control judicial, si procede en el caso concreto. La autoridad de control debe informar al interesado de la evolución y el resultado de la reclamación en un plazo razonable. […]»

4        El artículo 17 del RGPD, titulado «Derecho de supresión (“el derecho al olvido”)», dispone en su apartado 1, letra d):

«El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

[…]

d)      los datos personales hayan sido tratados ilícitamente».

5        El capítulo VI del RGPD, titulado «Autoridades de control independientes», engloba los artículos 51 a 59 de este.

6        El artículo 57 de ese capítulo, con la rúbrica «Funciones», establece, en su apartado 1, letra f), lo siguiente:

«Sin perjuicio de otras funciones en virtud del presente Reglamento, incumbirá a cada autoridad de control, en su territorio:

[…]

f)      tratar las reclamaciones presentadas por un interesado o por un organismo, organización o asociación de conformidad con el artículo 80, e investigar, en la medida oportuna, el motivo de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas investigaciones o una coordinación más estrecha con otra autoridad de control».

7        El artículo 58 del RGPD, titulado «Poderes», dispone, en su apartado 2:

«Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados a continuación:

a)      dirigir a todo responsable o encargado del tratamiento una advertencia cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el presente Reglamento;

b)      dirigir a todo responsable o encargado del tratamiento un apercibimiento cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento;

c)      ordenar al responsable o encargado del tratamiento que atiendan las solicitudes de ejercicio de los derechos del interesado en virtud del presente Reglamento;

d)      ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, de una determinada manera y dentro de un plazo especificado;

e)      ordenar al responsable del tratamiento que comunique al interesado las violaciones de la seguridad de los datos personales;

f)      imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su prohibición;

g)      ordenar la rectificación o supresión de datos personales o la limitación de tratamiento con arreglo a los artículos 16, 17 y 18 y la notificación de dichas medidas a los destinatarios a quienes se hayan comunicado datos personales con arreglo […] al artículo 17, apartado 2, y al artículo 19;

h)      retirar una certificación u ordenar al organismo de certificación que retire una certificación emitida con arreglo a los artículos 42 y 43, u ordenar al organismo de certificación que no se emita una certificación si no se cumplen o dejan de cumplirse los requisitos para la certificación;

i)      imponer una multa administrativa con arreglo al artículo 83, además o en lugar de las medidas mencionadas en el presente apartado, según las circunstancias de cada caso particular;

j)      ordenar la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario situado en un tercer país o hacia una organización internacional.»

8        El capítulo VIII del RGPD, con la rúbrica «Recursos, responsabilidad y sanciones», comprende los artículos 77 a 84.

9        El artículo 77 del RGPD, titulado «Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control», establece:

«1.      Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el presente Reglamento.

2.      La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación, inclusive sobre la posibilidad de acceder a la tutela judicial en virtud del artículo 78.»

10      El artículo 78 del RGPD, que lleva por título «Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control», establece, en sus apartados 1 y 2:

«1.      Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o extrajudicial, toda persona física o jurídica tendrá derecho a la tutela judicial efectiva contra una decisión jurídicamente vinculante de una autoridad de control que le concierna.

2.      Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o extrajudicial, todo interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva en caso de que la autoridad de control que sea competente en virtud de los artículos 55 y 56 no dé curso a una reclamación o no informe al interesado en el plazo de tres meses sobre el curso o el resultado de la reclamación presentada en virtud del artículo 77.»

11      El artículo 79 del RGPD, titulado «Derecho a la tutela judicial efectiva contra un responsable o encargado del tratamiento», establece:

«1.      Sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales disponibles, incluido el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control en virtud del artículo 77, todo interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva cuando considere que sus derechos en virtud del presente Reglamento han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales.

2.      Las acciones contra un responsable o encargado del tratamiento deberán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que el responsable o encargado tenga un establecimiento. Alternativamente, tales acciones podrán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en que el interesado tenga su residencia habitual, a menos que el responsable o el encargado sea una autoridad pública de un Estado miembro que actúe en ejercicio de sus poderes públicos.»

12      El artículo 81 del RGPD, que lleva el título «Suspensión de los procedimientos», preceptúa en sus apartados 2 y 3:

«2.      Cuando un procedimiento relativo a un mismo asunto en relación con el tratamiento por el mismo responsable o encargado esté pendiente ante un tribunal de otro Estado miembro, cualquier tribunal competente distinto de aquel ante el que se ejercitó la acción en primer lugar podrá suspender su procedimiento.

3.      Cuando dicho procedimiento esté pendiente en primera instancia, cualquier tribunal distinto de aquel ante el que se ejercitó la acción en primer lugar podrá también, a instancia de una de las partes, inhibirse en caso de que el primer tribunal sea competente para su conocimiento y su acumulación sea conforme a Derecho.»

 Derecho austriaco

13      El artículo 94, apartado 1, de la Bundes-Verfassungsgesetz (Ley Constitucional Federal), texto refundido de 2 de enero de 1930 (BGBl. 1/1930), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, dispone:

«La justicia es independiente de la Administración en todas las instancias.

[…]»

14      El artículo 24 de la Bundesgesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz — DSG) [Ley Federal de Protección de las Personas Físicas en el Tratamiento de los Datos Personales (Ley de Protección de Datos — DSG)], de 17 de agosto de 1999 (BGBl. I, 165/1999), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, con la rúbrica «Reclamaciones dirigidas a la Autoridad de Protección de Datos», establece, en sus apartados 1 y 4:

«(1)      Todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos cuando considere que el tratamiento de sus datos personales infringe el RGPD o los artículos 1 o 2, primera parte principal.

[…]

(4)      El derecho a que una reclamación sea tramitada se extingue si el reclamante no la presenta en el plazo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos o, a más tardar, en el plazo de tres años desde que supuestamente se produjeron los hechos. Cualquier reclamación extemporánea será rechazada. […]»

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

15      El 3 de julio de 2017, la Dra. G S, médico, solicitó a la sociedad D, gestora de una plataforma de búsqueda de médicos que permite a terceros proporcionar valoraciones y testimonios sobre médicos, la supresión de determinados datos personales que le concernían, basándose en la situación jurídica anterior a la entrada en vigor del RGPD. El 10 de julio de 2017, la sociedad D denegó dicha solicitud de supresión.

16      A raíz de esta denegación, la Dra. G S interpuso, en noviembre de 2017, un recurso ante un órgano jurisdiccional civil contra dicha sociedad, alegando, en particular, que se había vulnerado el derecho a la protección de los datos personales y solicitando la supresión de los datos publicados que le concernían. Además, solicitó que se ordenara a dicha sociedad que se abstuviera de todo tratamiento ulterior de esos datos.

17      El 22 de junio de 2018, tras la entrada en vigor del RGPD, la Dra. G S volvió a solicitar a la sociedad D que suprimiese los datos personales que le concernían publicados en la plataforma gestionada por dicha sociedad. Esta solicitud también fue denegada mediante escrito de 6 de julio de 2018.

18      En estas circunstancias, el 26 de julio de 2018, la Dra. G S, presentó una reclamación en virtud del artículo 77, apartado 1, del RGPD, ante la DSB, basándose, en particular, en el artículo 17 de dicho Reglamento, que consagra el derecho de supresión. Mediante dicha reclamación, solicitó a la DSB que declarase que se había vulnerado su derecho a la protección de los datos personales, que ordenara a la sociedad D que suprimiera todos los datos personales que le concernían contenidos en su plataforma y que se abstuviera de cualquier tratamiento ulterior de dichos datos.

19      Mediante resolución de 4 de enero de 2019, la DSB desestimó dicha reclamación por considerar que esta y el recurso civil interpuesto en noviembre de 2017, mencionado en el apartado 16 de la presente sentencia, tenían el mismo objeto, a saber, la supresión de los datos personales relativos a la Dra. G S publicados en dicha plataforma.

20      A este respecto, la DSB consideró que la tramitación paralela o sucesiva de un procedimiento ante una autoridad de control y de un procedimiento judicial sería, desde un punto de vista sistemático, contraria al mecanismo de protección jurídica establecido por el RGPD. En su opinión, en tal situación, la autoridad de control debería pronunciarse sobre la misma cuestión que la planteada al órgano jurisdiccional civil. Pues bien, a su juicio, no puede admitirse el ejercicio concomitante del derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control y del derecho a ejercitar una acción judicial con el mismo objeto.

21      La Dra. G S impugnó la resolución de la DSB de 4 de enero de 2019 ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo, Austria), el cual, mediante sentencia de 4 de diciembre de 2020, desestimó su recurso en un momento en que la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional civil el 23 de julio de 2020, por la que se desestimó el recurso de la Dra. G S, aún no había adquirido firmeza.

22      A este respecto, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo) consideró que el RGPD había establecido deliberadamente un doble sistema de protección jurídica. Recordó que, puesto que dicho Reglamento era directamente aplicable, toda disposición nacional contraria debía quedar inaplicada. Por consiguiente, la reclamación presentada por la Dra. G S en virtud del artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento no podía desestimarse por los motivos expuestos por la DSB, de modo que procedía, por el contrario, confirmar la competencia de principio de dicha autoridad de control para pronunciarse sobre esa reclamación.

23      En este contexto, dicho órgano jurisdiccional consideró, no obstante, que la mencionada reclamación era extemporánea puesto que no había respetado el plazo de preclusión de un año establecido en el artículo 24, apartado 4, de la Ley de Protección de Datos, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal. A su juicio, dado que la presentación extemporánea de una reclamación en virtud del artículo 77, apartado 1, del RGPD conlleva asimismo la desestimación de esta, la reclamación de la Dra. G S había sido desestimada fundadamente

24      A continuación, tanto la Dra. G S, después de que el Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional, Austria) se negara a examinar su recurso, como la DSB interpusieron recurso de casación contra la sentencia del Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo) ante el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria), que es el órgano jurisdiccional remitente.

25      Dicho órgano jurisdiccional no comparte la apreciación del Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo) según la cual la reclamación de la Dra. G S es extemporánea. No obstante, pretende examinar si la desestimación de dicha reclamación podía basarse legalmente en otros motivos. Tras recordar la jurisprudencia derivada de las sentencias de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2), y de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho) (C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958), dicho órgano jurisdiccional se pregunta, en particular, sobre el motivo invocado por la DSB, basado en la existencia de un recurso judicial pendiente con el mismo objeto que dicha reclamación. A este respecto, señala que el artículo 94, apartado 1, de la Ley Constitucional Federal, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, dispone que la justicia es independiente de la Administración en todas las instancias. Según las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente, esta disposición consagra un principio de separación entre la justicia y la Administración, que implica que un asunto debe atribuirse, en su totalidad, a efectos de su tramitación, bien a los órganos jurisdiccionales, bien a las autoridades administrativas. Por consiguiente, según ese órgano jurisdiccional, dicha disposición se opone a que los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas se pronuncien de manera concurrente o sucesiva sobre un mismo litigio.

26      En este contexto, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas acerca de si una reclamación presentada ante la autoridad de control en virtud del artículo 77, apartado 1, del RGPD puede desestimarse debido a que se ha interpuesto anteriormente un recurso judicial efectivo, en el sentido del artículo 79 de dicho Reglamento, con el mismo objeto, y a que el procedimiento correspondiente sigue pendiente ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto.

27      A este respecto, para evitar la existencia de resoluciones contradictorias, el órgano jurisdiccional remitente se inclina por considerar que, inspirándose en el mecanismo previsto en el artículo 81, apartados 2 y 3, del RGPD, podría contemplarse la posibilidad de admitir que, cuando un mismo litigio esté pendiente ante los tribunales civiles y las autoridades administrativas, el órgano al que se haya acudido en segundo lugar deba desestimar la demanda del interesado debido al principio de anterioridad.

28      No obstante, añade que, en caso de que se desestime una reclamación presentada en virtud del artículo 77, apartado 1, del RGPD debido únicamente a que un recurso judicial se halla pendiente, no existe aún, en el momento de esa desestimación, una resolución sobre el fondo acerca de la infracción en materia de protección de datos personales alegada, por lo que aún no hay riesgo de resoluciones contradictorias.

29      Sobre la base de las anteriores consideraciones se plantea la cuestión de si procede distinguir la situación en la que un recurso judicial se halla pendiente de aquella en la que ya se ha dictado una resolución sobre el fondo, aunque aún no sea firme.

30      En estas circunstancias, el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Deben interpretarse los artículos 77 y 79 del [RGPD] habida cuenta de las consideraciones formuladas por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, [EU:C:2023:2]), y de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho) (C‑26/22 y C‑64/22, [EU:C:2023:958]), en el sentido del que la posibilidad prevista por el Derecho interno de rechazar una reclamación presentada ante una autoridad de control con arreglo al artículo 77 [de dicho Reglamento] por haberse presentado previamente una acción judicial con arreglo al artículo 79 [de ese Reglamento] en el mismo asunto y por estar pendiente dicha acción ante el tribunal constituye una forma válida de articular ambas vías de recurso (en el sentido de la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia)?

2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, [¿deben interpretarse los artículos 77 y 79 del [RGPD] habida cuenta de las consideraciones formuladas por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2), y de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho) (C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958), en el sentido del que] la posibilidad prevista por el Derecho interno de rechazar una reclamación presentada ante una autoridad de control con arreglo al artículo 77 del RGPD por haber recaído ya una resolución sobre el fondo (si bien aún no firme) en el procedimiento seguido en relación con el mismo asunto con arreglo al artículo 79 del RGPD constituye una forma válida de articular ambas vías de recurso (en el sentido de la citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia)?»

 Sobre las cuestiones prejudiciales

31      Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 77, apartado 1, y 79, apartado 1, del RGPD deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una autoridad de control que conoce de una reclamación en virtud de dicho artículo 77, apartado 1, pueda desestimarla por el único motivo de que se haya interpuesto anteriormente un recurso judicial conforme al mencionado artículo 79, apartado 1, que tenga el mismo objeto, aun cuando la resolución dictada acerca de ese recurso no haya adquirido todavía firmeza.

32      Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, han de tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, apartado 32).

33      En primer lugar, es preciso señalar que los artículos 77 y 79 del RGPD están comprendidos en el capítulo VIII de dicho Reglamento, que regula, en particular, las vías de recurso que permiten proteger los derechos del interesado cuando los datos personales que le conciernen han sido objeto de un tratamiento supuestamente contrario a las disposiciones de dicho Reglamento. De este modo, la protección de estos derechos puede ser reclamada, en particular, por el interesado, con arreglo a los artículos 77 a 79 de ese mismo Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Lindenapotheke, C‑21/23, EU:C:2024:846, apartado 47 y jurisprudencia citada).

34      A este respecto, por lo que respecta al tenor de estos artículos 77 a 79, procede recordar, para empezar, que el artículo 77, apartado 1, del RGPD establece que, sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. A continuación, a tenor del artículo 78, apartado 1, de dicho Reglamento, toda persona física o jurídica tendrá derecho a la tutela judicial efectiva contra una decisión jurídicamente vinculante de una autoridad de control que le concierna, sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o extrajudicial. Por último, el artículo 79, apartado 1, del citado Reglamento garantiza a todo interesado el derecho a la tutela judicial efectiva, sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales disponibles, incluido el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control en virtud del artículo 77, apartado 1, del mismo Reglamento (sentencia de 4 de octubre de 2024, Lindenapotheke, C‑21/23, EU:C:2024:846, apartado 48 y jurisprudencia citada).

35      El Tribunal de Justicia ya ha declarado que estas disposiciones del RGPD ofrecen diferentes vías de recurso a las personas que invocan una infracción de dicho Reglamento, entendiéndose que cada una de estas vías de recurso debe poder ejercerse «sin perjuicio» de las demás (sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, apartado 34).

36      De ello resulta, como señaló el Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, que el RGPD no establece una competencia prioritaria o exclusiva ni ninguna regla de primacía de la apreciación efectuada por la autoridad o por los órganos jurisdiccionales a los que hace referencia en cuanto a la existencia de una vulneración de los derechos conferidos por ese Reglamento. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el recurso previsto en el artículo 78, apartado 1, del citado Reglamento, cuyo objeto es el examen de la legalidad de la decisión de una autoridad de control adoptada sobre la base del artículo 77 de dicho Reglamento, y el previsto en el artículo 79, apartado 1, de ese mismo Reglamento pueden ejercerse de manera concurrente e independiente (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, apartado 35).

37      En segundo lugar, por lo que respecta al contexto en el que se inscriben dichas disposiciones del RGPD, procede recordar que, en virtud del artículo 57, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento, incumbe a cada autoridad de control, en su territorio, tratar las reclamaciones que cualquier persona, de conformidad con el artículo 77, apartado 1, de ese Reglamento, pueda presentar si considera que un tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el referido Reglamento, examinar su objeto en la medida en que sea necesario e informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un plazo razonable. De este modo, la autoridad de control debe proceder al tratamiento de esas reclamaciones con toda la diligencia exigible [sentencia de 26 de septiembre de 2024, Land Hessen (Obligación de actuar de la autoridad de protección de datos), C‑768/21, EU:C:2024:785, apartado 32 y jurisprudencia citada]. Como confirma el considerando 129 del RGPD, esa autoridad desempeña así un papel indispensable en el sistema de protección de datos personales, contribuyendo a la aplicación coherente del Reglamento en cuestión en los Estados miembros.

38      En tercer lugar, esta interpretación contextual se ve corroborada por los objetivos perseguidos por el RGPD. A este respecto, procede señalar que la decisión del legislador de la Unión de conceder a las personas afectadas por el tratamiento de datos personales la posibilidad de ejercitar simultáneamente y de manera independiente las vías de recurso previstas en los artículos 77, apartado 1, y 79, apartado 1, de dicho Reglamento es conforme con el objetivo perseguido por ese Reglamento, consistente, como se desprende de su considerando 10, en garantizar un elevado nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales en la Unión. El considerando 11 del mismo Reglamento señala, además, que la protección efectiva de estos datos exige que se refuercen los derechos de los interesados.

39      El Tribunal de Justicia ya ha declarado que la puesta a disposición de varias vías de recurso refuerza el objetivo enunciado en el considerando 141 del RGPD de garantizar a cualquier interesado que estime que se han vulnerado sus derechos con arreglo a ese Reglamento el derecho a la tutela judicial efectiva de conformidad con el artículo 47 de la Carta (sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, apartado 44).

40      El Tribunal de Justicia ha subrayado asimismo que la decisión del legislador de la Unión de conceder a los interesados la posibilidad de ejercitar de forma concurrente e independiente las vías de recurso previstas, por una parte, en los artículos 77, apartado 1, y 78, apartado 1, del RGPD y, por otra parte, en el artículo 79, apartado 1, de ese mismo Reglamento se enmarca en el objetivo del citado Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, apartado 42).

41      Dicho esto, a falta de normativa de la Unión en la materia, cada Estado miembro debe configurar, en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, la regulación de los procedimientos administrativos y judiciales destinados a asegurar un nivel elevado de salvaguarda de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables (sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, apartado 45).

42      Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, sobre la base de las disposiciones procesales nacionales, cómo deben aplicarse las vías de recurso previstas en los artículos 77 a 79 del RGPD (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, apartado 46).

43      En particular, la regulación de la aplicación de las vías de recurso concurrentes e independientes no debe poner en entredicho el efecto útil y la protección efectiva de los derechos garantizados por ese Reglamento (sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, apartado 47).

44      A este respecto, esa regulación no debe ser menos favorable que la referente a los recursos semejantes establecidos para la protección de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, apartado 48).

45      En este contexto, el Tribunal de Justicia ha subrayado que, a la hora de definir la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguarda de los derechos conferidos por el RGPD, los Estados miembros deben garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, consagrado en el artículo 47 de la Carta, que constituye una reafirmación del principio de tutela judicial efectiva (sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C‑132/21, EU:C:2023:2, apartado 50).

46      En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el sistema de vías de recurso previsto por el Derecho austriaco se opone a que los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas resuelvan paralela o sucesivamente un mismo litigio. En este contexto, se plantea la cuestión de si una reclamación presentada ante la autoridad de control en virtud del artículo 77, apartado 1, del RGPD puede desestimarse por el único motivo de que se haya interpuesto anteriormente un recurso judicial, basado en el artículo 79 de dicho Reglamento, con el mismo objeto, y que el procedimiento correspondiente siga pendiente.

47      Según el órgano jurisdiccional remitente, tal articulación de las vías de recurso contribuiría a evitar la adopción de resoluciones contradictorias con respecto a una misma demanda. No obstante, subraya que, cuando la DSB desestima una reclamación presentada en virtud del artículo 77, apartado 1, del RGPD debido a que un recurso judicial interpuesto con arreglo al artículo 79, apartado 1, de dicho Reglamento se halla pendiente ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, dicha autoridad no puede tener la certeza de que, en el marco de ese recurso, se dictará efectivamente una resolución sobre el fondo. Así puede suceder, en particular, si se declara su inadmisibilidad, sin que se resuelva en cuanto al fondo.

48      A este respecto, procede recordar que, como se ha mencionado en el apartado 37 de la presente sentencia, en virtud del artículo 57, apartado 1, letra f), del RGPD, incumbirá a cada autoridad de control, en su territorio, tratar las reclamaciones que cualquier persona, de conformidad con el artículo 77, apartado 1, del antedicho Reglamento, pueda presentar si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el referido Reglamento y examinar su objeto en la medida en que sea necesario. La autoridad de control debe proceder al tratamiento de esas reclamaciones con toda la diligencia exigible [sentencia de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho), C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958, apartado 56 y jurisprudencia citada].

49      En el marco de ese tratamiento, dicha autoridad dispone, por lo que respecta a las medidas correctivas enumeradas en el artículo 58, apartado 2, del RGPD, de un margen de apreciación en cuanto a la elección de los medios adecuados y necesarios [sentencia de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho), C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958, apartado 68 y jurisprudencia citada].

50      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el procedimiento de reclamación, que no se asemeja al de una petición, se concibe como un mecanismo capaz de proteger de manera eficaz los derechos y los intereses de los interesados [sentencia de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho), C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958, apartado 58].

51      En efecto, la autoridad de control está obligada a intervenir cuando la adopción de una o varias de las medidas correctivas previstas en el artículo 58, apartado 2, del RGPD sea adecuada, necesaria y proporcionada para subsanar la deficiencia constatada y garantizar el pleno respeto de dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet, C‑313/23, C‑316/23 y C‑332/23, EU:C:2025:303, apartado 132).

52      Es cierto que esta obligación de intervenir exige que, cuando se presente una reclamación ante la autoridad de control en virtud del artículo 77, apartado 1, del RGPD y se informe a dicha autoridad de la existencia de un procedimiento judicial iniciado sobre la base del artículo 79, apartado 1, de dicho Reglamento que tenga el mismo objeto, esta tenga debidamente en cuenta, en el marco del examen de esa reclamación, la resolución que pondrá fin definitivamente a dicho procedimiento.

53      No obstante, sería contrario a esta misma obligación privar a una persona afectada por el tratamiento de datos personales del beneficio de tal mecanismo de protección permitiendo a la autoridad de control desestimar su reclamación por el único motivo de que se haya interpuesto anteriormente un recurso judicial conforme al artículo 79, apartado 1, del RGPD que tenga el mismo objeto, aun cuando la resolución dictada en ese recurso no haya adquirido todavía firmeza.

54      En este contexto, por lo que respecta al riesgo de que se adopten resoluciones contradictorias en relación con un mismo tratamiento de datos personales en un mismo Estado miembro, como señaló el Abogado General, en esencia, en los puntos 55 y 56 de sus conclusiones, dicho Estado miembro podría, en una situación como la del litigio principal, contemplar la posibilidad de establecer, por ejemplo, un mecanismo de suspensión en virtud del cual la autoridad de control ante la que se haya presentado una reclamación en virtud del artículo 77, apartado 1, del RGPD tendría la facultad o la obligación de suspender el procedimiento pendiente ante ella cuando se haya interpuesto anteriormente un recurso judicial conforme al artículo 79, apartado 1, de dicho Reglamento que tenga el mismo objeto. Tal suspensión podría mantenerse hasta que se dicte una primera sentencia acerca de ese recurso y, cuando proceda, en caso de que se interponga recurso contra dicha sentencia, hasta que una resolución judicial ponga fin definitivamente al litigio de que se trate.

55      A este respecto, procede señalar que la eventual suspensión del examen de una reclamación presentada en virtud del artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento ante la autoridad de control a la espera de una resolución judicial resulta conforme tanto con la exigencia de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva como con la de proteger efectivamente los derechos garantizados por el RGPD y evitar la adopción de resoluciones contradictorias que puedan menoscabar la seguridad jurídica.

56      En cambio, cuando la autoridad de control desestima una reclamación por el único motivo de que un recurso judicial interpuesto sobre la base del artículo 79, apartado 1, de dicho Reglamento se halla pendiente, por una parte, como se ha mencionado en el apartado 47 de la presente sentencia, dicha autoridad no puede tener la certeza de que, en el marco de ese recurso judicial, se adoptará efectivamente una resolución sobre el fondo. Por otra parte, la presentación de una nueva reclamación puede resultar imposible en el supuesto de que el Derecho nacional la supedite al cumplimiento de un plazo de admisibilidad, como sucede en el caso de autos, y dicho plazo ya haya expirado. Por consiguiente, no puede excluirse que la persona afectada por el tratamiento de datos personales se vea privada de toda tutela efectiva cuando su recurso judicial sea desestimado por un motivo procesal sin que se resuelva sobre el fondo o si desea desistir de su recurso.

57      Por lo tanto, como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 57 de sus conclusiones, la desestimación de una reclamación presentada ante la autoridad de control en una situación como la del litigio principal sería contraria al principio de efectividad, ya que esta modalidad de articulación de las vías de recurso puede comprometer la protección efectiva de los derechos garantizados por el RGPD.

58      De ello se sigue que corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las disposiciones del Derecho nacional controvertidas en el litigio principal pueden garantizar la protección efectiva de los derechos garantizados por el RGPD, en particular en lo que respecta a la articulación de las vías de recurso concurrentes e independientes de que disponen las personas afectadas por el tratamiento de datos personales.

59      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que los artículos 77, apartado 1, y 79, apartado 1, del RGPD deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una autoridad de control que conoce de una reclamación en virtud de dicho artículo 77, apartado 1, pueda desestimarla por el único motivo de que se haya interpuesto anteriormente un recurso judicial conforme al mencionado artículo 79, apartado 1, que tenga el mismo objeto, aun cuando la resolución dictada acerca de ese recurso no haya adquirido todavía firmeza.

 Costas

60      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

Los artículos 77, apartado 1, y 79, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),

deben interpretarse en el sentido de que

se oponen a que una autoridad de control que conoce de una reclamación en virtud de dicho artículo 77, apartado 1, pueda desestimarla por el único motivo de que se haya interpuesto anteriormente un recurso judicial conforme al mencionado artículo 79, apartado 1, que tenga el mismo objeto, aun cuando la resolución dictada acerca de ese recurso no haya adquirido todavía firmeza.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: alemán.