Edición provisional

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. TAMARA ĆAPETA

presentadas el 10 de septiembre de 2026 (1)

Asuntos C‑38/25 P, C‑48/25 P, C‑54/25 P y C‑55/25 P

Comisión Europea

contra

Aloe Vera of Europe BV (C‑38/25 P),

Aboca SpA Soc. agr.,

Coswell SpA,

Associação portuguesa de suplementos alimentares (Apard) (C‑48/25 P),

Ortis SA (C‑54/25 P),

Syndicat national des compléments alimentaires (Synadiet),

Asociación Española de Fabricantes de Preparados Alimenticios Especiales, Dietéticos y Plantas Medicinales (Afepadi),

Be-Sup Asbl,

Fitoform SAS,

Laboratoires Diététique et Santé SASU,

Laboratoires Forte Pharma S.A.M.,

Laboratoires Ilapharm SAS,

Laboratoires Ineldea SAS,

Laboratoires Juva Santé SASU,

Laboratoire Pionneau SAS,

Laboratoires Super Diet SASU,

Laboratoires Vitarmonyl SARL,

La Source SARLU,

Les Trois Chênes SA,

Naturenvie SAS,

Noria Distribution SAS,

Pharmanager Ingrédients SAS,

Plantex SASU,

Santé Verte SAS,

Thera-Sana SASU,

Vitamins SAS,

V.S. Vecteur Santé Laboratoires (C‑55/25 P)

« Recurso de casación — Protección de los consumidores — Reglamento (CE) n.º 1925/2006 — Artículo 8 — Sustancias sujetas a restricción, prohibición o control de la Unión — Reglamento (UE) 2021/468 — Prohibición de “preparados” obtenidos de partes de especies vegetales que contienen derivados hidroxiantracénicos — Requisitos que regulan el procedimiento para restringir, prohibir o sujetar a control de la Unión determinadas sustancias »






I.      Introducción

1.        Si un ingrediente tiene más advertencias que valor culinario, es hora de replantearse la receta.

2.        En virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 (en lo sucesivo, «Reglamento de Adiciones»), (2) la Comisión Europea debe, en esencia, identificar los motivos de esas advertencias y determinar si es necesario regularlas y en qué medida y, en su caso, prohibir la adición de determinadas sustancias y determinados ingredientes a los alimentos a la luz de consideraciones de salud pública.

3.        Los presentes recursos de casación se refieren a cuatro sentencias del Tribunal General, (3) mediante las que este órgano jurisdiccional anuló el Reglamento (UE) 2021/468 (en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»), (4) en la medida en que prohibía o sujetaba a control, por motivos de salud pública, la adición a los alimentos de una serie de sustancias y «preparados» obtenidos de especies vegetales, comprendido el aloe, que contienen derivados hidroxiantracénicos (en lo sucesivo, «DHA»).

4.        La Comisión interpuso recurso de casación contra estas sentencias alegando, en esencia, que el Tribunal General interpretó erróneamente los requisitos y el procedimiento previstos en el artículo 8 del Reglamento de Adiciones.

II.    Antecedentes jurídicos y fácticos de los presentes recursos de casación

A.      Reglamento de Adiciones

5.        Una de las funciones esenciales de los alimentos es proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de una vida saludable. Para ello, los alimentos deben ser seguros. Así, el legislador de la Unión ha adoptado un amplio conjunto de reglamentos relativos al valor nutricional y para la salud de los alimentos, así como a su presentación y publicidad. (5)

6.        Una parte de este marco jurídico lo constituye el Reglamento de Adiciones, que señala que la adición a los alimentos de nutrientes y otros ingredientes o la utilización de estos en la producción de alimentos se realiza de forma voluntaria u obligatoria y con fines diferentes. (6) Por tanto, para facilitar la libre circulación de dichos alimentos en el mercado interior, este Reglamento tiene por objeto armonizar las diversas normativas nacionales sobre la adición de vitaminas, minerales y otras determinadas sustancias a los alimentos. (7)

7.        Sin embargo, el Reglamento de Adiciones también persigue un elevado nivel de protección de la salud del consumidor. (8) A tal fin, tiene por objeto garantizar que las sustancias que se añaden a los alimentos sean seguras. (9)

8.        La Exposición de Motivos del Reglamento de Adiciones hace especial hincapié en este aspecto de la seguridad cuando se utilizan «sustancias e ingredientes distintos de las vitaminas y los minerales» «de modo “innovador”». La «utilización de determinadas sustancias o ingredientes preocupa cada vez más […] sobre todo a la falta de suficientes datos científicos que demuestren que su utilización en grandes cantidades, a menudo muy por encima de las cantidades en que estas sustancias se ingerirían en una dieta normal, no [plantea] riesgos para la salud». (10)

9.        En este contexto, el Reglamento de Adiciones señala que, si bien «una dieta normal y variada contiene muchos ingredientes, que a su vez contienen muchas sustancias […] la ingesta de [las cuales] no sería motivo de preocupación y no necesita ser regulada», (11) «para la producción de alimentos puede utilizarse una amplia gama de nutrientes y otros ingredientes, como las vitaminas, los minerales, incluidos los oligoelementos, los aminoácidos, los ácidos grasos esenciales, las fibras y diversas plantas y extractos de hierbas, sin que esta enumeración tenga carácter exhaustivo». (12) No obstante, «algunas sustancias distintas de las vitaminas y los minerales o ingredientes que las contienen se añaden a los alimentos en forma de extractos o concentrados, lo que puede dar lugar a ingestas bastante mayores que las que se obtendrían consumiendo una dieta adecuada y variada. En ciertos casos, la seguridad de tales prácticas es muy discutida y sus beneficios no están claros[, por lo que,] en esos casos, procede que los operadores alimentarios, que son responsables de la seguridad de los productos alimenticios que comercializan, asuman la carga de la prueba.» (13)

10.      A tales efectos, el Reglamento establece dos marcos distintos.

11.      El primero de ellos regula los requisitos, las restricciones y las condiciones para la adición de vitaminas y minerales a los alimentos. Se recoge en los artículos 3 a 7 del Reglamento de Adiciones. Estas disposiciones establecen una lista de los tipos de vitaminas y minerales que pueden añadirse a los alimentos y las formas que dichos vitaminas y minerales pueden adoptar, (14) así como determinadas restricciones (15) y condiciones (16) relativas a su adición a los alimentos.

12.      El segundo marco se refiere a la adición de sustancias distintas de las vitaminas y los minerales. Este marco, previsto en el artículo 8 del Reglamento de Adiciones, es el que reviste interés para los presentes recursos de casación.

13.      El artículo 8, apartado 1, del Reglamento establece que se seguirá el procedimiento previsto en dicho artículo «si se añade a los alimentos o se utiliza en la producción de alimentos una sustancia que no sea una vitamina ni un mineral, o un ingrediente que contenga una sustancia distinta de las vitaminas o los minerales, en condiciones que puedan dar lugar a la ingestión de cantidades […] ampliamente superiores a las que puede esperarse razonablemente que se ingiera en condiciones normales de consumo en una dieta equilibrada y variada o que representen por otros motivos un riesgo potencial para la salud del consumidor». (17)

14.      En otras palabras, el artículo 8, apartado 1, establece que el procedimiento que en él se contiene se activa en tres situaciones: i) cuando se produce una ingestión de alimentos enriquecidos con sustancias distintas de las vitaminas y los minerales en cantidades «ampliamente superiores» a las normales de consumo; ii) cuando se produce tal ingestión y existe la posibilidad de que las cantidades ingeridas representen un riesgo potencial para la salud alimentaria del consumidor; o iii) cuando, con independencia del nivel de ingestión, cabe la posibilidad de que la ingestión de dicha sustancia represente un riesgo potencial para la salud alimentaria del consumidor.

15.      Cuando se produce alguna de estas situaciones, el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Adiciones faculta a la Comisión para solicitar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) una evaluación de «la información disponible» sobre la adición a los alimentos de esas otras sustancias o su uso en la fabricación de alimentos y, en caso necesario, sobre la inclusión de la sustancia en el anexo III del Reglamento. Este anexo está compuesto por las partes A («Sustancias prohibidas»), B («Sustancias sujetas a restricción») y C («Sustancias sujetas a control [de la Unión]»). Los requisitos para la inclusión de una sustancia o ingrediente en el anexo III se establecen en el artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento, del siguiente modo:

«a)      si se constata un efecto nocivo para la salud, dicha sustancia o el ingrediente que la contenga:

i)      se incluirán en el anexo III, parte A, y se prohibirá su adición a los alimentos o su uso en la fabricación de alimentos, o

ii)      se incluirán en el anexo III, parte B, y su adición a los alimentos o su uso en la fabricación de alimentos solo se permitirán en las condiciones previstas en dicha parte;

b)      si se constata que puede tener un efecto perjudicial para la salud, aunque persista la incertidumbre científica, la sustancia se incluirá en el anexo III, parte C.»

16.      La Comisión podrá iniciar el procedimiento antes mencionado a iniciativa propia o basándose en la información facilitada por los Estados miembros. (18)

B.      Hechos que originaron el Reglamento impugnado

17.      Los DHA constituyen una categoría de sustancias químicas de estructura heterogénea y diversa. (19) Son muy usados en los complementos alimenticios y medicamentos a base de plantas por su efecto laxante. (20)

18.      Según el Tribunal General, los DHA se hallan presentes de modo natural en diferentes especies botánicas, como determinadas especies de aloe y ciertas frutas y verduras. (21)

19.      En el caso del aloe, (22) los DHA «se encuentran principalmente en el látex de aloe, el exudado que se encuentra entre la capa interna, es decir, los tejidos parenquimáticos centrales transparentes de la hoja, y la corteza». (23)

20.      El 29 de junio de 2016, ante las preocupaciones manifestadas por los Estados miembros, la Comisión, a iniciativa propia, inició el procedimiento previsto en el artículo 8 del Reglamento de Adiciones y solicitó a la EFSA que evaluara la información disponible en relación con la seguridad de utilizar DHA procedentes de cualquier fuente alimentaria. También le solicitó que recomendara una ingesta diaria de DHA que no fuera motivo de preocupación por los posibles efectos nocivos para la salud de la población en general y, en su caso, de los subgrupos de población vulnerables. (24)

21.      El 22 de noviembre de 2017, se adoptó el Dictamen Científico de 2017 de la EFSA, titulado «Safety of hydroxyanthracene derivates for use in food» (Seguridad de los DHA utilizados en los alimentos). Sobre la base de los datos disponibles, la EFSA llegó a la conclusión de que los DHA «debían considerarse de naturaleza genotóxica y carcinogénica», (25) y de que «no estaba en condiciones de ofrecer recomendaciones sobre una ingesta diaria de [DHA] que no diera lugar a preocupaciones respecto a los efectos nocivos para la salud». (26)

22.      En efecto, de los autos se desprende que la EFSA considera que no está en condiciones de fijar una ingesta diaria segura de DHA, dado que, una vez que existe la preocupación por su genotoxicidad, no hay un nivel por debajo del cual la exposición a sustancias genotóxicas pueda considerarse segura, puesto que incluso la exposición más baja representa un riesgo. (27) Por tanto, «no se considera adecuado establecer unos valores indicativos basados en criterios de salud». (28)

23.      A la luz del criterio de la EFSA, el 18 de marzo de 2021 la Comisión adoptó el Reglamento impugnado.

24.      La Comisión señala en él, en la parte pertinente, que la EFSA «constató que los [DHA] aloe-emodina y emodina y la sustancia estructuralmente relacionada dantrona han resultado ser genotóxicos in vitro. También los extractos de aloe han resultado ser genotóxicos in vitro, muy probablemente debido a la presencia de [DHA] en el extracto. Además, la aloe-emodina ha resultado ser genotóxica in vivo. El extracto de hoja entera de aloe y la sustancia estructuralmente análoga dantrona han resultado ser carcinógenos.» (29) Así, la Comisión llegó a la conclusión de que, «teniendo en cuenta los graves efectos nocivos para la salud asociados al uso de la aloe-emodina, la emodina, la dantrona y los extractos de aloe que contienen [DHA] en los alimentos, y la imposibilidad de establecer una ingesta diaria de [DHA] que no sea motivo de preocupación para la salud humana, deben prohibirse dichas sustancias». (30) Además, «dado que existe la posibilidad de efectos nocivos para la salud asociados al uso de Rheum, Cassia y Rhamnus, y sus preparados, en los alimentos, pero persiste la incertidumbre científica sobre si dichos preparados contienen las sustancias indicadas en el anexo III, parte A, del Reglamento [de Adiciones], dichas sustancias deben estar sujetas al control de la Unión y, por tanto, deben incluirse en la parte C del anexo III del citado Reglamento». (31)

25.      Por consiguiente, en virtud del artículo 1, apartado 1, del Reglamento impugnado, la Comisión modifica el anexo III del Reglamento de Adiciones del siguiente modo: en la parte A añade «Aloe-emodina y todos los preparados en los que esté presente esta sustancia», «Emodina y todos los preparados en los que esté presente esta sustancia», Preparados de la hoja de especies de Aloe que contengan derivados hidroxiantracénicos y «Dantrona y todos los preparados en los que esté presente esta sustancia».

26.      Asimismo, a tenor del artículo 1, apartado 2, del Reglamento impugnado, la Comisión añade en la parte C del Reglamento de Adiciones los «Preparados de la raíz o el rizoma de Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon y sus híbridos que contengan [DHA]», «Preparados de la hoja o el fruto de Cassia senna L. que contengan [DHA]» y «Preparados de la corteza de Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. que contengan [DHA]».

C.      Procedimiento ante el Tribunal General

27.      El 10 de abril y el 27 de mayo de 2021, Aloe Vera of Europe BV (en el asunto T‑189/21), Ortis (en el asunto T‑271/21), Syndicat national des compléments alimentaires (Synadiet) y otros (en el asunto T‑274/21) y Aboca, Coswell y Apard (en el asunto T‑302/21), todos ellos productores o representantes de productores que comercializan productos que contienen sustancias obtenidas de especies vegetales que contienen DHA, interpusieron recursos mediante los que solicitaban la anulación del Reglamento impugnado.

28.      El 13 de noviembre de 2024, el Tribunal General dictó las sentencias recurridas, mediante las que acogió los motivos de las partes demandantes en primera instancia en la medida en que alegaban el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento de Adiciones. No entró a valorar ninguno de los demás motivos invocados por dichas partes.

29.      Por lo que respecta a las sentencias dictadas en los asuntos T‑302/21, T‑271/21 y T‑274/21, el Tribunal General declaró que el artículo 8, del Reglamento de Adiciones no permitía la inclusión de «preparados» en las listas que figuran en las partes A y C del anexo III. (32) Además de esta constatación, por lo que respecta a sus sentencias T‑189/21, T‑302/21, T‑271/21 y T‑274/21, el Tribunal General también declaró que la Comisión había incurrido en error al no establecer un umbral de riesgo para prohibir la adición a los alimentos o el uso en la fabricación de alimentos de sustancias que contuvieran DHA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento de Adiciones. (33)

30.      Por consiguiente, el Tribunal General anuló el Reglamento impugnado en las partes pertinentes.

D.      Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

31.      Mediante sus cuatro recursos de casación, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que revoque las sentencias recurridas, se pronuncie con carácter definitivo en cada uno de los asuntos desestimando los recursos interpuestos en primera instancia con arreglo al artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o, con carácter subsidiario, devuelva los asuntos al Tribunal General para que examine los motivos que no fueron valorados, y condene en costas a las partes demandantes en primera instancia o reserve la decisión sobre las costas en caso de devolución del asunto al Tribunal General.

32.      La Comisión cuenta con el apoyo de la EFSA, que ha sido admitida a intervenir en todos los recursos de casación. (34)

33.      No se ha celebrado vista oral.

III. Análisis

34.      Mis conclusiones se estructuran del siguiente modo. Comenzaré analizando el argumento de que el Tribunal General incurrió en error al declarar que el artículo 8 del Reglamento de Adiciones no permite incluir los «preparados» de sustancias distintas de las vitaminas y los minerales en las listas del anexo III de dicho Reglamento (sección A). A continuación, examinaré la alegación de que los requisitos establecidos en el artículo 8, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento no deben considerarse acumulativos, de modo que la Comisión debería haber fijado un umbral de riesgo para la adición de sustancias que contuvieran DHA a los alimentos o para su uso en la fabricación de alimentos (sección B). Por último, analizaré la alegación relativa a la falta de motivación y a la extralimitación de su facultad de control por parte del Tribunal General (sección C).

A.      Sobre el motivo de casación relativo a la inclusión de los «preparados» que contienen sustancias distintas de las vitaminas y los minerales en el anexo III del Reglamento de Adiciones

35.      Mediante su primer motivo de casación en los asuntos C‑48/25 P, C‑54/25 P y C‑55/25 P, la Comisión impugna la conclusión del Tribunal General de que el concepto de «preparados» no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 8 del Reglamento de Adiciones. En sus sentencias en los asuntos T‑302/21, T‑271/21 y T‑274/21, dicho órgano jurisdiccional declaró que el artículo 8 del Reglamento de Adiciones se refiere únicamente a los conceptos de «sustancia», «ingrediente» e «ingrediente que contenga [dicha] sustancia». Así, observó que, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento de Adiciones, solo la adición a los alimentos o el uso en la fabricación de alimentos de una «sustancia» o de «un ingrediente que contenga [dicha] sustancia» podía prohibirse mediante su inclusión en el anexo III, parte A, de dicho Reglamento. No obstante, el Tribunal General consideró que el concepto de «preparados» excede del ámbito de aplicación de cualquiera de esos conceptos. Del mismo modo señaló que, habida cuenta de que el artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento únicamente se refiere a las «sustancias» y no a los «ingredientes», su ámbito de aplicación debe ser más limitado que el del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i). Así, solo pueden añadirse a la parte C del anexo III aquellas «sustancias» para las que se haya identificado la posibilidad de que tengan efectos nocivos en la salud, pero respecto de las cuales exista incertidumbre. Sobre la base de estas interpretaciones, el Tribunal General declaró que el concepto de «preparados» no está comprendido ni en el concepto de «sustancias» ni en el de «ingredientes», que no puede sustituirse por ninguno de esos conceptos y que, por tanto, la Comisión no podía invocar esas disposiciones para adoptar las modificaciones de las partes A y C [del anexo III] de dicho Reglamento mediante el artículo 1, apartados 1 y 2, del Reglamento impugnado.

36.      La Comisión, apoyada por la EFSA, rebate esta conclusión. Ambas alegan que, al declarar que el concepto de «preparados» excede del ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Adiciones, es decir, que no está comprendido en los conceptos de «sustancias» ni de «ingredientes», el Tribunal General incurrió en error de Derecho. Afirman que el razonamiento de dicho órgano jurisdiccional no es conforme con el tenor, el contexto ni la finalidad del procedimiento previsto en el artículo 8 de dicho Reglamento, como tampoco puede salvaguardar el efecto útil del Reglamento en su conjunto.

37.      Las partes recurridas rebaten esta argumentación y apoyan el razonamiento del Tribunal General.

38.      Comparto la postura de la Comisión y la EFSA.

39.      El tenor del artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Adiciones subraya que tiene por objeto abarcar las circunstancias en las que «se añade[n] a los alimentos o se utiliza[n] en la producción de alimentos una sustancia que no sea una vitamina ni un mineral, o un ingrediente que contenga una sustancia distinta de las vitaminas o los minerales».

40.      El Tribunal General consideró, principalmente sobre la base de una interpretación literal de esta disposición, que el procedimiento previsto en ella no se aplica a la adición de «preparados» de sustancias que contengan DHA.

41.      Puedo comprender la frustración del Tribunal General en relación con esta terminología. El término «preparados» no figura en el artículo 8 del Reglamento de Adiciones, ni tampoco se utiliza en el resto del Reglamento. En función del modo en que se interprete este término, su uso puede entenderse en el sentido de que va más allá del ámbito de aplicación del Reglamento. En los autos no se explican las razones por las que la Comisión, no obstante, consideró necesario emplear este término en la parte dispositiva de un reglamento de ejecución, con el riesgo, por tanto, de ser mal entendida en cuanto al ámbito de aplicación de dicho reglamento.

42.      Ni la Comisión ni la EFSA han proporcionado una explicación convincente a este respecto. Por ejemplo, el hecho de que la EFSA, en un documento de orientación de 2009, (35) no relacionado con el presente asunto, utilice el concepto de «preparados» en lugar de «sustancias» o «ingredientes» para aportar un matiz adicional a sus análisis (algo que puede hacer perfectamente) resulta sin duda útil para comprender el contexto en el que se emplea tal término. Sin embargo, no puede influir en el alcance ni en la terminología de un acto de Derecho de la Unión de rango superior.

43.      Al mismo tiempo, no debe perderse de vista que todos los actos de las instituciones de la Unión gozan de una presunción general de validez. (36) Esto significa que dichos actos deben interpretarse, en la medida de lo posible, de manera que se respete dicha presunción, lo cual también implica, en mi opinión, que el mero uso de un término en la parte dispositiva de un acto de ejecución, que no se usa de otro modo en el acto de base, no puede, por sí solo, desvirtuar dicha presunción.

44.      Esto es especialmente cierto cuando, como ocurre en el caso de autos, la Comisión y la EFSA alegaron tanto ante el Tribunal General como ante el Tribunal de Justicia que el concepto de «preparados», tal como se utiliza en el Reglamento impugnado, debía entenderse referido al conjunto de esos productos usados como insumos en un proceso de fabricación cuando dichos productos contienen la sustancia cuyos efectos nocivos se han identificado.

45.      En otras palabras, tanto la Comisión como la EFSA insisten en que, mediante el concepto de «preparados», el Reglamento impugnado pretendía abarcar la adición indirecta de una sustancia prohibida a los alimentos o a la producción de estos.

46.      Según esas partes, ni el ámbito de aplicación ni la finalidad del artículo 8 del Reglamento de Adiciones se oponen a tal interpretación. Subrayan que la lectura literal de esta disposición que hace el Tribunal General no solo no tiene en cuenta otros elementos literales que contiene, como las expresiones «se añade a los alimentos» y «se utiliza en la producción de alimentos», sino tampoco el hecho de que, según el modo en que se interprete el concepto de «ingredientes», puede comprender las diferentes formas de adición indirecta a los alimentos, o de uso indirecto en la fabricación de alimentos, de sustancias para las que se han identificado efectos nocivos.

47.      En mi opinión, una interpretación según la cual el concepto de «ingredientes» se entiende como las diferentes formas y maneras de añadir indirectamente a los alimentos una sustancia nociva mantendría, efectivamente, de la mejor forma posible, la función del artículo 8 del Reglamento de Adiciones.

48.      Como ya he explicado, el objetivo de este Reglamento consiste en establecer un marco para controlar la «amplia gama de nutrientes y otros ingredientes» que puede utilizarse para la producción de alimentos, (37) cuya adición voluntaria podría suscitar preocupación por la salud de los consumidores. (38)

49.      El artículo 8 del Reglamento de Adiciones lo hace en lo que respecta a las sustancias distintas de las vitaminas y los minerales. (39)

50.      Para alcanzar este objetivo, poco importa si la sustancia se presenta en su forma pura o resulta de procesos anteriores que deben incluirse, directa o indirectamente, como «preparado», mezcla o ingrediente, siempre que se añada voluntariamente a los alimentos o se utilice en su producción.

51.      En efecto, como explica la EFSA, lo que importa es el hecho de que se añada una sustancia nociva, con independencia de la manera en que se produzca dicha adición. Después de todo, el éxito y el fracaso del marco que establece el artículo 8 de dicho Reglamento reside en la capacidad de la Comisión para regular esa adición en lo que respecta a las sustancias potencialmente nocivas.

52.      Así pues, el artículo 8 del Reglamento de Adiciones debe poder abarcar las diferentes formas que puede revestir tal sustancia, así como las diferentes formas en que esa sustancia puede añadirse a los alimentos o usarse en la producción de alimentos.

53.      Una interpretación diferente, como la adoptada por el Tribunal General, puede dar lugar a una situación en la que la Comisión podría, de hecho, regular la adición directa a los alimentos, por ejemplo, de aloe-emodina, emodina o dantrona, pero no su adición indirecta mediante su previa inclusión en un preparado antes de añadirlo a los alimentos o de usarlo en su fabricación. No veo de qué forma eso sería lógico o conforme con el objetivo de proteger al consumidor frente a los aditivos nocivos en los alimentos.

54.      Además, tal interpretación privaría al término «ingrediente», tal como se emplea en el artículo 8 del Reglamento de Adiciones, de efecto práctico en el marco de tal disposición.

55.      Por consiguiente, el procedimiento previsto en el artículo 8 del Reglamento debe poder comprender las sustancias tanto si se añaden directamente a los alimentos como si se usan en su fabricación o se combinan de entrada con otras sustancias antes de ser añadidas a los alimentos o usadas en la fabricación de alimentos.

56.      La misma lógica debe extenderse necesariamente al artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento de Adiciones.

57.      Es cierto que, como subrayan tanto las recurridas como las sentencias recurridas, esta disposición únicamente hace referencia al concepto de «sustancias» y no al de «ingredientes». Sobre esta base, se ha alegado que el artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento de Adiciones solo permite a la Unión sujetar a control sustancias que se añaden directamente a los alimentos o se usan en su fabricación. Sin embargo, como ya he explicado, habida cuenta del objetivo perseguido por el artículo 8 del Reglamento de Adiciones, sería ilógico limitar este proceso en consecuencia y excluir la posibilidad de sujetar a control la adición indirecta de sustancias respecto de las que se han identificado posibles efectos nocivos para la salud, pero respecto de las que sigue existiendo incertidumbre científica.

58.      Tampoco tiene sentido una lectura distinta si se analiza en el contexto del propio artículo 8: en virtud del procedimiento de urgencia previsto en su apartado 5, la Comisión puede trasladar una «sustancia» del anexo III, parte C, a las partes A o B. Por tanto, para que dicho traslado pueda efectuarse para «ingredientes» por razones imperiosas de urgencia, es necesario que la parte C también pueda incluir «ingredientes». Esto significa que el artículo 8, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que se extiende a la inclusión de los «ingredientes» en el anexo III, parte C, de dicho Reglamento. Por consiguiente, y con independencia de que la argumentación de las recurridas no sea novedosa, (40) en cualquier caso no puede impedir a la Comisión regular la adición a los alimentos de sustancias que puedan ser nocivas para la salud humana.

59.      Aplicado a las circunstancias del presente asunto, esto significa que ninguna disposición del Reglamento de Adiciones se opone a que los conceptos de «sustancias» e «ingredientes», tal y como figuran en su artículo 8, se interpreten en el sentido de que se refieren a la adición indirecta a los alimentos de sustancias distintas de las vitaminas y los minerales o al uso indirecto de dichas sustancias en la fabricación de alimentos como «preparados». Por consiguiente, el Tribunal General incurrió en error al interpretar esta disposición en el sentido de que no se extiende a tal supuesto y anular las partes pertinentes del Reglamento impugnado, en particular, sobre esta base.

60.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que estime fundado el primer motivo de casación de la Comisión en los asuntos C‑48/25 P, C‑54/25 P y C‑55/25 P.

B.      Sobre los motivos de casación relativos a los requisitos establecidos en el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento de Adiciones

61.      En las sentencias recurridas el Tribunal General interpretó el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento de Adiciones en el sentido de que establece dos requisitos acumulativos para que la Comisión pueda prohibir la adición a los alimentos o la utilización en la producción de alimentos de una sustancia o de un ingrediente, a saber, en primer lugar, que su adición dé lugar la ingestión de cantidades de esa sustancia ampliamente superiores a las que puede esperarse razonablemente que se ingieran en condiciones normales de consumo en una dieta equilibrada y variada o que representen por otros motivos un riesgo potencial para la salud del consumidor (artículo 8, apartado 1), y, en segundo lugar, que se haya constatado un efecto nocivo para la salud (artículo 8, apartado 2). Sobre esta base, y teniendo en cuenta que la Comisión no estableció un umbral relativo a las cantidades de los DHA en una dieta equilibrada y variada, como habría exigido el artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento, el Tribunal General anuló las partes pertinentes del Reglamento impugnado. (41)

62.      Mediante su primer motivo de casación en el asunto C‑38/25 P y su segundo motivo de casación en los asuntos C‑48/25 P, C‑54/25 P y C‑55/25 P, la Comisión rebate esas apreciaciones. Apoyada por la EFSA, alega, en esencia, que solo debe cumplirse el requisito relativo a la constatación de un efecto nocivo para la salud, previsto en el artículo 8, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, para prohibir la adición de una sustancia a los alimentos, o su uso en su fabricación, bien directamente, bien mediante ingredientes que la contengan. (42)

63.      Las partes recurridas rebaten esta argumentación y apoyan el razonamiento del Tribunal General.

64.      Comparto la postura de la Comisión y de la EFSA.

65.      Como he explicado en el punto 14 de las presentes conclusiones, el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Adiciones establece tres supuestos de riesgo en los que la Comisión está facultada para iniciar el procedimiento para incluir ciertas sustancias o ciertos ingredientes en el anexo III: en primer lugar, cuando se produce una ingestión de cantidades superiores a las de una dieta equilibrada y variada; en segundo lugar, cuando se produce tal ingestión y ello representa un riesgo potencial para la salud del consumidor, o, en tercer lugar, cuando, independientemente del nivel de ingestión, la adición de dichas sustancias o ingredientes representa un riesgo potencial para la salud del consumidor.

66.      Estas condiciones son claramente preexistentes y distintas del proceso de toma de decisiones que tiene lugar en virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Adiciones para regular el riesgo así identificado. Este proceso de toma de decisiones solo se inicia una vez que la Comisión ha constatado, ya sea sobre la base de las preocupaciones planteadas por los Estados miembros, ya a iniciativa propia, que pueden existir uno o varios de los riesgos previstos en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Adiciones.

67.      En efecto, me parece claro que dicho artículo 8 del Reglamento de Adiciones se estructura en dos fases distintas: la fase de identificación de un riesgo (en virtud del apartado 1 del artículo) y la fase de decisión sobre el modo de gestionar ese riesgo (en virtud de su apartado 2).

68.      Para esa segunda fase, la de la gestión del riesgo, la Comisión debe decidir entre las opciones normativas fijadas por el legislador de la Unión en cuanto al tratamiento que deba darse a la sustancia o al ingrediente de que se trate.

69.      En ese momento, las hipótesis de identificación de los riesgos a que se refiere el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Adiciones carecen de pertinencia.

70.      En efecto, como indica el artículo 8, apartado 2, en ese momento, en función de la evaluación que realice la EFSA, la Comisión puede, si se constata un efecto nocivo, incluir la sustancia o el ingrediente en la parte A y, por tanto, prohibir pura y simplemente su uso [de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i)] o incluirlo en la parte B y autorizar su uso con unas condiciones [con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii)] o, si se constata que puede tener un efecto nocivo para la salud, pero persiste la incertidumbre científica, incluir la sustancia o el ingrediente en la parte C, autorizar su uso y someterlo a control [de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra b)]. En otras palabras, incumbe a la Comisión decidir las medidas concretas que deben adoptarse en función de la probabilidad científicamente demostrada de que se produzcan efectos nocivos.

71.      En el marco del presente asunto, entiendo que la Comisión inició el procedimiento previsto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Adiciones simplemente sobre la base del riesgo de ingesta de sustancias que contienen DHA y presentan un riesgo para la salud del consumidor. A la luz del dictamen científico de la EFSA, que llegó a la conclusión de que existen tales riesgos en el caso de ciertas sustancias, (43) la Comisión siguió la opción normativa prevista en el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento de Adiciones.

72.      Como se desprende claramente de la redacción de esta disposición, si la Comisión adopta una decisión con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), debe prohibir pura y simplemente la sustancia o el ingrediente de que se trate y, por tanto, no está facultada para fijar un umbral de consumo para ese tipo concreto de sustancia (aunque fuera posible para las sustancias genotóxicas). (44) Si se le hubiera concedido tal discrecionalidad, el legislador de la Unión así lo habría previsto, como hizo en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), de ese Reglamento. (45)

73.      Por consiguiente, resulta evidente que el Tribunal General incurrió en error al concluir que el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Adiciones debe interpretarse en relación con su apartado 1, con la consecuencia de que existan dos condiciones que la Comisión debe cumplir antes de incluir una sustancia en el anexo III de dicho Reglamento.

74.      Contrariamente a lo que señalan las recurridas, la interpretación anterior no priva de su función al artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Adiciones. En mi opinión, dichas partes confunden dos conceptos distintos: la determinación del riesgo y la gestión del riesgo.

75.      Por un lado la determinación del riesgo es un proceso con fundamento científico formado por cuatro etapas: identificación del factor de peligro, caracterización del factor de peligro, determinación de la exposición y caracterización del riesgo. (46) Este proceso implica una evaluación científica compleja de la seguridad de una sustancia o de un agente biológico sobre la base de todos los datos científicos y técnicos pertinentes para identificar y prevenir los riesgos emergentes. A escala de la Unión, y a efectos del Reglamento de Adiciones, esta tarea le incumbe a la EFSA. Por otro lado, la gestión del riesgo es un «proceso, distinto del anterior, consistente en sopesar las alternativas políticas en consulta con las partes interesadas, teniendo en cuenta la determinación del riesgo y otros factores pertinentes, y, si es necesario, seleccionando las opciones apropiadas de prevención y control». (47) Solo una vez que el análisis del riesgo esté completo, las autoridades competentes podrán decidir las medidas adecuadas para alcanzar el nivel de protección deseado. (48)

76.      Como ya he señalado, mientras que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Adiciones puede entenderse como un elemento de determinación del riesgo, el apartado 2 del mismo artículo enuncia claramente las diferentes opciones para gestionar un riesgo que ya ha sido determinado, evaluado y caracterizado por la EFSA. (49) En el presente asunto, la Comisión gestionó el riesgo identificado por la EFSA mediante la adopción de una medida prevista en el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento de Adiciones, consistente en incluir la sustancia en cuestión en la lista A del anexo III de dicho Reglamento y prohibir su adición a los alimentos o su uso en la fabricación de alimentos. El control de esta decisión de la Comisión está supeditado a la comprobación de la existencia de un error de apreciación manifiesto.

77.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que estime el primer motivo de casación de la Comisión en el asunto C‑38/25 P y su segundo motivo de casación en los asuntos C‑48/25 P, C‑54/25 P y C‑55/25 P por ser fundados.

C.      Sobre los motivos de casación relativos a la obligación de motivación del Tribunal General y a sus facultades de control

78.      Mediante su segundo motivo de casación en el asunto C‑38/25 P y su tercer motivo de casación en los asuntos C‑48/25 P, C‑54/25 P y C‑55/25 P, la Comisión, apoyada por la EFSA, alega que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación (50) y que se excedió en sus facultades de control jurisdiccional. (51)

79.      Las partes recurridas consideran que las alegaciones de la Comisión son inadmisibles y que, en cualquier caso, el Tribunal General no incumplió su obligación de motivación ni ejerció su control con una intensidad que excediera de sus competencias.

80.      Comparto la opinión de las recurridas.

81.      Por lo que respecta a la alegación relativa a la falta de motivación del Tribunal General, cabe recordar que procede distinguir entre la existencia de motivación, como exige el artículo 296 TFUE, y la cuestión de si esa motivación es fundada. Solo una alegación relativa a la existencia de motivación puede considerarse incluida en el artículo 296 TFUE. (52) No obstante, está claro que la Comisión no alega la falta de motivación de las sentencias recurridas, sino que, por el contrario, critica el contenido de esa motivación en las declaraciones controvertidas. Dado que este tipo de alegaciones no puede estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 296 TFUE, procede declarar, en este sentido, la inadmisibilidad de la alegación de la Comisión.

82.      En cuanto a la alegación de que el Tribunal General se excedió en su facultad de control jurisdiccional, en primer lugar, y contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el Tribunal General no llevó a cabo un control completo de la valoración de hecho de la Comisión relativa al artículo 8 del Reglamento de Adiciones y, por tanto, no se extralimitó en su facultad de control en lo que respecta a las valoraciones de carácter científico. (53) Por el contrario, dicho órgano jurisdiccional examinó la interpretación que había hecho la Comisión del artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento de Adiciones, según la cual, como ya se ha explicado, interpretó, erróneamente, que dichas disposiciones constituían requisitos acumulativos. Dado que los órganos jurisdiccionales de la Unión son plenamente competentes para interpretar el Derecho de la Unión, la alegación de la Comisión, en este sentido, debe desestimarse por infundada. En segundo lugar, en la medida en que la Comisión considera que el Tribunal General sustituyó su motivación por la de la EFSA al concluir que «ni del dictamen científico de 2017 ni de ningún elemento de los autos se desprende que las disposiciones del Reglamento impugnado hayan sido adoptadas porque las sustancias y los preparados de que se trata hubiesen representado por otros motivos un riesgo potencial para la salud del consumidor», (54) resulta evidente que dicha conclusión es una valoración de hecho limitada a lo que el Tribunal General consideró que constaba en autos. Esa afirmación no constituye una valoración de carácter científico. Por consiguiente, al intentar impugnar una valoración de hecho efectuada por el Tribunal General sin invocar su posible desnaturalización, dicha alegación también debe considerarse inadmisible.

83.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el segundo motivo de casación de la Comisión en el asunto C‑38/25 P y su tercer motivo de casación en los asuntos C‑48/25 P, C‑54/25 P y C‑55/25 P por ser parcialmente inadmisibles y parcialmente infundados.

IV.    Consecuencias

84.      El primer motivo de casación del asunto C‑38/25 P y los motivos de casación primero y segundo de los asuntos C‑48/25 P, C‑54/25 P y C‑55/25 P son fundados. Por ello, procede anular las sentencias recurridas. No obstante, habida cuenta de que el Tribunal General no entró a valorar todos los motivos invocados en primera instancia, el Tribunal de Justicia no está en condiciones de pronunciarse con carácter definitivo sobre el litigio y debe devolver el asunto al Tribunal General. (55)

V.      Conclusión

85.      Propongo al Tribunal de Justicia que:

–        Anule las sentencias de 13 de noviembre de 2024, Aloe Vera of Europe/Comisión (T‑189/21, EU:T:2024:802); de 13 de noviembre de 2024, Aboca y otros/Comisión (T‑302/21, EU:T:2024:808); de 13 de noviembre de 2024, Ortis/Comisión (T‑271/21, EU:T:2024:804), y de 13 de noviembre de 2024, Synadiet y otros/Comisión (T‑274/21, EU:T:2024:806).

–        Devuelva el asunto al Tribunal General a fin de que este se pronuncie sobre los demás motivos formulados.

–        Reserve la decisión sobre las costas.


1      Lengua original: inglés.


2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos (DO 2006, L 404, p. 26).


3      Sentencias de 13 de noviembre de 2024, Aloe Vera of Europe/Comisión (T‑189/21, en lo sucesivo, «sentencia Aloe Vera of Europe/Comisión», EU:T:2024:802); de 13 de noviembre de 2024, Aboca y otros/Comisión (T‑302/21, en lo sucesivo, «sentencia Aboca y otros/Comisión», EU:T:2024:808); de 13 de noviembre de 2024, Ortis/Comisión (T‑271/21, en lo sucesivo, «sentencia Ortis/Comisión», EU:T:2024:804)), y de 13 de noviembre de 2024, Synadiet y otros/Comisión (T‑274/21, en lo sucesivo, «sentencia Synadiet y otros/Comisión», EU:T:2024:806) (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias recurridas en casación»).


4      Reglamento de la Comisión de 18 de marzo de 2021 por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las especies botánicas que contienen derivados hidroxiantracénicos (DO 2021, L 96, p. 6).


5      Véanse, sobre todo, el Reglamento (CE) n.º 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO 2006, L 404, p. 9), y el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18).


6      Véanse los considerandos 3 y 4 del Reglamento de Adiciones. Véase también la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos, COM(2003) 671 final (en lo sucesivo, «propuesta de Reglamento de Adiciones»), p. 3.


7      Véanse, en este sentido, los considerandos 1, 2 y 22 del Reglamento de Adiciones, así como los artículos 1, apartado 1, y 10 del Reglamento de Adiciones. Véase también la propuesta de Reglamento de Adiciones, p. 1.


8      Véanse, en este sentido, los considerandos 14 y 22 del Reglamento de Adiciones, así como su artículo 1, apartado 1.


9      Véase el considerando 12 del Reglamento de Adiciones.


10      Véase la propuesta de Reglamento de Adiciones, apartado 21.


11      Véase el considerando 20 del Reglamento de Adiciones.


12      Véase el considerando 1 del Reglamento de Adiciones.


13      Véase el considerando 20 del Reglamento de Adiciones. Véase también el considerando 2 de dicho Reglamento, redactado en términos similares.


14      Véase el artículo 3, apartado 1, del Reglamento de Adiciones, en virtud del cual «únicamente podrán añadirse a los alimentos las vitaminas y/o los minerales que figuran en las listas del anexo I, en las formas que se enumeran en las listas del anexo II, supeditado a las normas establecidas en el presente Reglamento».


15      Véase el artículo 4 del Reglamento de Adiciones, en el que se enumeran las categorías de productos a las que no pueden añadirse vitaminas ni minerales.


16      Véase el artículo 6 del Reglamento de Adiciones, que establece las condiciones para la adición de vitaminas y minerales a los alimentos.


17      Véase el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Adiciones (el subrayado es mío). Una redacción similar figura en el considerando 2.


18      Véase el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de Adiciones.


19      Véanse, en este sentido, las sentencias Aloe Vera of Europe/Comisión, apartado 4; Aboca y otros/Comisión, apartado 5; Ortis/Comisión, apartado 3, y Synadiet y otros/Comisión, apartado 3.


20      Véanse las sentencias Aloe Vera of Europe/Comisión, apartado 4; Aboca y otros/Comisión, apartado 5; Ortis/Comisión, apartado 3, y Synadiet y otros/Comisión, apartado 3.


21      Véanse, en este sentido, las sentencias Aloe Vera of Europe/Comisión, apartado 4; Aboca y otros/Comisión, apartado 5; Ortis/Comisión, apartado 3, y Synadiet y otros/Comisión, apartado 3.


22      En su sentencia Aloe Vera of Europe/Comisión, apartado 3, el Tribunal General señaló que «el Aloe vera es una especie de Aloe cuya hoja está constituida por tres capas: la primera, que corresponde a una espesa piel verde exterior que protege a la planta de las inclemencias meteorológicas; la segunda, que corresponde a una capa intermedia constituida por un látex amarillento que contiene [DHA], y la tercera, que corresponde a una capa interior húmeda y transparente de líquido gelatinoso que contiene los nutrientes de la planta […]».


23      Comisión Técnica de la EFSA sobre Aditivos Alimentarios y Fuentes de Nutrientes Añadidos a los Alimentos, «Safety of hydroxyanthracene derivatives for use in food», EFSA Journal, vol. 16, número 1, 5090, 2018. Disponible en https://doi:10.2093/j.efsa.2018.5090 (en lo sucesivo, «Dictamen Científico de 2017 de la EFSA»), p. 19.


24      Véanse, en este sentido, las sentencias Aloe Vera of Europe/Comisión, apartado 5; Aboca y otros/Comisión, apartado 6; Ortis/Comisión, apartado 4, y Synadiet y otros/Comisión, apartado 4.


25      Véase el Dictamen Científico de 2017 de la EFSA, p. 1.


26      Véase el Dictamen Científico de 2017 de la EFSA, p. 69.


27      Véase, en este sentido, Comité Científico de la EFSA, «Scientific opinion on genotoxicity testing strategies applicable to food and feed safety assessment» (Dictamen científico sobre las estrategias de ensayo de genotoxicidad aplicables a la evaluación de la seguridad alimentos y piensos), EFSA Journal, 2011, vol. 9, número 9, 2379, 2011. Disponible en https://doi:10.2903/j.efsa.2011.2379. Véanse, en particular, la p. 9 y la sección 4.2, sobre la exposición al riesgo, pp. 23 a 25.


28      Comité Científico de la EFSA, «Clarification of some aspects related to genotoxicity assessment» (Aclaraciones acerca de determinados aspectos relacionados con la evaluación de la genotoxicidad), EFSA Journal, 2017, vol. 15, número 12, 5113, 2017, p. 1. Disponible en https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5113. Véanse también las pp. 14 y 15 sobre el establecimiento de valores indicativos basados en criterios de salud para las sustancias genotóxicas.


29      Considerando 7 del Reglamento impugnado.


30      Considerando 9 del Reglamento impugnado.


31      Considerando 11 del Reglamento impugnado.


32      Véanse las sentencias Aboca y otros/Comisión, apartado 61; Ortis/Comisión, apartado 65, y Synadiet y otros/Comisión, apartado 57.


33      Véanse, en este sentido, las sentencias Aloe Vera of Europe/Comisión, apartados 66 y 67; Aboca y otros/Comisión, apartados 90 y 91; Ortis/Comisión, apartados 95 y 96, y Synadiet y otros/Comisión, apartados 86 y 87.


34      Asimismo, procede señalar que la República Italiana presentó una demanda de intervención en apoyo de las pretensiones de las partes recurridas en el asunto C‑48/25 P. Sin embargo, dado que dicha demanda se presentó una vez expirado el plazo previsto en el artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, pero con anterioridad a la resolución del Presidente del Tribunal de Justicia, de 23 de mayo de 2025, de iniciar la fase oral del procedimiento, se autorizó a dicha parte a presentar, en su caso, sus observaciones en la vista oral, de conformidad con el artículo 194 del Reglamento de Procedimiento.


35      Comité Científico de la EFSA, «Guidance on safety assessment of botanicals and botanical preparations intended for use as ingredients in food supplements» (Orientaciones sobre la evaluación de la seguridad de las plantas y preparados botánicos destinados a ser utilizados como ingredientes en complementos alimenticios), EFSA Journal, vol. 7, número 9, 1249, p. 2. Disponible en https://doi:10.2093/j.efsa.2009.1249.


36      Véanse, entre otras, las sentencias de 13 de febrero de 1979, Granaria (101/78, EU:C:1979:38), apartado 4, y de 27 de enero de 2026, Comisión/Hungría (Reclasificación del cannabis) (C‑271/23, EU:C:2026:45), apartado 124 y jurisprudencia citada.


37      Véase el considerando 1 del Reglamento de Adiciones.


38      Véase, en este sentido, el considerando 20 del Reglamento de Adiciones. La Comisión estima que la presencia «no intencionada» de sustancias nocivas en los alimentos está regulada por el Reglamento (CEE) n.º 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios (DO 1993, L 37, p. 1), en virtud del cual la Comisión puede fijar contenidos máximos de contaminantes en los productos alimenticios.


39      Como he explicado en el punto 11 de las presentes conclusiones, el otro procedimiento se refiere a la adición de vitaminas y minerales.


40      Véase, en este sentido, la propuesta de Reglamento de Adiciones, que, en su apartado 21, señala que «algunas veces[, la utilización de determinadas otras sustancias] y su presentación en el etiquetado pueden plantear dudas sobre si deben tratarse como ingredientes utilizados en la fabricación de alimentos o si deben considerarse “añadidos”. Independientemente de la respuesta que se dé a esta pregunta, es conveniente regular el empleo seguro de dichas sustancias o ingredientes, y si es necesario prohibir su utilización, mediante la presente propuesta de reglamento».


41      Véanse, en este sentido, las sentencias Aloe Vera of Europe/Comisión, apartados 51 y 59; Aboca y otros/Comisión, apartados 75 y 83; Ortis/Comisión, apartados 79 y 87, y Synadiet y otros/Comisión, apartados 70 y 78.


42      Si bien las partes recurridas en los asuntos C‑54/25 P y C‑55/25 P sostienen que este motivo de casación es inadmisible sobre la base de que la Comisión lo ha invocado por primera vez en el marco del recurso de casación, es evidente que la Comisión se limita a formular una argumentación basada en las sentencias recurridas y relativa a la naturaleza de los requisitos previstos en el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento de Adiciones, por lo que tal resistencia no puede prosperar. Véanse, por analogía, las sentencias de 29 de noviembre de 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall y otros/Comisión (C‑176/06 P, EU:C:2007:730), apartado 17, y de 10 de abril de 2014, Comisión/Siemens Österreich y otros y Siemens Transmission & Distribution y otros/Comisión (C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256), apartados 101 y 102.


43      Es decir, las sustancias enumeradas en el punto 25 de las presentes conclusiones.


44      Como expliqué en el punto 22 de las presentes conclusiones, la EFSA considera que, simplemente, no existe ningún nivel por debajo del cual la ingesta de sustancias genotóxicas no presente efectos nocivos y suponga un riesgo para la salud humana. Por tanto, estima que no está en condiciones de establecer un umbral para tales sustancias.


45      Cabe recordar que, de conformidad con dicha disposición, la Comisión debe incluir la sustancia o el ingrediente que contenga la sustancia de que se trate en el anexo III, parte B, y especificar que su adición a los alimentos o su uso en la producción de alimentos solo se permiten bajo determinadas condiciones. Sin embargo, ni siquiera esta disposición impone un umbral de consumo por debajo del cual la adición de esta sustancia no plantee problemas para la salud humana, aunque los «requisitos adicionales» relacionados con la inclusión en el anexo III, parte B, para las sustancias enumeradas establezcan tal umbral. Véase, por ejemplo, el Reglamento (UE) 2022/2340 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2022, por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los extractos de té verde que contienen (–) 3‑galato de epigalocatequina (DO 2022, L 310, p. 7).


46      Véanse, en este sentido, el artículo 3, punto 11, del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la [EFSA] y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO 2002, L 31, p. 1), en el que se define el concepto de «determinación del riesgo» como «un proceso con fundamento científico formado por cuatro etapas: identificación del factor de peligro, caracterización del factor de peligro, determinación de la exposición y caracterización del riesgo». Véanse también, por analogía, mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Francia/Comisión y Comisión/CWS Powder Coatings y otros (C‑71/23 P y C‑82/23 P, EU:C:2025:65), puntos 75 y 76.


47      Véase el artículo 3, punto 12, del Reglamento n.º 178/2002 (el subrayado es mío).


48      Véase también, por analogía, la Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución, COM(2000) 1 final, de 2 de febrero de 2000, p. 15, que indica que, «cuando los responsables políticos son conscientes de un riesgo para el medio ambiente o para la salud humana, animal o vegetal que, en caso de inacción, pudiera tener graves consecuencias, se plantea la cuestión de las medidas de protección adecuadas. Los responsables deben obtener, mediante un planteamiento estructurado, una evaluación científica, lo más completa posible, del riesgo para el medio ambiente o para la salud, a fin de seleccionar la línea de conducta más adecuada».


49      Como ya he explicado en el marco de la calificación de una sustancia de nociva para la salud humana, al adoptar medidas de gestión de riesgos, la Comisión dispone de limitada discrecionalidad más allá de las medidas previstas por el legislador. Véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Francia/Comisión y Comisión/CWS Powder Coatings y otros (C‑71/23 P y C‑82/23 P, EU:C:2025:65), punto 78.


50      La Comisión sostiene este argumento en relación con la afirmación contenida en las sentencias Aloe Vera of Europe/Comisión, apartados 58 y 60; Aboca y otros/Comisión, apartados 82 y 84; Ortis/Comisión, apartados 86 y 88, y Synadiet y otros/Comisión, apartados 77 y 79.


51      La Comisión sostiene este argumento en relación con la afirmación contenida en las sentencias Aloe Vera of Europe/Comisión, apartado 60; Aboca y otros/Comisión, apartado 84; Ortis/Comisión, apartado 88, y Synadiet y otros/Comisión, apartado 79.


52      Véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de junio de 2015, Ipatau/Consejo (C‑535/14 P, EU:C:2015:407), apartado 37 y jurisprudencia citada, y de 10 de septiembre de 2024, Comisión/Irlanda y otros (C‑465/20 P, EU:C:2024:724), apartado 390 y jurisprudencia citada.


53      Véase, por ejemplo, la sentencia de 1 de agosto de 2025, France y Comisión/CWS Powder Coatings y otros (C‑71/23 P y C‑82/23 P, EU:C:2025:601), apartado 106 y jurisprudencia citada.


54      Véase el punto 78 de las presentes conclusiones.


55      Véase, en este sentido, el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.