1

Mediante su recurso de casación, el recurrente solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de septiembre de 2023, Timchenko/Consejo (T‑252/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:496), por la que este desestimó su recurso que tenía por objeto, en primer lugar, la anulación, por una parte, de la Decisión (PESC) 2022/337 del Consejo, de 28 de febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 59, p. 1), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/336 del Consejo, de 28 de febrero de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 58, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos iniciales»), y, por otra parte, de la Decisión (PESC) 2022/1530 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 149), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1529 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos de mantenimiento»), en la medida en que los actos controvertidos iniciales y de mantenimiento (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos») le afectan y, en segundo lugar, la reparación del daño moral que alega haber sufrido como consecuencia de la adopción de los actos controvertidos.

Marco jurídico y antecedentes del litigio

2

El contexto fáctico y jurídico del presente asunto se expone en los apartados 2 a 18 de la sentencia recurrida. A efectos del presente procedimiento, puede resumirse y completarse del modo siguiente.

Decisión 2014/145/PESC

3

A raíz de la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia el 24 de febrero de 2022, el Consejo de la Unión Europea adoptó, el 25 de febrero de 2022, la Decisión (PESC) 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 50, p. 1).

4

El artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16), en su versión modificada por la Decisión 2022/329 (en lo sucesivo, «Decisión 2014/145»), prohíbe la entrada en el territorio de los Estados miembros o el tránsito por él de las personas físicas que reúnan los criterios establecidos, en particular, en sus letras a) y b), mientras que el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145 prevé la inmovilización de los fondos de las personas físicas que reúnan los criterios establecidos, en particular, en sus letras a) y d), criterios que son, en esencia, idénticos a los establecidos en las letras a) y b) del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/145.

5

El artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145 tiene el siguiente tenor:

Reglamento (UE) n.º 269/2014

6

El 25 de febrero de 2022, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2022/330, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 51, p. 1).

7

En este contexto, el Consejo introdujo, en el artículo 3, apartado 1, letras a) y d), del Reglamento (UE) n.º 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6), en su versión modificada por el Reglamento 2022/330 (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 269/2014»), los mismos criterios que los mencionados en el apartado 5 de la presente sentencia para inmovilizar, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, los fondos y recursos económicos pertenecientes, en particular, a las personas físicas que reúnan esos criterios.

Actos controvertidos

Actos controvertidos iniciales

8

El 28 de febrero de 2022, en vista de la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo adoptó los actos controvertidos iniciales. Mediante dichos actos, el nombre del recurrente fue añadido, con el número 694, a la lista anexa a la Decisión 2014/145 y, con ese mismo número, a la que figura en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014, por los siguientes motivos:

Actos controvertidos de mantenimiento

9

El 14 de septiembre de 2022, el Consejo adoptó los actos controvertidos de mantenimiento, que mantenían el nombre del recurrente en las listas controvertidas sobre la base de los mismos motivos que los reproducidos en el apartado anterior.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

10

Mediante demanda de 9 de mayo de 2022, completada por un escrito de adaptación el 25 de noviembre de 2022, el recurrente solicitó al Tribunal General que anulara los actos controvertidos, en la medida en que incluían su nombre en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas, y que reparase el daño moral que alegaba haber sufrido como consecuencia de la adopción de dichos actos. En su recurso de anulación, impugnaba, en particular, la apreciación del Consejo según la cual se cumplían en su caso el criterio relativo al apoyo material o financiero a los políticos rusos, previsto en el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145 [en lo sucesivo, «criterio d)»], y el relativo al apoyo a las acciones o políticas que menoscaban la integridad territorial de Ucrania, enunciado en el artículo 2, apartado 1, letra a), de dicha Decisión [en lo sucesivo, «criterio a)»]. Consideraba que, en el marco de esta apreciación, el Consejo había incurrido en errores manifiestos de apreciación.

11

Por lo que respecta al criterio d), relativo, en particular, a las personas físicas que apoyen, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o se beneficien de ellos, el Tribunal General declaró, en los apartados 97, 106 y 108 de la sentencia recurrida, que de los autos se desprendía, por una parte, que el recurrente, amigo del Sr. Putin, era el segundo mayor accionista del Bank Rossiya y que formaba parte de un núcleo estable de accionistas mayoritarios de ese banco conocidos por su proximidad con el Sr. Putin, de modo que no puede negarse que ejercía una influencia muy importante en la toma de decisiones en dicho banco, y, por otra parte, que existían indicios precisos, concretos y concordantes que demostraban que el Bank Rossiya es el banco personal de los altos funcionarios de la Federación de Rusia, incluido su presidente, el Sr. Putin.

12

Por otra parte, el Tribunal General consideró, en los apartados 109 y 110 de la sentencia recurrida, que, en la medida en que, en particular, las medidas restrictivas no son sanciones penales, una persona física puede ser objeto de medidas restrictivas por los actos realizados por una sociedad de la que es accionista cuando ejerce una influencia muy importante, e incluso decisiva, sobre dicha sociedad, en particular cuando las posiciones que ese accionista adopte puedan influir en el sentido de las decisiones adoptadas por la referida sociedad. A continuación, concluyó, en esencia, en los apartados 111 y 114 de la sentencia recurrida, que el Consejo había podido considerar, sin incurrir en error de apreciación, que, a través del Bank Rossiya, que es el banco personal de los altos funcionarios de la Federación de Rusia, el recurrente, que, por una parte, no podía ignorar que ese banco prestaba apoyo financiero al Sr. Putin y que, por otra parte, dejó que esa situación de hecho perdurara cuando tenía la capacidad de influir en las decisiones de dicho banco y, como se desprende del apartado 112 de la sentencia recurrida, habría podido distanciarse públicamente de la política seguida por el mismo banco o ceder su participación en ese banco, había prestado él mismo apoyo financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, en este caso al Sr. Putin.

13

Por lo que respecta al criterio a), relativo, en particular, a las personas físicas responsables de acciones o políticas contra Ucrania o que apoyen o ejecuten esas acciones o políticas, el Tribunal General recordó, para empezar, en el apartado 117 de la sentencia recurrida, que ese criterio implicaba que se acreditara la existencia de una relación, directa o indirecta, entre las actividades o acciones de la persona o entidad de que se trate y la situación en Ucrania que dio lugar a la adopción de las medidas restrictivas en cuestión. El Tribunal General añadió que ese criterio supone, por tanto, demostrar que la persona de que se trate, por su comportamiento, puede ser considerada responsable de acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. A continuación, declaró, en el apartado 118 de la referida sentencia, que, a la vista de los elementos de prueba aportados, el Bank Rossiya había apoyado la política de anexión de Crimea, en el sentido del mencionado criterio. Por último, en el apartado 120 de la citada sentencia señaló, habida cuenta, en particular, de las razones mencionadas en el marco del análisis relativo al criterio d), que el Consejo había podido considerar válidamente que el propio recurrente, al adoptar una actitud pasiva con respecto al apoyo del Bank Rossiya a la política de anexión de Crimea, había apoyado las acciones y políticas que menoscaban la soberanía y la independencia de Ucrania.

14

Al haber desestimado el Tribunal General los demás motivos del recurrente, así como su pretensión de indemnización, desestimó el recurso en su totalidad.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

15

El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

–

Anule la sentencia recurrida.

–

Anule los actos controvertidos en la medida en que incluyen y mantienen su nombre en las listas anexas a dichos actos.

–

Condene al Consejo a cargar con las costas de ambas instancias.

16

El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:

–

Desestime el recurso de casación.

–

Condene en costas al recurrente.

Sobre el recurso de casación

17

El recurrente invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación, basados, el primero, en un error de Derecho en el que supuestamente incurrió el Tribunal General en su interpretación del criterio d), al considerar que el apoyo material o financiero al que se refiere dicho criterio podía demostrarse por la falta de oposición, por parte de la persona objeto de las medidas restrictivas, frente a las decisiones adoptadas por la entidad considerada directamente responsable de tal apoyo y, el segundo, en un error de Derecho en que supuestamente incurrió el Tribunal General en su interpretación del criterio a), al declarar que el apoyo al que se refiere este criterio podía demostrarse por la falta de distanciamiento, por parte de tal persona, con respecto a la política y a las decisiones de la antedicha entidad.

Primer motivo de casación

Alegaciones de las partes

18

Mediante su primer motivo de casación, el recurrente sostiene, en primer lugar, que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al interpretar de forma demasiado amplia, en contra de la jurisprudencia aplicable, el concepto de «personas […] que apoyen, material o financieramente», en el sentido del criterio d). En particular, señala que, en el apartado 111 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, como único elemento que le permitió concluir que el propio recurrente había prestado apoyo financiero a los políticos rusos, que la falta de distanciamiento del recurrente con respecto a la política de apoyo material o financiero prestado por el Bank Rossiya a esos políticos constituía una aprobación, al menos tácita, de dicha política y, por tanto, un apoyo a esta, en el sentido del criterio d).

19

El recurrente afirma que, a este respecto, el Tribunal General, vulnerando su derecho de defensa, sustituyó también la motivación expuesta por el Consejo en los actos controvertidos por la suya propia.

20

Además, a su entender, la apreciación del Tribunal General en el apartado 112 de la sentencia recurrida es contraria a la jurisprudencia del Tribunal General según la cual el apoyo material o financiero debe tener cierta importancia cuantitativa o cualitativa de manera que permita efectivamente la continuación de las operaciones militares de la Federación de Rusia en Ucrania, como se desprende, por otra parte, de los objetivos perseguidos por el criterio d). Según el recurrente, esa importancia falta en el caso de autos, dado que el apoyo que se le reprocha no es más que un apoyo indirecto que no se basa en actos, sino en la falta de comportamiento positivo o de distanciamiento a posteriori.

21

En segundo lugar, el recurrente considera que el Tribunal General no se aseguró de que los actos controvertidos se basaran en una base fáctica suficientemente sólida, ya que el Tribunal General hizo abstracción del hecho de que el Consejo no había aportado ningún elemento de prueba en apoyo de la alegación de que disponía, como se desprendería de los apartados 106 y 110 de la sentencia recurrida, de un poder suficiente para poder influir, junto con los demás accionistas del Bank Rossiya, en las decisiones adoptadas por este último, razonando, por tanto, el Tribunal General mediante presunción. De este modo, el recurrente reprocha al Tribunal General no haber respondido a su alegación de que no tenía la capacidad de influir en las decisiones de dicho banco y haberse limitado a rechazar su defensa sin más razón que el hecho de que debería haberse distanciado de la política seguida por el referido banco.

22

En definitiva, según el recurrente, la interpretación extensiva que el Tribunal General hizo del criterio d) le llevó a validar la posibilidad de que el Consejo adoptara medidas restrictivas desproporcionadas contra una persona física que solo tenía una relación muy indirecta y remota con los supuestos actos de apoyo material o financiero, si bien el recurrente precisó en su escrito de réplica que no pretende formular una alegación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad.

23

El Consejo rebate las alegaciones del recurrente. En particular, estima que el Tribunal General no consideró la falta de distanciamiento como un elemento constitutivo del criterio d), sino que trató este aspecto como un elemento fáctico, como, a su juicio, se desprende, en particular, del apartado 115 de la sentencia recurrida. Pues bien, el Consejo recuerda que, salvo en caso de desnaturalización, que, a su entender, no ha sido invocada por el recurrente en el caso de autos, la apreciación de los hechos y de los medios de prueba no constituye una cuestión de Derecho sujeta al control del Tribunal de Justicia en el procedimiento de casación. A su entender, estas consideraciones son igualmente válidas en relación con las alegaciones mediante las cuales el recurrente pretende cuestionar la apreciación de determinados elementos de hecho y de prueba efectuada por el Tribunal General. En esta medida, a su juicio, las alegaciones del recurrente deben declararse inadmisibles.

Apreciación del Tribunal de Justicia

–

Sobre la admisibilidad

24

Procede recordar que, en virtud del artículo 256 TFUE y del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los medios de prueba. La apreciación de tales hechos y medios de prueba no constituye, por tanto, salvo en el caso de su desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencia de 4 de octubre de 2024, Ferriere Nord/Comisión, C‑31/23 P, EU:C:2024:851, apartado 89 y jurisprudencia citada).

25

En cambio, la facultad de control del Tribunal de Justicia de las comprobaciones de hecho efectuadas por el Tribunal General se extiende, en particular, a la cuestión de si se han cumplido las reglas en materia de carga y práctica de la prueba (sentencia de 29 de noviembre de 2018, Bank Tejarat/Consejo, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, apartado 37 y jurisprudencia citada). Además, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, en virtud del artículo 256 TFUE, un control sobre la calificación jurídica de tales hechos y las consecuencias en Derecho que de ellos haya deducido el Tribunal General (sentencia de 1 de octubre de 2014, Consejo/Alumina, C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, apartado 16 y jurisprudencia citada).

26

En el presente asunto, en primer lugar, el Consejo considera, en esencia, que, al reprochar al Tribunal General haber concluido que había prestado apoyo financiero a los políticos rusos, en el sentido del criterio d), por el mero hecho de no haberse distanciado de la política de apoyo proporcionada por el Bank Rossiya a dichos políticos, el recurrente no basa su primer motivo de casación en cuestiones de Derecho, sino que pretende cuestionar la apreciación fáctica que el Tribunal General hizo de esa falta de distanciamiento.

27

Este motivo de inadmisibilidad no puede prosperar. En efecto, del recurso de casación se desprende claramente que, mediante ese reproche, el recurrente no pretende cuestionar las comprobaciones y apreciaciones fácticas relativas a su falta de distanciamiento con respecto a la política seguida por el Bank Rossiya, sino que se queja de que el Tribunal General se limitó a extraer de este único elemento fáctico la consecuencia de que prestó apoyo, en el sentido del criterio d), lo que está comprendido en la facultad de control del Tribunal de Justicia en la fase de casación, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 25 de la presente sentencia.

28

En segundo lugar, el Consejo alega que el recurrente pretende cuestionar la apreciación de determinados elementos de hecho y de prueba efectuada por el Tribunal General, sin invocar no obstante su desnaturalización, lo que haría inadmisible el primer motivo de casación.

29

Este otro motivo de inadmisibilidad tampoco puede prosperar. En efecto, si bien es cierto que el recurrente, en el marco de su primer motivo de casación, impugna determinados elementos de hecho, ello se debe a que considera que el Tribunal General comprobó y apreció dichos elementos sin que el Consejo hubiese presentado ningún elemento de prueba. Pues bien, la imputación por la que se reprocha al Tribunal General haber procedido a la comprobación o a la apreciación de hechos sin haberse asegurado de que estos estaban respaldados por elementos de prueba equivale a solicitar al Tribunal de Justicia que ejerza un control sobre una posible infracción de las normas en materia de carga y práctica de la prueba por parte del Tribunal General, para lo cual el Tribunal de Justicia es competente en virtud de la jurisprudencia recordada en el apartado 25 de la presente sentencia.

30

De ello se deduce que deben desestimarse los motivos de inadmisibilidad invocados por el Consejo en lo que respecta al primer motivo de casación y que este último es admisible en su totalidad.

–

Sobre el fondo

31

En primer lugar, en apoyo de su primer motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General haber adoptado una interpretación demasiado amplia del criterio d), en la medida en que dicho órgano jurisdiccional se basó únicamente, en los apartados 111 y 112 de la sentencia recurrida, en su falta de distanciamiento con respecto a la política seguida por el Bank Rossiya para concluir que el Consejo podía considerar válidamente que, a través de ese banco, prestaba apoyo financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, en el sentido de dicho criterio, a pesar de que tal falta de distanciamiento no constituía un acto positivo y directo de apoyo de una importancia cuantitativa o cualitativa suficiente.

32

A este respecto, procede señalar que el recurrente hace una interpretación errónea de la sentencia recurrida. En efecto, el Tribunal General no consideró tal falta de distanciamiento como elemento constitutivo del apoyo material o financiero a los políticos rusos contemplado en el criterio d).

33

Por el contrario, el Tribunal General indicó, en los apartados 99 a 111 de dicha sentencia, los elementos de hechos y de prueba que le llevaban a considerar que el recurrente, amigo del Sr. Putin y segundo mayor accionista del Bank Rossiya, formaba parte, junto con otros tres amigos de este último, del bloque estable y mayoritario de los socios de dicho banco y que, por tanto, era un accionista muy influyente de este, de modo que no podía ignorar, en la fecha de su inclusión inicial en la lista o del mantenimiento de su inclusión, que el Bank Rossiya prestaba apoyo financiero a los políticos rusos, como el Sr. Putin, en el sentido de ese criterio.

34

Sobre la base de tales elementos, el Tribunal General reconoció, en el apartado 114 de la sentencia recurrida, sin incurrir en error de Derecho, que, en este caso particular que se desprende, como se indica en el apartado 110 de la sentencia recurrida, de las «circunstancias específicas del asunto», existían indicios suficientemente precisos, concretos y concordantes que permitían demostrar que, a través del Bank Rossiya, banco personal de los altos funcionarios de la Federación de Rusia, el recurrente prestaba apoyo financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, en el sentido del criterio d).

35

En este contexto, es cierto que el Tribunal General tuvo en cuenta la falta de distanciamiento del recurrente con respecto a la política de financiación del Bank Rossiya. Sin embargo, procede considerar que, al declarar, en la última parte de la frase del apartado 111 de la sentencia recurrida, introducida por «por otra parte», así como en los apartados 112 y 115 de dicha sentencia, que el recurrente no se había distanciado de la política seguida por el referido banco en relación con los políticos rusos, ni antes ni después de su inclusión inicial en la lista, el Tribunal General, lejos de añadir un elemento constitutivo al criterio d), comprobó, en esencia, si existían pruebas de descargo en favor del recurrente.

36

Por consiguiente, contrariamente a lo que alega el recurrente, la referencia a una falta de distanciamiento no es más que uno de los indicios sobre cuya base, como se ha expuesto en el apartado 34 de la presente sentencia, el Tribunal General concluyó, sin sustituir la motivación del Consejo por la suya propia, como ha subrayado la Abogada General en los puntos 43 y 44 de sus conclusiones, que las medidas restrictivas de las que fue objeto el recurrente con arreglo al criterio d) estaban fundadas.

37

En segundo lugar, el recurrente, en el marco de su primer motivo de casación, reprocha al Tribunal General haber infringido las normas en materia de carga y práctica de la prueba al no haber verificado si el hecho de que dispusiera, como se desprende de los apartados 106 y 110 de la sentencia recurrida, de un poder suficiente para estar en condiciones, conjuntamente con los demás accionistas del Bank Rossiya, de influir en las decisiones adoptadas por este último estaba respaldado por elementos de prueba, habiendo razonado el Tribunal General mediante presunción.

38

Procede recordar que, al controlar la legalidad de los motivos en que se basa la decisión de incluir o mantener el nombre de una persona en una lista de personas sujetas a medidas restrictivas, la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige, en particular, que el juez de la Unión se asegure de que dicha decisión, que constituye un acto de alcance individual para la persona afectada, disponga de unos fundamentos de hecho lo suficientemente sólidos. Ello implica comprobar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa la decisión, de tal modo que el control judicial no se vea limitado a la apreciación de la verosimilitud en abstracto de los motivos invocados, sino que recaiga sobre si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para sustentar esa decisión, han quedado acreditados (sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 119, y de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo, C‑530/17 P, EU:C:2018:1031, apartado 22).

39

Como también recordó el Tribunal General en los apartados 63 y 64 de la sentencia recurrida, esa apreciación debe llevarse a cabo examinando los medios de prueba, no de forma aislada, sino en el contexto en el que se integran, de modo que el Consejo cumple la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto ante el juez de la Unión un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la persona sujeta a una medida de congelación de sus fondos y el régimen combatido (sentencia de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, apartados 50 y 52). Además, es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra la persona afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos. Si bien no se exige que dicha autoridad presente ante el juez de la Unión todos los datos y pruebas inherentes a los motivos expuestos, es preciso, sin embargo, que los datos o pruebas presentados respalden los motivos invocados contra la persona afectada (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 121 y 122).

40

A este respecto, el Tribunal General se basó, en los apartados 103 a 105 y 107 de la sentencia recurrida, en elementos de pruebas para declarar, en el apartado 106 de dicha sentencia, que el recurrente, como segundo accionista del Bank Rossiya, calificado de banco personal del Sr. Putin y de los altos funcionarios de la Federación de Rusia, formaba parte de un «núcleo estable de accionistas mayoritarios conocidos por su proximidad con el Sr. Putin» y por sus vínculos de solidaridad, cuando menos, en lo que atañe al capital. En el apartado 106 de la sentencia recurrida, en relación con el apartado 110 de esta, el Tribunal General consideró que, en tal situación, respaldada por los elementos de prueba antes citados relativos, en particular, a la composición del accionariado y al volumen del capital de la sociedad en cuestión, no podía negarse la influencia muy importante del recurrente en la toma de decisiones de dicho banco, escapando tal apreciación de los hechos, como se ha recordado en el apartado 24 de la presente sentencia y habida cuenta de que el recurrente no alega ninguna desnaturalización, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

41

En cuanto al hecho de que el Tribunal General se abstuviera de comprobar si los diferentes accionistas actuaban de manera conjunta y ejercían de este modo colectivamente un control sobre la toma de decisiones del Bank Rossiya, procede considerar que este hecho carece de pertinencia, en la medida en que el Tribunal General estimó, en esencia, que, a falta de cualquier elemento que acreditara un distanciamiento por su parte, el recurrente, habida cuenta de las circunstancias específicas recordadas en el apartado 34 de la presente sentencia, aportó necesariamente su apoyo a las decisiones del Bank Rossiya dirigidas a conceder apoyo financiero a los políticos rusos. En cualquier caso, dicho hecho se desprende implícita pero necesariamente de que, como indicó el Tribunal General en los apartados 103 a 106 y 111 de la sentencia recurrida a la luz de varios elementos de prueba, el accionariado mayoritario de ese banco, compuesto por el recurrente y otras tres personas, era estable y sus miembros mantenían vínculos de amistad o de solidaridad tanto entre ellos como con el Sr. Putin. Por tanto, no puede reprocharse al Tribunal General haber razonado mediante presunción a este respecto.

42

Por otra parte, dado que el recurrente, en su recurso de casación, no impugna los apartados 70 a 87 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General confirmó la fuerza probatoria de los elementos de prueba en los que se basó en los apartados 99 a 107 de dicha sentencia, procede desestimar la alegación del recurrente basada en que el Tribunal General infringió las normas en materia de carga y práctica de la prueba.

43

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el primer motivo de casación por infundado.

Segundo motivo de casación

Alegaciones de las partes

44

En el marco de su segundo motivo de casación, el recurrente considera que, al declarar que existía un apoyo, en el sentido del criterio a), por el mero hecho de su actitud pasiva frente a la política seguida por el Bank Rossiya en Crimea, el Tribunal General interpretó, en los apartados 118 y 120 de la sentencia recurrida, el concepto de apoyo de manera incompatible con la jurisprudencia recordada en el apartado 117 de dicha sentencia y, por tanto, incurrió en un error de Derecho.

45

En efecto, a su entender, aun suponiendo que pueda entenderse que el Bank Rossiya había incurrido en un comportamiento por el que dicho banco podía ser considerado responsable de acciones o políticas que menoscaban la integridad territorial de Ucrania, en el sentido del criterio a), este razonamiento no puede extrapolarse sin más al recurrente para aplicarle ese criterio. En particular, a su juicio, el hecho de incluir, en el ámbito de aplicación de dicho criterio, a personas que no apoyan, mediante un acto positivo y concreto, las acciones y políticas llevadas a cabo no permite caracterizar un apoyo concreto y acreditar un vínculo suficiente entre la persona designada y la situación combatida. En cualquier caso, según el recurrente, el concepto de acción o de actividad, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 117 de la sentencia recurrida, no puede englobar una actitud de pasividad o una abstención como la tomada en consideración por el Tribunal General en el apartado 120 de dicha sentencia.

46

De este modo, en opinión del recurrente, el Tribunal General validó una interpretación demasiado amplia del criterio a) que no permite adoptar medidas restrictivas selectivas y, por tanto, proporcionadas y adecuadas.

47

El Consejo rebate las alegaciones del recurrente, señalando al mismo tiempo que, en la medida en que este pretende cuestionar elementos de hecho sin invocar ninguna desnaturalización, las alegaciones de dicho recurrente deberían declararse inadmisibles en esa medida, por razones idénticas a las expuestas en el apartado 23 de la presente sentencia.

Apreciación del Tribunal de Justicia

48

Dado que, como se desprende del apartado 36 de la presente sentencia, el fallo de la sentencia recurrida debe considerarse fundado en la medida en que los actos controvertidos adoptaron y mantuvieron medidas restrictivas contra el recurrente debido a que este apoya financieramente a los políticos rusos, en el sentido del criterio d), un error del Tribunal General en cuanto al fundamento relativo al apoyo del recurrente a acciones o políticas a las que se refiere el criterio a), suponiéndolo acreditado, no puede dar lugar a la anulación de dicho fallo, de modo que, sin que sea necesario pronunciarse sobre el motivo de inadmisibilidad invocado por el Consejo, el segundo motivo de casación debe desestimarse por inoperante (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de junio de 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» y otros/Comisión, C‑71/09 P, C‑73/09 P y C‑76/09 P, EU:C:2011:368, apartado 65 y jurisprudencia citada).

49

De lo anterior se desprende que procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.

Costas

50

En virtud de lo dispuesto en el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

51

Al haber solicitado el Consejo la condena en costas del recurrente y al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por este, procede condenarle en costas.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar en costas al Sr. Gennady Nikolayevich Timchenko.