–

en nombre de N. T., por el Sr. M. de Abgaro Zachariasiewicz, radca prawny;

–

en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. S. Żyrek, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. M. Chicu, E. Gane y L. Ghiţă, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Hottiaux y el Sr. W. Wils, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 69, apartado 2, y 71, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107; corrección de errores en DO 2019, L 243, p. 9).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento iniciado por N. T., residente en Polonia, a raíz del fallecimiento de su hermana, K. T., nacional polaca y alemana que tenía su residencia habitual en Bélgica, contra la negativa de BNP Paribas Fortis SA/NV (en lo sucesivo, «BNP»), un banco con domicilio social en Bélgica, a desbloquear los activos depositados en una cuenta bancaria abierta por K. T. en dicho banco, a pesar de la presentación por N. T. de un certificado sucesorio europeo en el que se la designaba como única heredera.

3

El considerando 70 del Reglamento n.o 650/2012 tiene el siguiente tenor:

«El certificado [sucesorio europeo] se debe expedir en el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes en virtud del presente Reglamento. Debe corresponder a cada Estado miembro determinar en su legislación interna qué autoridades serán competentes para expedir el certificado, ya sean tribunales tal como se definen a efectos del presente Reglamento, ya sean otras autoridades con competencias en asuntos sucesorios como, por ejemplo, los notarios. […]».

4

El artículo 5 del Reglamento n.o 650/2012, que lleva por título «Elección del foro», dispone lo siguiente en su apartado 1:

«Cuando la ley elegida por el causante para regir su sucesión con arreglo al artículo 22 sea la ley de un Estado miembro, las partes interesadas podrán acordar que un tribunal o los tribunales de dicho Estado miembro tengan competencia exclusiva para resolver cualquier cuestión sucesoria.»

5

El capítulo VI del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Certificado sucesorio europeo», comprende los artículos 62 a 73 de dicho Reglamento.

6

El artículo 64 del referido Reglamento, titulado «Competencia para expedir el certificado», dispone:

«[…] La autoridad expedidora deberá ser:

7

El artículo 66 del citado Reglamento, titulado «Examen de la solicitud», establece, en su apartado 5, lo siguiente:

«A los efectos del presente artículo, las autoridades competentes de los Estados miembros facilitarán a la autoridad emisora del certificado de otro Estado miembro, cuando esta lo solicite, la información contenida, en particular, en los Registros de la propiedad inmobiliaria, en los Registros Civiles y en los Registros de últimas voluntades o de otros hechos relevantes para la sucesión o para el régimen económico matrimonial o equivalente del causante, cuando dichas autoridades competentes estén autorizadas en virtud de su legislación nacional a facilitar dicha información a otras autoridades nacionales.»

8

El artículo 67 del mencionado Reglamento, titulado «Expedición del certificado», dispone en su apartado 1, letra a):

«La autoridad emisora expedirá sin demora el certificado de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente capítulo una vez que los extremos que vayan a ser certificados hayan sido acreditados con arreglo a la ley aplicable a la sucesión o en virtud de cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. […]

La autoridad emisora no expedirá el certificado, en particular:

[…]».

9

El artículo 69 del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Efectos del certificado», establece en sus apartados 1 y 2:

«1.   El certificado surtirá sus efectos en todos los Estados miembros sin necesidad de ningún procedimiento especial.

2.   Se presumirá que el certificado prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Se presumirá que la persona que figure en el certificado como heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador de la herencia tiene la cualidad indicada en él o es titular de los derechos o de las facultades que se expresen sin más condiciones o limitaciones que las mencionadas en el certificado.»

10

El artículo 71 del mismo Reglamento, titulado «Rectificación, modificación o anulación del certificado», dispone en su apartado 2:

«La autoridad emisora deberá modificar o anular el certificado, a petición de toda persona que demuestre tener un interés legítimo o, si ello es posible en virtud del Derecho nacional, de oficio, cuando se haya acreditado que el certificado o extremos concretos del mismo no responden a la realidad.»

11

El artículo 72 del citado Reglamento, titulado «Vías de recurso», establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2:

«1.   […]

Toda persona que demuestre tener un interés legítimo podrá recurrir las decisiones tomadas por la autoridad emisora en virtud de artículo 71 […].

El recurso se interpondrá ante un órgano judicial del Estado miembro de la autoridad emisora, de conformidad con la ley de dicho Estado.

2.   Si, como consecuencia del recurso contemplado en el apartado 1, resulta acreditado que el certificado expedido no responde a la realidad, el órgano judicial competente rectificará, modificará o anulará el certificado, o garantizará que la autoridad emisora lo rectifique, modifique o anule.

[…]»

12

El artículo 79 de la ustawa Prawo o notariacie (Ley relativa al Código Notarial), de 14 de febrero de 1991 (Dz. U. n.o 22, posición 91), en su versión aplicable al asunto principal (en lo sucesivo, «Código Notarial»), dispone:

«El notario llevará a cabo las operaciones siguientes:

[…]

[…]»

13

El artículo 83 de ese Código prevé, en su apartado 1:

«El interesado podrá interponer recurso contra la negativa a formalizar un documento notarial en el plazo de una semana a partir de la notificación de los motivos de la denegación, y si el interesado no ha solicitado la notificación de los motivos de la denegación dentro del plazo establecido, a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la denegación, ante un tribunal regional competente en función del lugar de la sede de la notaría que se niegue a formalizar el documento notarial. El recurso se interpondrá a través del referido notario.»

14

El artículo 89 del citado Código dispone, en su apartado 1:

«Las partes de un documento notarial responderán solidariamente de la remuneración adeudada al notario. […]»

15

El artículo 95t del mismo Código establece:

«El notario hará constar en el protocolo la expedición, rectificación, modificación o anulación del certificado sucesorio europeo o la suspensión de sus efectos, así como la negativa a realizar dichos actos. […]»

16

El artículo 95u del Código Notarial prescribe, en su apartado 1:

«El notario notificará de oficio un extracto del protocolo relativo a la expedición o a la denegación de expedición del certificado sucesorio europeo, junto con indicaciones relativas a las vías de recurso disponibles. El notario expondrá los motivos de estos actos en el plazo de una semana, a petición de la persona que participa en el documento notarial formulada en el plazo de una semana a partir de la fecha de notificación del extracto del protocolo, o si la persona que participa en el documento notarial que no ha formulado tal solicitud ha interpuesto recurso dentro del plazo legal.»

17

El artículo 95v de este Código tiene el siguiente tenor:

«Cuando se acredite la existencia de un motivo, como el previsto en el [Reglamento n.o 650/2012], para modificar o anular el certificado sucesorio europeo, el notario también podrá modificarlo o anularlo de oficio.»

18

A tenor del artículo 95w de dicho Código:

«El notario notificará de oficio un extracto del protocolo relativo a la rectificación, modificación o anulación del certificado sucesorio europeo o a la suspensión de sus efectos, así como a la negativa a realizar dichos actos, junto con indicaciones relativas a los recursos disponibles. El artículo 95u, [apartado] 1, segunda frase, se aplicará mutatis mutandis. El notario también notificará de oficio una copia del protocolo que incluya dichos actos a todas las personas a las que se hayan expedido copias auténticas del certificado sucesorio europeo.»

19

El artículo 95x del mismo Código preceptúa, en su apartado 1:

«Podrá interponerse recurso contra un documento notarial relativo a la expedición, rectificación, modificación, anulación o suspensión de los efectos de un certificado sucesorio europeo. El artículo 83 se aplicará mutatis mutandis.»

20

El artículo 10a del rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Reglamento del Ministro de Justicia relativo a las Tarifas Máximas de los Gastos de Notaría), de 28 de junio de 2004 (Dz. U. de 2004, n.o 148, posición 1564) establece, en su apartado 2a:

«Para los documentos notariales relativos al certificado sucesorio europeo, con exclusión de los documentos contemplados en los apartados 2b y 2c y en el apartado 12, la tarifa máxima será, por regla general, de 400 [eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 100 euros)].»

21

K. T., que tenía la doble nacionalidad polaca y alemana y residía habitualmente en Bélgica, falleció el 6 de febrero de 2023 en Polonia. Estaba soltera y no tenía hijos. Su familia más próxima estaba compuesta por sus padres y su hermana N. T., que residían en Polonia. Antes de su fallecimiento, K. T. redactó, ante un notario polaco, un testamento en el que indicó que la ley polaca era la ley aplicable y designó a su hermana N. T. como única heredera.

22

El 22 de febrero de 2023, se abrió y se leyó ese testamento ante el zastępca notarialny zastępujący notariusza Justynę Gawlicę w Krapkowicach (Notario Sustituto de la Notaria de Krapkowice Justyna Gawlica, Polonia; en lo sucesivo, «Notario Sustituto»), en presencia de N. T. y de los padres de K. T. Los padres de K. T. y de N. T. celebraron un acuerdo acerca de la elección del foro, con arreglo al artículo 5 del Reglamento n.o 650/2012. Al término de ese procedimiento, se expidió un certificado sucesorio que designaba a N. T. como única heredera, acompañado de una certificación conforme al formulario II, previsto y anexo al Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1329/2014 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2014, por el que se establecen los formularios mencionados en el Reglamento n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2014, L 359, p. 30). En esta certificación, el Notario Sustituto precisó los efectos del certificado sucesorio expedido, en particular su carácter jurídicamente vinculante, y recordó la calificación de órgano jurisdiccional resultante de la sentencia de 23 de mayo de 2019, WB (C‑658/17, EU:C:2019:444).

23

La herencia incluía, entre otras cosas, unos fondos depositados en una cuenta bancaria abierta en BNP. Este último se negó a reconocer a N. T. como única heredera de K. T. y le solicitó que presentara un certificado sucesorio europeo.

24

A pesar de la expedición, el 5 de julio de 2023, por el Notario Sustituto, de tal certificado, en el que se designaba a N. T. como única heredera, BNP reiteró su negativa a reconocerla como única heredera de K. T. y exigió que presentara un certificado sucesorio expedido por un notario belga (verklaring van erfrecht).

25

El 18 de septiembre de 2023, el Notario Sustituto se dirigió a N. T. y a BNP, recordándoles la situación jurídica resultante de la celebración del acuerdo de elección de foro y de la expedición del certificado sucesorio europeo. El Notario Sustituto informó a BNP de la posibilidad, sobre la base del artículo 71, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012, de solicitar la anulación o la modificación del certificado sucesorio europeo incorrecto o irregular y precisó que, en cualquier caso, tal certificado seguía siendo vinculante mientras no se anulara o modificara.

26

El 3 de noviembre de 2023, el Notario Sustituto inició de oficio el procedimiento de anulación o modificación del certificado sucesorio europeo controvertido, llamando, como partes, a N. T., a sus padres y a BNP. Les concedió un plazo para presentar la información y los documentos que pudieran demostrar la existencia de una posible irregularidad de dicho certificado. Asimismo, informó a esas partes de que el inicio de ese procedimiento generaría gastos procesales, como una tasa notarial y gastos de notificación y de traducción.

27

El Notario Sustituto indica que, de conformidad con el artículo 71, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012, el legislador polaco impuso al notario, como autoridad emisora del certificado sucesorio europeo, la obligación legal de modificar o anular el certificado expedido, incluso de oficio, cuando no responde a la realidad. Precisa que, por lo tanto, el notario debe velar por la exactitud del certificado sucesorio europeo expedido y aclarar, en caso de duda, de oficio o a instancia de las partes interesadas, la cuestión de su exactitud mediante una investigación adecuada. Añade que, por lo tanto, en el marco de ese procedimiento, corresponde al Notario Sustituto no solo comprobar la exactitud del contenido del certificado sucesorio europeo controvertido en el litigio principal, sino también resolver el litigio principal, lo que implica que este debe pronunciarse sobre la conformidad del contenido de dicho certificado con la situación jurídica real.

28

El Notario Sustituto considera que, a estos efectos, debe determinar las circunstancias pertinentes del litigio principal, basándose, en particular, en el procedimiento prejudicial y en las disposiciones del Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») (DO 2020, L 405, p. 40).

29

Así, según el Notario Sustituto, en el marco del procedimiento de anulación o de modificación de un certificado sucesorio europeo, la autoridad emisora ejerce funciones jurisdiccionales, extremo que, en su opinión, corrobora el sistema del Reglamento n.o 650/2012.

30

A este respecto, el Notario Sustituto indica que, mediante el artículo 66, apartado 5, de dicho Reglamento, el legislador de la Unión consideró necesario establecer una vía procesal para la obtención de pruebas en otros Estados miembros, destinada en gran parte a las autoridades emisoras no judiciales. Añade que la previsión de esa vía procesal está vinculada al hecho de que, con arreglo al artículo 67, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 650/2012, la autoridad emisora no tiene competencia para resolver litigios y, por tanto, no está facultada para recurrir a los instrumentos de cooperación judicial en materia civil destinados a los órganos jurisdiccionales. No obstante, aduce que la situación cambia radicalmente una vez que el certificado ha sido expedido, cuando la autoridad emisora, en virtud del artículo 71 de dicho Reglamento, debe proceder a la anulación o a la modificación del certificado sucesorio de que se trate. Señala que, por lo tanto, dicha autoridad puede recurrir a esos instrumentos en el marco del procedimiento de anulación o de modificación de un certificado sucesorio europeo, lo que explica por qué el legislador, en el artículo 71 del Reglamento n.o 650/2012, no ha introducido una norma similar a la prevista en el artículo 66, apartado 5, de ese Reglamento. Estos elementos llevan al Notario Sustituto a concluir que dicha autoridad ejerce funciones jurisdiccionales y puede plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

31

No obstante, habida cuenta de la sentencia de 23 de mayo de 2019, WB (C‑658/17, EU:C:2019:444), y del auto de 1 de septiembre de 2021, OKR (Cuestión prejudicial planteada por un notario adjunto) (C‑387/20, EU:C:2021:751), el Notario Sustituto se pregunta, en primer lugar, si, en las circunstancias del litigio principal, está facultado para plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

32

De ser así, el Notario Sustituto se pregunta, en segundo lugar, si es posible, en virtud del Derecho nacional, que BNP se haga cargo de los gastos de notaría correspondientes al procedimiento de anulación o de modificación del certificado sucesorio europeo cuando este no ha participado en el procedimiento de expedición de dicho certificado ni ha solicitado la anulación o la modificación de tal certificado, pero ha impugnado los efectos del certificado que se le ha presentado, lo que ha llevado a la autoridad emisora a incoar de oficio un procedimiento de anulación o de modificación de dicho certificado.

33

Según el Notario Sustituto, de conformidad con el Derecho polaco aplicable, en particular el Código Notarial y el Reglamento del Ministro de Justicia relativo a las Tarifas Máximas de los Gastos de Notaría, y respetando los límites generales derivados del Derecho de la Unión, cada parte en ese procedimiento debe cargar con los gastos de notaría correspondientes a este. En las circunstancias del presente asunto, BNP debería, en su opinión, ser incluido entre las partes en el citado procedimiento.

34

En tercer lugar, el Notario Sustituto pretende que se dilucide si el artículo 69, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012 autoriza a un banco al que se presenta una copia certificada válida de un certificado sucesorio europeo a no reconocer la condición de heredero de la persona designada en dicho documento.

35

En estas circunstancias, el Notario Sustituto decidió plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

36

Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2024, el procedimiento en el presente asunto quedó suspendido hasta el pronunciamiento de la sentencia de 23 de enero de 2025, Albausy (C‑187/23, EU:C:2025:34).

37

Mediante escrito de 28 de enero de 2025, la Secretaría del Tribunal de Justicia comunicó dicha sentencia al Notario Sustituto y le instó a indicar si, a la luz de la referida sentencia, deseaba mantener su petición de decisión prejudicial.

38

En su respuesta de 20 de febrero de 2025, el Notario Sustituto informó al Tribunal de Justicia de que deseaba mantener su petición de decisión prejudicial en la medida en que dicha sentencia, relativa al procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo, no tiene, en su opinión, incidencia alguna en el objeto y el desarrollo del presente procedimiento, en el que debe resolver un litigio que tiene por objeto el reconocimiento del certificado sucesorio europeo, lo que le confiere el carácter de «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE.

39

En virtud del artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando una petición de decisión prejudicial sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.

40

En el presente asunto, procede aplicar esa disposición.

41

Según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir (sentencia de 7 de mayo de 2024, NADA y otros, C‑115/22, EU:C:2024:384, apartado 33 y jurisprudencia citada).

42

Resulta de lo anterior que, para poder someter una cuestión al Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento prejudicial, el organismo remitente debe tener el carácter de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, extremo que corresponde al Tribunal de Justicia comprobar sobre la base de la petición de decisión prejudicial (sentencia de 7 de mayo de 2024, NADA y otros, C‑115/22, EU:C:2024:384, apartado 34 y jurisprudencia citada).

43

Para dilucidar si un organismo remitente tiene el carácter de «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE, cuestión que depende únicamente del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta un conjunto de factores, como son el origen legal del organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte de dicho organismo de normas jurídicas y su independencia (véanse las sentencias de 30 de junio de 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, apartado 395; de 3 de mayo de 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, apartado 41, y de 7 de mayo de 2024, NADA y otros, C‑115/22, EU:C:2024:384, apartado 35).

44

Además, de reiterada jurisprudencia se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales solo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter judicial (sentencia de 23 de enero de 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, apartado 30 y jurisprudencia citada).

45

Para determinar si un organismo nacional al que la ley atribuya funciones de diversa naturaleza debe ser calificado de «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE, es necesario examinar cuál es la naturaleza específica de las funciones, jurisdiccionales o administrativas, que ejerce en el contexto normativo específico en el que decide pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie, a fin de verificar si está pendiente un litigio ante tal organismo y si este debe adoptar su resolución en un procedimiento que concluya con una resolución judicial [véanse, en este sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2017, Margarit Panicello, C‑503/15, EU:C:2017:126, apartado 28, y los autos de 1 de septiembre de 2021, OKR (Cuestión prejudicial planteada por un notario adjunto), C‑387/20, EU:C:2021:751, apartado 23, y de 19 de mayo de 2022, Frontera Capital, C‑722/21, EU:C:2022:412, apartado 13].

46

En esas circunstancias, procede recordar, con carácter preliminar, que el sistema establecido por el Reglamento n.o 650/2012 se basa en la premisa de que el certificado sucesorio europeo se expide con arreglo al procedimiento establecido en el capítulo VI de dicho Reglamento cuando los extremos que han de certificarse han sido acreditados en virtud de la ley aplicable a la sucesión.

47

Por otra parte, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento n.o 650/2012, interpretado a la luz de su considerando 70, la expedición de tal certificado puede encomendarse a un órgano jurisdiccional o a autoridades distintas de los tribunales que, en virtud del Derecho nacional, sean competentes para sustanciar sucesiones mortis causa, como los notarios.

48

De la resolución de remisión se desprende que, en virtud del Derecho polaco, tanto los órganos jurisdiccionales como los notarios pueden considerarse autoridades competentes para expedir un certificado sucesorio europeo. Más concretamente, el Código Notarial establece en su artículo 79, punto 1b), que el notario adoptará medidas relativas al certificado sucesorio europeo.

49

En el marco de la expedición de ese certificado, tal como se prevé en el artículo 67, apartado 1, del Reglamento n.o 650/2012, y con el fin de preservar la confianza de los ciudadanos en el certificado sucesorio europeo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la autoridad emisora no puede expedir un certificado de ese tipo cuyos extremos no respondan a la realidad y que, en caso de oposición a los extremos que deben certificarse, dicha autoridad, que no dispone de la facultad de resolverla, está obligada a denegar la expedición del certificado sucesorio europeo solicitado, denegación que puede ser objeto del recurso previsto en el artículo 72 de ese Reglamento ante la autoridad judicial competente para resolver tal oposición (véase, en ese sentido, la sentencia de 23 de enero de 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, apartados 43, 44, 64 y 65). De ello el Tribunal de Justicia infiere que, cuando adoptó, como autoridad emisora del certificado sucesorio europeo, decisiones en aplicación del artículo 67, apartado 1, del citado Reglamento, el organismo remitente no ejercía ninguna función jurisdiccional y, por tanto, no estaba facultado para someter un asunto al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE (véase, en ese sentido, la sentencia de 23 de enero de 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, apartado 66).

50

Por consiguiente, habida cuenta de la jurisprudencia mencionada en los apartados 43 a 45 y 49 del presente auto, procede comprobar si la naturaleza de las funciones ejercidas por la autoridad emisora, en este caso el Notario Sustituto, en el marco del procedimiento de anulación o de modificación del certificado sucesorio europeo previsto en el artículo 71, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012 y en cuyo contexto planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, es diferente de las funciones que ejerce tal autoridad cuando expide dicho certificado.

51

A este respecto, procede recordar que para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 23 de enero de 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, apartado 39).

52

A tenor del artículo 71, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012, la autoridad emisora modificará o anulará el certificado sucesorio europeo, a petición de toda persona que demuestre tener un interés legítimo o, si ello es posible en virtud del Derecho nacional, de oficio, cuando se haya acreditado que dicho certificado o extremos concretos del mismo no responden a la realidad.

53

A este respecto, es preciso señalar que del tenor del artículo 71, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012 no se desprende que sea la autoridad emisora la que, para anular o modificar un certificado sucesorio europeo, deba acreditar que ese certificado o extremos del mismo difieren de la realidad.

54

En efecto, procede señalar, como hace la Comisión Europea, que, en esta disposición, el verbo «acreditar» se utiliza de forma pasiva o impersonal en varias versiones lingüísticas, como en lengua española («se haya acreditado»), en lengua alemana («wenn feststeht»), en lengua estonia («on kindlaks tehtud»), en lengua inglesa («it has been established»), en lengua francesa («lorsqu’il a été établi»), en lengua italiana («sia stato accertato»), en lengua finesa («jos on todettu») o en lengua sueca («om det har fastställts»).

55

Esa interpretación se ve también corroborada por el artículo 72, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012, con arreglo al cual «si, como consecuencia del recurso contemplado en el apartado 1, resulta acreditado que el certificado expedido no responde a la realidad, el órgano judicial competente rectificará, modificará o anulará el certificado, o garantizará que la autoridad emisora lo rectifique, modifique o anule». Así pues, solo la autoridad judicial a que se refiere esta disposición puede determinar los derechos sucesorios o los extremos impugnados en el certificado sucesorio europeo tras haber realizado un examen completo del fondo del asunto. Por lo tanto, la autoridad emisora de dicho certificado solo está facultada, en su caso de oficio, para modificar o anular el certificado que haya expedido anteriormente si, con carácter previo, la autoridad judicial competente ha establecido qué extremos de ese certificado no responden a la realidad y ella misma no los ha rectificado, modificado o anulado.

56

En estas circunstancias, procede considerar que la autoridad emisora, en este caso el Notario Sustituto, no está facultado para determinar los extremos impugnados del certificado sucesorio europeo que ha expedido anteriormente.

57

Ciertamente, el procedimiento de anulación o de modificación del certificado sucesorio europeo es específico y autónomo respecto del procedimiento de expedición del certificado sucesorio europeo previsto en el artículo 67 del Reglamento n.o 650/2012.

58

No obstante, como han señalado el Notario Sustituto, N. T. y el Gobierno rumano, este procedimiento está previsto en el capítulo VI de ese Reglamento, relativo al certificado sucesorio europeo, y constituye, por tanto, una etapa posterior y complementaria a la expedición de ese certificado que ha sido prevista por el legislador de la Unión para garantizar los objetivos perseguidos por dicho Reglamento.

59

Así pues, las disposiciones que figuran en ese capítulo, relativas al certificado sucesorio europeo, incluidas las que se refieren al procedimiento de anulación o modificación de ese certificado, no confieren a las autoridades nacionales facultadas para expedir dicho certificado la competencia para resolver posibles controversias y para determinar, en caso de impugnación, los derechos y obligaciones de las personas candidatas o interesadas en la sucesión.

60

De ello se deduce que, en el caso de autos, al modificar o anular un certificado sucesorio europeo, el Notario Sustituto no ha de resolver un litigio en el que deba dictar una resolución de carácter judicial, de modo que no ejerce funciones jurisdiccionales respecto de los herederos y legatarios que tengan derechos directos en la sucesión ni, a fortiori, de los terceros interesados, como un banco en el que la causante tenía una cuenta.

61

A la vista de todas las consideraciones anteriores, el Notario Sustituto no puede ser calificado de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.

62

Por consiguiente, con arreglo al artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta de la presente petición de decisión prejudicial.

63

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el organismo remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) decide:

La petición de decisión prejudicial planteada por el zastępca notarialny zastępujący notariusza Justynę Gawlicę w Krapkowicachla (Notario Sustituto de la Notaria de Krapkowice Justyna Gawlica, Polonia), mediante resolución de 16 de marzo de 2024, es manifiestamente inadmisible.