1973L0239 — ES — 10.12.2005 — 016.001

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PRIMERA DIRECTIVA DEL CONSEJO

de 24 de julio de 1973

sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio

(73/239/CEE)

Título I —

Disposiciones generales

▼M2

Artículo 1

1.  La presente Directiva se aplicará al acceso a la actividad no asalariada del seguro directo, incluida la actividad de asistencia contemplada en el apartado 2, practicada por las empresas establecidas en el territorio de un Estado miembro o que deseen establecerse en él, así como al ejercicio de dicha actividad.

2.  La actividad de asistencia se refiere a la asistencia prestada a las personas que se encuentren en dificultades durante desplazamientos o ausencias de su domicilio o de su lugar de residencia permanente. Consiste en asumir, mediante pago previo de una prima, el compromiso de poner inmediatamente una ayuda a disposición del beneficiario del correspondiente contrato de asistencia cuando éste se encuentre en dificultades a consecuencia de un seceso fortuito, en los casos y condiciones previstos en el propio contrato.

La ayuda podrá consistir en prestaciones en dinero o en especie. Las prestaciones en especie podrán efectuarse asimismo utilizando personal o material propios del prestador de las mismas.

La actividad de asistencia no cubrirá los servicios de reparación o de mantenimiento, los servicios postventa ni la simple indicación o puesta a disposición, en calidad de intermediario, de una ayuda.

3.  La clasificación por ramos de las actividades contempladas en el presente artículo se indica en el Anexo.

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Artículo 2

La presente Directiva no se aplicará a:

▼M2

▼B

Artículo 3

▼M10

1.  La presente Directiva no se aplicará a las mutuas que cumplan todas las condiciones siguientes:

La presente Directiva no se aplicará a las empresas aseguradoras que cumplan todas las condiciones siguientes:

No obstante, las disposiciones del presente artículo no impedirán que una mutua de seguros solicite una autorización, o siga manteniéndola, con arreglo a la presente Directiva.

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2.  No se aplicará tampoco a las mutuas que hayan concertado con una ompresa de la misma naturaleza un acuerdo sobre el reaseguro íntegro de los contratos de seguro que hayan suscrito o la sustitución de la empresa cesionaria por la empresa cedente para la ejecución de los compromisos resultantes de los citados contratos.

En tal caso, quedará sometida a la Directiva la empresa cesionaria.

Artículo 4

La Directiva no se aplicará, salvo modificación de sus estatutos en lo que se refiere a la competencia:

▼M2

▼A2

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Artículo 5

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

▼M1

▼B

▼M5

▼B

Título II —

Reglas aplicables a las empresas cuyo domicilio social se encuentre dentro de la Comunidad

Sección A:

Condiciones de acceso

▼M7

Artículo 6

El acceso a la actividad de seguro directo estará supeditado a la concesión de una autorización administrativa previa.

Esta autorización será solicitada a las autoridades del Estado miembro de origen, por:

Artículo 7

1.  La autorización será válida en toda la Comunidad. Permitirá a la empresa ejercer en ella actividades, en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.

2.  La autorización se concederá por ramos. Abarcará el ramo completo, salvo que el solicitante sólo desee cubrir una parte de los riesgos correspondientes a dicho ramo, tal como se detallan en el punto A del Anexo.

No obstante:

Artículo 8

1.  El Estado miembro de origen exigirá que las empresas de seguros que soliciten autorización:

▼M9

▼M8

Además, cuando existan vínculos estrechos entre la empresa de seguro y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes concederán la autorización únicamente si dichos vínculos no obstaculizan el buen ejercicio de su misión de supervisión.

Las autoridades competentes también denegarán la autorización cuando el buen ejercicio de su misión de supervisión se vea obstaculizado por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas del derecho de un tercer país que regulen una o varias de las personas físicas o jurídicas con las que la entidad mantenga vínculos estrechos, o por problemas relacionados con su aplicación.

Las autoridades competentes exigirán a las empresas de seguros el suministro de la información que requieran para garantizar el cumplimiento permanente de las condiciones contempladas en el presente apartado.

1 bis.  Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros que su administración central esté situada en el mismo Estado miembro que su domicilio social.

▼M7

2.  La empresa que solicite autorización para extender sus actividades a otros ramos o para la ampliación de una autorización que abarque sólo una parte de los riesgos comprendidos en un ramo deberá presentar un programa de actividades de conformidad con el artículo 9.

Además, deberá aportar la prueba de que dispone del margen de solvencia establecido en el artículo 16 y, si para los otros ramos el apartado 2 del artículo 17 exige un fondo de garantía mínimo más elevado que el anterior, deberá demostrar que dispone de dicho mínimo.

3.  La presente Directiva no será obstáculo para que los Estados miembros mantengan o introduzcan disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que estipulen la aprobación de estatutos y la transmisión de todo documento necesario para el ejercicio normal del control.

No obstante, los Estados miembros no establecerán disposiciones que exijan la aprobación previa o la comunicación sistemática de las condiciones generales y especiales de las pólizas de seguro, de las tarifas y de los formularios u otros impresos que la empresa tenga previsto utilizar en sus relaciones con los tomadores de seguro.

Los Estados miembros sólo podrán mantener o introducir la notificación previa o la aprobación de los aumentos de tarifas propuestas, dentro de un sistema general de control de precios.

La presente Directiva tampoco será obstáculo para que los Estados miembros sometan a control a las empresas que soliciten o hayan obtenido la autorización para el ramo 18 del punto A del Anexo en lo que se refiere a los medios directos o indirectos de personal y material incluida la calificación de los equipos médicos y la calidad de los aparatos de que dispongan para hacer frente a los compromisos de dicho ramo.

4.  Las anteriores disposiciones no podrán establecer que la solicitud de autorización sea examinada en función de las necesidades económicas del mercado.

Artículo 9

El programa de actividades contemplado en la letra c) del apartado 1 del artículo 8 deberá contener indicaciones o justificaciones relativas a:

y, además, para los tres primeros ejercicios sociales

Artículo 10

1.  Toda empresa de seguros que se proponga establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro lo notificará a la autoridad competente del Estado miembro de origen.

2.  Los Estados miembros exigirán que la empresa de seguros que se proponga establecer una sucursal en otro Estado miembro presente, junto con la notificación a que se refiere el apartado 1, la siguiente información:

En caso en que la empresa se proponga que su sucursal cubra los riesgos clasificados en el ramo 10 del punto A del Anexo, sin incluir la responsabilidad del transportista, deberá declarar que se ha asociado a la oficina nacional y al fondo nacional de garantía del Estado miembro de la sucursal.

3.  A menos que, a la vista del correspondiente proyecto, la autoridad competente del Estado miembro de origen tenga razones para dudar de la idoneidad de las estructuras administrativas, de la situación financiera de la empresa de seguros, o de la honorabilidad y cualificación o experiencia profesional de los directivos responsables o del apoderado general, dicha autoridad comunicará la información contemplada en el apartado 2, en el plazo de tres meses, a partir de la fecha de recepción de dicha información, a la autoridad competente del Estado miembro de la sucursal, e informará de ello a la empresa de que se trate.

La autoridad competente del Estado miembro de origen certificará asimismo, que la empresa de seguros dispone del mínimo del margen de solvencia calculado con arreglo a lo dispuesto en los artículos 16 y 17.

Cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen se niegue a comunicar la información contemplada en el apartado 2 a la autoridad competente del Estado miembro de la sucursal, deberá poner en conocimiento de la correspondiente empresa, en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de toda la información, las razones de dicha negativa. Esta negativa, o la falta de respuesta, podrán dar lugar a un recurso ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen.

4.  Antes de que la sucursal de la empresa de seguros comience a ejercer sus actividades, la autoridad competente del Estado miembro de la sucursal dispondrá de un plazo de dos meses, a partir de la recepción de la comunicación contemplada en el apartado 3, para indicar a la autoridad competente del Estado miembro de origen, en su caso, las condiciones en las que, por razones de interés general, deberán ser ejercidas dichas actividades en el Estado miembro de la sucursal.

5.  A partir del momento en que se reciba la comunicación de la autoridad competente del Estado miembro de la sucursal, o en caso de silencio por parte de ésta, a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto en el apartado 4, podrá establecerse la sucursal y comenzar sus actividades.

6.  En caso de modificación del contenido de alguno de los datos notificados con arreglo a lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 2, la empresa de seguros notificará por escrito dicha modificación a las autoridades competentes del Estado miembro de origen y del Estado miembro de la sucursal, por lo menos un mes antes de efectuar la modificación, a fin de que la autoridad competente del Estado miembro de origen y la autoridad competente del Estado miembro de la sucursal puedan cumplir sus respectivos cometidos de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4.

▼M7 —————

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Artículo 12

Toda decisión denegatoria deberá ser motivada de forma precisa y notificada a la empresa interesada.

Cada Estado miembro preverá la posibilidad de un recurso judicial contra las decisiones denegatorias.

El mismo recurso se preverá para el caso de que las autoridades competentes no se hayan pronunciado sobre la solicitud de autorización una vez transcurrido un plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción.

▼M11

Artículo 12 bis

▼M13

1.  Se consultará a las autoridades competentes del otro Estado miembro interesado antes de conceder una autorización a una empresa de seguros de no vida que sea:

2.  La autoridad competente del Estado miembro interesado responsable de la supervisión de las entidades de crédito o empresas de inversión será consultada antes de que se conceda una autorización a una empresa de seguros de no vida que sea:

▼M11

3.  Las autoridades competentes pertinentes mencionadas en los apartados 1 y 2 se consultarán entre ellas, en especial, a la hora de evaluar la idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los directores que participen en la dirección de otra entidad del mismo grupo. Se facilitarán entre sí toda la información referente a la idoneidad de los accionistas y la reputación y experiencia de los directores que sea relevante para las demás autoridades competentes interesadas, para la concesión de una autorización, así como para la evaluación continua del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento.

▼B

Sección B:

Condiciones de ejercicio

▼M7

Artículo 13

1.  El control financiero de una empresa de seguros, incluido el control de las actividades que ejerza a través de sucursales y en régimen de prestación de servicios, será de la exclusiva competencia del Estado miembro de origen.

2.  El control financiero consistirá, en particular, en la comprobación, para el conjunto de actividadas de la empresa de seguros, del estado de solvencia y de la constitución de provisiones técnicas, así como de los activos que las representan con arreglo a las normas o a las prácticas establecidas en el Estado miembro de origen, en virtud de las disposiciones adoptadas a nivel comunitario.

Cuando se trate de empresas autorizadas para cubrir los riesgos clasificados bajo el ramo 18 de la Sección A del Anexo, el control se extenderá también a los medios técnicos de que dispongan las empresas para llevar a cabo las operaciones de asistencia que se hayan comprometido a efectuar, siempre que la legislación del Estado miembro de origen disponga dicho control.

▼M13

El Estado miembro de origen de la empresa de seguros no rechazará un contrato de reaseguro celebrado por la empresa de seguros con una empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro ( 6 ), o una empresa de seguros autorizada de conformidad con la presente Directiva o la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida ( 7 ), por motivos directamente relacionados con la solidez financiera de la empresa de reaseguros o la empresa de seguros.

▼M7

3.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán que las empresas de seguros dispongan de una buena organización administrativa y contable y de procedimientos de control interno adecuados.

Artículo 14

Los Estados miembros de la sucursal dispondrán que, cuando una empresa de seguros autorizada en otro Estado miembro ejerza su actividad a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tras haber informado previamente a las autoridades competentes del Estado miembro de la sucursal, puedan proceder, por sí mismas o por medio de personas a quienes hayan otorgado un mandato para ello, a la verificación in situ de la información necesaria para poder realizar el control financiero de la empresa. Las autoridades del Estado miembro de la sucursal podrán participar en dicha verificación.

Artículo 15

1.  El Estado miembro de origen impondrá a cada empresa de seguros la obligación de constituir provisiones técnicas suficientes para el conjunto de sus actividades.

La cuantía de dichas provisiones se determinará con arreglo a las normas fijadas en la Directiva 91/674/CEE.

▼M13

2.  El Estado miembro de origen deberá exigir a todas las empresas de seguros que cubran las provisiones técnicas y la reserva de estabilización a que se refiere el artículo 15 bis de la presente Directiva con activos congruentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 88/357/CEE. En cuanto a los riesgos situados dentro de la Comunidad, estos activos deberán localizarse en la Comunidad. Los Estados miembros no exigirán a las empresas de seguros que localicen sus activos en un Estado miembro concreto. Sin embargo, el Estado miembro de origen podrá permitir que se flexibilicen las normas relativas a la localización de los activos.

3.  Los Estados miembros no mantendrán ni introducirán, para establecer las provisiones técnicas, un sistema de provisión bruta que requiera la pignoración de activos para cubrir la provisión de primas no consumidas y de siniestros pendientes por el reasegurador, si éste es una empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2005/68/CE o una empresa de seguros autorizada de conformidad con la presente Directiva o la Directiva 2002/83/CE.

Si el Estado miembro de origen admitiere la representación de las provisiones técnicas por créditos frente a reaseguradores que no sean ni empresas de reaseguros autorizadas de conformidad con la Directiva 2005/68/CE, ni empresas de seguros autorizadas de conformidad con la presente Directiva o la Directiva 2002/83/CE, el Estado miembro de origen establecerá las condiciones para aceptar dichos créditos.

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Artículo 15 bis

1.  Los Estados miembros obligarán a las empresas de seguros cuyo domicilio social esté situado en su territorio que cubran riesgos incluidos en el ramo 14 del punto A del Anexo, en lo sucesivo denominado «seguro de crédito», a constituir una reserva de estabilización que servirá para compensar la pérdida técnica eventual o la tasa de siniestralidad superior a la media que aparezca en este ramo al final del ejercicio.

2.  La reserva de estabilización se calculará según las reglas fijadas por el Estado miembro de origen con arreglo a uno de los cuatro métodos que figuran en el punto D del Anexo y que se consideran equivalentes.

3.  Hasta los importes calculados con arreglo a los métodos que figuran en el punto D del Anexo, la reserva de estabilización no será imputable al margen de solvencia.

4.  Los Estados miembros podrán eximir de la obligación de constituir una reserva de estabilización en el ramo de seguros de crédito a las empresas de seguros cuyo domicilio social se encuentre en su territorio y cuyos ingresos de primas o de cuotas para este ramo sea inferior al 4 % de sus ingresos totales de primas o de cuotas y a 2 500 000 ecus.

▼M10

Artículo 16

1.  Cada Estado miembro obligará a toda empresa de seguros cuya sede social esté situada en su territorio a mantener en todo momento un margen de solvencia disponible suficiente con respecto al conjunto de sus actividades y que sea, como mínimo, igual a las exigencias de la presente Directiva.

2.  El margen de solvencia disponible estará constituido por el patrimonio de la empresa de seguros, libre de todo compromiso previsible, deducidos los elementos intangibles, y comprenderá:

▼M13

▼M10

Del margen de solvencia disponible se deducirán las acciones propias que posea directamente la empresa de seguros.

Para las empresas de seguros que descuenten o reduzcan sus provisiones técnicas para siniestros a fin de tener en cuenta la rentabilidad de las inversiones según lo permitido por la letra g) del apartado 1 del artículo 60 de la Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros ( 8 ), el margen de solvencia disponible se reducirá en la diferencia entre las provisiones técnicas no descontadas o las provisiones técnicas antes de las deducciones que figuren en la memoria integrante de las cuentas anuales, y las provisiones técnicas descontadas o las provisiones técnicas tras las deducciones. Este ajuste se efectuará para todos los riesgos enumerados en el punto A del anexo, a excepción de los riesgos de los ramos 1 y 2. Para los ramos distintos del 1 o el 2, no será necesario efectuar ajuste alguno con respecto al descuento de las prestaciones en forma de renta incluidas en las provisiones técnicas.

▼M13

Se deducirán también del margen de solvencia disponible los siguientes elementos:

▼M11

Cuando se tengan temporalmente acciones en otra entidad de crédito, entidad financiera, empresa de inversión, empresa de seguros o de reaseguros o sociedad de cartera de seguros, en el marco de una operación de asistencia financiera destinada al saneamiento y salvamento de dicha entidad, la autoridad competente podrá permitir excepciones a las disposiciones en materia de deducción contempladas en las letras a) y b) del cuarto párrafo.

Como alternativa a la deducción de los elementos contemplados en las letras a) y b) del cuarto párrafo que la empresa de seguros posea en entidades de crédito, empresas de inversión y entidades financieras, los Estados miembros podrán autorizar a sus empresas de seguros a aplicar, mutatis mutandis, los métodos 1, 2 o 3 del anexo I de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero ( 9 ). El método 1 («Consolidación contable») sólo se aplicará si la autoridad competente confía en el nivel de gestión integrada y de control interno de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la consolidación. El método que se elija deberá aplicarse posteriormente de forma coherente.

Los Estados miembros podrán disponer que, para calcular el margen de solvencia que establece la presente Directiva, las empresas de seguros sujetas a la supervisión adicional, con arreglo a la citada Directiva 98/78/CE o a la supervisión adicional con arreglo a la citada Directiva 2002/87/CE, podrán no deducir los elementos contemplados en las letras a) y b) del cuarto párrafo que posean en entidades de crédito, entidades financieras, empresas de inversión, empresas de seguros o de reaseguros o sociedades de cartera de seguros incluidas en el ámbito de la supervisión adicional.

A efectos de la deducción de participaciones contemplada en este apartado, el término «participación» se entenderá en el sentido de la letra f) del artículo 1 de la Directiva 98/78/CE.

▼M10

3.  El margen de solvencia disponible podrá estar constituido asimismo por:

4.  A petición debidamente justificada de la empresa ante la autoridad competente del Estado miembro de origen y con el acuerdo de dicha autoridad competente, el margen de solvencia disponible podrá estar constituido asimismo por:

5.  Las modificaciones de los apartados 2, 3 y 4, a fin de tener en cuenta la evolución que justifique un ajuste técnico de los elementos que pueden integrar el margen de solvencia disponible, se adoptarán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 2 de la Directiva 91/675/CEE del Consejo ( 10 ).

▼M10

Artículo 16 bis

1.  El margen de solvencia obligatorio se determinará con relación, bien al importe anual de las primas o cuotas, bien a la siniestralidad media de los tres últimos ejercicios sociales.

No obstante, cuando la empresa de seguros sólo cubra esencialmente uno o varios de los riesgos de crédito, tormenta, granizo o helada, se tendrán en cuenta, como período de referencia para el cálculo de la siniestralidad media, los siete últimos ejercicios.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, el importe del margen de solvencia obligatorio será igual al mayor de los dos resultados establecidos en los apartados 3 y 4.

3.  La base de primas se calculará empleando el valor de las primas o cuotas brutas devengadas según se especifica posteriormente, o bien, si es más elevado, de las primas o cuotas brutas imputadas en el ejercicio.

Las primas o cuotas correspondientes a los ramos 11, 12 y 13 enumerados en el punto A del anexo se aumentarán en un 50 %.

Se sumarán las primas o cuotas de las operaciones de seguro directo durante el último ejercicio, incluidos todos los recargos accesorios.

A esta suma se añadirá el importe de las primas aceptadas en cualquier tipo de reaseguro durante el último ejercicio.

De este total se restará el importe de las primas o cuotas anuladas durante el último ejercicio económico, así como el importe total de los impuestos y gravámenes correspondientes a las primas o cuotas incluidas en dicho total.

El importe así obtenido se dividirá en dos tramos, el primero de los cuales comprenderá hasta 50 millones de euros, y el segundo, el resto; se calcularán y se sumarán, el 18 y el 16 % de dichos tramos respectivamente.

▼M13

La suma así obtenida se multiplicará por la relación existente, para el conjunto de los tres últimos ejercicios, entre la siniestralidad a cargo de la empresa después de deducir la siniestralidad a cargo del reaseguro y el importe de la siniestralidad bruta; dicha relación no podrá ser en ningún caso inferior al 50 %. Previa solicitud y justificación por parte de la empresa de seguros a la autoridad competente del Estado miembro de origen y con la conformidad de dicha autoridad, podrán deducirse también con carácter de reaseguro los importes recuperables procedentes de las entidades con cometido especial contempladas en el artículo 46 de la Directiva 2005/68/CE.

▼M10

Con la aprobación de las autoridades competentes, podrán utilizarse métodos estadísticos para asignar las primas o cuotas correspondientes a los ramos 11, 12 y 13.

4.  La base de siniestros se calculará del siguiente modo, computando, en relación con los ramos 11, 12 y 13 enumerados en el punto A del anexo, los siniestros, provisiones y recobros aumentados en un 50 %.

Se acumularán (sin deducción de los siniestros a cargo de los reaseguradores y retrocesionarios) los importes de los siniestros pagados por las operaciones de seguro directo durante los períodos contemplados en el apartado 1.

A esta suma se añadirá el importe de los siniestros pagados derivados de aceptaciones en reaseguro o en retrocesión durante los mismos períodos y el importe de las provisiones para siniestros constituidas al final del último ejercicio, tanto con respecto a las operaciones de seguro directo como a las aceptaciones en reaseguro.

De este resultado se restarán los importes de los recobros habidos durante los períodos contemplados en el apartado 1.

Del resultado así obtenido se restará el importe de las provisiones para siniestros, constituidas al comienzo del segundo ejercicio anterior al último ejercicio cerrado, tanto con respecto a las operaciones de seguro directo como a las aceptaciones en reaseguro. Si el período de referencia establecido en el apartado 1 equivale a siete años, se deducirá el importe de las provisiones para siniestros, constituidas al comienzo del sexto ejercicio anterior al último ejercicio cerrado.

El tercio, o la séptima parte, del importe así obtenido, según cuál sea el período de referencia utilizado con arreglo al apartado 1, se dividirá en dos tramos, el primero de los cuales comprenderá hasta 35 millones de euros y el segundo, el resto; se calcularán y se sumarán, el 26 y el 23 % de dichos tramos respectivamente.

▼M13

La suma así obtenida se multiplicará por la relación existente, para el conjunto de los tres últimos ejercicios, entre la siniestralidad a cargo de la empresa después de deducir la siniestralidad a cargo del reaseguro y el importe de la siniestralidad bruta; dicha relación no podrá ser en ningún caso inferior al 50 %. Previa solicitud y justificación por parte de la empresa de seguros a la autoridad competente del Estado miembro de origen y con la conformidad de dicha autoridad, podrán deducirse también con carácter de reaseguro los importes recuperables procedentes de las entidades con cometido especial contempladas en el artículo 46 de la Directiva 2005/68/CE.

▼M10

Con la aprobación de las autoridades competentes, podrán utilizarse métodos estadísticos para asignar los siniestros, provisiones y recobros correspondientes a los ramos 11, 12 y 13. En el caso de los riesgos incluidos en el ramo 18 del punto A del anexo, el importe de los siniestros pagados empleado para calcular la base de los siniestros será el coste resultante para la empresa de seguros de la asistencia efectuada. Dicho coste se calculará de acuerdo con las disposiciones nacionales del Estado miembro de origen.

5.  Si el margen de solvencia obligatorio calculado con arreglo a los apartados 2, 3 y 4 es inferior al margen de solvencia obligatorio del año precedente, el margen de solvencia obligatorio será por lo menos igual al del año precedente multiplicado por el coeficiente que resulte de dividir las provisiones técnicas para siniestros al final del último ejercicio económico entre las provisiones técnicas para siniestros al comienzo del último ejercicio. En estos cálculos las provisiones técnicas se computarán netas de reaseguro, y el citado coeficiente no podrá ser en ningún caso superior a uno.

6.  Los porcentajes aplicables a los tramos mencionados en el sexto párrafo del apartado 3 y en el sexto párrafo del apartado 4 se reducirán a un tercio en el caso del seguro de enfermedad gestionado según una técnica similar a la del seguro de vida, cuando:

▼M10

Artículo 17

1.  El fondo de garantía estará constituido por un tercio del margen de solvencia obligatorio regulado en el artículo 16 bis. Dicho fondo estará constituido por los elementos enumerados en los apartados 2 y 3 del artículo 16 y, con el acuerdo de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, por el elemento incluido en la letra c) del apartado 4 del artículo 16.

2.  El fondo de garantía no podrá ser inferior a 2 millones de euros. Sin embargo, en caso de que la entidad aseguradora cubra todos o parte de los riesgos incluidos en uno de los ramos 10 al 15 enumerados en el punto A del anexo, el fondo de garantía mínimo será de 3 millones de euros.

Cada Estado miembro podrá prever la reducción de un cuarto del mínimo del fondo de garantía en el caso de mutuas y sociedades mutuas.

▼M10

Artículo 17 bis

1.  Las cantidades en euros establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo 16 bis y en el apartado 2 del artículo 17 serán objeto de una revisión anual que se iniciará el 20 de septiembre de 2003, a fin de tener en cuenta los cambios en el índice europeo de precios al consumo europeo referido a todos los Estados miembros, con arreglo a lo publicado por Eurostat.

Las cantidades se adaptarán automáticamente aumentando su importe inicial en euros en el cambio porcentual de dicho índice durante el período transcurrido entre la entrada en vigor de la presente Directiva y la fecha de revisión, redondeado hasta un múltiplo de 100 000 euros.

Si el cambio porcentual desde la última actualización es inferior al 5 % no se efectuará actualización alguna.

2.  La Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo acerca de la revisión y de las cantidades actualizadas según lo contemplado en el apartado 1.

▼M13

Artículo 17 ter

1.  Cada Estado miembro exigirá a la empresa de seguros cuya administración central esté situada en su territorio y que lleve a cabo actividades de reaseguro que establezca, con respecto al conjunto de sus operaciones, un fondo mínimo de garantía de conformidad con el artículo 40 de la Directiva 2005/68/CE, cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

2.  Cada Estado miembro podrá optar por aplicar a la empresa de seguros contemplada en el presente artículo, apartado 1, y cuya administración central esté situada en su territorio, lo dispuesto en el artículo 34 de la Directiva 2005/68/CE para sus actividades de aceptación en reaseguro, cuando se cumpla una de las condiciones establecidas en dicho apartado 1.

En ese caso, el Estado miembro en cuestión exigirá que todos los activos empleados por la empresa de seguros para cubrir las provisiones técnicas correspondientes a sus aceptaciones en reaseguro se delimiten, gestionen y organicen independientemente de las actividades de seguro directo de la empresa de seguros, sin que quepa posibilidad alguna de transferencia. En este caso, y únicamente en lo que respecta a sus actividades de aceptación en reaseguro, las empresas de seguros no se regirán por lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Directiva 92/49/CEE ( 11 ) y en el anexo I de la Directiva 88/357/CEE.

Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes comprueben la separación contemplada en el párrafo segundo.

3.  Si la Comisión decide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, letra c), de la Directiva 2005/68/CE, elevar los importes utilizados para calcular el margen de solvencia obligatorio contemplado en el artículo 37, apartados 3 y 4, de dicha Directiva, los Estados miembros de origen aplicarán a las empresas de seguros a que se refiere el presente artículo, apartado 1, lo dispuesto en los artículos 35 al 39 de dicha Directiva para sus actividades de aceptación en reaseguro.

▼M7

Artículo 18

1.  Los Estados miembros no establecerán regla alguna en lo que se refiere a la elección de los activos que superen aquellos que representen las provisiones técnicas contempladas en el artículo 15.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15, los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 20, y el párrafo último del apartado 1 del artículo 22, los Estados miembros no restringirán la libre disposición de los activos mobiliarios o inmobiliarios que formen parte del patrimonio de las empresas de seguros autorizadas.

3.  Los apartados 1 y 2 no constituirán un obstáculo para las medidas que los Estados miembros, al mismo tiempo que salvaguardan los intereses de los asegurados, estén autorizados a adoptar en su calidad de propietarios o socios de las empresas en cuestión.

▼M2

Artículo 19

1.  Cada Estado miembro impondrá a las empresas que tengan su sede social en su territorio la obligación de rendir cuentas anualmente, para todas sus operaciones, de su situación financiera, de su solvencia y, en lo que se refiere a la cobertura de los riesgos clasificados en el número 18 del punto A del Anexo, de los demás medios de que dispongan para cumplir sus compromisos, en la medida en que la legislación prevea el control de dichos medios.

▼M3

1 bis.  En lo que se refiere al seguro de crédito, la empresa deberá tener a la disposición de la autoridad de control, los estados de cuentas indicativos y los resultados técnicos y las provisiones técnicas relativos a esta actividad.

▼M7

2.  Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros, que tengan su domicilio social en su territorio, la presentación periódica de los documentos que sean necesarios para ejercer el control, así como de los documentos estadísticos. Las autoridades competentes se comunicarán los documentos e informaciones útiles para el ejercicio del control.

3.  Cada Estado miembro adoptará todas las disposiciones oportunas para que las autoridades competentes dispongan de los poderes y de los medios necesarios para la vigilancia de las actividades de las empresas de seguros cuyo domicilio social se halle en su territorio, incluidas las actividades ejercidas fuera de dicho territorio, de conformidad con las directivas del Consejo relativas a tales actividades y con miras a la aplicación de éstas.

Dichos poderes y medios deberán en particular proporcionar a las autoridades competentes la posibilidad:

Los Estados miembros también podrán prever la posibilidad de que las autoridades competentes obtengan cualquier información relativa a los contratos que obren en poder de los intermediarios.

Artículo 20

1.  Si una empresa no se ajustare a las disposiciones del artículo 15, la autoridad competente del Estado miembro de origen de la empresa podrá prohibir la libre disposición de los activos, una vez haya informado de su intención a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que estén localizados los riesgos.

2.  Para restablecer la situación financiera de una empresa cuyo margen de solvencia no alcance el mínimo prescrito en ►M10  el artículo 16 bis  ◄ , la autoridad competente del Estado miembro de origen exigirá un plan de saneamiento, que deberá ser sometido a su aprobación.

En circunstancias excepcionales, si la autoridad competente considera que la posición financiera de la empresa va a seguir deteriorándose, podrá tembién restringir o prohibir la libre disposición de los activos de la empresa. Informará a las autoridades de los demás Estados miembros en cuyo territorio la empresa ejerza su actividad de toda medida adoptada y estas, a petición de la primera autoridad, adoptarán las mismas medidas que las que haya adoptado.

3.  Si el margen de solvencia no alcanzase el fondo de garantía mínimo definido en el artículo 17, la autoridad competente del Estado miembro de origen exigirá a la empresa un plan de financiación a corto plazo, que deberá ser sometido a su aprobación.

Podrá, además, restringir o prohibir la libre disposición de los activos de la empresa. Informará de ello a las autoridades de los Estados miembros en cuyo territorio la empresa ejerza alguna actividad, las cuales, a instancia suya, adoptarán idénticas medidas.

4.  En los supuestos previstos en los apartados 1, 2 y 3, las autoridades competentes podrán adoptar, asimismo, cualquier otra medida apropiada para salvaguardar los intereses de los asegurados.

5.  Cada Estado miembro adoptará las disposiciones necesarias para poder prohibir, de conformidad con su derecho nacional, la libre disposición de los activos localizados en su territorio, a petición, en los casos previstos en los apartados 1, 2 y 3, del Estado miembro de origen de la empresa, que deberá designar los activos que deban ser objeto de estas medidas.

▼M10

Artículo 20 bis

1.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para exigir un plan de recuperación financiera a aquellas empresas de seguros en las que, a juicio de las autoridades competentes, estén amenazados los derechos de los asegurados. El plan de recuperación financiera deberá, por lo menos, contener indicaciones o justificaciones correspondientes a los próximos tres ejercicios, relativas a:

2.  En los casos en que los derechos de los asegurados estén amenazados debido al deterioro de la situación financiera de la empresa, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para obligar a las empresas de seguros a tener un margen de solvencia obligatorio más alto, a fin de garantizar que la empresa de seguros pueda cumplir en un futuro próximo los requisitos de solvencia. El nivel de este margen de solvencia obligatorio más elevado se basará en el plan de recuperación financiera contemplado en el apartado 1.

3.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para revisar a la baja todos los elementos que pueden integrar el margen de solvencia disponible, en particular cuando se haya producido un cambio significativo en el valor de mercado de estos elementos desde el fin del ejercicio anterior.

▼M13

4.  Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes estén facultadas para disminuir la reducción, basada en el reaseguro, del margen de solvencia determinado de conformidad con el artículo 16 bis cuando:

▼M10

5.  En caso de que las autoridades competentes hayan requerido un plan de recuperación financiera a la empresa de seguros con arreglo al apartado 1, se abstendrán de emitir el certificado a que se refiere el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 10 de la presente Directiva, la letra a) del apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 88/357/CEE del Consejo ( 12 ) (segunda Directiva de seguros distintos del de vida) y el apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 92/49/CEE del Consejo ( 13 ) (tercera Directiva de seguros distintos del de vida) en tanto consideren que los derechos de los asegurados están amenazados en el sentido del apartado 1.

▼B

Artículo 21

1.  Cada Estado miembro autorizará a las empresas autorizadas a transferir toda o parte de su cartera de contratos si el cesionario tuviere, incluyendo la transferencia, el margen de solvencia necesario.

Las autoridades de control interesadas se consultarán antes de autorizar dicha transferencia.

2.  Una vez admitida por la autoridad de control competente, dicha transferencia podrá oponerse de pleno derecho a los tomadores de seguro afectados.

Sección C:

Retirada de la autorización

▼M7

Artículo 22

1.  La autorización concedida a la empresa de seguros por la autoridad competente del Estado miembro de origen podrá ser revocada por esta autoridad cuando la empresa:

En caso de revocación o de caducidad de la autorización, la autoridad competente del Estado miembro de origen informará a las autoridades competentes de los restantes Estados miembros, que adoptarán las medidas oportunas para impedir que la empresa inicie nuevas operaciones en su territorio, en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre, prestación de servicios. Asimismo, en colaboración con las mencionadas autoridades, la autoridad competente del Estado miembro de origen adoptará las medidas que resulten oportunas para salvaguardar los intereses de los asegurados y, en particular, restringirá la libre disposición de los activos de la empresa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, apartado 2, párrafo segundo o apartado 3, párrafo segundo.

2.  Toda dedisión de revocar una autorización deberá motivarse de una manera precisa y notificarse a la empresa interesada.

▼M6

Título III A—

Normas aplicables a las agencias o sucursales establecidas en la Comunidad dependientes de empresas cuya sede social esté situada fuera de la Comunidad

▼B

Artículo 23

1.  Cada Estado miembro supeditará a la obtención de una autorización administrativa el acceso en su territorio a la actividad contemplada en el artículo 1, para cada empresa que tenga su sede social fuera de la Comunidad.

2.  El Estado miembro podrá conceder la autorización cuando la empresa cumpla, por lo menos, las condiciones siguientes:

▼M9

▼B

Artículo 24

Los Estados miembros obligarán a las empresas a constituir reservas técnicas suficientes correspondientes a los compromisos suscritos en su territorio; velarán por que la contrapartida de dichas reservas técnicas sea constituida por la agencia o sucursal en forma de activos equivalentes y, en la medida establecida por cada Estado, congruentes.

Para el cálculo de las reservas técnicas, la determinación de la categoría de inversión y la evaluación de los activos, se aplicará la legislación de los Estados miembros.

El Estado miembro interesado exigirá que los activos que forman la contrapartida de las reservas técnicas estén localizados en su territorio. No obstante, se aplicará lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15.

Artículo 25

1.  Cada Estado miembro obligará a las agencias o sucursales creadas en su territorio a disponer de un margen de solvencia constituido por activos libres de todo compromiso previsible, previa deducción de los elementos intagibles. El margen se calculará con arreglo al apartado 3 del artículo 16. No obstante, para el cálculo de dicho margen solo se tendrán en consideración las primas o cuotas y los siniestros resultantes de las operaciones realizadas por la agencia o sucursal.

2.  El fondo de garantía estará constituido por la tercera parte del margen de solvencia. Dicho fondo de garantía no podrá ser inferior a la mitad del mínimo previsto en el apartado 2 del artículo 17. Se considerará incluida en el mismo la fianza inicial depositada con arreglo a la letra e) del apartado 2 del artículo 23.

3.  Los activos que representen el margen de solvencia deberán estar localizados en el Estado de explotación hasta el límite del fondo de garantía y, en lo que se refiere al resto, en la Comunidad.

▼M2

Artículo 26

1.  Las empresas que hayan solicitado u obtenido la autorización de varios Estados miembros podrán solicitar las ventajas siguientes, que sólo podrán concederse conjuntamente;

2.  La solicitud de benefició de las ventajas previstas en el apartado 1 se presentará ante las autoridades competentes de todos los Estados miembros a los que la empresa afectada haya solicitado o de los que haya obtenido autorización. En la solicitud procede indicar la autoridad que estará encargada de comprobar en el futuro la solvencia de las agencias o sucursales establecidas dentro de la Comunidad, para el conjunto de sus operaciones. La elección de autoridad hecha por la empresa deberá ser motivada. La fianza se prestará en el Estado miembro correspondiente.

3.  Las ventajas previstas en el apartado 1 únicamente podrán concederse con el acuerdo de las autoridades competentes de todos los Estados miembros ante los que se haya presentado la solicitud. Surtirán efecto en la fecha en que la autoridad de control elegida se comprometa, ante las otras autoridades de control, a comprobar la solvencia de las agencias o sucursales establecidas en el interior de la Comunidad, para el conjunto de sus operaciones.

La autoridad de control elegida obtendrá de los otros Estados miembros las informaciones necesarias para comprobar la solvencia global de las agencias y sucursales establecidas en su territorio.

4.  Por iniciativa de uno o varios de los Estados miembros afectados, las ventajas concedidas en virtud del presente artículo serán suprimidas simultáneamente por el conjunto de los Estados miembros afectados.

▼B

Artículo 27

Los artículos 19 y 20 serán asimismo aplicables a las agencias y sucursales de las empresas contempladas en el presente Título.

▼M2

A los efectos de la aplicación del artículo 20 en el caso de una empresa que se beneficie de las ventajas previstas en el apartado 1 del artículo 26, la autoridad encargada de comprobar la solvencia de las agencias o sucursales establecidas en el interior de la Comunidad para el conjunto de sus operaciones será equiparada a la autoridad del Estado en cuyo territorio se encuentre la sede social de la empresa comunitaria.

▼B

Artículo 28

En el caso de retirada de la autorización por la autoridad contemplado en el apartado 2 del artículo 26, la citada autoridad informará de ello a las autoridades de control de los otros Estados miembros en los que la empresa ejerza su actividad, las cuales adoptarán las medidas apropiadas. Si la decisión de retirada fuere motivada por insuficiencia de la solvencia global, tal como se hubiere fijado en el acuerdo mencionado en el artículo 26, los Estados miembros que sean partes del mismo procederán asimismo a retirar su autorización.

▼M7

Artículo 28 bis

1.  En las condiciones establecidas por el derecho nacional, cada Estado miembro autorizará a las agencias y sucursales establecidas en su territorio y a las que se hace mención en el presente título, a transferir la totalidad o una parte de su cartera de contratos a un cesionario establecido en el mismo Estado miembro, si las autoridades competentes de dicho Estado miembro, o en su caso, las del Estado miembro a que hace referencia el artículo 26, certifican que el cesionario tiene, habida cuenta de la transferencia, el margen de solvencia necesario.

2.  En las condiciones establecidas por el derecho nacional, cada Estado miembro autorizará a las agencias o sucursales establecidas en su territorio y a las que se hace mención en el presente título, a transferir la totalidad o una parte de su cartera de contratos a una empresa de seguros con domicilio social en otro Estado miembro, si las autoridades competentes de dicho Estado miembro certifican que el cesionario tiene, habida cuenta de la transferencia, el margen de solvencia necesario.

3.  Si un Estado miembro autoriza, en las condiciones establecidas por el derecho nacional, a las agencias y sucursales establecidas en su territorio y a las que se hace mención en el presente título, a transferir la totalidad o una parte de su cartera de contratos a una agencia o sucursal mencionada en el presente título y creada en el territorio de otro Estado miembro, se asegurará de que las autoridades competentes del Estado miembro del cesionario, o, en su caso, las del Estado miembro mencionado en el artículo 26, certifiquen que el cesionario tiene, habida cuenta de la transferencia, el margen de solvencia necesario, de que la ley del Estado miembro del cesionario dispone la posibilidad de dicha transferencia y de que el Estado en cuestión aprueba la transferencia.

4.  En los casos mencionados en los apartados 1, 2 y 3, el Estado miembro en el que esté situada la agencia o la sucursal cedente autorizará la transferencia después de haber recibido la aprobación de las autoridades competentes del Estado miembro del riesgo, cuando éste no sea el Estado miembro en el que está situada la agencia o sucursal cedente.

5.  Las autoridades competentes de los Estados miembros consultados comunicarán su dictamen o su acuerdo a las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la empresa de seguros cedente, dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la consulta. En caso de silencio por parte de las autoridades consultadas, dicho silencio equivaldrá, una vez transcurrido el plazo mencionado, a un dictamen favorable o a un acuerdo tácito.

6.  La transferencia autorizada con arreglo al presente artículo será objeto, en el Estado miembro donde se sitúa el riesgo, de una medida de publicidad en las condiciones establecidas por el derecho nacional. Dicha transferencia es oponible de pleno derecho a los tomadores de seguro, a los asegurados y a toda persona que tenga derechos u obligaciones derivados de los contratos transferidos.

Esta disposición no afectará al derecho de los Estados miembros a establecer la facultad, para los tomadores de seguro, de rescindir el contrato en un plazo determinado a partir de la transferencia.

▼B

Artículo 29

En los acuerdos celebrados con arreglo al Tratado con uno o varios terceros países, la Comunidad podrá decidir la aplicación de disposiciones diferentes de las previstas en el presente Título para garantizar, en condiciones de reciprocidad, una protección suficiente de los asegurados de los Estados miembros.

▼M6

Título III B —

Normas aplicables a las filiales de empresas matrices sometidas al derecho de un país tercero y a las adquisiciones de participación por parte de tales empresas matrices

▼M12

Artículo 29 bis

1.  Las autoridades competentes de los Estados miembros informarán a la Comisión, así como a las autoridades competentes de los restantes Estados miembros:

2.  Cuando se conceda la autorización indicada en el apartado 1, letra a), a una filial directa o indirecta de una o varias empresas matrices sujetas al Derecho de un tercer país, deberá especificarse la estructura del grupo en la notificación que las autoridades competentes dirijan a la Comisión.

▼M6

Artículo 29 ter

1.  Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificultades de carácter general que encuentren sus compañías de seguros para establecerse o desarrollar sus actividades en un país tercero.

2.  La Comisión elaborará por primera vez seis meses antes de la puesta en aplicación de la presente Directiva a más tardar, y posteriormente de forma periódica, un informe en que se examine el trato concedido en los países terceros a las compañías de seguros de la Comunidad, tal como dicho trato se entiende en los apartados 3 y 4 siguientes, en lo que se refiere al establecimiento y ejercicio de actividades de seguros, así como a la adquisición de participaciones en compañías de seguros de países terceros. La Comisión presentará dichos informes al Consejo acompañados, en su caso, de propuestas adecuadas.

3.  Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 2 o en otras informaciones, la Comisión comprueba que un país tercero no concede a las compañías comunitarias un acceso efectivo al mercado comparable al que la Comunidad ofrece a las compañías de seguros de dicho país tercero, podrá presentar al Consejo propuestas para que se le otorgue un mandato de negociación adecuado para obtener condiciones de competencia comparables para las compañías de seguros comunitarias. El Consejo decidirá por mayoría cualificada.

4.  Si, basándose en los informes mencionados en el apartado 2 o en otras informaciones, la Comisión comprueba que las compañías de seguros de la Comunidad no reciben en un país tercero un trato «nacional», que ofrezca las mismas posibilidades de competencia que a las compañías de seguros nacionales y que no se cumplen las condiciones de acceso efectivo al mercado, podrá iniciar negociaciones con vistas a solucionar tal situación.

▼M12

En los supuestos del párrafo primero, como complemento al inicio de negociaciones, también podrá decidirse, en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE  ( 14 ) en cumplimiento del artículo 7, apartado 3, y del artículo 8 de la misma, que las autoridades competentes de los Estados miembros deben limitar o suspender sus decisiones relativas a:

▼M6

La vigencia de las medidas citadas no podrá ser superior a tres meses.

Antes de que venza dicho plazo de tres meses y a la vista de los resultados de la negociación, el Consejo podrá decidir por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, que continúen aplicándose las citadas medidas.

Dicha limitación o suspensión no podrá aplicarse a la creación de filiales por compañías de seguros o por sus filiales debidamente autorizadas en la Comunidad, ni a la adquisición de participaciones por tales compañías o filiales en una compañía de seguros de la Comunidad.

5.  Cuando la Comisión tenga constancia de alguna de las situaciones a que se refieren los apartados 3 y 4, los Estados miembros le informarán, a petición suya:

Dejará de ser obligatorio que se facilite esa información tan pronto como se celebre un acuerdo con el país tercero contemplado en el apartado 3 o en el apartado 4 o cuando dejen de ser aplicables las medidas contempladas en los párrafos segundo y tercero del apartado 4.

6.  Las medidas que se adopten en virtud del presente artículo deberán ajustarse a las obligaciones contraídas por la Comunidad con arreglo a cualquier acuerdo internacional, tanto bilateral como multilateral, que regule el acceso a la actividad de las compañías de seguros y su ejercicio.

▼B

Título IV —

Disposiciones transitorias y diversas

Artículo 30

1.  Los Estados miembros concederán a las empresas contempladas en el Título II y que, en el momento de la entrada en vigor de las medidas de ejecución de la Directiva, actúen en su territorio en uno o varios ramos contemplados en el artículo 1 un plazo de cinco años, a partir de la notificación de la Directiva, para cumplir las condiciones de los artículos 16 y 17.

2.  Además, los Estados miembros:

3.  Las empresas que deseen ampliar sus actividades con arreglo al apartado 2 del artículo 8 o al artículo 10 sólo podrán hacerlo si cumplen de inmediato las normas de la Directiva. No obstante, las empresas contempladas en la letra b) del apartado 2 y que, dentro del territorio nacional, amplíen sus actividades a otros ramos o a otras partes de dicho territorio, podrán ser dispensadas, durante un plazo de diez años a partir de la notificación de la Directiva, de la obligación de constituir el fondo mínimo de garantía contemplado en el apartado 2 del artículo 17.

4.  Las empresas que tengan una forma jurídica distinta de las indicadas en el artículo 8 podrán continuar ejerciendo, durante tres años a partir de la notificación de la Directiva, su actividad actual bajo la forma jurídica que tengan en el momento de dicha notificación. Las empresas creadas en el Reino Unido «by Royal Charter» o «by private Act» o «by special public Act» podrán proseguir sus actividades bajo su forma jurídica actual sin limitación de tiempo.

Las empresas que, en Bélgica, practiquen, con arreglo a su objeto social, préstamos hipotecarios por intervención, o efectúen operaciones de ahorro con arreglo al punto 4 del artículo 15 de las disposiciones sobre control de las cajas de ahorro privadas, coordinadas por Real Decreto de 23 de junio de 1967, podrán proseguir sus actividades durante tres años a partir de la notificación de la Directiva.

Los Estados miembros interesados redactarán una lista de dichas empresas y la comunicarán a los otros Estados miembros y a la Comisión.

5.  A instancia de las empresas que cumplan las obligaciones establecidas en los artículos 15, 16 y 17, los Estados miembros suprimirán las medidas restrictivas, tales como hipotecas, depósitos o fianzas, constituidas en virtud de la regulación actual.

Artículo 31

Los Estados miembros concederán a las agencias y sucursales contempladas en el Título III y que, en el momento de la entrada en vigor de las medidas de ejecución de la Directiva, actúen en uno o varios ramos contemplados en el artículo 1 y no amplíen su actividad con arreglo al apartado 2 del artículo 10, un plazo máximo de cinco años a partir de la notificación de la Directiva para cumplir las condiciones del artículo 25.

Artículo 32

Durante un período que finalizará con la entrada en vigor de una acuerdo celebrado con arreglo al artículo 29 entre el tercer país de que se trate y, a más tardar, transcurrido un plazo de cuatro años desde la notificación de la Directiva, cada Estado miembro podrá mantener, en favor de las empresas de dicho país establecidas en su territorio, el régimen aplicado a las mismas el 1 de enero de 1973 en lo que se refiere a la congruencia y a la localización de las reservas técnicas, siempre que informe de ello a los otros Estados miembros y a la Comisión, y que no se superen los límites de flexibilización concedidos, en virtud del apartado 2 del artículo 15, a las empresas de Estados miembros establecidas en su territorio.

Título V —

Disposiciones finales

Artículo 33

La Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros colaborarán estrechamente para facilitar el control del seguro directo dentro de la Comunidad y para examinar las dificultades que pudieran surgir en la aplicación de la Directiva.

Artículo 34

1.  La Comisión someterá a la consideración del Consejo, en un plazo de seis años a partir de la notificación de la Directiva, un informe relativo a la incidencia que las exigencias financieras establecidas por la misma tengan sobre la situación de los mercados de seguros de los Estados miembros.

2.  En caso necesario, la Comisión someterá a la consideración del Consejo informes interinos antes del fin del periodo transitorio previsto en el apartado 1 del artículo 30.

Artículo 35

Los Estados miembros modificarán sus disposiciones nacionales con arreglo a la Directiva en un plazo de dieciocho meses a partir de su notificación e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Las disposiciones así modificadas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 30, 31 y 32, serán aplicables en un plazo de treinta meses a partir de dicha notificación.

Artículo 36

A partir de la notificación de la presente Directiva, los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de orden legal, reglamentario o administrativo que adopten en el ámbito regulado por la misma.

Artículo 37

El Anexo es parte integrante de la presente Directiva.

Artículo 38

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

ANEXO

A.   Clasificación de los riesgos por ramos

1.   Accidentes (comprendidos los accidentes laborales y las enfermedades profesionales)

2.   Enfermedad

3.   Vehículos terrestres (no ferroviarios)

Todo daño sufrido por:

4.   Vehículos ferroviarios

Todo daño sufrido por los vehículos ferroviarios.

5.   Vehículos aéreos

Todo daño sufrido por los vehículos aéreos.

6.   Vehículos marítimos, lacustres y fluviales

Todo daño sufrido por:

7.   Mercancías transportadas (comprendidas las mercancías, equipajes y demás bienes)

Todo daño sufrido por las mercancías transportadas o equipajes, sea cual fuere el medio de transporte.

8.   Incendio y elementos naturales

Todo daño sufrido por los bienes (distintos de los comprendidos en los ramos 3, 4, 5, 6 y 7) causado por:

9.   Otros daños a los bienes

Todo daño sufrido por los bienes (distintos de los comprendidos en los ramos 3, 4, 5, 6 y 7) causado por el granizo o la helada, así como por cualquier suceso, como el robo, distinto de los incluidos en el número 8.

10.   Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles

Toda responsabilidad resultante del empleo de vehículos terrestres automóviles (comprendida la responsabilidad del transportista).

11.   Responsabilidad civil en vehículos aéreos

Toda responsabilidad resultante del empleo de vehículos aéreos (comprendida la responsabilidad del transportista).

12.   Responsabilidad civil de vehículos marítimos, lacustres y fluviales

Toda responsabilidad resultante del empleo de vehículos fluviales, lacustres y marítimos (comprendida la responsabilidad del transportista).

13.   Responsabilidad civil general

Toda responsabilidad distinta de las mencionadas en los números 10, 11 y 12.

14.   Crédito

15.   Caución

16.   Pérdidas pecuniarias diversas

17.   Defensa jurídica

Defensa jurídica

▼M2

18.   Asistencia

Asistencia a las personas que se encuentren en dificultades durante desplazamientos o ausencias de su domicilio o de su lugar de residencia permanente.

▼B

Los riesgos comprendidos en un ramo no podrán ser clasificados en otro ramo, salvo en los casos contemplados en el punto C.

B.   Denominación de la autorización concedida simultáneamente para varios ramos

Cuando la autorización se refiera a la vez:

C.   Riesgos accesorios

La empresa que obtenga una autorización para un riesgo principal perteneciente a un ramo o a un grupo de ramos podrá asimismo cubrir los riesgos comprendidos en otro ramo sin necesidad de obtener autorización para los mismos, cuando éstos:

▼M4

No obstante, los riesgos comprendidos en los ramos 14, 15 y 17 contemplados en el punto A no podrán ser considerados accesorios de otros ramos.

Sin embargo, el riesgo comprendido en el ramo 17 (seguro de defensa jurídica) podrá ser considerado como riesgo accesorio del ramo 18 cuando se cumplan las condiciones mencionadas en el párrafo primero y el riesgo principal sólo se refiera a la asistencia facilitada a las personas en dificultades con motivo de desplazamientos o de ausencias del domicilio o del lugar de residencia permanente.

El seguro de defensa jurídica podrá asimismo considerarse como riesgo accesorio en las condiciones mencionadas en el párrafo primero cuando se refiera a litigios o riesgos que resulten de la utilización de embarcaciones marítimas o que estén relacionados con dicha utilización.

▼M3

D.   Métodos de cálculo de la reserva de estabilización en el ramo de seguro de crédito

Método no 1

Método no 2

Método no 3

Método no 4

( 1 ) DO no 2 de 15. 1. 1962, p. 36/62.

( 2 ) DO no C 27 de 28. 3. 1968, p. 15.

( 3 ) DO no 158 de 18. 7. 1967, p. 1.

( 4 ) DO no L 327 de 19. 12. 1975, p. 4.

( 5 ) DO no L 193 de 18. 7. 1983, p. 1.

( 6 ) DO L 323 de 9.12.2005, p. 1.

( 7 ) DO L 345 de 19.12.2002, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE (DO L 79 de 24.3.2005, p. 9).

( 8 ) DO L 374 de 31.12.1991, p. 7.

( 9 ) DO L 35 de 11.2.2003.

( 10 ) DO L 374 de 31.12.1991, p. 32.

( 11 ) Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228 de 11.8.1992, p. 1). Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/1/CE.

( 12 ) DO L 172 de 4.7.1988, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 181 de 20.7.2000, p. 65).

( 13 ) DO L 228 de 11.8.1992, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 290 de 17.11.2000, p. 27.)

( 14 ) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.