(1)

De conformidad con el artículo 45, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1169/2011, el 5 de marzo de 2020 las autoridades rumanas notificaron a la Comisión un proyecto reglamentario relativo a un requisito de etiquetado adicional, con arreglo al artículo 39, apartado 1, de dicho Reglamento, que obligaría a los agentes económicos a informar a los consumidores sobre el tratamiento de superficie con plaguicidas de las frutas y hortalizas (en lo sucesivo, «proyecto reglamentario»).

(2)

El Reglamento (UE) n.o 1169/2011 establece los principios generales, los requisitos y las responsabilidades que rigen la información alimentaria y, en particular, el etiquetado de los alimentos. A este respecto, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 enumeran todas las indicaciones que deben mencionarse en los alimentos, de conformidad con los artículos 10 a 35 de dicho Reglamento y salvo las excepciones previstas.

(3)

El artículo 39, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 establece que, además de las indicaciones obligatorias contempladas en el artículo 9, apartado 1, y en el artículo 10, de dicho Reglamento, los Estados miembros pueden adoptar, de conformidad con el procedimiento establecido en su artículo 45, medidas que exijan menciones obligatorias adicionales para tipos o categorías específicos de alimentos, cuando esté justificado por motivos de protección de la salud pública, protección de los consumidores, prevención del fraude o protección de los derechos de propiedad industrial y comercial, las indicaciones de procedencia o las denominaciones de origen registradas, así como de prevención de la competencia desleal.

(4)

Al establecer medidas nacionales que exigen informar a los consumidores sobre el tratamiento de superficie con plaguicidas posterior a la cosecha de las frutas y hortalizas, el proyecto reglamentario establece indicaciones obligatorias adicionales para determinadas categorías de alimentos en el sentido del artículo 39, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1169/2011. Por consiguiente, es necesario examinar su compatibilidad con los requisitos citados de dicho Reglamento y con las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(5)

El artículo 1 del proyecto reglamentario establece las condiciones que deben cumplir los operadores económicos para garantizar que se informe a los consumidores de manera correcta, completa y precisa sobre el tratamiento de superficie con plaguicidas de las frutas y hortalizas.

(6)

El artículo 2 establece que los agentes económicos están obligados a informar a los consumidores, mediante un etiquetado claramente visible, de que las frutas y hortalizas que se comercializan han sido tratadas en superficie con plaguicidas, y a facilitar información clara sobre el modo correcto de manipular o utilizar los productos, indicando, en caso necesario, que debe evitarse el consumo de su piel.

(7)

El artículo 3 del proyecto reglamentario dispone que los operadores deben dar tal información reproduciendo un texto establecido en su anexo directamente junto a las frutas y hortalizas, en el mostrador del local donde se comercializan. El anexo exige que figuren las advertencias «Estos productos han sido tratados en superficie con el plaguicida … (el operador debe indicar el nombre del plaguicida)» y «Debe evitarse consumir la piel de estos productos», así como una indicación sobre las condiciones de manipulación o de uso que debe completar el operador económico.

(8)

A raíz de una solicitud de aclaración de la Comisión mediante carta de 6 de febrero de 2020, las autoridades rumanas aclararon, en su carta de 5 de marzo de 2020, que el proyecto reglamentario se refiere a la presencia de plaguicidas en la superficie de frutas y hortalizas puestas a la venta en caso de que los operadores apliquen un tratamiento de superficie con plaguicidas posterior a la cosecha para preservar su frescura.

(9)

El Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece normas que regulan los productos fitosanitarios y las sustancias activas contenidas en ellos. De conformidad con el artículo 28 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, los productos fitosanitarios, incluidos los destinados al tratamiento de superficie posterior a la cosecha, solo pueden comercializarse y utilizarse si han sido autorizados en los Estados miembros. En este contexto, están sujetos a una evaluación exhaustiva de la seguridad, con vistas a garantizar, entre otras cosas, la protección de la salud humana, que incluye la seguridad de los consumidores. El uso de productos fitosanitarios debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 55 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(10)

Con el fin de garantizar la seguridad de los alimentos que hayan sido sometidos a tratamiento con productos fitosanitarios, el nivel de residuos de plaguicidas en dichos productos, incluidas las frutas y hortalizas, no puede superar los límites máximos de residuos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Otro principio del Reglamento (CE) n.o 396/2005 es que los límites máximos de residuos no deben fijarse a niveles superiores a los necesarios con arreglo a las buenas prácticas agrícolas, en otros términos, los LMR no deben ser más altos de lo necesario para luchar contra una plaga determinada, y que deben ser seguros para los consumidores.

(11)

De conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), no deben comercializarse alimentos que no sean seguros.

(12)

Con arreglo al Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), los Estados miembros tienen la obligación de adoptar medidas de ejecución cuando se superen los límites máximos de residuos.

(13)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la Comisión (6) establece las disposiciones específicas de etiquetado relativas al uso de conservantes u otras sustancias químicas en los cítricos.

(14)

Los productos alimenticios que cumplen los requisitos del Reglamento (CE) n.o 178/2002 y son tratados con productos fitosanitarios que se ajustan a los requisitos del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 y cuyos residuos están dentro de los límites máximos establecidos de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 396/2005 deben considerarse seguros para la salud de los consumidores. Los Estados miembros son responsables de garantizar que las frutas y hortalizas comercializadas cumplan los requisitos de la Unión relativos a los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos y piensos. A este respecto, las autoridades rumanas no han explicado por qué las medidas adecuadas de control y ejecución que actualmente están en vigor no se consideran suficientes para garantizar la seguridad de las frutas y hortalizas en cuestión.

(15)

Sobre la base de los requisitos armonizados de la Unión sobre autorización y uso de los productos fitosanitarios y sus límites máximos de residuos en frutas y hortalizas, que incluyen una evaluación científica exhaustiva de la seguridad de tales productos, y teniendo en cuenta las normas de ejecución y vigilancia que deben respetar las autoridades competentes de los Estados miembros, no existe ninguna necesidad de requisitos nacionales adicionales obligatorios de información alimentaria o etiquetado sobre residuos de plaguicidas justificada por motivos de protección de la salud pública.

(16)

Habida cuenta de lo expuesto, el proyecto reglamentario no está justificado por razones de protección de la salud pública a los efectos del artículo 39, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1169/2011.

(17)

Por lo que se refiere a las justificaciones relativas a la protección de los consumidores, las medidas del proyecto reglamentario no respetan el principio de proporcionalidad, ya que van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de protección de los consumidores.

(18)

Además, el requisito de etiquetado contenido en el proyecto reglamentario, que obliga a indicar, en caso necesario, que debe evitarse el consumo de la piel de los productos, crea una impresión errónea para los consumidores sobre la seguridad de las frutas y hortalizas, al hacer pensar que los productos solo son seguros en esas condiciones específicas de uso, es decir, cuando están pelados. Esto sugiere equivocadamente que basta con informar a los consumidores, en lugar de retirar del mercado los alimentos que no cumplen los requisitos de seguridad alimentaria. El requisito de etiquetado propuesto sería engañoso para los consumidores y entrañaría un perjuicio injustificado para todas las frutas y hortalizas que se comercializan etiquetadas con arreglo al proyecto reglamentario. Por lo tanto, este requisito de etiquetado sería contrario al artículo 7 del Reglamento (UE) n.o 1169/2011. Además, los términos de este requisito son imprecisos y no indican claramente con arreglo a qué criterios se aplica.

(19)

Además, el hecho de que el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 únicamente establece las disposiciones específicas de etiquetado relativas al uso de conservantes u otras sustancias químicas en los cítricos, al tiempo que persigue el objetivo de protección de los consumidores, lleva a concluir que para alcanzar dicho objetivo no es necesario adoptar tales requisitos de etiquetado para todos los tipos de frutas y hortalizas.

(20)

Atendiendo a todo lo expuesto, el proyecto reglamentario no está justificado por razones de protección de los consumidores a los efectos del artículo 39, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1169/2011.

(21)

De la evaluación anterior se desprende que las autoridades rumanas no han justificado por ninguno de los motivos del artículo 39, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 la necesidad de las indicaciones obligatorias adicionales que establece el proyecto reglamentario.

(22)

A la vista de estas observaciones, el 4 de junio de 2020 la Comisión emitió un dictamen negativo sobre el proyecto reglamentario, de conformidad con el artículo 45, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1169/2011. La Comisión notificó el dictamen negativo a las autoridades rumanas el 5 de junio de 2020.

(23)

Por consiguiente, procede pedir a las autoridades rumanas que no adopten la normativa notificada.

(24)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.