Introducción

1.

La presente petición de decisión prejudicial, planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), tiene por objeto la interpretación de los artículos 1 y 3 de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal.  ( 2 ) Esta petición se ha presentado en el contexto de un recurso de casación interpuesto por una ciudadana española, detenida en Francia, contra una sentencia de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París, Francia) por la que se desestimaba su solicitud de anulación del acta de su declaración ante un juez de instrucción francés en ejecución de una orden europea de investigación emitida por las autoridades judiciales españolas.

2.

Este asunto permitirá al Tribunal de Justicia precisar el ámbito de aplicación material de la orden europea de investigación y, más concretamente, el alcance del concepto de «medidas de investigación» en el sentido de las disposiciones antes citadas de la Directiva 2014/41, cuya ejecución puede solicitarse en virtud de una orden de este tipo.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Convenio relativo a la Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados miembros de la Unión Europea

3.

A tenor del artículo 5 del Convenio relativo a la Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados miembros de la Unión Europea  ( 3 ) (en lo sucesivo, «Convenio de 29 de mayo de 2000»), titulado «Envío y notificación de documentos procesales»:

Directiva 2014/41

4.

El artículo 1 de la Directiva 2014/41, titulado «La orden europea de investigación y la obligación de ejecutarla», establece en su apartado 1:

5.

El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación de la OEI», tiene el siguiente tenor:

6.

El artículo 9 de la citada Directiva, titulado «Reconocimiento y ejecución», establece, en sus apartados 1 y 2:

7.

El artículo 10 de la misma Directiva, titulado «Recurso a medidas de investigación distintas», dispone:

8.

El artículo 24 de la Directiva 2014/41, titulado «Comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual», establece en su apartado 1:

9.

El artículo 34 de dicha Directiva, titulado «Relaciones con otros instrumentos jurídicos, acuerdos y pactos», prevé en su apartado 1:

Derecho francés

10.

El artículo 694‑16 del code de procédure pénale (Código de Enjuiciamiento Criminal) ( 4 ) dispone:

Antecedentes de hecho del litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

11.

El 1 de marzo de 2021, las autoridades judiciales españolas emitieron una orden europea de investigación dirigida a las autoridades francesas (en lo sucesivo, «OEI controvertida»), en la que solicitaban que se notificara a AK, que por entonces se encontraba privada de libertad en Francia en cumplimiento de una condena, un auto de procesamiento dictado el 30 de septiembre de 2009 por el Juzgado Central de Instrucción n.o 4 de la Audiencia Nacional.  ( 5 ) Este auto incluía también una orden de prisión provisional y una orden de constitución de fianza. En la OEI controvertida, las autoridades judiciales españolas también solicitaron que se permitiera a AK, en presencia de su abogado, «presentar alegaciones, como mejor proceda en Derecho, sobre los hechos en cuestión».

12.

El 19 de julio de 2021, un juez de instrucción del tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia) notificó, mediante acta, dicho auto de procesamiento a la interesada, en presencia de su abogado, le entregó una copia en lengua española, así como a su abogado, y le tomó declaración.  ( 6 )

13.

Al día siguiente, AK presentó un recurso de anulación de dicha declaración ante la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París) alegando, en esencia, que la notificación de un auto de procesamiento, que contenía además una orden de ingreso en prisión provisional y una orden de constitución de una fianza, no podía solicitarse en el marco de una OEI.

14.

Mediante sentencia de 20 de abril de 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París) desestimó dicho recurso. En particular, declaró que las autoridades judiciales españolas habían solicitado no solo que el auto de procesamiento fuera notificado a AK, sino también que esta pudiera «presentar alegaciones, como mejor proceda en Derecho, sobre los hechos en cuestión». También señaló, por una parte, que en la OEI controvertida se precisaba que los actos solicitados se inscribían «en el marco de la verificación de la comisión de hechos, junto con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y en la culpabilidad de los delincuentes» y, por otra parte, que, aunque dichas autoridades no marcaron la casilla «vista oral [de un] investigado o acusado» en el formulario correspondiente, habían solicitado claramente que el juez de instrucción francés recogiera mediante acta las declaraciones de AK sobre los hechos que se sospechaba que había cometido. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París) concluyó que, al solicitar a AK que tomara posición sobre los hechos, en presencia de su abogado y con el debido respeto a los derechos de la defensa, dichas autoridades habían solicitado que se llevaran a cabo «investigaciones dirigidas a la obtención de elementos de prueba relativos a un delito» en el sentido del artículo 694‑16 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

15.

AK interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente.

16.

El órgano jurisdiccional remitente señala que AK sostiene que, mediante la sentencia de 20 de abril de 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París) infringió el artículo 1 de la Directiva 2014/41 y el artículo 694‑16 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Según AK, la emisión de una OEI no puede tener por objeto «dar a conocer los cargos formulados y notificar la tramitación por un órgano jurisdiccional competente para conocer del asunto», ya que tales medidas caen en el ámbito de otros instrumentos de cooperación y, más en particular, del artículo 696‑44 del Código de Enjuiciamiento Criminal.  ( 7 )

17.

El abogado general ante el órgano jurisdiccional remitente considera, en cambio, que la OEI controvertida, que contiene «medidas de investigación que se refieren de manera indisociable a la notificación del auto de procesamiento de [AK] y a la obtención de sus declaraciones por una autoridad judicial en presencia de un abogado, para respetar los derechos de la defensa», tiene por objeto la realización de investigaciones dirigidas a la obtención de elementos de prueba relativos a un delito.

18.

El órgano jurisdiccional remitente señala que el Tribunal de Justicia aún no se ha pronunciado sobre el ámbito de aplicación material de la OEI y, más concretamente, sobre la cuestión de si incluye o no la notificación de un auto de procesamiento que contiene una orden de encarcelamiento y una orden de constitución de fianza. Afirma que no parece posible considerar que la correcta aplicación del Derecho de la Unión se imponga con tal evidencia que no deje lugar a duda razonable alguna. En estas circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

19.

AK, los Gobiernos francés y neerlandés y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas.

20.

En respuesta a una solicitud de información del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente indicó que AK había sido entregada a las autoridades judiciales españolas el 9 de septiembre de 2022, en ejecución de tres sentencias dictadas por la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París).  ( 8 ) También precisó que el acta de declaración de AK de 19 de julio de 2021 había sido transmitida a dichas autoridades.

Análisis

21.

La cuestión que se plantea en el presente asunto es si las autoridades judiciales de un Estado miembro pueden, valiéndose de una OEI, solicitar a las autoridades de otro Estado miembro que, por una parte, notifiquen a la persona afectada un auto de procesamiento que incluye también una orden de prisión provisional y una orden de constitución de fianza y, por otra parte, tomen declaración a esa persona con el fin de permitirle, en presencia de su abogado, formular todas las observaciones que considere oportunas sobre los hechos expuestos en dicho auto. Para responder a esta cuestión, es necesario, en primer lugar, determinar el ámbito de aplicación material de la OEI y, en segundo lugar, comprobar si las medidas mencionadas pueden entrar en dicho ámbito de aplicación.

Sobre el ámbito de aplicación material de la OEI

22.

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2014/41 define la «orden europea de investigación (OEI)» como una resolución judicial emitida o validada por una autoridad judicial de un Estado miembro para llevar a cabo una o varias «medidas de investigación» en otro Estado miembro «con vistas a obtener pruebas» con arreglo a dicha Directiva, incluidas las pruebas que ya obren en poder de las autoridades competentes de este último Estado miembro.

23.

El artículo 3 de la Directiva 2014/41, relativo al ámbito de aplicación de la OEI, dispone, con carácter general, que esta «comprenderá todas las medidas de investigación». Este artículo solo excluye expresamente de ese ámbito de aplicación la creación de un equipo conjunto de investigación y la obtención de pruebas en tal equipo, medidas que son objeto de regulación específica en el artículo 13 del Convenio de 29 de mayo de 2000 y en la Decisión marco 2002/465.  ( 9 )

24.

De este modo, como se desprende del considerando 8 de la Directiva 2014/41, el legislador de la Unión pretendía que la OEI tuviera un «ámbito horizontal» y se aplicara a «todas las medidas de investigación dirigidas a la obtención de pruebas».

25.

La Directiva 2014/41 no contiene una definición del concepto de «medida de investigación» ni proporciona una lista de las medidas cuya ejecución puede solicitarse a través de una OEI. Es cierto que el artículo 10, apartado 2, y los artículos 24 a 31 hacen referencia a una serie de medidas de investigación. Sin embargo, nada indica que estas constituyan una lista exhaustiva de las medidas de investigación que pueden ser objeto de una OEI. La primera de estas disposiciones establece las medidas de investigación a las que, en principio, siempre debe ser posible recurrir en virtud de la legislación del Estado de ejecución.  ( 10 ) En cuanto a los artículos 24 a 31 de la Directiva 2014/41, en ellos se prevén disposiciones especiales para determinadas medidas de investigación, cuya aplicación implica características específicas, en particular en lo que respecta a los motivos de denegación.  ( 11 )

26.

Asimismo, cabe señalar que la OEI es un instrumento basado en los principios de confianza y de reconocimiento mutuos,  ( 12 ) que permite, en principio, a la autoridad de emisión ejecutar en el territorio de otro Estado miembro las medidas de investigación que considere necesarias. El sistema establecido por la Directiva 2014/41 se basa, en particular, en la idea de que dicha autoridad es la que mejor puede decidir, en función de los detalles de la investigación de los que tenga conocimiento, a qué medida de investigación ha de recurrirse, sin perjuicio, no obstante, de la posibilidad de que la autoridad de ejecución lleve a cabo otro tipo de medida de investigación cuando la medida requerida en la OEI no exista con arreglo a su Derecho nacional o no sería aplicable en un caso interno similar.  ( 13 )

27.

A la luz de lo anterior, comparto la opinión del Gobierno francés según la cual la OEI es un instrumento que tiene un ámbito de aplicación material muy amplio, ya que el concepto de «medidas de investigación» abarca un «amplia gama de actos». No es menos cierto que, como alegan todas las partes en el presente procedimiento ante el Tribunal de Justicia, incluido el Gobierno francés, la ejecución de medidas de investigación previstas en una OEI tiene como única finalidad obtener pruebas  ( 14 ) y, si se cumplen los requisitos necesarios para ello, transmitir dichas pruebas a la autoridad de emisión.  ( 15 )

28.

Varios elementos de la Directiva 2014/41 corroboran esta apreciación. Así, la propia definición del concepto de «orden europea de investigación» que figura en su artículo 1, apartado 1, hace hincapié en el hecho de que el objetivo perseguido es permitir al Estado miembro de emisión «obtener pruebas». Sus considerandos 7 («con vistas a la obtención de pruebas»), 8 («dirigidas a la obtención de pruebas»), 11 («para obtener la prueba en cuestión»), 24 («para la obtención de pruebas») y 38 («para la obtención de pruebas») van en el mismo sentido. Por otra parte, del artículo 13 de dicha Directiva se desprende que las pruebas obtenidas por las autoridades del Estado de ejecución como resultado de la aplicación de la OEI están destinadas a ser trasladadas al Estado de emisión.  ( 16 ) Este artículo, en su apartado 4, identifica estas pruebas como «objetos, documentos o datos».  ( 17 ) Asimismo, ha de señalarse que todas las medidas de investigación enunciadas en el artículo 10, apartado 2, y en los artículos 24 a 31 de la Directiva 2014/41  ( 18 ) tienen por objeto recabar elementos destinados a acreditar, por ejemplo, la existencia de un hecho o de un acto, las circunstancias en las que se ha producido un hecho o un acto y la identidad o el estado del autor del acto.

29.

En línea con lo anterior, coincido con los Gobiernos francés y neerlandés cuando señalan que el considerando 34 de la Directiva 2014/41 establece que «cualquier objeto, incluidos los activos financieros podrá someterse a medidas cautelares en el curso de un procedimiento penal, no solo con vistas a la obtención de pruebas sino también a su decomiso», pero que únicamente las medidas que persiguen el primero de estos objetivos están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.  ( 19 )

30.

Puede encontrarse otro elemento concluyente en los artículos 22, apartado 1, y 23, apartado 1, de la Directiva 2014/41, de los que se desprende que se podrá emitir una OEI para el traslado temporal de una persona detenida al Estado de emisión o al Estado de ejecución, respectivamente, pero únicamente «con el fin de llevar a cabo una medida de investigación encaminada a la obtención de pruebas que requiera su presencia» en el territorio del Estado al que se solicita su traslado. El considerando 25 de esta Directiva precisa, a este respecto, que «si se debe trasladar a la persona [afectada] a otro Estado miembro a efectos de su enjuiciamiento, con inclusión de su puesta a disposición de un órgano jurisdiccional para ser sometida a juicio, deberá emitirse una orden de detención europea de conformidad con la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo[, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1)]». Así, en su sentencia Staatsanwaltschaft Wien (Órdenes de transferencia falsificadas),  ( 20 ) el Tribunal de Justicia recalcó que la OEI persigue, en el marco de los procedimientos penales, un objetivo distinto del de la orden de detención europea, en el sentido de que, mientras que esta tiene por objeto, conforme al artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, la detención y la entrega de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad, la primera tiene por objeto, a tenor del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2014/41, llevar a cabo una o varias medidas de investigación con vistas a obtener pruebas.

31.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que la Directiva 2014/41 tiene por objeto reemplazar el marco fragmentario y complejo que existe en materia de obtención de pruebas en los asuntos penales de dimensión transfronteriza. Persigue, mediante el establecimiento de un sistema simplificado y más eficaz basado en un instrumento único denominado «orden europea de investigación», facilitar y acelerar la cooperación judicial para contribuir a la consecución del objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia basado en el grado de confianza elevado que debe existir entre los Estados miembros.  ( 21 ) En el mismo orden de ideas, añadiré que, en el Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2009, al que se remite el considerando 6 de la Directiva 2014/41, se indica que el proyectado «nuevo modelo» de obtención de pruebas, que más tarde se convertirá en la orden europea de investigación, debía tener en cuenta, en particular, «la flexibilidad del sistema tradicional de asistencia judicial», «podría tener un alcance más amplio» y «debería cubrir tantos tipos de pruebas como sea posible, teniendo en cuenta las medidas de que se trate».  ( 22 )

32.

Por último, del artículo 34, apartado 1, de la Directiva 2014/41 se desprende que esta solo sustituye a las «disposiciones correspondientes» de los tres convenios a que se refiere esta disposición, entre ellos el Convenio de 29 de mayo de 2000. Por lo tanto, solo se trata de las disposiciones de estos Convenios que regulan las mismas materias que las reguladas por dicha Directiva, lo que, como alega el Gobierno neerlandés, demuestra que no abarca todas las posibles solicitudes de asistencia judicial. Las demás disposiciones de dichos Convenios siguen siendo de aplicación entre los Estados miembros.

Sobre la cuestión de si medidas como las que son objeto del litigio principal pueden solicitarse mediante una OEI

33.

Por lo que respecta a la primera parte de la OEI controvertida, considero, al igual que AK, el Gobierno neerlandés y la Comisión, que a través de una orden de este tipo no puede solicitarse la notificación de un auto de procesamiento. Claramente, esta medida no tiene por objeto la obtención de pruebas o, en palabras del Gobierno neerlandés, obtener un objeto, un documento o un dato destinados a procedimientos en materia penal. Constituye una formalidad procesal que se produce una vez finalizado el procedimiento de instrucción y cuyo objetivo es informar oficialmente a una persona investigada de su acusación, de los cargos que se le imputan y de su puesta a disposición de un órgano jurisdiccional competente para conocer del asunto.

34.

Por lo tanto, la notificación de un auto de procesamiento en otro Estado miembro no se rige por la Directiva 2014/41, sino por otro instrumento previsto en el ámbito de la asistencia judicial en materia penal, en este caso el Convenio de 29 de mayo de 2000  ( 23 ) y, más concretamente, su artículo 5. Como señala el Gobierno francés, del informe explicativo relativo a este Convenio  ( 24 ) se desprende que la expresión «documentos procesales», que dicho Convenio no define, debe interpretarse «en sentido amplio» y en el sentido de que comprende, por ejemplo, «las citaciones y resoluciones judiciales». Al no existir en la Directiva 2014/41 ninguna disposición relativa a la notificación o traslado de escritos procesales equivalente al artículo 5 del Convenio de 29 de mayo de 2000, este último artículo sigue siendo plenamente aplicable de conformidad con el artículo 34, apartado 1, de dicha Directiva.

35.

Es cierto que, como alegan tanto AK como el Gobierno francés, cabe admitir que la notificación y el traslado de un documento procesal se realice mediante una OEI cuando forman parte de la ejecución procesal de una medida de investigación dirigida a la obtención de pruebas a que se refiere dicha OEI y tal notificación o traslado sea instrumental en relación con la ejecución de esa medida de investigación. Tal solución responde a la necesidad de flexibilidad preconizada para el sistema de asistencia judicial y permite evitar que las autoridades competentes se vean obligadas a dirigir dos solicitudes distintas, una basada en la Directiva 2014/41 y la otra en el artículo 5 del Convenio de 29 de mayo de 2000, lo que iría en contra del objetivo de eficacia perseguido por la Directiva. Así, en sus conclusiones sobre la OEI, publicadas el 7 de diciembre de 2018, la Red Judicial Europea señala que es «comúnmente aceptado» que el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/41 no incluye, en particular, «la notificación y el traslado de escritos procesales (a menos que formen parte de una medida de investigación adoptada en virtud de una [OEI]»).  ( 25 ) Del mismo modo, de un informe de Eurojust de noviembre de 2020 sobre la OEI se desprende que la notificación y el traslado de un escrito procesal deberían ser objeto de una comisión rogatoria separada, a menos que «la entrega de dicho documento constituya el instrumento de la medida de investigación solicitada en la [OEI]».  ( 26 ) También en el mismo sentido, en la nota conjunta de Eurojust y la Red Judicial Europea citada en la nota 23 de las presentes conclusiones, se indica que una «interpretación común es que la Directiva [2014/41] no cubre la […] notificación y envío de escritos procesales, a menos que la entrega de un documento sea instrumental para la medida de investigación objeto de la orden europea de investigación». Según estos dos organismos, «en ese caso, debe seguirse un planteamiento flexible para su inclusión en la orden europea de investigación de conformidad con el artículo 9, apartado 2, de la Directiva [2014/41]».  ( 27 )

36.

Sin embargo, considero, al igual que AK, que el supuesto descrito en el punto 35 de las presentes conclusiones debe considerarse una excepción al principio según el cual la notificación de escritos procesales no está comprendida en el ámbito de aplicación de la OEI. Por lo tanto, debe interpretarse de manera estricta, con el fin de permitir la coexistencia de los distintos instrumentos de asistencia judicial europea en materia penal, sin que uno invada el ámbito de aplicación del otro ni los procedimientos, garantías y condiciones particulares que prevé. Este supuesto podría abarcar, por ejemplo, el caso en el que la ejecución de un acto de investigación, como un registro efectuado en el domicilio de la persona afectada, requiere una resolución de la autoridad judicial por la que se autoriza dicho acto y debe notificarse previamente a la persona afectada.

37.

En cambio, considero que, como sostiene AK, dicho supuesto no puede aplicarse en el caso de la notificación de un auto de procesamiento. Esta actuación procesal penal, que se produce al término del procedimiento de instrucción,  ( 28 ) tiene por objeto exponer los hechos imputados a la persona afectada y su calificación jurídica, así como poner de manifiesto que desde ese momento existen elementos de prueba suficientes para formular una acusación contra dicha persona y ponerla a disposición del órgano jurisdiccional competente para conocer del asunto.  ( 29 ) Como subrayan acertadamente AK y el Gobierno neerlandés, un auto de procesamiento constituye, por regla general, un acto autónomo de enjuiciamiento penal, que puede acarrear graves consecuencias para el interesado. No veo cómo la notificación de tal escrito procesal a este último podría constituir el instrumento de una medida de investigación dirigida a la obtención de elementos de prueba o ser instrumental en relación con dicha medida. Retomando el caso objeto de la cuestión prejudicial, me parece que, como alega AK, la toma de declaración a la persona sospechosa con el fin de recabar pruebas, sin perjuicio de si ese era realmente el objeto de la solicitud de toma de declaración en el litigio principal,  ( 30 ) no está supeditada a la notificación de un auto de procesamiento.

38.

En cuanto al hecho de que un auto de procesamiento incluya también una orden de constitución de fianza, no modifica en absoluto, en mi opinión, la conclusión de que la notificación de tal auto no puede solicitarse mediante una OEI. Es evidente que una orden de este tipo, que, por lo demás, tiene carácter meramente accesorio, no constituye una medida de investigación dirigida a obtener pruebas en el sentido de la Directiva 2014/41.  ( 31 )

39.

Esta conclusión tampoco queda desvirtuada por el hecho de que el auto de procesamiento contenga una orden de prisión provisional como es el caso en el litigio principal. En efecto, salvo en el caso particular del traslado temporal de personas ya detenidas con el fin de llevar a cabo una medida de investigación, contemplado en los artículos 22 y 23 de la Directiva 2014/41, una OEI no puede contener una solicitud que tenga por objeto la entrada o el mantenimiento en prisión de una persona.  ( 32 ) El supuesto de traslado temporal no se refiere a una situación como la del presente asunto, en la que la prisión provisional de la persona afectada no tiene ningún objetivo probatorio, sino que se solicita exclusivamente para permitir la comparecencia de dicha persona, tras su acusación, ante el órgano jurisdiccional del Estado de emisión competente para conocer del asunto.

40.

Por lo que respecta a la segunda parte de la OEI controvertida, a saber, la solicitud de que se tome declaración a la persona sospechosa a fin de que pueda formular todas las observaciones oportunas sobre los hechos expuestos en el auto de procesamiento que se le notifica, ya he señalado que la Directiva 2014/41 dispone expresamente, en sus artículos 10, apartado 2, letra c), y 24, apartado 1, párrafo segundo, entre las medidas de investigación que pueden solicitarse mediante tal orden, la declaración de un investigado o acusado.

41.

Sin embargo, como subraya acertadamente la Comisión, tal solicitud de toma de declaración solo podría estar comprendida en el ámbito de aplicación de una OEI si tuviera efectivamente por objeto recabar elementos de prueba. No sucedería así si la solicitud de toma de declaración solo tuviera por objeto, en realidad, permitir a la persona sospechosa ejercer su derecho de defensa formulando observaciones sobre la acusación formulada en su contra. A este respecto, ha de señalarse que AK y el Gobierno francés discrepan sobre el objeto de la solicitud de toma de declaración solicitada mediante la OEI controvertida. Mientras que dicho Gobierno considera que de la OEI se desprende indiscutiblemente que el objetivo perseguido por esta solicitud era recabar pruebas, AK afirma que el único objetivo de la declaración era garantizar su derecho de defensa en relación con la acusación formulada en su contra.  ( 33 )

42.

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar el objeto exacto de la solicitud de toma de declaración de que se trata en el litigio principal. Si llegara a la conclusión de que dicha solicitud no tenía por objeto la obtención de pruebas, procedería concluir que tanto dicha solicitud como la dirigida a la notificación del auto de procesamiento quedan fuera del ámbito de aplicación de la OEI. En cambio, si el órgano jurisdiccional remitente comprobara que la solicitud de toma de declaración tenía realmente por objeto recabar pruebas, podría, en mi opinión, validar esta parte de la OEI, siempre que, por supuesto, se hayan cumplido los requisitos relativos al contenido y a la forma de tal OEI establecidos en la Directiva 2014/41, así como las demás formalidades exigidas por esta.  ( 34 ) Me parece que una denegación general de ejecución de la OEI, basada en que esta no puede incluir una solicitud de notificación de un auto de procesamiento, sería excesiva y contraria al objetivo de eficacia perseguido por dicha Directiva.

Conclusión

43.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia):