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27.4.2023 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 146/4 |
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Política energética y mercado laboral: consecuencias para el empleo en las regiones en transición energética»
(Dictamen de iniciativa)
(2023/C 146/02)
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Ponente: |
María del Carmen BARRERA CHAMORRO |
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Decisión de la Asamblea |
20.1.2022 |
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Base jurídica |
Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno |
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Dictamen de iniciativa |
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Sección competente |
Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
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Aprobado en sección |
30.1.2023 |
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Aprobado en el pleno |
22.2.2023 |
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Pleno n.o |
576 |
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Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) |
123/43/20 |
1. Conclusiones y recomendaciones
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1.1 |
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) constata que la intensificación de los efectos negativos de la emergencia climática, así como las incertidumbres y crisis derivadas de las nuevas realidades geopolítica y del mercado de la energía, obligan a la Unión Europea a acelerar drásticamente la transición hacia una energía limpia y a reforzar la independencia energética de Europa frente a proveedores poco fiables y combustibles fósiles volátiles. De ahí que valore positivamente los planes de la Comisión Europea dirigidos a tales fines [por ejemplo, REPowerEU y su financiación adicional a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)]. |
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1.2 |
El CESE pone igualmente de manifiesto que los riesgos ambientales (la emergencia climática) y energéticos (la dependencia de energías fósiles) afectan a las actividades económicas y al conjunto de las medidas políticas relacionadas, con un alto impacto en las regiones, sectores económicos, trabajadores y grupos de población más vulnerables, a través de diferentes maneras. Por lo tanto, el CESE considera necesario prestar especial atención a las regiones de transición justa, en las que existe un vínculo más estrecho entre el desarrollo del sector de la energía y los requisitos del mercado laboral, y que necesitarán medidas políticas concretas. |
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1.3 |
En este sentido, los estudios más solventes evidencian que el éxito de una transición verde en general, y energética en particular, podría hacer que se incrementen el PIB (ciertos estudios estiman este incremento en un 5,6 % para 2050), los niveles de empleo (la OIT y la IRENA estiman que se multiplicarán por cuatro los empleos creados respecto de los que se perderán) y la calidad del empleo, dada la mayor cualificación que se precisa. El abaratamiento de la energía a través de un aumento de las fuentes de energía disponibles, en particular las renovables, identificadas e incentivadas mediante una adecuada taxonomía verde de la UE, mejorará los accesos a estos servicios y también la producción, creando más empleo. El empleo creado en energías renovables es, por lo general, más difícil de deslocalizar, por lo que beneficiará a numerosas regiones, en especial aquellas con un mayor riesgo de despoblación. También se deben tener en cuenta los efectos positivos para la salud de los entornos de trabajo. |
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1.4 |
No obstante, el CESE manifiesta su gran preocupación por los graves efectos negativos, económicos, ocupacionales y sociales que, a corto y medio plazo, está generando la transición energética, agravados por la crisis actual de la guerra de Ucrania y la situación económica (inflación elevada). El aumento de los precios de la energía ha afectado a los hogares más vulnerables, así como a muchas empresas de toda la UE. Las altas facturas energéticas elevan los costes de las empresas y repercuten en sus niveles de producción y empleo, viéndose obligadas estas a planes de reestructuración. Esto demuestra que la política energética y sus cambios son importantes para la adaptación y el equilibrio de los agentes del mercado laboral, los trabajadores y los empleadores. Por lo tanto, es necesario que el mercado de la energía se estabilice muy pronto y que su futuro se gestione con arreglo a nuevas normas que tengan en cuenta la doble transición ecológica y digital, la resiliencia y la competitividad. |
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1.5 |
Para corregir o paliar estos efectos negativos de la transición energética en el actual contexto de nuevas emergencias, el CESE propone que los Estados miembros examinen maneras apropiadas de lograr una mayor integración, en los marcos normativos y en las políticas ambientales y energéticas, de las políticas del mercado de trabajo (incentivos al empleo de calidad sostenibles como valor añadido de la transición energética; fondos para repartir los costes de los procesos de reestructuración, temporal o definitiva; programas de recualificación profesional para mejorar la empleabilidad en una economía descarbonizada, etc.), así como de las políticas de bienestar social (garantías de acceso universal a los servicios de energía, facilitación de acceso a rentas de sustitución e ingresos mínimos adecuados, etc.). Esta integración, en el marco de las medidas nacionales de aplicación del plan de acción del pilar europeo de derechos sociales, debe hacerse siempre a través del diálogo social y de la negociación colectiva, sin perjuicio de la autonomía y diversidad de los diferentes sistemas de relaciones laborales de cada Estado. |
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1.6 |
Dada la mayor complejidad de estos desafíos, el CESE propone dar prioridad a las interrelaciones entre las cuestiones de la transición energética, los mercados de trabajo y el desarrollo regional, en el marco de una renovada política de cohesión (económica, social y territorial). Si bien la relación entre la política energética de la UE y el mercado laboral en un contexto regional concierne a todas las regiones de la UE, las regiones de transición justa constituyen un caso especial ya que su fuerte dependencia de la energía convencional en el pasado ha incidido en la situación de las industrias conexas. A tal fin, deberán tenerse en cuenta indicadores útiles, como el relativo al potencial de empleo de descarbonización (DEP). Si se quiere cumplir eficazmente con los objetivos de la política climática y de la transición energética, el CESE reafirma su convicción relativa a la necesidad de un uso más eficaz del Mecanismo para una Transición Justa, conforme a un ritmo compatible con la situación de las empresas pequeñas y grandes. En estas condiciones, es necesario emprender nuevas acciones complementarias a escala regional, para preservar el mayor número posible de empleos y garantizar que los nuevos sean de buena calidad, siempre con una participación real o efectiva del diálogo social y de la negociación colectiva, así como de las entidades de la economía social. La Comisión debe promover esta mayor dimensión social. Cualquier medida o política prevista debe formularse siempre de manera que se respeten las particularidades de los sistemas nacionales de relaciones laborales, así como las funciones, las competencias y la autonomía de los interlocutores sociales. |
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1.7 |
El CESE pide a la Comisión y al Parlamento, a los Estados miembros y a las regiones de la UE que impliquen a los interlocutores sociales y a otras organizaciones de la sociedad civil de una manera más innovadora y efectiva en el diseño e implementación de las políticas de transición energética con alto valor añadido en términos de empleo y de protección social, así como en su seguimiento y evaluación. Los desequilibrios territoriales en este ámbito han quedado patentes en los estudios de casos efectuados al respecto, por lo que se llama a la Comisión y a los Estados a que, a través del diálogo social y la participación de la economía social, adopten medidas que faciliten un desarrollo más equilibrado territorial y socioeconómicamente. Por ejemplo, pueden promoverse los procesos de concertación y, en su caso, de pactos sociales para garantizar una transición energética económica, laboral y socialmente justa. |
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1.8 |
El CESE asume la necesidad de reforzar las políticas de inversión, pública y privada, así como las políticas de compensación social, en la actual situación de crisis geopolítica, dados los efectos negativos en la competitividad de las empresas de la UE de grandes dimensiones y en las pymes, así como en los hogares más vulnerables. Entre otros mecanismos, se anima al uso del plan REPowerEU, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), a fin de estabilizar las condiciones de mercado y garantizar el suministro universal a la ciudadanía europea. Esta necesidad y urgencia deben abordarse con más medidas de inversión económica y social (por ejemplo, ayudas para la compensación de los mayores costes empresariales, garantía de recursos para prevenir la pobreza energética, etc.), pero sin reducir los objetivos de descarbonización asumidos, porque nuevas ralentizaciones tendrían efectos más negativos que su aceleración en el medio y largo plazo. |
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1.9 |
El CESE estima que tanto las grandes empresas como las pymes tienen un papel importante que cumplir en el objetivo de transición energética, a través de condiciones exigentes de promoción de empleo de calidad sostenible y de protección social, así como de garantía de acceso universal a los servicios energéticos (por ejemplo, mediante la prevención de la pobreza energética). Sin embargo, a fin de hacer frente a las mayores dificultades de las pymes, el CESE pide mejorar, agilizando y simplificando, los programas de acceso de aquellas a la financiación, con servicios de apoyo y acompañamiento continuado. |
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1.10 |
Asimismo, el CESE recomienda reforzar la participación de los prosumidores (consumidores pasivos de energía que se convierten en ciudadanos activos como productores de energía renovable) y ciudadanos (comunidades energéticas) para acelerar la transición energética en Europa. |
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1.11 |
El CESE considera que los planes territoriales de transición energética deben ir acompañados de los debidos convenios o acuerdos de concertación social justa. A través de ellos, la creación y el mantenimiento del empleo sostenible de calidad y el acompañamiento de las personas deben ser condiciones necesarias para el diseño, la aplicación y la evaluación de las medidas previstas, incluidos los fondos recibidos para fomentar la transición energética. |
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1.12 |
Sin embargo, la actual experiencia sobre el diálogo social y la negociación colectiva en el contexto de la transición energética a nivel de políticas macro no es positiva. En la mayoría de los países, la participación de los interlocutores sociales en el diseño, implementación y elaboración de las políticas relacionadas con la doble transición (digital y verde) se considera insuficiente. |
2. Antecedentes y elementos principales
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2.1 |
El CESE valora positivamente que la UE sea un emisor principal mundial que ha asumido un compromiso vinculante para lograr la neutralidad climática en 2050, renovado en la COP27 (7-8 noviembre de 2022) pese a las dudas de otros emisores principales mundiales. Ahora bien, enfatiza que la eficacia de las medidas adoptadas para descarbonizar la economía europea y el sistema energético de la UE en los próximos años dependerá no solo de lograr tal objetivo medioambiental, sino también de que la transformación sea justa para todos, contribuyendo a promover una sociedad sostenible y próspera con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos, competitiva y un alto nivel de empleo de calidad. |
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2.2 |
El CESE, en su Dictamen Una visión estratégica sobre la transición energética para permitir la autonomía estratégica de la UE (1), reconoce las oportunidades de prosperidad del proceso de descarbonización de la energía. Pero también alerta sobre los riesgos sociales y económicos derivados de la crisis energética actual. A los problemas coyunturales, que crean una presión adicional y dificultan cumplir con los objetivos de descarbonización asumidos (guerra de Ucrania, crisis de inflación, etc.) se añaden problemas estructurales, como el cambio climático, cuyos negativos efectos en la UE y sus regiones son cada vez más visibles. |
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2.3 |
El CESE es consciente de que los elevados precios del gas y de la electricidad están teniendo graves impactos en todas las empresas, así como en los hogares más vulnerables. La espiral inflacionista está suponiendo el cierre de plantas industriales (por ejemplo, Slovalco en Eslovaquia), además de perjudicar la competitividad de numerosas empresas. |
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2.4 |
Asimismo, el CESE toma nota de los Informes de Eurofound (2), según los cuales ha aumentado la pobreza energética. Aunque los Estados han incrementado notablemente los esfuerzos para introducir medidas sociales que mitiguen los efectos socioeconómicos de las nuevas crisis y emergencias, estos están resultando insuficientes —de ahí la importancia de reforzar los objetivos sociales— tal como subraya la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), al elaborar y aplicar paquetes de políticas y medidas de mitigación del cambio climático hay que tener en cuenta la distribución del impacto social y la manera de hacerlo más equitativo cuando sea inevitable (Exploring the social challenges of low carbon energy policies in Europe, octubre de 2021 (3)). |
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2.5 |
En este escenario de nuevas emergencias, el CESE pide ampliar e intensificar las medidas específicas de la UE y de los Estados que compensen los impactos económicos, sociales y laborales más perniciosos del cumplimiento de los ambiciosos objetivos climáticos sin cuestionarlos. Asimismo, considera que deben enmarcarse en las políticas de cohesión. Este énfasis en las políticas de cohesión, en el marco de las políticas climáticas de la UE ya fue puesto de relieve por el CESE en su Dictamen (ECO/579 (4)), a fin de enfatizar las medidas que faciliten la capacidad de adaptación de las empresas a los requerimientos para la transición energética, incluidas las reestructuraciones derivadas, así como de prevenir situaciones de pobreza energética. |
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2.6 |
En un plano más estructural, el paquete de medidas «Objetivo 55» para revisar y actualizar la legislación de la UE y poner en marcha iniciativas con el fin de garantizar que las políticas de la UE se ajusten a los objetivos climáticos acordados por el Consejo y el Parlamento Europeo, como prometió el Pacto Verde Europeo y de forma vinculante está en la legislación europea sobre clima. Por tanto, el CESE considera que las políticas de lucha contra la emergencia climática pueden dar lugar a importantes cambios en la economía y generar, a corto, medio y largo plazo, perturbaciones sociales, afectando al empleo y el bienestar, especialmente de ciertas regiones. Además, al igual que no puede haber progreso social sin un rendimiento económico robusto, tampoco puede haber crecimiento económico sostenible sin garantizar una transición verde y energética, social y laboralmente justa. |
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2.7 |
Los impactos en los mercados de trabajo serán más drásticos en ciertos sectores y regiones con industrias intensivas en carbono que podrían cerrar. La necesidad de acelerar la transición energética debe acompañarse con un «mecanismo de transición justa». Puesto que los efectos positivos de esta transición no serán automáticos, el CESE está convencido de que para garantizar una transición energética exitosa es esencial el diseño e implementación de políticas de inversión inclusivas (condicionadas por la promoción de empleos dignos sostenibles) y que cuenten con la participación de la sociedad, involucrando la voz de las personas empleadas y sus representaciones a nivel macro (UE y nacional), meso (sectorial) y micro (empresa, unidades locales). |
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2.8 |
En estos escenarios inciertos y cambiantes, el CESE considera que los marcos de la Unión de la Energía y del Pacto Verde son correctos, pero insuficientes para implementar unas políticas climáticas y energéticas que garanticen la cohesión social y regional a través de inversiones intensivas en innovación tecnológica, creación de empleo de calidad sostenible, capacitación del capital humano y creación de capital social regional. El CESE alienta a seguir las buenas prácticas a tal fin (5). Recuerda que existen estrategias, como los proyectos para construir parques solares en antiguos yacimientos mineros de lignito en Portugal y Grecia, o el apoyo altamente estratégico a los prosumidores en Lituania. El CESE constata que estas experiencias siguen sin constituir una práctica generalizada ni dominante. |
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2.9 |
Según un informe elaborado a petición de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, el coste de la falta de ambición en estas políticas de transformación energética europea justa se estima en un 5,6 % del PIB de la UE en 2050. El CESE comparte la idea de que evitar este coste requerirá garantizar el resultado de una transición justa, también en términos de empleo. El informe recomienda y cuantifica varias acciones de la UE a tal fin (6):
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2.10 |
El CESE considera que no solo las grandes empresas, sino también las pymes, constituyen una parte esencial de la solución para tener una economía competitiva, climáticamente neutra, circular e integradora en la UE. Deben crearse y mantenerse las condiciones adecuadas de financiación y apoyo. La financiación debe ser más accesible para las pymes, a través de procedimientos administrativos simplificados y adaptados. La creación de servicios de apoyo a las pymes facilitará el acceso efectivo a estas medidas y promoverá la creación de ecosistemas de empresas sostenibles en todas las regiones de la UE (NUTS I, II y III), no solo de las actualmente calificadas de transición justa (en torno a cien regiones NUTS III y 31 regiones NUTS II) (7). |
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2.11 |
El CESE acoge con satisfacción el establecimiento de un Fondo de Transición Justa y un Fondo Social para el Clima (8). No obstante, está convencido de que estos Fondos no prestarán todo el apoyo financiero necesario para afrontar de forma socialmente responsable los efectos socioeconómicos y de empleo. El CESE subraya que una transición energética justa no consiste solo en financiar, sino que también incluye el objetivo de crear puestos de trabajo de calidad, reforzar la participación democrática (también en el ámbito de las empresas), desde el respeto a la autonomía y diversidad de los sistemas nacionales de relaciones industriales, y mantener y seguir aumentando la competitividad de las empresas europeas. El CESE pide medidas específicas a todos los niveles, también en el funcionamiento del Semestre Europeo, para aumentar la participación de las autoridades regionales y locales y de los interlocutores sociales. Igualmente, considera necesario exigir mecanismos de control y evaluación del buen uso de los fondos para la transición energética justa, a través de la verificación del cumplimiento de los objetivos sociales y ocupacionales de las empresas que se benefician de esta financiación pública. |
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2.12 |
El CESE pide a la Comisión que, en la evaluación de los planes nacionales de energía y clima, así como en los planes territoriales de transición justa de los Estados miembros, se refuercen los objetivos sociales y de empleo, tales como:
El CESE considera imprescindible, para lograr estos ambiciosos objetivos, el deber de fomentar el desarrollo de planes territoriales de empleo y capacitación profesional para el futuro con la activa participación de todas las partes interesadas y, en particular, de los interlocutores sociales. |
3. Contexto y principales aportaciones de la evidencia científica internacional en cuanto a los efectos en el empleo de una transición energética justa
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3.1 |
El CESE constata que el reemplazo de las centrales eléctricas convencionales de combustibles fósiles con fuentes renovables puede afectar el empleo de diferentes maneras. Podría crear empleos verdes nuevos en el sector de las energías renovables y también desplazar el empleo en otros sectores. Hay que considerar el aumento potencial de los precios de la energía, que podría sofocar la demanda laboral en los sectores intensivos en energía y reducir el poder adquisitivo de los hogares privados. Los datos confirman que la política energética hacia fuentes renovables crea, destruye o transforma empleos en los países industriales. |
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3.2 |
El CESE constata que no hay un consenso científico pleno en torno al balance final en términos de empleo de la transición energética. Ciertos estudios ponen de manifiesto casos en los que no ha habido crecimiento de empleo neto (caso polaco) o este ha sido muy modesto (caso alemán). Sin embargo, la OIT estima que la descarbonización de la economía implicará la pérdida de cerca de 6 millones de empleos, si bien se multiplicarán por 4 los creados, pasando de 11 a 43 millones en 2030 para los países de la IRENA (9). En todos los escenarios de la AIE, el empleo de energía limpia crecerá, compensando la pérdida de empleos en sectores de combustibles fósiles. En el escenario de cero emisiones netas para 2050, 16 millones de trabajadores cambiarán a nuevos roles relacionados con la energía limpia. El Informe USEER (10) (2022) para EE. UU. tiene análogas estimaciones: el empleo energético creció un 4 % por las energías limpias (solo un 2,8 % el empleo general). |
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3.3 |
El CESE constata, diferentes desequilibrios. Los nuevos trabajos de energía limpia no siempre están en el mismo lugar que los empleos que sustituirían y requieren nuevas competencias. Por tanto, las legislaciones nacionales y sus políticas energéticas deben centrarse en garantizar la capacitación para que la transición resulte exitosa y beneficie en lo posible a la mayoría. Además, en la industria de las energías renovables, la proporción de mujeres en la fuerza laboral (32 %) es más alta que en otras partes del sector energético, si bien en el sector eólico apenas llega al 21 %, evidenciándose que en este ámbito se siguen alimentando estereotipos de género. Por lo tanto, las legislaciones estatales y sus políticas de implementación deben enfatizar objetivos de igualdad de género en estos nuevos empleos. |
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3.4 |
El CESE considera esencial reconocer que la transición energética no es únicamente una cuestión tecnológica y de inversión pública y privada, sino un profundo desafío social global. Por ello, debe garantizarse y promoverse la participación de la sociedad civil usuaria y de la sociedad laboral productora (empresas y personas trabajadoras, de forma directa y a través de sus representaciones). Las consideraciones climáticas deben estar presentes en todo tipo de políticas y decisiones. Además, el CESE considera que deben estar diseñadas a través de procesos y, en su caso, pactos de concertación social entre las autoridades, en todos los niveles, y los interlocutores sociales, siempre desde el respeto a la autonomía y diversidad de los sistemas de relaciones industriales estatales, así como de otras organizaciones representativas de la sociedad civil, a fin de que supongan una transición energética inclusiva para las personas trabajadoras, para las personas consumidoras y para la ciudadanía en general. |
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3.5 |
El CESE constata que, revisando la literatura científica y la experiencia de casos, unos exitosos y otros fallidos, no existe un único camino de transformación predeterminado y que la forma en que las transiciones energéticas afecten al empleo y los lugares de trabajo depende de las condiciones sociales con las que se introduzcan las tecnologías y se lleven a cabo los cambios en la transición energética. Los datos de los estudios de caso a nivel de empresa (por ejemplo, Renault, Siemens Energy (11)) muestran que, donde los empleados estaban involucrados, la adopción de los cambios condujo a resultados positivos (más capacitación laboral, productividad y calidad de producto). |
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3.6 |
Sin embargo, las conclusiones sobre el diálogo social y la negociación colectiva en el contexto de la transición energética a nivel de políticas macro no son positivas. En la mayoría de los países, la participación de los interlocutores sociales en el diseño, implementación y elaboración de las políticas relacionadas con la doble transición (digital y verde) se considera insuficiente. Conforme a la experiencia de ciertos países, esta deficiencia puede derivar de dos desafíos básicos a los que se enfrentan los interlocutores sociales:
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4. Observaciones generales
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4.1 |
El CESE toma nota de los análisis que muestran que tanto los instrumentos de la UE relacionados con las políticas como los legales pueden ser importantes para abordar los desafíos de la transición energética desde una perspectiva económica, social y laboralmente justa. Sin embargo, también considera que los instrumentos existentes (por ejemplo, la Directiva de los comités europeos de empresa o la Directiva sobre un marco general relativo a la información y consulta de los trabajadores) que se han incorporado en todos los Estados miembros deberían aplicarse y hacerse cumplir de manera efectiva. El CESE pide el fomento y la adopción, en los diferentes niveles apropiados, de las reformas más adecuadas en la dirección de reforzar el diálogo social, así como la implicación de la negociación colectiva, en estos procesos de transición energética justa, a fin de favorecer balances positivos en términos de creación de empleo sostenible y protección de las personas trabajadoras, manteniendo un adecuado tejido económico-empresarial en el conjunto de los Estados y regiones, siempre dentro del debido respeto a la autonomía de los interlocutores sociales. |
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4.2 |
La experiencia también evidencia que los cambios económicos y en las estructuras del empleo derivados de las transiciones energéticas encuentran casos de éxito y casos de fracaso en términos de transición social y ocupacional justa, según se tenga en cuenta si el volumen de empleo se conserva sustancialmente transfiriéndose empleos de actividades poco sostenibles por su huella carbónica a otros empleos sostenibles. La interacción entre las políticas de energía y de empleo incide también en el entorno o contexto regional más amplio, creando oportunidades y riesgos (por ejemplo, tarifas reguladas; aumento de los precios de la energía que pone en riesgo los empleos industriales, como en el caso alemán y español). El CESE toma nota de que, según ciertas experiencias regionales, como en la cuenca minera del norte de España, los nuevos empleos creados por la transición energética son en número notablemente menor y con menores salarios respecto de los precedentes. |
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4.3 |
Desde una valoración más global, el CESE constata que, según los estudios más solventes, alrededor del 45 % de los trabajadores en el sector de la energía del mundo están en ocupaciones altamente cualificadas, en comparación con casi el 25 % de la economía en general. Pero esta no es una opción en todas partes, y garantizar una transición justa y centrada en las personas para los trabajadores afectados debe reforzarse a fin de evitar que la descarbonización genere desempleo neto, como en el caso de Polonia. |
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4.4 |
El CESE está convencido de que, en línea con los informes de la IRENA y de la OIT (12), el potencial de las energías renovables para generar trabajo digno sostenible es una clara indicación de que no hay que elegir entre la sostenibilidad medioambiental y la creación de empleo. Ambas pueden y deben ir de la mano, a través de la creación de las condiciones legales, políticas y financieras adecuadas, exigiendo la debida responsabilidad en la rendición de cuentas para todas las empresas beneficiarias de fondos y garantizando la participación de todos los sujetos implicados (territorios, interlocutores sociales y ciudadanía) en su gobernanza. |
5. Observaciones específicas
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5.1 |
El CESE constata que la industria energética tendrá una posición cada vez más estratégica en la economía, porque es un motor esencial para el conjunto de los sectores. Sin embargo, en los actuales escenarios de crisis y cambios, presenta diferentes desequilibrios y riesgos, que han de corregirse mediante las inversiones adecuadas, políticas coherentes y nuevas estructuras de gobernanza, a fin de garantizar la participación de la economía territorial, la sociedad civil y los interlocutores sociales. Los planes territoriales de transición energética deben ir acompañados de los debidos convenios o acuerdos de concertación social justa en los que la creación y mantenimiento del empleo sostenible de calidad y el acompañamiento de las personas sean condiciones necesarias en el diseño, aplicación y evaluación de las medidas previstas. |
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5.2 |
El CESE recuerda que uno de los principales sistemas de gobernanza para la aplicación de las transiciones socialmente justas y el seguimiento de sus avances es el Semestre Europeo. De forma previa, el CESE ha declarado que la implementación del pilar europeo de derechos sociales en el ciclo del Semestre Europeo, junto con su seguimiento a través del cuadro de indicadores sociales, es un paso en la dirección correcta (13). Sin embargo, considera que debería ponerse un mayor énfasis en la interacción entre las políticas ambientales y las laborales para promover un balance final favorable a los empleos sostenibles de calidad creados, así como a las garantías de rentas suficientes para quienes pierdan su empleo y no puedan recolocarse. Se debe reforzar el papel de las regiones y su capital social, la especialización inteligente y una agenda de capital humano. |
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5.3 |
El CESE reitera la necesidad de implementar el acervo pertinente de la UE y los Estados miembros en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En una línea análoga a la que el CESE ya ha declarado anteriormente, proclamando el pilar europeo de derechos sociales (también denominado «pilar social»), en la Cumbre de Gotemburgo de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reafirmaron su compromiso de trabajar por una Europa más justa y equitativa. El pilar debería servir de brújula hacia una renovada convergencia al alza para lograr unas condiciones de vida y de empleo mejoradas y guiar las reformas en los mercados laborales y las políticas sociales (14). |
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5.4 |
El CESE constata diferencias notables en las legislaciones de desarrollo de la Legislación Europea sobre el Clima. Así, en legislaciones como la francesa se ha enfatizado esta dimensión de implicación empresarial y de las representaciones laborales en la interacción entre la transición ecológica y las cuestiones sociolaborales; en cambio, en otras, como la italiana o la española, o las propias de todas las regiones de transición justa de los países de Europa del Este, apenas se hace alusión a estas obligaciones y derechos. Por ejemplo, el CESE toma nota de la exitosa experiencia francesa (Ley n. 2021-1104) en virtud de la cual la noción de «desafíos de la transición ecológica» ha entrado en el Código de trabajo con competencias para los convenios de sector, sistemas de gestión prospectiva de puestos de trabajo y competencias para hacer frente a los retos propios de la transición verde y energética (art. L 2242-20), así como el derecho sindical de alerta ambiental y de salud pública (L 4133-L 4133-4). Por tanto, siempre en el estricto respecto de la autonomía y diversidad de los diferentes sistemas de relaciones laborales europeos, el CESE pide que la Comisión promueva iniciativas de intercambio de buenas prácticas entre los diferentes Estados y regiones. |
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5.5 |
El CESE insiste en que la principal condición previa para el éxito de la transición reside en un enfoque anticipatorio e integrador que garantice y promueva políticas laborales y de bienestar específicas. Una característica importante de las políticas exitosas debería ser que estén bien orientadas respecto de las necesidades reales del mercado laboral, especialmente, pero no solo, en las regiones más afectadas por la transición hacia energías renovables desde las fósiles, o por el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las regiones ricas en tales recursos. El Fondo de Transición Justa, aunque es útil, tiene sus límites ya que no constituye una respuesta exhaustiva a los problemas que plantea la transición justa, pero puede apoyarse con medidas políticas adicionales en cada Estado miembro. |
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5.6 |
En esta dirección de mejora de las relaciones entre las políticas ambientales y de transición energética con las políticas del mercado de trabajo y de protección social, el CESE pide atender de forma más precisa a los indicadores de empleos sostenibles disponibles para el diseño e implementación del previsto mecanismo de transición justa (JTM). Debe tenerse en cuenta, el indicador de Potencial de Empleo de Descarbonización (DEP) en las diferentes NUTS. A fin de obtener datos del impacto en el empleo de la nueva crisis energética, la base de datos European Restructuring Monitor Eurofound (15) ofrece un importante número de experiencias registradas. |
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5.7 |
El CESE pide igualmente acelerar y mejorar la implementación del Mecanismo de Transición Justa (JMT) (16). El CESE valora positivamente la movilización de 55 000 millones EUR de aquí a 2027 en las regiones más afectadas por la transición energética a fin de hacer real el objetivo de «no dejar a nadie atrás», compensando los efectos socioeconómicos de la transición a una economía climáticamente neutra a través de tres pilares: un nuevo Fondo de Transición Justa (más de 25 000 millones EUR en inversiones), el régimen de transición Justa de InvestEU (15 000 millones EUR para el sector privado) y el nuevo instrumento de préstamo al sector público (movilizará 18 500 millones EUR de inversión pública). |
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5.8 |
Asimismo, el CESE considera adecuado fomentar, en el momento de formalizar los planes territoriales de transición energética, no solo los convenios de transición (concertación social regional), sino también las buenas prácticas en la negociación colectiva y la implicación de las personas trabajadoras en la transición energética socialmente justa. En este sentido, debe tenerse en cuenta que un cambio hacia fuentes de energía más renovables mejora la calidad ambiental al reducir las emisiones de contaminantes al aire, lo que es beneficioso para la salud y la productividad laboral. |
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5.9 |
El CESE considera fundamental garantizar que la dimensión verde de Europa y la transición energética creen sinergias positivas con la transición inclusiva, a fin de contribuir al éxito de las empresas, el incremento de las oportunidades de empleo sostenible de calidad para las personas trabajadoras y el bienestar de toda la ciudadanía en un ecosistema respetuoso con la salud del planeta. |
Bruselas, 22 de febrero de 2023.
La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo
Christa SCHWENG
(1) DO C 75 de 28.2.2023, p. 102.
(2) https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2022/the-cost-of-living-crisis-and-energy-poverty-in-the-eu-social-impact-and-policy-responses-background
(3) https://www.eea.europa.eu/publications/exploring-the-social-challenges-of
(4) DO C 323 de 26.8.2022, p. 54.
(5) Véanse DO C 47 de 11.2.2020, p. 30 y DO C 62 de 15.2.2019, p. 269.
(6) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694222/EPRS_STU(2021)694222_EN.pdf
(7) https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background
(8) DO C 152 de 6.4.2022, p. 158.
(9) https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Gender_perspective_2019.pdf
(10) https://www.energy.gov/policy/us-energy-employment-jobs-report-useer
(11) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733972/IPOL_STU(2022)733972_EN.pdf
(12) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_823807.pdf
(13) Dictamen del CESE sobre la estrategia anual de crecimiento sostenible 2020 (DO C 75 de 28.2.2023, p. 35).
(14) Dictamen del CESE «Salarios mínimos dignos en toda Europa» (DO C 429 de 11.12.2020, p. 159).
(15) https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/european-restructuring-monitor
(16) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_es
ANEXO
Las enmiendas siguientes, que obtuvieron al menos una cuarta parte de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso del debate (artículo 74, apartado 3, del Reglamento interno):
ENMIENDA 1
SOC/718 — Política energética y mercado laboral
Punto 2.12
Modifíquese de la manera siguiente:
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Dictamen de la Sección |
Enmienda |
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El CESE pide a la Comisión que, en la evaluación de los planes nacionales de energía y clima, así como en los planes territoriales de transición justa de los Estados miembros, se refuercen los objetivos sociales y de empleo, tales como: |
El CESE pide a la Comisión que, en la evaluación de los planes nacionales de energía y clima, así como en los planes territoriales de transición justa de los Estados miembros, se fomente un mayor énfasis en los objetivos y las políticas sociales y de empleo, tales como: |
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El CESE considera imprescindible, para lograr estos ambiciosos objetivos, el deber de fomentar el desarrollo de planes territoriales de empleo y capacitación profesional para el futuro con la activa participación de todas las partes interesadas y, en particular, de los interlocutores sociales. |
El CESE considera imprescindible, para lograr estos ambiciosos objetivos, el deber de fomentar el desarrollo de planes territoriales de empleo y capacitación profesional para el futuro con la activa participación de todas las partes interesadas y, en particular, de los interlocutores sociales. Estos planes también deben tener en cuenta las consecuencias económicas del ritmo de transición para las empresas, en particular las pymes. |
Exposición de motivos
La enmienda propuesta aclara la formulación del texto en cuanto al mayor énfasis en los objetivos y metas sociales y de empleo y deja claro que los pagos procedentes de fondos (cuando así lo establezca la normativa nacional) no bastan por sí solos para resolver el problema de la pérdida de puestos de trabajo; hace falta mucho más que eso (políticas, medidas administrativas, etc.) para apoyar a las personas desempleadas y reincorporarlas al mercado laboral.
Por último, como también se destaca en el punto 1.6 del proyecto de Dictamen, es importante que el ritmo de la transición sea compatible con la situación de las empresas, en particular de las pymes.
Resultado de la votación:
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A favor: |
73 |
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En contra: |
78 |
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Abstenciones: |
8 |
ENMIENDA 2
SOC/718 — Política energética y mercado laboral
Punto 5.2
Modifíquese de la manera siguiente:
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Dictamen de la Sección |
Enmienda |
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El CESE recuerda que uno de los principales sistemas de gobernanza para la aplicación de las transiciones socialmente justas y el seguimiento de sus avances es el Semestre Europeo. De forma previa, el CESE ha declarado que la implementación del pilar europeo de derechos sociales en el ciclo del Semestre Europeo, junto con su seguimiento a través del cuadro de indicadores sociales, es un paso en la dirección correcta (1). Sin embargo, considera que debería ponerse un mayor énfasis en la interacción entre las políticas ambientales y las laborales para promover un balance final favorable a los empleos sostenibles de calidad creados , así como a las garantías de rentas suficientes para quienes pierdan su empleo y no puedan recolocarse. Se debe reforzar el papel de las regiones y su capital social, la especialización inteligente y una agenda de capital humano. |
El CESE recuerda que uno de los principales sistemas de gobernanza para la aplicación de las transiciones socialmente justas y el seguimiento de sus avances es el Semestre Europeo. De forma previa, el CESE ha declarado que la implementación del pilar europeo de derechos sociales en el ciclo del Semestre Europeo, junto con su seguimiento a través del cuadro de indicadores sociales, es un paso en la dirección correcta (1). Sin embargo, considera que debería ponerse un mayor énfasis en la interacción entre las políticas ambientales y las laborales para promover un balance final favorable a los empleos sostenibles de calidad creados . Además, los Estados miembros, de conformidad con sus normativas nacionales, deben proporcionar y garantizar el acceso a las prestaciones por desempleo o a una renta mínima adecuada para quienes pierdan su empleo y no puedan recolocarse. Se debe reforzar el papel de las regiones y su capital social, la especialización inteligente y una agenda de capital humano. |
Exposición de motivos
Dado que el texto hace referencia a «quienes pierdan su empleo y no puedan recolocarse», parece lógico que el término «renta» se refiera a una «renta mínima». De hecho, en el punto 1.5 del proyecto de Dictamen se habla de «facilitación de acceso a […] ingresos mínimos adecuados». También cabe hacer referencia a los sistemas de prestaciones por desempleo de los Estados miembros.
Resultado de la votación:
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A favor: |
79 |
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En contra: |
98 |
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Abstenciones: |
8 |
ENMIENDA 3
SOC/718 — Política energética y mercado laboral
Punto 1.9
Modifíquese de la manera siguiente:
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Dictamen de la Sección |
Enmienda |
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El CESE estima que tanto las grandes empresas como las pymes tienen un papel importante que cumplir en el objetivo de transición energética , a través de condiciones exigentes de promoción de empleo de calidad sostenible y de protección social, así como de garantía de acceso universal a los servicios energéticos ( por ejemplo, mediante la prevención de la pobreza energética). Sin embargo, a fin de hacer frente a las mayores dificultades de las pymes, el CESE pide mejorar, agilizando y simplificando, los programas de acceso de aquellas a la financiación, con servicios de apoyo y acompañamiento continuado. |
El CESE estima que tanto las grandes empresas como las pymes tienen un papel importante que cumplir en el objetivo de transición energética promoviendo y proporcionando empleo de calidad sostenible y contribuyendo de ese modo a la protección social, así como a través de su posible papel en la garantía de acceso universal a los servicios energéticos ( y su consiguiente contribución a la prevención de la pobreza energética). Sin embargo, a fin de hacer frente a las mayores dificultades de las pymes, el CESE pide mejorar, agilizando y simplificando, los programas de acceso de aquellas a la financiación, con servicios de apoyo y acompañamiento continuado. |
Exposición de motivos
La enmienda tiene por objeto aclarar el texto para explicar cómo las grandes empresas y las pymes contribuyen a la creación de empleo sostenible y, de ese modo, a la protección social.
Resultado de la votación:
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A favor: |
76 |
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En contra: |
99 |
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Abstenciones: |
8 |
(1) Dictamen del CESE «Consideraciones adicionales acerca del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible 2022» (pendiente de publicación).
(1) Dictamen del CESE «Consideraciones adicionales acerca del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible 2022» (pendiente de publicación).