a)La primera de ellas se refiere al hecho de que se haya recurrido al Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento sumario de reclamación de pago iniciado basándose en el artículo 633 del Código Procesal Civil italiano, y ello antes de que hubiese sido oída la parte demandada. En su condición de parte en ese tipo de asuntos, el Gobierno italiano ha manifestado siempre su disgusto ante semejante manera de proceder, llegando en el pasado a calificarla explícitamente de ilícita.

Sin embargo, hoy resulta indiscutible que semejante circunstancia no puede afectar a la admisibilidad de la petición prejudicial. Para un procedimiento con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la CEE, es suficiente, en efecto, con que la petición provenga de un Tribunal y con que dicho Tribunal estime que la decisión del Tribunal de Justicia sobre los puntos controvertidos resulte necesaria para poder emitir su fallo. Por el contrario, es irrelevante la fase en que se encuentre el procedimiento en el momento de la remisión. Así lo ha reiterado claramente en los últimos tiempos el Tribunal de Justicia en la sentencia 43/71. Por consiguiente, no puede subsistir, en el caso de autos, duda alguna sobre este extremo.

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha de observar, en primer lugar, que la base jurídica general de los referidos actos radica en el artículo 189 del Tratado constitutivo de la CEE, según el cual los Reglamentos tendrán carácter general, serán obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro. Recordaremos asimismo que en un asunto con análogo objeto, el asunto 43/71, este Tribunal de Justicia declaró que, debido a su propia naturaleza y a su función en el sistema de fuentes del Derecho comunitario, los Reglamentos tienen efectos directos, resultando idóneos, en cuanto tales, para conferir a los particulares derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen obligación de proteger.

Pero naturalmente el problema que hoy nos ocupa no puede resolverse de una manera tan sencilla. Al exponer los antecedentes de hecho del litigio principal, ya señalamos claramente a este Tribunal de Justicia que la aplicación de las medidas comunitarias destinadas a influir en las estructuras agrarias en el sector de los productos lácteos depende -como a menudo sucede en el Derecho comunitario- de la colaboración del Derecho nacional; que por muy detalladas que sean, las normas del Derecho comunitario necesitan de las medidas nacionales para poder ser aplicadas en el ámbito administrativo. La respuesta a la cuestión relativa a los efectos jurídicos de las normas de que se trata en el caso de autos depende, pues, de que se determine si el legislador comunitario dejó a las autoridades nacionales cierto margen de libertad de acción para la ejecución de las normas por él adoptadas y de la manera en la que dichas normas debían completarse mediante disposiciones nacionales.

Si consideramos de esta manera el problema planteado en el caso de autos, obtenemos la siguiente perspectiva. En la página 8 de su escrito, la Comisión indicó detalladamente las medidas que correspondía adoptar a los Estados miembros para permitir que los agricultores presentasen sus solicitudes de primas por animal sacrificado y llevasen a cabo dicho sacrificio dentro del plazo establecido. Era menester designar a las autoridades competentes para tramitar las solicitudes y controlarlas; era menester fijar una fecha que sirviese de punto de referencia para determinar el ganado que podía dar lugar a la concesión de la prima por animal sacrificado; era menester determinar el número de vacas lecheras que daban derecho a la prima; era menester proceder a marcar las referidas vacas; era preciso inscribir en un registro especial el compromiso de abandonar la producción lechera durante un período de cinco años y de sacrificar las vacas lecheras antes del 30 de abril de 1970; era menester determinar el modelo de las fichas individuales a las que se hace referencia en el artículo 6 del Reglamento no 2195/69 y completar dicho documento; era menester determinar los mataderos homologados, y, por último, era menester comunicar a la Comisión el número de solicitudes presentadas e indicarle el número de vacas sacrificadas. Sin ninguna duda el Tribunal de Justicia comprobará, a este respecto, que la Orden del Ministero dell'Agricoltura e della Foreste, a la que ya me he referido, reguló todas las modalidades necesarias, y que, por consiguiente, la normativa comunitaria ha recibido suficiente complemento administrativo a nivel nacional. Para lo demás, sin embargo -y esta circunstancia reviste muy especial importancia-, el texto de los Reglamentos comunitarios que se discuten excluye claramente la existencia de una facultad discrecional de los Estados miembros. Como acertadamente ha señalado la Comisión, sólo ella disponía de facultad discrecional en el ámbito de referencia, a la hora de decidir si podían tramitarse las solicitudes presentadas. Una vez adoptada esta decisión, y teniendo en cuenta que la Comisión había establecido normas de aplicación detalladas e imperativas en virtud del artículo 9 del Reglamento no 1975/69, sólo les quedaba a las autoridades de los Estados miembros una competencia administrativa reglada. Podemos ser categóricos sobre este extremo, habida cuenta de que, aparentemente, los Estados miembros no han hecho uso de la posibilidad, que les ofrecía el artículo 10 del Reglamento no 1975/69, de establecer, con autorización de la Comisión, requisitos adicionales para la concesión de las primas contempladas en los artículos 1 y 5, y de que, por otra parte, la inexistencia de comunicación a la Comisión al respecto nos autoriza a concluir que, aparentemente, Italia tampoco hizo uso de la autorización para establecer requisitos adicionales contemplada en el artículo 19 del Reglamento no 2195/69. De este modo, la naturaleza jurídica de las medidas consideradas, su claridad y su perfección desde el punto de vista jurídico deberían llevarnos, efectivamente, a la conclusión de su aplicabilidad directa, si no fuese porque el Gobierno italiano alegó también contra dicha aplicabilidad una objeción que reviste a su juicio carácter fundamental. En efecto, sostiene que, en los casos como el de autos, el Derecho constitucional italiano supedita la aplicación del Derecho comunitario a la promulgación de una Ley nacional, y ello por dos motivos. En primer lugar, porque, debido a los problemas que plantea la regionalización, es preciso designar las autoridades competentes para la ejecución de la normativa comunitaria. En segundo lugar, porque el artículo 81 de la Constitución dispone que toda Ley que implique nuevos gastos deberá indicar los recursos financieros que permitan hacer frente a los mismos. Según el Gobierno italiano, resultó imposible reconocer la existencia de un derecho de crédito directo basado en el Derecho comunitario antes de la promulgación de las referidas medidas legislativas nacionales.

¿Qué valor tiene esta objeción? ¿Debe ser considerada pertinente? Para responder a la cuestión, conviene no perder de vista lo que sigue. Para la eficacia de medidas relativas a las estructuras agrarias tales como las que el Tribunal de Justicia ha de examinar hoy, cuyo objeto es manifiestamente el de permitir a los interesados ejercer rápidamente una actividad diferente, es absolutamente necesario, pues hay que ganarse la confianza de los interesados (factor éste decisivo para el éxito de la normativa), que los efectos contemplados se produzcan rápida y simultáneamente en todos los Estados miembros. El séptimo considerando del Reglamento no 2195/69 subrayó esta necesidad en los términos siguientes: […] Conviene asegurarse de que las primas se paguen en todos los Estados miembros dentro de los mismos plazos […]. Sin ningún género de dudas, pasar por alto este imperativo equivaldría a poner en peligro, tanto en este momento como en el futuro, los fines esenciales de la política agraria común. De lo anterior se deduce necesariamente que cuando el análisis de las disposiciones del Derecho comunitario no permita llegar a la conclusión de que existe un ámbito reservado al legislador nacional, no se podrán oponer al Derecho comunitario, que goza de primacía, las normas del Derecho presupuestario nacional en virtud de las cuales un crédito sólo resulta exigible en el momento en el que el Estado miembro libre el mandamiento de pago, basándose en que es el legislador nacional quien tiene competencia para distribuir los recursos presupuestarios y determinar las prioridades en su utilización. Por consiguiente, las medidas de los Estados miembros no pueden afectar a los derechos individuales derivados del Derecho comunitario, so pena de poner en entredicho el fundamento mismo de la Comunidad; dichas medidas no deberán obstaculizar la aplicación directa del Derecho de la Comunidad. El Tribunal de Justicia ha expresado ya tales ideas y principios en cierto número de sentencias que hubo de dictar en relación con problemas semejantes al del caso de autos; pienso, por ejemplo, en las sentencias en las que el Tribunal de Justicia hizo hincapié en el hecho de que es esencial para la Comunidad el que la aplicación del Derecho comunitario se lleve a cabo de manera uniforme y homogénea, y en aquéllas en las que el Tribunal de Justicia declaró que está excluido que las disposiciones nacionales puedan afectar al alcance de las normas de Derecho comunitario.

Recordemos, asimismo, la sentencia 34/70 (Rec. 1970, p. 1233), en la que este Tribunal de Justicia se expresó de la siguiente manera: […] la complejidad de determinadas situaciones existentes en un Estado miembro no puede alterar la naturaleza jurídica de una disposición comunitaria directamente aplicable, máxime si se tiene en cuenta que la norma comunitaria debe imponerse con la misma fuerza en todos los Estados miembros. De este modo, el Tribunal de Justicia sentó las orientaciones fundamentales para la solución de problemas tales como los que ahora se le plantean. De lo anterior resulta necesariamente que la objeción planteada por el Gobierno italiano no puede modificar la convicción de este Tribunal de Justicia.

Por consiguiente, creo que procede que, en respuesta a la primera cuestión planteada, el Tribunal de Justicia declare que los Reglamentos de que se trata son directamente aplicables debido a su propia naturaleza jurídica y también a la claridad y al carácter completo de las disposiciones adoptadas, así como a la inexistencia de toda facultad discrecional nacional. Por consiguiente, las disposiciones de los referidos Reglamentos, y, en particular, las del artículo 10 del Reglamento no 2195/69, confieren a los justiciables derechos individuales que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de tutelar.

Con carácter preliminar, el Gobierno italiano formuló contra esta cuestión objeciones de principio, que versan de hecho sobre su admisibilidad. Se basan en la idea de que podría ocurrir que el Juez remitente esté pretendiendo que el Tribunal de Justicia declare que determinadas normas nacionales no son compatibles con el Derecho comunitario. El Gobierno italiano teme, además, que se esté pidiendo al Tribunal de Justicia que valore el Derecho comunitario directamente aplicable en relación con el artículo 633 del Código Procesal Civil italiano, es decir, que responda a la cuestión de si el proceso sumario de reclamación de pago es adecuado para la ejecución de derechos de crédito derivados de Reglamentos comunitarios. El Gobierno italiano estima que ni lo uno ni lo otro resulta posible en el marco del procedimiento del artículo 177 del Tratado constitutivo de la CEE y sostiene, en particular, que la calificación de los posibles derechos individuales, desde el ángulo en que se sitúa el Pretore, debe reservarse al Juez nacional, puesto que una concepción análoga es inexistente en el Derecho comunitario.

Estas objeciones tampoco resisten un examen en profundidad. Una interpretación razonable de la resolución de remisión a la luz de las explicaciones facilitadas por la demandante en el litigio principal, que aparentemente es quien ha formulado las cuestiones prejudiciales, muestra que la cuestión del Juez remitente no tiene, en efecto, el alcance manifiestamente ilícito que le atribuye el Gobierno italiano, sino que, sencillamente, se trata de lo siguiente. Como este extremo es importante para el procedimiento sumario de reclamación de pago que prevé el Código Procesal Civil italiano, así como para el cálculo de los intereses a los que sea acreedora la demandante en el litigio principal, el pretore di Lonato querría saber si el derecho al cobro de una prima por animal sacrificado estaba suficientemente determinado por el Derecho comunitario y si constituía un crédito inmediatamente exigible o si dicha exigibilidad estaba condicionada a determinados plazos y requisitos. No cabe ninguna duda de que tales precisiones pueden aportarse desde el punto de vista del Derecho comunitario. Por otra parte, lo que he dicho previamente muestra que dichas precisiones no presentan dificultades especiales y que no precisan de amplios desarrollos.

Lo que en el caso de autos resulta decisivo es el claro texto del artículo 10 del Reglamento no 2195/69, que quisiera citar una vez más. A tenor de dicha disposición, la prima a que se refieren el apartado 1 y la primera frase del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1975/69 se abonará en el plazo de dos meses a contar desde la prueba del sacrificio de la res, realizada de conformidad con el artículo 9 del presente Reglamento. De lo anterior se deduce que la exigibilidad de la prima no está condicionada por reserva alguna en favor del Derecho nacional. Por consiguiente, este Derecho no puede condicionar la exigibilidad del crédito regulado por el Derecho comunitario, ni imponiendo condiciones ni alargando los plazos. Por otra parte, el importe de los créditos se encuentra suficientemente precisado. Por un lado, mediante los textos comunitarios que fijan el importe de las primas, y, por otro, mediante las declaraciones de las autoridades nacionales competentes indicando el número de animales afectados en una determinada fecha de referencia, así como los sacrificios de reses llevados a cabo.

Por consiguiente, es legítimo afirmar que era posible basar un derecho de crédito preciso en los Reglamentos comunitarios, considerados en relación con las normas de aplicación nacionales, que dicho crédito se convirtió en exigible en una fecha determinada por el artículo 10 del Reglamento no 2195/69, y que a partir de esa fecha los Tribunales nacionales tenían la obligación de hacer todo lo necesario para que su cobro se llevase a efecto.

a)Las disposiciones de los Reglamentos nos 1975/69 y 2195/69 son directamente aplicables en los Estados miembros. Conjuntamente con las medidas adoptadas a nivel nacional para su aplicación administrativa, confieren a los justiciables derechos individuales que las disposiciones nacionales no pueden condicionar y cuya tutela incumbe a los Tribunales.b)Puesto que los requisitos previstos por los Reglamentos nos 1975/69 y 2195/69 se habían cumplido, el artículo 10 del Reglamento no 2195/69 confería un derecho de crédito que podía fijarse basándose en las declaraciones efectuadas por las autoridades nacionales. El crédito se convirtió en exigible a la expiración del plazo indicado por el artículo 10 del Reglamento no 2195/69, es decir, el de dos meses a contar de la prueba del sacrificio de la res. A partir de dicha fecha, se podía reclamar su cobro acudiendo a los Tribunales nacionales.