–

en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. O. Beynet y M. Owsiany-Hornung y por el Sr. T. Scharf, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2, letras b) y c), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), y del artículo 3, apartados 5 y 7, y del anexo I, apartado 1, letras a) y e), de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO 2009, L 211, p. 55).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre I. S. A., un suministrador de electricidad (en lo sucesivo, «suministrador»), y S. J., titular de una explotación agrícola, en relación con el pago de una penalización contractual debida a la resolución anticipada, por parte de este último, de un contrato de suministro de electricidad celebrado por dichas partes de duración determinada y precio fijo.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 93/13

3

A tenor del artículo 2 de la Directiva 93/13:

Directiva 2009/72

4

Los considerandos 3, 7, 8, 51, 52, 54 y 57 de la Directiva 2009/72 tenían el siguiente tenor:

5

El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Contenido y ámbito de aplicación», disponía lo siguiente:

6

El artículo 2 de dicha Directiva contenía las siguientes definiciones:

7

El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Obligaciones de servicio público y protección del cliente», disponía, en sus apartados 5 y 7:

8

El artículo 33 de la Directiva 2009/72, titulado «Apertura del mercado y reciprocidad», precisaba en su apartado 1:

9

El artículo 37 de esta Directiva, titulado «Obligaciones y competencias de la autoridad reguladora», establecía lo siguiente en su apartado 1:

10

El anexo I de esta Directiva, titulado «Medidas de protección del consumidor», establecía en su apartado 1:

–

la duración del contrato, las condiciones para la renovación y la terminación de los servicios y del contrato y, cuando esté permitido, la resolución del contrato sin costes;

11

La Directiva 2009/72 fue derogada y sustituida, con efectos a partir del 1 de enero de 2021, por la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO 2019, L 158, p. 125), con arreglo al artículo 72, párrafo primero, de la Directiva 2019/944.

Directiva 2011/83/UE

12

El considerando 17 de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13 del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64), enuncia:

Directiva 2019/944

13

A tenor del considerando 1 de la Directiva 2019/944:

14

El artículo 12 de la Directiva 2019/944, titulado «Derecho a cambiar de suministrador y normas aplicables a las tasas relacionadas con el cambio», dispone, en sus apartados 2 y 3:

Derecho polaco

15

La ustawa — Prawo energetyczne (Ley sobre la Energía), de 10 de abril de 1997 (Dz. U. n.o 54, posición 348), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley sobre la Energía»), prevé, en su artículo 4j, apartado 3a:

16

La ustawa — Kodeks cywilny (Ley por la que se aprueba el Código Civil), de 23 de abril de 1964 (Dz. U. n.o 16, posición 93), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil»), establece, en su artículo 483, apartado 1:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

17

El 18 de marzo de 2017, S. J. y el suministrador celebraron un contrato de suministro de electricidad (en lo sucesivo, «contrato controvertido en el litigio principal»), al que se adjuntaban un anexo 1 y unas condiciones generales de venta, que formaban parte integrante de él.

18

La cláusula 7, apartado 2, de dicho contrato estipulaba que este se celebraría por una duración determinada hasta el 31 de diciembre de 2021 y que el suministro de electricidad comenzaría el 1 de enero de 2018. El apartado 6 de esa cláusula precisaba que, en particular, en caso de resolución del contrato por el cliente antes de la fecha indicada en ese apartado 2, este estaría obligado a pagar una penalización contractual con arreglo a los principios enunciados en el punto VI, apartados 1 a 3, de esas condiciones generales de venta. En virtud de ese apartado 1, el importe de esta penalización correspondía al producto de la electricidad no utilizada declarada por el cliente en el mismo contrato como «cantidad de energía prevista» para un lugar de suministro determinado, al precio unitario de 60 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 14 euros) por megavatio hora (MWh). La cantidad de energía no utilizada se calculaba como la suma del consumo medio de energía estimado para cada uno de los meses siguientes a la resolución del contrato controvertido en el litigio principal y que quedaba hasta el final del período indicado en dicha cláusula 7, apartado 2. El consumo de electricidad previsto en el punto de consumo era de 20 MWh anuales y el punto de consumo de electricidad, precisado en el anexo 1 de ese contrato, era la explotación agrícola de S. J.

19

Mediante escrito de 5 de mayo de 2017, notificado al suministrador el 8 de mayo de 2017, S. J. indicó a este que desistía del contrato controvertido en el litigio principal ejerciendo el derecho de desistimiento legal previsto para los contratos de consumo. Además, presentó una declaración relativa a la renuncia a los efectos jurídicos de un contrato celebrado por error y alegó que dicho contrato no era válido.

20

Mediante escrito de 22 de mayo de 2020, el suministrador indicó que consideraba que dichas declaraciones carecían de efecto. Emitió una nota de adeudo en la que se concedía a S. J. un plazo que expiraba el 7 de julio de 2020 para pagar la cantidad de 4 700,22 PLN (aproximadamente 1 128 euros), en concepto de penalización contractual, así como una factura fechada el 5 de marzo de 2018 por un importe de 254,33 PLN (aproximadamente 61 euros) y una factura rectificativa fechada el 8 de enero de 2020 por un importe de 314,90 PLN (aproximadamente 75 euros), por la energía suministrada durante el período comprendido entre el 1 y el 10 de enero de 2018.

21

Al negarse S. J. a pagar esas cantidades, el suministrador acudió al Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la Ciudad de Varsovia, Polonia) para que se condenara a S. J. a abonarlas. Dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso. Por una parte, consideró que S. J. no tenía la condición de consumidor y que, por lo tanto, no estaba facultado para desistir del contrato controvertido en el litigio principal sobre la base de la normativa relativa a la protección de los consumidores. A este respecto, señaló, en particular, que el contrato controvertido en el litigio principal designaba como punto de consumo la explotación agrícola de S. J. y que, si bien es cierto que este había indicado que la energía comprada también estaba destinada a su uso doméstico, ello era insuficiente para calificarlo de consumidor, ya que dicho contrato estipulaba que estaba destinado a personas que no tenían la condición de consumidor. En ese sentido, según el referido órgano jurisdiccional, la utilización de una oferta destinada a clientes que no tuvieran la condición de consumidor probaba por sí sola que S. J. había celebrado el contrato controvertido en el litigio principal como profesional y que tal contrato se refería directamente a su actividad profesional, a saber, su explotación agrícola.

22

Por otra parte, el mismo órgano jurisdiccional aplicó el artículo 4j, apartado 3a, de la Ley sobre la Energía, pero consideró, no obstante, que no procedía estimar la pretensión de pago de la penalización contractual, dado que, en virtud del artículo 483, apartado 1, del Código Civil, tal penalización solo puede establecerse en caso de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de una obligación no pecuniaria, mientras que, en el caso de autos, el objeto de la prestación del comprador en caso de venta de energía es una prestación pecuniaria, a saber, el pago del precio.

23

Además, las solicitudes de pago por la energía consumida fueron rechazadas por infundadas, ya que el suministrador no suministró ninguna cantidad de energía.

24

El suministrador interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente. Invoca, en particular, la infracción del artículo 4j, apartado 3a, de la Ley sobre la Energía y del artículo 483, apartado 1, del Código Civil.

25

El órgano jurisdiccional remitente expone que, según las declaraciones de S. J., los representantes de una empresa eléctrica se presentaron en su explotación agrícola el 18 de marzo de 2017 y le hicieron una oferta de suministro de electricidad. Siguiendo sus indicaciones, firmó los formularios en blanco que se le habían presentado y recibió, a finales del mes de abril de 2017, un ejemplar del contrato controvertido en el litigio principal en el que, por una parte, los datos y los anexos eran diferentes de los de la oferta que se le había hecho y, por otra parte, se había introducido arbitrariamente información relativa al consumo de energía previsto. Por ello, mediante escrito de 5 de mayo de 2017, manifestó su voluntad de desistir de dicho contrato.

26

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, si S. J. tiene la condición de profesional o de consumidor y si, por consiguiente, su desistimiento era válido. A este respecto, observa, en particular, que el Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la Ciudad de Varsovia) declaró que el contrato controvertido en el litigio principal mencionaba como destinatario la «explotación agrícola» de S. J. y que este último órgano jurisdiccional concluyó que S. J. no tenía la condición de consumidor basándose únicamente en la cláusula 2, apartado 4, de dicho contrato, que estipula que este contrato estaba destinado a personas que no tenían tal condición. Asimismo, señala que, con arreglo a la legislación polaca, un agricultor debe ser considerado profesional, salvo que gestione su explotación agrícola para sus propias necesidades.

27

Considera, además, que si bien es cierto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la condición de consumidor o de profesional, en el sentido de la Directiva 93/13, debe determinarse a la luz de un criterio funcional, consistente en apreciar si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión, tal distinción funcional no es, sin embargo, posible en el caso de autos, dado que es indiscutible que el contrato controvertido en el litigio principal tenía por objeto la adquisición de energía tanto para la explotación agrícola de que se trata como para un uso doméstico de S. J. Añade que los contratos con doble finalidad no se mencionan en la Directiva 93/13 y que, si bien el considerando 17 de la Directiva 2011/83 se refiere a este tipo de contrato, el Tribunal de Justicia, en particular en la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), adoptó, para determinar si el firmante de tal contrato puede ser considerado un consumidor, criterios diferentes de los enunciados en ese considerando 17.

28

A la vista de estos elementos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta cómo debe interpretarse el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, cuando el contrato en cuestión tiene una finalidad en parte privada y en parte profesional.

29

En segundo lugar, al constatar que, habida cuenta de la fecha de celebración del contrato controvertido en el litigio principal, la Directiva 2009/72 es la pertinente para la resolución del litigio del que conoce, el órgano jurisdiccional remitente observa que la posibilidad de cambiar libremente de suministrador de energía y la protección específica de los consumidores figuran entre los principios formulados en dicha Directiva y que la posibilidad de desistir de un contrato está estrechamente vinculada al cambio de suministrador. Pues bien, la posibilidad de imponer gastos al cliente en caso de que este resuelva un contrato de suministro de energía de duración determinada resulta, a su juicio, problemática desde el punto de vista de la garantía de poder cambiar libremente de suministrador de energía.

30

Según el órgano jurisdiccional remitente, del artículo 3, apartado 7, y del anexo I de la Directiva 2009/72 se desprende que un cliente que tenga la condición de consumidor no debe abonar cargo alguno en caso de cambio de suministrador o de desistimiento del contrato. Además, dicho artículo 3, apartado 7, implica que debe garantizarse la posibilidad de que un consumidor cambie fácilmente de suministrador, sin que sufra discriminación en materia de costes y sin que las desventajas económicas impuestas constituyan un medio de discriminación arbitraria respecto de otros suministradores, de modo que el cliente no pueda cambiar efectivamente de suministrador.

31

Sin embargo, el artículo 4j, apartado 3a, de la Ley sobre la Energía, que prevé la posibilidad de imponer una penalización al cliente en caso de resolución anticipada de un contrato de duración determinada, no contiene una exención para los consumidores. Por lo tanto, se plantea, a su juicio, la cuestión de si esta Ley es contraria a la Directiva 2009/72, más concretamente al nivel elevado de protección de los consumidores previsto en el anexo I, apartado 1, letras a) y e), de esta y al que se refiere el considerando 51 de dicha Directiva. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente subraya que el Derecho polaco permite la imposición de penalizaciones contractuales, pero no establece ningún criterio para su cálculo, en particular en términos de proporcionalidad con los costes, con los riesgos soportados o con el daño sufrido, lo que sería contrario a los requisitos establecidos, en particular, en el artículo 3, apartado 7, de dicha Directiva. En efecto, en la práctica, tales penalizaciones podrían ser iguales a los costes potencialmente facturados por el suministro de energía pactado, lo que, de hecho, impediría la posibilidad de resolver tales contratos.

32

En esas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

33

Procede señalar, de entrada, que aunque, en el tenor de su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no solo se refiere a la letra b) del artículo 2 de la Directiva 93/13, que define el concepto de «consumidor», en el sentido de esta Directiva, sino también a la letra c) de dicho artículo, que define el concepto de «profesional», en el sentido de tal Directiva, también se desprende de ese tenor y de los motivos de la petición de decisión prejudicial que ese órgano jurisdiccional pretende obtener una interpretación únicamente del concepto de «consumidor».

34

En estas circunstancias, procede entender que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, en relación con el considerando 17 de la Directiva 2011/83, debe interpretarse en el sentido de que está comprendido en el concepto de «consumidor», a efectos de dicha disposición, un agricultor que celebra un contrato de compra de electricidad destinada tanto a su explotación agrícola como a su uso doméstico.

35

Con arreglo al artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, un «consumidor» es toda persona física que, en los contratos regulados por la referida Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.

36

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el concepto de «consumidor», en el sentido de dicho artículo 2, letra b), tiene carácter objetivo y es independiente de los conocimientos concretos que pueda tener la persona de que se trata o de la información de que dicha persona realmente disponga. De este modo, la condición de «consumidor» del interesado debe determinarse según un criterio funcional, consistente en evaluar si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión [véanse, en ese sentido, el auto de 19 de noviembre de 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, apartado 27, y la sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de «consumidor»), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 30 y jurisprudencia citada].

37

En cuanto a la cuestión de si, y, en caso de una respuesta afirmativa, en qué supuestos, una persona que haya celebrado un contrato con doble finalidad, a saber, un contrato relativo a un bien o a un servicio destinado a un uso parcialmente relacionado con su actividad profesional y que, por tanto, solo es parcialmente ajeno a dicha actividad, puede, no obstante, estar comprendida en el concepto de «consumidor», en el sentido del citado artículo 2, letra b), el Tribunal de Justicia ya ha señalado que, si bien el tenor de esta disposición no permite determinarlo, el contexto en el que se inscribe dicha disposición no excluye que, en determinados casos, una persona física que celebre tal contrato podría ser calificada de «consumidor», en el sentido de la misma disposición [véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de «consumidor»), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartados 31 a 39].

38

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión en el sector de los contratos celebrados por los consumidores y la coherencia del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta, en particular, el concepto de «consumidor» que figura en el considerando 17 de la Directiva 2011/83, que aclara la voluntad del legislador de la Unión en lo que respecta a la definición del concepto de «consumidor» en caso de contratos con doble finalidad y del que se desprende que si el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona y el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general de ese contrato, dicha persona debe ser considerada como consumidor [véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de «consumidor»), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartados 40 a 45].

39

Además, el Tribunal de Justicia ha recordado que el carácter imperativo de las disposiciones que figuran en la Directiva 93/13 y las exigencias particulares de protección de los consumidores requieren una interpretación amplia del concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de dicha Directiva, para garantizar el efecto útil de esta [véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de «consumidor»), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 46].

40

En este contexto, el Tribunal de Justicia también ha subrayado que, en la medida en que el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 tiene por objeto proteger a los consumidores en caso de cláusulas contractuales abusivas, la interpretación estricta del concepto de «consumidor» realizada en la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32), a los efectos de determinar el alcance de las reglas de competencia de carácter excepcional previstas en los artículos 13 a 15 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los sucesivos convenios relativos a la adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio, en caso de contrato de doble finalidad, no puede extenderse, por analogía, al concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 [sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de «consumidor»), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 51].

41

Teniendo en cuenta esos elementos, el Tribunal de Justicia ha determinado que el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto de «consumidor», en el sentido de dicha disposición, una persona que, junto con otro prestatario que no ha actuado en el marco de su actividad profesional, ha celebrado un contrato de préstamo destinado a un uso parcialmente relacionado con su actividad profesional y parcialmente ajeno a dicha actividad, si la finalidad profesional es tan limitada que no predomina en el contexto global de ese contrato [véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de «consumidor»), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 53].

42

De lo anterior se desprende que, para determinar si una persona física que celebra un contrato de doble finalidad comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional y, por consiguiente, está comprendida en el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, procede examinar si la finalidad profesional de ese contrato es tan limitada que no predomina en el contexto global de este.

43

Según reiterada jurisprudencia, corresponde al juez nacional que conoce de un litigio relativo a un contrato que puede entrar dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 la obligación de comprobar, teniendo en cuenta el conjunto de las pruebas y, en particular, los términos de dicho contrato, si la persona de que se trata puede tener la condición de «consumidor» en el sentido de esa Directiva. A tal efecto, el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso que puedan demostrar con qué finalidad se adquiere el bien o el servicio objeto del contrato considerado y, en particular, la naturaleza de dicho bien o de dicho servicio [sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de «consumidor»), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 55 y jurisprudencia citada].

44

Lo mismo sucede cuando se trata de un contrato con doble finalidad, a efectos de la apreciación, por un lado, de la magnitud de cada una de esas dos partes, en el contexto global del contrato, y, por otro lado, de la finalidad predominante de dicho contrato. Así pues, cuando se trata de un contrato con doble finalidad, corresponde al juez nacional examinar todas las circunstancias concretas que rodean al contrato en cuestión y apreciar, sobre la base de las pruebas objetivas de que dispone, en qué medida predomina la finalidad profesional o no profesional de dicho contrato en el contexto global de este [véase, por analogía, la sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de «consumidor»), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartados 56 y 58].

45

Por lo tanto, si bien deben tenerse en cuenta los términos del contrato en cuestión, estos no bastan por sí solos para determinar si, al celebrar un contrato con doble finalidad, la persona física de que se trate actuó o no con fines ajenos a su actividad profesional. Sin embargo, habida cuenta del objeto del contrato controvertido en el litigio principal, que se refiere a una compra de electricidad, debe precisarse que una estimación por las partes de un alto consumo de electricidad anual puede revelar que predomina la finalidad profesional, mientras que una estimación de consumo poco elevado puede indicar que la finalidad predominante consiste en un uso doméstico.

46

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, en relación con el considerando 17 de la Directiva 2011/83, debe interpretarse en el sentido de que está comprendido en el concepto de «consumidor», a efectos de dicha disposición, un agricultor que celebra un contrato de compra de electricidad destinada tanto a su explotación agrícola como a su uso doméstico cuando la finalidad profesional de ese contrato es tan limitada que no resulta predominante en el contexto global del citado contrato.

Segunda cuestión prejudicial

47

Con carácter preliminar, procede señalar, para empezar, que la petición de decisión prejudicial no pone de manifiesto la razón por la que la interpretación del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2009/72, mencionado en el tenor de la segunda cuestión prejudicial, resulta pertinente para la resolución del litigio principal. En efecto, en virtud de dicho apartado 5, letras a) y b), los Estados miembros garantizarán que, por una parte, en caso de que un cliente, en el respeto de las condiciones contractuales, desee cambiar de proveedor, el cambio se efectúe en un plazo de tres semanas por el gestor o gestores de que se trate y que, por otra parte, los consumidores tengan derecho a recibir todos los datos pertinentes sobre el consumo, derechos que deben reconocerse a los consumidores sin discriminaciones por cuanto a costes, esfuerzo o tiempo se refiere.

48

Pues bien, de dicha petición se desprende que el contrato controvertido en el litigio principal fue resuelto antes de su fecha de entrada en vigor y antes de que se hubiera suministrado electricidad en virtud del mismo. En estas circunstancias, y a falta de una explicación del órgano jurisdiccional remitente a este respecto, nada indica que el litigio principal se refiera a un supuesto de cambio de suministrador. Del mismo modo, nada indica que este litigio se refiera a la comunicación, por parte del suministrador, de datos de consumo. Por otra parte, el derecho a cambiar fácilmente de suministrador, que, en virtud del artículo 2, punto 12, de la Directiva 2009/72, en relación con el artículo 33 de esta, beneficia, desde el 1 de julio de 2007, a todos los clientes, en el sentido del artículo 2, punto 7, de dicha Directiva, y respecto del cual el órgano jurisdiccional remitente expresa las dudas que justifican su segunda cuestión prejudicial, está previsto específicamente en el artículo 3, apartado 7, de la citada Directiva, que también es objeto de esta cuestión.

49

Asimismo, la interpretación solicitada del anexo I, apartado 1, letra e), de la Directiva 2009/72, también mencionada en el tenor de la segunda cuestión prejudicial, no parece necesaria para la resolución del litigio principal. En efecto, esta disposición se refiere al supuesto de un cambio del prestador del servicio de electricidad pese a que, como se ha señalado en el apartado anterior de la presente sentencia, la petición de decisión prejudicial no pone de manifiesto de qué modo ese litigio se refiere a tal supuesto.

50

A continuación, procede recordar que el concepto de «consumidor», utilizado por el órgano jurisdiccional remitente en el tenor de la segunda cuestión prejudicial, no está definido en la Directiva 2009/72, pero que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, a falta de indicación en sentido contrario en una determinada disposición de dicha Directiva, este término tiene, en esta última, un sentido amplio e incluye, en principio, a todo «cliente final», en el sentido del artículo 2, punto 9, de la citada Directiva, a saber, tanto los «clientes domésticos», en el sentido del citado artículo 2, punto 10, como los «clientes no domésticos», en el sentido del citado artículo 2, punto 11 [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 35].

51

Sin embargo, de la petición de decisión prejudicial se desprende que es el alcance de la medida enunciada en el anexo I, apartado 1, letra a), quinto guion, de la Directiva 2009/72 el que constituye el núcleo de las dudas del órgano jurisdiccional remitente. Pues bien, este anexo I se refiere más concretamente, como se desprende del artículo 3, apartado 7, última frase, de esta Directiva, a los «clientes domésticos», en el sentido del artículo 2, punto 10, de dicha Directiva.

52

Por último, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que el contrato controvertido en el litigio principal se celebró no solo por una duración determinada, sino también por un precio fijo para toda la duración de dicho contrato.

53

Habida cuenta de estos elementos, procede considerar que, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 7, y el anexo I, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/72, en relación con el considerando 51 de esta Directiva, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que permite que se imponga una penalización contractual a un cliente doméstico cuando resuelve anticipadamente un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo.

54

Para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [sentencias de 7 de junio de 2005, VEMW y otros, C‑17/03, EU:C:2005:362, apartado 41, y de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 32].

55

Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor de las disposiciones cuya interpretación se solicita, procede recordar que el artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2009/72 obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas oportunas para proteger a los clientes finales, garantizar un nivel elevado de protección del consumidor, en particular en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales, la información general y los procedimientos de resolución de conflictos, y velar por que los clientes cualificados puedan cambiar fácilmente de suministrador. Esa disposición precisa, además, que, al menos por lo que respecta a los clientes domésticos, estas medidas deberán incluir las que se enuncian en el anexo I de la Directiva citada.

56

Como se desprende de dicho anexo I, apartado 1, letra a), quinto guion, entre ellas figuran medidas que tienen por objeto garantizar que los clientes tengan derecho a un contrato con el prestador del servicio de electricidad en el que se especifique, en particular, «la resolución del contrato sin costes».

57

No obstante, de una comparación de las diferentes versiones lingüísticas de la Directiva 2009/72 se desprende que esta disposición únicamente parece indicar en su versión en lengua francesa que, al menos por lo que respecta a los clientes domésticos, los Estados miembros deben adoptar medidas que tengan por objeto garantizar que el contrato que los clientes celebren con su suministrador de electricidad prevea su derecho a obtener la resolución sin costes. En efecto, en todas las demás versiones lingüísticas de esta Directiva, dicha disposición se limita a indicar, en esencia, que, al menos por lo que respecta a los clientes domésticos, los Estados miembros deben adoptar medidas que tengan por objeto garantizar que los clientes tengan derecho a un contrato con el prestador del servicio de electricidad en el que se especifique si es posible resolver el contrato sin costes.

58

Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición y a esa formulación tampoco se le puede reconocer carácter prioritario a tal efecto frente a otras versiones lingüísticas. Efectivamente, la necesidad de una aplicación y, por tanto, de una interpretación uniformes de un acto de la Unión Europea exige que este no sea considerado de manera aislada en una de sus versiones, sino que sea interpretado en función del sistema general y de la finalidad de la normativa en la que se integre (sentencia de 30 de junio de 2022, Allianz Elementar Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, apartado 36 y jurisprudencia citada).

59

Por otra parte, procede recordar que el último párrafo del anexo I, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/72 precisa que las condiciones de los contratos serán equitativas y se darán a conocer con antelación y que, en cualquier caso, la información enumerada en dicha disposición debe comunicarse antes de la celebración o confirmación del contrato.

60

De estos elementos se desprende que el tenor del artículo 3, apartado 7, y del anexo I, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/72 indica que, al menos por lo que respecta a los clientes domésticos, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que dichos clientes puedan cambiar fácilmente de suministrador, si así lo desean. Además, deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las estipulaciones contractuales sean equitativas, estén redactadas en términos claros y se den a conocer con antelación, para que el cliente pueda comprender su alcance antes de la firma del contrato y prestar su consentimiento libre y con conocimiento de causa, cumpliendo así el requisito de transparencia que impone dicho tenor, y para que exista un procedimiento de resolución de los conflictos que puedan surgir entre esos clientes y su suministrador de electricidad.

61

En cambio, el tenor de estas disposiciones no permite determinar si estas excluyen la facultad de los Estados miembros de establecer, en su normativa nacional, que pueda imponerse una penalización contractual a un cliente doméstico cuando resuelve anticipadamente un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo.

62

A este respecto, procede señalar, en particular, que el hecho de que una normativa nacional permita que un contrato de ese tipo estipule que será exigible una penalización contractual en caso de resolución anticipada de este por el cliente no impide necesariamente que dicho cliente pueda cambiar fácilmente de suministrador, como prevé el tenor del artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2009/72, siempre que dicha normativa contenga los instrumentos que permitan garantizar el cumplimiento de los requisitos enunciados en el apartado 60 de la presente sentencia y, en particular, controlar el importe de tal penalización [véase, por analogía, la sentencia de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 37]. En efecto, es más ese importe que la propia existencia de tal penalización en principio lo que puede impedir tal cambio.

63

Por lo que atañe, en segundo lugar, al contexto en el que se inscriben el artículo 3, apartado 7, y el anexo I, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/72, procede señalar, antes de nada, que el artículo 3, apartado 5, de esta Directiva precisa que los cambios de suministrador se efectuarán en el respeto de las condiciones contractuales. En este mismo sentido, el artículo 37, apartado 1, letra l), de dicha Directiva encomienda a las autoridades reguladoras la misión de respetar la libertad contractual respecto de los contratos de suministro interrumpibles y de los contratos a largo plazo, siempre que sean compatibles con el Derecho de la Unión y coherentes con las políticas de la Unión.

64

A continuación, es cierto que, en virtud del anexo I, apartado 1, letra e), de la Directiva 2009/72, en relación con el artículo 3, apartado 7, de esta, los Estados miembros deben, al menos en lo que respecta a los clientes domésticos, adoptar medidas para garantizar que estos clientes «no deban abonar cargo alguno por cambio de proveedor». Sin embargo, de ello no puede deducirse que la Directiva 2009/72 se oponga, por principio, a la imposición de una penalización contractual en caso de resolución anticipada, por un cliente doméstico, de un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo.

65

En efecto, considerar que el anexo I, apartado 1, letra e), de la Directiva 2009/72 implica que, aun cuando un cliente doméstico rescinda anticipadamente un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo, nunca se le puede imponer una penalización contractual iría en contra del tenor de dicho anexo I, apartado 1, letra a), quinto guion, en la mayoría de sus versiones lingüísticas y, según la versión lingüística de este que se considere, privaría a esta última disposición de efecto útil o haría que la Directiva 2009/72 incurriese en una contradicción.

66

Pues bien, cuando una disposición del Derecho de la Unión puede ser objeto de varias interpretaciones, deberá darse prioridad a la que permita garantizar su eficacia (sentencias de 24 de febrero de 2000, Comisión/Francia, C‑434/97, EU:C:2000:98, apartado 21, y de 23 de noviembre de 2023, EVN Business Service y otros, C‑480/22, EU:C:2023:918, apartado 37 y jurisprudencia citada). Además, en virtud de un principio general de interpretación, toda disposición debe interpretarse, en la medida de lo posible, de un modo que no cuestione su validez (sentencias de 4 de octubre de 2001, Italia/Comisión, C‑403/99, EU:C:2001:507, apartado 37, y de 21 de septiembre de 2023, Stappert Deutschland, C‑210/22, EU:C:2023:693, apartado 47 y jurisprudencia citada).

67

Por lo tanto, procede considerar que los eventuales cargos por cambio de suministrador contemplados en el anexo I, apartado 1, letra e), de la Directiva 2009/72 se distinguen de los costes vinculados a la resolución de un contrato contemplados en la letra a) de dicha disposición y que ese anexo I, apartado 1, letra e), no excluye, por principio, que los Estados miembros conserven la facultad de establecer, en su normativa nacional, que pueda imponerse una penalización contractual a un cliente doméstico cuando rescinda anticipadamente un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo.

68

Por otra parte, es en este sentido en el que el legislador de la Unión se pronunció expresamente cuando adoptó la Directiva 2019/944, como se desprende inequívocamente del artículo 12, apartados 2 y 3, de la Directiva 2019/944, que constituye, conforme a su considerando 1, una refundición de la Directiva 2009/72 y que sustituye a esta última desde el 1 de enero de 2021.

69

Por último, el considerando 51 de la Directiva 2009/72 se limita a indicar, en primer lugar, que los intereses de los consumidores deben constituir el núcleo de dicha Directiva y que la calidad del servicio es una responsabilidad central de las empresas eléctricas; en segundo lugar, que es necesario reforzar los derechos existentes de los consumidores y prever un mayor grado de transparencia; en tercer lugar, que la protección de los consumidores debe garantizar que todos los consumidores se beneficien de un mercado competitivo y, en cuarto lugar, que los Estados miembros o, cuando un Estado miembro así lo haya dispuesto, las autoridades reguladoras deben velar por que se apliquen los derechos de los consumidores. Así pues, este considerando no contiene ninguna indicación en el sentido de privar, por principio, a los Estados miembros de la facultad de establecer, en su normativa nacional, que se pueda imponer una penalización contractual a un cliente doméstico cuando resuelve anticipadamente un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo.

70

En cambio, el considerando 52 de dicha Directiva enuncia que los consumidores deben poder disponer de información clara y comprensible sobre sus derechos en relación con el sector energético, y el considerando 54 de esta precisa que las vías efectivas de resolución de conflictos previstas en el artículo 3, apartado 7, de dicha Directiva deben estar al alcance de todos los consumidores.

71

Por ello, procede considerar que del contexto en el que se inscriben el artículo 3, apartado 7, y el anexo I, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/72 no se desprende que estas disposiciones se opongan, por principio, a una normativa nacional que permita imponer una penalización contractual a un cliente doméstico cuando resuelve anticipadamente un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo. En cambio, de este contexto se desprende, esencialmente, que tal normativa nacional debe, como ya indica el tenor de las disposiciones que han de interpretarse, garantizar que los clientes, en particular domésticos, tengan derecho a elegir a su suministrador y a ser informados de manera clara y comprensible de sus derechos y que puedan hacerlos valer en el marco de un procedimiento de resolución de conflictos [véase, por analogía, la sentencia de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 44].

72

Por lo que respecta, en tercer lugar, a los objetivos perseguidos por la Directiva 2009/72, el Tribunal de Justicia ya ha determinado que, a tenor de su artículo 1, esta Directiva tiene por objeto establecer normas comunes en materia de generación, transporte, distribución y suministro de electricidad, así como normas relativas a la protección de los consumidores, con vistas a mejorar e integrar unos mercados competitivos de la electricidad en la Unión. En ese contexto, y como se deduce de los considerandos 3, 7 y 8 de la referida Directiva, esta pretende, en particular, establecer un mercado interior de la electricidad plenamente abierto y competitivo que permita a todos los consumidores de la Unión elegir libremente a sus suministradores y a estos últimos abastecer libremente a sus clientes, promover la competitividad en el mercado interior, con el fin de garantizar el suministro de energía al precio más competitivo posible, y crear condiciones de competencia equitativas en ese mercado, con el fin de culminar el mercado interior de la electricidad [sentencia de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 45 y jurisprudencia citada].

73

A este respecto, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia también ha declarado que los contratos de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo pueden asegurar la protección de los clientes garantizándoles un precio bajo y estable de la electricidad, ofreciendo a los consumidores la certeza de unos costes de energía que no varían durante toda la vigencia del contrato. Sin embargo, para hacer frente a sus obligaciones derivadas de tales contratos, el suministrador de electricidad de que se trate puede haber incurrido en gastos específicos, que pueden haberle acarreado costes adicionales en comparación con un contrato por tiempo indefinido y sin precio fijo, en particular con el fin de protegerse contra la volatilidad de los costes en el mercado mayorista. De este modo, la posibilidad de permitir la imposición de una penalización contractual a cargo del cliente cuando resuelva anticipadamente este tipo de contrato de duración determinada y precio fijo puede permitir al suministrador compensar los costes específicos que se derivan para él de este tipo de contrato, evitando al mismo tiempo tener que repercutir a todos sus clientes el riesgo financiero vinculado a este tipo de contrato, lo que podría traducirse en un incremento de los precios de la electricidad respecto a ellos y lo que sería, en definitiva, contrario al objetivo de garantizar los precios más competitivos para los consumidores [sentencia de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 47].

74

El Tribunal de Justicia ha añadido que, no obstante, también debe tenerse en cuenta el objetivo general perseguido por la Directiva 2009/72 de culminar el mercado interior de la electricidad, así como objetivos más específicos, enunciados en los considerandos 51 y 57 de dicha Directiva, consistentes en hacer que los consumidores se beneficien de un mercado competitivo y liberalizado. De este modo, ha declarado que la consecución de estos objetivos se pondría en peligro si una normativa nacional permitiera la imposición de penalizaciones contractuales que no guardaran proporción con los costes ocasionados por el contrato, pero no totalmente amortizados como consecuencia de la resolución anticipada de este. En efecto, tales penalizaciones pueden disuadir artificialmente a los clientes afectados de rescindir anticipadamente su contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo con el fin de cambiar de suministrador y, de este modo, impedirles disfrutar plenamente de un mercado interior de la electricidad competitivo y liberalizado [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 48].

75

Pues bien, estas consideraciones, formuladas por el Tribunal de Justicia en el marco de un asunto relativo a la resolución anticipada de un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo por un cliente no doméstico, son extrapolables a un contrato de la misma naturaleza celebrado con un cliente doméstico, ya que la Directiva 2009/72 no establece, por lo que respecta a los objetivos recordados en los apartados 72 a 74 de la presente sentencia, distinción alguna en función de la calidad del consumidor de que se trate.

76

Así pues, los objetivos de la Directiva 2009/72 indican que los Estados miembros deben tener, en principio, la facultad de establecer, en su normativa nacional, que se pueda imponer una penalización contractual a un cliente doméstico cuando resuelva anticipadamente un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo, siempre que se cumplan las condiciones generales derivadas de dicha Directiva, relativas, en particular, a la necesaria información de ese cliente y a la existencia de un procedimiento de resolución de conflictos.

77

Dicho esto, dado que la segunda cuestión prejudicial se refiere, según las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, a una normativa nacional que permite la imposición de penalizaciones contractuales, pero sin establecer ningún criterio para su cálculo, en particular en términos de proporcionalidad con los costes, con los riesgos soportados o con el daño sufrido, debe precisarse además que, aunque la Directiva 2009/72 no contenga ninguna indicación a este respecto, los Estados miembros deben, conforme a reiterada jurisprudencia, ejercer sus competencias respetando el Derecho de la Unión y, por tanto, no pueden, al hacerlo, menoscabar el efecto útil de la Directiva 2009/72 [sentencia de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 50 y jurisprudencia citada].

78

Pues bien, se menoscabaría el efecto útil de la Directiva 2009/72 si, en el marco del procedimiento de resolución de conflictos que los Estados miembros están obligados a establecer, en virtud de dicha Directiva, en beneficio de los consumidores de electricidad, la autoridad administrativa o judicial que conoce del asunto no pudiera evaluar el importe de una penalización contractual como la controvertida en el litigio principal y, en su caso, imponer su reducción, o incluso su supresión, si resultase que esta es, a la vista de todas las circunstancias que caracterizan el asunto de que se trate, de un importe desproporcionado con respecto a los costes ocasionados por un contrato como el controvertido en el litigio principal, pero no amortizados totalmente a causa de la resolución anticipada de este, de modo que, en la práctica, privaría de contenido al derecho del cliente final a elegir libremente su suministrador y menoscabaría los objetivos de la Directiva 2009/72 recordados en los apartados 72 y 74 de la presente sentencia [véase, por analogía, la sentencia de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 51].

79

Si bien esta apreciación de la proporcionalidad del importe de tal penalización contractual corresponde únicamente a la autoridad nacional que conozca de un eventual litigio, es preciso, no obstante, para proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, indicar que, a efectos de dicha apreciación, pueden tenerse en cuenta, en particular, la duración inicial del contrato en cuestión, la duración que quedaba por transcurrir en el momento de su resolución, la cantidad de electricidad comprada para la ejecución de dicho contrato, pero que finalmente no será consumida por el cliente, y los medios de que habría dispuesto un suministrador razonablemente diligente para limitar las eventuales pérdidas económicas sufridas como consecuencia de esa resolución anticipada [véase, por analogía, la sentencia de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 52].

80

De lo anterior se desprende que el artículo 3, apartado 7, y el anexo I, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/72, interpretados a la luz del considerando 51 de dicha Directiva, no se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, siempre que tal normativa garantice que la penalización contractual que puede estipularse en virtud de esta sea equitativa, clara, anticipada y libremente consentida y que exista la posibilidad de interponer un recurso, administrativo o judicial, en cuyo marco la autoridad que conoce del asunto pueda apreciar el carácter proporcionado de dicha penalización a la luz de todas las circunstancias del caso concreto y, en su caso, imponer su reducción o supresión [véase, por analogía, la sentencia de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 55].

81

Para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, debe precisarse además que, por una parte, habida cuenta de esta interpretación, resulta indiferente que, en el marco del litigio principal, S. J. sea calificado de «cliente doméstico», en el sentido del artículo 2, punto 10, de la Directiva 2009/72, o de cliente «no doméstico», en el sentido del artículo 2, punto 11, de esta, ya que una interpretación análoga es válida cuando se trata de la resolución anticipada, por un cliente no doméstico, de un contrato de suministro de electricidad celebrado por una duración determinada y a un precio fijo [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2024, G (Gastos de resolución anticipada), C‑371/22, EU:C:2024:21, apartado 55].

82

Dicho esto, y por otro lado, de conformidad con el anexo I, apartado 1, de la Directiva 2009/72, esa interpretación se entiende sin perjuicio de los derechos que la normativa de la Unión en materia de protección de los consumidores, en particular la Directiva 93/13, podría conferir, en su caso, a un cliente como S. J. si ese cliente estuviera comprendido, además, en el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de esta última Directiva.

83

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 7, y el anexo I, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/72, en relación con el considerando 51 de esta Directiva, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que permite que se imponga una penalización contractual a un cliente doméstico cuando resuelve anticipadamente un contrato de suministro de electricidad de duración determinada y precio fijo, siempre que tal normativa, por una parte, garantice que esa penalización contractual sea equitativa, clara, anticipada y libremente consentida y, por otra parte, prevea la posibilidad de interponer un recurso, administrativo o judicial, en cuyo marco la autoridad que conoce del asunto pueda apreciar el carácter proporcionado de dicha penalización a la luz de todas las circunstancias del caso concreto y, en su caso, imponer su reducción o supresión. Esta interpretación se entiende sin perjuicio de los derechos que la normativa de la Unión en materia de protección de los consumidores, en particular la Directiva 93/13, podría conferir, en su caso, a tal cliente si ese cliente estuviera comprendido, además, en el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de esta última Directiva.

Costas

84

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

El artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el considerando 17 de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13 del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

2)

El artículo 3, apartado 7, y el anexo I, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, en relación con el considerando 51 de la Directiva 2009/72,