–

en nombre del Gobierno del Reino Unido, por las Sras. Z. Lavery y J. Simpson, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. D. Blundell, Barrister;

–

en nombre del Gobierno francés, inicialmente por las Sras. A.‑L. Desjonquères y A. Daniel y por los Sres. D. Colas y D. Dubois, y posteriormente por las Sras. A.‑L. Desjonquères y A. Daniel y por el Sr. D. Dubois, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Z. Fehér y la Sra. R. Kissné Berta, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, inicialmente por las Sras. A. Azema y M. Condou-Durande y por el Sr. J. Tomkin, y posteriormente por la Sra. A. Azema y el Sr. J. Tomkin, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2, letra c), del artículo 7, y del artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO 2004, L 304, p. 12).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Secretary of State for the Home Department (Ministro del Interior, Reino Unido) y OA, nacional somalí, en relación con la revocación del estatuto de refugiado de este.

Marco jurídico

Derecho internacional

3

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189 p. 150, n.o 2545 (1954)], entró en vigor el 22 de abril de 1954. Fue completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, que a su vez entró en vigor el 4 de octubre de 1967 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra»).

4

En virtud del artículo 1, sección A, número 2, párrafo primero, de la Convención de Ginebra, el término «refugiado» se aplicará a toda persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él».

5

El artículo 1, sección C, número 5, de la citada Convención dispone lo siguiente:

Derecho de la Unión

6

El considerando 3 de la Directiva 2004/83 señala que «la Convención de Ginebra y el Protocolo constituyen la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de refugiados».

7

El artículo 1 de esta Directiva dispone:

8

A tenor del artículo 2, letras c) a e), de dicha Directiva:

9

El artículo 7 de la misma Directiva, con la rúbrica «Agentes de protección», establece en sus apartados 1 y 2:

10

Con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2004/83, titulado «Actos de persecución»:

11

El artículo 11 de esta Directiva, con la rúbrica «Cese», dispone lo siguiente en su apartado 1, letra e), y en su apartado 2:

12

El artículo 15 de la citada Directiva, titulado «Daños graves», tiene la siguiente redacción:

13

La Directiva 2004/83 fue derogada, con efectos a partir del 21 de diciembre de 2013, por la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9). De conformidad con el considerando 50 de esta última Directiva, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no participó en la adopción de dicha Directiva y no está vinculado ni sujeto a su aplicación.

Derecho del Reino Unido

14

El artículo 4, apartados 1 y 2, del Refugee or Person In Need of International Protection Regulations 2006 (Reglamento de 2006 sobre refugiados o personas necesitadas de protección internacional) dispone:

15

El artículo 338A del Immigration Rules (Reglamento de inmigración) establece:

16

A tenor del artículo 339A de dicho Reglamento:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

17

OA es un nacional somalí, originario de Mogadiscio (Somalia). Pertenece al clan minoritario de los Reer Hamar.

18

Durante los años noventa, OA y su entonces esposa fueron víctimas de varias agresiones graves y ataques violentos cometidos por la milicia Hawiye en Mogadiscio.

19

En 2001 huyeron de Somalia y se trasladaron a Kenia. En ese mismo año, la entonces esposa de OA llegó al Reino Unido y obtuvo el estatuto de refugiada debido a las persecuciones mencionadas en el apartado anterior.

20

OA viajó al Reino Unido en 2003 y obtuvo en él el estatuto de refugiado como persona a cargo de su entonces esposa.

21

El 8 de julio de 2014, el Ministro del Interior informó a OA de que tenía la intención de revocar su estatuto de refugiado.

22

Mediante resolución de 27 de septiembre de 2016, el Ministro del Interior revocó el estatuto de refugiado de OA debido a un cambio de circunstancias en su país de origen y le excluyó de la protección humanitaria en virtud de la ley nacional en materia de inmigración, al mismo tiempo que consideraba que el regreso de OA a su país de origen no vulneraba las obligaciones del Reino Unido derivadas del artículo 3 del CEDH.

23

OA recurrió ante el First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo (Sala de inmigración y asilo), Reino Unido] Este órgano jurisdiccional dictó una primera sentencia por la que desestimó en su totalidad el recurso de OA y, posteriormente, tras la anulación de dicha sentencia por el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo (Sala de inmigración y asilo), Reino Unido], una segunda sentencia por la que desestimó parcialmente dicho recurso.

24

Tras anular esta segunda sentencia, el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo (Sala de inmigración y asilo)] debe proceder ahora a un nuevo examen del recurso de OA.

25

Ante el órgano jurisdiccional remitente, el Ministro del Interior sostiene que tenía derecho a revocar el estatuto de refugiado de OA debido a un cambio duradero de circunstancias en su país de origen, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, dado que, a su juicio, los clanes minoritarios ya no son objeto de persecución por parte del clan mayoritario en la región de Mogadiscio y el Estado garantiza allí una protección efectiva. A este respecto, se basa en las apreciaciones que figuran en la sentencia orientativa de este mismo órgano jurisdiccional de 3 de octubre de 2014, MOJ y otros (regreso a Mogadiscio):

26

OA rebate estas apreciaciones y alega que aún tiene motivos fundados para temer que sea perseguido en Mogadiscio y que las autoridades estatales somalíes no están en condiciones de protegerlo contra tales daños graves. A este respecto, invoca la valoración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de junio de 2014, según la cual la situación de seguridad en Mogadiscio sigue suscitando graves preocupaciones en cuanto a la disponibilidad de la protección estatal, ya que, por otra parte, los clanes minoritarios siguen estando especialmente desfavorecidos, en particular en dicha ciudad. Además, sostiene que la sentencia orientativa, citada en el apartado anterior, se basa en una interpretación errónea de la protección estatal, puesto que se basa en parte en la existencia de una protección por parte de la familia o de otros miembros del clan, que no constituyen agentes estatales, sino privados.

27

Según las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial, algunos órganos jurisdiccionales del Reino Unido consideran que la disponibilidad de una protección suficiente debe tenerse en cuenta en la fase de apreciación tanto del elemento relativo al «temor fundado a ser perseguido» como en la del elemento relativo a la «protección» a la que el solicitante no puede o no quiere acogerse, y que no deben cumplirse siempre los mismos requisitos en ambas fases. Estos órganos jurisdiccionales consideran que, si bien este segundo elemento debe apreciarse a la luz de las exigencias derivadas del artículo 7 de la Directiva 2004/83, estas exigencias no se aplican al examinar el primer elemento, que puede, por tanto, tomar en consideración toda forma de protección y, especialmente, el apoyo prestado, en particular, por la familia o el clan de la persona de que se trate.

28

Por lo que respecta a la situación de OA tras un eventual regreso a Mogadiscio, el órgano jurisdiccional remitente estima que tiene posibilidades, ciertamente limitadas debido a su movilidad reducida, de encontrar un trabajo en dicha ciudad. Además, OA podría buscar apoyo económico en su familia cercana que reside en dicha ciudad, en su hermana, cuya última residencia se situó en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), y en miembros del clan Reer Hamar que residen en el Reino Unido, al menos hasta que él mismo pueda cubrir sus necesidades en Mogadiscio.

29

En estas circunstancias, el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo (Sala de inmigración y de asilo)] decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Observaciones preliminares

30

Con carácter preliminar, procede señalar que, si bien, según las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial, se reconoció a OA el estatuto de refugiado debido a los actos de persecución violenta de los que fue víctima durante los años noventa, como miembro de un clan minoritario de Mogadiscio, por parte de la milicia del clan mayoritario en esa ciudad, de esas mismas indicaciones se desprende que, como consecuencia de cambios que han tenido lugar entretanto, «en Mogadiscio no hay milicias de los clanes, no hay violencia entre clanes ni discriminación por razón de pertenencia a ningún clan, ni siquiera a los minoritarios». A este respecto, parece que dicha petición parte de la consideración de que la República Federal de Somalia concede actualmente, en principio, una protección suficiente contra actos de persecución, protección que, no obstante, puede completarse con la protección garantizada por agentes privados, como la familia y el clan. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente subraya que, a falta de apoyo económico o de otro tipo proporcionado por su familia o por su clan, los nacionales somalíes que regresen a Mogadiscio «no [tienen] perspectivas reales de obtener un medio de vida cuando regresen [y] se enfrentarán a unas condiciones de vida inferiores a las aceptables desde el punto de vista de la protección humanitaria».

31

Precisado lo anterior, de estas mismas indicaciones se desprende que OA impugna las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente, tal como se resumen en el apartado anterior, sosteniendo que sigue teniendo fundados temores a ser perseguido en Mogadiscio y que las autoridades estatales somalíes no pueden protegerlo contra dichos actos de persecución. Por otra parte, el Gobierno francés sostuvo en la vista que las apreciaciones de dicho órgano jurisdiccional relativas a la protección garantizada por dichas autoridades y a la inexistencia de riesgo de persecución ya no se corresponden con la situación actual existente en Somalia.

32

En estas circunstancias, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, tras un regreso a Mogadiscio, OA puede correr el riesgo de ser víctima de actos de persecución.

Sobre la cuarta cuestión prejudicial

33

Mediante su cuarta cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83 debe interpretarse en el sentido de que la «protección» a que se refiere esta disposición en cuanto al cese del estatuto de refugiado debe cumplir los mismos requisitos que los derivados, en lo que atañe a la concesión de dicho estatuto, del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, en relación con su artículo 7, apartados 1 y 2.

34

A este respecto, de la redacción del artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva se desprende que los nacionales de terceros países dejarán de ser refugiados en caso de que ya no puedan continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados.

35

Esta disposición, al igual que el artículo 1, sección C, número 5, de la Convención de Ginebra, prevé la pérdida de la condición de refugiado cuando hayan desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales tal condición fue reconocida, es decir, en otros términos, cuando dejen de cumplirse los requisitos para obtener el estatuto de refugiado. En la medida en que el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83 establece que el nacional «ya no [puede] continuar negándose» a acogerse a la protección de su país de origen, esa misma disposición implica que la «protección» de que se trata es la misma que la que hasta ese momento faltaba, es decir, la protección frente a los actos de persecución por, al menos, uno de los cinco motivos enumerados en el artículo 2, letra d), de esta Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros, C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08, EU:C:2010:105, apartados 65 y 67).

36

De este modo, las circunstancias que revelan la incapacidad —o la capacidad— del país de origen para garantizar la protección frente a los actos de persecución constituyen un elemento decisivo de la valoración conducente a la concesión del estatuto de refugiado o, por el contrario, al cese de tal estatuto. Así pues, tal cese implica que el cambio de las circunstancias ha eliminado las causas que condujeron al reconocimiento del estatuto de refugiado (sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros, C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08, EU:C:2010:105, apartados 68 y 69).

37

Habida cuenta de la simetría que establece la Directiva 2004/83 entre la concesión y el cese del estatuto de refugiado, la protección que puede excluir ese estatuto, en el marco del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, o ponerle fin, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de esta, debe cumplir los mismos requisitos que se derivan, en particular, del artículo 7, apartados 1 y 2, de dicha Directiva.

38

Para llegar a la conclusión de que ya no tiene fundamento el temor del refugiado a ser perseguido, las autoridades competentes, a la luz del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/83, deberán verificar, en relación con la situación individual del refugiado, que el agente o agentes de que se trate que proporcionan protección, en el sentido del apartado 1 de dicho artículo 7, han tomado medidas razonables para impedir la persecución; que, de este modo, disponen, en particular, de un sistema judicial eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución, y que el nacional interesado tendrá acceso a dicha protección en caso de que cese su estatuto de refugiado (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros, C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08, EU:C:2010:105, apartados 70 y 74).

39

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83 debe interpretarse en el sentido de que la «protección» a que se refiere esta disposición en cuanto al cese del estatuto de refugiado debe cumplir los mismos requisitos que los derivados, en lo que atañe a la concesión de dicho estatuto, del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, en relación con su artículo 7, apartados 1 y 2.

Sobre las cuestiones prejudiciales primera a tercera

40

Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con su artículo 7, apartado 2, debe interpretarse en el sentido de que un eventual apoyo social y económico prestado por agentes privados, como la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, responde a las exigencias de protección que resultan de esas disposiciones y si tal apoyo es pertinente a efectos de apreciar la efectividad o la disponibilidad de la protección garantizada por el Estado en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de esta Directiva, o para determinar, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, en combinación con su artículo 2, letra c), la persistencia de un temor fundado a ser perseguido.

41

A este respecto, procede examinar, en primer lugar, si puede considerarse que un apoyo social y económico prestado por agentes privados, como la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, responde a las exigencias de protección que resultan del artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con su artículo 7, apartado 2.

42

Con arreglo al artículo 2, letra c), de esta Directiva, es preciso que, debido a circunstancias existentes en su país de origen, el nacional de un tercer país experimente el temor fundado de ser objeto de persecución por uno, al menos, de los cinco motivos enumerados en esta disposición. Estas circunstancias revelan que ese país tercero no protege a su nacional frente a los actos de persecución (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros, C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08, EU:C:2010:105, apartados 56 y 57).

43

Como señaló el Abogado General, fundamentalmente, en el punto 58 de sus conclusiones, y según se ha mencionado también en el apartado 38 de la presente sentencia, la protección exigida por el artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva se precisa en su artículo 7, apartado 2, según el cual «en general se entenderá que existe protección cuando los agentes mencionados en el apartado 1 [de dicho artículo] tomen medidas razonables para impedir la persecución o el sufrimiento de daños graves, entre otras la disposición de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución o de daños graves, y el solicitante tenga acceso a dicha protección».

44

Habida cuenta de estos términos, la protección exigida por el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, interpretado conjuntamente con su artículo 7, apartado 2, remite a la capacidad del tercer país del que la persona en cuestión es nacional para impedir o sancionar los actos de persecución en el sentido de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros, C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08, EU:C:2010:105, apartados 59, 67 y 68). Asimismo, el citado artículo 7, apartado 2, se refiere a las medidas adoptadas para impedir actos de persecución y a la existencia de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de tales actos.

45

El artículo 9 de la Directiva 2004/83, que define los elementos que permiten calificar actos como actos de persecución, precisa, en su apartado 1, que los hechos pertinentes deben ser «suficientemente graves» por su naturaleza o por su reiteración como para constituir una «violación grave de los derechos humanos fundamentales», o ser una acumulación de varias medidas que sea lo «suficientemente grave» como para afectar a una persona de manera similar a una «violación grave de los derechos humanos fundamentales». El artículo 9, apartado 3, de esa Directiva añade que los motivos de persecución mencionados en el artículo 10 de dicha Directiva y los actos de persecución deberán estar relacionados.

46

Pues bien, un mero apoyo social y económico, como el mencionado en la petición de decisión prejudicial, que se presta al nacional de un tercer país de que se trate no puede, como tal, impedir actos de persecución ni investigar, procesar y sancionar tales actos y, por tanto, no puede considerarse que garantice la protección exigida por el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con el artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva. Así sucede, en particular, en la medida en que, en el caso de autos, el objetivo de dicho apoyo social y económico no parece ser garantizar la protección de OA frente a tales actos, sino su reinstalación en Mogadiscio.

47

En estas circunstancias, no puede considerarse que un apoyo social y económico como el mencionado en la petición de decisión prejudicial, prestado por la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, garantice una protección contra actos de persecución en el sentido de dichas disposiciones.

48

De ello se deduce, en segundo lugar, que tal apoyo social y económico no es pertinente para apreciar la efectividad o la disponibilidad de la protección garantizada por el Estado en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/83.

49

Esto resulta especialmente cierto si se tiene en cuenta que las meras dificultades económicas no están comprendidas, en principio, en el concepto de «persecución», en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2004/83, de modo que tal apoyo social y económico destinado a remediar tales dificultades no debería, en principio, influir en la apreciación de la suficiencia de la protección estatal contra actos de persecución.

50

En el presente asunto, dado que los autos en poder del Tribunal de Justicia no contienen ninguna información que permita considerar que las dificultades económicas a las que OA podría enfrentarse a su regreso a Mogadiscio constituyen una manifestación de actos de persecución en el sentido del artículo 9 de dicha Directiva, no están comprendidas en el concepto de «persecución» en el sentido de dicho artículo que justifique la concesión y el mantenimiento del estatuto de refugiado.

51

Por otra parte, si bien el Gobierno francés señaló en la vista que una privación material extrema podría ser pertinente a efectos de la concesión de la protección subsidiaria, de las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial se desprende que el litigio principal y las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia no se refieren a si OA puede obtener la concesión del estatuto de protección subsidiaria, sino al cese de su estatuto de refugiado. En efecto, ha de precisarse a este respecto que la referencia que se hace en las cuestiones prejudiciales al artículo 2, letra e), de la Directiva 2004/83, que incluye la definición de «persona con derecho a protección subsidiaria», debe entenderse, a la luz de las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente y habida cuenta de todos los datos obrantes en autos, en el sentido de que se refiere al artículo 2, letra c), de esta Directiva y, por lo tanto, exclusivamente a la cesación del estatuto del refugiado del demandante en el litigio principal.

52

Por lo demás, en la medida en que las dudas del órgano jurisdiccional remitente deben entenderse en el sentido de que pretende que se determine si, dado que los clanes de Mogadiscio proporcionan eventualmente, más allá de su apoyo social y económico, también una protección de seguridad, tal protección puede tenerse en cuenta para comprobar si la protección garantizada por el Estado cumple los requisitos derivados, en particular, del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/83, es preciso recordar que, a efectos de determinar si el temor del refugiado a ser perseguido ya no está fundado, el agente o agentes de protección en relación con los cuales se aprecia la realidad de un cambio de circunstancias en el país de origen son, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, o bien el propio Estado o bien los partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio (sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros, C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08, EU:C:2010:105, apartado 74).

53

Pues bien, conforme a las exigencias recordadas en los apartados 38 y 43 a 46 de la presente sentencia, tal protección de seguridad no puede, en ningún caso, tenerse en cuenta para comprobar si la protección del Estado cumple las exigencias que resultan, en particular, del artículo 7, apartado 2, de esta misma Directiva.

54

En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si la existencia de un apoyo social y económico prestado por la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate puede tenerse en cuenta, no obstante, a efectos de determinar, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con el artículo 2, letra c), de esta, la persistencia de un temor fundado a ser perseguido. Según esta interpretación, adoptada por algunos órganos jurisdiccionales del Reino Unido, un apoyo social y económico, garantizado por la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, puede excluir tal temor, con independencia de las exigencias de protección que resultan de la primera de estas disposiciones, en relación con el artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva.

55

A tenor del artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83, el refugiado es, entre otros supuestos, un nacional de un tercer país que se encuentra fuera del país de su nacionalidad «debido a fundados temores a ser perseguido» por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, y no puede o, «a causa de dichos temores», no quiere acogerse a la «protección» de tal país. Cuando han desaparecido las circunstancias que justifican tal temor, el estatuto de refugiado puede finalizar, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva.

56

A este respecto, procede señalar que los requisitos establecidos en el artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83, relativos al temor a ser perseguido y a la protección, están intrínsecamente vinculados. En efecto, la protección a la que se refiere esta disposición es, como se desprende del apartado 47 de la presente sentencia, una protección contra los actos de persecución.

57

Así, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, si el nacional de que se trate se enfrenta, debido a circunstancias existentes en su país de origen, al temor fundado a ser perseguido por al menos uno de los cinco motivos enumerados en el artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83, estas circunstancias demuestran que el tercer país de que se trate no protege a su nacional frente a los actos de persecución (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros, C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08, EU:C:2010:105, apartados 57 y 58). En efecto, no puede considerarse que un nacional de un tercer país que esté efectivamente protegido contra actos de persecución en el sentido de dicha disposición tema con fundados temores ser perseguido.

58

Además, esas mismas circunstancias, que demuestran que el tercer país de que se trate no protege a su nacional contra los actos de persecución, son la causa de que dicho nacional no pueda acogerse a la protección de su país de origen, en el sentido de la citada disposición, es decir, en el sentido de la capacidad de dicho país para prevenir o sancionar actos de persecución (sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros, C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08, EU:C:2010:105, apartado 59).

59

Por consiguiente, para determinar si el nacional de un tercer país de que se trata teme con fundados temores a ser perseguido en su país de origen, en el sentido del artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83, debe tenerse en cuenta la existencia o inexistencia de protección contra actos de persecución en ese tercer país.

60

No obstante, la protección contra los actos de persecución existentes en un país tercero solo permite concluir que no existen fundados temores a ser perseguido en el sentido de dicha disposición si cumple los requisitos que resultan, en particular, del artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva.

61

En efecto, dado que los requisitos establecidos en el artículo 2, letra c), de dicha Directiva se refieren al temor a ser perseguido y a la protección contra actos de persecución que, como se desprende del apartado 56 de la presente sentencia, están intrínsecamente vinculados, tales requisitos no pueden examinarse en función de un criterio de protección distinto, sino que deben apreciarse a la luz de las exigencias establecidas, en particular, en el artículo 7, apartado 2, de la misma Directiva.

62

Además, se desprende, más concretamente, del artículo 1 de la Directiva 2004/83 que el artículo 7, apartado 2, establece los requisitos mínimos en cuanto a la protección contra los actos de persecución existentes en el tercer país de origen del interesado que puedan impedir, en su caso, que se le conceda el estatuto de refugiado. Pues bien, una interpretación según la cual la protección existente en ese tercer país puede excluir los fundados temores a ser perseguido, aunque no cumpla tales requisitos podría poner en entredicho las exigencias mínimas establecidas por esta última disposición.

63

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a tercera que el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con el artículo 7, apartado 2, de esta, debe interpretarse en el sentido de que un eventual apoyo social y económico prestado por agentes privados, como la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, no responde a las exigencias de protección que resultan de esas disposiciones y, por ello, no es pertinente ni para apreciar la efectividad o la disponibilidad de la protección prestada por el Estado en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, ni para determinar, con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, en relación con su artículo 2, letra c), la persistencia de un temor fundado a ser perseguido.

Costas

64

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

El artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que la «protección» a que se refiere esta disposición en cuanto al cese del estatuto de refugiado debe cumplir los mismos requisitos que los derivados, en lo que atañe a la concesión de dicho estatuto, del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, en relación con su artículo 7, apartados 1 y 2.

2)

El artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con el artículo 7, apartado 2, de esta, debe interpretarse en el sentido de que un eventual apoyo social y económico prestado por agentes privados, como la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, no responde a las exigencias de protección que resultan de esas disposiciones y, por ello, no es pertinente ni para apreciar la efectividad o la disponibilidad de la protección prestada por el Estado en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, ni para determinar, con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, en relación con su artículo 2, letra c), la persistencia de un temor fundado a ser perseguido.