<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11999ESA.0500173901.case.xml"><NO.CASE>T-73/99</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61999B0073</NO.CELEX><NO.SEQ>0007.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1741</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1748</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>8</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>AUTO DE <DATE ISO="19990601">1.6.1999</DATE> — ASUNTO T-73/99</LEFT><RIGHT>MEYER / CONSEJO Y COMISIÓN</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Tercera)</P><P>de <DATE ISO="19990601">1 de junio de 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>En el asunto T-73/99,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Karl L. Meyer,</HT> agricultor, con domicilio en Uturoa (Isla de Raiatea, Polinesia francesa), representado por M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jean-Dominique des Arcis, Abogado de Papeete, que designa como domicilio en Luxemburgo el del Sr. Horst Pakowski, Embajador de la República Federal de Alemania, 20-22, avenue Emile Reuter,</P><PARTY.STATUS>parte demandante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contra</AGAINST><DEFENDANTS><P>Consejo de la Unión Europea</P><P>y</P><P>Comisión de las Comunidades Europeas,</P><PARTY.STATUS>partes demandadas,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>que tiene por objeto, una solicitud de anulación del artículo 133, apartado 3, del Tratado CE (actualmente artículo 184 CE, apartado 3, tras su modificación) y<?PAGE NO="II-1742"?> del artículo 106, apartado 1, de la Decisión 91/482/CEE del Consejo, de <DATE ISO="19910725">25 de julio de 1991</DATE>, relativa a la asociación de países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="263" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="1">DO L 263, p. 1</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),</P><P>integrado por los Sres.: M. Jaeger, Presidente, K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces;</P><P>Secretario: Sr. H. Jung;</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>dicta el siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Auto</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Hechos y procedimiento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19981224">24 de diciembre de 1998</DATE> se publicó en el <HT TYPE="ITALIC">Journal officiel de la Polynésie française</HT> la Orden n° 662 DRCL del Alto Comisario de la República Francesa en la Polinesia francesa, de <DATE ISO="19981208">8 de diciembre de 1998</DATE>, por la que se promulga, en particular, la Ley n° 96-575, de <DATE ISO="19960628">28 de junio de 1996</DATE>, que autoriza la aprobación del Tercer Protocolo de fecha <DATE ISO="19951006">6 de octubre de 1995</DATE>, anexo al Acuerdo general sobre comercio de servicios (junto a las listas de compromiso cuya traducción se adjunta a la presente Ley), publicada en el <HT TYPE="ITALIC">Journal officiel de la République française</HT> de <DATE ISO="19960629">29 de junio de 1996</DATE>, y el Decreto n° 98-1065 del <DATE ISO="19981118">18 de noviembre<?PAGE NO="II-1743"?> de 1998</DATE>, por el que se publica el Tercer Protocolo de fecha <DATE ISO="19951006">6 de octubre de 1995</DATE>, anexo al Acuerdo general sobre comercio de servicios (junto a las listas de compromiso cuya traducción se adjunta a la presente Ley), publicado en el <HT TYPE="ITALIC">Journal officiel de la République française</HT> de <DATE ISO="19981127">27 de noviembre de 1998</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>En estas circunstancias, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19990311">11 de marzo de 1999</DATE>, el demandante, que explota una plantación de frutas tropicales en la Isla de Raiatea de la Polinesia francesa, interpuso el presente recurso. Por estimar que dicha publicación constituye el reconocimiento oficial por parte de la República Francesa de la aplicabilidad de las normas del Acuerdo general sobre comercio de servicios (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="336" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="191">DO 1994, L 336, p. 191</REF.DOC.OJ>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Acuerdo GATS<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), que figura como Anexo 1B del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Acuerdo OMC<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>) aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de <DATE ISO="19941222">22 de diciembre de 1994</DATE>, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="336" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="1">DO L 336, p. 1</REF.DOC.OJ>) en la Polinesia francesa, solicita la anulación del artículo 133, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 184 CE, apartado 3, tras su modificación) y del artículo 106, apartado 1, de la Decisión 91/482/CEE del Consejo, de <DATE ISO="19910725">25 de julio de 1991</DATE>, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="263" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="1">DO L 263, p. 1</REF.DOC.OJ>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Decisión 91/482<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>). Dichas disposiciones serían contrarias, en efecto, en particular a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio — Protocolo de Marrakech (OMC-GATT 1994), que figura como Anexo 1A del Acuerdo OMC (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Acuerdo OMC-GATT de 1994<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>).</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Pretensiones del demandante</P></TI></TITLE><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Declare admisibles y fundadas todas sus pretensiones.</P></ITEM><?PAGE NO="II-1744"?><ITEM><P>Declare que el contenido del artículo 133, apartado 3, del Tratado viola el Acuerdo OMC-GATT de 1994, por lo que debe ser anulado.</P></ITEM><ITEM><P>Declare que, habida cuenta de los vínculos existentes, a través del Acuerdo OMC-GATT de 1994 en materia aduanera, entre la Polinesia francesa, Francia y la CEE, en el territorio de la Polinesia francesa es aplicable el Arancel Aduanero de la Comunidad.</P></ITEM><ITEM><P>Habida cuenta de la urgencia, ordene con carácter interlocutorio la suspensión provisional de los artículos impugnados.</P></ITEM><ITEM><P>Declare qué factores han contribuido a la creación de una situación ilegal en materia fiscal y aduanera en la Polinesia francesa y determine las responsabilidades que de ello se deriven.</P></ITEM><ITEM><P>Condene al Consejo y a la Comisión a pagarle la cantidad de 20.000 FF en concepto de los gastos no comprendidos en las costas que ha contraído para la defensa de sus intereses.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fundamentos de Derecho</P></TI></TITLE><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Con arreglo al artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en su versión modificada con efectos de <DATE ISO="19970601">1 de junio de 1997</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="103" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="6">DO 1997, L 193, p. 6</REF.DOC.OJ>), cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1745"?><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>En el presente caso, el Tribunal estima que los hechos se hayan suficientemente esclarecidos por los documentos que obran en autos y acuerda, con arreglo a lo dispuesto en dicho artículo, decidir sin continuar el procedimiento.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>En primer lugar, procede recordar que al no constituir una disposición del Tratado CE un acto de una Institución de la Comunidad en el sentido del artículo 4 del Tratado CE (actualmente artículo 7 CE) y del artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), el Tribunal no es competente para acordar su anulación (auto del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19940714">14 de julio de 1994</DATE>, Roujansky/Consejo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-584/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="II-585">T-584/93, Rec. p. II-585, apartado 15</REF.DOC.ECR>). De ello se deduce que procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión que tiene por objeto la anulación del artículo 133, apartado 3, del Tratado.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>En segundo lugar, es preciso recordar que, conforme al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda deberá indicar la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Dicha indicación debe ser suficientemente clara y precisa como para permitir que las partes demandadas preparen su defensa y el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el recurso, en su caso, sin contar con más información. Para garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es preciso que, para que pueda declararse la admisibilidad de un recurso, del texto de la propia demanda se deduzcan, al menos sumariamente pero de forma coherente y comprensible, los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se base (auto del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19990309">9 de marzo de 1999</DATE>, Clauni y otros/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-205/98" YEAR="1999">T-205/98, no publicado en la Recopilación, apartado 14</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Pues bien, la demanda no cumple dichas exigencias mínimas. En efecto, si bien esta última indica que el recurso se basa en los artículos 173 del Tratado y 229 del Tratado CE (actualmente artículo 302 CE, tras su modificación), su contenido no permite determinar el objeto preciso del recurso. En efecto, la demanda critica el comportamiento tanto de las autoridades francesas como de las autoridades de la Polinesia francesa, del Consejo y de la Comisión, sin que sea posible determinar con precisión qué se reprocha a unos y a otros. De ello se desprende que tan sólo por este motivo procede declarar la inadmisibilidad de dichas pretensiones.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1746"?><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Además, suponiendo incluso que las alegaciones formuladas de forma desordenada por el demandante pretendan efectivamente someter a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia la legalidad de actos del Consejo y de la Comisión, es preciso señalar que procede declarar la inadmisibilidad de dichas alegaciones.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>En primer lugar, resulta que, aparte de la impugnación de la conformidad del artículo 106, apartado 1, de la Decisión 91/482 con las normas del Acuerdo OMC-GATT de 1994, es imposible determinar si el demandante reprocha al Consejo y a la Comisión un acto concreto o si denuncia su inacción en la aplicación del Derecho comunitario en la Polinesia francesa. En cualquier caso, procedería declarar la inadmisibilidad de esta última imputación en el marco de un recurso fundado en el artículo 173 del Tratado, ya que se regiría por lo dispuesto en el artículo 175 del Tratado CE (actualmente artículo 232 CE), cuya aplicación supone un requerimiento previo para actuar dirigido a las Instituciones de que se trate. En el presente caso, el demandante no ha acreditado en modo alguno el cumplimiento de dicha formalidad.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>En cualquier caso, es preciso señalar que procede declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación, en la medida en que va dirigido contra el artículo 106, apartado 1, de la Decisión 91/482, dado que, por un lado, se interpuso fuera de los plazos fijados por el artículo 173, párrafo quinto, del Tratado y que, por otro lado, al no haber aportado el demandante ninguna prueba que acredite que resulta directa e individualmente afectado por dicha disposición, no cumple los requisitos establecidos en el artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Por último, procede recordar que el Tribunal de Primera Instancia no es competente, con arreglo al artículo 173 del Tratado, para sustituir a las Instituciones comunitarias o a las autoridades internas encargadas de la ejecución del Derecho comunitario. No puede, por tanto, pronunciarse sobre la supuesta ilegalidad de la situación fiscal y aduanera vigente en la Polinesia francesa ni determinar las responsabilidades de ella derivadas.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Por otro lado, aparte de que la demanda de medidas provisionales no cumple los requisitos establecidos en el artículo 104, apartado 3, del Reglamento de<?PAGE NO="II-1747"?> Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, es preciso señalar que procede en todo caso declarar su inadmisibilidad manifiesta, ya que debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones en cuanto al fondo.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Habida cuenta de lo antedicho, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Costas</P></TI></TITLE><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, el demandante cargará con sus propias costas.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto,</P><P>EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)</P><P>resuelve:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="II-1748"?><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>El demandante cargará con sus propias costas.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Dictado en Luxemburgo, a <DATE ISO="19990601">1 de junio de 1999</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente</P><P>M. Jaeger</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>