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RESOLUCIÓN (UE) 2024/2354 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 11 de abril de 2024

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias de la Unión Europea para el ejercicio 2022: rendimiento, gestión financiera y control

EL PARLAMENTO EUROPEO,

—	Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias de la Unión Europea para el ejercicio 2022,

—	Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2021 [COM(2023)0384],

—	Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2022, acompañado de las respuestas de las agencias (1),

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (2), y en particular sus artículos 68 y 70,

—

Visto el Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos creados en virtud del TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el artículo 70 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), y en particular su artículo 105,

—	Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno,

—	Vistas las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

—	Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0118/2024),

Considerando que la presente Resolución contiene, para cada organismo a que se refiere el artículo 70 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, observaciones transversales que acompañan a las Decisiones sobre la aprobación de la gestión de conformidad con el artículo 262 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 y el anexo V, artículo 3, del Reglamento interno del Parlamento;

Considerando que la presente Resolución también contiene, para la Agencia de Abastecimiento de Euratom, observaciones transversales que acompañan a la Decisión sobre la aprobación de la gestión de conformidad con el artículo 262 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 y el anexo V, artículo 3, del Reglamento interno del Parlamento;

C.	Considerando que las agencias de la Unión deben centrarse en misiones con un claro valor añadido europeo y que se debe optimizar la organización de dichas misiones con objeto de evitar solapamientos, atendiendo al interés superior de los contribuyentes de la Unión;

Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión pretende hacer hincapié en la importancia significativa de reforzar la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión; que esto implica mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, así como aplicar una presupuestación por rendimiento y garantizar la buena gobernanza de los recursos humanos;

Toma nota de que el importe total global de los presupuestos para 2022 de las 33 agencias descentralizadas de la Unión fue de unos 3 471 millones EUR en créditos de compromiso, lo que representa un aumento del 8,2 % en comparación con 2021, y de 3 035 millones EUR en créditos de pago, lo que supone un descenso del 1,78 % respecto a 2021; toma nota asimismo de que, de los 3 035 millones EUR en créditos de pago, 2 781 millones EUR aproximadamente se financiaron con cargo al presupuesto general de la Unión, lo que representa el 74,85 % de la financiación total de las agencias en 2022 (frente al 77,27 % en 2021); reconoce, por otra parte, que aproximadamente 935 millones EUR se financiaron mediante tasas, cánones y contribuciones directas de los países participantes (lo que supone un aumento del 28,23 % respecto a 2021);

Toma nota de que el presupuesto final total para 2022 (tras los presupuestos rectificativos) de todas las agencias descentralizadas de la Unión fue aproximadamente un 16 % superior al de 2021, mientras que la tasa de inflación de la Unión alcanzó el 11,5 % en octubre de 2022; toma nota asimismo en este contexto de que el aumento del presupuesto de algunas agencias entre 2021 y 2022 ha sido significativo, ya que equivale a más del 60 % (en el caso de ENISA, eu-LISA y AECP), en torno al 30 % o más (en el caso de la ALE, la AEMA y Frontex) y a más del 20 % (en el caso de la EUSPA y la AAUE);

Toma nota de la conclusión del Tribunal de Cuentas Europeo (el «Tribunal») en su informe anual sobre las agencias de la Unión correspondiente al ejercicio 2022 (el «informe del Tribunal»), de que la auditoría del Tribunal de las cuentas anuales de las agencias correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2022 arrojó resultados menos positivos que el ejercicio anterior (2021), y que las debilidades de los procedimientos de contratación pública siguieron siendo la principal fuente de pagos irregulares;

Principales riesgos detectados por el Tribunal

Constata en el informe del Tribunal que el riesgo general relativo a la fiabilidad de las cuentas de las agencias, establecidas con arreglo a las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión sobre la base de las normas de contabilidad internacionales, es generalmente bajo, como ocurrió en 2021;

Subraya que, en su informe, el Tribunal considera que el riesgo general relativo a la legalidad y la regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas de las agencias es bajo para la mayoría de las agencias y medio para las agencias que se autofinancian parcialmente, en las que se aplican reglamentaciones específicas a la recaudación de las tasas y otras contribuciones a los ingresos, al igual que en 2021;

Señala que el Tribunal considera que el riesgo general relativo a la legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas de las agencias es medio, si bien varía entre bajo y elevado en títulos presupuestarios específicos; observa que el Tribunal considera que el riesgo para el título I (Gastos de personal) es bajo en general, que para el título II (Gastos administrativos) es medio, y que para el título III (Gastos operativos) oscila entre bajo y elevado, en función de la agencia de que se trate y de la naturaleza de sus gastos operativos; señala que el Tribunal considera que el riesgo en relación con el título III es similar al del título II, pero que, dado que hay importes mucho más elevados en el título III, se considera que el impacto es mayor;

Observa con preocupación que el Tribunal, por quinto año consecutivo, considera que el riesgo para la buena gestión financiera es medio, principalmente asociado a procedimientos de contratación pública que no garantizaban que se lograra la mejor relación calidad-precio posible; señala además que los fondos públicos siempre deben utilizarse de forma eficaz, teniendo en cuenta los intereses de los contribuyentes;

Toma nota de que el Tribunal considera que el riesgo para la gestión presupuestaria es bajo, ya que la auditoría del Tribunal muestra un elevado nivel de prórrogas de créditos comprometidos, que, no obstante, se justificaron, según el Tribunal, por el carácter plurianual de las operaciones o por razones ajenas al control de las agencias; pide a las agencias que refuercen su gestión presupuestaria y su planificación financiera mediante la adopción indicadores clave de rendimiento financieros ambiciosos y la supervisión activa de los resultados financieros y presupuestarios a lo largo del año para mantener las prórrogas en un porcentaje aceptable;

Recuerda que, en 2020, el Tribunal puso a prueba procedimientos de auditoría automatizados en el ámbito de la auditoría de las cuentas de varias agencias ejecutivas; señala que, en 2021, el Tribunal amplió el uso de tales procedimientos a todas las agencias, pero que, en el caso de las agencias descentralizadas, el Tribunal aplicó únicamente diez procedimientos relativos a los sueldos; reconoce el compromiso del Tribunal de ampliar el uso de la tecnología de la auditoría digital a otros ámbitos y a todas las agencias; acoge con satisfacción, en este contexto, el proyecto piloto emprendido por el Tribunal en 2022 para digitalizar diversos aspectos de la auditoría de la contratación pública de las agencias; pide al Tribunal que mantenga a la autoridad de aprobación de la gestión informada sobre los resultados de dicho proyecto piloto;

10.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal haya declarado que, en la mayoría de los casos (67 de las 121 observaciones que no se habían completado a finales de 2021), las agencias han adoptado medidas correctoras para abordar las observaciones de auditoría de años anteriores; observa, sin embargo, con preocupación el aumento del número de observaciones de ejercicios anteriores que permanecían abiertas al final del año, de 48 en 2021 a 54 en 2022; pide a todas las agencias interesadas que determinen las medidas correctoras adecuadas y que prosigan con sus esfuerzos por dar seguimiento a las observaciones del Tribunal que se encuentren en curso o pendientes;

Gestión presupuestaria y financiera

11.

Subraya con satisfacción que, según el informe del Tribunal, se emitió una opinión de auditoría sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas de todas las agencias; constata asimismo que el Tribunal emitió una opinión sin reservas sobre la legalidad y la regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas de todas las agencias; observa que el Tribunal emitió una opinión sin reservas sobre la legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas de todas las agencias, excepto en el caso de cuatro de ellas: el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT), la Agencia para la Formación Policial (CEPOL), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Agencia para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA); observa con preocupación que el Tribunal emitió las opiniones con reservas debido a los gastos no conformes de 1,3 millones EUR (en el caso del CdT), de 4,26 millones EUR (en el caso de la CEPOL) y de 0,6 millones EUR (en el caso del ECDC), lo que llevó al Tribunal a estimar un importe total de gastos no conformes que representa el 2,8 % del total de los créditos de pago disponibles en 2022 y 17,8 millones EUR (en el caso de la eu-LISA);

12.

Constata que, por lo que respecta a la fiabilidad de las cuentas, el Tribunal publicó un «párrafo de énfasis» respecto a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), la eu-LISA y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex); señala que el «párrafo de énfasis» dirigido a la EMA estaba relacionado con la cuestión pendiente relativa al contrato de arrendamiento de sus antiguas instalaciones en Londres, cuya vigencia se extiende hasta 2039, sin ninguna disposición para la resolución anticipada y con unas responsabilidades potenciales estimadas en 366 millones EUR a 31 de diciembre de 2022, así como con la incertidumbre en torno al rendimiento financiero de la sociedad matriz última del subarrendatario de tales instalaciones; es consciente de que, el 11 de enero de 2024, la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo mantuvo un intercambio de puntos de vista con la Autoridad sobre la posible modificación del subarrendamiento de la EMA para los antiguos locales de la Agencia en Londres; señala que el «párrafo de énfasis» dirigido a la ERA y a Eurojust estaba relacionado con la aplicación de un nuevo sistema presupuestario, contable y financiero (SUMMA) como proyecto piloto para la Comisión; señala asimismo que el «párrafo de énfasis» dirigido la AAUE estaba relacionado con el impacto de la guerra de agresión ilegal y no provocada de Rusia contra Ucrania en las actividades de la AAUE; señala además que el «párrafo de énfasis» dirigido a la eu-LISA estaba relacionado con los retrasos en la implantación del Sistema de Entradas y Salidas y el consiguiente impacto en las actividades de eu-LISA; señala que el «párrafo de énfasis» dirigido a Frontex estaba relacionado con el hecho de que su sistema contable no se validó por segundo año consecutivo, así como con un cálculo incorrecto de las contribuciones de los países no pertenecientes al espacio Schengen de la UE, con 3,2 millones EUR menos de lo que deberían haber contribuido al presupuesto de Frontex para 2022; señala asimismo que el «párrafo de énfasis» dirigido a la AEVM estaba relacionado con la incertidumbre en torno al resultado de una demanda y, según el informe del Tribunal, ese párrafo también se aplica plenamente a la legalidad y regularidad de los pagos de la AEVM;

13.

Constata la observación recurrente del Tribunal relativa a las contribuciones de los países asociados a Schengen (PAS), que señala que los que diferentes métodos de los acuerdos para calcular las contribuciones suponen un riesgo de aplicación errónea de dichos acuerdos de contribución; observa en el informe del Tribunal su invitación a la AAUE y a Frontex a colaborar con la Comisión para aclarar la base jurídica para calcular las contribuciones de los PAS a los presupuestos de tales agencias, si es necesario, renegociando los acuerdos con dichos países, de modo que sus contribuciones reflejen correctamente el tamaño de las economías de los PAS en comparación con la dimensión de la economía de la Unión; pide en este contexto a la Comisión que aborde esta cuestión en las próximas negociaciones con los PAS sobre nuevos acuerdos que cubran la participación de estos países en los trabajos de la AAUE y Frontex, con el fin de garantizar una mayor claridad al respecto;

14.

Observa con preocupación la observación del Tribunal respecto a las deficiencias relacionadas con diversos aspectos de la gestión presupuestaria, como los niveles excesivos de prórroga de créditos, las altas tasas de demora en los pagos y los problemas relacionados con las comisiones e ingresos en el caso de dieciséis agencias; toma nota, en particular, de la observación del Tribunal con respecto a las altas prórrogas estructurales y recurrentes en el caso de cinco agencias (ACER, AECP, ALE, eu-LISA y FRA); reitera su llamamiento a favor del respeto del principio presupuestario de anualidad; se hace eco de la recomendación del Tribunal de que las agencias en cuestión deben seguir mejorando su planificación presupuestaria y sus ciclos de ejecución para evitar retrasos excesivos en la ejecución de programas de trabajo o planes de contratación; acoge con satisfacción las acciones emprendidas y las medidas aplicadas en 2022 por varias agencias (por ejemplo, ACER, eu-LISA y FRA) encaminadas a mejorar sus ciclos de planificación y ejecución del presupuesto;

15.

Recuerda, no obstante, que, en algunos casos, el elevado nivel de prórrogas también se debe a factores que escapan al control de las agencias, como la naturaleza de sus actividades que se extienden a períodos plurianuales o la necesidad de recurrir a contratistas externos durante períodos que se extienden más allá del ejercicio, debido a la falta de personal;

16.

Constata en el informe del Tribunal la observación de que, en 2022, varias agencias (por ejemplo, el ECDC y Europol) incluyeron en sus pagos a los beneficiarios de las subvenciones el reembolso del impuesto sobre el valor añadido (IVA) asociado a los costes declarados, infringiendo así el artículo 186, apartado 4, del Reglamento Financiero, porque, en opinión del Tribunal, los beneficiarios eran autoridades públicas que ejercían actividades propias de una autoridad pública y, por lo tanto, no tenían derecho al reembolso del IVA; toma nota de los argumentos de las agencias en cuestión respecto a por qué difieren de la posición del Tribunal sobre este asunto; se hace eco de la recomendación del Tribunal a las agencias de que gestionen las subvenciones garantizando el cumplimiento de las normas aplicables, en particular en lo que respecta al reembolso del IVA a los beneficiarios que sean autoridades públicas; pide a la Red de Agencias de la Unión Europea (EUAN) que defina una concepción común respecto al reembolso del IVA de conformidad con el Reglamento Financiero;

17.

Recuerda la importancia de establecer y mantener un diálogo activo entre la Comisión y las agencias descentralizadas acerca de la asignación de recursos adecuados y del diseño de las respectivas plantillas de personal, en especial en cuanto al grado al que se asignan los puestos;

Rendimiento

18.

Observa que todas las agencias utilizan diversos sistemas de indicadores clave de rendimiento (ICR), resultados previstos u objetivos estratégicos establecidos como parte de su medición del rendimiento; destaca que la EUAN podría ayudar a las agencias a utilizar un sistema común de indicadores clave de rendimiento; constata que, en el caso de 15 agencias, el porcentaje de ejecución de su programa de trabajo anual (PTA) superó el 95 %, mientras que para 14 agencias esa proporción fue inferior al 95 % en 2022; reitera su llamamiento a todas las agencias a que informen a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria del porcentaje de ejecución de su PTA mediante una cifra consolidada expresada en porcentaje; valora positivamente los indicadores clave de rendimiento alcanzados por las agencias y el hecho de que las agencias hayan llamado la atención sobre medidas que pueden mejorar la eficiencia y la eficacia del trabajo de las agencias; pide a las agencias, no obstante, que tomen nota de los indicadores que no se han alcanzado o en los que existe retraso; anima a las agencias a que utilicen las instalaciones de la EUAN a fin de mejorar el logro de estos indicadores;

19.

Toma nota de los logros y éxitos de todas las agencias en 2022, el primer año de la agresión militar rusa no provocada e injustificada contra Ucrania; elogia en este contexto las rápidas medidas adoptadas por las agencias en diversos ámbitos, como el de la justicia y los asuntos de interior (por ejemplo, la AAUE, Frontex, Europol y la FRA), la supervisión de los sistemas financieros (por ejemplo, la AEVM), la seguridad y la defensa (por ejemplo, la EASA) y el empleo, los asuntos sociales y la inclusión (por ejemplo, Eurofound), a pesar de los desafíos que plantean no solo la guerra ilegal en Ucrania, sino también las elevadas tasas de inflación sin precedentes en toda la Unión y la crisis energética;

20.

Hace hincapié en el valioso papel que desempeñaron las agencias de la Unión a la hora de ayudar a las instituciones de esta a diseñar y aplicar sus políticas, y de llevar a cabo tareas técnicas, científicas, operativas y administrativas específicas, así como investigaciones basadas en datos contrastados; insiste, en este sentido, en la necesidad de dotar a las agencias de recursos que correspondan con las tareas asignadas, con suficiente personal, que cuente con contratos estables, y con recursos materiales suficientes; insiste, por tanto, en la necesidad de garantizar unos recursos humanos y financieros adecuados que les permitan seguir aplicando sus programas de trabajo con una tasa muy elevada de finalización de actividades;

21.

Destaca el importante papel de las agencias de la Unión que actúan en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior (JAI), que son indispensables para la aplicación de las políticas de la Unión, así como en el importante apoyo que garantizan a las instituciones y órganos de la Unión y a los Estados miembros en los ámbitos de los derechos fundamentales, la seguridad y la justicia, mediante el desempeño de funciones operativas, analíticas, de gestión y de seguimiento; reitera, por tanto, la necesidad de garantizar recursos financieros y humanos adecuados a las agencias JAI;

22.

Valora positivamente el trabajo de alta calidad realizado por las agencias que trabajan en el ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF y ALE); recuerda los mandatos específicos de estas agencias y la composición específica de sus órganos de administración sobre la base del principio tripartito, que incluye, por tanto, a representantes de las autoridades nacionales y de los interlocutores sociales; reconoce que, a través de sus miembros, los órganos de administración garantizan la necesaria armonización entre el trabajo de las agencias y las necesidades y prioridades de las partes interesadas; observa con satisfacción la introducción de reuniones híbridas y el uso de procedimientos escritos que contribuyen a reducir el coste de las reuniones presenciales;

23.

Subraya que las agencias son las más cualificadas para evaluar el uso de los recursos con el fin de ejecutar sus programas de trabajo anuales y cumplir sus mandatos de manera eficaz; destaca la necesidad de que las agencias cooperen entre sí para asignar correctamente los recursos; destaca que las agencias desempeñan un papel crucial a la hora de apoyar los proyectos adecuados en consonancia, por ejemplo, con el Pacto Verde Europeo, el Pilar Europeo de Derechos Sociales o el Nuevo Pacto de la Unión sobre Migración y Asilo;

24.

Acoge con satisfacción la cooperación y la coordinación del trabajo entre agencias del mismo ámbito, como las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), las agencias JAI, las agencias en el ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión, así como otras, pero también la cooperación transversal entre agencias de diferentes ámbitos políticos;

25.

Observa con preocupación en el informe del Tribunal las revelaciones de dos agencias (AAUE y EUSPA), en las que se refiere el impacto que ha ejercido en sus actividades la guerra de agresión no provocada e injustificada contra Ucrania; toma nota en este contexto del aumento de la demanda de asistencia de los Estados miembros que reciben refugiados procedentes de Ucrania, y de la interrupción en el uso de los lanzadores rusos Soyuz para los satélites Galileo;

Eficiencia y mejoras

26.

Insta a las agencias a seguir desarrollando sinergias (en ámbitos como los recursos humanos, la contratación pública, la digitalización, la gestión de edificios, los servicios de TI y la ciberseguridad), así como la cooperación y el intercambio de buenas prácticas con otras agencias de la Unión, con vistas a mejorar la eficiencia, en particular, habida cuenta del impacto de la guerra en Ucrania y en un contexto de tensiones inflacionistas; pide a todas las agencias que establezcan un sistema y los criterios pertinentes para supervisar de manera objetiva y desagregada e informar a la autoridad responsable de aprobar la gestión sobre la evolución, de un año a otro, de las mejoras o los ahorros registrados por las agencias en materia de tiempo, personal, energía consumida, etc.; invita a todas las agencias a coordinarse, incluso con la EUAN, con el fin de identificar y utilizar una herramienta común que permita informar de tales mejoras o ahorros de forma comparable;

27.

Insiste en el importante papel de la EUAN en el desarrollo de sinergias, en particular, ayudando a las agencias a optimizar el uso de sus presupuestos mediante la coordinación de, entre otras cosas, los procedimientos conjuntos de contratación pública, las asociaciones, la reevaluación de las prioridades y la reducción de costes; reconoce en este contexto el trabajo realizado por las diez subredes temáticas de la EUAN; recuerda además que las iniciativas conjuntas reúnen perspectivas diversas, reducen la duplicación de esfuerzos, mejoran el aprendizaje y fortalecen las relaciones entre los participantes; anima a la EUAN a que refuerce su papel de coordinación y proponga más herramientas comunes que puedan ayudar a las agencias;

28.

Acoge favorablemente la auditoría horizontal del Tribunal, que ofrece un análisis de las respuestas de las agencias a las crisis climática y energética y de la forma en que informaron sobre su desempeño climático y energético; constata en el informe del Tribunal y en las respuestas de las agencias a las preguntas escritas del Parlamento que, a finales de 2022, 10 agencias (6 en 2021) habían sido certificadas por el EMAS (sistema de gestión y auditoría medioambientales) y 22 agencias no (en el caso de 15 de ellas, el proceso de certificación del EMAS se encontraba en curso); pide a todas las agencias interesadas que aceleren el proceso de recepción de la certificación EMAS;

29.

Valora positivamente que todas las agencias hayan adoptado medidas en diversos grados para reducir su impacto medioambiental y contribuir positivamente al desarrollo sostenible; elogia a las agencias (por ejemplo, ACER) que han adoptado formalmente (y aplicado) un plan de acción para la ecologización; reitera su recomendación de que todas las agencias adopten planes de acción plurianuales que incluyan compromisos relativos a las reducciones de CO2 que pueden lograrse, entre otras posibilidades, mediante el uso de edificios y espacios de trabajo sostenibles, la optimización del consumo de energía, la promoción de modos de viaje hipocarbónicos, el uso de métodos de trabajo híbridos y la priorización de la compra de productos y servicios sostenibles; pide a todas las agencias que tengan en cuenta los aspectos medioambientales al buscar nuevos espacios de oficinas; insiste en el papel potencial de la EUAN en este contexto a la hora de ayudar a las agencias mediante el establecimiento de un plan de acción plurianual ad hoc;

30.

Celebra a este respecto que 19 de las 33 agencias descentralizadas hayan implementado planes corporativos para mejorar la eficiencia energética y la neutralidad climática; lamenta, no obstante, que, según el informe del Tribunal, 14 de las 33 agencias descentralizadas aún no han implementado aún ningún plan institucional para mejorar la eficiencia energética y la neutralidad climática de sus operaciones; señala que, en 2022, ninguna agencia publicó un informe de sostenibilidad, y que el Cedefop, el EIT y Eurofound tienen previsto hacerlo de aquí a 2024; se hace eco, en este contexto, de la recomendación del Tribunal e insta a todas las agencias a que mejoren su neutralidad climática y su eficiencia energética mediante planes institucionales actualizados que prevean bases de referencia y objetivos claramente definidos y cuantificados para reducir la huella de carbono y el consumo de energía, y a que informen sobre su desempeño climático, energético y medioambiental mediante la publicación de informes de sostenibilidad o declaraciones medioambientales;

31.

Recuerda la importancia de elevar el nivel de digitalización de las agencias en lo que se refiere al funcionamiento y la gestión internos, así como a los procedimientos, a fin de adoptar procesos «sin papel»; observa que este avance positivo repercute en la rentabilidad; observa con satisfacción que, en 2022, se lograron nuevos avances en lo que atañe a la digitalización y la optimización de sus flujos de trabajo y procedimientos, en particular, en los ámbitos de los procedimientos de recursos humanos y de contratación; anima a todas las agencias a adoptar e implementar el software de firma cualificada avanzada y firma electrónica cualificada para obtener aprobaciones y firmas de contrapartes internas y externas en los documentos de contratación pública y contractuales en general; pide a la EUAN que apoye todas las iniciativas para acelerar este proceso de digitalización y que siga informando a la autoridad de aprobación de la gestión sobre los progresos alcanzados en materia de digitalización;

32.

Pide a la Comisión que garantice un mejor uso de los conocimientos especializados de las agencias en los ámbitos de acción pertinentes, por ejemplo, en relación con la elaboración de informes y estudios y llevando a cabo investigaciones y encuestas, lo que puede permitir una utilización más eficiente de los recursos presupuestarios de la Unión en comparación con otras soluciones; destaca, a este respecto, el potencial no utilizado de las agencias que trabajan en el ámbito del empleo, los asuntos sociales y la inclusión para proporcionar información específica y pertinente y productos de la misma calidad que los consultores externos, si sus mandatos lo permiten;

Política de personal

33.

Observa que, en 2022, las 33 agencias descentralizadas declararon que empleaban a un total de 10 146 personas entre funcionarios, agentes temporales, agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (frente a 9 631 en 2021), lo que representa un aumento del 5,34 % en comparación con el ejercicio de 2021; constata en el informe del Tribunal que la mayor parte del aumento del número de miembros del personal empleados desde 2021 es atribuible al continuo desarrollo de las agencias creadas recientemente (por ejemplo, ALE) y al crecimiento de las agencias a las que se asignaron nuevas tareas (AECP, AAUE y Frontex); elogia a las agencias (EIGE y EUSPA) que alcanzaron una tasa de ejecución del 100 % de su plantilla de personal en 2022;

34.

Constata que se registraron casos de agotamiento profesional (en total 16) en 5 agencias, y varios de sus empleados realizaron horas extraordinarias en 19 agencias en 2022 (13 en 2021); destaca que no todos los casos de agotamiento se registran oficialmente; observa, en particular, que un elevado número de empleados han realizado horas extraordinarias en la EFSA (el 81 % del personal) y en Eurofound (el 97 % del personal);

35.

Observa con preocupación que, en 2022, la tasa de rotación del personal superó el 5 % en 15 de 33 agencias, y que cuatro de ellas superaron la tasa del 10 %; elogia a las agencias (por ejemplo, la ABE) por las medidas específicas que adoptaron para evitar unas elevadas tasas de rotación del personal; destaca la importancia de que todas las agencias implementen medidas encaminadas a mejorar la gestión y retención de talento; confía en que la EUAN sea un foro para sus agencias miembro en lo que respecta al intercambio de buenas prácticas y, cuando sea posible, a la tarea de unir fuerzas en este asunto;

36.

Observa que el equilibrio geográfico del personal de las agencias descentralizadas de la Unión se corresponde mejor con la población de los Estados miembros en porcentaje de la EU-27 que el equilibrio geográfico del personal de la Comisión; lamenta que siete Estados miembros se encuentren infrarrepresentados, diecisiete Estados miembros estén sobrerrepresentados y en el caso de tres Estados miembros se dé un equilibrio aproximado; recuerda que las agencias deben adoptar medidas concretas para mejorar el equilibrio geográfico; toma nota del estudio sobre «El uso de agentes contractuales en las agencias descentralizadas» publicado el 15 de mayo de 2023 (en lo sucesivo, el «Estudio») según el cual el atractivo financiero de los puestos de AC en varias regiones puede afectar a la diversidad geográfica de los solicitantes;

37.

Destaca que el equilibrio geográfico sigue representando un reto para varias agencias en las que un porcentaje considerable de su personal es nacional del Estado miembro en el que están ubicadas las agencias, por ejemplo, el ORECE (58 % de letones), el Cedefop (47 % de griegos), la EFSA (49 % de italianos) y la EU-OSHA (46 % de españoles); reconoce que las agencias utilizan procedimientos de selección basados en el mérito, con arreglo a los cuales, en presencia de méritos equivalentes, favorecerían a las nacionalidades infrarrepresentadas; pide a las agencias que adopten las medidas necesarias para contar con una representación geográfica equilibrada y justa;

38.

Reconoce que atraer talento y garantizar una fuerza laboral diversa desde el punto de vista geográfico son tareas vinculadas a las especificidades individuales de las agencias (por ejemplo, la ubicación, la infraestructura, la escolarización, el ámbito de política), así como a factores limitantes externos (como la competencia con el sector privado, la incertidumbre laboral debida a los contratos de corta duración y los bajos coeficientes de corrección); valora positivamente en el informe de seguimiento de la EUAN sobre la aprobación de la gestión de 2021 las medidas adoptadas por dicha Red para corregir la falta de atractivo y mejorar la representatividad del personal de las agencias en lo que se refiere a edad, género y origen geográfico;

39.

Toma nota con preocupación de las observaciones formuladas en el informe del Tribunal sobre las deficiencias relacionadas con las indemnizaciones a los ENCS, las becas de prácticas y los procedimientos de contratación, y toma nota, en concreto, de que el Tribunal formuló 8 observaciones, de las cuales 3 estaban relacionadas con pagos irregulares; pide a las agencias interesadas que mejoren sus controles ex ante para que los pagos se realicen con arreglo a las pruebas documentales y las normas vigentes;

40.

Observa una ligera mejora en la distribución de género en 2022, en comparación con 2021, a escala de la alta dirección y de los mandos intermedios, con un 66,59 % de hombres y un 33,41 % de mujeres (68 % y 32 %, respectivamente, en 2021) y entre los miembros de los consejos de dirección, con un 60,33 % de hombres y un 39,67 % de mujeres (62 % y 38 %, respectivamente, en 2021); constata que el equilibrio de género declarado respecto al personal en general se deterioró, con un 54,26 % de hombres y un 46,74 % de mujeres (50,3 % y 49,7 %, respectivamente, en 2021); insta a las agencias a que trabajen para mejorar el equilibrio de género en la alta dirección; reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que observen el equilibrio de género a la hora de proponer candidatos y nombrar a los miembros de la dirección o de los consejos de administración; recuerda la ambición de las agencias de alinearse con la Comisión para alcanzar un equilibrio de género del 50 % en todos los niveles de su gestión a finales de 2024;

41.

Constata que todas las agencias han adoptado medidas para mejorar el bienestar del personal en el trabajo y el equilibrio entre vida laboral y personal; observa que el número y la repercusión de tales medidas varían notablemente de una agencia a otra, y que no parece existir un marco común de referencia entre agencias; pide a la EUAN que coordine los esfuerzos para el desarrollo de un marco de referencia común a este respecto; observa con satisfacción que la gran mayoría de las agencias han establecido medidas para la integración de las personas con discapacidad, medidas que van desde adaptaciones físicas, como hacer que los edificios sean accesibles para sillas de ruedas e instalar rampas en los principales puntos de acceso, hasta adaptaciones en los puestos de trabajo del personal, disposiciones laborales específicas para los empleados con discapacidad y la provisión de equipos específicos en función de las necesidades individuales; acoge favorablemente, además, otras medidas que incluyen la integración de prácticas inclusivas en las políticas de recursos humanos, como fomentar las solicitudes de candidatos con discapacidad, garantizar que los procedimientos de contratación no sean discriminatorios en caso de discapacidad, impartir formación al personal de recursos humanos y a los tribunales de selección sobre cuestiones de diversidad e inclusión, y ofrecer orientación para detectar y contrarrestar sesgos inconscientes; pide a las agencias con presupuestos de mayor cuantía que reflejen su inversión en medidas para la integración de las personas con discapacidad y para la mejora del bienestar del personal en el trabajo y el equilibrio entre la vida laboral y personal, en consecuencia;

42.

Observa que 17 agencias ya han adoptado la Carta de la Diversidad y la Inclusión (DeI), que había sido respaldada por el Grupo de Trabajo dedicado a las cuestiones relacionadas con la diversidad y la inclusión (GTDI); invita a las agencias restantes a adoptar dicha Carta sin demora; acoge favorablemente la evolución activa del GTDI dedicado a las cuestiones del ámbito de la diversidad y la inclusión (DeI) creado por la EUAN; valora positivamente, en este contexto, las diversas actividades y eventos organizados por la EUAN en 2022, tales como: charlas en línea sobre «Redefinir el liderazgo: las mujeres al frente de las agencias de la UE», sobre «Superar la cultura del liderazgo alfa: cómo todos pueden convertirse en líderes de éxito», y sobre la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, bajo el lema «Encontrar nuestra fuerza en la vulnerabilidad»; los premios de DeI de la EUAN, que recompensarán las iniciativas administrativas y de recursos humanos que fomenten el conocimiento y la aplicación de las prácticas de DeI que se llevan a cabo actualmente en las agencias; pide a la EUAN que proporcione a la autoridad responsable de aprobar la gestión los resultados de la encuesta sobre la diversidad e inclusión realizada entre el personal de las agencias; invita a la EUAN a que informe a la autoridad encargada de aprobar la gestión acerca de los progresos realizados en materia de DeI;

43.

Recuerda la importancia de desarrollar una política de recursos humanos a largo plazo en materia de conciliación entre la vida profesional y la vida privada, orientación permanente y oferta de posibilidades de formación específicas para el desarrollo profesional, equilibrio de género en todos los niveles del personal, teletrabajo, derecho a la desconexión, mejora del equilibrio geográfico para tener una representación adecuada de todos los Estados miembros, y contratación e integración de personas con discapacidad, así como promoción de su igualdad de trato y de sus oportunidades;

44.

Observa que todas las agencias han adoptado para todo su personal una política y medidas de prevención y lucha contra el acoso, y algunas de ellas han adoptado medidas específicas (por ejemplo, actividades de formación, sensibilización o sesiones de tutoría) para los directivos de nivel superior e intermedio; observa, además, que 8 agencias informaron de que en 2022 había 23 expedientes relativos a casos de acoso en curso o cerrados; constata que, en algunas agencias (por ejemplo, ECDC, ENISA, AAUE), en lo que atañe a los procedimientos relacionados con el personal (por ejemplo, casos de acoso), se requiere el apoyo de bufetes de abogados externos especializados en el Derecho de la función pública de la Unión (Estatuto de los funcionarios de la Unión), incluso cuando las agencias cuentan con su propia unidad o departamento de servicios jurídicos; señala que, según el informe de seguimiento de la EUAN sobre la aprobación de la gestión de 2021, en la mayoría de los casos, las agencias no se enfrentaron a ningún caso de acoso en los que tuvieran que recabar el apoyo de bufetes de abogados o bufetes de abogados externos;

45.

Toma nota de que el Tribunal Supremo de Lituania, en su decisión de 23 de febrero de 2022, confirmó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-948/19, en el que se consideró a los trabajadores de empresas de trabajo temporal en agencias de la Unión como sujetos al ámbito de aplicación de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4); pide a todas las agencias que prioricen al personal permanente respecto a consultores externos, con el objetivo de garantizar unas condiciones de trabajo de alta calidad y evitar que se pierdan conocimientos y experiencia;

46.

Recuerda que las agencias descentralizadas cuentan con la posibilidad de que hasta el 65 % de su plantilla total esté compuesto por agentes contractuales (AC), de conformidad con el Estatuto de los funcionarios de la Unión, una disposición que persigue promover la flexibilidad; señala, en este contexto, a partir del intercambio de puntos de vista expresados durante la audiencia pública (denominada «Personal y otros recursos de las agencias, organismos y empresas comunes de la Unión», en lo sucesivo, la «audiencia pública») celebrada en el Parlamento el 27 de junio de 2023, así como del estudio, que los procedimientos uniformes de la Comisión para definir el número de AC no dejan flexibilidad para contratar a AC basándose en una evaluación de la carga de trabajo de acuerdo con el mandato de las agencias, y limitan su capacidad de adaptación a las necesidades emergentes de forma ágil; constata asimismo, a partir de la audiencia pública, que los costes asociados con los servicios de personal provisional, utilizados para hacer frente a las necesidades operativas a corto plazo y las ausencias de corta duración, superan significativamente los costes de los AC, lo que constituye un reto a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 2021 (asunto C-948/19), que obliga a las agencias a atenerse al principio de igualdad de remuneración por un mismo trabajo, independientemente de su situación contractual; reitera su llamamiento a las agencias para que recurran en la medida de lo posible al personal permanente con objeto de garantizar unas condiciones de trabajo de calidad y evitar la pérdida de conocimientos y experiencia, y a la Comisión, para que garantice una asignación adecuada de los recursos humanos;

47.

Constata en el estudio que, en lo que se refiere a la composición de la fuerza laboral, el número de AC ha aumentado durante la última década en todas las agencias descentralizadas, tanto en términos absolutos como en proporción relativa de la plantilla total: del 17 % en 2012 al 21 % en 2021, mientras que el número de personal constituido por AC EN la categoría IV ha registrado el mayor aumento a lo largo del tiempo (con una proporción de hasta el 46 % en todos los grupos de funciones en 2019), lo que podría indicar que las agencias pueden estar empleando a AC para realizar tareas esenciales en el marco de su mandato; entiende que el empleo de AC como parte integral de las plantillas ayuda a las agencias a abordar el agotamiento de las opciones para aumentar la eficiencia y, al mismo tiempo, a adaptarse al mayor ámbito de responsabilidades con menos puestos; señala, sin embargo, que las discrepancias en los tipos de contrato para tareas similares tienen importantes consecuencias para la experiencia laboral general de los AC y su motivación, y que la mayor rotación de los AC que desempeñan funciones más especializadas podría plantear desafíos para la retención de conocimiento organizativo; observa, además, en el estudio las diferencias entre los salarios de los AC y los salarios locales entre los Estados miembros; así, mientras que en el caso de algunas agencias (AEMA, Eurofound, Europol) los salarios de los AC de todos los grupos funcionales eran inferiores a los salarios medios de los Estados miembros (DK, IE, NL), los salarios de los AC empleados en otras agencias (por ejemplo, ENISA, EIGE) eran superiores a los salarios locales (EL, LT); observa que el proceso de contratación de AC varía de tres a nueve meses o más, y que las diferencias entre los salarios según la variedad de puestos pueden afectar a los procedimientos de contratación y a sus tasas de éxito;

Prevención y gestión de conflictos de intereses y transparencia

48.

Observa que, a excepción de una agencia, todas las agencias cuentan con una política de prevención y gestión de conflictos de intereses; acoge favorablemente las medidas adoptadas por la mayoría de las agencias para reforzar sus procedimientos y controles internos que cubran posibles situaciones de «puertas giratorias» y garantizar el pleno cumplimiento de las normas aplicables previstas en el Estatuto de los funcionarios de la Unión; toma nota de que, según el informe de seguimiento de la EUAN sobre la aprobación de la gestión de 2021, los miembros de los consejos de dirección de las agencias proceden, en la mayoría de los casos, de instituciones públicas de escala nacional, lo que sitúa el posible conflicto de intereses en un nivel relativamente bajo; toma nota además en el mismo informe de que, en su mayor parte, los miembros de los consejos de dirección son responsables de la gobernanza y la supervisión (solo en muy pocos casos toman decisiones operativas) y, cuando dichos miembros van a trabajar en sectores regulados, se adoptan determinadas medidas restrictivas dirigidas a ellos, teniendo en cuenta que esos miembros no tienen la obligación legal de, por ejemplo, solicitar autorización para ocupar un puesto de trabajo; pide a la EUAN que facilite al Parlamento una lista exhaustiva de las medidas restrictivas de este tipo adoptadas en la práctica por las agencias; observa, por último, en el estudio, que los AC no parecen correr un mayor riesgo de contribuir al problema de las «puertas giratorias»;

49.

Toma nota de que, según el informe de seguimiento de la EUAN a la aprobación de la gestión de 2021, en algunos casos, las agencias consideran que su grado de exposición al riesgo de conflictos de intereses y a la presión ejercida por ciertos grupos es bajo, debido a sus misiones, a las tareas que desempeñan y al entorno y el contexto en los que actúan, lo que repercute en su consideración de hasta qué punto necesitan una estrategia anticorrupción, mientras que otras agencias, debido a su mayor exposición a dicho riesgo, han introducido estrategias plenas contra la corrupción, en algunos casos desarrolladas con la OLAF; reitera en este contexto la necesidad de actualizar periódicamente las normas sobre transparencia, incompatibilidades, conflictos de intereses y situaciones de «puertas giratorias», y las actividades de ejercicio de presión ilegales, así como las estrategias de lucha contra el fraude; señala que, según el informe de seguimiento de las agencias de la aprobación de la gestión de 2021, la mayoría de ellas no tienen previsto desarrollar una estrategia anticorrupción interna, mientras que en el caso de algunas agencias (por ejemplo, la ABE o la AESPJ), sus estrategias contra el fraude incluyen una estrategia anticorrupción;

50.

Acoge favorablemente la publicación del registro de todas las reuniones de los representantes de intereses, partes interesadas y grupos de presión con las agencias cuando dichas reuniones sean aplicables; pide a las agencias (por ejemplo, la AESA) que no hayan creado una página web para la publicación de tales reuniones que lo hagan sin demora; observa que, debido a la naturaleza de sus actividades, algunas agencias (por ejemplo, ORECE, CEPOL, CdT, EU-OSHA) no organizan reuniones con grupos de presión;

51.

Observa que todas las agencias solicitan declaraciones de intereses para los miembros de su consejo de administración y altos directivos y que las publican en su sitio web; constata además que la mayoría de las agencias publican en su sitio web el curriculum vitae (CV) o una breve descripción de la formación y la experiencia laboral de los miembros de su consejo de administración, el personal directivo, los expertos externos y los expertos internos; destaca que, en el caso de algunas agencias (por ejemplo, el Cedefop, la EFSA, la ALE o la ENISA), no se publican los currículos de algunos de los miembros del consejo de dirección y sus suplentes; pide a esas agencias que publiquen sin demora todos esos currículos en sus sitios web;

52.

Destaca que la mayoría de las agencias declararon que no habían constatado casos de conflictos de intereses en 2022, mientras que 9 agencias denunciaron casos de este tipo; observa que los casos investigados se referían a un empleo anterior (ACER), a la falta de declaración de intereses financieros relacionados, por ejemplo, con los honorarios recibidos o los intereses de un familiar cercano (EMA), a los procedimientos de contratación (AESM), a la participación de los miembros del consejo de administración en los procedimientos relacionados con el personal (Eurojust) y al empleo tras dejar el servicio (Europol); elogia la tasa global de cierre de dichos casos por parte de las agencias (19 casos concluidos de los 21 denunciados e investigados), y las medidas de respuesta adoptadas para evitar un impacto adverso en los intereses de dichas agencias en 2022; reitera la importancia de contar con normas y marcos internos sólidos destinados a prevenir todo fenómeno de acoso, conflicto de intereses o puertas giratorias, garantizando así las normas éticas más estrictas y aumentando la confianza pública en las instituciones de la Unión;

53.

Constata que todas las agencias aplican una política de denuncia de irregularidades; observa que se declararon e investigaron 52 casos de denuncia de irregularidades, 47 de los cuales se concluyeron (incluidas 37 denuncias externas recibidas por la EMA) y 2 casos (Frontex) estaban siendo investigados por la OLAF en 2022; pide a todas las agencias que garanticen que disponen de canales de denuncia específicos, seguros y eficaces, de conformidad con los requisitos pertinentes de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), sobre la protección de denunciantes;

Contratación pública

54.

Toma nota con gran preocupación de que el Tribunal observó 48 deficiencias en la contratación pública en 2022 (frente a 34 en 2021 y 18 en 2020), y que el número de agencias afectadas está aumentando, con 24 agencias afectadas en 2022 (frente a 22 agencias en 2021 y 14 en 2020); expresa su preocupación por el hecho de que tales deficiencias sigan constituyendo la mayor fuente de pagos irregulares, derivados de procedimientos de contratación irregulares declarados en 2022 o en ejercicios anteriores; se hace eco de la recomendación del Tribunal de que, al ejecutar contratos marco, las agencias en cuestión solo deben utilizar contratos específicos para adquirir los productos o servicios cubiertos por el contrato marco asociado; se hace eco además de la recomendación del Tribunal de que las agencias afectadas debe seguir mejorando sus procedimientos de contratación pública, garantizando el pleno cumplimiento de las normas aplicables, incluso en lo que respecta a las condiciones para modificar los contratos vigentes;

55.

Celebra que las agencias de la Unión utilicen cada vez más los instrumentos de contratación pública electrónica; señala que los módulos de e-PRIOR más utilizados por las agencias son los de licitación electrónica, presentación electrónica de ofertas y facturación electrónica; observa además que, en 2022, 20 agencias adoptaron y aplicaron la herramienta de gestión de la contratación pública, 7 la pusieron a prueba, y veintitrés agencias implementaron las herramientas de firma electrónica cualificada; pide a todas las agencias que implementen dichas herramientas, que sigan trabajando para lograr la plena digitalización de sus procesos de contratación, y que mantengan a la autoridad de aprobación de la gestión actualizada sobre los avances en este asunto;

56.

Recuerda la importancia, para todos los procedimientos de contratación, de garantizar la competencia leal entre los licitadores, así como de suministrar los bienes y prestar los servicios al mejor precio, respetando los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación; invita a todas las agencias a implantar todas las herramientas informáticas de contratación electrónica desarrolladas por la Comisión; pide a todas las agencias que sigan mejorando sus procedimientos de contratación pública, así como que prediquen con el ejemplo y apliquen la cláusula social de la vigente Directiva sobre contratación pública de la Unión para garantizar que los operadores económicos que participen en contratos públicos cumplan todas las obligaciones aplicables en los ámbitos de la legislación medioambiental, social y laboral establecidas por el Derecho de la Unión, el Derecho nacional o los convenios colectivos, o por las disposiciones internacionales aplicables en materia medioambiental, social o laboral;

Control interno

57.

Observa con preocupación las conclusiones del Tribunal en el ámbito de los sistemas de gestión y control (al margen de las cuestiones relacionadas con la contratación y los recursos humanos), en los que se observaron insuficiencias en 2022 en relación con las deficiencias en la calidad y la integridad de los datos, los gastos ejecutados sin la debida delegación de poderes de un ordenador, la ausencia de controles ex post/ex ante adecuados y las deficiencias en la gestión de las indemnizaciones, las subvenciones y los compromisos; observa que, del total de veinticuatro constataciones en estos ámbitos, tres estaban relacionadas con pagos irregulares; insiste firmemente en la necesidad de contar con sistemas de gestión y control eficaces para evitar tales deficiencias; reitera su llamamiento a favor de reforzar los sistemas de gestión y control para garantizar el correcto funcionamiento de las agencias;

58.

Constata que, a finales de 2022, todas las agencias comunicaron que habían aplicado el marco de control interno (MCI) revisado, basado en COSO, y que habían realizado la evaluación anual del MCI; reitera su llamamiento a todas las agencias para que faciliten como mínimo los resultados de la evaluación a nivel de componente, y las anima, no obstante, a que informen a una escala más detallada, por ejemplo, con arreglo al principio de control interno;

59.

Observa que, en 2022, de acuerdo con el informe del Tribunal relativo al seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores, se cerraron 64 observaciones y 57 observaciones seguían en ejecución o pendientes; pide a las agencias que apliquen con diligencia las observaciones y sigan mejorando sus marcos de control interno; observa, por último, que 8 agencias informaron de que la OLAF tramitó 23 casos en 2022, y que 11 de esos casos se cerraron ese año;

Otros

60.

Acoge favorablemente las nuevas medidas adoptadas por las agencias en 2022 para reforzar su ciberseguridad y la protección de los registros digitales que obran en su poder; felicita a las agencias (ECDC, ECHA, EIGE, ENISA) por haber adoptado o actualizado sus políticas de ciberseguridad y seguridad de la información, a la luz de los reglamentos de la Unión sobre ciberseguridad y seguridad de la información en las instituciones y organismos de la Unión; observa que algunas agencias (por ejemplo, la CEPOL) aún no han adoptado tales políticas debido a que en su plantilla de personal no figuran los puestos asignados que serían necesarios para aplicar dichos reglamentos; pide a las agencias interesadas que encuentren soluciones temporales (como compartir los recursos pertinentes con otras agencias) lo antes posible, y que determinen el camino hacia una solución permanente; pide a la EUAN que facilite un mejor intercambio entre agencias en este contexto; pide a las agencias interesadas que mantengan informada a la autoridad de aprobación de la gestión sobre los avances realizados en este ámbito;

61.

Señala, a partir del intercambio de puntos de vista expresados durante la audiencia pública, que (1) las ciberamenazas aumentan constantemente, y el presupuesto de la ENISA debería aumentar en consecuencia, incluso si no se le encomiendan nuevas tareas, y, simplemente, registra un incremento en el alcance de las mismas; (2) con las leyes de cibersolidaridad y ciberresiliencia de la Comisión, la ENISA recibiría nuevas tareas sin recursos adicionales; (3) es muy importante llevar a cabo y formalizar junto con las agencias, con arreglo a un método claro y transparente, una evaluación de los recursos necesarios cuando se refuerzan los mandatos de las agencias o se amplía su alcance; pide a la Comisión que tenga en cuenta estos aspectos y recuerda que, en lo que respecta a la ciberseguridad, cada agencia debe realizar las inversiones pertinentes para cumplir con los requisitos legales;

62.

Acoge con satisfacción las medidas adoptadas por las agencias para divulgar y publicar los resultados de su trabajo a través de diversos canales, incluidos sus sitios web y las redes sociales; invita a las agencias a que prosigan con sus esfuerzos y comuniquen la información pertinente sobre el rendimiento a los ciudadanos de la Unión y al público en general en un lenguaje claro y accesible a fin de garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas pública mediante una mejor utilización de los medios de comunicación y los canales de las redes sociales; pide a las agencias que informen a la autoridad de aprobación de la gestión a este respecto;

63.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030», cuyo objetivo es racionalizar y simplificar los requisitos de información en un 25 % para cada uno de los ámbitos temáticos ecológico, digital y económico, y pide a las agencias de la Unión que optimicen sus procedimientos a fin de reducir la carga administrativa innecesaria;

64.

Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución a las agencias sujetas al presente procedimiento de aprobación de la gestión, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO C, C/2023/594, 27.10.2023.

(2) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.

(3) DO L 122 de 10.5.2019, p. 1.

(4) Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal (DO L 327 de 5.12.2008, p. 9).

(5) Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).