Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANDREA BIONDI
presentadas el 30 de octubre de 2025 (1)
Asuntos acumulados C‑440/24 P y C‑441/24 P
República de Letonia
contra
Petr Aven (C‑440/24 P)
y
Mikhail Fridman (C‑441/24 P)
« Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas motivadas por acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania — Inmovilización de fondos — Inclusión en las listas de las personas, entidades y organismos correspondientes — Artículo 2, apartado 1, letras a) y d), de la Decisión 2014/145/PESC — Criterio del apoyo a las acciones o políticas — Criterio del apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables — Criterio del beneficio obtenido de los políticos rusos — Tutela judicial efectiva — Control completo por el juez de la Unión de las medidas restrictivas — Pertinencia del contexto en la apreciación del fundamento de los motivos de inclusión — Falta de distanciamiento »
1. Los presentes recursos de casación, interpuestos por la República de Letonia, que fue parte coadyuvante ante el Tribunal General, brindan al Tribunal de Justicia la ocasión de reiterar y precisar en mayor medida el alcance de la facultad discrecional del Consejo de la Unión Europea, la carga de la prueba que le incumbe y el estándar de control jurisdiccional que el juez de la Unión está obligado a garantizar.
2. Así, la República de Letonia solicita la anulación de las sentencias Aven/Consejo (2) y Fridman/Consejo (3) (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias recurridas»), mediante las que el Tribunal General estimó, respectivamente, los recursos interpuestos por el Sr. Petr Aven y el Sr. Mikhail Fridman, ambos dirigidos a que se anularan, por una parte, la Decisión (PESC) 2022/337 (4) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/336 (5) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos iniciales controvertidos») y, por otra parte, la Decisión (PESC) 2022/1530 (6) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1529 (7) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento controvertidos»), en la medida en que dichos actos (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos») les afectan.
3. Los Sres. Aven y Fridman fueron incluidos en las listas de personas cuyos activos deben ser inmovilizados sobre la base de dos criterios del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16), en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2022/329 del Consejo, de 25 de febrero de 2022 (DO 2022, L 50, p. 1). En efecto, el Consejo incluyó a los Sres. Aven y Fridman en tales listas porque consideraba que «apoy[aba]n o ejecut[aba]n» acciones o políticas que menoscababan o amenazaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, así como su estabilidad y seguridad [artículo 2, apartado 1, letra a), de la Decisión 2014/145 modificada; en lo sucesivo, «criterio establecido en la letra a)»] y que «apoy[aba]n, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania» o que «se benefici[aba]n de ellos» [artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145 modificada; en lo sucesivo, «criterio establecido en la letra d)»].
I. Antecedentes del litigio y sentencias recurridas
4. En cuanto a los antecedentes del litigio, me remito a los apartados 2 a 14 de la sentencia Aven/Consejo y a los apartados 2 a 14 de la sentencia Fridman/Consejo.
5. En su recurso ante el Tribunal General, el Sr. Aven invocaba dos motivos, el primero basado en errores de apreciación del Consejo que llevaron a este a incluirlo y mantenerlo erróneamente en las listas controvertidas y el segundo, dirigido contra los actos de mantenimiento, basado en el incumplimiento de la obligación de revisar periódicamente su situación y de la obligación de motivación. El Tribunal General procedió al examen del fundamento de la inclusión y el mantenimiento del Sr. Aven en dichas listas con arreglo a los criterios establecidos en las letras a) y d) en consideración, en particular, al carácter supuestamente erróneo de la apreciación de los hechos efectuada por el Consejo. (8) Al término de su análisis, concluyó que ninguno de los motivos que figuraban en los actos impugnados ante él estaba fundamentado de modo suficiente en Derecho y que, por lo tanto, ni la inclusión ni el mantenimiento del Sr. Aven en las listas estaban justificados. (9) Por consiguiente, el Tribunal General estimó el primer motivo y anuló los actos controvertidos en la medida en que afectaban al Sr. Aven.
6. El Sr. Fridman, por su parte, invocó los mismos dos motivos ante el Tribunal General, que solo examinó el primero, basado en errores de apreciación. Al analizar el carácter supuestamente erróneo de la apreciación de los hechos efectuada por el Consejo, el Tribunal General llegó a la conclusión de que ninguno de los motivos que figuraban en los actos impugnados estaba fundamentado de modo suficiente en Derecho y que la inclusión y el mantenimiento del Sr. Fridman en las listas controvertidas no estaban justificados. (10) En consecuencia, el Tribunal General estimó el primer motivo y anuló los actos controvertidos en la medida en que afectaban al Sr. Fridman.
II. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
7. En el asunto C‑440/24 P, la República de Letonia solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia Aven/Consejo y que condene a cada parte a cargar con sus propias costas. El Sr. Aven solicita al Tribunal de Justicia, con carácter principal, que desestime el recurso de casación por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado, y, con carácter subsidiario, que desestime el recurso de casación, y, en cualquier caso, que condene en costas a la República de Letonia.
8. En el asunto C‑441/24 P, la República de Letonia solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia Fridman/Consejo y que condene a cada parte a cargar con sus propias costas. El Sr. Fridman solicita al Tribunal de Justicia, con carácter principal, que desestime el recurso de casación por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado, y con carácter subsidiario, que desestime el recurso de casación, y, en cualquier caso, que condene en costas a la República de Letonia.
9. Mediante sendas decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 2024 y de 6 de noviembre de 2024, se admitió la intervención de la República de Estonia y de la República de Lituania en los litigios en apoyo de las pretensiones de la República de Letonia en dichos asuntos, que posteriormente se acumularon a efectos de la fase oral y de la sentencia. (11)
III. Sobre los recursos de casación
10. En cada uno de sus dos recursos de casación, la República de Letonia invoca cuatro motivos similares.
11. El primer motivo se basa en la inobservancia de la jurisprudencia derivada de la sentencia Kadi; (12) el segundo, en la desnaturalización de las pruebas presentadas por el Consejo; el tercero, en un error de Derecho en la aplicación del criterio establecido en la letra d), y el cuarto, en un error de Derecho en la medida en que el Tribunal General no calificó la falta de distanciamiento como un apoyo, en el sentido del criterio establecido en la letra a).
A. Observaciones preliminares
12. Me gustaría formular dos series de consideraciones preliminares antes de pasar a analizar los presentes recursos de casación.
1. Sobre la intensidad del control jurisdiccional y el marco de análisis
13. Los distintos motivos invocados en el marco de los presentes recursos podrían resumirse en una sola cuestión: la relativa al grado de control jurisdiccional que deben ejercer los órganos jurisdiccionales de la Unión sobre la legalidad de las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo. No se trata de una cuestión inédita. Se espera que los órganos jurisdiccionales de la Unión alcancen un equilibrio delicado, pero en última instancia equitativo, entre principios y normas jurídicas diferentes y potencialmente contradictorios.
14. Los dos platos de la balanza son, por un lado, la facultad del Consejo para adoptar medidas restrictivas y, por otro, la protección de los derechos de las personas afectadas por dichas medidas.
15. Tampoco puede ignorarse que estos recursos de casación se inscriben en el contexto de la invasión de Ucrania, una vulneración flagrante del Derecho internacional y una infracción de la Carta de las Naciones Unidas, (13) que constituye una de las amenazas más graves para la seguridad europea y el orden internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una preocupación omnipresente en la argumentación de la República de Letonia.
16. Ya se han reconocido la importancia de los objetivos perseguidos por el Consejo, que se inscriben en el objetivo más amplio del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, de conformidad con los objetivos de la acción exterior de la Unión enunciados en el artículo 21 TUE, y el aumento progresivo de las medidas restrictivas, en función de su eficacia, adoptadas por el Consejo en respuesta a las acciones de la Federación de Rusia que desestabilizan Ucrania. (14) El objetivo de los regímenes de medidas restrictivas que resultan de los actos controvertidos es ejercer la máxima presión sobre la Federación de Rusia mediante el aumento del coste de las acciones de dicho país dirigidas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
17. No cabe duda de que el Consejo dispone de un amplio margen de maniobra para decidir sobre la conveniencia de las medidas restrictivas y definir sus condiciones. He de añadir que este margen se extiende al nivel de rigor de dichas medidas y a su carácter, en la práctica, ilimitado, con el fin de determinar si pueden poner fin a la grave vulneración del Derecho internacional por parte de la Federación de Rusia.
18. Sin embargo, este margen no puede dispensar al Consejo de asegurarse y demostrar el carácter fundado de los motivos que hayan conducido a la inclusión y el mantenimiento de las personas sujetas a medidas, es decir, de decisiones individuales que les afectan negativamente de manera considerable. (15)
19. A este respecto, ha de señalarse que el Tribunal General formuló, antes de su análisis del fundamento de la inclusión y el mantenimiento de los Sres. Aven y Fridman en las listas con arreglo a los criterios establecidos en las letras a) y d), una serie de observaciones preliminares que reflejan perfectamente el marco de análisis elaborado por el Tribunal de Justicia a lo largo de su jurisprudencia.
20. El Tribunal de Justicia ha reiterado recientemente, por una parte, que, «al controlar la legalidad de los motivos en que se basa la decisión de incluir o mantener el nombre de una persona en una lista de personas sujetas a medidas restrictivas, la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige, en particular, que el juez de la Unión se asegure de que dicha decisión, que constituye un acto de alcance individual para la persona afectada, disponga de unos fundamentos de hecho lo suficientemente sólidos. Ello implica comprobar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa la decisión, de tal modo que el control judicial no se vea limitado a la apreciación de la verosimilitud en abstracto de los motivos invocados, sino que recaiga sobre si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para sustentar esa decisión, han quedado acreditados». (16)
21. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha reafirmado que tal apreciación «debe llevarse a cabo examinando los medios de prueba, no de forma aislada, sino en el contexto en el que se integran, de modo que el Consejo cumple la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto ante el juez de la Unión un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la persona sujeta a una medida de congelación de sus fondos y el régimen combatido […]. Además, es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra la persona afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos. Si bien no se exige que dicha autoridad presente ante el juez de la Unión todos los datos y pruebas inherentes a los motivos expuestos, es preciso, sin embargo, que los datos o pruebas presentados respalden los motivos invocados contra la persona afectada». (17)
22. También se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, al controlar las medidas restrictivas, con arreglo a las competencias que les confieren los Tratados, los órganos jurisdiccionales de la Unión deben garantizar un control en principio completo de la legalidad de los actos de la Unión, lo que también se aplica al control de los actos que establecen medidas restrictivas. (18)
23. Por lo tanto, procede examinar los presentes recursos de casación teniendo en cuenta este marco de análisis.
2. Sobre los criterios de inclusión en las listas
24. A continuación, procede volver brevemente sobre los criterios utilizados por el Consejo para incluir y mantener los nombres de los Sres. Aven y Fridman en las listas de personas cuyos activos deben ser inmovilizados.
25. Estos criterios han sido definidos por el Consejo, que ha hecho uso para ello de la amplia facultad de apreciación que se le reconoce en la materia (19) y que no se discute en el presente asunto. Fue la Decisión 2022/329 la que modificó los criterios de inclusión, en un contexto caracterizado por la urgente necesidad de adoptar medidas restrictivas adicionales frente a la gravedad de la situación. (20)
26. El Tribunal General descartó de manera explícita la posibilidad de que dichas inclusiones y dichos mantenimientos —en consecuencia, tanto para el Sr. Aven como para el Sr. Fridman— pudieran haberse basado en otros criterios, (21) como sugirió el Consejo durante el procedimiento seguido ante el Tribunal General. Esta conclusión no queda desvirtuada en el marco de los presentes recursos de casación. Por tanto, procede considerar que los únicos criterios pertinentes para el análisis son los criterios establecidos en las letras a) y d).
27. Así pues, del criterio establecido en la letra a) se desprende que deberán inmovilizarse los fondos y recursos económicos (22) de las personas físicas que «apoyen o ejecuten» acciones o políticas que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o su estabilidad o seguridad.
28. Por su parte, el criterio establecido en la letra d) tiene por objeto, en particular, inmovilizar los fondos de las personas físicas bien porque apoyen, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, bien porque se beneficien de ellos.
29. Estos actos no contienen ninguna definición de los conceptos de «apoyo», «apoyo material o financiero» o «políticos rusos», ni de lo que debe entenderse por la expresión «beneficiarse». Tampoco contienen más información sobre el modo de prueba. (23)
30. Del apartado 41 de las sentencias recurridas se desprende que el Tribunal General consideró que el criterio establecido en la letra a) «requiere que se acredite la existencia de un vínculo, directo o indirecto, entre las actividades o acciones de la persona […] destinataria de las medidas y la situación en Ucrania que dio origen a la adopción de las medidas restrictivas de que se trata […] Esas personas deben, por su comportamiento, haber apoyado a personas consideradas responsables de acciones o políticas que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania».
31. Del apartado 42 de dichas sentencias se desprende que el Tribunal General declaró que el criterio establecido en la letra d) «se refiere de manera específica y selectiva a las personas físicas […] que, aunque no tengan, como tales, ningún vínculo con la anexión de Crimea o la desestabilización de Ucrania, apoyen, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o se beneficien de ellos». El criterio establecido en la letra d) se compone, según el Tribunal General, de dos elementos, a saber, el apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de tal anexión o desestabilización y el hecho de que se obtenga un beneficio de dichos políticos. Estos dos criterios no son acumulativos y, por lo que respecta al beneficio, basta con que la persona afectada se beneficie de los políticos rusos, sin que sea necesario acreditar un vínculo entre los beneficios obtenidos por las personas o entidades designadas y la anexión de Crimea o la desestabilización de Ucrania.
B. Sobre el primer motivo de casación invocado en los asuntos C‑440/24 P y C‑441/24 P, basado en un error de Derecho en la medida en que el Tribunal General supuestamente no tuvo en cuenta la jurisprudencia derivada de la sentencia Kadi
1. Resumen de las alegaciones de las partes
32. La República de Letonia, apoyada por la República de Estonia y la República de Lituania, formula, antes de su argumentación, una serie de observaciones generales relativas a la necesidad de establecer una jurisprudencia uniforme y de tomar en consideración el contexto más amplio del régimen ruso y su influencia. Tal apreciación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las exigencias derivadas del artículo 3 TUE, apartados 1 y 5, y del artículo 21 TUE, apartados 1 y 2, letras a) y c).
33. En su opinión, el Tribunal General aplicó incorrectamente la jurisprudencia recordada en el apartado 31 de las sentencias recurridas, al haber llevado a cabo un único examen individual y aislado de las pruebas presentadas por el Consejo, pese a que dicho examen debería haberse completado con un análisis conjunto global habida cuenta del contexto en el que se inscribían tales pruebas.
34. Así pues, la República de Letonia sostiene que el control jurisdiccional de las medidas restrictivas debe desarrollarse en tres fases. Indica que, en un primer momento, el Tribunal General debería haber examinado si uno de los motivos invocados por el Consejo justificaba, por sí mismo, la inclusión. Si ninguno de los motivos considerados individualmente podía justificar la inclusión, el Tribunal General debería haber examinado entonces las pruebas en su conjunto. A continuación, debería haber recurrido a la información existente fuera de los límites de las pruebas presentadas, lo que constituye un elemento esencial en la apreciación de la legalidad de las medidas restrictivas. La República de Letonia aduce que el contexto externo es un instrumento de que dispone el Tribunal General que le permite apreciar las pruebas cuando estas son inseparables de una situación determinada (24) y cuando el Consejo tiene dificultades para recabar pruebas, como ocurre en el contexto ruso. Alega que las pruebas relativas a la proximidad de una persona a un gobierno y su condición de «oligarca» en un régimen autoritario deben evaluarse a la luz de este contexto específico, incluida la sumisión del mundo empresarial al apoyo de las políticas de un régimen autoritario. A su juicio, el Tribunal General no tuvo en cuenta la información que aclaraba este contexto y que figuraba en el escrito de dúplica del Consejo ante el Tribunal General. La República de Letonia cita, en particular, un artículo de prensa de 2012, un informe del Bank of Finland Institute for Emerging Economies y una declaración del Sr. Aven sobre el entorno económico ruso y la implicación de los políticos en su progresión. Por último, según indica, por analogía con la sentencia Consejo/Bamba, (25) el Tribunal General debería haber concluido que, habida cuenta del contexto que sustentaba el vínculo indisociable entre el entorno económico ruso y los dirigentes políticos, la motivación de los actos impugnados resultaba suficiente.
35. Con carácter preliminar, los Sres. Aven y Fridman sugieren al Tribunal de Justicia que haga uso del artículo 181 del Reglamento de Procedimiento. Además, sostienen, con carácter principal, que la argumentación desarrollada por la República de Letonia en el marco del primer motivo de su recurso de casación no es clara y solicitan que se declare su inadmisibilidad. Con carácter subsidiario, consideran que la argumentación de la recurrente equivale a solicitar al Tribunal General que sustituya la motivación del autor del acto impugnado por la suya propia, lo que la jurisprudencia no permite hacer. (26) Alegan que la motivación del Consejo debe apreciarse únicamente teniendo en cuenta los elementos en los que este se basó en el momento en que adoptó su decisión. (27) Los Sres. Aven y Fridman sostienen que el Tribunal General no puede ir más allá de la base documental del Consejo para tener en cuenta el funcionamiento del régimen ruso. Aducen que, en cualquier caso, aun cuando el Tribunal General hubiera debido llevar a cabo tal análisis, la conclusión habría sido la misma.
2. Apreciación
36. De entrada, debe declararse que, contrariamente a lo que sostienen los Sres. Aven y Fridman, los presentes recursos de casación no resultan ni manifiestamente inadmisibles ni manifiestamente infundados, ni se deben ser tramitar mediante auto adoptado sobre la base del artículo 181 del Reglamento de Procedimiento.
37. Procede asimismo desestimar la imputación basada en la inadmisibilidad de este primer motivo. En efecto, contrariamente a lo que sostienen los Sres. Aven y Fridman, la argumentación de la recurrente es totalmente clara y se comprende fácilmente, como demuestra, por otra parte, el hecho de que los Sres. Aven y Fridman hayan llegado a pronunciarse sobre el fondo de dicho motivo para llegar a la conclusión de que carece de fundamento.
38. Por lo que respecta al examen en cuanto al fondo del primer motivo, la República de Letonia pretende cuestionar, de manera general, la forma en que el Tribunal General llevó a cabo su análisis. Le reprocha que aislara los motivos de inclusión en las listas y las pruebas que supuestamente los respaldan, cuando debería haber llevado a cabo un análisis conjunto y global de dichos motivos y pruebas a la luz del contexto que los rodeaban. En este sentido, el primer motivo está estrechamente relacionado con el segundo motivo que ha formulado.
39. Propongo agrupar las alegaciones de la República de Letonia sobre este primer motivo en dos problemáticas: primero, la cuestión de la consideración de los objetivos perseguidos por las medidas restrictivas, y, en segundo lugar, la imputación basada en la inobservancia de la jurisprudencia Kadi debido a un examen aislado de las pruebas y a la falta de consideración del contexto externo.
40. En primer lugar, en cuanto a la alegación de la República de Letonia de que la apreciación de la legalidad de las medidas restrictivas debe llevarse a cabo teniendo presentes las exigencias derivadas de los artículos 3 TUE y 21 TUE, no se trata aquí de negar la importancia de las medidas restrictivas para la consecución de los objetivos y acciones de la Unión en la escena internacional. No obstante, debo señalar que el rigor del control jurisdiccional efectuado por el juez de la Unión, tal como lo define la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, responde también a una exigencia normativa de primer orden, ya que se deriva del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Dicho de otro modo, incluso cuando se invocan los artículos 3 TUE y 21 TUE, persiste el carácter plenamente efectivo del control jurisdiccional.
41. Por otra parte, debe recordarse que el control jurisdiccional tiene por objeto garantizar que el Consejo haya cumplido sus obligaciones. A este respecto, ha de recordarse que, cuando adopta medidas restrictivas, está obligado a respetar los derechos fundamentales, (28) entre ellos el derecho a una buena administración, del que se deriva el derecho de toda persona a que sus asuntos sean tratados de manera imparcial y equitativa. (29)
42. En segundo lugar, en lo que atañe a las obligaciones que incumben al Tribunal General en el momento de pronunciarse sobre el fundamento de los motivos de la inclusión o del mantenimiento de una persona en la lista de personas cuyos activos deben ser inmovilizados, ha de recordarse que le corresponde asegurarse de que las decisiones de inclusión o de mantenimiento descansan en unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Los hechos alegados en la exposición de motivos deben verificarse y no es posible limitarse a la apreciación de su mera verosimilitud abstracta. La información y las pruebas presentadas por el Consejo deben poder respaldar al menos uno de los motivos de la inclusión en la lista y el juez de la Unión debe verificar su exactitud material y apreciar su fuerza probatoria en función de las circunstancias del caso y a la luz de las observaciones presentadas por la persona afectada.
43. Por otra parte, la apreciación de la legalidad de los motivos de inclusión también puede debe llevarse a cabo examinando los medios de prueba, no de forma aislada, sino en el contexto en el que se integran, de modo que el Consejo cumple la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto ante el juez de la Unión un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la persona sujeta a una medida de congelación de sus fondos y el régimen combatido. (30) Así pues, el recurso al contexto permite al Consejo cumplir la carga de la prueba en situaciones en las que el acceso a la información es difícil, como sucede, por ejemplo, en la sentencia Anbouba/Consejo. (31)
44. Es innegable que puede recurrirse al contexto para apreciar la legalidad de los criterios de inclusión en las listas (32) y también el fundamento de los motivos de tal inclusión. En cambio, si bien el contexto siempre puede enriquecer un motivo o una prueba, nunca puede sustituirlos.
45. En la sentencia Anbouba/Consejo, los motivos de la inclusión de la persona afectada en las listas se basaban en una serie de indicios relacionados, en particular, con algunas de las funciones que desempeñaba la persona afectada en la economía siria. Estos motivos se basaban en hechos reconocidos y pertinentes en el momento de la inclusión en las listas. Examinados aisladamente, esos hechos no revelaban ningún apoyo, pero sumados entre sí y aclarados por su contexto se convertían en un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitían apreciar que dicha persona aportaba apoyo económico al régimen sirio. (33)
46. En mi opinión, toda la dificultad en los presentes recursos de casación reside en el hecho de que los motivos de inclusión de los Sres. Aven y Fridman en las listas y las pruebas que los sustentan se basaban en elementos que no podían revelar un apoyo en el sentido de los criterios establecidos en las letras a) o d) o una ventaja en el sentido del criterio establecido en la letra d). Dicho de otro modo, al término del análisis efectuado por el Tribunal General en las sentencias recurridas, ya no quedaba nada por aclarar a la luz del contexto.
47. La posición de la República de Letonia es la siguiente: dado que los Sres. Aven y Fridman son oligarcas rusos, solo pudieron acceder a tal nivel de prosperidad económica apoyando o siendo apoyados por el régimen ruso en general y por el Sr. Vladímir Putin en particular —y, por lo tanto, beneficiándose de ello—.
48. Es más que probable que esta afirmación sea correcta desde el punto de vista fáctico.
49. No obstante, el estándar europeo de tutela judicial es más exigente y, si el control debe ser completo, debe tener en cuenta el contenido de los criterios de inclusión en las listas y garantizar la correspondencia entre los motivos de tal inclusión, las pruebas que los respaldan y el criterio en sí. El control completo no es compatible con el establecimiento de una presunción mediante el recurso al contexto.
50. Una interpretación de las pruebas a la luz del contexto no puede ser tan constructiva como para desnaturalizar el propio criterio.
51. Por otra parte, los elementos contextuales presentados por la República de Letonia, que reflejan en parte aquellos basados en el escrito de dúplica del Consejo ante el Tribunal General, no pueden ocultar que dicho contexto no se ha presentado en los actos controvertidos. (34) Así, el Consejo estaba obligado a formular los motivos precisos y concretos —en su caso, un conjunto de indicios concretos, precisos y concordantes— que se refirieran a hechos que podían caracterizar un comportamiento, como los contemplados en los criterios establecidos en las letras a) y d), como los he recordado en la parte introductoria del análisis.
52. Por lo tanto, en mi opinión, el Tribunal General declaró fundadamente que los diferentes motivos enunciados en el apartado 44 de las sentencias recurridas podían ciertamente acreditar una forma de proximidad con el Sr. Putin o su entorno, pero no permitían demostrar ni que los Sres. Aven y Fridman hubieran apoyado acciones o políticas que comprometieran a Ucrania, en el sentido del criterio establecido en la letra a), ni que se hubieran beneficiado de esos políticos en el sentido del criterio establecido en la letra d). (35)
53. En la medida en que los criterios seguidos tienen un carácter general y en que las disposiciones que los establecen no contienen definición alguna de lo que debe entenderse por «apoyo» a las acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, por «apoy[o], material o financier[o], a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania» o por la expresión «beneficiarse» de dichos políticos, ni tampoco precisiones relativas al modo de prueba de esos elementos, en mi opinión no hay ninguna razón para apartarse de la línea jurisprudencial según la cual la apreciación del carácter fundado de la inclusión de una persona en la lista de las personas y entidades a las que se aplican medidas restrictivas exige siempre la prueba de elementos que permitan demostrar que la persona de que se trata ha aportado un apoyo económico al régimen o que se ha beneficiado del mismo. (36) En efecto, de la formulación de los criterios establecidos en las letras a) y d) no se desprende presunción alguna de apoyo al régimen ruso, o de que se haya obtenido beneficio alguno de los políticos rusos, por el mero hecho del estatus de los Sres. Aven y Fridman en la economía rusa. (37)
54. En cuanto a la alegación de que el control jurisdiccional de las medidas restrictivas es un control en tres fases como las descritas por la recurrente, ha de señalarse que no encuentra apoyo alguno en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
55. En particular, la afirmación de que, si ninguno de los motivos considerados individualmente puede justificar la inclusión, corresponde al Tribunal General examinar el conjunto de las pruebas, me parece difícilmente conciliable con el principio, reiterado en numerosas ocasiones, según el cual si el juez de la Unión considera que al menos uno de los motivos mencionados es lo bastante preciso y concreto, que está respaldado por hechos y que constituye, por sí solo, una base suficiente para fundamentar la decisión, la circunstancia de que otros de esos motivos no presenten tales características no puede justificar la anulación de dicha decisión. (38) Si bien es cierto que un motivo puede ser suficiente, es necesario que al menos esté fundamentado. Pues bien, cuando ninguno de los motivos está fundamentado, la conclusión de un análisis que los considere conjuntamente no puede ser diferente.
56. Por lo que respecta a la alegación basada en la sentencia National Iranian Oil Company/Consejo, (39) no resulta convincente. La República de Letonia pretende hacer valer que el Tribunal de Justicia reconoció, en el apartado 78 de dicha sentencia, que el contexto denominado «externo» es un instrumento del que dispone el Tribunal General, que le permite apreciar las pruebas cuando son indisociables de una situación determinada y cuando el Consejo se enfrenta a dificultades para recabar pruebas, como sucede en el contexto ruso.
57. Pues bien, por una parte, si bien en el apartado 78 de la sentencia National Iranian Oil Company/Consejo el Tribunal de Justicia reconoce la posibilidad de recurrir al contexto para la interpretación de decisiones adoptadas en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, se refiere al marco del examen de la legalidad de los criterios de inclusión en las listas, y no a las pruebas que supuestamente respaldan los motivos de inclusión. Por otra parte, de las sentencias recurridas no se desprende que el Consejo haya pretendido hacer valer dificultades para obtener pruebas. (40)
58. En lo tocante a la alegación de que el Tribunal General debería haber tenido en cuenta el contexto externo que rodeaba a las medidas restrictivas impuestas a los Sres. Aven y Fridman y que la información facilitada por el Consejo en su escrito de dúplica ante el Tribunal General debería haberse tomado en consideración como elemento idóneo para demostrar que, habida cuenta del contexto, la motivación de los actos impugnados resultaba suficiente, procede, evidentemente, de una confusión entre, por una parte, el control del cumplimiento de la obligación de motivación y, por otra parte, el examen del carácter fundado de la inclusión en las listas, que precisa comprobar si los elementos invocados por el Consejo están acreditados y si pueden justificar la adopción de dichas medidas. (41) Pues bien, el control efectuado por el Tribunal General en las dos sentencias recurridas únicamente se ha referido a este examen.
59. Por todas las razones expuestas, propongo que se desestime el primer motivo de casación por infundado.
C. Sobre el segundo motivo de casación invocado en los asuntos C‑440/24 P y C‑441/24 P, basado en la desnaturalización de las pruebas presentadas por el Consejo
1. Resumen de las alegaciones de las partes
60. Mediante su segundo motivo de casación, que considera estrechamente relacionado con el primero, la República de Letonia, apoyada por las partes coadyuvantes, aduce, en esencia, que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas presentadas por el Consejo al no examinarlas en su contexto.
61. Por lo que respecta al apartado 74 de la sentencia Aven/Consejo, la República de Letonia sostiene que la interpretación efectuada de las pruebas n.os 3 y 7 es contraria al objetivo perseguido por las medidas adoptadas por el Consejo y que la cuestión de si finalmente se adoptaron o no sanciones estadounidenses es irrelevante a efectos de determinar el valor probatorio de los elementos presentados por el Consejo que pretendían poner de relieve la estrecha relación entre el Sr. Aven y el Sr. Putin y el hecho de que, según indica, el Sr. Aven se hubiera convertido en parte integrante del régimen ruso.
62. En cuanto a las pruebas n.os 4 y 12, la República de Letonia alega que el Tribunal General realizó una lectura mecánica de los hechos, mientras que tanto la comisión de investigación denominada «Salié» como la presión ejercida por el Sr. Putin a favor del Alfa Bank, uno de los principales bancos privados de Rusia, ilustran las relaciones estrechas, antiguas y especiales existentes entre el Sr. Aven y el régimen ruso, así como un apoyo recíproco e indisociable.
63. En su opinión, las pruebas n.os 10 y 11 ilustran de nuevo la proximidad entre el Sr. Aven y el Sr. Putin, ya que la hija de este último se veía afectada.
64. En lo tocante a las pruebas n.os 2 y 3, afirma que estas demuestran la participación del Sr. Aven en los esfuerzos del Kremlin para levantar las sanciones occidentales y su participación en una serie de conversaciones con el Gobierno ruso.
65. De todas estas pruebas se desprende, a su modo de ver, que el Sr. Aven no actúa con independencia del Gobierno ruso, sino que, por el contrario, forma parte del régimen ruso, al que está indisociablemente vinculado, y que no puede ignorar las políticas, orientaciones y prioridades de dicho régimen, cuando actuó como su emisario. A su juicio, as responsabilidades y tareas encomendadas al Sr. Aven lo demuestran.
66. Por lo que respecta a las pruebas n.os 8 y 9, la República de Letonia considera que un examen de dichas pruebas en su contexto habría permitido al Tribunal General constatar que no se trataba del mero ejercicio de un derecho constitucionalmente garantizado, teniendo en cuenta la erosión del Estado de Derecho y de la independencia del fiscal general y la concentración de poderes en manos del presidente ruso. En su opinión, el Tribunal General parece haber encontrado más convincente el valor probatorio de un dictamen jurídico en el que se evaluaba la carta enviada por el Sr. Aven al presidente ruso sin tener en cuenta las condiciones en las que se recabó dicho dictamen.
67. Por lo que respecta a la sentencia Fridman/Consejo, la República de Letonia considera que el Tribunal General rechazó erróneamente el valor probatorio de la prueba n.º 7, que, sin embargo, demostraba que el Sr. Putin ejerció presión a favor de Alfa Group Turquía como recompensa a la lealtad de Alfa Group —conglomerado creado en 1989 y del que Alfa Bank forma parte— hacia el régimen ruso. Pues bien, a su juicio, tal presión ilustra claramente las relaciones estrechas, antiguas y especiales existentes entre el Sr. Fridman y el régimen ruso. La República de Letonia alega que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 49 de la sentencia Fridman/Consejo, el motivo basado en un apoyo político en 2005 debe tenerse en cuenta para justificar la inclusión del Sr. Fridman en las listas.
68. A su modo de ver, dado que las pruebas n.os 1 y 2 se refieren al estatus de accionista multimillonario de Alfa Bank del Sr. Fridman, el Tribunal General ignoró, una vez más, el contexto más amplio que estaba obligado a tomar en consideración, (42) cuando dichas pruebas demuestran el estatus del Sr. Fridman en la economía rusa.
69. La República de Letonia aduce que la proximidad del Sr. Fridman con el presidente ruso queda también ilustrada por las pruebas n.os 5 y 6.
70. En su opinión, la prueba n.º 2 indica claramente que el Sr. Fridman participó en los esfuerzos del Kremlin para levantar las sanciones occidentales. Afirma que ha quedado acreditado que el Sr. Fridman no actúa con independencia del Gobierno ruso, sino que, por el contrario, forma parte del régimen ruso, al que está indisociablemente vinculado; no puede ignorar las políticas, orientaciones y prioridades de este régimen, cuando actuó como su emisario. Afirma que las responsabilidades y tareas encomendadas al Sr. Fridman respaldan unas relaciones estrechas e indisociables entre el Sr. Putin y el Sr. Fridman.
71. La República de Letonia sostiene que, en definitiva, el examen de la totalidad de las pruebas estaba viciado, puesto que el Tribunal General solo las consideró a través de un prisma sustancialmente alterado.
72. Los Sres. Aven y Fridman solicitan, con carácter principal, que se declare la inadmisibilidad de este segundo motivo de casación y, con carácter subsidiario, su carácter manifiestamente infundado.
2. Apreciación
73. Procede recordar la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, con arreglo al artículo 256 TFUE, apartado 1, y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es el único competente, por una parte, para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, para apreciar esos hechos y las pruebas. La apreciación de tales hechos y elementos de prueba no constituye pues, salvo en el caso de su desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. Además, cuando un recurrente alega una desnaturalización de los hechos o de los elementos de prueba por parte del Tribunal General, está obligado a indicar con precisión los elementos de prueba que en su opinión desnaturalizó el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que a su juicio llevaron al Tribunal General a incurrir en esa desnaturalización. Por último, la desnaturalización debe poner de manifiesto de forma evidente el carácter erróneo de la apreciación de los elementos existentes, sin necesidad de efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. (43)
74. Contrariamente a lo que sostienen los Sres. Aven y Fridman, el segundo motivo de casación es admisible, ya que la argumentación de la República de Letonia responde a las exigencias que acabo de recordar, puesto que alega, de manera precisa y detallada, la desnaturalización de toda una serie de pruebas debido a que el Tribunal General no tuvo en cuenta el contexto en el que se inscriben.
a) Sobre la alegación de desnaturalización de las pruebas relativas al Sr. Aven
75. Por lo que respecta a las pruebas derivadas de los documentos n. os 3 y 7, el Tribunal General examinó el motivo según el cual el Sr. Aven mantuvo una entrevista con el Sr. Putin en 2016, quien, según se indica, le advirtió de la posible imposición de sanciones adicionales contra él o contra Alfa Bank por parte de los Estados Unidos. El Tribunal General consideró entonces que estas pruebas pretendían demostrar que el Sr. Aven se había beneficiado de los políticos rusos en el sentido del criterio establecido en la letra d). (44) No obstante, el Tribunal General concluyó, en el apartado 74 de la sentencia Aven/Consejo, que, aunque el Sr. Aven no discute los hechos, del expediente probatorio no se desprendía que las sanciones estadounidenses adicionales hubieran sido finalmente adoptadas.
76. Pues bien, la mera información de una posibilidad, sin la realización concreta del beneficio, no se consideró adecuada para acreditar el beneficio, y la toma en consideración del contexto no modificaría esta conclusión. El criterio establecido en la letra d) no está redactado en el sentido de que contemple la mera posibilidad de obtener un beneficio. Es preciso señalar que la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el apartado 74 de la sentencia Aven/Consejo no es manifiestamente errónea y, por lo tanto, no constituye una desnaturalización.
77. Como alega la República de Letonia, es ciertamente posible sostener que una mayor eficacia de las medidas restrictivas y una consecución más rápida de los objetivos que estas persiguen exigen permitir la inclusión en las listas incluso en tales casos. No obstante, corresponde al Consejo formular el criterio en este sentido.
78. Por lo que respecta a las pruebas derivadas de los documentos n. os 4 y 12, la República de Letonia reprocha al Tribunal General que realizase una lectura mecánica de los hechos. Me cuesta comprender cómo una lectura mecánica de los hechos —es decir, excesivamente próxima a los hechos— podría resultar manifiestamente errónea.
79. En cualquier caso y en primer lugar, en relación con el motivo basado en que el Sr. Putin recompensó a Alfa Group, del que el Sr. Aven supuestamente era un accionista importante, por su lealtad, al aportar, en 2005, un apoyo político a los planes de inversión del grupo en Turquía, el Tribunal General consideró que ese motivo pretendía demostrar que el Sr. Aven se había beneficiado de los políticos rusos en el sentido del criterio establecido en la letra d). El Tribunal General declaró que los políticos rusos de los que proceden los beneficios contemplados en dicho criterio debían haber iniciado la preparación de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania para que pudiera considerarse que las personas que se beneficiaron de ellos no podían ignorar la participación de esos políticos en dicha preparación. Considerando que estas políticas y acciones se ejecutaron a partir de finales de febrero de 2014, el Tribunal General declaró que el motivo del apoyo político obtenido en 2005 no podía tenerse en cuenta. La cuestión de si la apreciación del Tribunal General que se desprende del apartado 48 de la sentencia Aven/Consejo está fundamentada es una cuestión de Derecho que es objeto del tercer motivo, a cuyo análisis me remito. Por lo que respecta al resto de la apreciación de la prueba n.º 12, no se ha puesto de manifiesto desnaturalización alguna debido a la falta de consideración del contexto.
80. En segundo lugar, el Tribunal General también declaró que el motivo basado en que el Sr. Aven ayudó al Sr. Putin en el marco de la comisión de investigación Salié tenía por objeto acreditar un apoyo material o financiero a los políticos rusos en el sentido del criterio establecido en la letra d).
81. Tras comprobar que los hechos se remontaban a los años 1991 y 1992, el Tribunal General desestimó dicho motivo por considerar que se refería a un período demasiado alejado en el tiempo del período en el que se produjeron la inclusión y el mantenimiento del Sr. Aven en las listas para poder ser tenido en cuenta, en particular porque en esa fecha no había comenzado la preparación de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania. La consideración del contexto no puede modificar esta conclusión.
82. Sin perjuicio del examen del tercer motivo, procede concluir que no existe desnaturalización en lo que respecta a las pruebas n.os 4 y 12.
83. Por lo que respecta a las pruebas derivadas de los documentos n. os 8 y 9, procede señalar de entrada que el análisis del Tribunal General no se refirió a la prueba n.º 9. (45)
84. En cuanto al motivo basado en que el Sr. Aven supuestamente escribió una carta al Sr. Putin para quejarse de una decisión del Tribunal de Arbitraje de Moscú dictada en el marco de un procedimiento que afectaba a los intereses de su empresa y en que supuestamente el Sr. Putin había dado instrucciones al fiscal general de Rusia para que investigara este asunto, el Tribunal General consideró que pretendía demostrar que el Sr. Aven se había beneficiado de los políticos rusos, en el sentido del criterio establecido en la letra d). (46)
85. La prueba n.º 8 consiste en un artículo publicado en un sitio de Internet en 2019 cuyo contenido se detalla en el apartado 62 de la sentencia Aven/Consejo. Del apartado siguiente de dicha sentencia se desprende que el Sr. Aven no discute esta información.
86. Sin embargo, el Tribunal General no consideró que tal prueba pudiera caracterizar un beneficio, en el sentido del criterio establecido en la letra d), puesto que la constitución contempla la posibilidad de dirigirse al presidente ruso en esas circunstancias y a tal fin y la prueba n.º 8 no había permitido demostrar que el Sr. Aven se hubiera beneficiado especialmente de tal actuación.
87. Quizás pueda parecer ingenuo considerar que los hechos relatados en la prueba n.º 8 no son, en definitiva, más que el ejercicio de un derecho, cuando la Federación de Rusia ya no es un Estado de Derecho. Entiendo perfectamente lo que la República de Letonia intenta defender en su argumentación. Sin embargo, en mi opinión, ello hace aún más flagrante el desacierto del Consejo. Le correspondía consolidar el motivo recurriendo a elementos que pudieran ilustrar la falta de separación de poderes, la falta de independencia judicial o la erosión del Estado de Derecho, retomando los términos de la recurrente, lo que probablemente habría podido conseguir con facilidad.
88. La apreciación del Tribunal General de la prueba n.º 8 no parece, pues, entrañar una desnaturalización.
89. Por último, por lo que respecta al valor probatorio del dictamen jurídico presentado por el Sr. Aven, es preciso señalar que la República de Letonia interpreta erróneamente el apartado 66 de la sentencia Aven/Consejo, ya que de dicho apartado se desprende simplemente que el mero hecho de que un documento haya sido presentado por una parte en su defensa no puede privarle de todo valor probatorio. Lo contrario reduciría considerablemente los medios de defensa de las personas afectadas. Tal documento parece tener una fuerza probatoria relativa, lo que el Tribunal General reconoció perfectamente. En cualquier caso, el Tribunal General no se basó únicamente en este dictamen para concluir que el motivo carecía de fundamento. En efecto, el Tribunal General consideró que los hechos probados por el Consejo eran insuficientes para demostrar que la solicitud del Sr. Aven y las consecuencias que de ella se derivaban constituían un beneficio que excedía del ejercicio de un recurso ordinario debido no solo al dictamen jurídico presentado, sino también a la información disponible en el sitio de Internet de la presidencia rusa. (47) La prueba n.º 8 se confrontó con elementos contrarios, lo que constituye el principio mismo del derecho de defensa, pero, sin embargo, no fue desnaturalizada.
90. Por lo que respecta a las pruebas n. os 10 y 11, estas tenían por objeto sustentar el motivo según el cual existían vínculos entre Alfa Group y el Sr. Putin a través de la hija de este último. (48)
91. De dichas pruebas se desprende que la hija mayor del Sr. Putin llevó a cabo un proyecto benéfico dirigido por el centro de investigación en el que era doctoranda y que tenía por objeto ayudar a niños enfermos. Este proyecto estaba financiado por Alfa Bank. (49)
92. El Tribunal General no desnaturalizó esas pruebas cuando declaró que no eran suficientes ni para acreditar un acto de apoyo material o financiero, o un beneficio obtenida por el Sr. Aven en el marco de sus relaciones con el Sr. Putin en el sentido del criterio establecido en la letra d), (50) ni para acreditar un apoyo en el sentido del criterio establecido en la letra a), (51) ya que las eventuales relaciones con la hija del Sr. Putin podrían, a lo sumo, sustentar una cierta proximidad del Sr. Aven con este último. Pues bien, ni del criterio establecido en la letra a) ni del establecido en la letra d) se desprende que la mera proximidad con políticos rusos constituya un motivo de inclusión.
93. Por lo que respecta a las pruebas n. os 2 y 3, (52) la República de Letonia sostiene, en esencia, que estas pruebas demuestran que el Sr. Aven no actúa con independencia del Gobierno ruso, del que, según indica, forma parte, porque está indisociablemente vinculado a él.
94. Tal argumentación no logra convencer de una desnaturalización de las pruebas n.os 2 y 3, ya que la razón de la inclusión del Sr. Aven en las listas no se encuentra en el hecho de que forme parte del Gobierno ruso, ni siquiera en el hecho de que mantenga con este una relación tan estrecha que se encuentre indisociablemente vinculado a él. Procede recordar que los únicos criterios examinados por el Tribunal General en la sentencia Aven/Consejo son los criterios establecidos en las letras a) y d), y que la asociación se basa en otro fundamento jurídico. (53)
95. Además, de la prueba n.º 2 se desprende que la reunión en Washington DC tuvo lugar en 2018, es decir, cuatro años antes de la adopción de los actos iniciales. Habida cuenta de la distancia temporal que separa este acontecimiento de la primera inclusión del Sr. Aven en las listas, (54) este hecho por sí solo no podía sustentar la actualidad del comportamiento reprochado en el momento de su inclusión en ellas. (55)
96. Por lo tanto, procede concluir que no existe desnaturalización en lo que respecta a las pruebas relativas al Sr. Aven.
b) Sobre la alegación de una desnaturalización de las pruebas relativas al Sr. Fridman
97. Por lo que respecta a las imputaciones basadas en la desnaturalización de las pruebas n. os 7, 5 y 6, me remito, mutatis mutandis, a mi análisis de estas pruebas en relación con el Sr. Aven.
98. Por lo que respecta a las pruebas n. os 1 y 2, la República de Letonia sostiene que ha quedado acreditado el estatus de accionista multimillonario del Sr. Fridman. En su opinión, el Tribunal General ignoró, en particular en el apartado 53 de la sentencia Fridman/Consejo, el contexto del que se desprende que este mero estatus basta para acreditar un apoyo a acciones políticas en el sentido del criterio establecido en la letra a), o un apoyo a los políticos rusos o un beneficio obtenido de estos últimos en el sentido del criterio establecido en la letra d). Según la República de Letonia, dichas pruebas demuestran el estatus del Sr. Fridman en la economía rusa y el lugar que ocupa en el régimen ruso.
99. Estos argumentos se hacen claramente eco del primer motivo, a cuyo análisis me remito.
100. Del apartado 51 de la sentencia Fridman/Consejo se desprende que las pruebas n.os 1 y 2 indican que el Sr. Fridman es un accionista importante de Alfa Group, que incluye Alfa Bank, del que el Sr. Fridman también es accionista. El Sr. Fridman es designado como uno de los multimillonarios del grupo y uno de los directivos de Alfa Group.
101. El Tribunal General no desnaturalizó esas pruebas cuando dedujo de ellas que demostraban que el Sr. Fridman era un accionista importante de Alfa Group (56) y tampoco las desnaturalizó al confrontarlas con los criterios de inclusión en las listas para deducir de ellas que no permitían sustentar que el Sr. Fridman hubiera apoyado acciones o políticas en el sentido previsto en el criterio establecido en la letra a), ni que hubiera apoyado, material o financieramente, a los políticos rusos o se hubiera beneficiado de ellos en el sentido del criterio establecido en la letra d). (57) En efecto, a falta de elementos en los actos controvertidos que puedan acreditar un vínculo entre el lugar ocupado por un empresario en la economía rusa y la necesaria existencia de un apoyo para llegar a ocupar ese lugar y permanecer en él, los hechos respaldados por las pruebas n.os 1 y 2 no corroboran los motivos de inclusión en las listas y aparecen desconectados de los criterios establecidos en las letras a) y d), que son los únicos que motivaron la inclusión del Sr. Fridman en la lista de las personas cuyos activos deben inmovilizarse.
102. Del análisis anterior en su conjunto se desprende que debe desestimarse el segundo motivo de casación por carecer de fundamento.
D. Sobre el tercer motivo de casación invocado en los asuntos C‑440/24 P y C‑441/24 P, basado en un error de Derecho en la interpretación y aplicación del criterio establecido en la letra d)
103. La República de Letonia, apoyada en su argumentación por la República de Estonia y por la República de Lituania, divide este tercer motivo de casación en dos partes. Mediante la primera parte, se reprocha al Tribunal General que declarase que el criterio establecido en la letra d) solo se podía aplicar si los políticos rusos ya habían iniciado la preparación de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania. La segunda parte se basa en un error de Derecho en la medida en que el Tribunal General supuestamente no tuvo en cuenta el vínculo indisociable entre el régimen ruso y los oligarcas.
1. Sobre la primera parte del tercer motivo de casación
104. La República de Letonia sostiene, en esencia, que el Tribunal General adoptó una interpretación demasiado restrictiva de la sentencia Rotenberg/Consejo, (58) que es contraria a la jurisprudencia sobre la apreciación de la validez de los motivos de inclusión en las listas. Señala que tal apreciación exige que las pruebas se examinen en su contexto. Además, según afirma, de esta jurisprudencia se desprende que el Consejo cumple con la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto un conjunto de indicios precisos, concretos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la persona afectada y el régimen. (59) La República de Letonia aduce que si las pruebas solo debieran considerarse a partir del momento en que los políticos iniciaron la preparación de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, el contexto de las medidas restrictivas no se tendría en cuenta. Alega que las acciones y políticas contempladas en el criterio establecido en la letra d) se planificaron antes de 2014. Además, a su juicio, no procede aplicar la sentencia Rotenberg/Consejo a las medidas adoptadas después del 22 de febrero de 2022. Antes de la invasión rusa de Ucrania, el criterio pertinente era el del «apoyo activo». La Decisión 2022/329 modificó el criterio que, según indica, ahora solo contempla una ayuda. Por lo tanto, a juicio de la República de Letonia, la jurisprudencia antes citada se refiere a un criterio de inclusión distinto.
105. Los Sres. Aven y Fridman sostienen que esta primera parte es parcialmente inadmisible, ya que con anterioridad la República de Letonia nunca había sostenido que las políticas y acciones de Rusia ya estuvieran planificadas antes de finales del mes de febrero de 2014. Por lo demás, los Sres. Aven y Fridman sostienen que esta parte carece de fundamento.
106. Procede desestimar la alegación basada en la inadmisibilidad de esta primera parte, dado que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que un recurrente puede interponer un recurso de casación alegando motivos derivados de la propia sentencia recurrida y por los que se pretenda criticar sus fundamentos jurídicos. (60) En consecuencia, puede considerarse que la crítica de la recurrente tiene por objeto cuestionar la interpretación realizada por el Tribunal General de la sentencia Rotenberg/Consejo a efectos de la determinación del alcance del criterio establecido en la letra d).
107. En cuanto al fondo, el Tribunal General estimó, en el apartado 48 de las sentencias recurridas, que, para que pueda aplicarse el criterio establecido en la letra d), es necesario que los políticos rusos de los que procedan los beneficios obtenidos por las personas afectadas hayan iniciado ya al menos la preparación de la anexión de Crimea y la desestabilización del este de Ucrania. El Tribunal General declaró que solo a partir del momento en que los políticos iniciaron tal preparación puede considerarse que los destinatarios de dichos beneficios conocían la participación de los políticos y podían esperar que sus recursos fueran objeto de medidas restrictivas con el fin de impedir que les prestaran apoyo. Basándose en la sentencia Rotenberg/Consejo, según la cual las políticas y actividades de que se trataba se ejecutaron a partir de finales de febrero de 2014, el Tribunal General dedujo que no podía tenerse en cuenta el motivo que se sustentaba en el apoyo político prestado en 2005 por el Sr. Putin, aun suponiéndolo acreditado, para justificar la inclusión de los Sres. Aven y Fridman en las listas controvertidas. (61)
108. Del tenor del criterio establecido en la letra d) se desprende que se refiere, en particular, a las personas físicas que «apoyen, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania» o que «se beneficien de ellos». Como declaró el Tribunal General en el apartado 42 de las sentencias recurridas, «[este] criterio se refiere de manera específica y selectiva a las personas físicas […] que, aunque no tengan, como tales, ningún vínculo con la anexión de Crimea o la desestabilización de Ucrania», presten tal apoyo o se beneficien de tal modo de esos políticos, ya que estos dos elementos no son acumulativos. El Tribunal General también declaró correctamente que dicho criterio «no exige que las personas […] se beneficien personalmente de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania», (62) sino que basta con que se beneficien de uno de los políticos rusos responsables de esos acontecimientos, sin que sea necesario establecer un vínculo entre los beneficios y dichos acontecimientos.
109. La definición del criterio establecido en la letra d) adoptada por el Tribunal General parece correcta.
110. Del tenor del criterio establecido en la letra d) se desprende que el apoyo material y financiero debe haberse prestado a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania. El beneficio debe haberse obtenido de esos mismos políticos. Ahora bien, para que dichos políticos —por lo demás, no definidos— puedan ser considerados responsables, es necesario, efectivamente, que se haya producido el hecho del que son considerados responsables.
111. Basándose en la sentencia Rotenberg/Consejo, el Tribunal General declaró que las «políticas y actividades» a las que se refiere el criterio establecido en la letra d) se ejecutaron a partir de finales de febrero de 2014, (63) sin pronunciarse sobre la fecha a partir de la cual podía considerarse que los políticos rusos habían preparado la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania. Sin embargo, dado que consideró que los elementos relacionados con la comisión de investigación Salié (en lo que respecta al Sr. Aven) y los relacionados con el apoyo político prestado en 2005 por el Sr. Putin a las inversiones en el extranjero de Alfa Group (en lo que respecta a los Sres. Aven y Fridman) no podían justificar la inclusión de los Sres. Aven y Fridman en virtud de dicho criterio debido a que correspondían a una fecha en la que no se había iniciado la preparación de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, el Tribunal General situó necesariamente en una fecha posterior a 2005 los comienzos de la preparación de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.
112. Sin que sea necesario, en mi opinión, que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la fecha exacta del inicio de la preparación de estos acontecimientos, procede señalar lo siguiente.
113. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que «el Consejo [puede] tener en cuenta, para valorar si una persona cumple un criterio de inclusión en las listas como el criterio establecido en la letra a) o el establecido en la letra d), datos o pruebas relativos a circunstancias anteriores a la fecha de adopción del acto que impone o mantiene las medidas restrictivas, siempre que esos datos o medios probatorios respalden la motivación en que se basa dicho acto y contribuyan a acreditar que, a pesar del transcurso del tiempo y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes propias de cada caso, la persona afectada cumple el criterio controvertido de inclusión […]. En particular, no cabe descartar que tales datos y pruebas puedan tenerse en cuenta para acreditar, a la luz del criterio de inclusión de que se trate, una continuidad entre, por un lado, la situación anterior de la persona afectada y, por otro, su situación actual». (64)
114. Así pues, el conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permiten establecer un vínculo suficiente entre la persona afectada por las medidas de inmovilización de fondos y el régimen combatido que el Consejo puede invocar puede, por supuesto, basarse en elementos antiguos, anteriores a la fecha de adopción de los actos de inclusión, siempre que, en cualquier caso, también se acredite una continuidad entre dichos elementos y la situación en la fecha de la inclusión en las listas.
115. Debo añadir que, como señaló el Tribunal General en relación con el criterio establecido en la letra a), (65) el criterio establecido en la letra d) implica, debido al uso del presente de indicativo, que el apoyo material o financiero se preste a los políticos rusos responsables el día de la inclusión y del mantenimiento en las listas. Lo mismo sucede con el beneficio obtenido.
116. Así pues, aun cuando hubiera debido considerarse que el apoyo político prestado en 2005 por el Sr. Putin a Alfa Group en sus inversiones en el extranjero se produjo en un período en el que había comenzado la preparación de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, no es menos cierto que el Consejo debería haber demostrado que, a pesar del transcurso del tiempo, los Sres. Aven y Fridman seguían beneficiándose de ello, en el sentido del criterio establecido en la letra d), en el momento de su inclusión y de su mantenimiento en las listas.
117. Por lo tanto, considero que esta primera parte del tercer motivo de casación es inoperante.
2. Sobre la segunda parte del tercer motivo de casación
118. Mediante la segunda parte del presente motivo de casación, la República de Letonia sostiene, en esencia, que el Tribunal General interpretó de manera demasiado restrictiva la expresión «se beneficien» derivada del criterio establecido en la letra d). En su opinión, la proximidad con los políticos rusos ya constituye una ventaja en el contexto ruso debido al vínculo indisociable entre el Gobierno ruso y la élite rusa; el entorno económico ruso y los ejemplos de cooperación de los Sres. Aven y Fridman con el Sr. Putin constituyen dos indicios de esta situación. La República de Letonia aduce que el Consejo puso de relieve la indisociabilidad entre el entorno económico ruso y los dirigentes políticos en los apartados 89 y 91 de su escrito de contestación ante el Tribunal General y en los apartados 14 y 16 de su escrito de dúplica ante dicho Tribunal. Alega que las pruebas examinadas junto con la información basada en el contexto demuestran un vínculo indisociable entre los Sres. Aven y Fridman y los políticos rusos. Señala que esta proximidad se pone de manifiesto y se reconoce, en particular, en el apartado 45 de las sentencias recurridas y, además, se ve reforzada por el ejercicio durante un largo período de actividades cuyo objeto era apoyar o beneficiar al Sr. Putin, como demuestran las pruebas n.os 3, 4, 10 y 11 relativas al Sr. Aven y n.os 2, 5 y 6 relativas al Sr. Fridman. A su modo de ver, la acción favorable de los Sres. Aven y Fridman en relación con el Sr. Putin les permitió obtener un trato preferente. Según la República de Letonia, aunque las pruebas n.º 12 relativa al Sr. Aven y n.º 7 relativa al Sr. Fridman se refieren a un período no pertinente, informan sobre el estado de su relación con los políticos rusos, su proximidad con estos últimos y los beneficios que obtienen de ellos. A su juicio, esta proximidad prolongada y sostenida permitió obtener un apoyo a las inversiones, una ayuda a la maniobra de procedimiento en curso y la prestación de asesoramiento e información por parte del Sr. Putin.
119. Por su parte, los Sres. Aven y Fridman consideran que, en el apartado 84 de la sentencia Aven/Consejo y en el apartado 66 de la sentencia Fridman/Consejo, el Tribunal General se limitó a declarar infundada una alegación a la luz del criterio establecido en la letra d), tras haber desestimado el fundamento de esa misma alegación a la luz del criterio establecido en la letra a). Por lo demás, consideran que esta parte no articula ninguna crítica jurídica y pretende simplemente exigir al Tribunal de Justicia que proceda a un nuevo examen de los hechos.
120. En la medida en que la República de Letonia pretende que se revise la apreciación de las pruebas n.os 3, 4, 10, 11 y 12 relativas al Sr. Aven y n.os 2, 5, 6 y 7 relativas al Sr. Fridman, me remito al análisis del segundo motivo.
121. En cuanto a lo demás, ha de recordarse que el criterio establecido en la letra d) contempla un motivo de inclusión en las listas en razón de un beneficio que debe ser obtenido por la persona afectada de los políticos rusos, beneficio cuyo carácter concreto se tiene que acreditar. La argumentación de la recurrente consiste en sostener que debe considerarse que los elementos que demuestran una proximidad de los Sres. Aven y Fridman con dichos políticos sustentan la existencia de un beneficio en el sentido del criterio establecido en la letra d). A este respecto, procede recordar que del tenor del criterio establecido en la letra d) no se desprende que la proximidad sea un motivo de inclusión en las listas. Ello tampoco se desprende del entorno normativo inmediato de la disposición que establece dicho criterio.
122. Dado que el criterio establecido en la letra d) está formulado de manera general y no contiene más precisiones relativas a los modos de prueba de esos elementos, la apreciación del carácter fundado de la inclusión de una persona en la lista de las personas a las que se aplican medidas restrictivas exige siempre la prueba de elementos que permitan demostrar que la persona de que se trata se ha beneficiado de los políticos rusos. (66)
123. Contrariamente a lo que sostiene la República de Letonia, en la formulación de este criterio no existe ninguna presunción de que la proximidad con los políticos rusos suponga necesariamente un beneficio en el sentido del criterio establecido en la letra d). La alegación de la República de Letonia pretende convencer de la indisociabilidad del vínculo entre el Gobierno ruso y la élite económica rusa que eventualmente mantienen con el régimen las personalidades que ocupan una posición económica de primer orden en Rusia. (67) Sin embargo, la carga de la prueba que incumbía al Consejo no se refería a este vínculo indisociable. Correspondía al Consejo aportar pruebas, inscritas en una época pertinente, que pudieran acreditar que los Sres. Aven y Fridman se beneficiaban de manera individual de los políticos rusos.
124. Pues bien, el apartado 89 del escrito de contestación del Consejo ante el Tribunal General en el asunto Aven/Consejo (68) presenta el contenido del artículo que constituye la prueba n.º 1 en una sección de dicho escrito dedicada a la credibilidad y la fiabilidad de las pruebas. Del apartado 21 de las sentencias recurridas se desprende que ese artículo acredita el control de Alfa Group por los Sres. Aven y Fridman y el hecho de que se les acusa de corrupción y de comportamiento ilegal. El recurso de casación no cuestiona esta presentación del documento n.º 1. Como tales, no parece que ni el control de Alfa Group ni las acusaciones de corrupción o de comportamiento ilegal puedan caracterizar un beneficio obtenido de los políticos rusos en el sentido del criterio establecido en la letra d).
125. En cuanto al apartado 91 del escrito de contestación del Consejo ante el Tribunal General en el asunto Aven/Consejo, (69) este se refiere al anexo A.23 de la demanda del Sr. Aven ante el Tribunal General y al anexo B.13 del escrito de contestación del Consejo ante dicho Tribunal en ese asunto, (70) que hace referencia al poder económico, e incluso político, de los Sres. Aven y Fridman, mediante afirmaciones asimismo de carácter general y que no se refieren a un período cercano al de la inclusión.
126. Por lo que respecta a los apartados 14 y 16 de los escritos de dúplica del Consejo ante el Tribunal General en los asuntos Aven/Consejo y Fridman/Consejo, en ellos se exponen generalidades sobre los vínculos existentes entre el Kremlin y los oligarcas rusos que, aunque hayan sido expuestas por el Sr. Aven, (71) nada dicen sobre el carácter concreto e individual del beneficio obtenido por él. La misma constatación se impone al leer el apartado 16 de dichos escritos.
127. De lo anterior se desprende que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al concluir que determinados motivos podían eventualmente acreditar una proximidad de los Sres. Aven y Fridman con los políticos rusos responsables —que a veces ni siquiera se discute— sin llegar a demostrar que se beneficiaran de ellos, en el sentido del criterio establecido en la letra d).
128. Si se decidiera lo contrario, es decir, si el beneficio tuviera que derivarse necesariamente de la posición de la persona en la economía rusa sin otra forma de demostración, cabría preguntarse cuál sería la diferencia entre el criterio establecido en la letra d) y el establecido en la letra g). (72)
129. En cuanto a la indisociabilidad invocada, me parece que también se refiere a otro criterio, que fue rechazado por el Tribunal General en las sentencias recurridas sin que ello haya sido cuestionado en los recursos de casación. (73)
130. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare infundada esta segunda parte y, por lo tanto, que declare infundado el tercer motivo de casación.
E. Sobre el cuarto motivo de casación invocado en los asuntos C‑440/24 P y C‑441/24 P, basado en un error de Derecho en la medida en que el Tribunal General supuestamente no examinó en el contexto la alegación relativa a la falta de distanciamiento
131. La República de Letonia, apoyada por la República de Estonia y la República de Lituania, alega, en esencia, que el Tribunal General interpretó erróneamente la jurisprudencia mencionada en el apartado 82 de la sentencia Aven/Consejo y en el apartado 64 de la sentencia Fridman/Consejo, (74) ya que no examinó la alegación del Consejo según la cual los Sres. Aven y Fridman no se habían distanciado del régimen ruso en el contexto de las demás pruebas. La República de Letonia aduce que el distanciamiento de una persona del régimen ruso constituye uno de los medios por los que una persona afectada por medidas restrictivas puede limitar su aplicabilidad. En su opinión, el efecto producido por el distanciamiento justifica que se adopte una concepción estricta del mismo, es decir, la interrupción de cualquier apoyo o cooperación con el régimen en cuestión como resultado de una decisión de la persona afectada por las medidas restrictivas cuyas consecuencias son irreversibles en un futuro próximo. Si bien la República de Letonia reconoce que la falta de distanciamiento no puede justificar, por sí sola, la imposición de medidas restrictivas, sostiene que la jurisprudencia del Tribunal General distingue casos particulares. La República de Letonia aduce que las pruebas aportadas por el Consejo muestran un vínculo tan estrecho entre los Sres. Aven y Fridman y el régimen que es imposible levantar las medidas restrictivas a falta de distanciamiento con respecto a este. Por lo tanto, según indica, el Tribunal General no apreció la falta de distanciamiento de los Sres. Aven y Fridman con respecto al régimen ruso en la situación particular de personas con un estatus particular en el seno de dicho régimen y en el contexto de la indisociabilidad entre los regímenes político y económico rusos. A su juicio, la inacción de tales personas no puede considerarse más que como un apoyo al régimen. La República de Letonia añade que la participación del Sr. Aven en la reunión de los oligarcas a raíz de la invasión de Ucrania, convocada por el Sr. Putin el 24 de febrero de 2022, es también un elemento que debe tomarse en consideración. Invita a los órganos jurisdiccionales de la Unión a comprender la amplitud del desafío al que se enfrenta la situación geopolítica actual y a declarar que una apreciación de la situación meramente formal y aislada de su contexto no es adecuada para este desafío.
132. Tras recordar que formaban parte de los pocos empresarios rusos que se pronunciaron públicamente contra la guerra, los Sres. Aven y Fridman sostienen, en primer lugar, que la sentencia mencionada en el apartado 82 de la sentencia Aven/Consejo y en el apartado 64 de la sentencia Fridman/Consejo no impone ninguna obligación de examinar la alegación del Consejo según la cual no se distanciaron del régimen ruso. Aducen que se esos mismos apartados se desprende que, no obstante, el Tribunal General examinó la alegación del Consejo para concluir que la supuesta falta de una toma de posición contra la invasión de Ucrania no podía considerarse un acto de apoyo en el sentido del criterio establecido en la letra a). En cualquier caso, los Sres. Aven y Fridman consideran que este cuarto motivo es superfluo, ya que la crítica del Consejo a la que responden los apartados 82 y 64 de las sentencias recurridas no puede poner en entredicho la apreciación realizada por el Tribunal General de la prueba relativa a su participación en una delegación enviada a Washington. Dado que, según indican, el resto del motivo no es sino una nueva invitación al Tribunal de Justicia para que proceda a un nuevo examen de los hechos, los Sres. Aven y Fridman solicitan que se desestime este motivo por ser en parte inadmisible y en parte manifiestamente infundado.
133. Procede desestimar de entrada el motivo de inadmisibilidad invocado por los Sres. Aven y Fridman. En efecto, la República de Letonia no solicita al Tribunal de Justicia que proceda a un nuevo examen de los hechos. El cuarto motivo se refiere a la cuestión de Derecho relativa a si la falta de distanciamiento puede calificarse de «apoyo» al apreciar el carácter fundado de la inclusión en la lista de personas a las que deben aplicarse medidas restrictivas con arreglo al criterio previsto en la letra a). (75) En lo tocante al hecho de calificar jurídicamente tal falta a la luz del criterio establecido en la letra a), el motivo debe declararse admisible.
134. En cuanto al fondo, de las sentencias recurridas se desprende que el Tribunal General examinó la alegación del Consejo según la cual los Sres. Aven y Fridman no habían adoptado una postura firme contra la invasión de Ucrania en el contexto del análisis del motivo según el cual habían participado en los esfuerzos del Kremlin para levantar las sanciones occidentales asistiendo a la reunión del Atlantic Council celebrada en mayo de 2018. Ha de recordarse que el Tribunal General consideró que esta participación no podía constituir un apoyo, (76) el día en que se adoptaron los actos iniciales, de los Sres. Aven y Fridman a las acciones y políticas que menoscababan la soberanía de Ucrania.
135. El Tribunal General recordó que la falta de distanciamiento podía ser un elemento a tener en cuenta «en apoyo del mantenimiento de las medidas restrictivas», (77) siempre que dicha falta solo constituyera uno más de los indicios que correspondía presentar al Consejo. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Timchenko/Consejo parece confirmar este extremo. (78) Pues bien, en esta fase del análisis del Tribunal General, ninguno de los motivos examinados parecía fundamentado. Por lo tanto, declarar algo distinto de lo que declaró el Tribunal General en el apartado 82 de la sentencia Aven/Consejo y en el apartado 64 de la sentencia Fridman/Consejo habría llevado necesariamente a convertir la falta de distanciamiento en un comportamiento individual equivalente a un acto positivo y actual de apoyo. Sin embargo, este no es el alcance del criterio establecido en la letra a), extremo que reconoce la República de Letonia. (79)
136. La alegación del Consejo relativa a la falta de distanciamiento no puede abocar a que se prolonguen los efectos del supuesto apoyo de 2018 hasta el día de la inclusión.
137. Si bien comprendo el interés de la recurrente en la consecución de los objetivos perseguidos por las medidas restrictivas que reitera aquí, la consecución de tales objetivos no puede justificar que la falta de distanciamiento con los regímenes o situaciones combatidos sea per se, de manera automática, responsable o, en todo caso, reveladora de un apoyo en el sentido del criterio establecido en la letra a), en particular debido a que dichos regímenes se caracterizan generalmente por la represión brutal de cualquier expresión de opiniones divergentes.
138. Además, en mi opinión, una base fáctica constituida únicamente por la falta de distanciamiento no sería suficientemente sólida y no respondería a los criterios establecidos por la jurisprudencia. (80)
139. Por último, en lo que atañe a la participación del Sr. Aven en la reunión de 24 de febrero de 2022 en el Kremlin, la motivación de los actos controvertidos no la menciona. Si se hubiera aportado como prueba, podría haber sustentado el motivo relativo al estatus de oligarca del Sr. Aven (81) debido a su proximidad con el Kremlin y a la colusión entre las esferas políticas y económicas que ilustra, pero se trata de un apoyo que era necesario demostrar. La participación en esta reunión también lleva a pensar que el Sr. Aven estaba asociado a personas objeto de medidas restrictivas, pero el Tribunal General declaró que de la motivación de los actos controvertidos se desprendía que los únicos criterios sobre cuya base se decidió la inclusión de los Sres. Aven y Fridman en las listas son los criterios establecidos en las letras a) y d). (82) Sobre todo, del apartado 144 del escrito de contestación del Consejo ante el Tribunal General se deduce que el Consejo se refirió a la participación del Sr. Aven en la reunión celebrada el 24 de febrero de 2022 fundamentalmente para contrarrestar las refutaciones de este último, que pretendía defenderse de formar parte del grupo de 50 oligarcas.
140. Por consiguiente, propongo que se desestime el cuarto motivo de casación por infundado.
F. Observaciones finales
141. De mi análisis de los recursos de casación interpuestos en los presentes asuntos acumulados se desprende que deben desestimarse. Por lo tanto, procede señalar que, como declaró el Tribunal General, los Sres. Aven y Fridman fueron incluidos, y posteriormente mantenidos, indebidamente en las listas de personas sujetas a medidas restrictivas mediante los actos controvertidos.
142. La preeminencia del Derecho de la Unión, de la comunidad de Derecho que fundamenta y de los valores de la Unión que encarna debe reafirmarse con obstinación cuando las mentes beligerantes llaman a nuestras puertas.
143. Ha de afirmarse claramente que lo que se esperaba del Consejo no es ni un estándar excesivo ni una prueba imposible. (83) El análisis del Tribunal General en las sentencias recurridas se inscribe en la línea del compromiso asumido por el Tribunal de Justicia, desde la sentencia Kadi, de proceder a un control completo de las medidas restrictivas y de preservar un justo equilibrio. Desde la adopción de decisiones individuales que imponen medidas restrictivas a las personas, el barniz político de estas medidas se resquebraja para dar paso al despliegue de toda la fuerza protectora del individuo ofrecida por el Derecho de la Unión. Y esta fuerza no puede variar en función de la importancia económica o política de las personas afectadas, ni siquiera de lo que esté en juego. (84)
IV. Costas
144. Del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184 de dicho Reglamento, se desprende que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
145. Al haber solicitado los Sres. Aven y Fridman la condena en costas de la República de Letonia, esta última cargará con las costas de los asuntos acumulados C‑440/24 P y C‑441/24 P.
146. Con arreglo al artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable también al procedimiento de casación en virtud del artículo 184 de dicho Reglamento, la República de Estonia y la República de Lituania cargarán con sus propias costas.
V. Conclusión
147. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que se pronuncie en los siguientes términos:
1) Desestimar los recursos de casación.
2) Condenar en costas a la República de Letonia en estos asuntos acumulados.
3) La República de Estonia y la República de Lituania cargarán con sus propias costas.
1 Lengua original: francés.
2 Sentencia de 10 de abril de 2024 (T‑301/22, en lo sucesivo, «sentencia Aven/Consejo», EU:T:2024:214).
3 Sentencia de 10 de abril de 2024 (T‑304/22, en lo sucesivo, «sentencia Fridman/Consejo», EU:T:2024:215).
4 Decisión del Consejo de 28 de febrero de 2022 por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 59, p. 1).
5 Reglamento de Ejecución del Consejo de 28 de febrero de 2022 por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 58, p. 1).
6 Decisión del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 149).
7 Reglamento de Ejecución del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 1).
8 Véanse los apartados 39 y ss. de la sentencia Aven/Consejo.
9 Véase el apartado 87 de la sentencia Aven/Consejo.
10 Véase el apartado 69 de la sentencia Fridman/Consejo.
11 De conformidad con la decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 31 de enero de 2025.
12 Sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, en lo sucesivo, «sentencia Kadi», EU:C:2013:518).
13 Véase la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada «Agresión contra Ucrania» de 1 de marzo de 2022 (A/ES‑11/L.1).
14 Véase la sentencia de 25 de junio de 2020, VTB Bank/Consejo (C‑729/18 P, EU:C:2020:499), apartados 59 y 82.
15 Así, el Tribunal de Justicia ha declarado —es un ámbito ciertamente muy diferente— que «incluso un control judicial de alcance limitado requiere que las instituciones de la Unión de las que emane el acto controvertido puedan demostrar ante el Tribunal de Justicia que el acto fue adoptado mediante un ejercicio efectivo de su facultad de apreciación, el cual supone la toma en consideración de todos los datos y circunstancias pertinentes de la situación que se haya pretendido regular mediante el acto en cuestión. De lo anterior resulta que dichas instituciones deben estar en condiciones, cuando menos, de aportar y exponer de manera clara e inequívoca los datos de base que debieron tenerse en cuenta para fundamentar las medidas del referido acto que son objeto de impugnación y de los que dependía el ejercicio de su facultad de apreciación» (sentencia de 3 de diciembre de 2019, República Checa/Parlamento y Consejo, C‑482/17, EU:C:2019:1035, apartado 81 y jurisprudencia citada).
16 Sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo (C‑702/23 P, EU:C:2025:605), apartado 38. En el mismo sentido, véase el apartado 30 de las sentencias recurridas.
17 Sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo (C‑702/23 P, EU:C:2025:605), apartado 39 y jurisprudencia citada. Véanse, en el mismo sentido, los apartados 31 a 33 de las sentencias recurridas.
18 Véase, como una reafirmación reciente, la sentencia de 3 de julio de 2025, Grodno Azot y Khimvolokno Plant/Consejo (C‑326/24 P, EU:C:2025:522), apartado 34 y jurisprudencia citada.
19 Véanse, entre otras, las sentencias de 1 de marzo de 2016, National Iranian Oil Company/Consejo (C‑440/14 P, EU:C:2016:128), apartado 77 y jurisprudencia citada; de 7 de abril de 2016, Akhras/Consejo (C‑193/15 P, EU:C:2016:219), apartado 51 y jurisprudencia citada, y de 17 de septiembre de 2020, Rosneft y otros/Consejo (C‑732/18 P, EU:C:2020:727), apartados 91 y 105.
20 Véanse los considerandos 8 a 11 de la Decisión 2022/329. Sobre el contexto de urgencia, véanse también las conclusiones de la Abogada General Medina presentadas en el asunto Khudaverdyan/Consejo (C‑704/23 P, EU:C:2025:410), punto 84.
21 Véase el apartado 27 de las sentencias recurridas.
22 Para el resto del análisis, con la expresión «inmovilización de fondos» me referiré a los fondos y a los recursos económicos.
23 Parece ser que se trata de una práctica habitual del Consejo en la materia. Véase, por ejemplo, la sentencia de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo (C‑605/13 P, EU:C:2015:248), apartado 42.
24 La República de Letonia invoca aquí la sentencia de 1 de marzo de 2016, National Iranian Oil Company/Consejo (C‑440/14 P, EU:C:2016:128), apartado 78 y jurisprudencia citada.
25 Sentencia de 15 de noviembre de 2012 (C‑417/11 P, EU:C:2012:718), apartados 59 a 62.
26 Los Sres. Aven y Fridman se basan aquí en particular en las sentencias de 4 de junio de 2020, Hungría/Comisión (C‑456/18 P, EU:C:2020:421), apartados 70 a 73, y de 6 de octubre de 2021, World Duty Free Group y España/Comisión (C‑51/19 P y C‑64/19 P, EU:C:2021:793), apartado 70.
27 Los Sres. Aven y Fridman se basan aquí en la sentencia de 6 de septiembre de 2013, Bateni/Consejo (T‑42/12 y T‑181/12, EU:T:2013:409), apartados 47 a 56.
28 Véanse, en particular, las sentencias de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), apartado 27; de 11 de julio de 2019, Azarov/Consejo (C‑416/18 P, EU:C:2019:602), apartado 28, y de 26 de septiembre de 2019, Klymenko/Consejo (C‑11/18 P, EU:C:2019:786), apartado 22.
29 Véase la sentencia de 29 de noviembre de 2018, Bank Tejarat/Consejo (C‑248/17 P, EU:C:2018:967), apartado 85.
30 Sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo (C‑702/23 P, EU:C:2025:605), apartado 39 y jurisprudencia citada.
31 Véase la sentencia de 21 de abril de 2015 (C‑605/13 P, EU:C:2015:248), apartado 46.
32 Véase la sentencia de 1 de marzo de 2016, National Iranian Oil Company/Consejo (C‑440/14 P, EU:C:2016:128), apartado 78.
33 Véase la sentencia de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo (C‑605/13 P, EU:C:2015:248), apartado 51.
34 En el marco de otro régimen de medidas restrictivas, el contexto se había presentado en los actos del Consejo para explicar el contenido del propio criterio. Así pues, dicho contexto pudo constituir un parámetro a disposición del juez de la Unión. El Tribunal de Justicia declaró entonces que de ese criterio, leído a la luz del contexto mencionado en el acto, no se desprendía que el Consejo estuviera obligado a aportar la prueba de la existencia de un vínculo entre el estatus de mujer u hombre de negocios influyente y el régimen sirio: véase la sentencia de 9 de julio de 2020, Haswani/Consejo (C‑241/19 P, EU:C:2020:545), apartado 69.
35 Véase el apartado 45 de las sentencias recurridas.
36 Véase, por analogía, la sentencia de 9 de julio de 2020, Haswani/Consejo (C‑241/19 P, EU:C:2020:545), apartado 62 y jurisprudencia citada.
37 Véase, por analogía, la sentencia de 9 de julio de 2020, Haswani/Consejo (C‑241/19 P, EU:C:2020:545), apartado 63 y jurisprudencia citada.
38 Véase la sentencia de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C‑348/12 P, EU:C:2013:776), apartado 72.
39 Sentencia de 1 de marzo de 2016, National Iranian Oil Company/Consejo (C‑440/14 P, EU:C:2016:128).
40 Estas dificultades, de ser invocadas, podrían perfectamente justificar una cierta modulación de la carga de la prueba que recae sobre el Consejo debido a la línea divisoria en la que se posicionan las medidas restrictivas, en general, y a la búsqueda permanente de un cierto equilibrio entre, por un lado, la preservación de la paz y la seguridad internacional y, por otro, la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas y entidades inscritas (véase la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 131). Sobre la admisibilidad de una modulación de la carga de la prueba, véanse las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en los asuntos Anbouba/Consejo (C‑605/13 P et C‑630/13 P, EU:C:2015:2), puntos 204 y ss. Es interesante señalar, a este respecto, que el propio recurrente admitía que la situación siria «complic[aba] la práctica de la prueba» (véase el punto 204 de estas conclusiones). Por otra parte, el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta esta situación al apreciar si el Consejo había cumplido la carga de la prueba que le correspondía en aquel momento (sentencia de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, apartado 52).
41 Véase, en particular, la sentencia de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba (C‑417/11 P, EU:C:2012:718), apartado 61. De dicha sentencia se desprende que el Tribunal de Justicia se basó en el contexto de las medidas restrictivas impuestas a la persona afectada, tal como había sido ilustrado por el Consejo en anexo a su recurso de casación, para apreciar el carácter suficiente de la motivación de dichas medidas (véase la sentencia de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, apartado 62).
42 Sobre la base de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 20 de julio de 2017, Badica y Kardiam/Consejo (T‑619/15, EU:T:2017:532).
43 Véanse las sentencias de 28 de abril de 2022, Yieh United Steel/Comisión (C‑79/20 P, EU:C:2022:305), apartados 52 y 53, y de 13 de marzo de 2025, Shuvalov/Consejo (C‑271/24 P, EU:C:2025:180), apartados 33 y 34.
44 El Tribunal General parece haber seguido, en este sentido, las indicaciones del Consejo, que estableció por sí mismo, desde su escrito de contestación ante el Tribunal General, a qué criterio correspondía cada motivo.
45 Véase el apartado 21 de la sentencia Aven/Consejo.
46 Véase el apartado 61 de la sentencia Aven/Consejo.
47 Véase el apartado 63 de la sentencia Aven/Consejo.
48 Véase el apartado 58 de la sentencia Aven/Consejo.
49 Véase el apartado 57 de la sentencia Aven/Consejo.
50 Véanse los apartados 58 y 59 de la sentencia Aven/Consejo.
51 Véase el apartado 60 de la sentencia Aven/Consejo.
52 Véanse, respectivamente, los apartados 77 y 72 de la sentencia Aven/Consejo.
53 Véase el punto 26 de las presentes conclusiones. El criterio de la asociación se contempla en el artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión n.º 2014/145 modificada.
54 Véase, en un sentido similar, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518), apartado 156.
55 Véase, en contraposición, el análisis efectuado por el Tribunal General de las pruebas contra RT France en la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo (T‑125/22, EU:T:2022:483), apartados 176 a 188.
56 Véase el apartado 52 de la sentencia Fridman/Consejo.
57 Véase el apartado 53 de la sentencia Fridman/Consejo.
58 Sentencia de 30 de noviembre de 2016 (T‑720/14, en lo sucesivo, «sentencia Rotenberg/Consejo», EU:T:2016:689).
59 La recurrente invoca aquí, en particular, las sentencias de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo (C‑605/13 P, EU:C:2015:248), apartados 50 a 52, y de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo (C‑630/13 P, EU:C:2015:247), apartados 51 a 53.
60 Véase la sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), apartado 29 y jurisprudencia citada.
61 Véase el apartado 49 de las sentencias recurridas.
62 Véase el apartado 42 de las sentencias recurridas.
63 Véase el apartado 48 de las sentencias recurridas. Al referirse a las «políticas y actividades», este apartado se relaciona en mayor medida con el ámbito léxico del criterio de la letra a) que con el de la letra d), que, sin embargo, era el analizado.
64 Véase la sentencia de 13 de marzo de 2025, Shuvalov/Consejo (C‑271/24 P, EU:C:2025:180), apartado 40 y jurisprudencia citada.
65 Véanse el apartado 80 de la sentencia Aven/Consejo y el apartado 62 de la sentencia Fridman/Consejo.
66 Véase, por analogía, la sentencia de 9 de julio de 2020, Haswani/Consejo (C‑241/19 P, EU:C:2020:545), apartado 62 y jurisprudencia citada.
67 Véase, por analogía, la sentencia de 9 de julio de 2020, Haswani/Consejo (C‑241/19 P, EU:C:2020:545), apartado 63.
68 O bien el apartado 87 del escrito de contestación del Consejo ante el Tribunal General en la sentencia Fridman/Consejo.
69 O bien el apartado 89 del escrito de contestación del Consejo ante el Tribunal General en la sentencia Fridman/Consejo.
70 O bien el anexo A.23 de la demanda del Sr. Fridman ante el Tribunal General y el anexo B.6 del escrito de contestación del Consejo ante el Tribunal General en el asunto Fridman/Consejo.
71 Según las alegaciones del Consejo. Véase el apartado 14 del escrito de dúplica del Consejo ante el Tribunal General.
72 Cabe recordar que dicho criterio previsto en la letra g) se refería a «los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania». El vínculo establecido por el Consejo entre los principales empresarios y el régimen ruso se precisa en la Decisión 2025/904 del Consejo, de 13 de mayo de 2025, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC (DO 2025, L 904, p. 1) (véanse, en particular, los considerandos 1 y 2 de dicha Decisión).
73 Véase el punto 26 de las presentes conclusiones.
74 A saber, la sentencia de 27 de abril de 2022, Ilunga Luyoyo/Consejo (T‑108/21, EU:T:2022:253).
75 Véanse, en el mismo sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo (C‑702/23 P, EU:C:2025:605), apartado 27, y las conclusiones de la Abogada General Medina presentadas en dicho asunto (C‑702/23 P, EU:C:2025:273), punto 33.
76 La referencia al carácter activo del apoyo, en el apartado 81 de la sentencia Aven/Consejo, presenta una lamentable confusión, puesto que de un análisis histórico del criterio previsto en la letra a) se desprende que tal referencia se había suprimido en el momento en que se adoptaron las medidas restrictivas contra el Sr. Aven. El apartado 63 de la sentencia Fridman/Consejo no remite al carácter activo del apoyo.
77 Véanse el apartado 82 de la sentencia Aven/Consejo y el apartado 64 de la sentencia Fridman/Consejo. La falta de distanciamiento también podría tenerse en cuenta en el momento de la inclusión inicial.
78 Sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo (C‑702/23 P, EU:C:2025:605), apartado 36. Por lo demás, lo mismo sucede en el ámbito de las prácticas colusorias ilícitas, en el que la falta de distanciamiento público de una empresa «constituye solo un factor entre otros que se han de tomar en consideración para demostrar que una empresa siguió participando efectivamente en una infracción o, por el contrario, dejó de hacerlo» (véase la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Total Marketing Services/Comisión, C‑634/13 P, EU:C:2015:614, apartado 23 y jurisprudencia citada).
79 Véanse el apartado 76 del recurso de casación interpuesto en el asunto C‑440/24 P y el apartado 66 del recurso de casación interpuesto en el asunto C‑441/24 P.
80 Véase, en particular, la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), apartado 28.
81 Me refiero a las consideraciones preliminares de la exposición de motivos, es decir, a las cuatro primeras frases.
82 Véase el punto 26 de las presentes conclusiones.
83 Cabe observar que los motivos que ahora se refieren a los Sres. Aven y Fridman han sido considerablemente actualizados y ampliados por el Reglamento (UE) 2025/527 del Consejo, de 14 de marzo de 2025, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 (DO 2025, L 527, p. 1).
84 No puedo expresarme mejor de como lo ha hecho recientemente, aunque en un ordenamiento jurídico distinto del nuestro, Lord Leggatt en su opinión disidente sobre la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido en el asunto Shvidler v. Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs [2025] UKSC 30 de 29 de julio de 2025: «the courts are failing in their duty if they simply rubber-stamp assertions made by the executive to justify invading individual liberties without subjecting those assertions to critical scrutiny» (traducción libre: «los órganos jurisdiccionales incumplen su deber si se limitan a aprobar sin discusión las apreciaciones del ejecutivo para justificar una vulneración de las libertades individuales sin someterlas a un examen crítico»).