–

en nombre de OSA, z.s., por los Sres. V. Bernard y R. Neruda y por la Sra. L. Štiková Gachová, advokáti;

–

en nombre de la Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, por el Sr. A. Drbal, la Sra. H. Malíková y el Sr. P. Mlsna;

–

en nombre del Gobierno español, por la Sra. M. Morales Puerta, en calidad de agente;

–

en nombre del Gobierno francés, por los Sres. R. Bénard y T. Lechevallier, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. E. Arsenidou, B. Ernst, M. Monfort y P. Němečková, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 102 TFUE.

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre OSA, z.s., anteriormente OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (en lo sucesivo, «OSA»), que es una entidad de gestión colectiva de derechos de autor (en lo sucesivo, «entidad de gestión colectiva») según el Derecho checo, y la Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Oficina de Defensa de la Competencia, República Checa) (en lo sucesivo, «autoridad checa de defensa de la competencia»), en relación con una resolución mediante la que esta autoridad sancionó a OSA por una infracción del artículo 102 TFUE.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

El artículo 102 TFUE establece:

4

El artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10), titulado «Derecho de comunicación al público de obras y derecho de poner a disposición del público prestaciones protegidas», dispone en su apartado 1:

Derecho checo

5

El artículo 23 de la zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) [Ley n.o 121/2000, sobre derechos de autor, derechos afines a los derechos de autor y por la que se modifican determinadas leyes (Ley de Derechos de Autor)], en su versión vigente hasta el 6 de noviembre de 2014, garantizaba a los autores el derecho a remuneración por la utilización de sus obras puestas a disposición de las personas hospedadas en habitaciones privadas por medio de televisión o de radio.

6

El artículo 11 de la zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (Ley n.o 143/2001, de Defensa de la Competencia), de 4 de abril de 2001, en su versión aplicable al litigio principal, dispone:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

7

De la resolución de remisión se desprende que OSA es una de las seis entidades de gestión colectiva existentes en la República Checa y tiene una posición dominante en el pertinente mercado.

8

Mediante resolución de 18 de diciembre de 2019, la autoridad checa de defensa de la competencia constató que, durante el período comprendido entre el 19 de mayo de 2008 y el 6 de noviembre de 2014, OSA había aplicado a prestadores de servicios de alojamiento hotelero que operaban en la República Checa, en concepto de la utilización de obras protegidas por derechos de autor por medio de receptores de televisión y de radio, unos cánones calculados sin tener en cuenta el índice de ocupación de los establecimientos hoteleros de que se trataba, y ello sin justificación objetiva. Según dicha resolución, OSA había exigido pues el pago de cánones por las habitaciones no ocupadas, en las que no se había hecho uso alguno de tales obras.

9

La autoridad checa de defensa de la competencia consideró que, mediante esta práctica, OSA había impuesto condiciones de transacción no equitativas en el mercado nacional de concesión de licencias para el uso de las obras protegidas por derechos de autor. Observó que esa práctica constituía un abuso de posición dominante prohibido por el artículo 102 TFUE y por las correspondientes disposiciones de la legislación checa en materia de competencia. En consecuencia, dicha autoridad condenó a OSA al pago de una multa de 10 676 000 coronas checas (CZK) (alrededor de 429 000 euros) y le prohibió proseguir esta práctica.

10

OSA presentó una reclamación contra la citada resolución, que el presidente de la autoridad checa de defensa de la competencia desestimó mediante resolución de 23 de noviembre de 2020.

11

OSA interpuso un recurso contra esta última resolución ante el Krajský soud v Brně (Tribunal Regional de Brno, República Checa), que es el órgano jurisdiccional remitente.

12

Según dicho órgano jurisdiccional, es pacífico entre las partes del litigio principal que OSA ostenta, en la República Checa, un «monopolio de hecho» en el ámbito de la gestión colectiva de derechos de autor y que, durante el período comprendido entre el 19 de mayo de 2008 y el 6 de noviembre de 2014, facturó a los establecimientos hoteleros cánones en concepto de la difusión de obras protegidas por medio de receptores de televisión y de radio instalados en las habitaciones, ya estuvieran estas ocupadas o no. Sin embargo, las partes discrepan en cuanto a la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de «abuso de posición dominante» y a su aplicación al litigio principal.

13

Según OSA, la autoridad checa de defensa de la competencia debería haber examinado si su práctica tarifaria podía considerarse una práctica de precios abusivos a la luz de los criterios sentados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 14 de febrero de 1978, United Brands y United Brands Continentaal/Comisión (27/76, EU:C:1978:22), que, a juicio de OSA, fueron aplicados al contexto particular de las entidades de gestión colectiva en las sentencias de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība (C‑177/16, EU:C:2017:689), y de 25 de noviembre de 2020, SABAM (C‑372/19, en lo sucesivo, «sentencia SABAM», EU:C:2020:959).

14

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente considera que el Tribunal de Justicia aún no se ha pronunciado sobre si la falta de consideración, en el cálculo de los cánones debidos en concepto de derechos de autor, del índice de ocupación de las habitaciones de los establecimientos hoteleros puede constituir un abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE.

15

En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que tendrá que examinar las alegaciones de OSA según las cuales el litigio no puede resolverse aplicando simplemente los principios deducidos en la sentencia SABAM. OSA ha alegado que esa sentencia tenía por objeto el pago de cánones debidos en concepto de derechos de autor por obras que, pese a haberse puesto a disposición, no fueron utilizadas en un festival de música. Según OSA, aunque exigir el pago de remuneración en ese contexto no está justificado, sí sería razonable exigir el pago de un canon anual por la puesta a disposición de obras en las habitaciones de un establecimiento hotelero, con independencia del índice de ocupación de este, salvo por las habitaciones que permanezcan vacías todo el año.

16

En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no parece haber establecido unos criterios concretos que permitan determinar si el hecho de no tomar en consideración el índice de ocupación de las habitaciones de un establecimiento hotelero al calcular el canon debido en concepto de derechos de autor debe interpretarse, a la luz del artículo 102 TFUE, en el sentido de que constituye una práctica de precios excesivos, como sostiene OSA, o una práctica de imposición de «condiciones de transacción no equitativas», a efectos de dicha disposición, como aduce la autoridad checa de defensa de la competencia.

17

El órgano jurisdiccional remitente estima que, en ese segundo supuesto, deberían determinarse además los criterios que permiten establecer que una condición de transacción no es equitativa. A este respecto, OSA considera que es necesario que concurran tres criterios acumulativos. En primer término, la condición debe carecer de relación con la finalidad del contrato o ser innecesaria para alcanzar el efecto previsto de este; en segundo término, ha de causar un perjuicio a la otra parte contratante, y, en tercer término, no debe ser ni adecuada ni equitativa. La autoridad checa de defensa de la competencia objeta a este respecto que ni la Comisión Europea ni los órganos jurisdiccionales de la Unión han aplicado esos criterios y que, en el caso de autos, bastaba con comprobar si la condición de transacción impuesta por OSA estaba justificada y era proporcionada.

18

Del mismo modo, el órgano jurisdiccional remitente considera que, en caso de que se opte por el primer supuesto mencionado en el apartado 16 de la presente sentencia, sería necesario determinar además si la práctica tarifaria de OSA puede considerarse contraria al artículo 102 TFUE por imponer precios excesivos. En su opinión, la interpretación del Tribunal de Justicia permitiría aclarar si los criterios derivados de la sentencia de 14 de febrero de 1978, United Brands y United Brands Continentaal/Comisión (27/76, EU:C:1978:22), pueden aplicarse en el contexto del asunto del que conoce y de qué manera.

19

En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que, para comprobar si se dan los elementos constitutivos de la infracción que es objeto del artículo 102 TFUE, debe determinarse si la autoridad checa de defensa de la competencia estaba obligada a demostrar que la práctica tarifaria de que se trata tuvo un efecto contrario a la competencia o si dicha autoridad podía basarse en el simple riesgo de distorsión de la competencia.

20

En cuarto y último lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, para declarar la existencia de una infracción del artículo 102 TFUE, es necesario demostrar que la práctica tarifaria de OSA afectó sensiblemente al comercio entre Estados miembros o si basta con demostrar que ese efecto era razonablemente previsible.

21

En estas circunstancias, el Krajský soud v Brně (Tribunal Regional de Brno) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Cuestiones prejudiciales primera y segunda

22

Mediante sus dos primeras cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, en esencia, si el artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una entidad de gestión colectiva no tenga en cuenta el índice de ocupación de los establecimientos hoteleros para calcular los cánones que se le deben como contraprestación de la concesión a esos establecimientos de una licencia de puesta a disposición de obras protegidas por derechos de autor constituye un abuso de posición dominante consistente en una práctica de imposición de precios o de otras condiciones de transacción no equitativas.

23

Debe comenzarse recordando que, en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, los autores disponen de un derecho de carácter preventivo que les permite interponerse entre eventuales usuarios de su obra y la comunicación al público que estos usuarios quizás desearan realizar, con el fin de prohibirla (sentencia de 20 de junio de 2024, GEMA, C‑135/23, EU:C:2024:526, apartado 17 y jurisprudencia citada).

24

Por lo que respecta a los establecimientos hoteleros, el Tribunal de Justicia ha puntualizado que la puesta a disposición de aparatos de radio o de televisión que pueden captar señales y, con ello, difundir obras protegidas en las habitaciones de esos establecimientos constituye una comunicación al público en el sentido del citado artículo 3, apartado 1, que permite a los clientes acceder a tales obras, sin que sea decisivo que estos utilicen o no esa posibilidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de diciembre de 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, apartado 43, y de 20 de junio de 2024, GEMA, C‑135/23, EU:C:2024:526, apartado 33 y jurisprudencia citada).

25

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que, normalmente, los clientes de un establecimiento de ese tipo se renuevan con rapidez y que, por lo general, se trata de un número considerable de personas, por lo que debe estimarse que forman un público (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, apartado 38).

26

Por otro lado, debe considerarse que la intervención de un establecimiento hotelero para dar acceso a sus clientes a las obras radiodifundidas es una prestación de servicios suplementaria efectuada con el objetivo de obtener algún beneficio, puesto que la inclusión de este servicio influye en la categoría del hotel y, por tanto, en el precio de las habitaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, apartado 44).

27

A continuación, procede recordar que una entidad de gestión colectiva que ostente, en el territorio de un Estado miembro, un monopolio para la gestión de los derechos de autor sobre una categoría de obras protegidas y que, a cambio del pago de un canon, ponga esas obras a disposición de operadores económicos para que estos puedan comunicarlas al público debe ser considerada una empresa que tiene una posición dominante en una parte sustancial del mercado interior, en el sentido del artículo 102 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia SABAM, apartados 26 y 27 y jurisprudencia citada). En el caso de autos, como se ha indicado en el apartado 7 de la presente sentencia, no es controvertido que OSA tiene esa posición dominante.

28

Además, ha de señalarse que, cuando el supuesto carácter no equitativo de la conducta de una entidad de gestión colectiva de esa índole tiene por objeto la cuantía de esos cánones, es decir, el precio aplicado como tal, y no otras condiciones de esa puesta a disposición, esa tarificación debe apreciarse a la luz de los criterios relativos a los precios excesivos.

29

Tal conducta puede constituir un abuso prohibido por el artículo 102 TFUE si dicha entidad, cuando fija la cuantía de los cánones, aplica un precio excesivo, sin relación razonable con el valor económico de su prestación de servicio. El carácter eventualmente excesivo de los cánones debe apreciarse a la luz de todas las circunstancias del asunto (véase, en este sentido, la sentencia SABAM, apartados 28 y 29 y jurisprudencia citada).

30

A este respecto, ha de tenerse en cuenta no solo el valor económico del servicio de gestión colectiva considerado como tal, sino también la naturaleza y el ámbito del uso de las obras y el valor económico generado por dicho uso (véase, en este sentido, la sentencia SABAM, apartado 30).

31

Si bien, como se ha expuesto en el apartado 24 de la presente sentencia, la puesta a disposición de señales y de aparatos de radio o de televisión en las habitaciones de un establecimiento hotelero constituye una comunicación al público, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, sin que sea necesario saber si ese público, compuesto por los clientes presentes en el establecimiento, opta por acceder o no a las obras así puestas a su disposición, debe considerarse que, por lo que respecta al artículo 102 TFUE, el número de personas que componen dicho público es un elemento pertinente para evaluar, por una parte, el ámbito del uso potencial de las obras protegidas por derechos de autor y, por otra parte, el beneficio, al que se ha hecho referencia en el apartado 26 de la presente sentencia, que puede obtener el establecimiento hotelero de la licencia que adquiere de la entidad de gestión colectiva. Por lo tanto, el índice de ocupación de los establecimientos hoteleros es una circunstancia que debe tenerse en cuenta para evaluar, con ayuda de un modelo estadístico o sobre la base de otros criterios, siempre que estos sean objetivos, estables, fácilmente accesibles y controlables, el ámbito del uso de las obras y el valor económico que representa la utilización de estas y, por ende, para determinar si los cánones reclamados por la concesión de las licencias que permiten la comunicación de las obras al público son «no equitativos», en el sentido del artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a).

32

A este respecto, nada permite considerar que carezca de pertinencia, en situaciones relativas a establecimientos hoteleros, la jurisprudencia recordada y puntualizada por el Tribunal de Justicia en los apartados 30 y 41 de la sentencia SABAM, según la cual la contraprestación debida por la comunicación al público de obras protegidas, que es el canon fijado por la entidad de gestión colectiva, debe analizarse a la luz de la naturaleza y del ámbito del uso de esas obras y del valor que la utilización de dichas obras tiene en los intercambios económicos, que depende del número real de personas que disfrutan de tales obras.

33

Por consiguiente, en principio, no puede admitirse que una entidad de gestión colectiva reclame a los establecimientos hoteleros unos cánones que no tengan en cuenta el hecho de que una considerable parte de las habitaciones no esté accesible al público, por ejemplo, por una reducción estacional de actividad, un cierre parcial por renovación o una situación excepcional, como una crisis sanitaria.

34

En términos más generales, el canon aplicado por una entidad de esa índole, aunque puede basarse en tarifas a tanto alzado, debería tener en cuenta, por lo menos, una estimación de la cantidad de obras protegidas por derechos de autor realmente utilizada (véase, en este sentido, la sentencia SABAM, apartado 50).

35

Teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto, incluidas la disponibilidad y la fiabilidad de los datos relativos al índice de ocupación de los establecimientos hoteleros y de las herramientas tecnológicas existentes (véase, en este sentido, la sentencia SABAM, apartado 55), corresponderá al órgano jurisdiccional remitente apreciar si OSA podía tomar en consideración, al elaborar los cánones, el índice previsible de ocupación de los establecimientos hoteleros, sin que ello conllevara un aumento desproporcionado de los gastos que OSA soporta por gestionar los contratos que la vinculan a los usuarios de las obras protegidas y por supervisar la utilización de las obras protegidas por derechos de autor.

36

Así pues, no puede descartarse que el método de cálculo de los cánones aplicado por OSA, que no tiene en cuenta el índice de ocupación de los establecimientos hoteleros, deba considerarse «abusivo», en el sentido del artículo 102 TFUE. En efecto, en el supuesto de que pudiera emplearse a un coste razonable un método de cálculo de los cánones que tuviera en cuenta ese índice de ocupación y que implicara una reducción sustancial del importe de los cánones, podría considerarse que el empleo del método actual de cálculo de estos da lugar a precios no equitativos, en el sentido del artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a).

37

La conclusión anterior no exime al órgano jurisdiccional remitente de la obligación de tener en cuenta cualquier otro elemento que sea igualmente pertinente para apreciar si la cuantía de los cánones es equitativa o no. Tales elementos pueden corroborar o infirmar el indicio de abuso de posición dominante que, en su caso, se derive del hecho de no tener en cuenta el índice de ocupación de los establecimientos hoteleros.

38

De jurisprudencia consolidada resulta que, cuando una entidad de gestión colectiva fija una cuantía de cánones que es notablemente más elevada que la que se aplica en los restantes Estados miembros, siempre que la comparación entre las cuantías de las tarifas se haya llevado a cabo sobre una base homogénea, dicha diferencia deberá ser considerada como el indicio de un abuso de posición dominante. A este respecto, resulta adecuado comparar sus tarifas con las aplicables en los Estados vecinos y con las aplicables en otros Estados miembros, corregidas mediante el índice de paridad del poder adquisitivo, siempre que los Estados de referencia hayan sido seleccionados según criterios objetivos, apropiados y comprobables y que la base de las comparaciones efectuadas sea homogénea (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, apartados 38 y 51).

39

Por último, en cuanto a si, como sostiene OSA, la apreciación del eventual carácter excesivo de los precios aplicados por una entidad de gestión colectiva exige comprobar si existe una desproporción excesiva entre los costes efectivamente soportados por dicha entidad y los precios aplicados, basta con señalar que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no es obligatorio comparar los precios y los costes en el marco de esa apreciación, puesto que existen otros métodos que permiten determinar si los precios aplicados son excesivos (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, apartados 36 y 37, y SABAM, apartado 31).

40

Por consiguiente, procede responder a las dos primeras cuestiones prejudiciales que el artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una entidad de gestión colectiva no tenga en cuenta el índice de ocupación de los establecimientos hoteleros para calcular los cánones que se le deben como contraprestación de la concesión a esos establecimientos de una licencia de puesta a disposición de obras protegidas por derechos de autor puede, en función de todas las circunstancias pertinentes, contribuir a que se constate un abuso de posición dominante consistente en aplicar precios no equitativos, siempre que se compruebe que la cuantía de los cánones es excesiva en relación con la naturaleza y el ámbito del uso de las obras y con el valor económico generado por dicho uso.

Tercera cuestión prejudicial

41

Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, en esencia, si el artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que la constatación de una explotación abusiva de posición dominante exige que una autoridad de defensa de la competencia acredite que la práctica de que se trate produce un efecto real sobre la competencia, en particular en el bienestar de los consumidores.

42

Es jurisprudencia reiterada que el artículo 102 TFUE no solo pretende sancionar las prácticas que puedan causar un perjuicio directo a los consumidores, sino también aquellas que les perjudiquen indirectamente, menoscabando una estructura de competencia efectiva (sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 44 y jurisprudencia citada).

43

En consecuencia, una autoridad de defensa de la competencia cumple con la carga de la prueba que le incumbe si demuestra que una práctica de una empresa que ocupa una posición dominante puede menoscabar, sirviéndose de recursos o medios distintos de los que rigen una competencia normal, una estructura de competencia efectiva, sin que sea necesario que esa autoridad demuestre que dicha práctica puede, además, causar un perjuicio directo a los consumidores. No obstante, la empresa dominante de que se trate puede eludir la prohibición establecida en el artículo 102 TFUE demostrando que el menoscabo a una estructura de competencia efectiva que puede resultar de la práctica en cuestión está contrarrestado, o incluso superado, por efectos positivos para los consumidores (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 47, y de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 202).

44

Por lo tanto, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que la constatación de una explotación abusiva de posición dominante está suficientemente fundamentada cuando se acredite que la práctica de que se trate puede menoscabar una estructura de competencia efectiva, sin que sea necesario demostrar que dicha práctica puede, además, causar un perjuicio directo a los consumidores.

Cuarta cuestión prejudicial

45

Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, en esencia, si el artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que una autoridad de defensa de la competencia está obligada a demostrar que una práctica abusiva afecta sensiblemente al comercio entre Estados miembros.

46

A este respecto, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, en la interpretación y aplicación del requisito relativo a los efectos sobre el comercio entre Estados miembros, que figura en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, ha de tomarse como punto de partida el objetivo de este requisito, que es determinar, en materia de regulación de la competencia, el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión frente al de los Estados miembros. Así, están comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión todo acuerdo y toda práctica que puedan afectar a la libertad de comercio entre los Estados miembros de tal manera que puedan malograr la consecución de los objetivos de un mercado único entre los Estados miembros, en particular, compartimentando los mercados nacionales o alterando la estructura de la competencia en el mercado interior (sentencia de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, apartado 26 y jurisprudencia citada).

47

Para poder incidir en el comercio entre Estados miembros, una decisión, un acuerdo o una práctica, cuando concurre un conjunto de elementos de hecho y de Derecho, deben permitir prever con un grado suficiente de probabilidad que pueden ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre Estados miembros y ello de manera que pudiera hacer temer que podrían obstaculizar la realización de un mercado único entre Estados miembros. Es necesario, además, que tal influencia no sea insignificante (sentencia de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, apartado 27 y jurisprudencia citada).

48

El Tribunal de Justicia ya ha reconocido que las tarifas aplicadas por una entidad de gestión colectiva que ostente un monopolio pueden producir un efecto sobre el comercio transfronterizo, de modo que el artículo 102 TFUE es aplicable a esa situación. En efecto, el comercio entre Estados miembros puede verse afectado por las prácticas tarifarias de una entidad de gestión colectiva que ostente un monopolio en su Estado miembro y gestione en él, además de los derechos de titulares que son nacionales de dicho Estado miembro, también los derechos de titulares extranjeros (sentencia de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, apartados 28 y 29).

49

Por consiguiente, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que una autoridad de defensa de la competencia está obligada a demostrar que una práctica abusiva puede afectar sensiblemente al comercio entre Estados miembros. Cuando una práctica tarifaria de una entidad de gestión colectiva sea considerada abusiva, bastará, a fin de demostrar que el comercio entre Estados miembros puede verse sensiblemente afectado por dicha práctica abusiva, con que se acredite que esa entidad de gestión colectiva gestiona no solo los derechos de titulares que son nacionales del Estado miembro en el que dicha entidad ostenta un monopolio, sino también los de titulares de otros Estados miembros.

Costas

50

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

El artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una entidad de gestión colectiva de derechos de autor no tenga en cuenta el índice de ocupación de los establecimientos hoteleros para calcular los cánones que se le deben como contraprestación de la concesión a esos establecimientos de una licencia de puesta a disposición de obras protegidas por derechos de autor puede, en función de todas las circunstancias pertinentes, contribuir a que se constate un abuso de posición dominante consistente en aplicar precios no equitativos, siempre que se compruebe que la cuantía de los cánones es excesiva en relación con la naturaleza y el ámbito del uso de las obras y con el valor económico generado por dicho uso.

2)

El artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que la constatación de una explotación abusiva de posición dominante está suficientemente fundamentada cuando se acredite que la práctica de que se trate puede menoscabar una estructura de competencia efectiva, sin que sea necesario demostrar que dicha práctica puede, además, causar un perjuicio directo a los consumidores.

3)

El artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que una autoridad de defensa de la competencia está obligada a demostrar que una práctica abusiva puede afectar sensiblemente al comercio entre Estados miembros. Cuando una práctica tarifaria de una entidad de gestión colectiva de derechos de autor sea considerada abusiva, bastará, a fin de demostrar que el comercio entre Estados miembros puede verse sensiblemente afectado por dicha práctica abusiva, con que se acredite que esa entidad de gestión colectiva de derechos de autor gestiona no solo los derechos de titulares que son nacionales del Estado miembro en el que dicha entidad ostenta un monopolio, sino también los de titulares de otros Estados miembros.