(1)

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece normas detalladas para el ejercicio de ese derecho.

(1 bis)

Facilitar la libertad de circulación es una de las condiciones previas esenciales para iniciar una recuperación económica.

(2)

El 30 de enero de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de alcance internacional por el brote mundial de coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2), que causa la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19). El 11 de marzo de 2020, la OMS estimó que la COVID-19 podía calificarse de pandemia.

(3)

Para limitar la propagación del virus, los Estados miembros han adoptado diversas medidas, algunas de las cuales han repercutido en el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, como las restricciones de entrada o los requisitos de que los viajeros transfronterizos se sometan a cuarentena, autoaislamiento o un test de detección de la infección por el SARS-CoV-2. Dichas restricciones tienen efectos negativos para los ciudadanos y las empresas, especialmente para los trabajadores transfronterizos y los que se desplazan a diario y los temporeros.

(4)

El 13 de octubre de 2020, el Consejo adoptó la Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo relativa a un enfoque coordinado para restringir la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 (3). Dicha Recomendación establece un enfoque coordinado de los siguientes puntos clave: la aplicación de criterios y umbrales comunes a la hora de decidir si se introducen restricciones a la libre circulación, una cartografía del riesgo de transmisión de la COVID-19 sobre la base de un código de colores acordado y un enfoque coordinado de las medidas que, en su caso, se pueden aplicar adecuadamente a las personas que se desplazan entre zonas, dependiendo del nivel de riesgo de transmisión en dichas zonas. Habida cuenta de su situación específica, la Recomendación también hace hincapié en que los viajeros esenciales, enumerados en su punto 19, y los trabajadores transfronterizos, cuyas vidas se ven especialmente afectadas por dichas restricciones, en particular los que ejercen funciones esenciales o son esenciales para las infraestructuras críticas, deben ▌ quedar exentos de las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19.

(5)

Utilizando los criterios y umbrales establecidos en la Recomendación (UE) 2020/1475, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha publicado, una vez a la semana, un mapa de los Estados miembros, desglosado por regiones, con el fin de apoyar la toma de decisiones de los Estados miembros (4).

(6)

Como se subraya en la Recomendación (UE) 2020/1475, cualquier restricción a la libre circulación de personas dentro de la Unión establecida para limitar la propagación de la COVID-19 debe basarse en motivos de interés público específicos y limitados, a saber, la protección de la salud pública. Es necesario que dichas restricciones se apliquen respetando los principios generales del Derecho de la Unión, en particular la proporcionalidad y la no discriminación. Por lo tanto, las medidas adoptadas deben estar estrictamente limitadas en su ámbito de aplicación y en el tiempo en consonancia con el esfuerzo para restaurar una zona Schengen plenamente operativa sin controles en las fronteras interiores y no deben ir más allá de lo estrictamente necesario para salvaguardar la salud pública. Además, deben ser coherentes con las medidas adoptadas por la Unión para garantizar la libre circulación ininterrumpida de bienes y servicios esenciales en todo el mercado único, incluidos los suministros médicos y el personal médico y sanitario a través de los llamados pasos fronterizos de tipo «carril verde», a los que se hace referencia en la Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el marco de las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales (5).

(7)

Según los conocimientos médicos actuales, las personas vacunadas, con un test NAAT negativo de menos de [72 horas] o con un test rápido de antígenos negativo de menos de [24 horas], así como las personas que han dado positivo en los últimos [seis meses] en la prueba de anticuerpos específicos para la proteína S, tienen un riesgo reducido de forma significativa de infectar a otras personas con el SARS-CoV-2, de acuerdo con los conocimientos médicos actuales. La libre circulación de las personas que , sobre la base de pruebas científicas sólidas, no suponen un riesgo significativo para la salud pública, por ejemplo, porque son inmunes al SARS-CoV-2 y no pueden transmitirlo, no debe restringirse, dado que tales restricciones no serían necesarias para alcanzar el objetivo perseguido.

(7 bis)

Con el fin de garantizar una utilización armonizada de los certificados, la duración de su validez respectiva debe establecerse en el presente Reglamento. Sin embargo, en esta fase aún no está claro que las vacunas eviten la transmisión de la COVID-19. Igualmente, no existen pruebas suficientes de la duración de la protección efectiva contra la COVID-19 tras la recuperación de una infección anterior. Por consiguiente, debería ser posible adaptar la duración de la validez en función de los avances técnicos y científicos.

(8)

Muchos Estados miembros han puesto en marcha, o tienen previsto hacerlo, iniciativas para expedir certificados de vacunación. No obstante, para que puedan utilizarse eficazmente en un contexto transfronterizo cuando los ciudadanos ejerzan sus derechos de libre circulación, dichos certificados de vacunación deben ser plenamente interoperables , compatibles , seguros y verificables. Es necesario un enfoque consensuado entre los Estados miembros sobre el contenido, el formato, los principios, las normas técnicas y el nivel de protección de dichos certificados.

(9)

Las medidas unilaterales en este ámbito pueden causar perturbaciones significativas en el ejercicio ▌ de la libre circulación y dificultar el buen funcionamiento del mercado interior, en particular del sector turístico , dado que las autoridades nacionales y los servicios de transporte de pasajeros, como aviones, trenes, autocares o transbordadores, se enfrentan a una amplia gama de formatos de documentos divergentes, no solo en lo que respecta a la vacunación de una persona, sino también a los test y a la posible recuperación de la COVID-19. [Enm. 8]

(9 bis)

En su Resolución de 3 de marzo de 2021 sobre la definición de una estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible, el Parlamento Europeo pidió un enfoque armonizado en toda la Unión en materia de turismo, tanto por la aplicación de criterios comunes para la seguridad de los viajes como por la petición de un certificado común de vacunación, una vez se disponga de pruebas suficientes de que las personas vacunadas no transmiten el virus, o el reconocimiento mutuo de los procedimientos de vacunación.

(10)

Sin perjuicio de las medidas comunes en materia de cruce de personas por las fronteras interiores establecidas en el acervo de Schengen, en particular en el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo  (6) , y con el fin de facilitar el ejercicio del derecho a circular y residir ▌ en el territorio de los Estados miembros, debe establecerse un marco común para la expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, test y recuperación de la COVID-19, denominado «certificado UE COVID-19 » , que debe ser vinculante y directamente aplicable en todos los Estados miembros . Todos los nodos centrales de transporte de la Unión, como aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril y autobús, en los que se verifique el certificado, deben aplicar criterios y procedimientos normalizados y comunes para la verificación del certificado UE COVID-19, sobre la base de las orientaciones desarrolladas por la Comisión.

(10 bis)

Al aplicar el presente Reglamento, los Estados miembros deben aceptar todo tipo de certificado emitido de conformidad con el presente Reglamento. Los certificados interoperables deben tener el mismo valor durante su período de validez.

(11)

El presente Reglamento pretende facilitar la aplicación de los principios de proporcionalidad y no discriminación por lo que se refiere a las posibles restricciones a la libre circulación y otros derechos fundamentales como consecuencia de la pandemia de COVID-19, al tiempo que se persigue un alto nivel de protección de la salud pública, y no debe entenderse que ▌facilita o fomenta la adopción de restricciones a la libre circulación u otros derechos fundamentales en respuesta a la pandemia. ▌Deben seguir aplicándose las exenciones a la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 a que se refiere la Recomendación (UE) 2020/1475. Ninguna necesidad de verificación de los certificados establecidos por el presente Reglamento debe poder justificar por sí misma el restablecimiento temporal de los controles fronterizos en las fronteras interiores. Los controles en las fronteras interiores deben seguir siendo una medida de último recurso, sujeta a las normas específicas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/399.

(12)

La base de un enfoque común para la expedición, verificación y aceptación de dichos certificados interoperables depende de la confianza. Los falsos certificados de COVID-19 pueden suponer un riesgo importante para la salud pública. Las autoridades de los Estados miembros necesitan garantías de que la información que figure en un certificado expedido en otro Estado miembro es fiable, de que no ha sido falsificada, de que pertenece a la persona que la presenta y de que cualquier persona que verifique esta información solo tiene acceso a la cantidad mínima de información necesaria.

(13)

El riesgo que plantean los falsos certificados de COVID-19 es real. El 1 de febrero de 2021, Europol emitió una notificación de alerta rápida sobre la venta ilícita de certificados de test negativos de COVID-19 falsos (7). Dados los medios tecnológicos disponibles y de fácil acceso, como impresoras de alta resolución y diversos programas de editores gráficos, los defraudadores pueden producir certificados falsos de alta calidad. Se han notificado casos de ventas ilícitas de certificados de prueba fraudulentos, en los que han participado círculos de falsificadores más organizados y estafadores oportunistas que venden certificados falsos fuera de línea y en línea.

(14)

Para garantizar la interoperabilidad y la igualdad de acceso , también para personas vulnerables como las personas con discapacidad y para personas con un acceso limitado a las tecnologías digitales , los Estados miembros deben expedir los certificados que componen el certificado UE COVID-19 en formato digital o en papel, a la elección del titular . Esto debe permitir al titular solicitar y recibir una copia en papel del certificado o almacenar y visualizar el certificado en un dispositivo móvil. Los certificados deben contener un código de barras interoperable y legible digitalmente que contenga solo los datos pertinentes relativos a los certificados. Los Estados miembros deben garantizar la autenticidad, validez e integridad de los certificados mediante sellos electrónicos ▌. La información que figure en el certificado también deberá incluirse en un formato legible por el ser humano, ya sea impreso o visualizado como texto simple. La configuración de los certificados debe ser fácil de entender y garantizar su sencillez y facilidad de uso. La manera en que se presenta la información y el diseño debe resultar accesible para las personas con discapacidad de conformidad con los requisitos de accesibilidad de la información, incluida la información digital, establecidos en la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo  (8). Para evitar obstáculos a la libre circulación, los certificados deben expedirse gratuitamente y las personas deben tener derecho a su expedición. Los Estados miembros deben expedir automáticamente los certificados que componen el certificado UE COVID-19 ▌ o , en el caso del certificado de recuperación, únicamente previa solicitud, garantizando que puedan obtenerse fácil y rápidamente y proporcionando, en su caso, el apoyo necesario para garantizar la igualdad de acceso de todas las personas . Todo gasto en la infraestructura técnica, digital y de transporte necesaria para establecer los certificados de vacunación debe ser subvencionable con cargo a los fondos y programas de la Unión. [Enm. 17]

(14 bis)

Las vacunas deben considerarse bienes públicos mundiales a disposición de la población en general, por lo que los Estados miembros deben garantizar un acceso justo y gratuito para todos los ciudadanos. Los Estados miembros también deben garantizar unas posibilidades de test de COVID-19 universales, accesibles, oportunas y gratuitas, también haciendo que estén disponibles en todos los nodos centrales de transporte. La expedición de certificados con arreglo al artículo 3, apartado 1, no debe dar lugar a un trato diferenciado ni a una discriminación basada en el estado de vacunación o en la posesión de un certificado específico contemplado en los artículos 5, 6 y 7.

(15)

La seguridad, autenticidad, integridad y validez de los certificados que componen el certificado UE COVID-19 y su conformidad con la legislación de la Unión en materia de protección de datos son fundamentales para su aceptación en todos los Estados miembros. Por lo tanto, es necesario instaurar un marco de confianza que establezca las normas y la infraestructura para la expedición y verificación fiables y seguras de los certificados. Debe desarrollarse la infraestructura, con una fuerte preferencia por el uso de tecnología de la Unión, para que funcione en todos los dispositivos electrónicos garantizando que esté protegida frente a amenazas a la ciberseguridad. El marco de confianza debe garantizar que la verificación de un certificado pueda efectuarse fuera de línea y sin informar al expedidor de la verificación y debe garantizar, por tanto, que ningún expedidor de certificados ni ningún otro tercero sea informado cuando un titular presente un certificado. El esquema de interoperabilidad de los certificados sanitarios (9), adoptado el 12 de marzo de 2021 por la red de sanidad electrónica creada en virtud del artículo 14 de la Directiva 2011/24/UE (10), debe constituir la base del marco de confianza. Por consiguiente, el marco de confianza debe basarse en una infraestructura de clave pública con una cadena de confianza que abarque desde las autoridades sanitarias de los Estados miembros hasta las entidades concretas que expidan los certificados. El marco de confianza debe permitir la detección de los fraudes, en particular las falsificaciones. Debe expedirse un certificado independiente para cada vacunación, prueba o recuperación, sin almacenar en el certificado el historial de los certificados anteriores del titular.

(16)

De conformidad con el presente Reglamento, cualquiera de los certificados que componen el certificado UE COVID-19 deben expedirse a  las personas a que se refiere el artículo 3 de la Directiva 2004/38/CE, es decir, a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias , incluidos los ciudadanos de los países y territorios de ultramar a que se refiere el artículo 355, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) , independientemente de su nacionalidad, por el Estado miembro de vacunación o test, o en el que se encuentre la persona recuperada. Cuando sea procedente u oportuno, los certificados deberán expedirse a otra persona en nombre de la persona vacunada, sometida a test o recuperada, por ejemplo, al tutor legal en nombre de personas legalmente incapacitadas, o a los padres en nombre de sus hijos. Los certificados no deben exigir su legalización o  cualquier otra formalidad similar .

(16 bis)

Las restricciones vinculadas a los viajes transfronterizos son especialmente inconvenientes para las personas que cruzan fronteras a diario o frecuentemente para ir al trabajo o a la escuela, visitar a parientes cercanos, recibir atención médica u ocuparse de sus seres queridos. El certificado UE COVID-19 debe facilitar la libre circulación de los residentes fronterizos, los trabajadores transfronterizos estacionales, los temporales y los del transporte.

(16 ter)

Habida cuenta del considerando 14 bis del presente Reglamento y de los apartados 6 y 19 de la Recomendación (UE) 2020/1475, los Estados miembros deben prestar especial atención a las especificidades de las regiones transfronterizas, las regiones ultraperiféricas, los enclaves y las zonas geográficamente aisladas y a la necesidad de cooperar a nivel local y regional, así como a las personas consideradas trabajadores fronterizos, trabajadores transfronterizos y residentes fronterizos y a quienes residen en otro Estado miembro al que regresan, por regla general, a diario o al menos una vez por semana. [Enm. 18]

(17)

Los certificados que componen el certificado UE COVID-19 también podrían expedirse a nacionales o residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y la Santa Sede ▌.

(18)

▌Los acuerdos en materia de libre circulación de personas celebrados por la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y determinados terceros países, por otra, prevén la posibilidad de restringir la libre circulación por motivos de salud pública. Cuando dichos acuerdos no contengan un mecanismo de incorporación de actos de la Unión Europea, los certificados expedidos a los beneficiarios de los mismos deberán aceptarse en las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Ello debe estar supeditado a la adopción por parte de la Comisión de un acto de ejecución que establezca que dicho tercer país expide certificados de conformidad con el presente Reglamento y ha ofrecido garantías formales de que aceptará los certificados expedidos por los Estados miembros.

(19)

El Reglamento (UE) 2021/XXXX se aplica a los nacionales de terceros países que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, que residan o permanezcan legalmente en el territorio de un Estado al que se aplique aquel Reglamento y que tengan derecho a viajar a otros Estados de conformidad con el Derecho de la Unión.

(20)

El marco que se establecerá a efectos del presente Reglamento debe tratar de garantizar la coherencia con las iniciativas mundiales o las iniciativas similares con terceros países con los que la Unión Europea mantiene una estrecha colaboración , ▌con la participación de la OMS y la Organización de Aviación Civil Internacional . Debe incluir, cuando sea posible, la interoperabilidad entre los sistemas tecnológicos establecidos a nivel mundial y los sistemas establecidos a efectos del presente Reglamento para facilitar la libre circulación dentro de la Unión, en particular mediante la participación en una infraestructura de clave pública o el intercambio bilateral de claves públicas. Para facilitar el ejercicio de los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la Unión vacunados o sometidos a pruebas por terceros países o por los países y territorios de ultramar a que se refiere el artículo 355, apartado 2, del TFUE o enumerados en su anexo II, o por las Islas Feroe , el presente Reglamento debe prever la aceptación de los certificados expedidos por terceros países o por los países y territorios de ultramar o las Islas Feroe a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias cuando la Comisión compruebe que dichos certificados se expiden con arreglo a normas equivalentes a las establecidas en virtud del presente Reglamento.

(21)

Con el fin de facilitar la libre circulación y garantizar que las restricciones a la libre circulación actualmente en vigor durante la pandemia de COVID-19 puedan levantarse de manera coordinada sobre la base de los datos y orientaciones científicos más recientes disponibles por parte del Comité de Seguridad Sanitaria, el ECDC y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) , debe establecerse un certificado de vacunación interoperable. Este certificado de vacunación debe servir para confirmar que el titular ha recibido una vacuna contra la COVID-19 en un Estado miembro y debe permitir el levantamiento de las restricciones de viaje . El certificado debe contener únicamente la información necesaria para identificar claramente a su titular, así como la vacuna contra la COVID-19, el número, la fecha y el lugar de vacunación. Los Estados miembros deben expedir certificados de vacunación para las personas que reciban vacunas para las que se haya concedido una autorización de comercialización de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) ▌.

(22)

Las personas que hayan sido vacunadas antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, incluso como parte de un ensayo clínico, también deben tener derecho a obtener un certificado de vacunación contra la COVID-19 que cumpla lo dispuesto en el presente Reglamento. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben seguir teniendo la libertad de expedir pruebas de vacunación en otros formatos para otros fines, en particular con fines médicos.

(23)

En consonancia con el principio de no discriminación, los Estados miembros también deben expedir dichos certificados de vacunación a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que hayan sido vacunados en un tercer país con una vacuna contra la COVID-19 para la que se haya concedido una autorización de comercialización de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 y aporten pruebas fiables a tal efecto. Los Estados miembros también deben poder expedir certificados de vacunación a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que hayan sido vacunados con una vacuna que haya sido incluida en el listado de uso de emergencia de la OMS y que aporten pruebas fiables a tal efecto.

(24)

El 27 de enero de 2021, la red de sanidad electrónica adoptó unas directrices sobre la prueba de vacunación con fines médicos, que actualizó el 12 de marzo de 2021 (12). Estas directrices, en particular las normas de códigos preferidas, deben constituir la base de las especificaciones técnicas adoptadas a efectos del presente Reglamento.

(25)

Ya en la actualidad, varios Estados miembros eximen a las personas vacunadas de determinadas restricciones a la libre circulación dentro de la Unión. ▌Los Estados miembros deben aceptar las pruebas de vacunación con el fin de levantar las restricciones a la libre circulación establecidas, de conformidad con el Derecho de la Unión, para limitar la propagación de la COVID-19, como los requisitos de someterse a cuarentena, autoaislamiento o un test de detección de la infección por el SARS-CoV-2, y deben estar obligados a aceptar, en las mismas condiciones, los certificados de vacunación válidos expedidos por otros Estados miembros de conformidad con el presente Reglamento. Esta aceptación debe tener lugar en las mismas condiciones, lo que significa que, por ejemplo, cuando un Estado miembro considere suficiente una dosis única de una vacuna administrada, debe hacerlo también para los titulares de un certificado de vacunación que indique una dosis única de la misma vacuna. Por motivos de salud pública, esta obligación debe limitarse a las personas que hayan recibido vacunas contra la COVID-19 para las que se haya concedido una autorización de comercialización de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 726/2004 ▌ o vacunas que hayan sido incluidas en la lista de uso de emergencia de la OMS.

(26)

Es necesario evitar todo tipo de discriminación (directa o indirecta) de las personas que no estén vacunadas, por ejemplo, por motivos médicos, porque no forman parte del grupo destinatario al que se administra actualmente la vacuna, porque aún no han tenido la oportunidad o han decidido no vacunarse o cuando aún no hay vacuna disponible para determinados grupos de edad como los niños . Por consiguiente, la posesión de un certificado de vacunación, o la posesión de un certificado de vacunación con una vacuna específica, no debe ser una condición previa para ejercer los derechos de libre circulación ▌ y no puede ser una condición previa para la libre circulación dentro de la Unión ni para el uso de los servicios transfronterizos de transporte de viajeros, como aviones, trenes, autocares, transbordadores o cualquier otro medio de transporte .

(26 bis)

Las vacunas contra la COVID-19 deben producirse a la escala requerida, tener un precio asequible, distribuirse a escala mundial de modo que estén disponibles allí donde sea necesario y dispensarse ampliamente en las comunidades locales. [Enm. 21/rev]

(26 ter)

La lucha contra la pandemia de COVID-19 es un requisito previo para la recuperación social y económica y para la eficacia de los esfuerzos de recuperación. El desarrollo de vacunas contra la COVID-19 resulta fundamental. Los problemas de los graves casos de incumplimiento de los calendarios de producción y entrega son muy preocupantes. [Enm. 22/rev]

(27)

Muchos Estados miembros han exigido a las personas que viajan a su territorio que se sometan a un test de detección de la infección por el SARS-CoV-2 antes o después de su llegada. Al inicio de la pandemia de COVID-19, los Estados miembros solían confiar en el test de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR), que es una prueba de amplificación del ácido nucleico (NAAT), para el diagnóstico de la COVID-19, que la OMS y el ECDC consideran el «patrón de referencia», es decir, la metodología más fiable para los test de casos y los contactos (13). A medida que avanza la pandemia, se ha puesto a disposición en el mercado europeo una nueva generación de test más rápidos y más baratos, los llamados test rápidos de antígenos, que detectan la presencia de proteínas víricas (antígenos) para diagnosticar una infección en curso. El 18 de noviembre de 2020, la Comisión adoptó la Recomendación (UE) 2020/1743 de la Comisión relativa a la utilización de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 (14).

(28)

El 22 de enero de 2021, el Consejo adoptó la Recomendación 2021/C 24/01 del Consejo relativa a un marco común para el uso y la validación de las pruebas rápidas de antígenos y el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en la UE (15), que prevé la elaboración de una lista común de test rápidos de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19. Sobre esta base, el Comité de Seguridad Sanitaria acordó, el 18 de febrero de 2021, una lista común de test rápidos de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19, una selección de test rápidos de antígenos cuyos resultados serán objeto de reconocimiento mutuo por los Estados miembros y un conjunto de datos común normalizado que debe incluirse en los certificados de resultados de los test de detección de la COVID-19 (16).

(29)

A pesar de estos esfuerzos comunes, las personas que ejercen su derecho a la libre circulación siguen encontrando problemas cuando intentan utilizar el resultado de un test obtenido en un Estado miembro en otro. Estos problemas suelen estar relacionados con la lengua en la que se expide el resultado del test, con la falta de confianza en la autenticidad del documento mostrado y con los costes de los test .

(30)

Para mejorar la aceptación de los resultados de los test realizados en otro Estado miembro al presentar dichos resultados a efectos del ejercicio de la libre circulación, debe establecerse un certificado de test interoperable que contenga la información estrictamente necesaria para identificar claramente al titular, así como el tipo, la fecha y el resultado del test de detección de la infección por el SARS-CoV-2. Para garantizar la fiabilidad de los resultados del test, solo los resultados de los test NAAT y de los test rápidos de antígenos que figuran en la lista establecida sobre la base de la Recomendación 2021/C 24/01 del Consejo deben poder obtener un certificado de test expedido sobre la base del presente Reglamento. El conjunto de datos común normalizado que debe incluirse en los certificados de resultados de los test de COVID-19 acordados por el Comité de Seguridad Sanitaria sobre la base de la Recomendación 2021/C 24/01 del Consejo, en particular las normas de códigos preferidas, debe constituir la base de las especificaciones técnicas adoptadas a efectos del presente Reglamento.

(31)

Los certificados de test expedidos por los Estados miembros de conformidad con el presente Reglamento deben ser aceptados por los Estados miembros que exijan pruebas de un test de detección de la infección por el SARS-CoV-2 con el fin de levantar las restricciones a la libre circulación establecidas para limitar la propagación de la COVID-19.

(31 bis)

Los anticuerpos del SARS-CoV-2 se producen bien después de una infección natural, con o sin enfermedad clínica, o tras la vacunación. Aunque todavía no disponemos de datos definitivos sobre la persistencia de estos anticuerpos tras la vacunación, existen abundantes pruebas de que los anticuerpos inducidos naturalmente son detectables durante varios meses después de la infección. Las pruebas de detección de anticuerpos permiten, por tanto, identificar a las personas infectadas anteriormente y que pueden haber desarrollado una respuesta inmunitaria y, por lo tanto, tienen muy pocas probabilidades de volver a infectarse o infectar a otras personas.

(32)

Según los datos existentes, las personas que se han recuperado de la COVID-19 pueden seguir dando positivo en los test de detección de la infección por el SARS-CoV-2 durante un período determinado tras el inicio de los síntomas (17). Por lo tanto, cuando estas personas deban someterse a un test al intentar ejercer la libre circulación, se les puede impedir efectivamente viajar a pesar de haber dejado de ser infecciosas. Con el fin de facilitar la libre circulación y garantizar que las restricciones a la libre circulación actualmente en vigor durante la pandemia de COVID-19 puedan levantarse de manera coordinada sobre la base de los datos científicos más recientes disponibles, debe establecerse un certificado de recuperación interoperable que contenga la información necesaria para identificar claramente a la persona afectada y la fecha del test de detección de la infección por el SARS-CoV-2. ▌Según el ECDC, los datos recientes muestran que, a pesar de la eliminación de la viabilidad del coronavirus SARS-CoV-2 entre diez y veinte días después del inicio de los síntomas, estudios epidemiológicos convincentes no han demostrado la transmisión de la enfermedad después del décimo día. No obstante, deber seguir aplicándose el principio de cautela. La Comisión debe estar habilitada para modificar el plazo de validez, tanto el momento de inicio como el de finalización, sobre la base de las orientaciones del Comité de Seguridad Sanitaria o del ECDC, que está estudiando detenidamente la base empírica que determina para la duración de la inmunidad adquirida tras la recuperación. Además, las personas deben tener la opción de someterse a pruebas muy específicas de antígenos de la proteína S, en caso de que sean asintomáticas.

(33)

Ya en la actualidad, varios Estados miembros eximen a las personas recuperadas de determinadas restricciones a la libre circulación dentro de la Unión. ▌Los Estados miembros deben aceptar la prueba de recuperación para levantar las restricciones a la libre circulación establecidas, de conformidad con el Derecho de la Unión, para limitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, como los requisitos de someterse a cuarentena, autoaislamiento o un test de detección de la infección por el SARS-CoV-2, y deben estar obligados a aceptar, en las mismas condiciones, los certificados de recuperación válidos expedidos por otros Estados miembros de conformidad con el presente Reglamento. La red de sanidad electrónica, en colaboración con el Comité de Seguridad Sanitaria, también está trabajando en unas directrices sobre los certificados de recuperación y los correspondientes conjuntos de datos.

(34)

Para poder obtener rápidamente una posición común, la Comisión debe poder pedir al Comité de Seguridad Sanitaria creado en virtud del artículo 17 de la Decisión 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (18) que dicte orientaciones sobre los datos científicos disponibles relativos a los efectos de episodios médicos documentados en los certificados establecidos de conformidad con el presente Reglamento, incluida la eficacia y duración de la inmunidad conferida por las vacunas contra la COVID-19, si las vacunas impiden la infección asintomática y la transmisión del virus, el estado de las personas que se han recuperado del virus y los efectos de las nuevas variantes del coronavirus SARS-CoV-2 sobre las personas vacunadas o ya infectadas. Esta información también podría constituir la base de las Recomendaciones del Consejo para permitir un enfoque coordinado a fin de suprimir las restricciones a la libre circulación de los titulares de certificados.

(35)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de los certificados del marco de confianza establecidos por el presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (19).

(36)

La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados relacionados con las especificaciones técnicas necesarias para establecer certificados interoperables, así lo exijan razones imperiosas de urgencia o cuando se disponga de nuevos datos científicos.

(37)

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) se aplica al tratamiento de datos personales efectuado al aplicar el presente Reglamento. El presente Reglamento establece la base jurídica para el tratamiento de los datos personales, en el sentido de los artículos 6, apartado 1, letra c), y 9, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) 2016/679, necesarios para la expedición y verificación de los certificados interoperables previstos en el presente Reglamento. No regula el tratamiento de datos personales relacionados con la documentación de una vacunación, un test o una recuperación con otros fines, como la farmacovigilancia o el mantenimiento de historiales médicos personales. La base jurídica para el tratamiento con otros fines debe establecerse en la legislación nacional, que debe cumplir la legislación de la Unión en materia de protección de datos.

(38)

En consonancia con el principio de minimización de los datos personales, los certificados deben contener únicamente los datos personales estrictamente necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación dentro de la Unión durante la pandemia de COVID-19. Las categorías específicas de datos personales y campos de datos que deben incluirse en los certificados deben establecerse en el presente Reglamento.

(39)

A efectos del presente Reglamento, no es necesario transmitir o intercambiar datos personales a través de las fronteras ▌. En consonancia con el enfoque de infraestructura de clave pública, solo es necesario transferir o acceder a través de las fronteras a las claves públicas de los emisores, lo que quedará garantizado mediante una pasarela de interoperabilidad creada y mantenida por la Comisión. En particular, la presencia del certificado en combinación con la clave pública del emisor debe permitir la verificación de la autenticidad e integridad del certificado y la detección de fraudes . Con arreglo al principio de protección de datos por defecto, deben emplearse técnicas de verificación que no requieran la transmisión de datos personales.

(40)

El presente Reglamento prohíbe la conservación de los datos personales obtenidos del certificado por el Estado miembro de destino o por ▌operadores transfronterizos de servicios de transporte de viajeros ▌. El presente Reglamento no crea una base jurídica para el establecimiento de ningún archivo de bases de datos a escala de Estado miembro o de la Unión o mediante la infraestructura digital del marco de confianza.

▌

(41 bis)

Una comunicación clara, exhaustiva y oportuna al público sobre la expedición, el uso y la aceptación de cada tipo de certificado de que se compone el certificado UE COVID-19 es crucial de cara a garantizar la previsibilidad de los viajes y la seguridad jurídica. La Comisión debe apoyar los esfuerzos de los Estados miembros a este respecto, por ejemplo, facilitando la información que proporcionen los Estados miembros en el sitio web «Re-open EU».

(42)

De conformidad con la Recomendación (UE) 2020/1475, cualquier restricción a la libre circulación de personas en la Unión establecida para limitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 debe levantarse tan pronto como lo permita la situación epidemiológica. Esto también se aplica a las obligaciones de presentar documentos distintos de los exigidos por el Derecho de la Unión, en particular la Directiva 2004/38/CE, como los certificados cubiertos por el presente Reglamento. ▌

(43)

El presente Reglamento será aplicable durante doce meses a partir de la fecha de su entrada en vigor. Cuatro meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento y, a más tardar, tres meses antes de que finalice su aplicación, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento, en particular sobre su impacto en la libre circulación, los derechos fundamentales y la protección de los datos personales, así como una evaluación de las tecnologías de vacunas y test más actualizadas, y los usos por parte de los Estados miembros del certificado UE COVID-19 para fines, sobre la base de la legislación nacional, no previstos en el presente Reglamento .

(44)

A fin de tener en cuenta la situación epidemiológica y los avances en la contención de la pandemia de COVID-19, y también para garantizar la interoperabilidad con las normas internacionales, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la aplicación de determinados artículos del presente Reglamento ▌. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen con arreglo a los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016 (21). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(45)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, facilitar la libre circulación dentro de la Unión durante la pandemia de COVID-19 mediante el establecimiento de certificados interoperables sobre el estado de vacunación, test y recuperación del titular, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(46)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales (en lo sucesivo, «la Carta»), en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, el derecho a la libre circulación y el derecho a la tutela judicial efectiva. Los Estados miembros deben cumplir la Carta al aplicar el presente Reglamento.

(46 bis)

En la medida en que los Estados miembros decidan exigir certificados digitales nacionales para fines distintos de la libre circulación a nivel nacional, estos deben ser interoperables con el certificado UE COVID-19 y respetar sus salvaguardias tal como se definen en el presente Reglamento, en particular para garantizar la no discriminación entre las diferentes nacionalidades, la no discriminación entre los distintos certificados y unos niveles elevados de protección de datos, así como para evitar la fragmentación.

(46 ter)

Los Estados miembros no deben introducir restricciones de acceso a los servicios públicos con respecto a quienes no posean los certificados cubiertos por el presente Reglamento.

(46 quater)

En el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento se publicará una lista de todas las entidades que se prevé actúen como responsables del tratamiento, encargados del tratamiento y destinatarios de los datos en ese Estado miembro, a fin de que los ciudadanos de la Unión que hagan uso del certificado UE COVID-19 sepan a qué entidad pueden dirigirse para ejercer sus derechos en materia de protección de datos con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679, en particular el derecho a recibir información transparente sobre las formas en que el interesado puede ejercer sus derechos en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

(47)

Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)y al Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) de conformidad con el artículo 42, apartado 2 , del Reglamento (UE) 2018/1725 (22).

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