<TI><P>Sobre el recurso de anulación (párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE)</P></TI>11. I.1.Para resolver sobre este recurso, al no haber definido claramente la demandante, en su escrito de recurso, el acto impugnado, procede, en primer lugar, determinar con mayor exactitud este aspecto del objeto del recurso.12.Sobre este extremo, la Comisión, en su escrito de contestación,Página 5.
sobre la base de la argumentación del recurso, llega a la conclusión de que debe considerarse que el acto impugnado lo constituye la decisión, comunicada a la demandante el 14 de junio de 1991, de no dar curso al mandamiento de retención, invocando el privilegio conferido por el artículo 1 del Protocolo. En su réplica,Página 3.
la demandante aceptó dicha interpretación. También yo la considero correcta.13.En efecto, como se desprende del tenor de las pretensiones del recurso y de un pasaje concreto de los motivosPágina 9, in fine, del recurso.
del mismo, la demandante imputó a la Comisión haber ignorado los efectos de la retención al efectuar pagos al Estado de Burkina Faso en mayo de 1991, tras la notificación del mandamiento de retención. Ahora bien, dicho comportamiento parece ser consecuencia directa del acto anteriormente definido. Por tanto, es lógico deducir de las pretensiones y de la argumentación del recurso que es la voluntad de la demandante que se anule dicho acto.14.Definida de este modo, la petición formulada en el recurso no puede ser entendida como una solicitud de autorización de una medida de apremio (en el presente caso, una retención) a efectos de la tercera frase del artículo 1 del Protocolo. Efectivamente, en principio no está excluido que un recurso de anulación del acto por el cual un organismo comunitario opone a una medida de apremio el privilegio conferido por el artículo 1 del Protocolo pueda interpretarse como una solicitud de autorización dirigida al Tribunal de Justicia.Véase el auto de 17 de diciembre de 1968, Ufficio Imposte di Consumo di Ispra (2/68, Rec. pp. 635 y ss., especialmente 639).
No obstante, este paso no puede darse en el caso presente. En efecto, del conjunto del recursoVéase el primer motivo de las pretensiones, así como las alegaciones presentadas, a este respecto, en la p. 8 del recurso.
se desprende que la demandante parte del principio de que dicha autorización no es necesaria: por una parte, en su opinión, los créditos embargados, desde el momento en que son exigibles, no forman ya parte del patrimonio del FED gestionado por la Comisión, de modo que la retención no puede considerarse una medida de apremio que afecta a los bienes o activos de las Comunidades; por otra parte, la Comisión no impugnó la validez de la retención o, al menos, no lo hizo en tiempo y forma.15.Por consiguiente, me atendré a la interpretación del objeto del recurso antes expuesta.16. 2.Con el fin de definir, asimismo, el objeto del litigio respecto a los motivos del recurso, basta recordar las alegaciones de la demandante antes mencionadas, en las que ésta impugna la necesidad de una autorización del Tribunal de Justicia. Pueden resumirse en un único motivo, según el cual la demandante estima que el acto impugnado es contrario al Derecho comunitario, ya que el privilegio invocado por la Comisión no se aplica en el presente caso.17. II.Dentro del marco así delimitado, quiero, en primer lugar, hacer algunas observaciones relativas a la admisibilidad de la petición que constituye el objeto del recurso presentado. A este respecto, la Comisión observó durante la vista oral, sin negar expresamente la admisibilidad, que el modo de proceder de la demandante provoca perplejidad en términos procesales.Acta de la vista, p. 15.
La Comisión plantea la cuestión de si es admisible, en el marco de un recurso de anulación, impugnar la legalidad de una negativa de la Comisión a dar curso a una retención cuando, de forma explícita, basó dicha negativa en el motivo según el cual la retención obstaculizaría el funcionamiento de la Comunidad. La Comisión se pregunta si no debe suscitarse previamente la autorización del Tribunal de Justicia prevista en el artículo 1 del Protocolo, para que el Tribunal de Justicia pueda examinar las objeciones de la Comisión: examinar dichas objeciones en el marco del presente litigio equivale, en su opinión, a eliminar dicha disposición.18.A mi parecer, dichas consideraciones no llevan a concluir que el presente recurso sea inadmisible. Tal y como se desprende de mi delimitación del objeto del litigio, la demandante no reprocha a la Comisión haber alegado indebidamente un obstáculo al funcionamiento y la independencia de la Comunidad. Más bien, estima que el artículo 1 del Protocolo, que debe preservar estos intereses,Véase el punto 66, más adelante.
no es aplicable al presente caso, por lo que no es necesaria ninguna autorización. Sus reproches se refieren a la calificación de la retención como medida de apremio que afecta a los bienes y activos de las Comunidades, y al hecho de que, en su opinión, la Comisión no puede invocar el artículo 1 del Protocolo, ya que no impugnó la validez de la retención, o, cuando menos, no lo hizo de modo válido. Si estuvieran justificadas las alegaciones de la demandante, de hecho, no sería necesaria ninguna autorización del Tribunal de Justicia.En este sentido, en el caso en que la medida (en el presente caso, la notificación de una cesión de salarios) no modifica la posición jurídica de la Comunidad en calidad de deudora y, por consiguiente, no afecta al funcionamiento de las Instituciones comunitarias: véase el auto de 25 de septiembre de 1963, Grands Magasins à l'Innovation (85/63, Rec. p. 397).
De este modo, al contrario de lo que sostiene la Comisión, el recurso no conduciría a soslayar el artículo 1 del Protocolo.19. III.Dado que, por consiguiente, las eventuales reservas acerca de la admisibilidad del recurso de anulación que podrían derivarse de la argumentación de la Comisión en la vista no son, en definitiva, pertinentes, examinaré ahora la fundamentación de dicho recurso.20. 1.A este respecto, procede observar, en primer lugar, que la retención practicada por la demandante constituye una medida de apremio a efectos de la tercera frase del artículo 1 del Protocolo. En efecto, si el mandamiento de retención no se anula o modifica por motivos propios del Derecho nacional, la Comisión, como gestora del FED, se encuentra, con arreglo a los artículos 1451 y 1458 del Code judiciaire belga,Ley de 10 de octubre de 1977, Moniteur Belge de 31.10.1967.
durante un período de tres años, en la imposibilidad de abonar al Estado de Burkina Faso fondos con cargo al FED, hasta la cuantía embargada. Tampoco puede abonar dichos importes a la demandante con efecto liberatorio de la deuda hasta que la retención no haya sido transformada en retención ejecutiva, conforme a los artículos 1489 y siguientes del Code judiciaire belga.21. 2.Sobre esta base, procede examinar la primera alegación de la demandante, según la cual el objeto de la medida de tal modo calificada no lo constituyen bienes o activos de la Comunidad a efectos de la tercera frase del artículo 1 del Protocolo, debido a que, desde el momento en que son exigibles, las cantidades adeudadas al Estado de Burkina Faso forman parte del patrimonio de dicho Estado y no ya del patrimonio de la Comisión.22.Cabe rechazar sin más dicha alegación. A este respecto, con razón invoca la Comisión el auto de 11 de abril de 1989, Société Générale de Banque.SA Générale de llanque/Comisión (1/88 SA, Rec. 1989, p.857).
En dicho auto, una acreedora del Estado belga había practicado una retención de bienes en poder de la Comisión que afectaba a la totalidad de las sumas, créditos, valores y objetos que las Comunidades Europeas debían o pudieran deber en lo sucesivo al Estado belga por cualquier título.Véase nota anterior, apartado 3 del auto.
La acreedora que instó la retención solicitaba al Tribunal de Justicia que declarara que el artículo 1 del Protocolo no afectaba a la retención practicada y, con carácter subsidiario, que autorizara el normal desarrollo del procedimiento de retención. Tras haber declarado ante el Tribunal de Justicia que limitaba el objeto de la retención controvertida a las cantidades adeudadas al Estado belga por las Comunidades Europeas en concepto de rentas arrendaticias, la demandante solicitó al Tribunal de Justicia que declarara, bien (con carácter principal) que no era exigible la previa autorización, bien (con carácter subsidiario) que ésta le fuera concedida tan sólo por las sumas adeudadas en concepto de arrendamientos.Apartado 6 del auto.
23.El Tribunal de Justicia desestimó la demanda principal de la demandante por los siguientes motivos:Aun cuando deba considerarse, según el Derecho nacional aplicable, que la retención recae sobre los bienes pertenecientes al patrimonio del deudor, sin retención, puede constituir una medida de apremio en el sentido del artículo 1 del Protocolo. Efectivamente, es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal de Justicia, que cualquier medida de retención de bienes que se hallen en poder de las Comunidades puede, según las circunstancias, obstaculizar el funcionamiento y la independencia de éstas (apartado 9).
24.Habida cuenta de dichos motivos, la referida alegación de la demandante no puede ser acogida.25. 3.En su segunda alegación, la demandante invoca el artículo 1452 del Code judiciaire y alega que la Comisión no hizo nada por impugnar la validez de dicha retención, con excepción de su carta de 14 de junio de 1991, la cual no puede asimilarse a una declaración de tercero embargado a efectos de la disposición antes citada y es posterior a la expiración del plazo establecido. Dicha alegación plantea la cuestión de si la Comisión debe invocar el privilegio que le confiere el artículo 1 del Protocolo en la forma y dentro de los plazos establecidos por una disposición como el artículo 1452 del Code judiciaire, so pena de perder dicho privilegio o, al menos, la posibilidad de alegarlo.26.A mi parecer, procede responder de forma negativa a dicha cuestión. Como queda dicho, la retención constituye una medida de apremio que está comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 del Protocolo. La obligación del tercero embargado de realizar la declaración prevista en el artículo 1452 del Code judiciaire es consecuencia de dicha retención.Véase de Levai, G.: La saisie-arrêt, Lieja, 1976, p. 217, no 142.
Por consiguiente, forma parte de los efectos que una medida de apremio tenga según el Derecho nacional aplicableVéase el auto del Tribunal de justicia de 17 de junio de 1987, Universe Tankship/Comisión (1/87 SA, Rec. p. 2807 apartado 3).
y que el artículo 1 del Protocolo persigue evitar a las Comunidades, salvo si existiera un caso reconocido de excepción al principio de la inmunidad de ejecución. Por consiguiente, el obstáculo que resulta de dicha disposición contra las medidas de apremio contempladas únicamente podría superarse por el mencionado comportamiento de la Comisión si el Derecho comunitario, para los fines de tal excepción al principio establecido en la referida disposición, remitiera al Derecho interno (es decir, a disposiciones tales como el artículo 1452 del Code judiciaire).27.Ahora bien, dicha circunstancia no concurre en el presente caso. No cabe apreciar en ningún lugar la existencia de una remisión expresa. Y, a mi parecer, tampoco puede admitirse una remisión implícita, puesto que ello sería manifiestamente contrario al objetivo del artículo 1 del Protocolo. Por una parte, con ello se daría a los Estados miembros, frente a las medidas de los cuales, precisamente, se persigue proteger a la Comunidad mediante dicha disposición, una influencia en el alcance de la protección de tal modo garantizada. Por otra parte, ello conduciría a que el principio de la inmunidad de ejecución tuviera un alcance distinto entre un Estado miembro y otro, lo cual, una vez más, es incompatible con el espíritu de la citada disposición. Efectivamente, el fin que se persigue consiste en conseguir una aplicación uniforme de dicho principio, como lo acredita la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, la alegación de la demandante no resiste un examen a la luz del artículo 1 del Protocolo.28.En aras de la exhaustividad, deseo añadir que, además, el fin del artículo 1452 del Code judiciaire no parece ser, en absoluto, adoptar disposiciones que establezcan una excepción al principio de la inmunidad de ejecución. Más bien parece que su fin consiste en garantizar que el acreedor que solicitó la retención sea informado con exactitud acerca de las relaciones jurídicas existentes entre el deudor principal y el tercero embargado, para que pueda decidir sobre su ulterior proceder con conocimiento de las circunstancias.De Levai, op. cit.; Chabot, Léonard: Saisie consetvatoire et saisie-exécution, Bruselas, 1979, p. 274.
29.Por todos estos motivos, el hecho de que la Comisión no observara la forma y el plazo establecidos en el artículo 1452 del Code judiciaire para alegar sus privilegios no cuestiona dichos privilegios ni la posibilidad de invocarlos.30. 4.Además de examinar los dos puntos de vista mencionados hasta este punto, la argumentación de la demandante me da pie para examinar un problema adicional. Cuando la demandante basa su recurso de anulación en el hecho de que la Comisión no hizo nada por impugnar la validez de la retención, ello plantea la cuestión de saber en qué medida el silencio de la Comisión entre la notificación del mandamiento de retención, en marzo de 1991, y el envío de su carta de 14 de junio de 1991 influye en el privilegio conferido por el artículo 1 del Protocolo. En efecto, no es de extrañar que la demandante invoque, a este respecto, el auto del Tribunal de Justicia en el auto Universe Tankship.Véase nota 19 supra.
En dicho auto, un acreedor del Estado belga pretendía proceder a una retención de cantidades que la Comisión debía a dicho Estado. Solicitó la correspondiente autorización del Tribunal de Justicia. A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró (apartados 4 a 7 del auto):La protección jurídica prevista por el procedimiento de autorización que debe conceder el Tribunal de Justicia excedería su finalidad cuando la Institución que haya de practicar la retención estime no tener motivos para oponerse a la retención de bienes.
Por consiguiente, sólo en el caso en que la Institución Comunitaria afectada plantee objeciones basadas en la alegación de que la proyectada retención de bienes puede obstaculizar el buen funcionamiento y la independencia de las Comunidades, el deudor interesado puede plantear ante el Tribunal de Justicia una solicitud de autorización basada en el artículo 1 del Protocolo citado.
En este caso, la Comisión de las Comunidades Europeas, en las observaciones presentadas ante el Tribunal el 26 de febrero de 1987, declara no tener objeciones en cuanto a la retención de bienes cuya autorización solicita la recurrente.
Por lo tanto, en el momento actual del procedimiento instado por la parte demandante, la solicitud de autorización carece de objeto.
31.Del mismo modo, el Tribunal de Justicia declaró, en el asunto Société anonyme X,Auto de 11 de mayo de 1971, SA X (1/71, Rec. p. 363).
tratándose de la autorización solicitada por el acreedor de una funcionaria comunitaria que pretendía practicar una retención ejecutiva sobre el salario de dicha funcionaría (apartados 7 a 9):La protección jurídica que dicha autorización tiene por objeto conceder excedería de sus fines cuando la Institución tercera embargada estima no tener motivos para oponerse a la obligación de pagar a un acreedor de uno de sus funcionarios la totalidad o parte de las cantidades que debe o deberá a este último;
que si, por el contrario, la Institución se opusiera a la práctica de dicha retención de bienes en poder de tercero, o posteriormente estimara deber oponerse al desarrollo o la ejecución de dicha retención, correspondería al Tribunal de Justicia, a petición de los interesados, pronunciarse al respecto;
que, en consecuencia, en la fase actual del procedimiento entablado por la parte demandante, la solicitud de autorización carece de objeto.
32.¿Significa todo ello que el silencio observado por la Comisión respecto de la notificación del mandamiento de retención suprime el privilegio conferido por la tercera frase del artículo 1 del referido Protocolo?33.Dicha cuestión se plantea habida cuenta del hecho de que la Comisión, mediante carta de 17 de abril de 1991, acusó recibo del mandamiento de retención, sin pronunciarse en modo alguno sobre la cuestión de si invocaría el artículo 1 del Protocolo o no.34.Para resolver este problema, procede recordar el sistema de la tercera frase del artículo 1 del Protocolo. En dicho sistema cabe advertir la existencia de dos niveles: la norma según la cual los bienes y activos de las Comunidades no podrán ser objeto de ninguna medida de apremio administrativo o judicial; la excepción, según la cual ello no se aplica en caso de autorización del Tribunal de Justicia.35.De conformidad con este sistema, la Comunidad queda protegida contra las medidas de apremio siempre y cuando el Tribunal de Justicia haya concedido autorización.36.Si, a continuación, se confronta dicho sistema con la jurisprudencia antes expuesta, se observa que, desde el punto de vista del Tribunal de Justicia, la norma contenida en la tercera frase del artículo 1 —aparte del caso de una autorización del Tribunal de Justicia— puede estar sometida a otra excepción. Se trata del caso en que la Institución afectada estime no tener motivos para oponerse a la retención de bienes.Auto en el asunto Universe Tankship, apartado 4; en términos similares, auto en el asunto SA X, apartado 7.
37.Como subraya con razón la doctrina,Véase Schmidt, S. C: Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés curopénnes, Cahiers de droit européen, 1991, pp. 67 y ss., especialmente p. 69.
ello significa que la tercera frase del artículo 1 del Protocolo no es aplicable a partir del momento en que la Institución misma ha renunciado a la protección de dicha disposición. No obstante, a la hora de aplicar la excepción definida de ese modo, procede observar que el mecanismo estricto normaexcepción contenido en la disposición mencionada ofrece un alto grado de seguridad jurídica, necesaria en un ámbito tan sensible como el de las medidas de apremio, tanto desde el punto de vista de los intereses comunitarios protegidos como de los intereses del ciudadano que promueve la medida de apremio. Por la misma razón, es necesario garantizar el mismo grado de seguridad jurídica en el caso de la renuncia.38.De ello se deduce necesariamente que, para que dicha renuncia pueda eliminar el obstáculo de la tercera frase del artículo 1 del Protocolo, debe haber sido expresada de forma clara e inequívoca.39.Este criterio cuenta con el respaldo de textos análogos del Derecho internacional público, en los que se establece una regulación positiva del caso de la renuncia.40.La Convención general sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones UnidasConvención de 13 de febrero de 1946, Recopilación de los tratados, Vol. 1, p. 15.
(sección 2) dispone lo siguiente:Las Naciones Unidas, así como sus bienes y haberes en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad.
41.La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 18 de abril de 1961,Recopilación de los tratados, tomo 500, p. 95.
en el apartado 1 del artículo 22, dispone:Los locales de la misión son inviolables. Las gentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión.
42.En los autos del Tribunal de Justicia antes mencionados y, en especial, en el auto dictado en el asunto Universe Tankship no se cuestiona la conclusión según la cual es necesaria una renuncia clara e inequívoca. No obstante, es cierto que en el apartado 5 del referido auto se lee:sólo en el caso en que la Institución Comunitaria afectada plantee objeciones basadas en la alegación de que la proyectada retención de bienes puede obstaculizar el buen funcionamiento y la independencia de las Comunidades, el deudor interesado puede plantear ante el Tribunal de Justicia una solicitud de autorización basada en el artículo 1 del Protocolo citado.
43.No obstante, dicha consideración se explica por la fase en que fue dictado el mencionado auto del Tribunal de Justicia. La retención de bienes de que se trata había sido únicamente proyectada. Efectivamente, en esa fase no es ninguna autorización necesaria todavía (y, por lo tanto, la correspondiente solicitud carece de objeto), a menos que la Institución interesada, con carácter preventivo, ya hubiese planteado objeciones contra la medida proyectada e invocado al efecto el artículo 1 del Protocolo. Sólo cuando la retención haya sido notificada a la Institución y, de ese modo, ésta haya tenido la posibilidad de adoptar una postura acerca de dicha medida concreta (en especial, examinar la posibilidad de renunciar a los derechos conferidos por el artículo 1 del Protocolo), puede ser necesaria una autorización.También entiendo así el auto en el asunto SA X.
44.Si, a continuación, se examina el caso presente a la luz de todo lo anterior, se llega a la conclusión de que la Comisión no manifestó en ningún momento, de manera positiva —aunque sólo fuese de modo implícito — , que estuviera de acuerdo con la retención, desde el punto de vista del artículo 1 del Protocolo (y que, en consecuencia, renunciaba a los derechos conferidos por dicha disposición). El mero silencio no es suficiente, al menos a falta de circunstancias especiales que pudieran hacerlo parecer un consentimiento, para eliminar el obstáculo establecido en dicha disposición.45.5. Dado que, en consecuencia, no es pertinente ninguna de las alegaciones formuladas en apoyo del recurso de anulación, dicho recurso debe desestimarse por infundado.