Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava, en formación de cinco Jueces)
de 15 de julio de 2026 (*)
« Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania — Inmovilización de fondos — Restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros — Lista de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y que están sujetos a restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros — Inclusión y mantenimiento del nombre del demandante en la lista — Artículo 2, apartado 1, letra h), inciso i), de la Decisión 2014/145/PESC — Concepto de “persona que facilita la infracción de la prohibición de eludir” medidas restrictivas — Criterio basado en un comportamiento que puede ser constitutivo de una infracción penal — Ámbito de aplicación territorial del Reglamento (UE) n.º 269/2014 — Seguridad jurídica — Proporcionalidad — Error de apreciación »
En el asunto T‑492/24,
Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, con domicilio en Minsk (Bielorrusia), representado por los Sres. E. Épron, A. Genko, C. Gimbert y M. Dechamps, abogados,
parte demandante,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por las Sras. D. Laurent y S. Lejeune, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyado por
Reino de Bélgica, representado por las Sras. C. Pochet, M. Van Regemorter y L. Jans, en calidad de agentes,
y por
Comisión Europea, representada por el Sr. A. de Elera-San Miguel Hurtado y la Sra. L. Puccio, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava, en formación de cinco jueces),
integrado por el Sr. I. Gâlea (Ponente), Presidente, y la Sra. M. J. Costeira, el Sr. T. Tóth y las Sras. B. Ricziová y L. Spangsberg Grønfeldt, Jueces;
Secretario: Sr. L. Ramette, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:
– la demanda, presentada en la Secretaría del Tribunal General el 20 de septiembre de 2024;
– los escritos de adaptación, presentados en la Secretaría del Tribunal General los días 31 de octubre de 2024, 26 de mayo y 17 de noviembre de 2025;
– la petición de la parte demandante de que se omitan determinados datos del expediente frente al público, presentada en la Secretaría del Tribunal General el 23 de julio de 2025;
celebrada la vista el 10 de febrero de 2026;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, el Sr. Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, demandante, solicita la anulación de los siguientes actos, en la medida en que incluyen o mantienen su nombre en las listas de personas y entidades recogidas en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16), y en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 269/2014, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6) (en lo sucesivo, «listas controvertidas»):
– en primer término, la Decisión (PESC) 2024/1843 del Consejo, de 28 de junio de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO L, 2024/1843), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1842 del Consejo, de 28 de junio de 2024, por el que se aplica el Reglamento n.º 269/2014 (DO L, 2024/1842) (en lo sucesivo, conjuntamente «actos de junio de 2024»);
– en segundo término, la Decisión (PESC) 2024/2456 del Consejo, de 12 de septiembre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO L, 2024/2456), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2455 del Consejo, de 12 de septiembre de 2024, por el que se aplica el Reglamento n.º 269/2014 (DO L, 2024/2455) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de septiembre de 2024»);
– en tercer término, la Decisión (PESC) 2025/528 del Consejo, de 14 de marzo de 2025, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO L, 2025/528), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/527 del Consejo, de 14 de marzo 2025, por el que se aplica el Reglamento n.º 269/2014 (DO L, 2025/527) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de marzo de 2025»);
– en cuarto término, la Decisión (PESC) 2025/1895 del Consejo, de 12 de septiembre de 2025, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO L, 2025/1895), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1894 del Consejo, de 12 de septiembre de 2025, por el que se aplica el Reglamento n.º 269/2014 (DO L, 2025/1894) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de septiembre de 2025» y, junto con los actos de junio de 2024, de septiembre de 2024 y de marzo de 2025, «actos impugnados»).
I. Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
2 El demandante tiene nacionalidad rusa.
3 El presente asunto se inscribe en el marco de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
4 El 17 de marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión 2014/145, sobre la base del artículo 29 TUE, y el Reglamento n.º 269/2014, sobre la base del artículo 215 TFUE, apartado 2. Mediante estos actos, previó medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
5 El 25 de febrero de 2022, el Consejo adoptó, por un lado, la Decisión (PESC) 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 50, p. 1), y, por otro lado, el Reglamento (UE) 2022/330, por el que se modifica el Reglamento n.º 269/2014 (DO 2022, L 51, p. 1). Mediante estos actos, modificó los criterios de inclusión en las listas controvertidas previstos en el artículo 2, apartado 1, letras a) a g), de la Decisión 2014/145 y en el artículo 3, apartado 1, letras a) a g), del Reglamento n.º 269/2014, autorizando la inmovilización de los fondos de las personas incluidas en esas listas. El artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, prohíbe la entrada en el territorio de los Estados miembros o el tránsito por ellos a las personas físicas que cumplan criterios sustancialmente idénticos a los establecidos en el artículo 2, apartado 1, de dicha Decisión.
6 El 8 de abril de 2022, el Consejo añadió el nombre del Sr. Oleg Vladimirovich Deripaska en las listas controvertidas mediante, por un lado, la Decisión (PESC) 2022/582, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 110, p. 55), y, por otro lado, el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/581, por el que se aplica el Reglamento n.º 269/2014 (DO 2022, L 110, p. 3).
7 El 6 de octubre de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/1907, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 259 I, p. 98), cuyo considerando 7 tenía el siguiente tenor:
«El Consejo considera que facilitar la violación de la prohibición contra la elusión de determinadas medidas restrictivas de la Unión puede contribuir a desestabilizar Ucrania o a socavar su integridad territorial, soberanía e independencia. Por consiguiente, el Consejo considera necesario introducir un nuevo criterio de inclusión en la lista dirigido específicamente a dicha facilitación.»
8 De este modo, mediante esta Decisión, el Consejo añadió un nuevo criterio de inclusión en las listas controvertidas en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145, modificando esta disposición del siguiente modo:
«1. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
[…]
h) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que faciliten la elusión de lo dispuesto en la presente Decisión, los Reglamentos […] n.º 269/2014, (UE) n.º 692/2014, (UE) n.º 833/2014 o (UE) 2022/263 o las Decisiones 2014/386/PESC, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266 del Consejo.»
9 Mediante esa misma Decisión, el Consejo también añadió, en el artículo 1, apartado 1, letra f), de la Decisión 2014/145, un criterio de prohibición de entrada en el territorio de los Estados miembros o el tránsito por ellos, sustancialmente idéntico al previsto, con respecto a la inmovilización de fondos y recursos económicos, en el artículo 2, apartado 1, letra h), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/1907.
10 El 6 de octubre de 2022, el Consejo también adoptó el Reglamento (UE) 2022/1905, por el que se modifica el Reglamento n.º 269/2014 (DO 2022, L 259 I, p. 76). Mediante ese Reglamento, el Consejo añadió al artículo 3, apartado 1, letra h), del Reglamento n.º 269/2014, el criterio previsto en el artículo 2, apartado 1, letra h), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/1907, cuya redacción es idéntica a la que figura en el apartado 8 de la presente sentencia.
11 El 23 de junio de 2023, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2023/1218, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2023, L 159 I, p. 526). Mediante esta Decisión, el Consejo modificó, en particular, el artículo 2, apartado 1, letra h), de la Decisión 2014/145. En su versión modificada por la Decisión 2023/1218, el artículo 2, apartados 1 y 2, de la Decisión 2014/145 tiene el siguiente tenor:
«1. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
[…]
h) personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que:
i) faciliten cualquier infracción de la prohibición de eludir las disposiciones de la presente Decisión, o de las Decisiones 2014/386/PESC, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266, o de los Reglamentos […] n.º 269/2014, […] n.º 692/2014, […] n.º 833/2014 o […] 2022/263, o
ii) burlen significativamente de otro modo dichas disposiciones [.]
[…]
2. No se pondrán fondos ni recursos económicos, directa ni indirectamente, a disposición ni en beneficio de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se incluyan en la lista del anexo.»
12 El criterio aplicable a la inmovilización de fondos y de recursos económicos que establece el artículo 2, apartado 1, letra h), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2023/1218, corresponde en esencia al que está previsto, con respecto a la prohibición de entrada en el territorio de los Estados miembros o el tránsito por ellos, en el artículo 1, apartado 1, letra f), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2023/1218.
13 El 23 de junio de 2023, el Consejo adoptó asimismo el Reglamento (UE) 2023/1215 por el que se modifica el Reglamento n.º 269/2014 (DO 2023, L 159 I, p. 330), mediante el que modificó el criterio establecido en el artículo 3, apartado 1, letra h), del Reglamento n.º 269/2014, en términos sustancialmente idénticos a los que figuran en el apartado 11 de la presente sentencia.
14 El 28 de junio de 2024, el Consejo adoptó los actos de junio de 2024. Mediante estos actos, incluyó el nombre del demandante en las listas controvertidas, imponiéndole así las medidas de inmovilización de fondos y las restricciones a la circulación en el territorio de los Estados miembros de la Unión recordadas en el apartado 5 de la presente sentencia. Los motivos invocados contra el demandante estaban redactados en los siguientes términos:
«Dimitry Beloglazov es el propietario de LLC Titul, con sede en Rusia, la cual ha creado una filial, la sociedad anónima Iliadis [Joint Stock Company (JSC) Iliadis], también con sede en Rusia, con la finalidad de adquirir la participación de Oleg Deripaska en la sociedad internacional por acciones (International LLC MKAO “Rasperia Trading Limited”) (“Rasperia”), igualmente con sede en Rusia. Rasperia posee 28,5 millones de acciones de la sociedad europea STRABAG SE. Esas acciones han quedado inmovilizadas porque Rasperia estaba controlada por Oleg Vladimirovich Deripaska, persona sujeta a medidas restrictivas de la Unión.
Oleg Deripaska concertó con Dimitry Beloglazov un complejo mecanismo de elusión para vender las acciones inmovilizadas de STRABAG. A tal fin, la sociedad de Beloglazov, LLC Titul, creó una filial, JSC Iliadis, la cual adquirió la participación de Deripaska en Rasperia y, por tanto, también las acciones inmovilizadas de STRABAG. Deripaska obtuvo un beneficio económico equivalente por la venta de Rasperia.
Dimitry Beloglazov y las empresas implicadas, LLC Titul, JSC Iliadis y Rasperia, utilizaron este mecanismo para vender, fuera de la Unión, una empresa no perteneciente a la Unión controlada por una persona incluida en la lista y propietaria de acciones inmovilizadas de una empresa de la Unión, con el único propósito de dejar sin efecto la inmovilización de estas acciones en la Unión, eludiendo así las medidas restrictivas de la Unión.
Por consiguiente, Dimitry Beloglazov posibilita que se infrinja la prohibición de elusión del Reglamento […] n.º 269/2014.»
15 El artículo 6, párrafo segundo, de la Decisión 2014/145, en su versión vigente en el momento de la adopción de los actos de junio de 2024, establecía que dicha Decisión se «aplicará hasta el 15 de septiembre de 2024».
16 Mediante escrito dirigido al Consejo el 25 de julio de 2024, el demandante solicitó que se le comunicara toda la información y todas las pruebas en las que se basaba la inclusión de su nombre en las listas controvertidas. El 2 de agosto de 2024, el Consejo respondió al demandante y le remitió el expediente de pruebas con referencia WK 8700/2024 REV 1 (en lo sucesivo, «expediente WK»).
17 El 12 de septiembre de 2024, el Consejo adoptó los actos de septiembre de 2024, mediante los que mantuvo el nombre del demandante en las listas controvertidas hasta el 15 de marzo de 2025, sin modificar los motivos transcritos en el apartado 14 de la presente sentencia. La adopción de estos actos fue notificada a los representantes del demandante mediante escrito de 13 de septiembre de 2024.
18 Mediante escrito dirigido al Consejo el 31 de octubre de 2024, el demandante presentó al Consejo una solicitud para que se reconsideraran las medidas restrictivas que le afectaban.
19 El 14 de marzo de 2025, el Consejo adoptó los actos de marzo de 2025, mediante los que mantuvo el nombre del demandante en las listas controvertidas hasta el 15 de septiembre de 2025, sin modificar los motivos transcritos en el apartado 14 de la presente sentencia. El Consejo informó al demandante de la adopción de dichos actos mediante escrito de 17 de marzo de 2025, en el que también indicó que respondía a las observaciones del demandante de 31 de octubre de 2024.
20 Mediante escrito dirigido al Consejo el 23 de mayo de 2025, el demandante presentó al Consejo una solicitud para que se reconsideraran las medidas restrictivas que le afectaban.
21 El 12 de septiembre de 2025, el Consejo adoptó los actos de septiembre de 2025, mediante los que mantuvo el nombre del demandante en las listas controvertidas hasta el 15 de marzo de 2026, sin modificar los motivos transcritos en el apartado 14 de la presente sentencia. El Consejo informó al demandante de la adopción de dichos actos mediante escrito de 15 de septiembre de 2025, en el que también indicó que respondía a las observaciones del demandante de 23 de mayo de 2025.
II. Pretensiones de las partes
22 En esencia, el demandante solicita al Tribunal General que:
– Anule los actos impugnados, en la medida en que le afectan.
– Condene en costas al Consejo.
23 El Consejo solicita al Tribunal General que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas al demandante.
– Con carácter subsidiario, en caso de que el Tribunal General anule la Decisión 2024/2456 o la Decisión 2025/1895, mantenga los efectos de estas respecto del demandante hasta la expiración del plazo previsto para interponer un recurso de casación o, si se interpone un recurso de casación, hasta que sea desestimado.
24 El Reino de Bélgica y la Comisión Europea solicitan que se desestime el recurso y la Comisión solicita además que se condene en costas al demandante.
III. Fundamentos de Derecho
A. Sobre la solicitud de omisión de determinados datos frente al público
25 Durante el procedimiento ante el Tribunal General, el demandante ha solicitado, en esencia, que determinados datos contenidos en los documentos obrantes en autos se omitan frente al público en la presente sentencia, con arreglo a los artículos 66 y 66 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
26 A este respecto, procede recordar que, al conciliar la publicidad de las resoluciones judiciales y el derecho a la protección de los datos personales y del secreto comercial, el juez debe perseguir, en las circunstancias de cada caso concreto, el justo equilibrio, tomando asimismo en consideración el derecho del público a acceder, con arreglo a los principios enunciados en el artículo 15 TFUE, a las resoluciones judiciales (véase la sentencia de 27 de abril de 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz — Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Comisión, T‑4/20, EU:T:2022:242, apartado 29 y jurisprudencia citada). En efecto, la publicidad de las resoluciones judiciales tiene por finalidad permitir el control de la justicia por parte del público y constituye una garantía procesal fundamental contra la arbitrariedad (véase la sentencia de 11 de junio de 2025, Hitit Seramik/Comisión, T‑230/23, no publicada, EU:T:2025:579, apartado 15 y jurisprudencia citada).
27 Además, no está justificada la omisión de un elemento frente al público, por ejemplo, cuando se trata de información que ya es pública o a la que el público en general o ciertos medios especializados pueden tener acceso, cuando la información figura también en otros pasajes o documentos obrantes en autos respecto de los cuales la parte que desea que se mantenga la confidencialidad de la información en cuestión no ha formulado una solicitud a tal fin, cuando la información no es lo suficientemente específica o precisa como para revelar datos confidenciales o cuando se trata de información que se desprende en gran medida o se deduce de otra información a la que los interesados pueden acceder lícitamente [véase, en ese sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2024, Crédit agricole y otros/Comisión (Bonos supranacionales, soberanos y de agencia), apartado 51 y jurisprudencia citada].
28 En primer lugar, no procede estimar la solicitud del demandante en lo que respecta a los datos cuya omisión frente al público se solicita y que no se han utilizado en la presente sentencia.
29 Así sucede, en primer término, con los dictámenes jurídicos emitidos por bufetes de abogados aportados como anexos A.4 y A.5 de la demanda; en segundo término, con las solicitudes presentadas por el demandante ante las autoridades austriacas aportadas como anexos A.6 a A.8 de la demanda; en tercer término, con el escrito de una empresa de auditoría aportado como anexo C.4 de la réplica; en cuarto término, con un informe sobre el demandante aportado por el Consejo como anexo B.25 del escrito de contestación; en quinto término, con determinada información recogida en extractos del registro ruso de sociedades aportados como anexo AD2.3 al segundo escrito de adaptación y, en sexto término, con los escritos del demandante al Consejo mencionados en los apartados 18 y 20 de esta sentencia, aportados, respectivamente, como anexos AD2.6 y AD2.7 del segundo escrito de adaptación.
30 En segundo lugar, el demandante solicita que se omita el contrato tripartito celebrado por la sociedad MKAO Rasperia Trading Limited (en lo sucesivo, «Rasperia») con, por una parte, el banco austriaco Raiffeisen Bank International (en lo sucesivo, «RBI Austria») y, por otra parte, la filial rusa de dicho banco (en lo sucesivo, «Raiffeisen Rusia»), aportado como anexo A.3 de la demanda (en lo sucesivo, «acuerdo tripartito»). Procede señalar que ese documento contiene secretos comerciales y que existe un interés legítimo en que estos no se divulguen al público. Dicho esto, el acuerdo tripartito tiene por objeto una operación que presenta un estrecho vínculo con aquella a la que se refiere el Consejo en la exposición de los motivos invocados contra el demandante, relativa a la creación por este último de la sociedad JSC Iliadis (en lo sucesivo, «Iliadis») para adquirir la participación del Sr. Deripaska en Rasperia, que a su vez posee 28,5 millones de acciones de la sociedad austriaca Strabag SE (en lo sucesivo, «operación de que se trata»). En consecuencia, dado que el acuerdo tripartito está estrechamente relacionado con la operación de que se trata, que constituye el fundamento fáctico de los actos impugnados, es necesario que algunos pasajes de la presente sentencia se refieran a él.
31 En estas circunstancias, únicamente procede estimar la solicitud del demandante relativa al acuerdo tripartito si la exigencia de control de la justicia por el público no se opone a ello y si la información de que se trata no es accesible al público o no figura en otros documentos del expediente que no hayan sido objeto de una solicitud de omisión de datos por parte del demandante.
32 A este respecto, si bien el demandante invoca, en particular, el carácter confidencial del precio y las condiciones suspensivas recogidas en el acuerdo tripartito, es preciso señalar que esos datos se han publicado, al menos en parte, en un comunicado de prensa de RBI Austria de 19 de diciembre de 2023, que es un documento público que el propio demandante aportó como anexo C.5 de la réplica. Por consiguiente, el Tribunal General entiende que no procede estimar la solicitud del demandante relativa a la omisión de esos datos frente al público.
33 Por último, el demandante solicita que se omitan los datos recogidos en los documentos que presentó ante el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú (Rusia), y que aportó como anexos AD.2 y AD.3 del primer escrito de adaptación, en el procedimiento que inició ante dicho Tribunal para obtener la supresión de los efectos de la operación de que se trata.
34 A este respecto, ha de considerarse que el demandante tiene un interés legítimo en que tales datos, relativos a un procedimiento judicial que le concierne, no sean divulgados al público. Sin embargo, es preciso señalar asimismo que ese procedimiento constituye el fundamento de una alegación mediante la cual pone en entredicho el carácter fundado de los actos impugnados, aseverando que, dado que fue él quien inició el mencionado procedimiento y que este ha dado lugar a la supresión de los efectos de la operación de que se trata, esa operación no puede justificar ni la inclusión ni el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas mediante dichos actos.
35 En estas circunstancias, a la luz de las exigencias de control de la justicia por el público, el Tribunal General considera necesario examinar la cuestión del procedimiento ante el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú, en particular su objeto y los motivos por los que se inició, evitando al mismo tiempo, en la medida de lo posible, referirse detalladamente a los datos recogidos en los anexos AD.2 y AD.3 del primer escrito de adaptación. Por lo tanto, procede estimar, en esta medida, la solicitud de omisión de datos relativos a dichos anexos.
B. Sobre la pretensión de anulación de los actos impugnados
36 En apoyo de su pretensión de anulación de los actos impugnados, el demandante invoca cinco motivos, basados, el primero, en la ilegalidad del criterio establecido en los artículos 1, apartado 1, letra f), inciso i), y 2, apartado 1, letra h), inciso i), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2023/1218, y en el artículo 3, apartado 1, letra h), inciso i), del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2023/1215 [en lo sucesivo, «primera parte del criterio h)»]; el segundo, en un error de apreciación; el tercero, en la vulneración del derecho de defensa y del principio de seguridad jurídica; el cuarto, en una vulneración desproporcionada de los derechos fundamentales, y, el quinto, en la violación del principio de proporcionalidad.
37 Además, en el tercer escrito de adaptación, en el que extendió su pretensión de anulación a los actos de septiembre de 2025, el demandante invoca un sexto motivo, basado en un vicio de procedimiento derivado del incumplimiento, por parte del Consejo, de su obligación de revisar las medidas restrictivas de que se trata.
1. Primer motivo, basado en la ilegalidad de la primera parte del criterio h)
38 El presente motivo se divide en dos partes, basadas, la primera, en la violación del principio de seguridad jurídica y, la segunda, en la violación del principio de proporcionalidad.
39 Con carácter preliminar, procede recordar que, en virtud del artículo 277 TFUE, cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el artículo 263 TFUE, párrafo segundo.
40 El artículo 277 TFUE constituye la expresión de un principio general que garantiza a cualquiera de las partes, para obtener la anulación de un acto contra el que pueda interponer un recurso, el derecho a impugnar por vía incidental la validez de los actos institucionales anteriores que constituyen la base jurídica del acto recurrido, si la parte en cuestión no estaba legitimada para interponer, al amparo del artículo 263 TFUE, un recurso directo contra dichos actos, cuyas consecuencias sufriría de este modo sin haber tenido la posibilidad de solicitar su anulación. El acto general cuya ilegalidad se invoca debe ser aplicable, directa o indirectamente, al caso objeto del recurso y debe existir un vínculo jurídico directo entre la decisión individual impugnada y el acto general de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de febrero de 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo, T‑14/14 y T‑87/14, EU:T:2017:102, apartado 55 y jurisprudencia citada).
41 Por lo que respecta a la intensidad del control jurisdiccional, según reiterada jurisprudencia, los tribunales de la Unión deben, de conformidad con las competencias de que están investidos con arreglo al Tratado FUE, garantizar un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos de la Unión desde el punto de vista de los derechos fundamentales que forman parte integrante de los principios generales del Derecho de la Unión. Esta exigencia se consagra expresamente en el artículo 275 TFUE, párrafo segundo (véanse las sentencias de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Fulmen y Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, apartado 58 y jurisprudencia citada, y de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 65 y jurisprudencia citada).
42 No es menos cierto que el Consejo dispone de un amplio margen de apreciación para definir de manera general y abstracta los criterios jurídicos y las modalidades de adopción de las medidas restrictivas (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, apartado 41 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, las normas de alcance general que definen dichos criterios y modalidades, como las disposiciones que establecen el criterio controvertido a que se refiere el presente motivo, son objeto de un control jurisdiccional restringido, que se limita a comprobar la observancia de las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto en la apreciación de los hechos y de desviación de poder (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado y 35 y jurisprudencia citada). Este control limitado se aplica, en particular, a la valoración de las consideraciones de oportunidad sobre las que se basa la adopción de tales medidas (véase la sentencia de 15 de junio de 2017, Kiselev/Consejo, T‑262/15, EU:T:2017:392, apartado 61 y jurisprudencia citada).
43 Procede apreciar a la luz de estas consideraciones la argumentación desarrollada por el demandante en las dos partes del primer motivo, basado en la ilegalidad de la primera parte del criterio h), que el Consejo no niega que constituye la base jurídica en la que se fundamentan la inclusión y el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas, llevados a cabo mediante los actos impugnados.
a) Sobre la supuesta violación del principio de seguridad jurídica
44 Según el demandante, la primera parte del criterio h) infringe las exigencias que se derivan del principio de seguridad jurídica, debido a su carácter impreciso e imprevisible. Alega que el verbo «facilitar» que se emplea en esa disposición no está definido, de manera que da cabida a una interpretación más o menos amplia, sin que sea posible conocer, con carácter previo, la intensidad del vínculo exigido entre, por una parte, una persona que pueda cumplir ese criterio y, por otra parte, una situación de elusión de medidas restrictivas.
45 Además, dado que, en su opinión, la práctica de eludir medidas restrictivas constituye una infracción penal en los Estados miembros, el concepto de «facilitación» de dicha práctica remite a la idea de complicidad en la comisión de esa infracción. Ahora bien, en materia penal, la comisión de un delito —que permite detener a los cómplices del mismo— debe determinarse sobre la base de una investigación judicial, lo cual no sucede cuando el Consejo decide aplicar la primera parte del criterio h). En consecuencia, es posible que ciertas personas queden comprendidas en el ámbito de esa primera parte del criterio h) sin que exista una condena penal previa, lo cual la hace imprevisible.
46 Según el demandante, la interpretación que el Consejo propone de la primera parte del criterio h) pone de manifiesto la falta de claridad de este último y su carácter imprevisible. Alega que, por un lado, el Consejo sostiene que la primera parte del criterio h) solo se refiere a las personas que facilitan la infracción de las disposiciones que prohíben la elusión, a saber, el artículo 9 del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, lo que presupone la existencia de una elusión efectiva, y, por otro lado, alega que el criterio h) no exige que se pruebe la existencia de una infracción de elusión.
47 El Consejo, apoyado por el Reino de Bélgica y por la Comisión, rebate las alegaciones del demandante.
48 Según la jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica, que es un principio general del Derecho de la Unión, implica que la legislación de la Unión debe ser clara y precisa y su aplicación previsible para los justiciables (véase la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 42 y jurisprudencia citada).
49 No obstante, estos requisitos no pueden interpretarse en el sentido de que se oponen a que una institución de la Unión, al adoptar una norma, emplee un concepto jurídico abstracto, ni en el sentido de que exigen que tal norma abstracta mencione los distintos supuestos concretos en los que podrá aplicarse, ya que la institución no puede determinar por anticipado todos esos supuestos [véase la sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 159 y jurisprudencia citada].
50 En el caso de autos conviene recordar que la primera parte del criterio h) prevé la posibilidad de incluir en las listas a aquellas personas que «faciliten cualquier infracción de la prohibición de eludir las disposiciones» de determinados actos indicados de forma expresa, entre ellos, la Decisión 2014/145 y el Reglamento n.º 269/2014.
51 En primer lugar, el demandante alega que el verbo «facilitar», que se emplea en la primera parte del criterio h), es excesivamente vago.
52 A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, al mencionar la prohibición de eludir disposiciones que imponen medidas restrictivas en virtud de la política exterior y de seguridad común (PESC), el legislador de la Unión se refiere a las actividades cuya finalidad o resultado sea sustraer a su autor de la aplicación de dichas medidas y que se distinguen de los actos que infringen formalmente esas mismas medidas (véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, Afrasiabi y otros, C‑72/11, EU:C:2011:74, apartado 60).
53 En lo que respecta al concepto de «facilitación», que no está definido expresamente ni en los actos en los que figura la primera parte del criterio h) ni, con carácter más general, en el marco jurídico relativo a las medidas restrictivas adoptadas contra la Federación de Rusia, conviene recordar que la determinación del significado y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión debe efectuarse conforme al sentido habitual de estos en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (véase la sentencia de 27 de septiembre de 2012, Partena, C‑137/11, EU:C:2012:593, apartado 56 y jurisprudencia citada).
54 Así, el verbo «facilitar», empleado en la primera parte del criterio h) en relación con «cualquier infracción de la prohibición de elu[sión]», debe entenderse en su primer sentido, a saber, como el hecho de favorecer una operación cuya finalidad o resultado sea eludir las medidas restrictivas, ayudando o colaborando en la realización de dicha operación. Por lo tanto, la primera parte de la letra h) se refiere a las personas que, sin ser autoras de una elusión, han intervenido en ella mediante acciones u omisiones cuya finalidad o resultado haya sido permitir la realización de esa operación o simplificarla.
55 Esta interpretación queda corroborada por el contexto y los objetivos que persigue la primera parte del criterio h).
56 Por un lado, la primera parte del criterio h) se inscribe en un contexto normativo en el que la lucha contra la elusión de las medidas restrictivas es objeto de disposiciones específicas. En particular, por lo que respecta a la inmovilización de los fondos y recursos económicos de las personas que figuran en las listas controvertidas, el artículo 9 del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, establece, en su apartado 1, la prohibición general de participar en actividades de elusión de las medidas restrictivas establecidas en dicho Reglamento y también prevé, en su apartado 2, la obligación de dichas personas de declarar los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control les corresponda a las autoridades del Estado miembro en el que estén situados dichos fondos o recursos. Esta última obligación fue añadida por el Reglamento (UE) 2022/1273 del Consejo, de 21 de julio de 2022, por el que se modifica el Reglamento n.º 269/2014 (DO 2022, L 194, p. 1), en cuyo considerando 5 el Consejo señaló que, «a fin de garantizar una aplicación efectiva y uniforme del Reglamento […] n.º 269/2014 y habida cuenta de la creciente complejidad de los mecanismos de evasión de sanciones que suponen un obstáculo a dicha aplicación, [era] necesario obligar a las personas y entidades designadas con activos dentro de la jurisdicción de un Estado miembro a notificar estos activos y a cooperar con las autoridades competentes en la verificación de dicha notificación» y que «proced[ía] asimismo reforzar las disposiciones relativas a las obligaciones de notificación de los operadores de la Unión, con vistas a prevenir el incumplimiento y la elusión de la inmovilización de activos».
57 Así pues, la primera parte del criterio h) se inscribe en un contexto jurídico basado, en particular, en la constatación de que las medidas restrictivas contra la Federación de Rusia pueden eludirse mediante entramados jurídicos y financieros complejos que pueden tener apariencia de legalidad, lo que requiere, por lo general, la intervención de varios actores que contribuyan a su realización.
58 Por otro lado, en el considerando 7 de la Decisión 2022/1907, recordado en el apartado 7 de esta sentencia, el Consejo constató que facilitar la violación de la prohibición contra la elusión de medidas restrictivas contribuía a desestabilizar Ucrania y a socavar su integridad territorial, soberanía e independencia. Así pues, el objetivo de la primera parte del criterio h) es reducir el riesgo de elusión de las medidas restrictivas enfocándose en las personas que ayudan o colaboran en tales prácticas, con el fin de garantizar una mayor eficacia de dichas medidas, lo que va en el sentido de la interpretación expuesta en el apartado 54 de la presente sentencia.
59 En estas circunstancias, la interpretación según la cual la primera parte del criterio h) permite la inclusión en las listas controvertidas del nombre de cualquier persona que haya ayudado o colaborado en la elusión de medidas restrictivas no puede considerarse excesivamente amplia. A este respecto, como se ha recordado en el apartado 49 de esta sentencia, el principio de seguridad jurídica no exige que una norma abstracta mencione los diferentes supuestos concretos en los que puede aplicarse, dado que no todos esos supuestos pueden ser determinados por anticipado por el autor de dicha norma, lo que sucede, en particular, cuando se trata de una norma que tiene por objeto entramados jurídicos y financieros complejos.
60 Por consiguiente, procede desestimar la imputación del demandante basada en que la primera parte del criterio h) es excesivamente vaga en sí misma.
61 En segundo lugar, el demandante subraya, en esencia, que la primera parte del criterio h) guarda relación con una infracción penal, a saber, la infracción de la prohibición de eludir medidas restrictivas, y se refiere a la complicidad en esa infracción, permitiendo incluir en las listas controvertidas los nombres de personas que la han «facilitado». Así pues, esta parte tiene carácter imprevisible, dado que personas que no han sido acusadas por un órgano jurisdiccional penal de un Estado miembro, al término de un procedimiento judicial contradictorio, no deberían contar con que sus nombres se incluyan en las listas controvertidas sobre la base de la primera parte del criterio h).
62 A este respecto, procede recordar, de entrada, que las medidas restrictivas, como las que se derivan de la aplicación de la primera parte del criterio h), no constituyen una sanción penal ni implican, por lo demás, una acusación de esta naturaleza. En efecto, los actos del Consejo por los que se imponen esas medidas no constituyen una constatación de que se ha cometido efectivamente una infracción penal, sino que se adoptan en el marco y a los efectos de un procedimiento de carácter administrativo que tiene una función cautelar y cuyo único fin es permitir al Consejo ejercer presión para que la situación respecto de la cual ha adoptado esas medidas cese o, al menos, evolucione [véase, en ese sentido y por analogía, la sentencia de 12 de febrero de 2020, Amisi Kumba/Consejo, T‑163/18, EU:T:2020:57, apartado 139 (no publicado)].
63 Por consiguiente, el demandante sostiene erróneamente que las personas incluidas en las listas controvertidas en virtud de la primera parte del criterio h) solo deberían contar con esa inclusión al término de un proceso penal, en la medida en que esa inclusión equivale a considerarlas cómplices de una infracción de la prohibición de elusión de las medidas restrictivas.
64 Además, el hecho de que un criterio de inclusión en las listas controvertidas apunte a un tipo de comportamiento que puede constituir además una infracción penal con arreglo al Derecho de los Estados miembros no confiere carácter penal a las medidas restrictivas ni implica que, para incluir en las listas controvertidas el nombre de una persona o de una entidad en virtud de ese criterio, el Consejo deba actuar como autoridad penal o basarse en la decisión de una autoridad penal nacional.
65 A este respecto, por una parte, como destaca el Reino de Bélgica, ya se ha declarado que la imposición de medidas restrictivas por parte del Consejo contra una persona por hechos que vulneran los derechos humanos y que, por lo demás, son penalmente reprochables, está justificada a la luz de los objetivos que se persiguen mediante la PESC, con independencia de cualquier tipo de acción penal (véase, por analogía, la sentencia de 22 de abril de 2015, Tomana y otros/Consejo y Comisión, T‑190/12, EU:T:2015:222, apartados 105 y 106). Por lo tanto, el Consejo puede fijar un criterio que se refiera a determinados comportamientos con independencia de su eventual calificación penal, por lo demás, en el Derecho de los Estados miembros, en virtud del amplio margen de apreciación de que dispone para definir de manera general y abstracta los criterios jurídicos y las modalidades de adopción de las medidas restrictivas, como se ha recordado en el apartado 42 de esta sentencia.
66 Por otra parte, conforme a una consolidada jurisprudencia, el Consejo debe poner de manifiesto ante el juez de la Unión un conjunto de indicios suficientemente precisos, concretos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la persona sometida a una medida de inmovilización de fondos y el régimen o, en general, las situaciones que se pretende combatir (véase la sentencia de 20 de julio de 2017, Badica y Kardiam/Consejo, T‑619/15, EU:T:2017:532, apartado 99 y jurisprudencia citada).
67 Esto significa que, en el caso de la primera parte del criterio h), el Consejo debe aportar un conjunto de indicios concretos, precisos y concordantes que permitan considerar que existe un vínculo suficiente entre la persona afectada y una situación en la que se facilita una infracción de la prohibición de eludir medidas restrictivas contra la Federación de Rusia, es decir, más concretamente, que dicha persona ha intervenido mediante acciones u omisiones cuya finalidad o resultado haya sido permitir la realización de esa operación o simplificar las condiciones de su realización (véase el apartado 54 de la presente sentencia).
68 Esa prueba no tiene que estar basada, en todo caso, en una condena por una autoridad penal nacional, cuya intervención depende de las normas y procedimientos particulares propios de cada Estado miembro.
69 De ello se deduce que la imputación basada en la imprevisibilidad de la primera parte del criterio h) se fundamenta en la premisa errónea de que el Consejo no podía referirse, en un criterio de inclusión en las listas controvertidas, a un comportamiento susceptible de constituir también una infracción penal conforme al Derecho de los Estados miembros sin que una autoridad judicial nacional hubiera constatado ese comportamiento.
70 En estas circunstancias, procede desestimar la primera parte del primer motivo, basada en la violación del principio de seguridad jurídica por la primera parte del criterio h).
b) Sobre la supuesta violación del principio de proporcionalidad
71 El demandante aduce que, al adoptar la primera parte del criterio h), el Consejo violó el principio de proporcionalidad.
72 En primer término, el demandante sostiene que, antes de que se adoptara la primera parte del criterio h), el Derecho vigente ya proporcionada medios suficientes para prevenir la elusión de las medidas restrictivas.
73 Por un lado, la elusión de las medidas restrictivas queda expresamente prohibida por el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, y, en el presente asunto, esa prohibición era suficiente para que las autoridades austriacas bloquearan la operación de que se trata. Por otro lado, el Consejo ya podía imponer medidas restrictivas a las personas que facilitasen la elusión de dichas medidas, incluyendo su nombre en las listas controvertidas sobre la base del criterio de inclusión previsto en los artículos 1, apartado 1, in fine, y 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y en el artículo 3, apartado 1, in fine, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, que autoriza a imponer las medidas restrictivas contra personas asociadas a otras que ya están sujetas a medidas restrictivas (en lo sucesivo, «criterio de la persona asociada»).
74 En segundo término, el demandante añade que la primera parte del criterio h) no es pertinente, dado que, con arreglo a sus propios términos, esa parte no exige que las personas afectadas puedan ejercer presión de forma individual sobre el Gobierno ruso. Además, las medidas restrictivas no son, en sí mismas, pertinentes, debido a que su aplicación no es eficaz y perjudica más a la economía europea que a la rusa.
75 En tercer término, el demandante sostiene que la primera parte del criterio h) es desproporcionada debido a su carácter punitivo, irreversible y definitivo.
76 A este respecto, el demandante reprocha, de entrada, al Consejo la falta de garantías procesales antes de la aplicación de la primera parte del criterio h), pese a que esta se basa en la constatación de una infracción penal, a saber, la complicidad en la infracción de la prohibición de eludir medidas restrictivas. A continuación, indica que las medidas restrictivas tienen carácter definitivo de hecho, dado que determinadas personas permanecen sujetas a tales medidas durante períodos prolongados que pueden llegar a varios años. Por último, añade que el objetivo sancionador de la primera parte del criterio h) ha sido reconocido por el Consejo y que ese objetivo queda corroborado por el hecho de que su nombre fue incluido y mantenido en las listas controvertidas por hechos pasados.
77 En cuarto término, el demandante arguye que la primera parte del criterio h) es desproporcionada, en la medida en que puede aplicarse a personas que se encuentran fuera de la Unión que, en principio, habida cuenta de que el Derecho penal no tiene carácter extraterritorial, no pueden ser culpables de un delito de elusión.
78 El Consejo, apoyado por el Reino de Bélgica y por la Comisión, rebate las alegaciones del demandante.
79 Según la jurisprudencia, el principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión y que se recoge en el artículo 5 TUE, apartado 4, exige que los medios establecidos por una disposición del Derecho de la Unión permitan alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos (véase la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 190 y jurisprudencia citada). Así pues, cuando sea posible elegir entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos gravosa, y las desventajas ocasionadas no deben ser desmesuradas en comparación con los objetivos perseguidos (véase la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Gazprom Neft/Consejo, T‑735/14 y T‑799/14, EU:T:2018:548, apartado 167 y jurisprudencia citada).
80 Además, habida cuenta del amplio margen de apreciación de que dispone el Consejo para definir de manera general y abstracta los criterios jurídicos y las modalidades de adopción de las medidas restrictivas (véase el apartado 42 de esta sentencia), debe considerarse que, desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, solo el carácter manifiestamente inadecuado de un criterio de este tipo en relación con el objetivo perseguido por el Consejo puede afectar a su legalidad (véase, en ese sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, VTB Bank/Consejo, C‑729/18 P, no publicada, EU:C:2020:499, apartado 61 y jurisprudencia citada).
81 En el presente asunto, procede señalar, en primer lugar, que la primera parte del criterio h) se inscribe en el régimen general de las medidas restrictivas adoptadas contra la Federación de Rusia, que persiguen objetivos legítimos de interés general ya reconocidos como tales por la jurisprudencia, a saber, la protección de la integridad territorial, de la soberanía y de la independencia de Ucrania y la promoción de una resolución pacífica de la crisis en este país, que se incardinan en el objetivo más amplio de mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, de conformidad con los objetivos de la acción exterior de la Unión enunciados en el artículo 21 TUE, apartado 2, letra c) (véanse, en ese sentido, las sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 150; de 10 de septiembre de 2024, Neves 77 Solutions, C‑351/22, EU:C:2024:723, apartado 68, y de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado 202), extremo que, por otra parte, el demandante no niega.
82 En segundo lugar, en cuanto a la idoneidad de la primera parte del criterio h) para alcanzar los objetivos perseguidos, el demandante cuestiona la eficacia de las propias medidas restrictivas, debido a que, en su opinión, son perjudiciales de hecho para la economía de la Unión. Sin embargo, el Consejo no está obligado a demostrar que las medidas restrictivas que ha adoptado produzcan los efectos previstos por la normativa en cuestión, sino únicamente que dichas medidas son aptas para alcanzar los objetivos perseguidos por ella (véase, en ese sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, VTB Bank/Consejo, C‑729/18 P, no publicada, EU:C:2020:499, apartado 66). De ello se desprende que el juez de la Unión únicamente debe comprobar, a este respecto, si las medidas en cuestión permiten la consecución de los objetivos recordados en el apartado 81 de esta sentencia.
83 Pues bien, el hecho de dirigirse contra ciertas personas que están relacionadas con la situación en Ucrania, o, con carácter más general, que tienen una vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la Federación de Rusia, puede incrementar la presión sobre dicho gobierno y el coste de sus acciones dirigidas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Así pues, el hecho de que las medidas restrictivas contra la Federación de Rusia pudieran tener efectos negativos en la economía de la Unión, suponiendo que fuera cierto, no afecta a la adecuación de las medidas restrictivas para alcanzar el objetivo perseguido por el Consejo.
84 En cuanto a la eficacia de la primera parte del criterio h) a la luz de los objetivos indicados en el apartado 81 de la presente sentencia, es preciso señalar que su aplicación depende de una situación de elusión de medidas restrictivas ya impuestas.
85 Por consiguiente, dado que las medidas restrictivas contra personas relacionadas con la situación en Ucrania, o, con carácter más general, que tienen una vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la Federación de Rusia, constituyen un medio adecuado para alcanzar el objetivo perseguido por el Consejo (véase el apartado 83 de la presente sentencia), inmovilizar los fondos y recursos económicos de las personas que facilitan operaciones de elusión de esas medidas —es decir, actividades cuya finalidad o resultado sea evitar su aplicación (véase el apartado 52 de la presente sentencia)— y prohibir a dichas personas entrar en el territorio de los Estados miembros también constituye un medio adecuado a tal efecto.
86 En tercer lugar, en lo referente a la necesidad de la primera parte del criterio h), el demandante sostiene que los actos que prevén varias medidas restrictivas contra la Federación de Rusia ya establecen mecanismos suficientes para luchar contra su elusión.
87 Sin embargo, en primer término, en lo tocante a las disposiciones que prohíben la elusión de las medidas restrictivas, ha de destacarse que la primera parte del criterio h) tiene un alcance diferente y complementario al de tales disposiciones. En efecto, esa primera parte del criterio h) tiene por objeto reforzar la prohibición de las prácticas de elusión de las medidas restrictivas contra la Federación de Rusia, previniendo el riesgo de que se produzcan, y, por lo tanto, reforzar la eficacia de esas medidas, al permitir ejercer presión sobre las personas que ayudan o colaboran en esas prácticas, de conformidad con la naturaleza administrativa y la función cautelar de dichas medidas restrictivas (véase el apartado 62 anterior). Por lo tanto, la primera parte del criterio h) permite al Consejo actuar con independencia de las medidas adoptadas por los Estados miembros para garantizar el cumplimiento de la prohibición de dicha elusión, incluidas las sanciones, en su caso de carácter penal, siendo así que dichas medidas nacionales se aplican con arreglo a normas y procedimientos establecidos por cada Estado miembro.
88 Además, en cuanto al hecho de que, en el caso del demandante, la operación de que se trata haya sido bloqueada por las autoridades austriacas en virtud de las disposiciones que prohíben la elusión de las medidas restrictivas, tal alegación se refiere a su situación individual y, por tanto, no es pertinente para cuestionar la legalidad de la primera parte del criterio h), que es una disposición de alcance general.
89 En segundo término, en lo relativo al criterio de la persona asociada, este hace referencia a las personas físicas o jurídicas que, con carácter general, estén vinculadas por intereses comunes, que no exigen una relación a través de una actividad económica, pero que, no obstante, no pueden basarse exclusivamente en un vínculo familiar (véase la sentencia de 11 de septiembre de 2024, Ezubov/Consejo, T‑741/22, no publicada, EU:T:2024:605, apartado 118 y jurisprudencia citada).
90 Pues bien, por un lado, la primera parte del criterio h) hace referencia a la facilitación de la elusión del conjunto de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión contra la Federación de Rusia, incluidas las generales o sectoriales, que no se basan en el vínculo con una persona cuyo nombre está incluido en las listas controvertidas. Por otro lado, facilitar una infracción de la prohibición de eludir medidas restrictivas no implica automáticamente la existencia de «intereses comunes» en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 89 de la presente sentencia. En efecto, cabría considerar que las partes en una operación que reúne todas las características de una operación comercial normal y relativa a activos propiedad de una persona incluida en las listas controvertidas, cuya finalidad o efecto sea eludir las medidas restrictivas adoptadas contra esa persona, facilitan la elusión de medidas restrictivas, en el sentido de la primera parte del criterio h), sin que tal operación permita, no obstante, considerar que existen intereses comunes entre ellas, en el sentido del criterio de la persona asociada.
91 En cuarto lugar, por lo que respecta al carácter supuestamente desproporcionado de la primera parte del criterio h), debido a su supuesta naturaleza penal, procede rechazar la crítica del demandante basada en la falta de garantías de un proceso penal. En efecto, por los motivos expuestos en los apartados 62 a 68 de la presente sentencia, por un lado, las medidas restrictivas en cuestión no constituyen una sanción penal. Por otro lado, no cabe excluir que la aplicación de un criterio de inclusión exija recopilar indicios de un comportamiento susceptible de constituir también una infracción penal, con independencia de cualquier procedimiento sustanciado ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro.
92 Además, en contra de lo que sostiene el demandante, las medidas restrictivas no tienen carácter punitivo, definitivo e irreversible. En efecto, en primer término, las medidas restrictivas tienen carácter cautelar y, por definición, provisional, y su validez se supedita siempre a que persistan las circunstancias de hecho y de Derecho que justificaron su adopción y a la necesidad de su mantenimiento para la consecución de su objetivo. En segundo término, los actos impugnados se aplican durante un período limitado y están sujetos a revisión continua, como prevé el artículo 6 de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, de modo que las medidas restrictivas son temporales y reversibles. Por último, la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, prevén la posibilidad de conceder excepciones a las medidas restrictivas aplicadas (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartados 168 y 197).
93 Además, la alegación de que el carácter penal de la primera parte del criterio h) queda corroborado por la inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas debido a hechos pasados tampoco es pertinente para sostener la ilegalidad de la primera parte del criterio h), en su conjunto, dado que se trata de una alegación relacionada con su situación individual, que se examinará en el marco del segundo motivo, basado en un error de apreciación.
94 En quinto lugar, por lo que respecta al supuesto carácter desproporcionado de la primera parte del criterio h), debido a su supuesto alcance extraterritorial, basta con señalar que las medidas restrictivas que pueden imponerse mediante la aplicación de la primera parte del criterio h) se refieren únicamente, por un lado, a fondos y recursos económicos que se encuentran en el territorio de la Unión y, por otro lado, a la prohibición de entrada en el territorio de los Estados miembros. Por lo tanto, esas medidas no tienen efecto directo extraterritorial alguno (véase, en ese sentido y por analogía, la sentencia de 31 de enero de 2007, Minin/Comisión, T‑362/04, EU:T:2007:25, apartado 106).
95 Además, la primera parte del criterio h) se refiere, de manera general, a las personas «que faciliten cualquier infracción de la prohibición de eludir» las medidas restrictivas contra la Federación de Rusia, sin condiciones territoriales específicas. Como señala el demandante, ese tenor no excluye que los comportamientos que hayan dado lugar a la aplicación de la primera parte del criterio h) se hayan adoptado fuera de la Unión. Sin embargo, esta circunstancia no puede constituir una violación del principio de proporcionalidad.
96 Por un lado, los criterios de inclusión en las listas controvertidas se refieren precisamente a la aplicación de medidas adoptadas en virtud del artículo 29 TUE, relativo a la adopción de decisiones por el Consejo sobre una cuestión particular de carácter geográfico o temático en materia de PESC, y del artículo 215 TFUE, relativo a la aplicación de esas decisiones. Tales medidas, que ejecutan la acción exterior de la Unión, prevén por naturaleza una acción frente a terceros países o nacionales de esos países. A este respecto, como se desprende del artículo 21 TUE, la acción exterior de la Unión persigue, entre sus objetivos, mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, hecha en San Francisco (Estados Unidos) el 26 de junio de 1945. Pues bien, dichos objetivos no podrían alcanzarse si la Unión tuviera que circunscribir su acción a las situaciones en las que subyacen comportamientos que han tenido lugar en su territorio (véase, en ese sentido y por analogía, la sentencia de 31 de enero de 2007, Minin/Comisión, T‑362/04, EU:T:2007:25, apartado 107). Por lo tanto, es inherente a la categoría de actos de que se trata que los comportamientos que dan lugar a la aplicación de la primera parte del criterio h) puedan haberse adoptado fuera del territorio de la Unión.
97 Por otro lado, como se ha señalado en el apartado 94 de la presente sentencia, los efectos directos de las medidas que pueden imponerse en aplicación de la primera parte del criterio h) se circunscriben de manera estricta al territorio de la Unión. De ello se deduce que la posibilidad que ofrece el tenor de la primera parte del criterio h) de englobar comportamientos adoptados fuera de la Unión no implica ninguna la extraterritorialidad de los efectos del Derecho de la Unión y no viola el principio de proporcionalidad.
98 En cualquier caso, a efectos de la aplicación de la primera parte del criterio h) a una persona, debe acreditarse que esa persona ha «facilitado», en el sentido señalado en el apartado 54 de la presente sentencia, una situación que pueda calificarse de «infracción de la prohibición de eludir» las medidas restrictivas previstas por uno de los ocho actos jurídicos del Consejo mencionados expresamente en esa primera parte del criterio h), que se han recordado en el apartado 11 de la presente sentencia, y entre los que figura, en particular, el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada. Por lo tanto, contrariamente a lo que sugiere el demandante, la primera parte del criterio h) exige que la situación facilitada por la persona a la que se aplique esa parte esté efectivamente comprendida en el ámbito de aplicación de la prohibición de elusión de esos actos, aun cuando esa situación tenga su origen fuera del territorio de la Unión.
99 Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que el demandante no ha demostrado que la primera parte del criterio h) sea manifiestamente inapropiada. Así pues, procede desestimar la segunda parte del primer motivo y, en consecuencia, desestimar este motivo en su totalidad.
2. Segundo motivo, basado en un error de apreciación
100 En esencia, el demandante divide el segundo motivo en tres partes, basadas, la primera, en la aplicación extraterritorial del Reglamento n.º 269/2104, en su versión modificada; la segunda, en la falta de facilitación de una operación de elusión de las medidas restrictivas y, la tercera, en la obsolescencia de las medidas restrictivas debido a la antigüedad de la operación de que se trata y a la supresión de sus efectos.
a) Sobre la supuesta aplicación extraterritorial del Reglamento n.º 269/2014
101 El demandante arguye que la primera parte del criterio h) implica la concurrencia de dos requisitos, por un lado, la existencia de una infracción consistente en la elusión de las medidas previstas en el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, y, por otro lado, la existencia de acciones que hayan facilitado esa infracción. Así pues, la infracción de elusión solo puede ser cometida por una persona a la que dicho Reglamento sea aplicable ratione loci, es decir, de conformidad con su artículo 17, una persona que tenga un vínculo con el territorio de la Unión.
102 Partiendo de esa premisa, el demandante aduce que el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, no era aplicable a la operación de que se trata, teniendo en cuenta, en primer término, que no es nacional de un Estado miembro; en segundo término, que la citada operación no se ejecutó en el territorio de la Unión y, en tercer término, que las demás personas mencionadas en los motivos invocados en su contra tampoco están establecidas en un Estado miembro, ni el Sr. Deripaska, nacional ruso, ni las sociedades allí citadas, constituidas conforme al Derecho ruso. Según el demandante, la operación de que se trata consistía en una reestructuración de empresas en Rusia, es decir, fuera del territorio de la Unión, ya que su único objeto era la transmisión de las acciones representativas del capital de la sociedad rusa Rasperia, que no estaban inmovilizadas.
103 Por último, el demandante subraya, por una parte, que la operación de que se trata no podía tener por efecto la liberación automática de las acciones de Strabag en poder del Sr. Deripaska en el territorio de la Unión y, por otra parte, que la propiedad de esas acciones no se modificó, ya que Rasperia seguía siendo su titular.
104 El Consejo, apoyado por el Reino de Bélgica y por la Comisión, rebate las alegaciones del demandante.
105 Como se ha señalado en el apartado 95 de la presente sentencia, la imposición de medidas restrictivas individuales en virtud de la PESC puede tener su origen en comportamientos adoptados fuera del territorio de la Unión.
106 Dicho esto, en el presente asunto, en los motivos invocados contra el demandante, el Consejo consideró que, debido a la operación de que se trata, este «posibilit[ó] que se infrin[giera] la prohibición de elusión del Reglamento […] n.º 269/2014». De este modo, teniendo en cuenta la decisión del Consejo de hacer referencia a la infracción de la «prohibición de elusión» del Reglamento n.º 269/2014, le corresponde acreditar que el demandante puede estar vinculado con una situación que permita infringir la norma que establece esa prohibición, de conformidad con lo señalado en el apartado 98 de la presente sentencia.
107 A este respecto, como se ha constatado en el apartado 56 de la presente sentencia, esa norma figura en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, conforme al cual, en esencia, está prohibido «eludir las prohibiciones [de ese] Reglamento».
108 Por lo tanto, en el caso de autos, procede examinar si la operación de que se trata, con independencia de su calificación como elusión de las medidas restrictivas establecidas por el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, puede estar comprendida en el ámbito de aplicación territorial de dicho Reglamento, extremo que el demandante niega.
109 A este respecto, en cuanto al ámbito de aplicación del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, su artículo 17 dispone lo siguiente:
«El presente Reglamento se aplicará:
a) en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo;
b) a bordo de cualquier aeronave o buque que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado miembro;
c) a cualquier persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;
d) a cualquier persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que se haya registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;
e) a cualquier persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión.»
110 Es cierto que, como subraya el demandante, en primer término, la operación de que se trata tiene su origen en la celebración, el 14 de diciembre de 2023, de un contrato entre, por una parte, la sociedad Valtoura Holding Limited IJSC (en lo sucesivo, «Valtoura»), con domicilio social en Rusia, y, por otra parte, Iliadis, también establecida en Rusia. En segundo término, consta que los accionistas de estas sociedades son también sociedades rusas y personas físicas rusas, a saber, en particular, el Sr. Deripaska y el demandante. En tercer término, la operación de que se trata tenía por objeto la transmisión por parte de Valtoura de sus títulos de Rasperia, que es una sociedad rusa.
111 No obstante, es pacífico entre las partes que Rasperia poseía 28,5 millones de acciones de Strabag, sociedad establecida en Austria. Consta asimismo además que dichas acciones constituían el principal activo de Rasperia. En el momento de la operación de que se trata, dichas acciones estaban inmovilizadas en una cuenta abierta en RBI Austria, que es un banco austriaco, debido a que eran propiedad del Sr. Deripaska o estaban bajo su control, y su nombre estaba incluido en las listas controvertidas.
112 Como reconoce el demandante, la operación de que se trata tenía pues por objeto permitir que quedara sin efecto la inmovilización de esas acciones y, por lo tanto, la ejecución de su venta. Más concretamente, afirma que «las partes [de la operación de que se trata] pensaron que el cambio de accionista facilitaría la concesión de una excepción» y que dicha operación «tenía como efecto, en el mejor de los casos, aumentar las posibilidades de obtener una autorización de liberación de las acciones».
113 De ello se desprende que la operación de que se trata podía llevar a hacer efectiva la transmisión de las acciones de Strabag, que es una sociedad establecida «en el territorio de la Unión», en el sentido del artículo 17, letra a), del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada.
114 En estas circunstancias, aun cuando se presente como una operación situada fuera del territorio de la Unión, realizada por partes que no tienen la nacionalidad de ningún Estado miembro y que no están establecidas en ningún Estado miembro, la operación de que se trata está vinculada a una situación que puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de la prohibición de elusión establecida en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada.
115 Por estas razones, procede desestimar la primera parte del segundo motivo.
b) Sobre la aplicación de la primera parte del criterio h) al demandante
116 En primer lugar, el demandante sostiene que ningún órgano jurisdiccional penal ha considerado probada la existencia de una infracción de elusión. Por lo tanto, no puede considerarse que ha facilitado esa infracción.
117 En segundo lugar, el demandante señala que solo se pueden liberar fondos y recursos económicos afectados por las medidas restrictivas mediante una decisión administrativa o judicial adoptada a nivel nacional, por la que se conceda una de las excepciones previstas en el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, o mediante una decisión del Consejo por la que se suprima el nombre de la persona afectada de las listas controvertidas. Deduce de ello que era imposible liberar las acciones de Strabag únicamente modificando el accionariado de Rasperia, titular de esas acciones. Por otra parte, Strabag reconoció, tanto de manera pública como directamente ante el Consejo, que la operación de que se trata no incidía en la inmovilización de sus acciones. Según el demandante, mediante ese cambio de accionariado las partes pretendían obtener más fácilmente una excepción a la inmovilización de los fondos, y no eludir las medidas restrictivas.
118 Así pues, el demandante considera que la operación de que se trata no puede calificarse de elusión, por lo que no cumple el primer requisito de la primera parte del criterio h). Por consiguiente, el Consejo solo puede reprocharle, a lo sumo, haber facilitado un intento de elusión y no una elusión efectiva. A este respecto, el demandante añade que la mera intención de eludir las prohibiciones establecidas por el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, no permite considerar que exista una elusión.
119 En tercer lugar, el demandante rebate que la operación de que se trata haya podido dar lugar a una infracción del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, debido a que el Sr. Deripaska haya recibido una contraprestación económica por la transmisión de acciones de Rasperia.
120 A este respecto, el demandante destaca que, como persona que no está sujeta a la prohibición de poner fondos a disposición de una persona sujeta a las medidas restrictivas en cuestión, prevista en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 269/2014, teniendo en cuenta su ámbito de aplicación territorial, podía transmitir legítimamente fondos a Valtoura, aunque ese importe fuera la contraprestación por la compra de títulos indirectamente relacionados con activos inmovilizados por estar situados en el territorio de la Unión. Según el demandante, en ese supuesto, la transmisión de esos activos no surte efectos, no obstante, hasta que se levantan las medidas restrictivas.
121 Por último, el demandante alega que el precio de la operación de que se trata se pagó a Valtoura y no a sus socios, y que el Consejo no ha demostrado la existencia de ningún pago a favor del Sr. Deripaska. En cualquier caso, habida cuenta del carácter extraterritorial de la operación de que se trata, ninguna disposición del Derecho de la Unión podría oponerse a que una sociedad que no está establecida en el territorio de la Unión abone dividendos a uno de sus accionistas.
122 En cuarto lugar, el demandante sostiene que el Consejo no probado la intención de infringir las disposiciones que prohíben la elusión, como exige el artículo 9 del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada.
123 A este respecto, el demandante subraya que la operación de que se trata era pública y que tomó muchas precauciones para asegurarse de que no infringiera las medidas restrictivas en cuestión. En particular, el acuerdo tripartito, del que era parte RBI Austria, que es un banco austriaco de prestigio, condicionó la ejecución de dicha operación a la obtención de dictámenes jurídicos sobre la conformidad de dicha operación con las referidas medidas restrictivas y a una estrecha colaboración con las autoridades austriacas competentes en materia de medidas restrictivas. Precisamente esas precauciones fueron las que impidieron que la operación de que se trata llegara a buen fin, conforme a la posición de las autoridades austriacas.
124 El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate las alegaciones del demandante.
1) Consideraciones preliminares
125 Según la jurisprudencia, la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») exige, en particular, que el juez de la Unión se asegure de que la decisión de adoptar o mantener medidas restrictivas, que constituye un acto de alcance individual para la persona o entidad afectadas, dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de los motivos en que se basa dicha decisión, de modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que examine si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar tal decisión, están o no respaldados por hechos (sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 119, y de 5 de noviembre de 2014, Mayaleh/Consejo, T‑307/12 y T‑408/13, EU:T:2014:926, apartado 128).
126 Tal apreciación ha de efectuarse examinando las pruebas y los datos, no de forma aislada, sino atendiendo al contexto en el que se inscriben. En efecto, como se ha recordado en el apartado 66 de la presente sentencia, el Consejo cumple sus obligaciones en materia de prueba si aporta al juez de la Unión una serie de indicios suficientemente precisos, concretos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la persona sometida a una medida de inmovilización de fondos y el régimen o, en general, las situaciones que se pretende combatir.
127 Es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra la persona afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos. Es preciso que los datos o pruebas presentados respalden los motivos invocados contra la persona afectada (véanse, en ese sentido, las sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 121 y 122, y de 3 de julio de 2014, National Iranian Tanker Company/Consejo, T‑565/12, EU:T:2014:608, apartado 57).
128 En tal supuesto, el juez de la Unión deberá verificar la exactitud material de los hechos alegados a la vista de tales datos o pruebas y evaluar la fuerza probatoria de estas últimas en función de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta las eventuales observaciones presentadas sobre los mismos por la persona o la entidad afectada (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 124).
129 Procede comprobar, a la luz de estas consideraciones preliminares, si el Consejo incurrió en un error de apreciación al decidir, mediante los actos impugnados, incluir y posteriormente mantener el nombre del demandante en las listas controvertidas sobre la base de la primera parte del criterio h).
2) Concepto de «elusión» de las medidas previstas en el Reglamento n.º 269/2014
130 Como se ha señalado en los apartados 106 y 107 de esta sentencia, el Consejo consideró que el demandante facilitó infracciones de la prohibición de elusión de las medidas previstas en el Reglamento n.º 269/2014, prohibición establecida en el artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento, en su versión modificada. A tenor de esta disposición, se prescribe lo siguiente:
«Queda prohibido participar de manera consciente y deliberada en acciones cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones del [Reglamento n.º 269/2014], incluida la participación en dichas actividades sin perseguir deliberadamente ese objeto o efecto, pero siendo consciente de que tal participación podría tenerlo y aceptando tal posibilidad.»
131 Por otro lado, es preciso recordar también que el artículo 2 del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, prevé, en su apartado 1 que «se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I» y, en su apartado 2, que «no se pondrá a disposición directa ni indirecta de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I, ni se utilizará en su beneficio, ningún fondo o recurso económico».
132 Así, al mencionar en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, las acciones cuyo objeto o efecto sea «eludir» las prohibiciones previstas en ese Reglamento, entre las que figuran las medidas previstas en el artículo 2, apartados 1 y 2, a saber, respectivamente, por un lado, la inmovilización de fondos y de recursos económicos de las personas incluidas en las listas controvertidas y, por otro lado, la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de esas personas físicas o en su beneficio, el legislador de la Unión se refiere a las actividades cuya finalidad o resultado sea de sustraer a su autor de la aplicación de esas medidas, bien entendido, no obstante, que esas actividades se diferencian de las que infringen formalmente las prohibiciones enunciadas por el artículo 2, apartados 1 y 2 (véase, en ese sentido y por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, Afrasiabi y otros, C‑72/11, EU:C:2011:874, apartado 60 y jurisprudencia citada).
133 Por lo tanto, debe entenderse que la prohibición de eludir las referidas medidas restrictivas comprende las actividades de las que quepa afirmar, sobre la base de factores objetivos, que, bajo la cobertura de una apariencia formal ajena a los elementos constitutivos de una infracción de la inmovilización de fondos y de recursos económicos de las personas incluidas en las listas controvertidas o de la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de estas o en su beneficio, tienen sin embargo, por sí mismas o por su vínculo potencial con otras actividades, el objetivo o el resultado de burlar esas medidas (véase, en ese sentido y por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, Afrasiabi y otros, C‑72/11, EU:C:2011:874, apartado 62 y jurisprudencia citada).
134 Por consiguiente, el concepto de «elusión», en el sentido del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, se refiere a toda actividad, con independencia de su apariencia formal, cuya finalidad o resultado, por sí misma o en conexión con otras operaciones, sea burlar las medidas restrictivas previstas en ese Reglamento. A este respecto, como se desprende de la conjunción copulativa «o» que figura en la expresión «por objeto o efecto» utilizada en dicha disposición, y contrariamente a lo que alega el demandante, no es necesario que la medida restrictiva en cuestión haya sido efectivamente burlada. La mera existencia de una actividad respecto de la cual existen factores objetivos que llevan a considerar que pretende burlar las medidas, basta para que pueda considerarse una elusión en el sentido de la primera parte del criterio h).
135 Por último, para estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, la participación en actividades de elusión de las prohibiciones establecidas en dicho Reglamento debe efectuarse, según dicha disposición, «de manera consciente y deliberada», lo que implica dos requisitos acumulativos, uno de conocimiento y otro de voluntad. Sin embargo, según la misma disposición, este doble requisito se considera expresamente cumplido cuando una persona participa en tales actividades sin perseguir deliberadamente el objeto o el efecto de eludir las medidas restrictivas, «pero siendo consciente de que tal participación podría tenerlo y aceptando tal posibilidad».
136 A la luz de estas consideraciones, procede examinar, en esta fase, si el Consejo disponía de elementos que le permitieran concluir que la operación de que se trata podía constituir una operación, facilitada por el demandante, cuyo objeto o efecto fuera eludir las medidas restrictivas previstas en el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada.
3) Existencia de una facilitación de una infracción de la prohibición de eludir las medidas previstas en el Reglamento n.º 269/2014
137 En esencia, mediante los actos impugnados, el Consejo consideró que, con su participación en la operación de que se trata, el demandante creó un complejo mecanismo de fraude para facilitar la elusión de la inmovilización de las acciones propiedad del Sr. Deripaska o bajo su control y de la prohibición de poner fondos o recursos económicos a su disposición.
138 A tenor de los motivos invocados en su contra, el demandante es «propietario de LLC Titul», que «creó una filial, JSC Iliadis, la cual adquirió la participación [del Sr.] Deripaska en Rasperia y, por tanto, también las acciones inmovilizadas de Strabag».
139 En primer lugar, debe descartarse, de entrada, la alegación del demandante de que ningún órgano jurisdiccional ha constatado la concurrencia de una infracción penal de elusión de las medidas restrictivas. En efecto, como se desprende del examen del primer motivo, la aplicación de la primera parte del criterio h) no requiere tal constatación.
140 En segundo lugar, ha de examinarse si el Consejo disponía de elementos que le permitieran considerar que la operación podía dar lugar a una elusión de las medidas restrictivas previstas en el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada.
141 A este respecto, de los documentos obrantes en autos se desprende, en primer término, que Iliadis fue constituida en Rusia el 12 de julio de 2023 y que el 49 % de su capital pertenecía a la sociedad rusa LLC Titul, a su vez enteramente participada por el demandante; el 43,5 %, a la sociedad rusa InStroi Group LLC (en lo sucesivo, «Instroi») y el 7,5 %, a la sociedad rusa Altera Capital LLC (en lo sucesivo, «Altera»), circunstancia que, por lo demás, las partes no discuten.
142 En segundo término, el 14 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la operación de que se trata. Mediante esta operación, Iliadis compró a la sociedad rusa Valtoura, por un total de aproximadamente 70 millones de rublos rusos (unos 70 millones de euros), el 100 % de las acciones de la sociedad rusa Rasperia, que poseía 28,5 millones de acciones de la sociedad austriaca Strabag, es decir, un 24,1 % de su capital. Las acciones de Strabag habían sido inmovilizadas en RBI Austria por las autoridades austriacas, debido a que constituían fondos cuya propiedad, tenencia o control correspondía a una persona sujeta a medidas restrictivas, a saber, el Sr. Deripaska, que se consideraba que controlaba Valtoura, propietaria del 100 % de Rasperia. A este respecto, también se desprende de los autos que Valtoura estaba participada en un 43,5 % por Instroi, en un 7,5 % por Altera, en un 13,18 % por el Sr. Deripaska directamente, y en un 35,82 % por la sociedad Melisantis Ltd, establecida en Chipre y participada en un 100 % por el Sr. Deripaska.
143 En tercer término, el 19 de diciembre de 2023, Rasperia celebró el acuerdo tripartito con, por una parte, el banco austriaco RBI Austria y, por otra parte, Raiffesen Rusia, filial rusa de dicho banco. Este acuerdo tenía por objeto la compra por parte de Raiffeisen Rusia de las acciones de Strabag poseídas por Rasperia que, a continuación, debían distribuirse a RBI Austria en concepto de dividendos. En la vista, el demandante precisó que la operación de que se trata y el acuerdo tripartito habían sido concebidos conjuntamente, estaban relacionados y se concatenaban.
144 En cuarto término, el 27 de marzo de 2024, Strabag publicó un comunicado en el que informaba de que a partir de ese momento el 24,1 % de su capital estaba en manos de Iliadis, a través de Rasperia, y que el Sr. Deripaska había renunciado a su control indirecto, pero que seguiría considerando que las acciones en poder de Rasperia estaban inmovilizadas, al no poder cerciorarse de la incidencia de ese cambio de accionariado en las medidas restrictivas existentes (documento n.º 3 del expediente WK).
145 En quinto término, el 2 de abril de 2024, RBI Austria publicó un comunicado en el que anunciaba que la conformidad del acuerdo tripartito con el régimen de las medidas restrictivas estaba siendo examinada por las autoridades competentes y que mantenía su evaluación inicial según la cual dicho acuerdo era plenamente conforme con dicho régimen. RBI Austria también subrayó que Rasperia había sido transmitida a Iliadis, precisando que esta última no estaba sujeta a medidas restrictivas, lo que podía ser tranquilizador en cuanto al hecho de que la adquisición de las acciones de Strabag por RBI Austria no beneficiaría a una persona sujeta a tales medidas.
146 En sexto término, el 8 de mayo de 2024, RBI Austria comunicó que su consejo de administración había decidido renunciar, por prudencia, a la adquisición de las acciones de Strabag, tras mantener conversaciones con las autoridades competentes que no le habían permitido recibir garantías suficientes para ejecutar la operación.
147 En séptimo y último lugar, por un lado, el Österreichische Nationalbank (Banco Nacional austriaco), en su condición de autoridad nacional competente en materia de medidas de inmovilización de fondos y de recursos económicos, remitió un escrito a RBI Austria, el 17 de mayo de 2024, para informarle de su opinión de que levantar la inmovilización de las acciones de Strabag infringiría el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, o la prohibición de elusión de las medidas restrictivas prevista en el artículo 9 de ese mismo Reglamento (documento n.º 4 del expediente WK). Por otro lado, el Banco Nacional austriaco también envió un escrito al Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales, Austria) para informarle de la operación de que se trata y exponer su mecánica (documento n.º 1 del expediente WK).
148 Por lo tanto, según parece, la operación de que se trata pretendía hacer posible la transmisión de las acciones de Strabag en poder de Rasperia, que habían sido inmovilizadas en virtud del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, por ser propiedad del Sr. Deripaska o estar bajo su control, cuyo nombre figuraba en las listas controvertidas, y que, a tal efecto, Iliadis había abonado una suma equivalente a 70 millones de euros a Valtoura en el contexto de una operación ejecutada en Rusia conforme al Derecho ruso.
149 Por otro lado, como se indica en el apartado 112 de la presente sentencia, el propio demandante admite que las partes de la operación de que se trata consideraron que el cambio de accionariado permitiría facilitar la concesión de una excepción y que esa operación tenía por objeto incrementar las probabilidades de obtener una autorización de liberación de las acciones de Strabag en poder de Rasperia. A este respecto, al ser preguntado sobre este extremo en la vista, el demandante no indicó la base jurídica para esa excepción o esa liberación de las acciones, sino que se limitó a precisar que la operación de que se trata habría permitido aumentar en general las posibilidades de que las autoridades austriacas concedieran la excepción o la liberación de las acciones, en la medida en que supuestamente había de permitir que la aplicación del acuerdo tripartito no implicara la transmisión de fondos a una persona cuyo nombre estaba incluido en las listas controvertidas. Tales elementos tienden a demostrar que la operación de que se trata tenía por objeto eliminar el control ejercido por el Sr. Deripaska sobre las acciones de Strabag en poder de Rasperia, a través de una operación ejecutada fuera de la Unión, con el fin de hacer posible en última instancia, y una vez obtenidas las autorizaciones requeridas, que se pudiera disponer de esas acciones inmovilizadas en ese momento.
150 En estas circunstancias, cabe considerar que el Consejo disponía de elementos suficientes para entender que la operación de que se trata constituía un «mecanismo complejo» cuyo objeto o finalidad era burlar los efectos de una medida restrictiva prevista en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, en relación con las listas controvertidas, a saber, la medida de congelación de fondos y recursos económicos del Sr. Deripaska.
151 Además, del escrito del Banco Nacional austriaco a RBI Austria de 17 de mayo de 2024 antes citado (documento n.º 4 del expediente WK) se desprende que, el 2 de abril de 2024, la Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA, Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros, Austria) fue informada por RBI Austria de que el Sr. Deripaska iba a recibir una cantidad de dinero comprendida entre 10 y 35 millones de euros en el marco de la operación de que se trata. Esa información procede de una autoridad pública de un Estado miembro que dispone de facultades de investigación y no ha sido seriamente cuestionada por el demandante, que se limita a impugnarla y a subrayar que el precio se abonó a Valtoura, y no a sus accionistas. Por otro lado, el documento n.º 3 del expediente WK, a saber, el comunicado de prensa de Strabag de 27 de marzo de 2024 antes citado, menciona las notificaciones del Sr. Deripaska y de Iliadis relativas a la transmisión de Rasperia a Iliadis, supuestamente dirigidas al «cierre de la venta en Rusia anunciada en diciembre de 2023», lo que confirma, por una parte, la implicación del Sr. Deripaska en la operación de que se trata y, por otra parte, mediante el empleo del término «venta», el carácter oneroso de dicha operación.
152 Asimismo, el abono de una suma de dinero por parte de Valtoura al Sr. Deripaska queda corroborado por el pacto entre accionistas celebrado entre Instroi y Melisantis, cuyo capital íntegro está en poder del Sr. Deripaska, referido a la gestión de Valtoura, que se aporta como anexo del escrito de contestación y al que el Banco Nacional austriaco hace referencia en sus escritos de 17 de mayo de 2024 destinados al Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales y a RBI Austria (documentos n.os 1 y 4 del expediente WK). En efecto, por una parte, el apartado 2.1, inciso vi), de dicho pacto establece que, en principio, debe recabarse la unanimidad de los accionistas para «el pago de cualquier dividendo u otro tipo de distribución». Por otra parte, en primer término, según el apartado 4.1 de ese pacto, «[el apartado] 2.1 no se aplicará a Strabag»; en segundo término, «Rasperia ejercitará sus derechos como accionista de Strabag […] conforme a las instrucciones de [Melisantis] y, en tercer término, [Instroi] debe votar […] acatando las instrucciones de [Melisantis] sobre todas las cuestiones relativas a Strabag». A la luz de estas cláusulas, parece plausible que pudiera adoptarse un acuerdo de Valtoura para distribuir a sus accionistas, entre ellos el Sr. Deripaska, una cantidad de dinero vinculada a Rasperia o a Strabag, a la mera petición de Melisantis, cuyo capital íntegro está en manos del Sr. Deripaska, lo que corrobora la información presentada por el Banco Nacional austriaco, citando a la FMA.
153 Por lo tanto, el Consejo también disponía de elementos que permitían considerar que la operación de que se trata tenía por objeto o finalidad burlar los efectos de una medida restrictiva prevista en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, en relación con las listas controvertidas, al permitir que se pusiera a disposición del Sr. Deripaska una suma de dinero a cambio de la transmisión de activos inmovilizados, situados en el territorio de la Unión.
154 Habida cuenta de lo anterior, debe considerarse que el Consejo ha demostrado que la operación de que se trata tenía por objeto eludir las medidas restrictivas impuestas al Sr. Deripaska por el Reglamento n.º 269/2014.
155 El hecho de que dicha operación no llegara finalmente a buen fin no puede poner en entredicho esta apreciación, de conformidad con lo indicado en el apartado 134 de esta sentencia.
156 En tercer lugar, en cuanto a la cuestión de si el demandante «facilitó» esa operación, en el sentido de la primera parte del criterio h), según se interpreta en el apartado 54 de esta sentencia, ha de señalarse que esa operación tiene su origen en la creación de Iliadis en julio de 2023 por dos sociedades, entre ellas Titul, cuyo capital social está íntegramente en manos del demandante (véase el apartado 141 de la presente sentencia). Además, como señaló el Banco Nacional austriaco en su escrito de 17 de marzo de 2024 a RBI Austria (documento n.º 4 del expediente WK), y como se ha indicado en el apartado 142 de esta sentencia, Iliadis y Valtoura, a saber, las partes que se pusieron de acuerdo sobre la transmisión de Rasperia, son propiedad, en un 49 %, del demandante y del Sr. Deripaska, respectivamente, estando el 51 % restante en manos de los mismos accionistas, a saber, Instroi y Altera, que poseen, cada una de ellas, respectivamente, el 43,5 % y el 7,5 % tanto de Iliadis como de Valtoura. Esto también constituye un indicio de que la operación de que se trata se efectuó en coordinación con el Sr. Deripaska, con el fin de sustituirlo por el demandante, a través de la intervención de sociedades vinculadas a ellos, lo que confirma que el demandante facilitó la operación de que se trata.
157 Por consiguiente, el Consejo disponía de indicios suficientes para considerar que la operación controvertida justificaba, en principio, la inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas, con arreglo a la primera parte del criterio h).
158 Esta apreciación no queda desvirtuada por las alegaciones del demandante según las cuales no tenía intención de participar en una elusión de las medidas restrictivas, debido, en esencia, a que las partes implicadas en la operación de que se trata sabían que esta no podía tener como consecuencia directa la liberación de las acciones de Strabag, sino que requería la autorización de una autoridad nacional, siendo así que el acuerdo tripartito supeditaba expresamente su ejecución al respeto de las normas relativas a las medidas restrictivas contra la Federación de Rusia, y a que dicha operación se llevó a cabo de manera transparente, en colaboración con las autoridades austriacas competentes y sobre la base de dictámenes jurídicos previos.
159 En efecto, la elusión de medidas restrictivas puede tener apariencia de una operación formalmente legal, pero que está, en sí, prohibida si, cuando se analiza junto con otras operaciones, supone burlar las medidas restrictivas (apartados 132 a 134 de esta sentencia). Pues bien, la operación de que se trata podía conducir a burlar esas medidas, habida cuenta de que tenía por objeto la ejecución de una operación entre personas y entidades rusas para modificar la titularidad de las acciones inmovilizadas de Strabag en poder de Rasperia y permitir su cesión, pese a que el motivo de su inmovilización, la inclusión del nombre del Sr. Deripaska en las listas controvertidas, seguía en vigor.
160 En estas circunstancias, como subraya en esencia el Consejo, existían razones objetivas para considerar que el objeto de la operación de que se trata era presentar a las autoridades austriacas una situación en la que, a raíz de transacciones efectuadas en Rusia, el Sr. Deripaska ya no estaba vinculado a acciones inmovilizadas, con el fin de que esas mismas autoridades concedieran su liberación.
161 Por lo tanto, el hecho de que las autoridades austriacas hubieran intervenido en la operación de que se trata y de que su acuerdo fuera un requisito necesario para que esta se llevara a cabo no puede ser decisivo.
162 Es cierto que, para quedar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, es necesario que la participación en actividades de elusión de las prohibiciones previstas en ese Reglamento sea «consciente y deliberada». Sin embargo, esa misma disposición matiza inmediatamente esta exigencia, al enunciar en la misma frase que esa circunstancia «inclu[ye] la participación en dichas actividades sin perseguir deliberadamente ese objeto o efecto, pero siendo consciente de que tal participación podría tenerlo y aceptando tal posibilidad» (véase el apartado 135 de esta sentencia).
163 Pues bien, como admite el demandante, en el caso de autos la finalidad de la operación de que se trata era permitir la liberación de las acciones de Strabag, que estaban inmovilizadas debido a que estaban controladas por el Sr. Deripaska (véase el apartado 149 de la presente sentencia), lo cual supone querer eludir las medidas restrictivas que se le han impuesto. De ello resulta que, aunque para aplicar la primera parte del criterio h) sea preciso que se cumpla el requisito de conocimiento y voluntad que prevé el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, recordado en el apartado 162 de esta sentencia, el demandante no podía ignorar que su participación efectiva en la operación de que se trata, mediante la creación de Iliadis y la posterior compra por parte de esta de Rasperia, podía constituir una acción cuyo objeto o efecto fuera eludir las medidas restrictivas.
164 Habida cuenta de todo lo anterior, el Consejo ha demostrado la existencia de un vínculo suficiente entre el demandante y una operación dirigida a eludir las medidas restrictivas impuestas al Sr. Deripaska por el Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, lo que le permitía considerar que el demandante había facilitado la infracción de la prohibición de elusión de las medidas previstas en dicho Reglamento, en el sentido de la primera parte del criterio h).
165 Por lo tanto, llegados a este punto, procede examinar si, habida cuenta del momento en que se ejecutó, la operación de que se trata podía justificar la inclusión y el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas, extremo que este niega.
c) Sobre la supuesta obsolescencia de las medidas restrictivas impuestas al demandante
166 El demandante sostiene que la operación de que se trata es un hecho pasado que no permite justificar la inclusión de su nombre en las listas controvertidas en el momento en que se adoptaron los actos de junio de 2024, toda vez que la primera parte del criterio h) está redactada en presente.
167 En el mismo sentido, en el primer escrito de adaptación, el demandante alega que, en la fecha de los actos de septiembre de 2024, no podía considerarse que tuviera la intención de participar en una elusión de las medidas restrictivas, dado que había ejercitado una acción ante los tribunales rusos competentes para obtener la anulación de la operación de que se trata. Pues bien, el Consejo no lo tuvo en cuenta y el demandante le reprocha haberse basado únicamente en elementos anteriores a los actos de junio de 2024 para mantener su nombre en las listas controvertidas mediante los actos de septiembre de 2024. En su opinión, al actuar de este modo, el Consejo incluyó el nombre del demandante en las listas controvertidas por hechos pasados, lo que equivale a imponerle sanciones penales y no medidas restrictivas.
168 En el segundo escrito de adaptación, el demandante indica que celebró un acuerdo transaccional ante el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú el 12 de diciembre de 2024 y que ese órgano jurisdiccional constató el fin del citado procedimiento el 28 de febrero de 2025. Con arreglo a dicho acuerdo, por una parte, las acciones de Rasperia fueron restituidas a Valtoura y, por tanto, ya no eran propiedad de Iliadis y, por otra parte, el demandante fue indemnizado por el perjuicio sufrido.
169 El demandante indica que no comunicó este cambio de situación al Consejo hasta después de que se adoptaron los actos de marzo de 2025 debido a que esa institución no le había informado de su intención de renovar las medidas restrictivas adoptadas contra él antes de la adopción de esos actos, pese a que el 31 de octubre de 2024 le había presentado una solicitud de reconsideración.
170 En el tercer escrito de adaptación, el demandante alega que obtuvo la anulación de la operación de que se trata y que, desde entonces, ya no mantiene ningún vínculo con Valtoura, que desde el 12 de diciembre de 2024 ha vuelto a ser la única propietaria de la totalidad del capital de Rasperia y que reembolsó, el 30 de junio de 2025, el importe de la venta de esta a Iliadis. El demandante añade que Iliadis ya no posee ninguna participación y ya no ejerce ninguna actividad, de modo que pretende salir de su accionariado o liquidarla, aunque para esto último es preciso el acuerdo de los otros accionistas. En cualquier caso, según el demandante, se considera que la operación de que se trata nunca existió y la mera existencia de Iliadis, que no tienen ningún vínculo con Strabag, no puede justificar el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas en virtud de la primera parte del criterio h).
171 El Consejo, apoyado por el Reino de Bélgica y por la Comisión, rebate las alegaciones del demandante.
172 Según la jurisprudencia recordada en el apartado 92 de esta sentencia, las medidas restrictivas tienen carácter cautelar y, por definición, provisional, y su validez se supedita siempre a que persistan las circunstancias de hecho y de Derecho que justificaron su adopción y a la necesidad de su mantenimiento para la consecución de su objetivo. De ese modo, al reconsiderar periódicamente esas medidas restrictivas, corresponde al Consejo llevar a cabo una apreciación actualizada de la situación y hacer un balance de los efectos de tales medidas, con miras a determinar si han permitido alcanzar los objetivos perseguidos con la inclusión inicial de los nombres de las personas y entidades afectadas en la lista controvertida o si todavía es posible llegar a la misma conclusión en relación con esas personas y entidades (véanse las sentencias de 27 de abril de 2022, Ilunga Luyoyo/Consejo, T‑108/21, EU:T:2022:253, apartado 55 y jurisprudencia citada, y de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 67).
173 De ello resulta que, para justificar el mantenimiento del nombre de una persona en las listas controvertidas, no se prohíbe al Consejo basarse en los mismos elementos de prueba que justificaron la inclusión inicial, la nueva inclusión o el mantenimiento anterior del nombre del interesado en dichas listas, siempre que, por un lado, los motivos de inclusión no hayan cambiado y, por otro, el contexto no haya evolucionado de tal manera que esos elementos de prueba hayan quedado obsoletos (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de septiembre de 2020, Kaddour/Consejo, T‑510/18, EU:T:2020:436, apartado 99). A este respecto, la evolución del contexto incluye tomar en consideración, por una parte, la situación del país respecto del cual se ha establecido el sistema de medidas restrictivas y la situación particular de la persona afectada (sentencia de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 78; véase también, en este sentido, la sentencia de 23 de septiembre de 2020, Kaddour/Consejo, T‑510/18, EU:T:2020:436, apartado 101), y, por otra parte, todas las circunstancias pertinentes y, en particular, la consecución de los objetivos perseguidos por las medidas restrictivas (sentencia de 27 de abril de 2022, Ilunga Luyoyo/Consejo, T‑108/21, EU:T:2022:253, apartado 56; véase también, en este sentido y por analogía, la sentencia de 12 de febrero de 2020, Amisi Kumba/Consejo, T‑163/18, EU:T:2020:57, apartados 82 a 84 y jurisprudencia citada).
174 En el caso de autos, el demandante alega que el Consejo se basó en una operación pasada para incluir y mantener su nombre en las listas controvertidas, pese a que la primera parte del criterio h) está redactada en presente. En particular, subraya que adoptó las medidas necesarias para eliminar los efectos de la operación de que se trata, pero que el Consejo no lo tuvo en cuenta.
175 En primer lugar, es cierto que la primera parte del criterio h) está redactada en presente, pues prevé la posibilidad de incluir en las listas controvertidas los nombres de las personas «que faciliten cualquier infracción de la prohibición de elu[sión]».
176 Sin embargo, la mera decisión del Consejo de redactar un criterio de inclusión en las listas controvertidas en presente no excluye que la inclusión del nombre de una persona en esas listas en virtud de ese criterio pueda basarse en hechos pasados y que habían concluido cuando se decidió llevar a cabo esa inclusión.
177 En efecto, como se recuerda en el apartado 172 de esta sentencia, con independencia del tiempo verbal empleado en la definición de un criterio, la validez de las medidas restrictivas se supedita siempre a que persistan las circunstancias de hecho y de Derecho que justificaron su adopción y a la necesidad de su mantenimiento para la consecución de su objetivo.
178 Por otro lado, de la jurisprudencia resulta que, en lo que atañe a la inclusión en una lista de los nombres de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, el presente remite al sentido general propio de las definiciones legales y no a un determinado período en el tiempo (véase, en ese sentido y por analogía, la sentencia de 12 de febrero de 2020, Amisi Kumba/Consejo, T‑163/18, EU:T:2020:57, apartado 82 y jurisprudencia citada).
179 En particular, habida cuenta de su tenor, la primera parte del criterio h) exige referirse a situaciones concretas e identificadas de infracción de las prohibiciones de elusión previstas en determinadas disposiciones que establecen medidas restrictivas contra la Federación de Rusia y, por lo tanto, es preciso que las acciones u omisiones de la persona afectada que hayan originado esa inclusión ya se hubieran producido cuando el Consejo la decide.
180 No es menos cierto que el tiempo transcurrido entre el momento de la ejecución de una operación de elusión y la inclusión del nombre de la persona que la ha facilitado en las listas controvertidas es un elemento que debe tomarse en consideración para apreciar si la inclusión está fundada (véanse, por analogía, las sentencias de 11 de septiembre de 2024, Ezubov/Consejo, T‑741/22, no publicada, EU:T:2024:605, apartado 189, y de 11 de septiembre de 2024, Tokareva/Consejo, T‑744/22, EU:T:2024:608, apartado 145).
181 En segundo lugar, por lo que respecta a la cuestión de si, en el caso de autos, la operación de que se trata era pertinente, habida cuenta, por una parte, del período transcurrido entre su ejecución y la adopción de los actos impugnados y, por otra parte, de las gestiones emprendidas por el demandante para eliminar sus efectos, procede distinguir entre los distintos grupos de actos impugnados, en la medida en que se adoptaron en distinta fecha.
1) Actos de junio de 2024
182 Cuando se adoptaron los actos de junio de 2024 por los que se incluyó inicialmente el nombre del demandante en las listas controvertidas, por un lado, la compra de Rasperia por Iliadis seguía vigente y, por otro lado, RBI Austria ya había anunciado, el 8 de mayo de 2024, que renunciaba a la ejecución del acuerdo tripartito (véase el apartado 146 de esta sentencia), es decir, en un momento muy cercano al de la adopción de esos actos.
183 Así pues, no puede considerarse que la inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas estuviera obsoleta en el momento de la adopción de los actos de junio de 2024.
2) Actos de septiembre de 2024
184 Por lo que respecta a los actos de septiembre de 2024, es cierto que el demandante indica que, en el momento de su adopción, no había seguido adelante con la operación de que se trata y que, a través de Titul y en nombre de Iliadis, había presentado una demanda, el 9 de julio de 2024, ante el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú con el fin de obtener la devolución del precio pagado a Valtoura a cambio de la restitución a esta última de las acciones de Rasperia.
185 No obstante, el inicio de ese procedimiento judicial, que aún estaba en curso en el momento de la adopción de los actos de septiembre de 2024, y cuyo resultado no podía anticiparse, no puede considerarse en sí mismo apto para dar lugar a la obsolescencia de las medidas restrictivas impuestas al demandante como consecuencia de la operación de que se trata, aunque RBI Austria hubiera anunciado, el 8 de mayo de 2024, que renunciaba a la aplicación del acuerdo tripartito, es decir, en una fecha muy próxima a la de la adopción de dichos actos.
186 Además, procede destacar que, aunque la persona contra la que se dirigen las medidas restrictivas es la que mejor puede informar al Consejo de cualquier modificación que se produzca en su situación particular (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de julio de 2021, Benavides Torres/Consejo, T‑35/19, EU:T:2021:466, apartado 61), el demandante no informó puntualmente al Consejo sobre esas gestiones ante el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú, de las que el Consejo manifiesta haber tenido conocimiento por la lectura del escrito de adaptación presentado el 31 de octubre de 2024, de decir, después de la adopción de los actos de septiembre de 2024, extremo que admite el demandante.
187 Aunque el demandante sostiene que no pudo transmitir la información antes indicada al Consejo porque este no le comunicó su intención de mantenerlo en las listas controvertidas, esa imputación debe rechazarse, ya que el Consejo no estaba obligado a hacerlo.
188 En efecto, como se desprende de la jurisprudencia, el derecho a ser oído antes de la adopción de actos que mantengan el nombre de una persona o de una entidad en una lista de personas o entidades sujetas a medidas restrictivas debe observarse cuando, en la decisión por la que se mantiene la inclusión de su nombre en la lista, el Consejo utiliza contra esa persona nuevas pruebas de cargo, es decir, pruebas que no se tuvieron en cuenta en la decisión inicial de inclusión de su nombre en esa misma lista (véase la sentencia de 12 de febrero de 2020, Amisi Kumba/Consejo, T‑163/18, EU:T:2020:57, apartado 54 y jurisprudencia citada). No obstante, cuando, como ocurre en el caso de autos, el mantenimiento del nombre de la persona o entidad afectada en una lista de personas o entidades sujetas a medidas restrictivas se basa en los mismos motivos que justificaron la adopción del acto inicial sin que se hayan utilizado nuevas pruebas de cargo en su contra, el Consejo no está obligado, para respetar su derecho a ser oído, a comunicarle de nuevo las pruebas de cargo (sentencias de 7 de abril de 2016, Central Bank of Iran/Consejo, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, apartados 32 y 33, y de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 103).
189 En estas circunstancias, el Consejo podía legítimamente mantener el nombre del demandante en las listas controvertidas mediante los actos de septiembre de 2024.
3) Actos de marzo de 2025
190 Procede señalar que el período transcurrido entre el anuncio de RBI Austria, el 8 de mayo de 2024, de renunciar a la ejecución del acuerdo tripartito, «por prudencia, tras mantener conversaciones con las autoridades competentes», y la adopción de los actos de marzo de 2025 fue relativamente corto, a saber, menos de un año, por lo que no permitía considerar, por esa única razón, que el mantenimiento del demandante en las listas controvertidas ya no estaba justificado.
191 Es cierto que, cuando se adoptaron los actos de marzo de 2025, a raíz de las gestiones emprendidas por el demandante ante el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú, se había celebrado, en diciembre de 2024, un acuerdo transaccional entre Iliadis y Valtoura que tenía por objeto que Iliadis restituyera a Valtoura las acciones de Rasperia y que Valtoura indemnizara a Iliadis.
192 No obstante, en primer lugar, procede señalar que el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú no constató dicho acuerdo hasta el 28 de febrero de 2025, es decir, solo dos semanas antes de la adopción de los actos de marzo de 2025, lo que constituye un plazo insuficiente para considerar, en sí mismo, que las medidas restrictivas contra el demandante estaban obsoletas.
193 En segundo lugar, según se ha recordado en el apartado 186 de esta sentencia, el demandante era la persona que mejor podía informar al Consejo de cualquier modificación que se produjera en su situación particular. Pues bien, este reconoce haber informado al Consejo de la finalización del procedimiento ante el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú mediante escrito de 23 de mayo de 2025, es decir, con posterioridad a la adopción de los actos de marzo de 2025. Por lo tanto, no puede reprocharse al Consejo no haber tenido en cuenta esta información. A este respecto, en contra de lo que sostiene el demandante y como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 188 de esta sentencia, el Consejo no estaba obligado a comunicar al demandante su intención de mantener su nombre en las listas controvertidas antes de adoptar los actos de marzo de 2025, ya que, mediante esos actos, no modificó los motivos invocados ni incluyó nueva información en el expediente de pruebas relativo a él.
194 Por último, procede rechazar el argumento del demandante de que el carácter público de la anulación de la operación de que se trata debería haber llevado al Consejo a eliminar su nombre de las listas controvertidas. En efecto, esa alegación se basa exclusivamente en el comunicado de prensa de Strabag de 16 de diciembre de 2024, que se limita a mencionar que Iliadis había «vuelto a transmitir» Rasperia a Valtoura, sin aportar ningún detalle sobre las modalidades de esa «transmisión».
195 En estas circunstancias, procede concluir que los motivos en los que se basan las medidas restrictivas impuestas al demandante no estaban obsoletos en el momento de la adopción de los actos de marzo de 2025 y que el Consejo podía mantener, mediante esos actos, el nombre del demandante en las listas controvertidas.
4) Actos de septiembre de 2025
196 En el momento en que se adoptaron los actos de septiembre de 2025, en virtud del acuerdo transaccional refrendado por el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú el 28 de febrero de 2025, extremo del que se informó al Consejo el 23 de mayo de 2025, Iliadis devolvió a Valtoura los títulos de Rasperia, mientras que Valtoura reembolsó a Iliadis el precio de la venta de dichos títulos.
197 Sin embargo, esa circunstancia no permite considerar, por sí sola, que el Consejo no estaba facultado para mantener el nombre del demandante en las listas controvertidas cuando se adoptaron los actos de septiembre de 2025.
198 En primer término, de los datos aportados por el demandante se desprende que, si bien la restitución de los títulos de Rasperia a Valtoura se produjo el 12 de diciembre de 2024, la devolución del precio de venta de dichos títulos a Iliadis tuvo lugar el 30 de junio de 2025, es decir, solo dos meses y medio antes de la adopción de los actos de septiembre de 2025. Por lo tanto, el demandante sostiene erróneamente que, en el momento de la adopción de dichos actos, la operación de que se trata se remontaba a un «pasado lejano».
199 En segundo término, no cabe considerar que el demandante pueda simplemente eliminar con efecto inmediato, y por la mera voluntad de las partes de la operación de que se trata, las consecuencias de sus acciones anteriores mediante un acuerdo transaccional en virtud del cual Titul, la sociedad que posee al 100 %, y Valtoura, una sociedad vinculada al Sr. Deripaska, se ponen de acuerdo sobre una devolución recíproca de los activos objeto de la operación de que se trata.
200 A este respecto, de los documentos obrantes en autos se desprende que Titul solicitó, por cuenta de Iliadis, el regreso al statu quo ante y una indemnización, debido a la imposición de las medidas restrictivas por la Unión y por los Estados Unidos de América a raíz de la operación de que se trata, las cuales, a su juicio, constituyeron un perjuicio para sus intereses. Además, como aclaró el demandante en la vista, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal General, el hecho de que el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú constatara el acuerdo transaccional no confirió efectos retroactivos a dicho acuerdo, sino que se limitó a subsanar las consecuencias derivadas de una situación pasada. Pues bien, podría ser más difícil lograr los objetivos de las medidas restrictivas a que se refiere la primera parte del criterio h), mencionados en el apartado 58 de esta sentencia, si las partes de un acuerdo transaccional pudieran, por su propia voluntad, eliminar las consecuencias de la operación de que se trata que dio lugar a la imposición de esas medidas.
201 En tercer término, ha de destacarse que la operación de que se trata no era una mera operación puntual entre dos partes, sino que se inscribía en una estructura jurídica que cabría calificar de «mecanismo complejo» (véase el apartado 150 de esta sentencia) que implicaba, por lo menos, la celebración de dos contratos entre distintas partes, a saber, la operación de que se trata propiamente dicha y el acuerdo tripartito, que estaban vinculados y se concatenaban (véase el apartado 143 de esta sentencia). Esta operación se prolongó durante varios meses, a saber, desde la creación de Iliadis, en julio de 2023, y la renuncia de RBI Austria, en mayo de 2024, a adquirir las acciones de Strabag en virtud del acuerdo tripartito (véanse los apartados 141 a 146 de esta sentencia).
202 Asimismo, el abandono de la operación de que se trata pasó por varias etapas que se prolongaron a lo largo de varios meses, entre el inicio de un procedimiento ante el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú, el 9 de julio de 2024, la restitución de las acciones de Rasperia a Valtoura, el 12 de diciembre de 2024, el hecho de que dicho tribunal constatara un acuerdo transaccional, el 28 de febrero de 2025, y la devolución del precio de venta a Iliadis, el 30 de junio de 2025.
203 En cuarto término, la operación de que se trata tenía por objeto la transmisión por Valtoura a Iliadis de los títulos de Rasperia. Pues bien, Iliadis y Valtoura son propiedad, en un 49 %, del demandante y del Sr. Deripaska, respectivamente, mientras que el 51 % de sus respectivos capitales están en poder de los mismos accionistas, en la misma proporción, a saber, de Instroi, en un 43,5 %, y de Altera, en un 7,5 % (véanse los apartados 141 y 142 de esta sentencia). Esta estructura tiende a cuestionar la realidad de dicha operación y a reforzar la constatación de que tenía por objeto sustituir al Sr. Deripaska por el demandante en la estructura accionarial de Strabag (véase el apartado 156 de la presente sentencia).
204 Es cierto que no puede considerarse que la situación del demandante sea inmutable y, como se ha recordado en el apartado 180 de esta sentencia, debe tenerse en cuenta el transcurso del tiempo para apreciar el fundamento del mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas.
205 Sin embargo, en circunstancias como las del presente asunto, caracterizadas por una operación cuyo objeto era eludir medidas restrictivas mediante un mecanismo jurídico y financiero complejo dirigido a sustituir a una persona cuyo nombre estaba incluido en listas controvertidas, por otra, y cuyo abandono, en el contexto de un procedimiento que se prolongó durante varios meses, estaba exclusivamente motivado por la imposición de medidas restrictivas contra personas implicadas en dicha operación, puede ser necesario que transcurra un período razonable después de que se haya puesto fin definitivamente a esa operación para poder concluir que las medidas restrictivas ya no están justificadas.
206 En consecuencia, el Consejo podía considerar fundadamente que el riesgo de elusión de las medidas restrictivas, derivado de la operación de que se trata, persistía en el momento de la adopción de los actos de septiembre de 2025, a pesar de que esa operación se hubiera abandonado en aplicación del acuerdo transaccional antes citado.
207 Además, tanto en los motivos invocados contra el demandante como en el escrito de contestación, el Consejo afirmó que Iliadis había sido creada únicamente a efectos de la operación de que se trata, extremo que no ha sido rebatido por el demandante. Por otra parte, en el tercer escrito de adaptación, el demandante indica que, tras haber devuelto las participaciones de Rasperia a Valtoura, Iliadis «es actualmente una sociedad que ya no posee ninguna participación y que no ejerce ninguna actividad».
208 Así pues, en el momento en que se adoptaron los actos de septiembre de 2025, Iliadis, elemento constitutivo de la operación de que se trata, seguía existiendo, y el demandante seguía siendo su accionista principal, a través de Titul, lo que constituye un indicio adicional que apunta a que el Consejo podía mantener su nombre en las listas controvertidas.
209 De lo anterior resulta que el demandante sostiene erróneamente que los actos de septiembre de 2025 adolecen de un error de apreciación.
5) Conclusión
210 Habida cuenta de todo lo anterior, procede concluir que el Consejo acreditó que estaba fundada la inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas mediante los actos de junio de 2024, así como el mantenimiento de esa inclusión mediante los actos de septiembre de 2024 y, posteriormente, mediante los actos de marzo de 2025 y septiembre de 2025. Por lo tanto, procede desestimar el segundo motivo en su totalidad.
3. Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y del principio de seguridad jurídica
211 El demandante sostiene que la aplicación de la primera parte del criterio h) es imprevisible, y se remite a las alegaciones formuladas en la primera parte del primer motivo.
212 También aduce que los motivos invocados en su contra se refieren a hechos pasados, lo cual no le permite comprender las actuaciones que debería acometer para que el Consejo ponga fin a las medidas restrictivas a las que está sujeto.
213 En la réplica, el demandante precisa que la exposición de su tercer motivo es sucinta debido a que su argumentación en apoyo de este motivo reproduce la argumentación desarrollada en el marco del primer motivo, pero en apoyo de la anulación de los actos impugnados como medidas individuales que le afectan y no como alegaciones dirigidas contra la legalidad de la primera parte del criterio h).
214 El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate las alegaciones del demandante.
215 En primer lugar, en cuanto a la supuesta vulneración del derecho de defensa, procede recordar al respecto que, con arreglo al artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, la demanda debe contener una exposición concisa de los motivos invocados. Además, es jurisprudencia reiterada que dicha exposición deberá ser lo suficientemente clara y precisa como para permitir que la parte demandante prepare su defensa y que el Tribunal General decida sobre el recurso, sin deber solicitar, en su caso, más información. En efecto, a fin de garantizar la seguridad jurídica y la recta administración de la justicia, es preciso, para que un recurso sea admisible, que las razones esenciales de hecho y de Derecho en las que se basa aparezcan, al menos sucintamente, pero de forma coherente y comprensible, en el propio texto de la demanda. También es jurisprudencia reiterada que todo motivo de recurso que no se presente suficientemente estructurado en la demanda se considerará inadmisible. Son de aplicación exigencias análogas cuando se formula una alegación en apoyo de un motivo (véase la sentencia de 12 de febrero de 2020, Kampete/Consejo, T‑164/18, no publicada, EU:T:2020:54, apartado 112 y jurisprudencia citada).
216 Pues bien, aunque en el título del presente motivo en la demanda se menciona efectivamente la vulneración del derecho de defensa, es preciso señalar que el demandante no desarrolla en modo alguno esta imputación. Por lo tanto, debe declararse su inadmisibilidad, con arreglo al artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento.
217 En segundo lugar, en cuanto a la parte de la argumentación relativa a la violación del principio de seguridad jurídica, el demandante arguye que los motivos invocados en su contra no son lo suficientemente claros y no le permiten comprender lo que implican para que su nombre sea eliminado de las listas controvertidas.
218 A este respecto, como se ha recordado en el contexto del primer motivo, el principio de seguridad jurídica implica que la normativa de la Unión debe ser clara y precisa y su aplicación previsible para los justiciables (véase el apartado 48 de esta sentencia). Más concretamente, ese principio implica apreciar si un acto de la Unión permite a los interesados conocer con exactitud y sin ambigüedad el alcance de sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia, exigencia que se impone con mayor rigor cuando se trata de actos que pueden dar lugar a consecuencias económicas (véase la sentencia de 10 de marzo de 2009, Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, apartado 44 y jurisprudencia citada).
219 Pues bien, en el caso de autos, por una parte, por lo que respecta a los derechos y obligaciones del demandante derivados de los actos impugnados, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, se desprende claramente que el demandante no tiene derecho a entrar en el territorio de los Estados miembros y que sus fondos y recursos económicos situados en el territorio de la Unión están inmovilizados. Esos mismos actos también establecen obligaciones de declaración y prevén los supuestos en los que se pueden conceder excepciones a dichas medidas.
220 Por otra parte, en lo tocante al respeto del principio de seguridad jurídica por los motivos invocados contra el demandante, el Consejo no está obligado a indicar expresamente lo que una persona cuyo nombre está incluido en las listas controvertidas debe hacer para que su nombre se elimine de dichas listas.
221 Además, en lo concerniente a la remisión por parte del demandante a la argumentación expuesta en relación con la primera parte del primer motivo, baste recordar que el demandante no logró demostrar la existencia de una violación del principio de seguridad jurídica mediante esa argumentación, como se desprende de los apartados 50 a 70 de esta sentencia.
222 En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo.
4. Cuarto motivo, basado en la vulneración desproporcionada de los derechos fundamentales
223 El demandante arguye que los actos impugnados constituyen una vulneración desproporcionada de su derecho al respeto de la vida privada, a su derecho de propiedad, a su derecho a la libertad de empresa y a su derecho a la libre circulación.
224 Esas vulneraciones no están justificadas, a su juicio, por la primera parte del criterio h), en la medida en que se refiere a personas que no están implicadas de forma directa o indirecta en las acciones de la Federación de Rusia en Ucrania y que no pueden, por tanto, ejercer presión sobre el gobierno de ese Estado.
225 El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate las alegaciones del demandante.
226 En primer lugar, ya se ha declarado que las medidas restrictivas, como aquellas a las que está sujeto el demandante en el presente asunto, suponen indudablemente una restricción del ejercicio del derecho de propiedad y afectan a la vida privada y a la libertad de empresa de la persona interesada (véanse, en ese sentido, las sentencias de 30 de noviembre de 2016, Rotenberg/Consejo, T‑720/14, EU:T:2016:689, apartado 167 y jurisprudencia citada, y de 6 de septiembre de 2023, Pumpyanskiy/Consejo, T‑291/22, no publicada, EU:T:2023:499, apartado 94).
227 Sin embargo, en el Derecho de la Unión estos derechos no gozan de una protección absoluta, sino que deben tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad (véase la sentencia de 12 de marzo de 2014, Al Assad/Consejo, T‑202/12, EU:T:2014:113, apartado 113 y jurisprudencia citada).
228 A este respecto, procede recordar que el artículo 52, apartado 1, de la Carta establece, por una parte, que «cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades» y, por otra, que, «dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás».
229 Así, para ser conforme con el Derecho de la Unión, la limitación del ejercicio de los derechos fundamentales en cuestión debe satisfacer cuatro requisitos. Primero, debe estar «establecida por la ley», en el sentido de que la institución de la Unión que adopte medidas que puedan restringir esos derechos debe disponer de una base legal para ello. Segundo, debe respetar el contenido esencial del derecho fundamental de que se trate. Tercero, debe responder de forma efectiva a un objetivo de interés general reconocido como tal por la Unión. Cuarto, debe ser proporcionada (véase la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartados 145 y 222 y jurisprudencia citada).
230 En el caso de autos, el demandante no niega que se cumplan los tres primeros requisitos. A este respecto, ya se ha declarado que las medidas restrictivas individuales, adoptadas en virtud de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, cumplen esos requisitos (véase, en ese sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2024, Ezubov/Consejo, T‑741/22, no publicada, EU:T:2024:605, apartados 214 a 217 y jurisprudencia citada). En cambio, estima que la limitación a los derechos fundamentales antes citados es desproporcionada, puesto que la primera parte del criterio h) permite incluir el nombre de personas que, como él, no pueden presionar de manera individual al Gobierno ruso.
231 No obstante, es preciso señalar que, a la luz de objetivos de interés general tan fundamentales para la comunidad internacional como los mencionados en el apartado 81 de la presente sentencia, esas medidas no pueden calificarse, en sí, como inadecuadas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 199 y jurisprudencia citada).
232 Por lo que respecta a su necesidad, otras medidas menos limitativas, como un sistema de autorización previa, no permiten alcanzar tan eficazmente el objetivo perseguido, a saber, ejercer presión sobre las personas implicadas en la elusión de las medidas restrictivas impuestas a la Federación de Rusia para garantizar la eficacia de esas medidas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 200 y jurisprudencia citada).
233 Además, como se ha indicado en el contexto del primer motivo, las medidas en cuestión son restricciones temporales y reversibles, previéndose la posibilidad de que los Estados miembros concedan excepciones (véase el apartado 92 de esta sentencia).
234 En efecto, por una parte, del artículo 6, párrafos primero y segundo, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, se desprende que el Consejo tiene la obligación de revisar las listas controvertidas cada seis meses, con el fin de garantizar que se supriman los nombres de las personas y entidades que ya no reúnan los criterios para figurar en las listas controvertidas.
235 Por otra parte, conviene recordar que el artículo 2, apartados 3 y 4, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y los artículos 4, apartado 1, 5, apartado 1, y 6, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, contemplan la posibilidad de autorizar, por un lado, la utilización de fondos inmovilizados para atender necesidades básicas o cumplir determinados compromisos y de otorgar, por otro, autorizaciones específicas que permitan la liberación de fondos, de otros activos financieros o de otros recursos económicos. Del mismo modo, con arreglo al artículo 1, apartado 6, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, la autoridad competente de un Estado miembro puede autorizar la entrada en su territorio de personas destinatarias de las medidas por razones humanitarias urgentes.
236 En cuanto al hecho de que se haya incluido el nombre del demandante en las listas controvertidas en virtud de la primera parte del criterio h), pese a que sostiene no estar implicado, directa o indirectamente, en las acciones de la Federación de Rusia en Ucrania, procede señalar que, como se ha indicado en el apartado 84 de la presente sentencia, la aplicación de la primera parte del criterio h) depende de una situación de elusión de medidas restrictivas ya impuestas. Por lo tanto, carece de importancia que las personas que intervengan en acciones que constituyen una elusión estén o no vinculadas ellas mismas al Gobierno ruso.
237 En consecuencia, los inconvenientes causados al demandante no parecen desmesurados en relación con la importancia del objetivo perseguido por los actos impugnados.
238 Por ende, los actos impugnados no vulneraron de manera desproporcionada el derecho de propiedad, la libertad de empresa ni el derecho al respeto de la vida privada y familiar del demandante.
239 En segundo lugar, en cuanto a la supuesta vulneración del derecho del demandante a la libre circulación en el territorio de la Unión, procede señalar que, como se desprende de los artículos 20 TFUE, apartado 2, letra a), y 21 TFUE, apartado 1, así como del artículo 45, apartado 1, de la Carta, el derecho a circular libremente y a residir en el territorio de los Estados miembros solo beneficia a los ciudadanos de la Unión. Pues bien, dado que no se desprende de los autos que el demandante tenga la nacionalidad de un Estado miembro, no es un ciudadano de la Unión que pueda invocar el derecho a circular libremente por el territorio de los Estados miembros.
240 Es cierto que, en la parte de la demanda dedicada a la exposición de los hechos, el demandante indica que «posee un permiso de residencia de la República de Chipre». No obstante, el artículo 45, apartado 2, de la Carta, que es la única disposición que invoca el demandante a este respecto, establece que «podrá concederse libertad de circulación y de residencia, de conformidad con lo dispuesto en los Tratados, a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro». Pues bien, esta disposición, que establece una facultad, no genera un derecho a la libre circulación.
241 En todo caso, ya se ha declarado que, mediante la adopción de actos comprendidos en el ámbito de la PESC, el Consejo puede limitar, en principio, la libertad de circulación y de residencia en la Unión de nacionales de terceros países, siempre que actúe respetando el principio de proporcionalidad (véase la sentencia de 24 de mayo de 2023, Lyubetskaya/Consejo, T‑556/21, no publicada, EU:T:2023:283, apartado 75 y jurisprudencia citada).
242 Pues bien, las consideraciones expuestas en los apartados 231 a 237 de esta sentencia también permiten concluir que las restricciones a la circulación del demandante en el territorio de la Unión son proporcionadas.
243 Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar el cuarto motivo.
5. Quinto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
244 El demandante sostiene que la inclusión de su nombre en las listas controvertidas viola el principio de proporcionalidad, debido a que existían otras opciones para evitar la elusión de las medidas restrictivas impuestas al Sr. Deripaska. Así, en cualquier caso, la operación de que se trata no habría podido dar lugar a la liberación automática de los fondos de este último, dado que habría sido necesario iniciar un procedimiento para obtener una excepción, lo que dejaba un amplio margen de apreciación a las autoridades nacionales. Por otra parte, en el caso de autos, la operación de que se trata no llegó a buen fin debido a la decisión de las autoridades austriacas.
245 El Consejo rebate las alegaciones del demandante.
246 Como se ha recordado en el apartado 79 de esta sentencia, el principio de proporcionalidad exige que los medios establecidos por una disposición del Derecho de la Unión permitan alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de la que se trate y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
247 Pues bien, en el presente asunto, la argumentación del demandante parte de la premisa errónea de que el objetivo que se perseguía mediante la imposición de medidas restrictivas contra él era que no se ejecutase la operación de que se trata. En efecto, como se ha indicado al examinar la segunda parte del primer motivo, el objetivo perseguido por las medidas restrictivas en cuestión es incrementar la presión sobre el Gobierno ruso y el coste de sus acciones dirigidas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, para que ponga fin a esas acciones, y la primera parte del criterio h) responde a ese objetivo (véanse los aparatados 81 a 83 de la presente sentencia).
248 Además, del examen del segundo motivo resulta que el Consejo disponía de un conjunto de indicios suficientes para justificar la inclusión y el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas en virtud de la primera parte del criterio h) y, por consiguiente, que se le impusieran medidas restrictivas.
249 Por otro lado, del examen, por una parte, de la segunda parte del primer motivo y, por otra parte, del cuarto motivo, se desprende que dichas medidas eran proporcionadas al objetivo perseguido.
250 En consecuencia, procede desestimar el quinto motivo.
6. Sexto motivo, basado en un vicio de procedimiento derivado del incumplimiento de la obligación de reconsideración
251 En el contexto del sexto motivo, invocado en apoyo de la pretensión de anulación de los actos de septiembre de 2025, el demandante arguye que la operación de que se trata se materializó en diciembre de 2023 y que, desde entonces, ha realizado gestiones para obtener su anulación por vía judicial, pretensión que el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú aceptó el 28 de febrero de 2025,constatando un acuerdo transaccional. Ahora bien, pese a haber sido informado puntualmente de esa circunstancia, varios meses antes de la adopción de los actos de septiembre de 2025, el Consejo la ignoró, incumpliendo así su obligación de reconsideración. Además, según el demandante, el Consejo también ignoró los nuevos datos que le había comunicado antes de la adopción de los actos precedentes por los que se mantuvo su nombre en las listas controvertidas.
252 El Consejo rebate las alegaciones del demandante.
253 Con carácter preliminar, procede recordar que, según el artículo 3, apartado 3, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo reconsiderará su decisión e informará a la persona afectada en consecuencia. Además, el artículo 6, párrafo tercero, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, dispone que «[esta] Decisión estará sujeta a revisión continua» y que «se prorrogará o modificará, según proceda, en caso de que el Consejo considere que no se han cumplido sus objetivos».
254 Como se ha señalado en el apartado 172 de esta sentencia, esas disposiciones implican que, al reconsiderar las medidas restrictivas, corresponde al Consejo llevar a cabo una apreciación actualizada de la situación y hacer un balance de los efectos de tales medidas, con miras a determinar si han permitido alcanzar los objetivos perseguidos con la inclusión inicial de los nombres de las personas y entidades afectadas en la lista controvertida o si todavía es posible llegar a la misma conclusión en relación con esas personas y entidades.
255 De ello se desprende que, al reconsiderar las medidas restrictivas, el Consejo está obligado a evaluar de nuevo, desde un punto de vista material, la pertinencia y, por tanto, la procedencia, de la prórroga o no de dichas medidas. Por lo tanto, como alega el Consejo, el demandante no invoca un vicio de procedimiento, en contra de lo que indica, sino que reprocha a dicha institución haber concluido que procedía mantener su nombre en las listas controvertidas a pesar de los datos que le había transmitido, lo cual enlaza con el segundo motivo, basado en un error de apreciación. Pues bien, este Tribunal General ha considerado fundado el mantenimiento de su nombre mediante los actos de septiembre de 2025, en el apartado 208 de esta sentencia.
256 Es cierto que la obligación de llevar a cabo una reconsideración periódica de las medidas restrictivas exige que la persona afectada pueda manifestar su punto de vista y que se respeten determinadas garantías de procedimiento vinculadas al derecho de defensa, en particular, el derecho a ser oído. Sin embargo, se trata de obligaciones independientes de la obligación de reconsideración, cuyo incumplimiento esgrime el demandante.
257 Para el caso de que el demandante pretendiera invocar la vulneración de esas garantías, procede recordar que el derecho a ser oído en todo procedimiento, consagrado en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, que forma parte del respeto del derecho de defensa, garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses (véase la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado 75 y jurisprudencia citada).
258 Sin embargo, aunque el respeto del derecho de defensa y del derecho a ser oído exige que las instituciones de la Unión permitan a la persona afectada por un acto lesivo manifestar oportunamente su punto de vista, no puede obligarlas a acogerlo, de modo que el mero hecho de que el Consejo no haya estimado que la prórroga de las medidas restrictivas carecía de fundamento ni haya considerado útil proceder a comprobaciones a la luz de las observaciones de esa persona no implica que tales observaciones no hayan sido tenidas en cuenta (véanse, en ese sentido, las sentencias de 27 de septiembre de 2018, Ezz y otros/Consejo, T‑288/15, EU:T:2018:619, apartados 330 y 331, y de 15 de septiembre de 2021, Boshab/Consejo, T‑107/20, no publicada, EU:T:2021:583, apartados 103 y 104).
259 En el caso de autos, por una parte, cuando se adoptaron los actos de marzo de 2025, el Consejo había instado al demandante a presentar sus observaciones antes del 2 de junio de 2025, lo que hizo enviando una solicitud de reconsideración el 23 de mayo de 2025. Por otra parte, en su escrito de 15 de septiembre de 2025, mediante el que notificó al demandante los actos de septiembre de 2025, el Consejo respondió expresamente a la argumentación invocada por este, basada en la supuesta obsolescencia de las medidas restrictivas debido a la anulación de la operación de que se trata, constatada por el Tribunal Mercantil de la ciudad de Moscú. En efecto, el Consejo indicó que consideraba que los elementos aportados por el demandante no permitían concluir que esas medidas ya no fueran pertinentes, precisando, en particular, que las sociedades vinculadas al demandante y las sociedades vinculadas al Sr. Deripaska seguían existiendo y que se seguía esperando que se produjeran transferencias de fondos entre ambas, lo que implicaba que seguía habiendo riesgo de elusión.
260 En estas circunstancias, se ofreció al demandante la posibilidad de exponer de manera adecuada y efectiva su punto de vista antes de la adopción de los actos de septiembre de 2025 y el Consejo lo tuvo en cuenta. El hecho de que el Consejo decidiera mantener su nombre en las listas controvertidas, a pesar de sus observaciones, no constituye una vulneración del derecho de defensa, en la medida en que este no estaba obligado a adherirse a su postura, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 258 de la presente sentencia.
261 De ello se deduce que debe desestimarse el sexto motivo y que, por consiguiente, procede desestimar el recurso en su totalidad.
IV. Costas
262 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones del demandante, procede condenarlo a cargar con sus propias costas y con las del Consejo, de conformidad con lo solicitado por este.
263 En virtud del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, el Reino de Bélgica y la Comisión cargarán con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava, en formación de cinco Jueces)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) El Sr. Dimitry Aleksandrovich Beloglazov cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.
3) El Reino de Bélgica y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.
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Gâlea |
Costeira |
Tóth |
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Ricziová |
Spangsberg Grønfeldt |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a de 15 de julio de 2026.
Firmas
Índice
I. Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
II. Pretensiones de las partes
III. Fundamentos de Derecho
A. Sobre la solicitud de omisión de determinados datos frente al público
B. Sobre la pretensión de anulación de los actos impugnados
1. Primer motivo, basado en la ilegalidad de la primera parte del criterio h)
a) Sobre la supuesta violación del principio de seguridad jurídica
b) Sobre la supuesta violación del principio de proporcionalidad
2. Segundo motivo, basado en un error de apreciación
a) Sobre la supuesta aplicación extraterritorial del Reglamento n.º 269/2014
b) Sobre la aplicación de la primera parte del criterio h) al demandante
1) Consideraciones preliminares
2) Concepto de «elusión» de las medidas previstas en el Reglamento n.º 269/2014
3) Existencia de una facilitación de una infracción de la prohibición de eludir las medidas previstas en el Reglamento n.º 269/2014
c) Sobre la supuesta obsolescencia de las medidas restrictivas impuestas al demandante
1) Actos de junio de 2024
2) Actos de septiembre de 2024
3) Actos de marzo de 2025
4) Actos de septiembre de 2025
5) Conclusión
3. Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y del principio de seguridad jurídica
4. Cuarto motivo, basado en la vulneración desproporcionada de los derechos fundamentales
5. Quinto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
6. Sexto motivo, basado en un vicio de procedimiento derivado del incumplimiento de la obligación de reconsideración
IV. Costas
* Lengua de procedimiento: francés.