Edición provisional
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación)
de 6 de octubre de 2026 (*)
« Recurso de casación — Cláusula compromisoria — Admisión a trámite de recursos de casación — Artículo 170 ter del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Solicitud de admisión a trámite que demuestra la importancia de una cuestión para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión — Admisión parcial a trámite del recurso de casación »
En el asunto C‑122/26 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 24 de febrero de 2026,
DT, representado por la Sra. A. Kunst, Rechtsanwältin,
parte recurrente,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Eulex Kosovo, con domicilio social en Pristina (Kosovo),
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación),
integrado por el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, y el Sr. M. Condinanzi y la Sra. R. Frendo (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la propuesta de la Juez Ponente y oída la Abogada General, Sra. J. Kokott;
dicta el siguiente
Auto
1 Mediante su recurso de casación, DT solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 21 de enero de 2026, DT/Eulex Kosovo (T‑218/24, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2026:34), por la que dicho Tribunal desestimó su recurso que tenía por objeto, con carácter principal y sobre la base del artículo 272 TFUE, que se declararan ilegales los escritos de Eulex Kosovo de 13 de noviembre de 2023 y de 20 de febrero de 2024, mediante los cuales esta, respectivamente, resolvió su contrato de trabajo y desestimó su recurso interno contra esa resolución, así como la reparación del perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia de esos escritos y de otros actos, y, con carácter subsidiario, por una parte, sobre la base del artículo 263 TFUE, la anulación de esos escritos y, por otra parte, sobre la base del artículo 268 TFUE, la reparación del perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia de esos mismos escritos.
Sobre la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación
2 Con arreglo al artículo 58 bis, párrafo segundo, letra b), del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el examen de los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal General relativas a la ejecución de un contrato que contenga una cláusula compromisoria, en el sentido del artículo 272 TFUE, está supeditado a su previa admisión a trámite por el Tribunal de Justicia.
3 Conforme al artículo 58 bis, párrafo tercero, del citado Estatuto, el recurso de casación se admitirá a trámite, total o parcialmente, según las modalidades fijadas en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando suscite una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.
4 A tenor del artículo 170 bis, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en las situaciones contempladas en el artículo 58 bis, párrafo segundo, del referido Estatuto, la parte recurrente adjuntará a su recurso de casación una solicitud de admisión a trámite de dicho recurso, en la que expondrá la cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión que el recurso suscita y en la que figurarán todos los datos necesarios para permitir que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre esa solicitud.
5 Con arreglo al artículo 170 ter, apartados 1 y 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia se pronunciará con la mayor rapidez posible sobre la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación mediante auto motivado.
Alegaciones de la parte recurrente
6 Para fundamentar su solicitud de admisión a trámite del recurso de casación, el recurrente alega que los tres motivos que formula en su recurso de casación plantean cuestiones importantes para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión.
7 El primer motivo de casación, que consta de dos partes, se basa en errores de Derecho supuestamente cometidos por el Tribunal General, en la medida en que, por una parte, se declaró erróneamente incompetente para examinar la amortización del puesto del recurrente y, por otra parte, declaró la inadmisibilidad de todos los motivos basados en la amortización de dicho puesto, infringiendo el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y el artículo 19 TUE. El segundo motivo de casación, que consta de dos partes, se basa, por un lado, en la inobservancia, por parte del Tribunal General, de la jurisprudencia sobre los litigios en materia de empleo relativos a los funcionarios y otros agentes de la Unión y en el supuesto error de Derecho en que incurrió al declarar, en esencia, que Eulex Kosovo no tenía que cumplir su deber de asistencia y protección y, por otro lado, en la vulneración, en particular, del principio de confianza legítima. El tercer motivo de casación está basado en la infracción de los artículos 20, 21 y 47 de la Carta.
8 Mediante la primera parte de su primer motivo de casación, el recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 37 a 43, 68, 119, 147, 170 y 185 de la sentencia recurrida, que no era competente para examinar la decisión, prevista en el plan de despliegue revisado de la Misión Eulex Kosovo (en lo sucesivo, «plan de despliegue revisado»), de amortizar el puesto que él ocupaba, basándose en que dicho plan estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la política exterior y de seguridad común (PESC), de modo que la amortización del puesto procedía de una «decisión estratégica». Según el recurrente, en la medida en que la Misión actuaba en el marco de los medios puestos a su disposición, esa decisión constituía un acto de gestión administrativa no comprendido en la PESC. Así, a su juicio, el Tribunal General no tuvo en cuenta la jurisprudencia derivada, en particular, de las sentencias de 19 de julio de 2016, H/Consejo y otros (C‑455/14 P, EU:C:2016:569), apartados 54 y 55, y de 10 de septiembre de 2024, KS y otros/Consejo y otros (C‑29/22 P y C‑44/22 P, EU:C:2024:725), apartados 127 y 128.
9 Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, el recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 35, 36, 68, 119 y 148 de la sentencia recurrida, que los motivos dirigidos contra la decisión de amortización de su puesto por el plan de despliegue revisado eran inadmisibles y que no podía impugnar dicha amortización, por vía incidental, en el marco de un recurso interpuesto contra la decisión de resolver su contrato. De este modo, el Tribunal General exigió la interposición de un recurso distinto contra el plan de despliegue revisado, mientras que la jurisprudencia relativa a los asuntos interpuestos sobre la base del artículo 270 TFUE no lo exige.
10 Según el recurrente, el primer motivo de casación plantea, por un lado, la cuestión del alcance de la competencia del juez de la Unión en el marco de la PESC y, más concretamente, la de si las decisiones de reorganización y de amortización de puestos adoptadas en virtud de esa política no están sujetas al control jurisdiccional. El recurrente señala que esta cuestión es importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión, en la medida en que puede afectar a numerosos miembros del personal de las misiones de la PESC o de las agencias de la Unión que intervienen en este ámbito.
11 Por otro lado, este motivo se refiere, según el recurrente, al alcance de la tutela judicial efectiva, en virtud del artículo 47 de la Carta, para el personal de las misiones de la PESC y, en particular, a la cuestión —importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión—, de si la decisión de amortización de puesto debe ser objeto de un recurso distinto o si puede examinarse, por vía incidental, en el marco de un recurso dirigido contra la decisión de resolución del contrato derivada de aquella. Según el recurrente, exigir un recurso distinto en los asuntos relativos al personal de las misiones de la PESC, mientras que tal exigencia no se aplica a los recursos interpuestos sobre la base del artículo 270 TFUE, podría conducir a una protección jurisdiccional desigual de ese personal, habida cuenta, en particular, del carácter confidencial de las operaciones de reestructuración en este ámbito.
12 Mediante la primera parte de su segundo motivo de casación, el recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, al declarar que Eulex Kosovo no había incumplido su deber de asistencia y protección. Sostiene que, en los apartados 179 a 181 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró erróneamente que Eulex Kosovo solo estaba obligada a tener en cuenta el interés del servicio, incumpliendo su propia jurisprudencia, en particular las sentencias de 10 de octubre de 2014, EMA/BU (T‑444/13 P, EU:T:2014:865), apartados 28 y 32, y de 24 de abril de 2017, HF/Parlamento (T‑584/16, EU:T:2017:282), apartados 119 y 120. De este modo, el Tribunal General adoptó, en particular en el apartado 150 de la sentencia recurrida, una interpretación que limita indebidamente las obligaciones del empleador con respecto al personal de las misiones de la PESC, contrariamente a la jurisprudencia aplicable a los funcionarios y otros agentes de la Unión, basándose en el «carácter temporal» de la Misión y de las condiciones de empleo.
13 Según el recurrente, la primera parte del segundo motivo de casación plantea la cuestión del alcance del deber de asistencia y protección en las misiones de la PESC y, más concretamente, la de si el Tribunal General puede excluir toda obligación de cambio de destino únicamente debido al «carácter temporal» de una Misión. Añade que esta cuestión es importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión, en la medida en que, al pronunciarse de este modo, el Tribunal General también ignoró la jurisprudencia derivada de la sentencia de 19 de julio de 2016, H/Consejo y otros (C‑455/14 P, EU:C:2016:569), apartados 54 y 55, de la que resulta que el personal de las misiones de la PESC goza de la misma protección que los funcionarios y otros agentes de la Unión.
14 Mediante la segunda parte del segundo motivo de casación, el recurrente considera que el Tribunal General violó, en los apartados 200 a 202 de la sentencia recurrida, el principio de protección de la confianza legítima, al declarar que la existencia de una cláusula de resolución del contrato impedía que las garantías que se habían dado al recurrente pudieran generar una confianza legítima en cuanto al mantenimiento de su contrato de trabajo. Al pronunciarse de este modo, el Tribunal General también ignoró la jurisprudencia en la materia, en particular la sentencia de 11 de abril de 2016, FN y otros/CEPOL (F‑41/15 DISS II, EU:F:2016:70), apartado 85. Según el recurrente, tal solución conduciría a una incoherencia entre la protección de las expectativas legítimas de los funcionarios y otros agentes de la Unión cuyos contratos también contengan una cláusula de resolución y la de los agentes contractuales de las misiones de la PESC.
15 Mediante su tercer motivo de casación, el recurrente sostiene que, al someterle, en su condición de miembro del personal de una Misión de la PESC, a un trato menos favorable que el reservado a los funcionarios y otros agentes de la Unión, el Tribunal General vulneró el principio de igualdad de trato consagrado en los artículos 20 y 21 de la Carta, así como su derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 47 de la Carta. Alega que, si bien regímenes de empleo distintos pueden justificar diferencias en las condiciones de contratación, no pueden justificar que las decisiones aplicables al personal de las misiones de la PESC no estén sujetas al control jurisdiccional. Invoca, en este sentido, la sentencia de 17 de julio de 2024, Montanari/EUCAP Sahel Níger (T‑371/22, EU:T:2024:494), apartado 224, según la cual, en virtud del principio de igualdad de trato, el Estatuto de los Funcionarios de la Unión y la jurisprudencia correspondiente se aplican por analogía al personal de las misiones de la PESC que se encuentra en una situación comparable a la del personal sujeto al Estatuto. El recurrente pone de manifiesto la necesidad de una aclaración del Tribunal de Justicia a este respecto para evitar incoherencias en la jurisprudencia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
16 Con carácter preliminar, procede señalar que incumbe a la parte recurrente demostrar que las cuestiones planteadas mediante su recurso de casación son importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión (auto de 29 de abril de 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, apartado 14 y jurisprudencia citada).
17 Además, tal como se desprende del artículo 58 bis, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con los artículos 170 bis, apartado 1, y 170 ter, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe contener todos los datos necesarios para permitir que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso de casación y determine, en caso de admisión a trámite parcial de este último, los motivos o las partes del recurso de casación que deberán tratarse en el escrito de contestación. En efecto, dado que el mecanismo previo de admisión a trámite de los recursos de casación previsto en el artículo 58 bis del citado Estatuto se propone limitar el control del Tribunal de Justicia a las cuestiones que revistan importancia para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión, solo los motivos que susciten tales cuestiones invocados por el recurrente deben ser examinados por el Tribunal de Justicia en el marco del recurso de casación (auto de 29 de abril de 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, apartado 15 y jurisprudencia citada).
18 Así, una solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe, en cualquier caso, enunciar de manera clara y precisa los motivos en los que basa el recurso, identificar con la misma precisión y claridad la cuestión de Derecho suscitada por cada motivo, precisar si tal cuestión es importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión y exponer de manera específica las razones por las cuales esa cuestión es importante a la luz del criterio invocado. En lo que respecta, en particular, a los motivos del recurso de casación, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe precisar la disposición del Derecho de la Unión o la jurisprudencia que la sentencia o el auto recurridos en casación supuestamente han quebrantado, exponer de manera sucinta en qué consiste el error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General e indicar en qué medida este error ha influido en el resultado de la sentencia o del auto recurridos. Cuando el error de Derecho invocado resulte de la violación de la jurisprudencia, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe exponer, de manera sucinta pero clara y precisa, en primer lugar, donde se encuentra la contradicción alegada, identificando tanto los apartados de la sentencia o del auto que se recurre en casación impugnados por el recurrente como los de la resolución del Tribunal de Justicia o del Tribunal General que, en opinión del recurrente, se han conculcado, y, en segundo lugar, las razones concretas por las que tal contradicción suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión (auto de 29 de abril de 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, apartado 16 y jurisprudencia citada).
19 Conforme al principio según el cual la carga de la prueba recae sobre quien solicita la admisión a trámite de un recurso de casación, incumbe a este demostrar que, con independencia de las cuestiones de Derecho que invoque en su recurso de casación, este último suscita una o varias cuestiones importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión cuyo alcance excede el marco de la sentencia recurrida en casación y, en definitiva, el de su propio recurso de casación (véase, en este sentido, el auto de 29 de abril de 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, apartado 17 y jurisprudencia citada).
20 Esta demostración implica determinar tanto la existencia como la importancia de dichas cuestiones, por medio de elementos concretos y propios del asunto, y no simplemente por medio de alegaciones de carácter general (auto de 29 de abril de 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, apartado 18 y jurisprudencia citada).
21 En el caso de autos, ha de señalarse, en primer lugar, que la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación enuncia con precisión y claridad los tres motivos invocados en el marco del recurso de casación, basados, el primero, en errores de Derecho supuestamente cometidos por el Tribunal General al declararse incompetente para examinar la decisión de amortización del puesto del recurrente y al declarar inadmisibles los motivos invocados a este respecto, infringiendo así, en particular, el artículo 47 de la Carta, el segundo, en la inobservancia, por parte del Tribunal General, de la jurisprudencia relativa a los litigios en materia de empleo relativos a los funcionarios y otros agentes de la Unión, en el error de Derecho en que supuestamente incurrió al declarar, en esencia, que Eulex Kosovo no estaba obligada a cumplir un deber de asistencia y protección, así como en la vulneración, en particular, del principio de confianza legítima, y, el tercero, en la infracción de los artículos 20, 21 y 47 de la Carta.
22 En segundo lugar, procede considerar que la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación expone de modo suficiente en Derecho en qué consisten los supuestos errores de Derecho cometidos por el Tribunal General y en qué medida esos supuestos errores influyeron en el resultado de la sentencia recurrida. Además, salvo en lo que respecta a la segunda parte del segundo motivo de casación, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación expone también las razones concretas por las que los errores reprochados al Tribunal General por el recurrente, suponiéndolos acreditados, suscitan, cada uno de ellos, una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.
23 En efecto, en primer término, como se ha señalado en el apartado 8 del presente auto, de la referida solicitud de admisión a trámite se desprende que el error de Derecho alegado en la primera parte del primer motivo de casación reside en el hecho de que, en los apartados 37 a 43, 68, 119, 147, 170 y 185 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, infringiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que una reconfiguración de la Misión Eulex Kosovo por parte del plan de despliegue revisado, que implicaba la amortización de puestos, estaba directamente vinculada a las decisiones estratégicas adoptadas en el marco de la PESC. Por consiguiente, el Tribunal General se declaró incompetente para examinar y apreciar la legalidad del plan de despliegue revisado, incluida la decisión de amortizar el puesto ocupado por el recurrente. Pues bien, según dicha solicitud de admisión a trámite, si no se hubiera cometido tal error el recurrente podría haber impugnado la decisión de amortización de su puesto ante el Tribunal General. Así pues, esta argumentación también versa sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en virtud del artículo 47 de la Carta.
24 Además, al subrayar que la cuestión del alcance de la competencia del juez de la Unión para conocer de los litigios relativos a las decisiones de reorganización y de amortización del personal adoptadas en el marco de la PESC puede afectar a numerosos agentes de las misiones comprendidas en dicha política o de las agencias de la Unión que intervienen en ese ámbito y que la aplicación uniforme de las normas que regulan la competencia del juez de la Unión contribuye a la coherencia del Derecho de la Unión, el recurrente alega que la cuestión de Derecho así planteada excede del marco de su recurso de casación, ya que la respuesta que se dé a ella puede producir efectos más allá del caso de autos.
25 De este modo, el recurrente expone las razones concretas por las que esta cuestión es importante para la unidad y la coherencia del Derecho de la Unión.
26 En segundo término, como se ha señalado en el apartado 9 del presente auto, de la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación se desprende que el error de Derecho alegado en la segunda parte del primer motivo de casación se basa, en esencia, en que el Tribunal General declaró, en los apartados 35, 36, 68, 119 y 148 de la sentencia recurrida, que los motivos dirigidos contra la decisión de amortización del puesto del recurrente prevista en el plan de despliegue revisado eran inadmisibles, debido a que esa amortización no podía impugnarse por vía incidental en el marco del recurso dirigido contra la resolución de su contrato, sino que debía ser objeto de un recurso distinto. Ahora bien, no se exige interponer un recurso distinto en los asuntos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 270 TFUE.
27 Así pues, es preciso señalar, por un lado, que este supuesto error podría haber influido en el resultado de la sentencia recurrida, en la medida en que, si el Tribunal de Justicia declarase que se ha cometido tal error, los motivos invocados por el recurrente relativos a dicho plan podrían declararse admisibles. Por otro lado, al sostener que la cuestión de si el personal de las misiones de la PESC está obligado a interponer un recurso distinto, contrariamente a los recursos interpuestos por los funcionarios y otros agentes en el marco de los litigios comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 270 TFUE, reviste importancia para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión, el recurrente expone las razones concretas por las que esta cuestión excede del marco de su recurso de casación.
28 En tercer término, del apartado 12 del presente auto se desprende que la primera parte del segundo motivo de casación se basa en el error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General, en los apartados 179 a 181 de la sentencia recurrida, al declarar que Eulex Kosovo no había incumplido su deber de asistencia y protección, puesto que solo estaba obligada a tener en cuenta el interés del servicio. El Tribunal General también declaró, en su caso erróneamente, que Eulex Kosovo no tenía ninguna obligación de cambio de destino debido al «carácter temporal» de las condiciones de contratación del personal, infringiendo la jurisprudencia, en particular las sentencias de 10 de octubre de 2014, EMA/BU (T‑444/13 P, EU:T:2014:865), apartados 28 y 32, y de 24 de abril de 2017, HF/Parlamento, T‑584/16 (EU:T:2017:282), apartados 119 y 120. El recurrente invoca asimismo la sentencia de 19 de julio de 2016, H/Consejo y otros (C‑455/14 P, EU:C:2016:569), apartados 54 y 55, de la que se desprende que el personal de las misiones de la PESC goza de la misma protección que los funcionarios y otros agentes de la Unión. Añade que este error podía afectar a numerosos miembros del personal de las misiones de la PESC.
29 De este modo, el recurrente expone las razones concretas por las que la cuestión de Derecho que plantea en la primera parte del segundo motivo de casación excede del marco de su recurso de casación y es importante para la unidad y la coherencia del Derecho de la Unión. En efecto, la respuesta a esta cuestión puede tener consecuencias que vayan más allá del caso de autos, ya que, a falta de examen del Tribunal de Justicia, la sentencia recurrida podría permitir que, en la reorganización de los puestos en el seno de las misiones de la PESC o de las agencias de la Unión que intervienen en este ámbito, se eludiesen las garantías reconocidas al personal de esas entidades.
30 En cuarto término, por lo que respecta al tercer motivo de casación, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato y del derecho a la tutela judicial efectiva, el recurrente invoca la sentencia de 17 de julio de 2024, Montanari/EUCAP Sahel Níger (T‑371/22, EU:T:2024:494), apartado 224, de la que resulta que dicho principio obliga a aplicar por analogía a los agentes de las misiones de la PESC determinadas disposiciones del Estatuto de los Funcionarios de la Unión y la jurisprudencia propia de función pública de la Unión, cuando dichos agentes se encuentran en una situación comparable a la de los funcionarios y otros agentes de la Unión. Según el recurrente, el Tribunal General vulneró ese principio, al excluir del control jurisdiccional al personal de las misiones de la PESC, mientras que un litigio relativo a la amortización de un puesto, en lo que atañe a los funcionarios y otros agentes de la Unión, está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 270 TFUE. Por consiguiente, el recurrente considera necesaria una aclaración del Tribunal de Justicia para garantizar una aplicación coherente de este principio.
31 De este modo, el recurrente expone las razones concretas por las que la cuestión de la igualdad de trato planteada en el tercer motivo de casación excede de la sentencia recurrida en casación y es importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión.
32 En cambio, en lo que atañe a la segunda parte del segundo motivo de casación, basada en la violación del principio de protección de la confianza legítima, el recurrente reprocha al Tribunal General haber ignorado la jurisprudencia derivada de la sentencia de 11 de abril de 2016, FN y otros/CEPOL (F‑41/15 DISS II, EU:F:2016:70), apartado 85, al declarar que, debido a la existencia de una cláusula de resolución del contrato, las garantías dadas al recurrente no podían generar una confianza legítima en cuanto al mantenimiento de su contrato de trabajo. Sin embargo, el recurrente se limita a invocar este supuesto error de Derecho y a desarrollar alegaciones de carácter general, sin exponer las razones concretas por las que tal error, suponiendo que estuviera acreditado, plantearía una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión, que justificaría la admisión a trámite del recurso de casación.
33 Por consiguiente, ha de considerarse que, por lo que respecta a la segunda parte del segundo motivo de casación, el recurrente no respetó todas las exigencias mencionadas en el apartado 18 del presente auto.
34 Habida cuenta de los elementos expuestos por el recurrente, procede declarar que la presente solicitud de admisión a trámite del recurso de casación demuestra de modo suficiente en Derecho que el primer motivo de casación, la primera parte del segundo motivo de casación y el tercer motivo de casación plantean cuestiones importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.
35 A la luz de las consideraciones anteriores, procede admitir parcialmente a trámite el recurso de casación, limitando el examen de este al primer motivo de casación, a la primera parte del segundo motivo de casación y al tercer motivo de casación, que deberán tratarse en el escrito de contestación, y no admitirlo a trámite en todo lo demás.
Costas
36 A tenor del artículo 170 ter, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, cuando, con arreglo a los criterios formulados en el artículo 58 bis, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se admita a trámite, en todo o en parte, el recurso de casación, el procedimiento seguirá desarrollándose de conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 a 190 bis de dicho Reglamento.
37 En aplicación del artículo 137 del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.
38 Por consiguiente, al haberse estimado parcialmente la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación, procede reservar la decisión sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación) resuelve:
1) Admitir a trámite el recurso de casación en lo que respecta al primer motivo de casación, a la primera parte del segundo motivo de casación y al tercer motivo de casación, que son los únicos que deberán tratarse en el escrito de contestación.
2) No admitir a trámite el recurso de casación en todo lo demás.
3) Reservar la decisión sobre las costas.
Firmas
* Lengua de procedimiento: inglés.