C-440/9861998O04400025.00018599186068CJAUTO DE 26.11.1999 — ASUNTO C-440/98RAI<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT></P><P>de <DATE ISO="19991126">26 de noviembre de 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: italiano.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto C-440/98,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por la Corte dei Conti (Italia), destinada a obtener, en el procedimiento de fiscalización posterior incoado ante ella contra

Radiotelevisione italiana SpA (RAI),

una decisión prejudicial sobre la interpretación de las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1); 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1), y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (Ponente), L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala; P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet y V. Skouris, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Cosmas;

Secretario: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante resolución de 30 de octubre de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de diciembre siguiente, la Corte dei Conti (Tribunal de Cuentas) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1); 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1), y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54).2Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un procedimiento de fiscalización de la gestión financiera de Radiotelevisione Italiana SpA (en lo sucesivo, RAI) correspondiente a los ejercicios de 1994 a 1996.<TI><P>El asunto principal y las cuestiones prejudiciales</P></TI>3A tenor de lo dispuesto en el Decreto del Presidente de la República de 20 de julio de 1961, RAI está sujeta a la fiscalización que la Corte dei Conti ejerce en virtud del artículo 100, apartado 2, de la Constitución italiana, relativo a la gestión financiera de las empresas a cuya financiación contribuye el Estado con carácter ordinario.4Con motivo del procedimiento de fiscalización posterior de la gestión financiera de RAI correspondiente a los ejercicios de 1994 a 1996, la Corte dei Conti, y más concretamente la Sección encargada de la fiscalización de las empresas, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las tres cuestiones prejudiciales siguientes:

1)¿Está sujeta RAI —Radiotelevisione Italiana SpA— a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos regulados en la Directiva 93/38/CEE del Consejo y modificaciones e integraciones posteriores, sobre los sectores excluidos, teniendo asimismo en cuenta que el Decreto Legislativo por el que se adapta el Derecho interno a tal Directiva (n° 158, de 17 de marzo de 1995), en la letra h) del Anexo 17, excluye del ámbito de aplicación personal de la Directiva a quienes prestan servicios de radiodifusión y de televisión.2)En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe considerarse a RAI —Radiotelevisione Italiana SpA— definitivamente excluida de la categoría de personas o entidades obligadas a observar los procedimientos comunitarios de adjudicación de contratos públicos, o, por el contrario, se rige por el régimen general previsto en las Directivas comunitarias 93/3 [71/CEE, de 14 de junio de 1993, relativa a los contratos públicos de obras; 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992, relativa a los contratos públicos de servicios, y 93/36/CEE, de 14 de junio de 1993, relativa a los contratos públicos de suministro, así como en sus modificaciones e integraciones posteriores ?3)A tales efectos, ¿cabe incluir a RAI —Radiotelevisione Italiana SpA— en el concepto comunitario de organismo de Derecho público, habida cuenta de que, si bien es verdad que, para satisfacer las necesidades de interés general relacionadas con el cumplimiento de la misión de servicio público que le incumbe, tal sociedad desempeña ciertamente una actividad de carácter industrial y comercial, abierta al mercado, no es menos verdad que la misma, además de caracterizarse por un régimen funcional y organizativo particular (descrito en el preámbulo de la resolución de remisión), disfruta de un sistema especial de financiación por parte del Estado, constituido por el canon de abono ?

<TI><P>Sobre la competencia del Tribunal de Justicia</P></TI>5La Corte dei Conti considera que, cuando se pronuncia en materia de fiscalización de las empresas, cumple todos los criterios que el Tribunal de Justicia estima necesarios para tener la consideración de órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, a efectos del artículo 177 del Tratado. A este respecto, la Corte dei Conti subraya el doble objetivo de la fiscalización que efectúa, consistente, por un lado, en comprobar la legalidad y la regularidad de la gestión de las empresas sometidas a su control, y, por otro, en valorar los resultados por ellas conseguidos en términos de rendimiento, eficacia y buena gestión económica.6En una comunicación de 6 de julio de 1999, que el Gobierno italiano transmitió al Tribunal de Justicia, la Corte dei Conti mantiene que la decisión que ha de tomar en el procedimiento principal reviste carácter jurisdiccional. En efecto, según las disposiciones nacionales aplicables y, en particular, según el artículo 8 de la Ley n° 259/1958, de 21 de marzo de 1958, el procedimiento ante la Sección de Fiscalización de las empresas se desarrolla con observancia del principio de contradicción y finaliza mediante una decisión que resuelve el litigio del que esté conociendo la Corte dei Conti, decisión que no es susceptible de recurso y tiene fuerza de cosa juzgada.7El Gobierno italiano, por su parte, sostiene que debe declararse la inadmisibilidad de las cuestiones planteadas por la Corte dei Conti8El Gobierno italiano añade que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional italiano (principalmente la sentencia n° 335/95; Rivista della Corte dei Conti, 1995, 3, II, p. 163) distingue entre la fiscalización preventiva de la legalidad de los actos y la fiscalización posterior sobre la gestión financiera de las empresas. Mientras que el primer tipo de fiscalización comporta, según la referida jurisprudencia, numerosos aspectos análogos a la función jurisdiccional, la fiscalización posterior de la gestión, prevista en el artículo 3, apartado 4, de la Ley n° 20/1994, de 14 de enero de 1994 (GURI n° 10, de 14 de enero de 1994), no puede revestir las características de una fiscalización que quepa asimilar a la función jurisdiccional, es decir, destinada a la aplicación del Derecho objetivo, con exclusión de toda apreciación que no sea de orden estrictamente jurídico.9La Comisión mantiene que, en el ejercicio de su función de fiscalización posterior, la Corte dei Conti no puede tener la consideración de órgano jurisdiccional a efectos del artículo 177 del Tratado. En particular, la Comisión alega que, en el procedimiento principal, la Corte dei Conti no conoce de un litigio que haya de resolver adoptando una decisión de carácter jurisdiccional. En efecto, puesto que las funciones de fiscalización posterior que ejerce la Corte dei Conti versan sobre actos que ya han sido ejecutados, dicha Institución realiza la operación de comprobar los resultados obtenidos por la Administración en relación con los programas inicialmente establecidos. Al proceder de esta manera, la Corte dei Conti no ejerce funciones jurisdiccionales, sino de carácter administrativo.10La Comisión indica, por otro lado, que la Corte dei Conti no examina la acción de la Administración basándose exclusivamente en la aplicación de normas jurídicas, sino tomando en consideración otros parámetros.11Para apreciar si un organismo posee el carácter de un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 177 del Tratado, cuestión sujeta únicamente al Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta un conjunto de elementos, como son el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia (véanse, en particular, las sentencias de 30 de junio de 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, Rec. p. 377; de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. p. I-4961, apartado 23, y de 2 de marzo de 1999, Eddline El-Yassini, C-416/96, Rec. p. I-1209, apartado 17).12Además, constituye jurisprudencia reiterada que los órganos jurisdiccionales nacionales sólo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter jurisdiccional (véanse el auto de 5 de marzo de 1986, Greis Unterweger, 318/85, Rec. p. 955, apartado 4, y las sentencias de 19 de octubre de 1995, Job Centre, C-111/94, Rec. p. I-3361, apartado 9, y de 12 de noviembre de 1998, Victoria Film, C-134/97, Rec. p. I-7023, apartado 14).13Así pues, la competencia de un organismo para pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie deberá determinarse basándose tanto en criterios estructurales como funcionales. A este respecto, un organismo nacional puede tener la consideración de órgano jurisdiccional, a efectos del artículo 177 del Tratado, si ejerce funciones jurisdiccionales, aun cuando en el ejercicio de otras funciones, en particular de carácter administrativo, no pueda reconocérsele tal calificación.14De lo anterior se deduce que para determinar si un organismo nacional, al que la ley atribuya funciones de diversa naturaleza, debe ser calificado de órgano jurisdiccional, a efectos del artículo 177 del Tratado, resulta necesario verificar cuál es la naturaleza específica de las funciones que ejerce en el contexto normativo particular en el que se ve obligado a pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie. En el marco de este examen, carece de relevancia el hecho de que deban calificarse de órganos jurisdiccionales, a efectos del artículo 177 del Tratado, otras Secciones del organismo de que se trate, o incluso la misma Sección que haya pedido al Tribunal de Justicia que se pronuncie, si bien actuando en el ejercicio de funciones distintas de las que dieron lugar a que se efectuara dicha petición.15Pues bien, de las observaciones sometidas a la consideración de este Tribunal de Justicia se desprende que la función de fiscalización posterior que ejerce la Corte dei Conti en el litigio principal es esencialmente una función de evaluación y verificación de los resultados de la actividad administrativa. De ello se deduce que, en el contexto específico que dio lugar a la presente cuestión prejudicial, dicha Institución no ejerce funciones jurisdiccionales.16En tales circunstancias, este Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por la Corte dei Conti.<TI><P>Costas</P></TI>17Los gastos efectuados por el Gobierno italiano y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve :

El Tribunal de Justicia no es competente para responder a las cuestiones planteadas por la Corte dei Conti mediante su resolución de remisión de 30 de octubre de 1998.

Dictado en Luxemburgo, a 26 de noviembre de 1999.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

G.C. Rodríguez Iglesias