1.

Mediante su recurso de casación, Ryanair DAC y Airport Marketing Services Ltd (en lo sucesivo, «AMS» y, conjuntamente, «recurrentes») solicitan que se anule la sentencia del Tribunal General de 29 de septiembre de 2021, Ryanair y otros/Comisión (T‑448/18, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:626). Dicha sentencia desestimó el recurso por el que se solicitaba la anulación parcial de la Decisión (UE) 2018/628 de la Comisión ( 2 ) en la medida en que afectaba a dichas recurrentes.

2.

En los apartados 1 a 39 de la sentencia recurrida se describen los antecedentes del litigio. A efectos del presente recurso de casación, pueden resumirse como sigue.

3.

Ryanair es una compañía aérea cuya filial, AMS, presta servicios de estrategia de marketing; el grueso de la actividad de esta consiste en vender espacios publicitarios en el sitio de Internet de Ryanair. El aeropuerto de Klagenfurt (Austria; en lo sucesivo, «aeropuerto») está situado a las afueras de esta ciudad, capital del estado federado de Carintia. La entidad propietaria y gestora del aeropuerto es Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «KFBG»). Los propietarios últimos de las acciones de KFBG siempre han sido autoridades o entidades públicas. KFBG tiene una filial al 100 %, Destinations Management GmbH (en lo sucesivo, «DMG»), que presta diversos servicios al aeropuerto. En particular, DMG actuaba como consultora para atraer compañías aéreas al aeropuerto y celebró varios acuerdos en virtud de los cuales las compañías aéreas recibían sumas considerables a cambio de servicios de marketing.

4.

El 22 de enero de 2002, se celebraron cuatro acuerdos. En primer lugar, KFBG y Ryanair concluyeron un contrato de servicios aeroportuarios (en lo sucesivo, «ASA de 2002»). Este acuerdo entró en vigor el 27 de junio de 2002 por un período de cinco años y preveía una renovación automática por otros cinco años si Ryanair cumplía íntegramente los compromisos que le incumbían en virtud del acuerdo. Con arreglo a este acuerdo, Ryanair se comprometía a ofrecer un servicio, al menos diario, entre el aeropuerto y el aeropuerto de Londres‑Stansted del 27 de junio de 2002 al 26 de junio de 2007, a cambio de una tasa fija por rotación. Además, Ryanair debía cobrar un importe fijo por pasajero de salida en concepto de tasa aeroportuaria, más un importe fijo por pasajero de salida en concepto de tasa de seguridad, y debía abonar dichas tasas al aeropuerto. El ASA de 2002 detallaba los distintos servicios que el aeropuerto debía prestar a Ryanair y contemplaba otros pagos determinados al aeropuerto.

5.

En segundo lugar, DMG y Leading Verge.com Limited (en lo sucesivo, «LV»), actualmente FR Financing (Malta) Ltd (en lo sucesivo, «FR Financing»), filial de Ryanair disuelta entretanto, celebraron un contrato de comercialización (en lo sucesivo, «ASM de 2002 entre DMG y LV»). Dicho acuerdo entró en vigor ese mismo día y debía finalizar el 26 de junio de 2007, con renovación automática por otros cinco años siempre que LV cumpliera plenamente los compromisos contraídos en virtud del acuerdo. Con arreglo a dicho acuerdo, DMG encargó a LV que elaborara un plan promocional, organizara la inserción de enlaces a la página de inicio de DMG y llevara a cabo otras actividades promocionales a cambio de un pago fijo anual.

6.

En tercer lugar, DMG y AMS celebraron otro contrato de comercialización (en lo sucesivo, «ASM de 2002 entre DMG y AMS»). Este acuerdo, que entró en vigor el mismo día por un período de cinco años, preveía la posibilidad de prorrogarlo otros cinco años. En virtud de dicho acuerdo, DMG encargó a AMS que creara y gestionara, antes del 1 de mayo de 2002 y a cambio de una contraprestación anual, dos enlaces en el sitio de Internet www.ryanair.com a sitios de Internet elegidos por DMG para destacar los atractivos del estado federado de Carintia. En dicho acuerdo también se estipulaba la posibilidad de que AMS prestara otros servicios adicionales.

7.

En cuarto lugar, el mismo día se concluyó y entró en vigor una nota complementaria al ASM de 2002 entre DMG y LV (en lo sucesivo, «nota complementaria de 2002»). En ella se acordó que, en relación con el ASM de 2002 entre DMG y LV, la primera debía abonar a la segunda otro pago en concepto de comercialización por las medidas adicionales de una mayor comercialización durante la vigencia del acuerdo entre DMG y LV.

8.

El ASA de 2002, el ASM de 2002 entre DMG y LV, en su versión modificada, y el ASM de 2002 entre DMG y AMS (en lo sucesivo, conjuntamente, «acuerdos de 2002») expiraron el 29 de octubre de 2005, cuando Ryanair interrumpió sus servicios de transporte aéreo de pasajeros entre el aeropuerto y el aeropuerto de Londres‑Stansted.

9.

El 23 de agosto de 2006, KFBG y Ryanair celebraron un nuevo contrato de servicios aeroportuarios (en lo sucesivo, «ASA de 2006»). Este acuerdo se refería a un servicio de tres vuelos por semana al aeropuerto de Londres‑Stansted que debía prestarse del 19 de diciembre de 2006 al 21 de abril de 2007. Ryanair estaba obligada a pagar las tasas oficiales del aeropuerto de Klagenfurt. Gracias a un régimen de incentivos, Ryanair se beneficiaba de un incentivo de 7,62 euros por pasajero de salida en el nuevo servicio regular.

10.

El 21 de diciembre de 2006, DMG y AMS celebraron un nuevo contrato de comercialización (en lo sucesivo, «ASM de 2006»), que entró en vigor el 28 de febrero de 2007. El ASM de 2006 estaba vinculado al compromiso de Ryanair de operar los vuelos previstos en el acuerdo mencionado en el punto anterior. AMS estaba obligada a prestar cada año un paquete de servicios de marketing dirigidos, en particular, a promocionar el destino Klagenfurt/Carintia.

11.

El ASA de 2006 y el ASM de 2006 (en lo sucesivo, conjuntamente, «acuerdos de 2006») eran aplicables hasta el 21 de abril de 2007.

12.

El 11 de octubre de 2007, a raíz de una denuncia presentada por un competidor de Ryanair en el sector europeo del transporte aéreo de pasajeros, en la que se alegaba que Ryanair había recibido ayudas estatales ilegales de, entre otros, el estado federado de Carintia, la ciudad de Klagenfurt, Kärnten Werbung Marketing & Innovations management GmbH y el aeropuerto de Klagenfurt, a través de KFBG, la Comisión transmitió la denuncia a la República de Austria y solicitó más información. Mediante escritos de 15 de noviembre de 2010 y de 24 de marzo de 2011, la Comisión solicitó información adicional a Austria. El 8 de abril de 2011, la Comisión solicitó más información a Ryanair, que fue transmitida a Austria, la cual presentó posteriormente sus observaciones.

13.

El 22 de febrero de 2012, la Comisión notificó a Austria su decisión de incoar el procedimiento de investigación previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, en particular en relación con los acuerdos de 2002 y 2006 con Ryanair. ( 3 )

14.

Mediante escritos de 29 de mayo y de 20 de julio de 2012, el asesor jurídico de Ryanair solicitó, en particular, que se le permitiera acceder al expediente administrativo, solicitud que la Comisión denegó.

15.

Mediante escrito de 24 de febrero de 2014, la Comisión solicitó a Austria más información sobre un contrato de comercialización celebrado entre el aeropuerto y Ryanair el 22 de enero de 2002, a lo que Austria respondió el 11 de junio de 2014.

16.

El 23 de julio de 2014, la Comisión decidió ampliar el procedimiento de investigación.

17.

En la Decisión controvertida, la Comisión consideró, en particular, que, mediante los acuerdos de 2002 y de 2006, la República de Austria había concedido a Ryanair ayudas ilegales incompatibles con el mercado interior. Determinó los importes que debían recuperarse sobre la base de la parte negativa del flujo de pagos adicional anual previsto en el momento en que se celebraron los acuerdos controvertidos, por cada año en que dichos acuerdos fueron aplicables. Declaró que las recurrentes eran responsables solidarias de restituir íntegramente las ayudas percibidas a través de los acuerdos controvertidos, cuyo importe principal orientativo ascendía a 1827267 euros y a 141326 euros, respectivamente, y ordenó que se recuperaran dichas ayudas.

18.

En primera instancia, Ryanair, AMS y FR Financing invocaron seis motivos en apoyo de su recurso y, el 24 de agosto de 2018, presentaron una demanda de diligencias de prueba, mediante la cual solicitaron a la Comisión que aportara determinados documentos. El 25 de septiembre de 2020 (a saber, tras haber concluido la fase escrita del procedimiento), dichas partes presentaron dos documentos como pruebas adicionales. Estos dos documentos eran el cuadro del aeropuerto de estimaciones de ingresos no aeronáuticos por pasajero de salida en relación con los contratos de servicios aeroportuarios y de comercialización (anexo E.1) y una versión no editada de los datos sobre costes que figuraban en un informe del consultor económico de Ryanair, Oxera, de 3 de noviembre de 2014 (anexo E.2).

19.

En la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que estas pruebas eran inadmisibles, ya que las demandantes en primera instancia no habían justificado la presentación extemporánea de pruebas adicionales con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Asimismo, dicho órgano jurisdiccional desestimó por infundados todos los motivos invocados y, por lo tanto, el recurso en su totalidad.

20.

En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan cuatro motivos.

21.

Las recurrentes alegan, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al rechazar como inadmisibles, y, por lo tanto, al negarse a tenerlas en cuenta para llevar a cabo su control jurisdiccional, pruebas clave que habían presentado antes de la terminación de la fase oral del procedimiento. En particular, sostienen que el Tribunal General incurrió en error i) al no haber tenido en cuenta, o no haber considerado debidamente, los principios jurídicos en los que se basan las disposiciones del artículo 85, apartados 1 a 3, del Reglamento de Procedimiento y ii) al no haber tenido en cuenta la jurisprudencia que aplica dichas disposiciones.

22.

El artículo 85 del Reglamento de Procedimiento contempla la posibilidad de aportar o proponer pruebas en diferentes fases del procedimiento. El artículo 85, apartado 1, enuncia lo siguiente: «Las pruebas y la proposición de prueba se presentarán en el primer turno de escritos de alegaciones» (regla general). El artículo 85, apartado 2, establece: «En la réplica y en la dúplica las partes principales podrán aún aportar pruebas o proponer pruebas en apoyo de sus alegaciones, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen» (singularidad). El artículo 85, apartado 3, dispone: «Excepcionalmente, las partes principales podrán aún aportar o proponer pruebas antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen» (excepción).

23.

El Tribunal de Justicia ya ha declarado que estas normas tienen en cuenta los principios de contradicción y de igualdad de armas, así como el derecho a un juicio justo en interés de la buena administración de justicia. ( 4 ) El Tribunal de Justicia también ha declarado que «el juez [de la Unión] […] está facultado para controlar el carácter fundado de la justificación del retraso en la presentación de pruebas o en la formulación de proposiciones de prueba y, según el caso, el contenido de estas, así como, si la presentación o formulación tardías no están suficientemente justificadas por motivos de hecho o de Derecho, para desestimarlas». ( 5 )

24.

Este pasaje se refería al artículo 85, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento y la jurisprudencia que en él cita el Tribunal de Justicia estaba relacionada con la disposición equivalente del antiguo Reglamento de Procedimiento. ( 6 )

25.

De la sentencia de 14 de abril de 2005, Gaki‑Kakouri/Tribunal de Justicia, ( 7 ) así como de la sentencia de 16 de septiembre de 2020, BP/FRA, ( 8 ) se desprende que el razonamiento anterior también es aplicable respecto al artículo 85, apartado 3, de dicho Reglamento de Procedimiento, si bien —dado que el artículo 85, apartado 2, supone una singularidad y el artículo 85, apartado 3, constituye una excepción— esta última norma es más estricta y solo es aplicable en circunstancias excepcionales (véase el punto 31 de las presentes conclusiones).

26.

En primer lugar, la alegación principal de las recurrentes es que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al rechazar como inadmisibles ambas pruebas, pese a que tales pruebas deben ser siempre aceptadas por el Tribunal General a efectos de su control jurisdiccional «salvo que existan razones imperiosas que aboguen por lo contrario».

27.

Esta alegación debe desestimarse por infundada. En efecto, equivale a invertir la lógica que rige las normas en materia de práctica de la prueba ante el Tribunal General.

28.

De la jurisprudencia Gaki‑Kakouri se desprende que la aceptación de pruebas presentadas extemporáneamente constituye una excepción. Además, del propio tenor del artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento se desprende que corresponde a las partes que pretenden aportar tales pruebas justificar suficientemente el retraso con que lo hacen.

29.

Por consiguiente, contrariamente a lo que afirman las recurrentes, el Tribunal General no está obligado a admitir siempre las pruebas presentadas extemporáneamente a menos que acredite que desestimarlas es necesario por «razones imperiosas» (es decir, en virtud del principio de contradicción o del concepto de juicio justo ante el Tribunal General).

30.

Por el contrario, son las partes quienes han de justificar dicho retraso.

31.

Como declaró acertadamente el Tribunal General en la sentencia TestBioTech y otros/Comisión, ( 9 )«la presentación de pruebas antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento está supeditada al doble requisito de que [i)] se justifique el retraso en la aportación o proposición de pruebas y de que [ii)] la presentación extemporánea de las pruebas esté justificada por circunstancias excepcionales. Por lo que respecta al segundo requisito de admisibilidad [ii)], […] procede señalar que, en cualquier caso, el carácter excepcional de tal presentación implica que al demandante le haya sido imposible presentar los documentos en cuestión ante el Tribunal General antes de la vista o que no se le pudiera exigir razonablemente una presentación más temprana. Corresponde a la parte que desea presentar los documentos ante el Tribunal General probar que se cumple dicho requisito en el momento en que se presentan las nuevas pruebas» (el subrayado es mío).

32.

Considero que el enfoque del Tribunal General que se acaba de exponer (cuando, en determinadas situaciones, exige elementos probatorios para respaldar la justificación de la presentación extemporánea de pruebas) puede encontrar apoyo en la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto BP/FRA, ( 10 ) en la que este hace referencia a la obligación de aportar tales pruebas para respaldar la justificación.

33.

En el apartado 47 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia recuerda también que el artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento debe interpretarse de manera bastante estricta («solo excepcionalmente las partes podrán aún aportar o proponer pruebas. De esta disposición se desprende claramente que cualquier retraso en la aportación o proposición de tales pruebas debe estar justificado») (el subrayado es mío).

34.

En el procedimiento en primera instancia, las recurrentes alegaron, en esencia, en relación con el cuadro de ingresos no aeronáuticos del aeropuerto, que la Comisión se había referido a dicho cuadro en su dúplica. En alusión a su solicitud de diligencias de ordenación, explican que fue difícil y llevó mucho tiempo obtener información del aeropuerto, ya que la información era antigua, el personal del aeropuerto había cambiado y la crisis de la COVID‑19 afectó tanto al personal del aeropuerto como a las recurrentes y a sus asesores. Además, según las recurrentes, habían recibido la información «pocos días antes».

35.

En mi opinión, está claro, como puede deducirse de la jurisprudencia antes citada, que las recurrentes deberían haber podido aportar alguna prueba que acreditara que intentaron obtener el cuadro del aeropuerto desde un primer momento y que siguieron insistiendo al aeropuerto a este respecto, máxime al recibir las observaciones de la Comisión sobre las nuevas pruebas (de 14 de octubre de 2020), en las que la Comisión alegaba, entre otras consideraciones, que el retraso no estaba justificado porque las explicaciones no eran verificables. Habida cuenta del considerable período de tiempo que transcurrió entre que la Comisión presentó su escrito de dúplica (25 de febrero de 2019) y la celebración de la vista (29 de septiembre de 2020), las recurrentes deberían haber aportado alguna prueba del tipo que he mencionado anteriormente para demostrar que podían respaldar su justificación, con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.

36.

Procede señalar que las recurrentes tampoco han aportado tales pruebas en la fase de casación.

37.

Las excepciones deben interpretarse en sentido estricto, de modo que el Tribunal General, en casos como el del presente asunto, en el que alberga dudas sobre la justificación de la presentación extemporánea, debe poder efectuar al menos una comprobación elemental y, en consecuencia, puede exigir a esa parte que respalde su pretensión con pruebas.

38.

En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado en una situación similar, en la que una de las partes sostenía que el retraso en la presentación de pruebas en primera instancia se había debido a su mala salud, que el Tribunal General desestimó acertadamente esta alegación, dado que dicha parte no podía presentar ningún certificado médico que lo acreditara. ( 11 )

39.

A continuación, en la vista, las recurrentes trataron de invocar la sentencia del Tribunal General de 15 de junio de 2022, Qualcomm/Comisión (Qualcomm — Pagos por exclusividad) (T‑235/18, EU:T:2022:358), en la que dicho órgano jurisdiccional había admitido pruebas presentadas extemporáneamente por Qualcomm.

40.

Basta con señalar que, desde el punto de vista material, el presente asunto no es objetivamente comparable al que invocan las recurrentes en, al menos, cuatro aspectos: en efecto, i) la justificación de la presentación extemporánea es diferente; ii) los documentos de que se trata revisten un carácter distinto; iii) los procedimientos difieren, y iv) la situación del demandante es diferente. Por lo que respecta al inciso i), Qualcomm se basó no solo en el artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, sino que también alegó que, en tal caso, el artículo 85, apartado 3, debía interpretarse «a la luz del artículo 92, apartado 7, de dicho Reglamento» (pueden presentarse pruebas en contrario y ampliarse la proposición de prueba). Si bien considero que el enfoque del Tribunal General en el asunto Qualcomm es convincente, basta con señalar que, en el presente asunto, las recurrentes no formularon ninguna alegación en tal sentido (ni en primera instancia ni en casación) y que no lo hicieron ni expresa ni implícitamente, a pesar de que la propia Comisión hizo explícitamente referencia al artículo 92, apartado 7, y sostuvo que esta disposición no era aplicable. En relación con el inciso ii), de dicha sentencia se desprende que razones objetivas habían impedido a Qualcomm obtener los documentos controvertidos y el Tribunal General explica detalladamente en dicha sentencia (apartados 134 a 153) que la aportación, en su conjunto, de pruebas adicionales una vez finalizada la fase escrita del procedimiento estaba «justificada por circunstancias excepcionales» y, por lo tanto, era admisible. Por lo que respecta al inciso iii), el asunto Qualcomm versa sobre el Derecho de la competencia, mientras que el presente asunto se refiere a ayudas de Estado (véase el punto 94 de las presentes conclusiones). En cuanto al inciso iv), el beneficiario en un asunto de ayudas de Estado no es la parte demandada ante el Tribunal General.

41.

Por último, las recurrentes también pretenden invocar, en particular, las sentencias Crocs/EUIPO — Gifi Diffusion (Zapatos) ( 12 ) y Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl). ( 13 ) Sostienen que el Tribunal General aplicó erróneamente esta jurisprudencia, alegando que de ella se desprende que una presentación extemporánea de pruebas puede estar justificada cuando la parte no pudo disponer de ellas antes y cuando, al apreciar si la presentación extemporánea está justificada, es necesario comprobar si las pruebas en cuestión ya figuraban en el expediente administrativo en el que se basó la decisión objeto de impugnación. De ser así, no estaría justificado rechazar dichas pruebas, dado que la parte demandada ya las tuvo en cuenta antes de adoptar su decisión.

42.

Es preciso señalar que esta jurisprudencia no tiene el alcance que le atribuyen las recurrentes. En efecto, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado exactamente en el mismo sentido en una situación como la controvertida en el presente asunto. Es importante subrayar que esta jurisprudencia tiene su origen en litigios sobre marcas de la Unión y se explica por determinadas particularidades de los litigios en este ámbito específico del Derecho de la Unión.

43.

Esta conclusión se desprende del auto del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2011, Wilfer/OAMI. ( 14 )

44.

En esencia, en dicho asunto, el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General tenía razón al señalar que, con arreglo al artículo 63 del Reglamento (CE) n.o 40/94, ( 15 ) no podía reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. Los recursos interpuestos ante el Tribunal General tienen por objeto controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO en el sentido de dicha disposición y esa legalidad debe apreciarse a la luz de la información de que disponían estas en el momento en que adoptaron dichas resoluciones (apartados 40 y 41 del auto Wilfer/OAMI).

45.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia señaló que no se discutía que el peritaje y las representaciones de marcas de la Unión y nacionales invocadas por el recurrente en casación en aquel asunto como pruebas se habían presentado por primera vez ante el Tribunal General y no habían sido presentadas ante la Sala de Recurso de la EUIPO. Por consiguiente, el Tribunal General las declaró acertadamente inadmisibles. En consecuencia, dicha desestimación no había vulnerado el derecho del recurrente en casación a ser oído (apartado 42 del auto Wilfer/OAMI).

46.

Por último, el Tribunal de Justicia señaló que ni del escrito de interposición del recurso ante el Tribunal General ni de la sentencia recurrida en aquel asunto se desprendía que el recurrente en casación hubiera alegado, ante el citado órgano jurisdiccional, que la Sala de Recurso había vulnerado el principio según el cual dicha Sala debe examinar de oficio los hechos, a fin de determinar la admisibilidad de tales pruebas (apartado 43 del auto Wilfer/OAMI).

47.

En consecuencia, la jurisprudencia invocada por las recurrentes en el punto 41 de las presentes conclusiones no es aplicable en el presente asunto y sus alegaciones deben desestimarse por infundadas.

48.

De todas las consideraciones anteriores se desprende que el primer motivo de casación debe desestimarse por infundado.

49.

Las recurrentes alegan que, según el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1589, ( 16 ) la medida de la Comisión, a saber, la solicitud de información, debe referirse a un objeto específico de la investigación. Sostienen que el Tribunal General aplicó erróneamente jurisprudencia reiterada según la cual, para que se interrumpa el plazo de prescripción en virtud de dicha disposición, las solicitudes de información deben referirse a una medida específica. Asimismo, las recurrentes alegan que el Tribunal General vulneró los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica.

50.

La Decisión controvertida identifica cuatro acuerdos a partir de 2002 relativos a las ayudas concedidas a Ryanair. Además, de la sentencia recurrida se desprende que era pacífico entre las partes que, por lo que respecta a todos los acuerdos de 2002, el plazo de prescripción previsto en el artículo 17 del Reglamento 2015/1589 comenzó a correr el 9 de agosto de 2002. En este contexto, las recurrentes habían alegado durante el procedimiento administrativo, y posteriormente ante el Tribunal General, que, en el momento en que la Comisión solicitó información a las autoridades austriacas y a Ryanair en relación con los acuerdos de 2002, ya había expirado el plazo de diez años (dado que dichas solicitudes no se presentaron hasta 2015, mientras que el plazo de prescripción expiraba el 8 de agosto de 2012) (apartado 66 de la sentencia recurrida). Según las recurrentes, la Comisión no tuvo conocimiento de la existencia de los acuerdos de 2002 hasta, al menos, el 31 de agosto de 2012, cuando supo de estos a través de un documento que le envió Ryanair, como pone de manifiesto su decisión de ampliar el procedimiento de investigación formal. Alegan que, entre el 9 de agosto de 2002 y el 8 de agosto de 2012, la Comisión no emprendió ninguna acción que pudiera interrumpir el plazo de prescripción. Sostienen que, antes del 31 de agosto de 2012, la Comisión no pudo haber emprendido ninguna acción que interrumpiera el plazo de prescripción en relación con los acuerdos de 2002. Ello se debe a que tal efecto interruptor exigía que la «acción emprendida», en el sentido de dicho artículo, se refiriera con relativa precisión a la ayuda controvertida. Así, al considerar que una expresión genérica produce tal efecto interruptor, el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 17 del Reglamento 2015/1589.

51.

En su decisión de incoar el procedimiento, de 22 de febrero de 2012, la Comisión declaró que, sobre la base de la información de que disponía, había decidido examinar, en relación con las compañías en cuestión, los «acuerdos de 2002 con Ryanair» y los «acuerdos de 2006 con Ryanair». Por lo que respecta a los acuerdos de 2002, resulta que existía un acuerdo de cooperación entre KFBG y Ryanair de 22 de enero de 2002 y un contrato de comercialización entre DMG y LV, también de 22 de enero de 2002. En cuanto a su Decisión de 23 de julio de 2014, por la que la Comisión amplió el procedimiento de investigación formal, de ella se desprende que dicha ampliación se refería también al contrato de comercialización celebrado entre DMG y AMS, de 22 de enero de 2002, y a la «nota complementaria al contrato de comercialización entre DMG y LV», de la misma fecha.

52.

A continuación, en la sentencia recurrida (apartados 73 a 77), el Tribunal General analizó los diferentes elementos y solicitudes de información que se habían dirigido a las autoridades austriacas y a Ryanair antes de dar inicio al procedimiento de investigación formal y dedujo de ello que todas las solicitudes que había analizado afectaban también el ASM de 2002 entre DMG y AMS y la nota complementaria de 2002 entre DMG y LV, de modo que se trataba de medidas que podían interrumpir el plazo de prescripción establecido en el Reglamento 2015/1589.

53.

Acto seguido, en los apartados 77 a 79 de dicha sentencia, el Tribunal General declaró que diversos elementos de la Decisión controvertida demostraban que el ASA de 2002 y los «contratos de comercialización celebrados en 2002» estaban indisociablemente vinculados, de manera que el plazo de prescripción había sido efectivamente interrumpido por la solicitud de información analizada por el Tribunal General.

54.

Por último, en los apartados 80 a 84 de dicha sentencia, el Tribunal General declaró, en esencia, que, dado que las autoridades austriacas y Ryanair habían tenido conocimiento, por su condición de destinatarias, del contenido de los escritos mediante los que se les solicitaba información adicional, la indicación de las fechas en las que la Comisión había adoptado las medidas que podían interrumpir el plazo de prescripción bastaba para dar por cumplida su obligación de motivación.

55.

Cabe puntualizar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el plazo de prescripción previsto en el artículo 17 puede ser interrumpido por una acción que no haya sido notificada al beneficiario de la ayuda. ( 17 )

56.

Asimismo, ha declarado que la expiración de dicho plazo no hace más que limitar en el tiempo las competencias de la Comisión para recuperar ayudas de Estado y, por lo tanto, tal expiración no puede producir el efecto de regularizar con carácter retroactivo ayudas ilegales por el mero hecho de que se conviertan en ayudas existentes. ( 18 )

57.

Sin embargo, parece que el Tribunal de Justicia aún no ha aclarado expresamente el grado de precisión de la información que debe contener una acción emprendida por la Comisión en el sentido del artículo 17 (como una solicitud de información) para interrumpir dicho plazo.

58.

A este respecto, hasta la fecha, el Tribunal General solo ha declarado que «la simplicidad de la solicitud de información no la priva de efecto jurídico como acción que puede interrumpir el plazo de prescripción previsto en [el actual artículo 17 del Reglamento 2015/1589]». ( 19 )

59.

Ello suscita la cuestión de si —como pretenden las recurrentes— el Tribunal General adoptó una interpretación demasiado amplia del concepto de «acción» que puede constituir un acto que interrumpe el plazo de prescripción establecido en el artículo 17 del Reglamento 2015/1589.

60.

En primer lugar, el tenor literal del artículo 17, apartado 2, del Reglamento 2015/1589 establece que «cualquier acción […] que esté relacionada con la ayuda ilegal interrumpirá el plazo de prescripción».

61.

La redacción precisa que la acción debe estar «relacionada con la ayuda ilegal».

62.

Esto significa que el legislador de la Unión no pretendía dar carta blanca a la Comisión a este respecto.

63.

En segundo lugar, el objetivo de establecer un plazo de prescripción es garantizar la seguridad jurídica (véase el considerando 26 del Reglamento 2015/1589), en particular en los supuestos en los que la concesión de una ayuda ilegal ha permanecido inadvertida durante un largo período de tiempo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en los casos en que un Estado miembro no se haya percatado de que una determinada medida constituía una ayuda estatal. ( 20 ) Además, la doctrina menciona la protección de la competencia como otra de las finalidades que se persiguen con el establecimiento de un plazo de prescripción. ( 21 )

64.

Por una parte, la medida debe ser suficientemente específica para no dar a la Comisión esa carta blanca, con el fin de evitar que tenga la posibilidad de enviar regularmente solicitudes de información estandarizadas a los Estados miembros y a los beneficiarios, eludiendo así fácilmente el plazo de prescripción de diez años. Tal interpretación vulneraría —como señalan acertadamente las recurrentes— la protección de la confianza legítima y la seguridad jurídica del beneficiario de la ayuda (y del Estado miembro). ( 22 ) En mi opinión, también debe tenerse en cuenta que, para cualquier empresa (o Estado miembro), diez años es un período de tiempo significativo en el que poder esperar posibles reclamaciones de recuperación de ayudas. Además, esta incertidumbre representa una carga económica para cualquier empresa.

65.

Por otra parte, la Comisión necesita un plazo suficiente para poder llevar a cabo sus investigaciones. No puede exigirse que se concrete exhaustivamente la medida que debe examinarse con arreglo a las normas sobre ayudas estatales. Eso supondría imponer a la Comisión un obstáculo excesivo. Cualquier investigación se caracteriza inicialmente por una disparidad de información entre el Estado miembro o el beneficiario y la Comisión.

66.

En tercer lugar, por lo que se refiere al contenido y al grado de precisión de una solicitud de información capaz de interrumpir el plazo de prescripción, del Reglamento 2015/1589 se desprende claramente que, cuando la Comisión dispone de información sobre una supuesta ayuda ilegal o abusiva, está facultada para solicitar información, en particular al Estado miembro interesado. El Estado miembro está obligado a facilitar toda la información necesaria para que la Comisión pueda adoptar una decisión en el curso del procedimiento de examen preliminar o de investigación formal. ( 23 )

67.

En efecto, el hecho de que la solicitud de información sea un instrumento que permite a la Comisión recabar la información necesaria se deriva de los considerandos 9, 10, 24 y 36, así como de los artículos 2, apartado 2, 5, apartado 1, 7, apartado 1, 12, apartado 2, 21, apartado 1, y 25, apartado 1, del Reglamento 2015/1589.

68.

Dado que el juez de la Unión ya se ha pronunciado sobre una serie de elementos esenciales de las solicitudes de información con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1/2003 ( 24 ) y, en particular, sobre el elemento de «necesidad», esta jurisprudencia es aplicable mutatis mutandis a la interpretación de las solicitudes de información con arreglo al Reglamento 2015/1589. En efecto, el artículo 18 del Reglamento n.o 1/2003, titulado «Solicitudes de información», pone a disposición de la Comisión exactamente el mismo instrumento de investigación que el previsto para las investigaciones en materia de ayudas de Estado.

69.

Habida cuenta del requisito de «necesidad» establecido en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, el juez de la Unión ha precisado que la Comisión únicamente puede requerir la comunicación de información que le permita comprobar las presuntas infracciones que justifican la realización de la investigación y que se indiquen en la solicitud de información. ( 25 )

70.

Debe existir una correlación entre la información solicitada por la Comisión y la infracción que se investiga. La Comisión debe razonablemente suponer que dicha información le ayudará a determinar la existencia de la presunta infracción. ( 26 )

71.

El «carácter necesario» de una solicitud de información debe constar en la motivación de la solicitud. En relación con el objeto de la solicitud de información, la Comisión debe especificar, en términos claros, precisos e inequívocos, la presunta infracción de las reglas de la competencia que se propone comprobar. ( 27 )

72.

De ello se deduce que la motivación de una solicitud de información no puede ser vaga ni genérica, especialmente si la investigación ya no se encuentra en una fase temprana y si las sospechas de infracción de que se trata deben presentarse con suficiente precisión. ( 28 )

73.

De hecho, la obligación de motivación específica que incumbe a la Comisión constituye una exigencia fundamental no solo para poner de manifiesto el carácter justificado de la solicitud de información, sino también para que las empresas estén en condiciones de comprender el alcance de su deber de colaboración, preservando al mismo tiempo su derecho de defensa y velando por que el juez de la Unión pueda ejercer su control jurisdiccional. ( 29 )

74.

De ello se desprende que la Comisión debe precisar la información que solicita con la mayor exactitud que permitan las circunstancias.

75.

En mi opinión, es importante señalar que, dado que la interrupción del plazo de prescripción previsto en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento 2015/1589 constituye una excepción al plazo de prescripción de diez años que se establece en el apartado 1 del mismo artículo, debe interpretarse de manera restrictiva.

76.

A continuación, como se ha expuesto anteriormente, para que una solicitud de información escrita de la Comisión interrumpa el plazo de prescripción establecido por dicho Reglamento, el artículo 17, apartado 2, exige que dicha solicitud «esté relacionada con la ayuda ilegal» y el artículo 18 del Reglamento n.o 1/2003, que puede aplicarse por analogía, impone que las solicitudes de información sean «necesarias».

77.

Como hemos visto en la exposición de la jurisprudencia mencionada, una solicitud de información es «necesaria» en el sentido del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 17, ( 30 ) disposición predecesora del artículo 18 del Reglamento n.o 1/2003, si «puede considerarse legítimamente que guarda relación con la presunta infracción». ( 31 )

78.

En mi opinión, está claro que el mismo enfoque debe aplicarse a las solicitudes de información en el contexto del procedimiento sobre ayudas de Estado. Por lo tanto, una solicitud de información es «necesaria» si puede considerarse legítimamente que guarda relación con la presunta ayuda de Estado ilegal.

79.

De ello se deduce que, para interrumpir válidamente el plazo de prescripción de diez años previsto en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento 2015/1589, una solicitud de información debe ser necesaria para la investigación preliminar o para actuar contra la infracción y, en última instancia, debe ser necesaria para adoptar la decisión de recuperación de las ayudas de Estado ilegales. Por tanto, no cabe admitir, por ejemplo, que la Comisión pueda enviar solicitudes de información cuyo único objeto sea prolongar artificialmente el plazo de prescripción con el fin de conservar la facultad de recuperar ayudas de Estado ilegales. ( 32 ) Las solicitudes de información que tuvieran ese único objetivo no serían «necesarias» a efectos de «la actuación contra la infracción».

80.

Por otra parte, conferir a la Comisión la facultad de interrumpir el plazo de prescripción mediante el envío de solicitudes de información genéricas que son innecesarias para la actuación contra la infracción supondría permitirle prolongar sistemáticamente la prescripción más allá del ya bastante significativo máximo decenal previsto en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento 2015/1589, lo que privaría a dicho plazo de objeto.

81.

Conviene subrayar que el enfoque que acabo de exponer ya ha sido aplicado por el juez de la Unión en la jurisprudencia que ha analizado si las solicitudes de información de la Comisión en virtud del Reglamento n.o 17 podían interrumpir el plazo de prescripción establecido en el Reglamento (CEE) n.o 2988/74. ( 33 )

82.

En el presente asunto, el Tribunal General examinó el tenor de las cuatro solicitudes de información, tanto de las preguntas formuladas por la Comisión como de las respuestas de Ryanair. A continuación, el Tribunal General examinó los criterios que constituyen una especificación suficiente de cada uno de los acuerdos, criterios en relación con los cuales puede efectuarse una apreciación sobre la legalidad de tales acuerdos. Considero que, en el presente asunto, las solicitudes de información cumplen los requisitos para interrumpir el plazo de prescripción: no eran vagas y tenían por objeto obtener la información necesaria sobre las ayudas sospechosas.

83.

Directamente relacionada con lo anterior está la cuestión de las condiciones en las que puede considerarse que los acuerdos están indisociablemente vinculados. Esto es pertinente a efectos de determinar si, como consecuencia de que se mencionaran específicamente dos acuerdos, mientras que los otros dos no, debe considerarse que la solicitud carecía de la precisión suficiente y, por lo tanto, que no estaba relacionada con los acuerdos no mencionados.

84.

Según el Tribunal General, existe un vínculo indisociable entre los acuerdos que resulta del grado de conexión económica entre las partes contratantes, del hecho de que estos se celebraran en un mismo momento, así como de la conexión de los acuerdos en términos de objeto y de condiciones (sentencia recurrida, apartados 77 y siguientes).

85.

Habida cuenta de esta estrecha conexión, considerar los acuerdos separadamente por lo que respecta a la interrupción del plazo de prescripción sería, en mi opinión, arbitrario. Los cuatro acuerdos forman una estructura económica que solo se dividió en cuatro acuerdos porque la propia empresa está dividida en filiales. Por lo tanto, romper dicha conexión sería ignorar el contexto fáctico del asunto.

86.

Si bien el Tribunal General no examinó si las solicitudes de información controvertidas cumplían el criterio de «necesidad» (que he explicado anteriormente), de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende claramente que, en el presente asunto, dichas solicitudes eran efectivamente necesarias en la medida en que guardaban manifiestamente relación con las supuestas ayudas de Estado ilegales y eran necesarias para efectuar el examen preliminar y, en última instancia, para adoptar la decisión de recuperación de tales ayudas.

87.

Considero que la solución que acabo de proponer se deriva de la interpretación del Reglamento 2015/1589 y no implica que la Comisión tenga carta blanca ni establece estándares inalcanzables para las investigaciones de dicha institución. De este modo, se logra un equilibrio entre la protección de la seguridad jurídica y el restablecimiento de una competencia efectiva, dos principios en pugna consagrados en dicho Reglamento (considerandos 25 y 26).

88.

De lo anterior se deduce que debe desestimarse por infundada la primera parte del segundo motivo de casación.

89.

Las recurrentes sostienen, en esencia, que el Tribunal General aplicó erróneamente el artículo 296 TFUE al declarar que la motivación de la Decisión controvertida era suficiente, a pesar de que dicha Decisión no explicaba expresamente por qué la Comisión había desestimado las alegaciones que las recurrentes habían formulado durante el procedimiento administrativo, en concreto, que había expirado el plazo de prescripción establecido en el artículo 17 del Reglamento 2015/1589.

90.

La sentencia recurrida afirma que basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el contexto de la Decisión. ( 34 ) Además, «dado que las autoridades austriacas y Ryanair tenían conocimiento […] del contenido de los escritos de solicitud de información adicional que les había dirigido la Comisión, esta, a efectos del artículo 296 TFUE, solo debía indicar los hechos que revestían una importancia esencial en el contexto de la Decisión impugnada». ( 35 )

91.

En mi opinión, lo determinante es si la hipótesis de que la correspondencia intercambiada entre la Comisión y el destinatario debe considerarse en su conjunto es compatible con los principios establecidos por la jurisprudencia relativa al artículo 296 TFUE.

92.

Como señala acertadamente el apartado 80 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Justicia ya ha declarado claramente que «no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo [296 TFUE] debe apreciarse en relación no solo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate». ( 36 )

93.

Dado que el «contexto» comprende manifiestamente también toda correspondencia, la alegación de las recurrentes basada en que se aplicó erróneamente la jurisprudencia relativa al artículo 296 TFUE carece de fundamento en el presente asunto.

94.

Procede recordar que el procedimiento de control de las ayudas de Estado es un procedimiento abierto contra el Estado miembro responsable de la concesión de la ayuda y que las partes interesadas (incluido el beneficiario) no pueden exigir que la Comisión mantenga con ellas un debate contradictorio como el que debe mantener con dicho Estado miembro. ( 37 )

95.

Por lo tanto, la Comisión no estaba obligada a responder específicamente a las observaciones de las recurrentes a este respecto.

96.

De ello se deduce que procede desestimar por infundada la segunda parte del segundo motivo de casación y, en consecuencia, el segundo motivo de casación en su totalidad.

97.

Las recurrentes alegan, en esencia, que el Tribunal General desnaturalizó el claro sentido de las pruebas que se le habían presentado al apreciar si la Comisión había aplicado de manera conforme a Derecho el denominado «criterio del operador en una economía de mercado» (en lo sucesivo, «criterio OEM») a la hora de determinar si las recurrentes recibieron una ventaja en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En particular, alegan que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas relativas a: i) la tasa de seguridad estipulada en un contrato de servicios aeroportuarios entre el aeropuerto y Ryanair; ii) la estimación de los costes operativos adicionales que el aeropuerto podría haber esperado (margen de seguridad), y iii) el factor de carga en el que se basó la Comisión al realizar su evaluación de rentabilidad ex ante.

98.

Procede analizar si el Tribunal General desnaturalizó, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ( 38 ) los elementos invocados por las recurrentes y, en caso afirmativo, si esta desnaturalización puede viciar la conclusión del Tribunal General según la cual, en esencia, la Comisión había basado su apreciación de la existencia de una ventaja en información y en datos suficientes y creíbles.

99.

Sin embargo, no basta con que las recurrentes «hayan especificado todos los pasajes pertinentes de los documentos obrantes en autos que permiten al Tribunal de Justicia concluir que se produjeron desnaturalizaciones ilícitas», ya que la desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. ( 39 )

100.

Las recurrentes se remiten a las alegaciones que formularon en primera instancia (según las cuales la tasa de seguridad había sido facturada a Ryanair, que la pagó) y aducen que las pruebas que obran en autos demuestran que Ryanair estaba obligada contractualmente a pagar la tasa de seguridad y que, de hecho, la pagó de conformidad con dicha obligación. Alegan que el Tribunal General no examinó debidamente las pruebas que se le presentaron.

101.

En primer lugar, en los apartados objeto de controversia en el recurso de casación (apartados 331 y 332), el Tribunal General no afirmó que el aeropuerto no hubiera repercutido dicha tasa a Ryanair, sino que se limitó a señalar que dicha tasa había sido reembolsada a Ryanair.

102.

No obstante, aun suponiendo que de las pruebas invocadas por Ryanair se deduzca manifiestamente que esta había pagado efectivamente dicha tasa de seguridad al aeropuerto (lo que no es el caso) —extremo que, por otra parte, el Tribunal General no cuestionó en dichos apartados—, ello no demostraría necesariamente que el Tribunal General hubiera incurrido en las desnaturalizaciones de prueba alegadas por las recurrentes a este respecto y que hubiera concluido erróneamente que la Comisión podía considerar —sin incurrir en error manifiesto de apreciación— que dicha tasa constituía un coste adicional para el aeropuerto a efectos del análisis de la rentabilidad de los acuerdos de 2006.

103.

En efecto, el Tribunal General basó su conclusión en la explicación de la Comisión, según la cual las autoridades austriacas confirmaron en dos ocasiones que la tasa de seguridad había sido finalmente reembolsada a Ryanair.

104.

En el apartado 332 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limita a señalar a este respecto que la Comisión recabó de manera diligente, del Estado miembro interesado, la información pertinente, lo que permitió al Tribunal General determinar si la tasa de seguridad había sido efectivamente reembolsada a Ryanair.

105.

Considero que el Tribunal General concluyó fundadamente que la Comisión había cumplido su obligación de llevar a cabo un examen diligente e imparcial y que debía basarse en la información facilitada por Austria y considerar que la tasa de seguridad constituía un coste adicional para el aeropuerto a efectos del análisis de la rentabilidad de los acuerdos de 2006.

106.

Además, aun suponiendo que se alegara que, dado que la Comisión no había aportado pruebas concretas, el Tribunal General no podía atribuir tal peso a sus afirmaciones (lo que no es el caso), ello no constituiría en modo alguno una desnaturalización de las pruebas en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. ( 40 )

107.

Basta con señalar que para las recurrentes no era imposible demostrar que la tasa de seguridad no había sido reembolsada a Ryanair, dado que cabe imaginar que un análisis de la contabilidad de Ryanair habría podido demostrarlo.

108.

Por lo que respecta al margen de seguridad añadido por las autoridades austriacas a los valores que sirvieron de base para calcular los costes operativos adicionales pertinentes para analizar la rentabilidad de los acuerdos de 2002, las recurrentes alegan que el informe de 2018 de Oxera, su asesor económico, muestra que las estimaciones de los costes adicionales realizadas por la Comisión eran inexplicablemente elevadas y que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas al no tener en cuenta o al no tomar debidamente en consideración ese informe (apartados 301 y 302 de la sentencia recurrida).

109.

Es cierto que los apartados 301 y 302 impugnados por las recurrentes no mencionan el informe Oxera de 2018.

110.

Sin embargo, de ello no se deduce ipso facto que el Tribunal General haya desnaturalizado dicho documento. Considero, en cambio, que, mediante esta alegación, las recurrentes pretenden en realidad cuestionar la importancia que dicho órgano jurisdiccional atribuyó a las alegaciones de la Comisión frente a las suyas. Sin embargo, ello equivaldría a que las recurrentes pretendieran que se llevara a cabo una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas, lo cual es inadmisible en fase de casación.

111.

Además, su alegación se basa en una lectura parcial de la sentencia recurrida. La apreciación por el Tribunal General de la pretensión más amplia en primera instancia de las recurrentes, basada en una sobreestimación de los costes adicionales relacionados con los acuerdos de 2002 (el margen de seguridad forma parte de esos costes operativos adicionales), figura en los apartados 288 y siguientes de la sentencia recurrida. En particular, el Tribunal General se refiere al informe Oxera de 2018 en los apartados 289 y 296. Por consiguiente, la alegación de las recurrentes de que en la sentencia recurrida no se hizo referencia alguna al informe es simplemente errónea y su afirmación de que el Tribunal General no tuvo en cuenta dicho informe carece de fundamento.

112.

Basta con señalar que el Tribunal General consideró que las explicaciones de la Comisión eran suficientes para descartar la supuesta sobreestimación de los costes operativos adicionales (incluido el margen de seguridad), sin que sea necesario que mencionara expresamente el informe Oxera de 2018 en relación con cada una de las alegaciones formuladas por las recurrentes en ese contexto. Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en ninguna desnaturalización de las pruebas.

113.

El factor de carga era pertinente para analizar la rentabilidad ex ante de los acuerdos de 2002. La Decisión controvertida se basó en un factor de carga del 70 %, que las recurrentes consideran demasiado bajo. Alegan que: i) el ASA de 2002 fijó un factor de carga objetivo del 76 %; ii) la Comisión utilizó un factor de carga más elevado, del 85 %, al analizar los acuerdos de 2006; iii) la Decisión controvertida demostró que el aeropuerto había empezado a operar con aeronaves civiles poco tiempo después de su creación en 1915 y, por lo tanto, había acumulado «numerosas décadas de experiencia en el ámbito de la aviación civil», y iv) el informe Oxera de 2018 mostraba que el factor de carga objetivo del 76 % era próximo, aunque ligeramente inferior, al factor de carga de aproximadamente el 80 % alcanzado por Ryanair en el conjunto de su red. Las recurrentes reprochan al Tribunal General no haber tenido en cuenta o no haber considerado debidamente las pruebas y haber acogido sin miramientos las alegaciones de la Comisión.

114.

A mi juicio, las alegaciones de las recurrentes deben desestimarse por razones análogas a las que planteo en relación con el margen de seguridad.

115.

El Tribunal General señala que el ASA de 2002 fijaba un factor de carga objetivo del 76 % —tal como alegan las recurrentes en el presente motivo de casación— y que la Comisión lo fijó en un 70 % en la Decisión controvertida, sin incurrir por ello en error manifiesto de apreciación, dado que en ese momento el aeropuerto no tenía ninguna experiencia con compañías aéreas de bajo coste y que en aquel momento estas aerolíneas estaban menos implantadas que ahora.

116.

El hecho de que el aeropuerto estuviera en funcionamiento desde 1915 y de que, por lo tanto, hubiera acumulado «experiencia en la aviación civil» no puede poner en tela de juicio la circunstancia de que, en el momento de celebrarse los acuerdos de 2002, carecía de experiencia con Ryanair o con otras compañías aéreas de bajo coste. De hecho, las recurrentes no discuten este extremo.

117.

Por consiguiente, debe desestimarse por infundada la alegación de las recurrentes de que el Tribunal General no tuvo en cuenta, o no consideró debidamente, las pruebas que le fueron presentadas. Las recurrentes pueden no estar de acuerdo con la apreciación de las pruebas que hizo el Tribunal General, pero ello no significa que dicho órgano jurisdiccional las desnaturalizara.

118.

Las recurrentes no han demostrado que el Tribunal General desnaturalizara las pruebas, y menos aún que tal desnaturalización fuera evidente. Por consiguiente, procede desestimar por infundado el tercer motivo de casación.

119.

Las recurrentes alegan, en esencia, que el Tribunal General concluyó erróneamente que tanto la existencia como el importe de la ayuda debían apreciarse únicamente sobre la base de pruebas ex ante. Además, el Tribunal General no respondió a sus alegaciones de que las correcciones de los datos ex ante debían efectuarse en relación con «factores directamente controlados por el concedente», sino que se limitó a referirse a acontecimientos «totalmente fortuitos». Las recurrentes sostienen que el Tribunal General interpretó erróneamente la jurisprudencia (lo que no es óbice para que la Comisión efectúe tales correcciones). Alegan que el error del citado Tribunal se deriva de una confusión entre la «concesión» y el «pago» de la ayuda.

120.

Parece que las recurrentes cuestionan de facto el fundamento del criterio OEM, es decir, la cuestión de lo que habría hecho un inversor privado prudente en una economía de mercado en el momento en que se celebraron los acuerdos.

121.

La alegación de las recurrentes parece inoperante. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado claramente que «solo son pertinentes, para la aplicación del criterio OEM, los datos disponibles y la evolución previsible en el momento de la adopción de la decisión de proceder a la medida de que se trate». ( 41 )

122.

Por lo tanto, «circunstancias posteriores al momento de la adopción de la medida de que se trate no pueden tenerse en cuenta a efectos de la aplicación del [criterio OEM]». ( 42 )

123.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, habida cuenta de la jurisprudencia mencionada, las alegaciones mediante las que la parte recurrente rebate el fundamento de la apreciación del Tribunal General sobre la valoración de las ayudas que han de recuperarse son inoperantes en la medida en que se basen en la toma en consideración de acontecimientos posteriores a la concesión de las medidas controvertidas. ( 43 )

124.

A este respecto, considero asimismo que, contrariamente a lo que alegan las recurrentes, el tenor del citado apartado de la sentencia Larko/Comisión muestra claramente que se refiere tanto a la existencia de una ayuda como al importe de la ayuda que debe recuperarse.

125.

Como ha señalado la Comisión, las alegaciones de las recurrentes equivalen a difuminar la distinción entre los dos tipos de situaciones antes mencionados y crean cierto grado de confusión en su recurso. En cualquier caso, en la sentencia recurrida, el Tribunal General abordó correctamente ambas situaciones («honorarios de marketing efectivamente pagados a Ryanair o LV y AMS durante el período pertinente» y «ajustes basados en otros datos de ingresos y costes ex post que mostraban una sobreestimación manifiesta de los costes»).

126.

En primer lugar, el Tribunal General observa los principios del criterio OEM y explica, en particular en el apartado 419 de la sentencia recurrida, que tanto la existencia como el importe de una ayuda deben valorarse teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que fue concedida. Remitiéndose a este principio, el Tribunal General desestimó la alegación de las recurrentes de que la Comisión debería haber «corregido» los costes operativos del aeropuerto mediante pruebas ex post al calcular el importe de la ayuda, como se explica en los apartados 427 a 429 de la sentencia recurrida.

127.

A este respecto, el Tribunal General aplicó correctamente la sentencia Larko/Comisión.

128.

La referencia de las recurrentes a «errores» es engañosa, en la medida en que se refiere a información que no estaba disponible en el momento en que se concedió la ayuda (mediante la que se pretendía corregir los costes operativos de 2002 sobre la base de datos del sistema de contabilidad de costes de 2005, sistema del que el aeropuerto ni siquiera disponía anteriormente). Desde un punto de vista ex ante, es totalmente incorrecto hablar de «errores» al referirse a una información ex post. De ello se deduce también que la alegación de las recurrentes de que tal «corrección» debe efectuarse si el «error» figura en los datos del concedente de la ayuda carece de pertinencia y, en cualquier caso, es inoperante.

129.

Coincido con la Comisión en que, si se siguiera la argumentación de las recurrentes, el importe de la ayuda podría «corregirse» sobre la base de datos ex post también en perjuicio del beneficiario. En este sentido, en el apartado 421 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limitó a dar algunos ejemplos de acontecimientos fortuitos que podían dar lugar a una variación del importe de la ayuda, pero no declaró que tales acontecimientos debieran ser ajenos a la voluntad del concedente de la ayuda.

130.

En segundo lugar, contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, el Tribunal General abordó correctamente el supuesto en el que Austria podía modificar la ayuda que debía recuperarse por lo que respecta a los pagos al beneficiario que no se habían efectuado efectivamente. Como señaló el Tribunal General en el apartado 422 de la sentencia recurrida, Austria había alegado, durante el procedimiento de investigación de la Comisión, que un determinado acuerdo por el que se concedía una ayuda no había llegado a entrar efectivamente en vigor, puesto que había sido sustituido por otro acuerdo. Sin embargo, Austria no aportó ninguna prueba que sustentara esta alegación. Por consiguiente, la Comisión incluyó el acuerdo controvertido en el cálculo del importe de la ayuda, pero dejó abierta la posibilidad de que Austria ajustara el importe de la ayuda que debía recuperarse en una fase posterior, siempre que aportara pruebas. Así se explica en los apartados 422 y 426 de la sentencia recurrida. Es importante señalar que cualquier ajuste de este tipo debe basarse en pruebas existentes en el momento en que se celebraron los acuerdos controvertidos.

131.

Cabe destacar que el Tribunal de Justicia ha declarado que «ninguna disposición del Derecho [de la Unión] exige que la Comisión, cuando ordena la devolución de una ayuda declarada incompatible con el mercado común, fije el importe exacto de la ayuda que debe devolverse. Basta con que la decisión de la Comisión incluya indicaciones que permitan a su destinatario determinar por sí mismo, sin excesivas dificultades, dicho importe». ( 44 )

132.

Este es el principio que el Tribunal General recordó en el apartado 415 de la sentencia recurrida y aplicó al presente asunto en sus apartados 422 a 426.

133.

Las recurrentes alegan que tanto el asunto Larko como el asunto Freistaat Thüringen, ( 45 ) invocados por el Tribunal General (y por la Comisión en la Decisión controvertida), versaban sobre garantías, y que dichas sentencias no contemplan el principio de que no solo la existencia de una ayuda, sino también su importe, deben valorarse teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que fue concedida. Se trata de algo que supuestamente conviene a la Comisión, ya que las garantías son probablemente el único tipo de medida de ayuda en el que la distinción entre subvención y pago es menos clara. Ello se debe a que no se exige al garante ninguna provisión activa de fondos o de servicios tras la concesión de una garantía y durante la validez de esta.

134.

En primer lugar, las alegaciones de las recurrentes son erróneas. Del apartado 113 de la sentencia Larko/Comisión se desprende claramente que se refiere tanto a la existencia de una ayuda como al importe de la ayuda que debe recuperarse.

135.

En segundo lugar, no considero que la circunstancia expuesta en el punto 133 de las presentes conclusiones baste por sí sola para dejar de aplicar dicha jurisprudencia en el presente asunto. ( 46 )

136.

En efecto, en el presente asunto las ayudas no constituían meras transferencias «puras» de cantidades de dinero, sin contrapartida, cuyos importes pudieran determinarse directamente. Se trataba, en cambio, de diversos acuerdos contractuales complejos mediante los cuales el aeropuerto (y, por lo tanto, las autoridades públicas) aceptaba, en última instancia, soportar determinados costes —que un operador en una economía de mercado no habría aceptado soportar— en la medida en que «pagaba de más» por los servicios recibidos o renunciaba a determinadas tasas (u honorarios) adeudados.

137.

Por consiguiente, estimo que la Comisión estaba facultada para considerar que esos importes debían calcularse, como indicó en el considerando 563 de la Decisión controvertida, «tomando para el cálculo la parte negativa del flujo de pagos adicional previsto en el momento de celebrarse la transacción (ingresos menos costes)».

138.

En efecto, es precisamente en ese momento cuando se materializó el compromiso de entrega de recursos estatales en el presente asunto y el que, por lo tanto, debe utilizarse a efectos de determinar la ventaja de la que se beneficiaron las recurrentes y, en último término, el importe de la ayuda que debe recuperarse.

139.

De las consideraciones anteriores se infiere que el cuarto motivo de casación debe desestimarse por inoperante.

140.

Por último, aunque el Tribunal de Justicia decidiera no seguir el análisis expuesto en mis conclusiones según el cual este motivo es inoperante, considero que, en cualquier caso, este motivo de casación debería desestimarse por infundado.

141.

En efecto, si bien el vocabulario utilizado en los apartados impugnados de la sentencia recurrida podría considerarse, en ocasiones, fluctuante, de una lectura de conjunto de dicha sentencia se desprende, en mi opinión, que el Tribunal General no cuestionó el hecho de que la obligación de recuperar las ayudas estatales abonadas ilegalmente tiene por objeto restablecer la situación anterior a su pago, para eliminar la distorsión de la competencia causada por la ventaja competitiva que confieren las ayudas ilegales. ( 47 )

142.

Por otra parte, la distinción que las recurrentes pretenden establecer entre la concesión de la ayuda y su pago parece cuando menos tenue cuando de lo que se trata no es de un régimen de ayudas, sino de una ayuda individual.

143.

De las consideraciones anteriores se infiere que el cuarto motivo de casación debe desestimarse por ser inoperante y, en cualquier caso, infundado.

144.

Dado que todos los motivos de casación son infundados, procede desestimar el recurso en su totalidad.

145.

A la vista de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a las recurrentes.