AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)

de 31 de octubre de 2025  ( * )

«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Ayudas de Estado — Artículo 108 TFUE — Decisión de la Comisión Europea mediante la que se ordena la recuperación de ayudas ilegales — Reglamento (UE) 2015/1589 — Artículo 16, apartado 3 — Artículo 17, apartado 1 — Normativa nacional que establece un plazo de prescripción inferior al establecido en el Derecho de la Unión — Principio de efectividad»

En el asunto C‑24/25,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario de Funchal, Portugal), mediante resolución de 28 de octubre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de enero de 2025, en el procedimiento entre

Mission — Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira),

y

Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),

integrado por el Sr. F. Schalin, Presidente de Sala, y los Sres. M. Gavalec y Z. Csehi (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. A. Rantos;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;

dicta el siguiente

Auto

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE] (DO 2015, L 248, p. 9), y del artículo 5, apartado 1, de la Decisión (UE) 2022/1414 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2020, sobre el régimen de ayudas SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) aplicado por Portugal para la Zona Franca de Madeira (ZFM) — Régimen III (DO 2022, L 217, p. 49).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Mission — Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) (en lo sucesivo, «Mission — Trading») y la Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (Administración Tributaria y de Asuntos Fiscales de la Región Autónoma de Madeira, Portugal; en lo sucesivo, «Administración Tributaria»), en relación con un procedimiento de ejecución tributaria entablado por esta contra aquella para recuperar las ayudas de Estado que se habían concedido ilegalmente a Mission — Trading.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Reglamento 2015/1589

3	El artículo 16 del Reglamento 2015/1589, titulado «Recuperación de la ayuda», dispone en su apartado 3:

«Sin perjuicio de lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda disponer, de conformidad con el artículo 278 [TFUE], la recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión [Europea]. Para ello y en caso de procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales, los Estados miembros de que se trate tomarán todas las medidas necesarias previstas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, incluidas las medidas provisionales, sin perjuicio del Derecho de la Unión.»

4	El artículo 17 de este Reglamento, titulado «Plazo de prescripción para la recuperación de la ayuda», dispone lo siguiente en su apartado 1:

«Las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas estarán sujetas a un plazo de prescripción de diez años.»

Decisión 2022/1414

5	El artículo 1 de la Decisión 2022/1414 está redactado en los siguientes términos:

«El régimen de ayudas “Zona Franca da Madeira (ZFM) — Regime III”, en la medida en que fue aplicado por Portugal en contravención de la Decisión C(2007) 3037 final de la Comisión[, de 27 de junio de 2007, en el asunto N 421/2006], y [de] la Decisión C(2013) 4043 final de la Comisión[, de 2 de julio de 2013, en el asunto SA.34160 (2011/N)], fue ejecutado ilegalmente por Portugal en contravención del artículo 108 [TFUE], apartado 3, […] y es incompatible con el mercado interior.»

6	El artículo 4, apartado 1, de esta Decisión establece:

«Portugal procederá a recuperar de los beneficiarios la ayuda incompatible concedida en virtud del régimen mencionado en el artículo 1.»

7	A tenor del artículo 5 de dicha Decisión:

«1. La recuperación de la ayuda concedida en virtud del régimen mencionado en el artículo 1 será inmediata y efectiva.

2. Portugal garantizará que la presente Decisión se aplique en el plazo de ocho meses a partir de la fecha de su notificación.»

Derecho portugués

Código de Procedimiento Tributario

8	El Código de Procedimento e de Processo Tributário (Código de Procedimiento Tributario), en su versión aplicable al litigio principal, dispone lo siguiente en su artículo 204 («Motivos de la oposición a la ejecución»), apartado 1:

«La oposición solo podrá estar basada en los siguientes motivos:

[…]

d) prescripción de la deuda objeto de ejecución;

[…]».

Ley General Tributaria

9

La Lei Geral Tributária (Ley General Tributaria), aprobada mediante el Decreto-Lei n.o 398/98 (Decreto Legislativo n.o 398/98), de 17 de diciembre de 1998 (Diário da República, I serie‑A, n.o 290, de 17 de diciembre de 1998), en su versión aplicable al litigio principal, establece lo siguiente en su artículo 45, titulado «Prescripción del derecho a la liquidación»:

«1. El derecho a liquidar tributos [se extinguirá] si la liquidación no se notifica válidamente al contribuyente en un plazo de cuatro años, cuando la ley no disponga otra cosa.

2. En caso de error manifiesto en la declaración del sujeto pasivo, el plazo de prescripción mencionado en el apartado anterior será de tres años.

3. En caso de deducción o de crédito fiscal, el plazo de prescripción será el del ejercicio de ese derecho.

4. El plazo de prescripción comenzará a contarse, en el caso de los impuestos de periodicidad regular, a partir del final del año en que se haya producido el hecho imponible y, en el caso de los impuestos de obligación única, a partir de la fecha en que se produjo el hecho imponible, con excepción del impuesto sobre el valor añadido y de los impuestos sobre la renta cuando la tributación se efectúe mediante retención en la fuente con carácter definitivo, en cuyo caso dicho plazo comenzará a contarse a partir del comienzo del año natural siguiente a aquel en que se produjo, respectivamente, el devengo del impuesto o el hecho imponible.

[…]

7. El plazo previsto en el apartado 1 será de doce años cuando el derecho a la liquidación se refiera a hechos fiscales relacionados con:

a) un país, territorio o región sometido a un régimen fiscal claramente más favorable, que figure en una lista aprobada mediante Orden del ministro de Hacienda, que, debiendo ser declarados a la Administración tributaria, no lo sean;

b) cuentas de depósito o de valores abiertas en entidades financieras no residentes en Estados miembros de la Unión Europea, o en sucursales situadas fuera de la Unión de entidades financieras residentes, cuya existencia e identificación no sea mencionada por los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la declaración de la renta del año en el que tengan lugar los hechos imponibles.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

10

A raíz de la Decisión 2022/1414, la Administración Tributaria inició un procedimiento de ejecución tributaria contra Mission — Trading, con objeto de recuperar las ayudas de Estado que habían sido concedidas a dicha sociedad en el marco del régimen de ayudas «Zona Franca de Madeira (ZFM) — Régimen III» en forma de una reducción del impuesto sobre sociedades para el ejercicio 2015.

11	Mission — Trading se opuso a la ejecución tributaria ante el Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario de Funchal, Portugal), órgano jurisdiccional remitente, solicitando el archivo del procedimiento.

12

En apoyo de su oposición, Mission — Trading sostiene, en particular, que la Administración Tributaria no está legitimada para reclamarle el pago de la deuda tributaria que es objeto de dicho procedimiento porque la liquidación de dicho impuesto no se le notificó dentro del plazo de prescripción establecido en el artículo 45 de la Ley General Tributaria.

13	El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la compatibilidad del citado artículo 45 con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2015/1589 y con el artículo 5 de la Decisión 2022/1414.

14

Por un lado, dicho órgano jurisdiccional puntualiza que el Derecho portugués no contempla ningún régimen específico para el plazo de prescripción en caso de recuperación de una ayuda de Estado y que, ante la falta de norma en el Derecho nacional que excluya la aplicación de los plazos generales, debe aplicarse el artículo 45 de la Ley General Tributaria. Por otro lado, señala que, en el caso de autos, la Decisión 2022/1414 fue adoptada tras la expiración del plazo de prescripción establecido en el Derecho nacional.

15	En estas circunstancias, el Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario de Funchal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse la expresión “la recuperación […] será inmediata y efectiva” que figura en el artículo 5 de la Decisión [2022/1414] y la expresión “la recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión” que figura en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento [2015/1589] en el sentido de que se oponen a la aplicación de las normas de Derecho interno (especialmente, el artículo 45 de la [Ley General Tributaria]), que prevén la prescripción del derecho a la liquidación, una vez expirado el plazo previsto en él al efecto?»

Sobre la cuestión prejudicial

16

En virtud del artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia.

17

Ha de recordarse igualmente que la cooperación judicial que instaura el artículo 267 TFUE se basa en una neta separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia. Por un lado, el Tribunal de Justicia no está facultado para aplicar las normas del Derecho de la Unión a un asunto determinado, sino tan solo para interpretar los Tratados y los actos adoptados por las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de mayo de 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România y otros, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 y C‑397/19, EU:C:2021:393, apartado 201 y jurisprudencia citada). Por otro lado, con arreglo al punto 11 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO C, C/2024/6008), corresponde a los órganos jurisdiccionales extraer, en el asunto del que conocen, las consecuencias concretas de los elementos de interpretación que les proporcione el Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, apartado 43).

18

En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada por el órgano jurisdiccional remitente puede deducirse claramente de las sentencias de 30 de abril de 2020, Nelson Antunes da Cunha (C‑627/18, EU:C:2020:321), y de 14 de diciembre de 2023, I (Restitución de cotizaciones) (C‑655/22, EU:C:2023:993). Por lo tanto, procede aplicar el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento en el presente asunto.

19	Como se desprende del apartado 17 del presente auto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente extraer, en el litigio principal, las consecuencias concretas de los elementos de interpretación dimanantes de dicha jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

20

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, en esencia, si el artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2015/1589, en la medida en que se refiere al principio de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se aplique un plazo de prescripción nacional a la recuperación de una ayuda cuando dicho plazo haya expirado antes incluso de que la Comisión adoptara la decisión que declara tal ayuda ilegal y ordena su recuperación.

21	Por lo que respecta a la aplicación de las normas de prescripción nacionales, el Tribunal de Justicia declaró, en particular, en los apartados 41, 44 y 46 de la sentencia de 30 de abril de 2020, Nelson Antunes da Cunha (C‑627/18, EU:C:2020:321):

«41 […] Aunque las normas de prescripción nacionales resultan aplicables, en principio, a la recuperación de las ayudas ilegalmente concedidas, tales normas deben ser aplicadas de manera que no hagan prácticamente imposible la recuperación exigida por el Derecho de la Unión y tomando plenamente en consideración el interés de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de junio de 2003, Comisión/España, C‑404/00, EU:C:2003:373, apartado 51 y jurisprudencia citada).

[…]

44 […] Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los plazos de prescripción tienen, con carácter general, la misión de garantizar la seguridad jurídica (sentencia de 23 de enero de 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17, EU:C:2019:51, apartado 71 y jurisprudencia citada).

[…]

46 […] Constituye jurisprudencia reiterada que, habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas estatales que con arreglo al artículo 108 TFUE efectúa la Comisión, por un lado, las empresas beneficiarias de una ayuda solo podrán, en principio, confiar legítimamente en la validez de la ayuda cuando esta se conceda respetando el procedimiento que prevé dicho artículo y, por otro lado, en circunstancias normales, todo agente económico diligente debe poder comprobar si se ha respetado el mencionado procedimiento. En particular, cuando se ejecuta una ayuda sin notificación previa a la Comisión, de modo que es ilegal en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 3, el beneficiario de la ayuda no puede, en ese momento, confiar legítimamente en la legalidad de la concesión de dicha ayuda (sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, apartado 98 y jurisprudencia citada). […] Lo mismo sucede tanto en el caso de las ayudas individuales como en el de las ayudas concedidas en virtud de regímenes de ayudas.»

22	Con respecto a los plazos de prescripción o de caducidad y al principio de efectividad, el Tribunal de Justicia declaró además, en el apartado 44 de la sentencia de 14 de diciembre de 2023, I (Restitución de cotizaciones) (C‑655/22, EU:C:2023:993):

«En lo que atañe […] al respeto del principio de efectividad, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la fijación de plazos razonables de prescripción o de caducidad respeta, en principio, la exigencia de efectividad en la medida en que constituye una aplicación del principio fundamental de seguridad jurídica que protege tanto al interesado como a la administración de que se trate, aun cuando el vencimiento de tales plazos pueda, por su propia naturaleza, impedir a los interesados el ejercicio total o parcial de sus derechos ([…] sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, apartado 52 y jurisprudencia citada).»

23

En el supuesto de que el plazo de prescripción establecido en el Derecho nacional y aplicable a la recuperación de una ayuda abonada indebidamente haya expirado antes incluso de que la Comisión haya adoptado una decisión declarando la incompatibilidad de la ayuda y exigiendo su recuperación, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente, como se desprende de los apartados 46, 50 a 52, 60 y 61 de la sentencia de 30 de abril de 2020, Nelson Antunes da Cunha (C‑627/18, EU:C:2020:321), que:

«46 Asimismo, es preciso recordar que constituye jurisprudencia reiterada que, habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas estatales que con arreglo al artículo 108 TFUE efectúa la Comisión, por un lado, las empresas beneficiarias de una ayuda solo podrán, en principio, confiar legítimamente en la validez de la ayuda cuando esta se conceda respetando el procedimiento que prevé dicho artículo y, por otro lado, en circunstancias normales, todo agente económico diligente debe poder comprobar si se ha respetado el mencionado procedimiento. En particular, cuando se ejecuta una ayuda sin notificación previa a la Comisión, de modo que es ilegal en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 3, el beneficiario de la ayuda no puede, en ese momento, confiar legítimamente en la legalidad de la concesión de dicha ayuda (sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, apartado 98 y jurisprudencia citada). […] Lo mismo sucede tanto en el caso de las ayudas individuales como en el de las ayudas concedidas en virtud de regímenes de ayudas.

[…]

50 […] La Comisión, en todo caso, en el plazo de diez años previsto en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento 2015/1589, puede solicitar la recuperación de una ayuda ilegal a pesar de que haya expirado el plazo de prescripción aplicable en el procedimiento nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, apartado 114).

51. Además, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 46 de la presente sentencia, en el caso de autos, Nelson Antunes da Cunha no puede ampararse válidamente en la confianza legítima en la legalidad de la ayuda en cuestión, puesto que la República Portuguesa la aprobó sin notificarlo previamente a la Comisión.

52. Así pues, el tribunal remitente debe dejar inaplicado un plazo de prescripción nacional que, resultando aplicable a la recuperación de la ayuda que ha de recobrarse, haya expirado antes incluso de la adopción de la decisión de recuperación por parte de la Comisión.

[…]

60. En tales circunstancias, el principio de seguridad jurídica, para cuya observancia se arbitran los plazos de prescripción, no puede constituir un obstáculo para la recuperación de una ayuda declarada incompatible con el mercado interior […].

61. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 16, apartado 2, del Reglamento 2015/1589, a tenor del cual la ayuda recuperable devenga intereses, y el principio de efectividad, contemplado en el apartado 3 del mismo artículo, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se aplique un plazo de prescripción nacional a la recuperación de una ayuda cuando dicho plazo de prescripción haya expirado antes incluso de que la Comisión adoptara la decisión que declara tal ayuda ilegal y ordena su recuperación […].»

24

En el presente asunto, resulta del artículo 1 de la Decisión 2022/1414 que el régimen de ayudas «Zona Franca de Madeira (ZFM) — Régimen III», en la medida en que fue aplicado por la República Portuguesa en contravención de la Decisión C(2007) 3037 final de la Comisión, de 27 de junio de 2007, en el asunto N 421/2006, y de la Decisión C(2013) 4043 final de la Comisión, de 2 de julio de 2013, en el asunto SA.34160 (2011/N), fue ejecutado ilegalmente por dicho Estado miembro, en contravención del artículo 108 TFUE, apartado 3.

25	El órgano jurisdiccional remitente especifica que el plazo de prescripción nacional, que debería aplicarse al procedimiento de recuperación de los importes que se abonaron ilegalmente a Mission — Trading en concepto de ese régimen de ayudas, expiró antes de la adopción de la Decisión 2022/1414.

26

Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia expuesta en el presente auto se desprende que, pese a la expiración de tal plazo de prescripción o de caducidad establecido en el Derecho nacional, la Comisión puede solicitar, en todo caso, la recuperación de una ayuda ilegal antes de que transcurra el plazo de prescripción de diez años previsto en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento 2015/1589.

27

En estas circunstancias, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2015/1589, en la medida en que se refiere al principio de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se aplique un plazo de prescripción nacional a la recuperación de una ayuda cuando dicho plazo haya expirado antes incluso de que la Comisión adoptara la decisión que declara tal ayuda ilegal y ordena su recuperación.

Costas

28	Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:

El artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE], en la medida en que se refiere al principio de efectividad,

debe interpretarse en el sentido de que

se opone a que se aplique un plazo de prescripción nacional a la recuperación de una ayuda cuando dicho plazo haya expirado antes incluso de que la Comisión Europea adoptara la decisión que declara tal ayuda ilegal y ordena su recuperación.