C-300/99 PC-388/99 P61999O03000004.00019851100420CJAUTO DE 1.2.2001 — ASUNTOS ACUMULADOS C-300/99 P Y C-388/99 PAREA COVA Y OTROS / CONSEJO<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT> (Sala Cuarta)</P><P>de <DATE ISO="20010201">1 de febrero de 2001</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: español.</P></NOTE></P></TI>

En los asuntos acumulados C-300/99 P y C-388/99 P,

Area Cova, S.A., con domicilio social en Vigo (España),

Armadora José Pereira, S.A., con domicilio social en Vigo,

Armadores Pesqueros de Aidán, S.A., con domicilio social en Vigo,

Centropesca, S.A., con domicilio social en Vigo,

Chymar, S.A., con domicilio social en Vigo,

Eloymar, S.A., con domicilio social en Estríbela (España),

Exfaumar, S.A., con domicilio social en Bueu (España),

Farpespan, S.L., con domicilio social en Moaña (España),

Freiremar, S.A., con domicilio social en Vigo,

Hermanos Gandón, S.A., con domicilio social en Cangas (España),

Heroya, S.A., con domicilio social en Vigo,

Hiopesca, S.A., con domicilio social en Vigo,

José Pereira e Hijos, S.A., con domicilio social en Vigo,

Juana Oya Pérez, con domicilio en Vigo,

Manuel Nores Gonzalez, con domicilio en Marin (España),

Moradiña, S.A., con domicilio social en Cangas,

Navales Cerdeiras, S.L., con domicilio social en Camarinas (España),

Nugago Pesca, S.A., con domicilio social en Bueu,

Pesquera Austral, S.A., con domicilio social en Vigo,

Pescaberbés, S.A., con domicilio social en Vigo,

Pesquerías Bígaro Narval, S.A., con domicilio social en Vigo,

Pesquera Cíes, S.A., con domicilio social en Vigo,

Pesca Herculina, S.A., con domicilio social en Vigo,

Pesquera Inter, S.A., con domicilio social en Cangas,

Pesquerías Marinenses, S.A., con domicilio social en Marín,

Pesquerías Tara, S.A., con domicilio social en Cangas,

Pesquera Vaqueiro, S.A., con domicilio social en Vigo,

Sotelo Dios, S.A., con domicilio social en Vigo,

representados por el Sr. A. Creus Carreras, la Sra. E. Contreras Ynzenga y el Sr. A. Agustinoy Guilayn, abogados,

y

Xunta de Galicia, representada por el Sr. V.M. Vázquez-Portomeñe Seijas, abogado,

partes recurrentes,

que tienen por objeto dos recursos de casación interpuestos contra el auto del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera) de 8 de julio de 1999, Area Cova y otros/Consejo (T-194/95, Rec. p. II-2271), por los que se solicita que se anule dicho auto,

y en los que las otras partes en el procedimiento son:

Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. J. Carbery y G. Ramos Ruano, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada en primera instancia,

Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), con sede en Vigo,

Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar), con sede en Vigo,

y

Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), con sede en Vigo,

partes demandantes en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por los Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala, D.A.O. Edward y C.W. A. Timmermans (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretario: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de agosto y el 12 de octubre de 1999, Area Cova, S.A. y otros veintisiete armadores establecidos en las provincias españolas de A Coruna y Pontevedra (en lo sucesivo, Area Cova y otros), por una parte, y la Xunta de Galicia, por otra, interpusieron, con arreglo a los artículos 225 CE y 49 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra el auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Area Cova y otros/Consejo (T-194/95, Rec. p. II-2271; en lo sucesivo, auto recurrido), por el que se declaró la inadmisibilidad del recurso de anulación que habían interpuesto contra el Reglamento (CE) n° 1761/95 del Consejo, de 29 de junio de 1995, que modifica el Reglamento (CE) n° 3366/94, por el que se establecen para 1995 determinadas medidas de conservación y de gestión de los recursos pesqueros de la zona de regulación definida por el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental (DO L 171, p. 1; en lo sucesivo, Reglamento impugnado ).<TI><P>Marco jurídico y hechos que originaron el litigio</P></TI>2Los hechos que originaron el litigio, tal como resultan de los autos del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y tal como figuran en los apartados 1 a 11 del auto recurrido, pueden resumirse del siguiente modo.3En septiembre de 1994, la Comisión de Caladeros de la Organización de los Caladeros del Atlántico Noroccidental (en lo sucesivo, NAFO), creada por el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental (en lo sucesivo, Convenio NAFO), aprobado en nombre de la Comunidad Económica Europea por el Reglamento (CEE) n° 3179/78 del Consejo, de 28 de diciembre de 1978 (DO L 378, p. 1; EE 04/01, p. 45), estableció por primera vez una limitación de las capturas de fletan negro en la zona de regulación definida en el Convenio NAFO (en lo sucesivo, zona NAFO), fijando el total admisible de capturas (en lo sucesivo, TAC) de esta especie en las subzonas NAFO 2 y 3 en 27.000 toneladas para el año 1995.4El 20 de diciembre de 1994, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n° 3366/94, por el que se establecen para 1995 determinadas medidas de conservación y de gestión de los recursos pesqueros de la zona de regulación definida por el Convenio sobre la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Noroccidental (DO L 363, p. 60). En el séptimo considerando de este Reglamento, el Consejo señalaba, en particular, que todavía no se había repartido entre las Partes contratantes del Convenio NAFO el nivel máximo de capturas de fletan negro para 1995 en las subzonas NAFO 2 y 3, y que la Comisión de Caladeros de la NAFO debía convocar una reunión para decidir dicho reparto. En espera de esta reunión, se autorizarían las capturas de fletán negro en 1995 y se deducirían de las cuotas asignadas a los Estados miembros.5El reparto mencionado en el apartado precedente se realizó durante una reunión especial celebrada entre el 30 de enero y el 1 de febrero de 1995, durante la cual la Comisión de Caladeros de la NAFO decidió asignar a la Comunidad Europea una cuota de 3.400 toneladas sobre el TAC de fletán negro de 27.000 toneladas.6Al considerar insuficiente esta asignación, el 3 de marzo de 1995 la Comunidad formuló una objeción con arreglo al artículo 12, apartado 1, del Convenio -NAFO.7Ese mismo día, y aparentemente como reacción a la presentación de esta objeción, Canadá modificó su normativa con el fin de poder inspeccionar buques más allá de su zona economica exclusiva y, el 9 de marzo de 1995, las autoridades canadienses, basándose en la normativa recién modificada, apresaron el buque Estai, propiedad de la parte recurrente José Pereira e Hijos, S.A., que pescaba en la zona NAFO.8Mediante el Reglamento (CE) n° 850/95, de 6 de abril de 1995, que modifica el Reglamento n° 3366/94 (DO L 86, p. 1), el Consejo estableció entonces una cuota comunitaria autónoma que limitaba a 18.630 toneladas las capturas comunitarias de fletán negro en las subzonas NAFO 2 y 3 para 1995, precisando que esta cuota autónoma debe respetar la medida de conservación establecida para este recurso, es decir, el TAC de 27.000 toneladas y que para ello, es preciso establecer la posibilidad de cerrar la pesquería una vez que se haya alcanzado el TAC, incluso antes de que se haya agotado la cuota autónoma.9Para poner fin al conflicto diplomático entre la Comunidad y el Gobierno canadiense provocado por los hechos mencionados en los apartados 6 y 7 del presente auto, ambas partes firmaron, el 20 de abril de 1995, un Acuerdo sobre la pesca en el marco del Convenio NAFO, integrado por un acta aprobada y sus anexos, un intercambio de cartas y un canje de notas, aprobado en nombre de la Comunidad por la Decisión 95/586/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1995 (DO L 327, p. 35; en lo sucesivo, Acuerdo bilateral de pesca).10De conformidad con este Acuerdo, el 29 de junio de 1995 el Consejo adoptó el Reglamento impugnado, estableciendo para 1995, con efectos a partir del 16 de abril de 1995, una cuota comunitaria de capturas de fletán negro de 5.013 toneladas en las subzonas NAFO 2 y 3.11El Reglamento (CE) n° 2565/95 de la Comisión, de 30 de octubre de 1995, relativo a la interrupción de la pesca del fletán negro por parte de los barcos que naveguen bajo pabellón de un Estado miembro (DO L 262, p. 27), declaró agotada esta cuota.<TI><P>El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia</P></TI>12Al considerar que la cuota comunitaria de capturas de fletan negro de 5.013 toneladas era muy inferior a la cuota fijada con anterioridad por el Consejo y que sólo representaba una pequeña parte del TAC establecido por la Comisión de Caladeros de la NAFO, y al considerar que, por este motivo, perjudicaba a sus intereses económicos y financieros, Area Cova y otros, así como tres asociaciones de armadores con sede en Vigo (España), la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar) y la Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), interpusieron, el 16 de octubre de 1995, un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia contra el Reglamento impugnado, en el que plantearon, por vía de excepción, la ilegalidad del Acuerdo bilateral de pesca.13Mediante auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de 25 de junio de 1996 se admitió la intervención de la Xunta de Galicia en apoyo de las pretensiones de los demandantes.14De conformidad con el artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el Consejo, mediante escrito separado, propuso una excepción de inadmisibilidad del recurso. El Consejo sostuvo que el Reglamento impugnado era un acto normativo de alcance general que, además, no afectaba directa e individualmente a los demandantes, por lo que solicitó que se declarase la inadmisibilidad del recurso y se condenase en costas a los demandantes.15El 18 de marzo de 1996, los demandantes presentaron sus observaciones sobre dicha excepción de inadmisibilidad, que se unió al examen del fondo mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de mayo de 1997. Alegaron, por un lado, que tenían interés para ejercitar la acción, en la medida en que el Reglamento impugnado no sólo los afectaba debido a determinadas cualidades que les eran propias, sino también debido a la situación de hecho existente al adoptarse este Reglamento, y que los caracterizaba frente a cualquier otra persona. Por otro lado, los demandantes destacaron las consecuencias negativas de una eventual desestimación de sus recursos por el Tribunal de Primera Instancia. Según éstos, la negativa a reconocerles legitimación activa los privaría de todo medio efectivo de defensa contra el Reglamento impugnado, habida cuenta de la imposibilidad de someter el asunto a un órgano jurisdiccional español. Por ello, pidieron al Tribunal de Primera Instancia que estimase su solicitud, reconociendo su legitimación para interponer el recurso y condenando al Consejo al pago de las costas del incidente procesal.16En su escrito de formalización de la intervención, la Xunta de Galicia se pronunció en el mismo sentido. Invocando, por una parte, la importancia de la pesca para la Comunidad Autónoma de Galicia y, por otra parte, la incidencia económica del Reglamento impugnado en los intereses de los demandantes, la Xunta de Galicia solicitó al Tribunal de Primera Instancia, en un primer momento, que declarase la admisibilidad del recurso interpuesto por éstos, y, después, que declarase nulo el Reglamento impugnado e inaplicable el Acuerdo bilateral de pesca en que se basó.<TI><P>El auto recurrido</P></TI>17Mediante el auto recurrido, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso.18En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia consideró, por un lado, en los apartados 27 a 36 del auto recurrido, que el Reglamento impugnado era un acto de alcance general. Señaló en particular, en el apartado 28 del auto recurrido, que dicho Reglamento se aplica sin distinción a todo buque registrado en un Estado miembro o que enarbole su pabellón y que se dedique, actual o potencialmente, a la pesca del fletan negro en las [subzonas NAFO 2 y 3].19Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 37 a 71 del auto recurrido, que el Reglamento impugnado no afectaba individualmente a los veintiocho armadores demandantes, y, en los apartados 72 a 75 del auto recurrido, que tampoco afectaba individualmente a las tres asociaciones de armadores demandantes. El Tribunal de Primera Instancia, analizando el Reglamento impugnado a la luz de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, en particular de las sentencias de 16 de mayo de 1991, Extramet Industrie/Consejo (C-358/89, Rec. p. I-2501), y de 18 de mayo de 1994, Codorniu/Consejo (C-309/89, Rec. p. I-1853), consideró, en particular, que dicho Reglamento no afectaba a Area Cova y otros debido a ciertas cualidades que les fueran propias o a una situación de hecho que los caracterizara, respecto de dicho Reglamento, frente a cualquier otra persona.20Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la excepción de ilegalidad propuesta contra el Acuerdo bilateral de pesca, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 78 del auto recurrido, que dicha excepción, prevista en el artículo 184 del Tratado CE (actualmente artículo 241 CE), sólo puede plantearse con carácter incidental y que, sin un derecho principal a recurrir, no puede invocarse el artículo 184 del Tratado. Al haber considerado inadmisible el recurso de anulación contra el Reglamento impugnado, el Tribunal de Primera Instancia declaró también la inadmisibilidad de la excepción de ilegalidad propuesta contra el Acuerdo bilateral de pesca.21Por lo que se refiere, por último, a la alegación según la cual la negativa a reconocer a los demandantes legitimación activa ante el Tribunal de Primera Instancia los privaría de todo medio de defensa contra el Reglamento impugnado, vulnerándose de este modo el derecho fundamental de acceso a la justicia, establecido en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en los apartados 81 a 85 del auto recurrido, que el ejercicio de actividades pesqueras por parte de buques que enarbolan pabellón español en las zonas de alta mar no sometidas a la jurisdicción del Reino de España requiere la obtención previa de un permiso temporal de pesca que precise tanto la zona de ejercicio de estas actividades como el período durante el cual se autoriza. Al haber caducado dichos permisos en el momento en que entró en vigor el Reglamento n° 2565/95, que declaró agotada la cuota comunitaria fijada en el Reglamento impugnado y, en consecuencia, ordenó la interrupción de la pesca del fletán negro, los demandantes tenían la posibilidad de solicitar a las autoridades españolas la expedición de nuevos permisos que los autorizaran a continuar la pesca de esta especie en 1995 en las zonas afectadas a pesar del agotamiento de la cuota comunitaria, y de acudir a continuación, en su caso, ante los tribunales nacionales para impugnar la validez de las eventuales resoluciones denegatorias de estas solicitudes y obtener la suspensión de su ejecución. El Tribunal de Primera Instancia destacó, a este respecto, que nada hubiera impedido a los demandantes impugnar en dichos procedimientos nacionales la validez de la normativa comunitaria en la que se hubiera basado la adopción de las eventuales resoluciones denegatorias, obligando así al órgano jurisdiccional nacional a pronunciarse sobre todas las alegaciones formuladas en este sentido, tras haber planteado, en su caso, una cuestión prejudicial sobre la validez de dicha normativa ante el Tribunal de Justicia.<TI><P>El recurso de casación</P></TI>22Area Cova y otros formulan dos motivos, y la Xunta de Galicia tres, en apoyo de sus recursos de casación, registrados respectivamente con los números C-300/99 P y C-388/99 P, y que tienen por objeto la anulación del auto recurrido.23Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de febrero de 2000 se acumularon los asuntos C-300/99 P y C-388/99 P a efectos de las fases escrita y oral y de la sentencia.24Según el primer motivo en los asuntos C-300/99 P y C-388/99 P, el Tribunal de Primera Instancia aplicó erróneamente el artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación) al considerar que el Reglamento impugnado era un acto de alcance general, cuando, según Area Cova y otros y la Xunta de Galicia, tiene un alcance limitado y se aplica a un grupo perfectamente individualizado e identificado de operadores económicos.25A este respecto, Area Cova y otros alegan, en particular, que la pesca del fletan negro es una actividad totalmente determinada por estrictas condiciones de programación, inversión, preparación y concesión de licencias administrativas. La Xunta de Galicia, por su parte, sostiene que la motivación del Reglamento impugnado revela que su naturaleza es la de una decisión.26Mediante el segundo motivo en el asunto C-300/99 P y el tercer motivo en el asunto C-388/99 P, Area Cova y otros y la Xunta de Galicia sostienen que el Tribunal de Primera Instancia violó el Derecho comunitario al declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto por los recurrentes, en la medida en que, al hacerlo, se los privó de un medio de protección jurisdiccional eficaz, contraviniéndose el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, interpretado en relación con el artículo F, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (actualmente artículo 6 UE, apartado 2, tras su modificación).27A este respecto, Area Cova y otros y la Xunta de Galicia alegan que la vía de recurso que ofrece el artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE) es insatisfactoria. A su juicio, además de que la cuestión prejudicial no constituye un derecho del demandante, sino una prerrogativa del juez nacional, esta vía provocaría un considerable alargamiento de la duración de los procedimientos. Así pues, el artículo 173 del Tratado es, en su opinión, el único cauce procesal adecuado para impugnar un reglamento comunitario que afecta directa e individualmente a un particular.28Por último, mediante su segundo motivo en el asunto C-388/99 P, la Xunta de Galicia sostiene que el Tribunal de Primera Instancia aplicó erróneamente el artículo 173 del Tratado, al no haber estimado el motivo basado en la desviación de poder que, a su juicio, viciaba al Reglamento impugnado, dado que la finalidad que aparentemente lo motiva —la conservación de los recursos pesqueros— diverge por completo, en su opinión, de la finalidad que persigue realmente el autor de este Reglamento —la resolución del conflicto pesquero con Canadá—.29En su escrito de contestación a la demanda, el Consejo solicita que se declare la inadmisibilidad de los dos recursos de casación, basándose en que están redactados en términos genéricos y en que se refieren esencialmente a cuestiones de hecho ya decididas por el Tribunal de Primera Instancia.30En primer lugar, por lo que se refiere al primer motivo en los asuntos C-300/99 P y C-388/99 P, basado en la infracción del artículo 173 del Tratado, el Consejo señala que Area Cova y otros y la Xunta de Galicia piden al Tribunal de Justicia que realice una nueva apreciación de los elementos fácticos que ya alegaron ante el Tribunal de Primera Instancia para demostrar que el Reglamento impugnado afectaba individualmente a los recurrentes, lo que, en su opinión, no es competencia del Tribunal de Justicia, puesto que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho.31En segundo lugar, por lo que se refiere al segundo motivo en el asunto C-300/99 P y al tercer motivo en el asunto C-388/99 P, basados en la denegación de una protección jurisdiccional efectiva, el Consejo sostiene que el Tribunal de Primera Instancia mostró claramente, en el auto recurrido, que existen vías de recurso apropiadas para los recurrentes. A juicio del Consejo, este análisis del sistema administrativo y judicial español debe considerarse una apreciación de hecho que, por ello, no puede ser objeto de casación.32Por lo que se refiere, por último, al segundo motivo en el asunto C-388/99 P, relativo a la desviación de poder, el Consejo señala que el recurso de casación debe limitarse a cuestiones de Derecho relacionadas con las materias tratadas por el auto recurrido. Pues bien, en su opinión el motivo planteado no se refiere a estas materias.<TI><P>Apreciación del Tribunal de Justicia</P></TI>33Con arreglo al artículo 119 de su Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación es manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia puede, en todo momento, desestimarlo mediante auto motivado, sin abrir la fase oral.34A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que, a tenor de los artículos 225 CE y 51, párrafo primero, del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho y debe fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades de procedimiento ante el mismo que lesionen intereses de la parte recurrente o de la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Primera Instancia (véase, en particular, la sentencia de 16 de marzo de 2000, Parlamento/Bieber, C-284/98 P, Rec. p. I-1527, apartado 30).35Por su parte, el artículo 112, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia precisa que el recurso de casación debe especificar los motivos y fundamentos jurídicos invocados por la parte recurrente.36De las disposiciones mencionadas se deduce que el recurso de casación no puede fundarse más que en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de hecho. El Tribunal de Primera Instancia es, por una parte, el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprendiera de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos (véase, en particular, la sentencia Parlamento/Bieber, antes citada, apartado 31).37De estas disposiciones también se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados del auto cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, sin incluir ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca el auto recurrido, se limite a repetir o reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por dicho Tribunal. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia (véanse, en particular, el auto de 9 de julio de 1998, Smanor y otros/Comisión, C-317/97P, Rec. p. I-4269, apartados 20 y 21, y la sentencia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, apartados 34 y 35).<TI><P>Sobre el primer motivo en el asunto C-300/99 P</P></TI>38El primer motivo de Area Cova y otros, relativo a la apreciación por parte del Tribunal de Primera Instancia de los requisitos para la admisibilidad del recurso de anulación contra el Reglamento impugnado, no cumple ninguna de las exigencias mencionadas en los apartados 34 a 37 del presente auto.39En efecto, por una parte, Area Cova y otros se limitan a reproducir ampliamente los motivos y alegaciones que presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, sin identificar el error de Derecho de que adolece el auto recurrido.40Por otra parte, este motivo equivale a pedir al Tribunal de Justicia que reexamine la apreciación de los elementos de hecho efectuada por el Tribunal de Primera Instancia relativa al carácter abierto o cerrado del círculo de destinatarios del Reglamento impugnado, cuando esta apreciación no puede ser objeto de un recurso de casación.41Por tanto, el primer motivo planteado en el asunto C-300/99 P debe declararse manifiestamente inadmisible.<TI><P>Sobre el primer motivo en el asunto C-388/99 P</P></TI>42Por lo que se refiere al primer motivo de la Xunta de Galicia, que se refiere también a la apreciación por el Tribunal de Primera Instancia de los requisitos para la admisibilidad del recurso de anulación contra el Reglamento impugnado, la Xunta de Galicia critica la declaración realizada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 35 del auto recurrido, según la cual lo que determina el carácter normativo de un acto no es la naturaleza científica o política de los motivos que dieron lugar a la adopción del mismo, sino el hecho de que su ámbito de aplicación esté definido, como ocurre en el presente caso, de manera general y abstracta y por ello objetiva, cuando, en su opinión, la verdadera motivación para la adopción de un acto puede revelar, como en el presente caso, la inexistencia de carácter normativo de dicho acto.43A este respecto, procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho al aplicar, como criterio determinante para analizar la naturaleza del Reglamento impugnado, el alcance general y abstracto de su ámbito de aplicación.44Además, la Xunta de Galicia yerra al afirmar que el Tribunal de Primera Instancia no concedió ninguna importancia a la motivación del Reglamento impugnado a la hora de examinar su alcance general o individual. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo expresamente este examen en los apartados 56 a 58 del auto recurrido.45De ello se deriva que el primer motivo planteado en el asunto C-388/99 P debe declararse manifiestamente infundado.<TI><P>Sobre el segundo motivo en el asunto C-300/99 P y el tercer motivo en el asunto C-388/99 P</P></TI>46El motivo planteado tanto por Area Cova y otros como por la Xunta de Galicia, relativo a la falta de protección jurisdiccional eficaz, puede dividirse en tres partes.47Mediante la primera parte de este motivo, Area Cova y otros y la Xunta de Galicia cuestionan la afirmación que hace el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 85 del auto recurrido, según la cual el régimen de protección jurisdiccional existente en España ofrecía a los recurrentes la posibilidad efectiva de cuestionar la validez del Reglamento impugnado.48A este respecto, basta con señalar, por una parte, que Area Cova y otros y la Xunta de Galicia reproducen, en este punto, las alegaciones que expusieron ante el Tribunal de Primera Instancia, sin identificar el error de Derecho cometido por éste, y, por otra parte, que, al tratarse de una apreciación de naturaleza fáctica realizada por el Tribunal de Primera Instancia, no puede impugnarse en el marco de un recurso de casación.49Por otro lado, Area Cova y otros y la Xunta de Galicia no han demostrado, mediante su argumentación o mediante los documentos que obran en autos, que el Tribunal de Primera Instancia haya desnaturalizado los elementos sometidos a su apreciación, por lo que la primera parte del motivo debe declararse manifiestamente inadmisible.50Mediante la segunda parte de este motivo, Area Cova y otros y la Xunta de Galicia reprochan al Tribunal de Primera Instancia haber presentado la cuestión prejudicial como un medio obligatorio de protección jurisdiccional de los intereses de los particulares, cuando esta vía de recurso depende de la apreciación del juez nacional y no constituye, en ningún caso, un derecho del demandante.51Sobre este punto, basta con señalar que el Tribunal de Primera Instancia en modo alguno se refirió al procedimiento prejudicial como una vía de recurso obligatoria, sino que, por el contrario, señaló explícitamente, en el apartado 85 del auto recurrido, que si los recurrentes hubiesen acudido al juez nacional, éste debería haberse pronunciado sobre la validez de la normativa comunitaria en la que se hubiera basado la adopción de las resoluciones denegatorias de la concesión de nuevos permisos de pesca, tras haber planteado, en su caso, una cuestión prejudicial sobre la validez de dicha normativa ante el Tribunal de Justicia.52El empleo de estos términos muestra claramente el carácter eventual de dicho procedimiento, por lo que la segunda parte del motivo debe desestimarse por ser manifiestamente infundada.53Mediante la tercera parte de este motivo, Area Cova y otros y la Xunta de Galicia niegan, por ultimo, la eficacia de un sistema de protección jurisdiccional que obliga a los particulares a optar primero por un recurso nacional para cuestionar la aplicación de un reglamento comunitario, acompañado de la posibilidad de que se plantee una cuestión prejudicial para apreciar su validez. Puesto que dicha petición de decisión prejudicial tiene carácter eventual, y al ser el procedimiento descrito muy gravoso, esta vía no cumple, en su opinión, las exigencias de una protección jurisdiccional efectiva, de conformidad con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, interpretado en relación con el artículo F, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea. Según Area Cova y otros y la Xunta de Galicia, sólo se les puede otorgar esta protección mediante un recurso directo interpuesto con arreglo al artículo 173 del Tratado CE.54A este respecto, procede señalar que la posibilidad de que los derechos de los justiciables puedan ser protegidos mediante un recurso ante los órganos jurisdiccionales nacionales, que gozan de la facultad de adoptar medidas cautelares y de plantear, en su caso, una cuestión prejudicial, como se expuso en el apartado 85 del auto recurrido, es la esencia misma del sistema comunitario de protección jurisdiccional. En efecto, al margen de la posibilidad, para aquellos que cumplan los requisitos de admisibilidad previstos en el Tratado, de impugnar un acto comunitario mediante la presentación de un recurso de anulación ante el juez comunitario, los justiciables tienen acceso a las vías de recurso existentes en los Estados miembros para defender los derechos que el Derecho comunitario les confiere, y, a estos efectos, el procedimiento prejudicial permite establecer una cooperación efectiva entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia.55Por lo que se refiere a la alegación según la cual una de estas vías no es efectiva en el presente caso, aun suponiendo que quede probada, esta circunstancia no puede justificar una modificación, por vía jurisdiccional, del sistema de vías de recurso y de procedimientos previsto por los artículos 173 y 177 del Tratado y 178 del Tratado CE (actualmente artículo 235 CE), y destinado a confiar al juez comunitario el control de la legalidad de los actos de las instituciones. En ningún caso permite declarar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica que no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 173, párrafo cuarto, del Tratado [véanse los autos de 23 de noviembre de 1995, Asocarne/Consejo, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, apartado 26; de 24 de abril de 1996, CNPAAP/Consejo, C-87/95 P, Rec. p. I-2003, apartado 38, y de 12 de octubre de 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y otros/Consejo, C-300/00 P(R), Rec. p. I-8797, apartado 37]. A este respecto, el auto recurrido no adolece, por tanto, de ningún error de Derecho.56De estas consideraciones se deriva que el segundo motivo planteado en el asunto C-300/99 P y el tercer motivo planteado en el asunto C-388/99 P, relativos a la inexistencia de un sistema de protección jurisdiccional eficaz, deben declararse, por lo que respecta a su primera parte, manifiestamente inadmisibles, y manifiestamente infundados en todo lo demás.<TI><P>Sobre el segundo motivo en el asunto C-388/99 P</P></TI>57Por lo que se refiere, por último, al motivo basado en la desviación de poder, alegado por la Xunta de Galicia, procede señalar que afecta al fondo del asunto. Dado que, en cualquier caso, el recurso es inadmisible, al no haber anulado el Tribunal de Justicia el auto recurrido, este motivo es manifiestamente inadmisible.58De cuanto precede resulta que deben desestimarse los recursos de casación, por ser en parte manifiestamente inadmisibles y en parte manifiestamente infundados.<TI><P>Costas</P></TI>59A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 de dicho Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado el Consejo la condena en costas de Area Cova y otros y de la Xunta de Galicia, y al haber sido desestimadas las pretensiones de éstos, procede condenarlos en costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

resuelve:

1)Desestimar los recursos de casación.2)Condenar en costas a Area Cova y otros y a la Xunta de Galicia.

Dictado en Luxemburgo, a 1 de febrero de 2001.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Cuarta

A. La Pergola