Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. RIMVYDAS NORKUS

presentadas el 10 de septiembre de 2026 (1)

Asunto C‑108/26 RX

D S.A.

contra

P S.A.

« Reexamen de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea D (Decisión de gestión del tránsito aéreo) (T‑134/25, EU:T:2026:35) — Procedimiento prejudicial — Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Compensación a los pasajeros en caso de gran retraso de un vuelo — Requisitos — Artículo 5, apartado 3 — Concepto de “circunstancias extraordinarias” — Decisión de gestión del tránsito aéreo — Asignación de franjas horarias de despegue retrasadas debido a malas condiciones meteorológicas »






I.      Introducción

1.        A propuesta del primer Abogado General, la Sala de reexamen del Tribunal de Justicia decidió, con arreglo al artículo 62, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al artículo 194, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, proceder al reexamen de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de enero de 2026, D (Decisión de gestión del tránsito aéreo) (T‑134/25, en lo sucesivo, «sentencia sometida a reexamen», EU:T:2026:35).

2.        En la citada Decisión el Tribunal de Justicia declaró en el punto 2 del fallo:

«El reexamen se referirá a la cuestión de si, habida cuenta, en particular, de las sentencias del Tribunal de Justicia de 31 de enero de 2013, McDonagh (C‑12/11, EU:C:2013:43), y de 23 de marzo de 2021, Airhelp (C‑28/20, EU:C:2021:226), la sentencia del Tribunal General de 21 de enero de 2026, D (Decisión de gestión del tránsito aéreo) (T‑134/25, EU:T:2026:35), vulnera la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión en la medida en que el Tribunal General declaró que:

–        una decisión de gestión del tránsito aéreo no es inherente, por su naturaleza u origen, al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo afectado, ya que no forma parte de la actividad de este, sino que se corresponde con las actividades y competencia de los servicios de gestión del tráfico aéreo;

–        tal decisión, con independencia de la razón que la motiva, escapa al control efectivo de dicho transportista, siempre que este no contribuyera a la adopción de esa decisión, y

–        por lo tanto, el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91, (2) debe interpretarse en el sentido de que tal decisión puede constituir una “circunstancia extraordinaria”, en el sentido de dicha disposición, con independencia de la duración del retraso que causa y de la razón que la motiva, si se acredita que dicha decisión escapaba al control efectivo del transportista aéreo de que se trate, en particular, cuando pueda excluirse que el citado transportista contribuyó a la adopción de esa decisión.»

II.    Marco jurídico

3.        Los considerandos 1, 14 y 15 del Reglamento n.º 261/2004 exponen lo siguiente:

«(1)      La actuación de la Comunidad en el ámbito del transporte aéreo debe tener como objetivo, entre otros, garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros. Además, se deben tomar plenamente en consideración los requisitos de protección de los consumidores en general.

[…]

(14)      Del mismo modo que en el marco del Convenio de Montreal, las obligaciones de los transportistas aéreos encargados de efectuar un vuelo se deben limitar o excluir cuando un suceso haya sido causado por circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. Dichas circunstancias pueden producirse, en particular, en casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo.

(15)      Debe considerarse que concurren circunstancias extraordinarias cuando las repercusiones de una decisión de gestión del tránsito aéreo, en relación con una aeronave determinada y en una fecha determinada, den lugar a un gran retraso, a un retraso de un día para el otro o a la cancelación de uno o más vuelos de la aeronave, aunque el transportista aéreo interesado haya hecho todo lo posible por evitar dichos retrasos o cancelaciones.»

4.        El artículo 5 del Reglamento, titulado «Cancelación de vuelos», dispone, en los apartados 1, letra c), y 3:

«1.      En caso de cancelación de un vuelo:

[…]

c)      los pasajeros afectados tendrán derecho a una compensación por parte del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo conforme al artículo 7, a menos que:

[…]

3.      Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables.»

5.        El artículo 7 de dicho Reglamento, titulado «Derecho a compensación», establece una compensación estandarizada para los pasajeros, cuyo importe varía, en particular, en función de la distancia del vuelo.

III. Antecedentes del asunto sometido a reexamen

A.      Litigio principal y cuestiones prejudiciales

6.        A era pasajera del vuelo LO 6110, que el transportista aéreo P debía efectuar el 25 de julio de 2023.

7.        La aeronave que debía efectuar el vuelo LO 6110 debía despegar del aeropuerto de Esmirna (Turquía) a las 18:20 UTC y aterrizar en Varsovia (Polonia) a las 21:10 UTC.

8.        En realidad, el avión despegó a las 21:40 UTC y aterrizó al día siguiente a las 00:17 UTC, por lo tanto, con un retraso a la llegada de más de tres horas.

9.        El vuelo LO 6110 estuvo precedido por el vuelo LO 6111, efectuado por la misma aeronave en lo que se conoce como una rotación. La aeronave que debía efectuar el vuelo LO 6111 debía despegar de Katowice (Polonia) a las 14:55 UTC y aterrizar en Esmirna a las 17:20 UTC. A las 12:55 UTC, el transportista aéreo de que se trataba recibió del servicio de control del tránsito aéreo un mensaje de asignación de franja horaria («Slot Allocation Message», o SAM), en el que se informaba de que, finalmente, se había asignado al vuelo LO 6111 la franja horaria de despegue a las 16:30. El origen de esta decisión de asignación fueron medidas de gestión de afluencia del tránsito aéreo («Air Traffic Flow Management», o ATFM) relacionadas con limitaciones en el espacio aéreo de Hungría y Rumanía y aplicadas debido a malas condiciones meteorológicas. A las 15:04 UTC, el mismo transportista envió un mensaje en el que indicaba que estaba listo para realizar el vuelo («Ready to depart», o REA) y solicitaba autorización para un despegue anticipado. Sin embargo, esto no dio lugar a que el servicio de control del tránsito aéreo modificara su decisión de asignación de la franja horaria y se concediera al vuelo LO 6111 una hora de salida más temprana. Finalmente, dicho vuelo despegó a las 16:02 UTC y aterrizó a las 18:32 UTC, es decir, con un retraso en la llegada de una hora y doce minutos.

10.      Tras el aterrizaje en Esmirna, se detectó un fallo técnico en el avión. Su reparación duró dos horas y ocho minutos.

11.      El 26 de julio de 2023 A cedió su derecho a compensación a tanto alzado a D, sociedad especializada en el cobro de créditos.

12.      D interpuso a continuación una demanda ante el Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la Ciudad de Varsovia, Polonia) por la que solicitaba el abono de un importe de 400 euros, más los intereses legales de demora devengados entre el 17 de agosto de 2023 y la fecha del abono.

13.      El órgano jurisdiccional remitente observa que, si del retraso total se dedujera el tiempo resultante de las medidas de gestión de afluencia del tránsito aéreo impuestas al transportista de que se trata, el vuelo LO 6110 se hubiera retrasado menos de tres horas. No obstante, se pregunta sobre la posibilidad de considerar que las decisiones de asignación de franjas horarias retrasadas son «circunstancias extraordinarias» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004.

14.      En tales circunstancias, el Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la Ciudad de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004 en el sentido de que cualquier decisión de gestión del tránsito aéreo, con independencia de su duración, aunque no cause por sí misma un retraso de al menos tres horas, constituye una circunstancia extraordinaria?

2)      En caso de que no toda decisión de gestión del tránsito aéreo constituya una circunstancia extraordinaria, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional examinar en qué se basó la decisión de gestión del tránsito aéreo, por ejemplo, en las malas condiciones meteorológicas que provocaron una limitación de la capacidad del sector en la ruta del vuelo, y está entonces facultado para evaluar si tal decisión constituye una circunstancia extraordinaria?

3)      Si el vuelo de un pasajero se retrasa más de tres horas, incluido a consecuencia de una decisión de gestión del tránsito aéreo impuesta al vuelo inmediatamente anterior al del pasajero debido a la capacidad limitada del sector en la ruta de vuelo por las malas condiciones meteorológicas, ¿constituye esa decisión de gestión del tránsito aéreo una circunstancia extraordinaria?

4)      En tal caso, ¿la decisión de gestión del tránsito aéreo debe referirse directamente al vuelo retrasado o puede referirse a un vuelo anterior en la rotación?»

B.      Sentencia sometida a reexamen

15.      En la sentencia sometida a reexamen, el Tribunal General respondió, en primer lugar, a las cuestiones primera y segunda que el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que una decisión de gestión del tránsito aéreo puede constituir una «circunstancia extraordinaria», en el sentido de dicha disposición, con independencia de la duración del retraso que causa y de la razón que la motiva, si se acredita que dicha decisión escapaba al control efectivo del transportista aéreo de que se trate, en particular, cuando pueda excluirse que el citado transportista contribuyó a la adopción de esa decisión, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. (3)

16.      En apoyo de esta respuesta, el Tribunal General excluyó, en primer lugar, que una decisión de gestión del tránsito aéreo constituya, en todos los casos, una «circunstancia extraordinaria». Esta conclusión se basa en la constatación de que el concepto de «circunstancias extraordinarias» debe ser interpretado de forma estricta y que requiere el cumplimiento de dos requisitos acumulativos que deben apreciarse caso por caso. Con arreglo a estos requisitos, se consideran circunstancias de este tipo aquellos acontecimientos que, por su naturaleza u origen, no son inherentes al ejercicio normal de la actividad de transporte aéreo de que se trate y escapan al control efectivo del transportista. (4)

17.      A continuación, el Tribunal General procedió a evaluar estos dos requisitos acumulativos.

18.      En cuanto al primer requisito, consideró que una decisión de gestión del tránsito aéreo no constituye un elemento inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo, ya que forma parte de las actividades y competencia de los servicios de gestión del tráfico aéreo. (5)

19.      En cuanto al segundo requisito, el Tribunal General consideró que, con independencia de las razones que la motivan, dicha decisión escapa al control efectivo del transportista, a menos que este hubiera contribuido a la adopción de esa decisión. Precisó que, en este contexto, la circunstancia relevante no es la razón de la decisión de gestión del tránsito aéreo, sino la decisión en sí misma, en la medida en que es esta la que incide, externamente, en la realización del vuelo programado, salvo si el transportista contribuyó a la adopción de esa decisión. (6)

20.      El Tribunal General añadió, por otra parte, que un hecho como una decisión de gestión del tránsito aéreo puede constituir una «circunstancia extraordinaria» aunque no cause, por ella misma, un retraso de al menos tres horas. (7)

21.      En segundo lugar, el Tribunal General respondió a las cuestiones tercera y cuarta que el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que, si se acredita además que esa decisión escapaba a su control efectivo, un transportista aéreo podrá invocar, como «circunstancia extraordinaria», en el sentido de dicha disposición, una decisión de gestión del tránsito aéreo que haya afectado a un vuelo anterior operado por el propio transportista mediante la misma aeronave, siempre que exista una relación de causalidad directa entre el acaecimiento de esa circunstancia y el retraso o la cancelación del vuelo que haya realizado con posterioridad, lo que incumbirá determinar al tribunal remitente teniendo en cuenta, en particular, el modo en que el citado transportista aéreo explota la aeronave afectada. (8)

IV.    Análisis jurídico

A.      Observaciones previas

22.      El presente asunto reviste una especial relevancia institucional, puesto que es la primera ocasión en que el Tribunal de Justicia aplica el procedimiento de reexamen previsto en el artículo 256 TFUE, apartado 3, párrafo tercero, a una sentencia dictada por el Tribunal General en ejercicio de la competencia prejudicial que le ha sido transferida, en determinadas materias específicas del Derecho de la Unión, en el marco de la última reforma de la arquitectura jurisdiccional de la Unión. (9) Entre dichas materias específicas figura la compensación y asistencia de los pasajeros en caso de denegación de embarque, retraso o cancelación de los servicios de transporte, ámbito en el que el Tribunal de Justicia ha desarrollado una abundante jurisprudencia.

23.      De conformidad con las disposiciones aplicables, corresponde al Abogado General designado someter la sentencia del Tribunal General a un examen detenido, con el fin de orientar al Tribunal de Justicia sobre las consecuencias que procede extraer del presente reexamen. A este respecto, es importante subrayar que el procedimiento de reexamen no puede concebirse como una vía ordinaria para cuestionar las resoluciones dictadas por el Tribunal General en ejercicio de esta competencia transferida. Responde a una finalidad específica, consistente en permitir al Tribunal de Justicia intervenir cuando la sentencia sometida a reexamen suscite cuestiones que puedan menoscabar la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión. Si bien corresponde al Tribunal General pronunciarse de manera autónoma en los ámbitos que le han sido atribuidos, incluida la tarea de precisar y desarrollar la jurisprudencia en dichos ámbitos, esta autonomía jurisdiccional se ejerce necesariamente respetando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y el sistema general del Derecho de la Unión.

24.      El mecanismo de reexamen se configura así como el corolario de la transferencia parcial de competencia operada por la reforma, en la medida en que permite conciliar el objetivo de una recta administración de la justicia con la exigencia de una interpretación uniforme del Derecho de la Unión. En este contexto, no corresponde al Tribunal de Justicia ejercer un control general sobre todas las apreciaciones realizadas por el Tribunal General. Le incumbe, en cambio, determinar si las cuestiones suscitadas por la sentencia sometida a reexamen revisten tal alcance que pueden justificar su intervención a la luz del criterio establecido por el Tratado, relativo al menoscabo de la unidad o de la coherencia del Derecho de la Unión, en particular cuando está en juego el respeto de principios esenciales establecidos por su jurisprudencia. El Tribunal de Justicia interviene, por tanto, únicamente en último término, en aras del buen funcionamiento del ordenamiento jurídico de la Unión.

25.      El presente reexamen requiere, por tanto, un análisis en tres fases. Procede, en primer lugar, identificar los aspectos de la sentencia sometida a reexamen que puedan suscitar serias dudas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. (10) A continuación, debe determinarse si tales aspectos pueden menoscabar la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión, en particular si reflejan una desviación significativa respecto de los principios esenciales establecidos por dicha jurisprudencia. (11) Es menester, por último, extraer las consecuencias pertinentes en relación con las respuestas con las que, en su caso, el Tribunal de Justicia sustituirá las del Tribunal General. (12) La sentencia sometida a reexamen debe ser analizada a la luz de estas consideraciones.

B.      Sobre la metodología aplicada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

26.      Puesto que, en el presente asunto, está en juego una posible modificación de la metodología seguida por el Tribunal de Justicia para apreciar la existencia de «circunstancias extraordinarias» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004, me parece útil, por razones de claridad, recordar brevemente sus principales criterios antes de examinar en detalle la sentencia del Tribunal General. Partiendo de esta exposición del marco jurídico aplicable en la materia, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, señalaré a continuación los aspectos de la sentencia sometida a reexamen que, a mi juicio, pueden suscitar serias dudas acerca de su conformidad con el Derecho de la Unión.

27.      A tenor del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004, el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 del mismo Reglamento si prueba que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. De ello el Tribunal de Justicia ha deducido un esquema de análisis en dos fases, cuya primera fase comprende, a su vez, dos requisitos acumulativos. (13)

28.      En primer lugar, procede determinar si el acontecimiento invocado tiene carácter de «circunstancia extraordinaria». Según reiterada jurisprudencia, que tiene su origen, en particular, en la sentencia Wallentin-Hermann y que posteriormente fue confirmada por la Gran Sala en la sentencia Airhelp, solo cabe considerar que concurre tal circunstancia cuando el acontecimiento de que se trate, por una parte, no sea inherente, por su propia naturaleza o por su origen, al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo de que se trate y, por otra, escape al control efectivo de este. Dado que estos dos requisitos son acumulativos, no basta que un hecho no sea inherente a la actividad del transportista o que, en la práctica, este no pueda controlarlo. Es necesario, además, que ambos requisitos concurran simultáneamente. (14)

29.      Por lo que respecta al primero de estos requisitos, el Tribunal de Justicia realiza una apreciación basada en la naturaleza o el origen del acontecimiento. En otras palabras, trata de determinar si la situación que es objeto de litigio se inscribe en el ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo de que se trate o si, por el contrario, se aparta realmente de este. Así, un problema técnico ordinario, aun cuando sea imprevisto, no tiene, en principio, carácter extraordinario, puesto que forma parte de las contingencias inherentes a la operación normal de una aeronave. (15) Por el contrario, determinados hechos ajenos al funcionamiento normal de la empresa, como una colisión con aves o una erupción volcánica que provoque el cierre del espacio aéreo, pueden tener tal carácter. (16)

30.      El segundo requisito se refiere a la falta de control efectivo por parte del transportista. En este punto, el Tribunal de Justicia distingue claramente entre los acontecimientos que pertenecen a la esfera interna del transportista y aquellos que se derivan de circunstancias externas. En la sentencia Airhelp, puso de relieve esta distinción entre los acontecimientos «internos» y «externos» a la actividad del transportista. (17) Un acontecimiento puede, por tanto, ser imprevisto sin ser por ello extraordinario, si sigue estando vinculado a la organización o el funcionamiento de la empresa. A la inversa, según las circunstancias, puede considerarse que un acontecimiento que resulta de una causa natural, de la intervención de un tercero o de una decisión impuesta por una autoridad externa escapa al control efectivo del transportista.

31.      En segundo lugar, procede comprobar si las consecuencias de las circunstancias extraordinarias no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. Este requisito tiene carácter autónomo. Por tanto, no basta con que el transportista acredite la existencia de un hecho extraordinario, sino que debe demostrar además que adoptó, o que no estaba razonablemente en condiciones de adoptar, las medidas que pudieran evitar la cancelación o el gran retraso. En la sentencia Wallentin-Hermann, el Tribunal de Justicia señaló que el transportista debe probar que puso en práctica los medios adecuados a la situación, sin que ello implique aceptar sacrificios insoportables para la capacidad de su empresa. (18)

32.      El Tribunal de Justicia interpreta, además, este requisito de manera concreta y causal. En la sentencia Pešková y Peška, si bien admitió que un acontecimiento extraordinario, en ese caso una colisión con aves, podía justificar la exoneración, también señaló que era necesario examinar con precisión el tiempo efectivamente imputable a ese hecho y determinar si, pese a las medidas razonables adoptadas, el gran retraso seguía siendo inevitable. (19) Por tanto, el transportista no puede invocar de manera abstracta una circunstancia extraordinaria, sino que debe probar la relación concreta entre esta, el retraso producido y la imposibilidad de evitar sus efectos.

33.      La jurisprudencia del Tribunal de Justicia muestra, por último, que la existencia de «circunstancias extraordinarias» no hace desaparecer las obligaciones que incumben al transportista. En la sentencia McDonagh, el Tribunal de Justicia declaró que la erupción volcánica y el cierre del espacio aéreo constituían efectivamente «circunstancias extraordinarias», pero mantuvo, no obstante, las obligaciones de asistencia establecidas en el Reglamento n.º 261/2004. De ello se deriva que el artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento exime únicamente de la obligación de compensación establecida en el artículo 7 del mismo Reglamento, sin suprimir por sí solo las demás obligaciones impuestas al transportista. (20)

34.      De lo anterior se desprende que, según la metodología elaborada por el Tribunal de Justicia, el transportista debe demostrar, en primer lugar, que un acontecimiento determinado no era inherente al ejercicio normal de su actividad y escapaba a su control efectivo y, en segundo lugar, que las consecuencias de ese acontecimiento no habrían podido evitarse incluso si hubiera adoptado todas las medidas razonables. Además, el concepto de «circunstancias extraordinarias» debe ser objeto de interpretación estricta, puesto que constituye una excepción al principio de compensación a los pasajeros.

C.      Sobre los aspectos de la sentencia sometida a reexamen que suscitan serias dudas

1.      Sobre la discutible asimilación de la decisión de gestión del tránsito aéreo a un hecho no inherente a la actividad del transportista aéreo

35.      El primer aspecto de la sentencia sometida a reexamen merece especial atención, por cuanto se refiere a la identificación del acontecimiento jurídicamente pertinente a efectos de la aplicación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. El Tribunal General parece haber considerado, en esencia, que, si bien no toda decisión de gestión del tránsito aéreo constituye automáticamente una «circunstancia extraordinaria», una decisión de este tipo puede, por sí misma, constituir el acontecimiento sobre el que debe versar el análisis del carácter extraordinario del hecho invocado. (21) Este enfoque conduce, en la práctica, a erigir la decisión adoptada por los servicios de gestión del tráfico aéreo en elemento fundamental de la calificación jurídica, aun cuando dicha decisión puede no ser más que el reflejo, en el plano operativo, de una situación fáctica más profunda, cuyo examen es el único que permite apreciar la causa real de la perturbación controvertida.

36.      Este planteamiento suscita serias reservas. A la luz del propio tenor del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004, la exoneración exige que la cancelación o el gran retraso «se deb[an]» a circunstancias extraordinarias. Tal formulación invita a identificar un acontecimiento o una situación concreta que sea el origen de la perturbación, y no a detenerse en la mera medida administrativa u operativa mediante la cual esta se manifiesta en la operación del vuelo. Me parece, por tanto, que ni el tenor de esta disposición ni su estructura conducen a hacer de la mera decisión de gestión del tránsito aéreo el objeto principal de la calificación jurídica. En otras palabras, el análisis debería centrarse, ante todo, no en la forma que adopta la intervención externa, sino en la realidad del acontecimiento invocado y en el lugar que este ocupa en la cadena causal que llevó al retraso o a la cancelación. (22)

37.      Debe distinguirse claramente entre la causa de la perturbación y la medida mediante la cual dicha perturbación se manifiesta en el desarrollo concreto del vuelo. Una decisión de gestión del tránsito aéreo constituye, en la mayoría de los casos, una reacción ante una situación determinada —ya se trate de condiciones meteorológicas, restricciones de capacidad, limitaciones del espacio aéreo u otras dificultades operativas—. Al considerar esta decisión como la propia circunstancia pertinente, la sentencia objeto de examen tiende a sustituir la causa verdadera de la perturbación por su consecuencia normativa. (23) Un enfoque de este tipo me parece, además, difícilmente conciliable con la exigencia de una interpretación autónoma y uniforme del concepto de «circunstancias extraordinarias» en el Derecho de la Unión. (24) Si la apreciación de este concepto dependiera, en la práctica, de la mera existencia de una medida administrativa u operativa adoptada por los servicios de gestión del tráfico aéreo, existiría el riesgo de que la aplicación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004 quedara determinada menos por los criterios materiales establecidos por el Tribunal de Justicia que por la forma externa que adopte, en un caso concreto, la reacción del sistema de gestión del tráfico aéreo. Esta interpretación me parece tanto menos satisfactoria cuanto que tiende a acortar el examen de la cadena causal, al centrar el análisis en el último eslabón de esta, en lugar de hacerlo en el acontecimiento al que es realmente imputable la perturbación. (25)

38.      Me parece, en efecto, difícilmente discutible que los transportistas aéreos se enfrentan regularmente, en el ejercicio cotidiano de su actividad, a decisiones de los servicios de gestión del tráfico aéreo. La asignación de franjas horarias, las restricciones de capacidad, los ajustes relacionados con la circulación aérea, así como las decisiones que afectan al orden y al ritmo de las salidas y las llegadas, forman parte del funcionamiento habitual del transporte aéreo y se inscriben en el marco operativo ordinario en el que las compañías aéreas desarrollan su actividad. (26) El mero hecho de que una decisión de este tipo sea adoptada por una autoridad ajena al transportista no puede, por sí solo, ser suficiente para demostrar que dicha decisión no es inherente al ejercicio normal de la actividad de este. Esta constatación lleva a distinguir cuidadosamente entre, por una parte, el carácter externo en el plano institucional de una decisión de gestión del tránsito aéreo y, por otra, la cuestión de si la situación a la que responde dicha decisión es, por su naturaleza o por su origen, ajena al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo. Asimilar una a otra equivaldría a supeditar la aplicación del primer requisito a la mera constatación de que un tercero ha intervenido en la organización concreta del vuelo. Pues bien, tal enfoque podría desplazar el objeto del análisis, haciendo que este recayera sobre el autor inmediato de la decisión, en lugar de hacerlo sobre la verdadera naturaleza de la situación invocada. (27)

39.      Tal enfoque adolece, además, de cierto formalismo, ya que atribuye una importancia decisiva a la mera existencia de una decisión de los servicios de gestión del tráfico aéreo, pese a que dicha decisión no constituye, en realidad, más que una medida administrativa u operativa adoptada en respuesta a una situación determinada. Ahora bien, las situaciones que pueden dar lugar a una decisión de este tipo pueden ser extremadamente diversas y no tienen necesariamente carácter extraordinario. Por tanto, no parece que una interpretación basada únicamente en la existencia de dicha decisión sea adecuada para dar cuenta de la diversidad de las causas que pueden subyacer a esta. (28) Tal interpretación resulta tanto más cuestionable cuanto que, si bien el Tribunal General tiene efectivamente en cuenta la hipótesis de que el propio transportista aéreo hubiera contribuido a la adopción de una decisión de gestión del tránsito aéreo, solo lo hace como excepción a la calificación de «acontecimiento de origen externo», sin cuestionar el desplazamiento previo del análisis hacia la decisión en sí misma, en lugar de hacia la situación fáctica que ha sido su origen. (29)

40.      Ciertamente, el transportista no decide por sí mismo una medida de este tipo. Sin embargo, ello no obsta para que, en el marco del funcionamiento operativo de la red, pueda influir, al menos indirectamente, en las condiciones en las que se adopta dicha decisión, en particular mediante la comunicación oportuna de información exacta relativa al estado de preparación del vuelo. Del mismo modo, no puede excluirse que una perturbación inicial imputable al transportista, como un retraso propio de su explotación, contribuyera a que el vuelo de que se trate quede expuesto a una medida posterior de regulación o restricción. En tal supuesto, el mero hecho de que una autoridad externa adopte finalmente una decisión no basta para sustraer esa perturbación al ámbito de actividad del transportista.

41.      A diferencia de lo que parece desprenderse de una parte de la jurisprudencia nacional, a la que, por otra parte, se han referido las partes del litigio principal en sus observaciones escritas, el considerando 15 del Reglamento n.º 261/2004 no puede, a mi juicio, invocarse eficazmente en apoyo de la interpretación adoptada por el Tribunal General. Ciertamente, dicho considerando se refiere expresamente a las decisiones de la gestión del tránsito aéreo. Sin embargo, no parece posible deducir de ello que una decisión de este tipo deba, por sí misma y con independencia del motivo que la sustente, calificarse de «circunstancia extraordinaria». En primer lugar, no puede interpretarse un considerando en un sentido que neutralice los requisitos establecidos por la propia disposición normativa. Pues bien, el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004 también exige que la cancelación o el gran retraso sean debidos a circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables. Esta formulación sigue exigiendo, por tanto una apreciación relativa a la naturaleza de la situación invocada, a su origen y a su incidencia concreta en el vuelo de que se trate. (30)

42.      En segundo lugar, el considerando 15 del Reglamento n.º 261/2004 no parece formular una regla general según la cual toda decisión de gestión del tránsito aéreo constituya, por sí misma, una circunstancia extraordinaria. A este respecto, procede señalar que el Tribunal General tampoco establece expresamente tal automatismo. Por el contrario, describe una situación concreta, a saber, aquella en la que una decisión que afecta a una aeronave determinada, para un día concreto, da lugar a un gran retraso, a un retraso de un día para otro o a la cancelación de uno o más vuelos de dicha aeronave, incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables. Esta formulación, lejos de establecer una calificación abstracta y automática, sugiere, por el contrario, una apreciación contextualizada, vinculada a las circunstancias particulares del caso.

43.      En tercer lugar, interpretar el considerando 15 del Reglamento n.º 261/2004 en un sentido que reforzara el enfoque adoptado por el Tribunal General equivaldría a disociar la decisión de gestión del tránsito aéreo de la situación fáctica que la originó. Pues bien, a menudo una decisión de este tipo no es más que la reacción operativa ante una realidad subyacente que puede, según los casos, deberse bien a un acontecimiento verdaderamente excepcional, bien, por el contrario, a limitaciones más usuales relacionadas con el funcionamiento habitual del tránsito aéreo. Precisamente porque una misma categoría de decisiones puede responder a causas muy diferentes, resulta difícil admitir que una decisión de este tipo pueda considerarse, como tal e independientemente de su motivo, sistemáticamente extraordinaria. (31)

44.      En cuarto lugar, una interpretación amplia del considerando 15 del Reglamento n.º 261/2004 resulta difícilmente conciliable con la finalidad de dicho Reglamento. Dado que el artículo 5, apartado 3, del citado Reglamento constituye una excepción al principio de compensación a los pasajeros, esta excepción debe ser objeto de interpretación estricta. Admitir que la mera existencia de una decisión de gestión del tránsito aéreo sea suficiente, por principio, para dar lugar a la exoneración podría ampliar considerablemente el ámbito de aplicación de dicha excepción y, por consiguiente, reducir la eficacia del derecho a compensación. Ahora bien, el objetivo del Reglamento n.º 261/2004 es garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros aéreos, lo que justifica una interpretación ponderada y contextualizada de su considerando 15.

45.      A este respecto, procede señalar que el Tribunal de Justicia no ha pretendido conferir a los ejemplos mencionados en el considerando 14 del Reglamento n.º 261/2004 un valor autónomo ni una virtualidad calificadora automática. (32) Por el contrario, estos ejemplos tienen únicamente carácter indicativo y deben interpretarse a la luz de los criterios generales establecidos por la jurisprudencia para la aplicación del artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento. Lo mismo debe decirse del considerando 15 del citado Reglamento, que no puede entenderse en el sentido de que dispense de examinar la naturaleza o el origen de la situación que condujo a la adopción de la decisión de gestión del tránsito aéreo. (33) Esta precisión resulta tanto más necesaria cuanto que una interpretación más amplia de este considerando 15 ha sido invocada en ocasiones, de manera puntual, en la jurisprudencia nacional (34) y en parte de la doctrina, en apoyo de una calificación más automática de las decisiones de gestión del tránsito aéreo.

46.      Esta interpretación se ve, por lo demás, corroborada por la práctica jurisprudencial del propio Tribunal de Justicia. Cuando este examina una perturbación del vuelo que se traduce, en el plano operativo, en una medida ajena al transportista, tiende a apreciar la existencia de circunstancias extraordinarias atendiendo a la situación fáctica subyacente, más que a la mera medida que constituye su consecuencia inmediata. Así, en el contexto del cierre del espacio aéreo como consecuencia de la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull, el Tribunal de Justicia examinó la situación atendiendo al acontecimiento natural de que se trataba y a sus efectos, y no al mero hecho del cierre como tal.(35) Este enfoque es el adoptado la sentencia Moens, en la que, aun cuando el cierre de la pista era consecuencia de una decisión de las autoridades aeroportuarias que se imponía al transportista, el Tribunal de Justicia examinó la presencia de combustible en la pista, su origen ajeno al transportista y el hecho de que el mantenimiento de las pistas no fuera competencia del transportista. (36) Desde una perspectiva próxima, la sentencia Pešková y Peška confirma igualmente este método, pues la calificación de circunstancia extraordinaria se apreció atendiendo al acontecimiento concreto invocado, a saber, la colisión con un ave, así como a las medidas de seguridad que de ella se derivaban. (37). Esta orientación me parece confirmar que, ni siquiera cuando una decisión externa afecta directamente a la ejecución del vuelo, puede el análisis prescindir de la realidad fáctica que condujo a su adopción.

47.      Por consiguiente, el considerando 15 del Reglamento n.º 261/2004 no puede entenderse en el sentido de que dispense de examinar la naturaleza o el origen de la situación que condujo a la adopción de la decisión de gestión del tránsito aéreo. Interpretado en relación con el artículo 5, apartado 3, del mismo Reglamento, dicho considerando invita, por tanto, a realizar una apreciación concreta y circunstanciada, en lugar de proceder a una calificación abstracta de toda decisión de gestión del tránsito aéreo. De ello se sigue, más ampliamente, que la mera existencia de una decisión de gestión del tránsito aéreo no permite aún concluir que el acontecimiento de que se trata no sea inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo. Tal decisión puede ser, según las circunstancias, la mera consecuencia operativa de una situación fáctica derivada bien de un acontecimiento verdaderamente excepcional, bien, por el contrario, de limitaciones más ordinarias vinculadas al funcionamiento habitual del tránsito aéreo. Por consiguiente, para apreciar si se cumple el primero de los dos requisitos acumulativos, debe tenerse en cuenta esta situación subyacente, atendiendo tanto a su naturaleza como a su origen.

48.      Una interpretación que atribuye una importancia determinante a la existencia de una decisión de gestión del tránsito aéreo resulta, además, difícilmente conciliable con la estructura de la carga de la prueba que se deriva del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. Corresponde, en efecto, al transportista aéreo acreditar no solo la existencia de «circunstancias extraordinarias», sino también que sus consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables. (38) Ahora bien, el enfoque adoptado por el Tribunal General tendría por efecto aligerar considerablemente esta carga probatoria, puesto que, en la práctica, bastaría con la existencia de una decisión relativa a la gestión del tránsito aéreo, combinada con el hecho de que el transportista no hubiera contribuido a su adopción. Existiría el riesgo de que la demostración sustancial del acontecimiento extraordinario se viera sustituida por la aportación de un elemento esencialmente formal, a saber, la existencia de una medida externa que afectara a la ejecución del vuelo. (39)

49.      Esta primera dificultad lleva a plantearse, más ampliamente, la manera en que la sentencia sometida a reexamen articula los dos requisitos acumulativos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

2.      Sobre el riesgo de confusión entre los dos requisitos acumulativos elaborados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

50.      El segundo aspecto de la sentencia sometida a reexamen requiere un examen particularmente atento, en la medida en que se refiere a la articulación de los dos requisitos acumulativos que caracterizan la existencia de «circunstancias extraordinarias», a saber, por una parte, que se trate de hechos no inherentes al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo afectado y, por otra, que no exista control efectivo sobre el acontecimiento invocado. Estos dos requisitos, tal como se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, responden a lógicas distintas y cumplen cada uno su propia función en el sistema del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. Me parece, por tanto, esencial velar por que ambas permanezcan claramente diferenciadas en su aplicación. (40)

51.      Subsisten serias dudas acerca de si el razonamiento seguido por el Tribunal General preserva con suficiente claridad la autonomía de estos dos requisitos. En efecto, la sentencia sometida a reexamen parece atribuir una importancia determinante al hecho de que una decisión de gestión del tránsito aéreo proceda de un servicio externo al transportista aéreo y se imponga a este. Tal consideración es, sin duda, pertinente por lo que respecta al segundo requisito, relativo a la falta de control efectivo. (41) Sin embargo, no basta por sí sola para demostrar que el acontecimiento de que se trate no es inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista. El hecho de que un transportista aéreo no controle un acontecimiento no significa sin más que dicho acontecimiento quede excluido, por su naturaleza o por su origen, del marco normal en el que se desarrolla su actividad.

52.      A este respecto, al poner así el énfasis en el origen externo de la decisión de gestión del tránsito aéreo, el Tribunal General tiende a supeditar, al menos parcialmente, el primer requisito al segundo. Tal interpretación resulta problemática. En efecto, si la intervención de un tercero o de una autoridad externa bastara, en la práctica, para considerar que el acontecimiento invocado no es inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista, el primer requisito perdería una parte considerable de su alcance autónomo. Pues bien, la finalidad de este requisito es precisamente evitar que todo acontecimiento que escape al control del transportista sea automáticamente elevado a la categoría de circunstancia extraordinaria, aun cuando pueda formar parte de las limitaciones ordinarias a las que la actividad del transporte aéreo expone estructuralmente a los transportistas.

53.      Tal evolución podría debilitar sensiblemente la estructura del criterio establecido por la jurisprudencia. En efecto, numerosos acontecimientos externos al transportista pueden considerarse limitaciones ordinarias a las que este está expuesto en la actividad cotidiana del tránsito aéreo. El hecho de que se impongan desde el exterior no significa necesariamente que sean ajenos, por su naturaleza o por su origen, al marco normal en el que se desarrolla la actividad del transportista. Por ello, resulta necesario mantener una separación clara entre estos dos criterios: el primer requisito exige una apreciación de la naturaleza o el origen de la situación invocada, mientras que el segundo se refiere a la cuestión de si dicha situación escapaba al control efectivo del transportista aéreo. (42)

54.      Me parece, además, que el método seguido por el Tribunal General tiende a desdibujar las distintas etapas del examen exigido por el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. En este enfoque, parecen insuficientemente diferenciados la identificación de la circunstancia pertinente, la apreciación del carácter no inherente del acontecimiento invocado, la cuestión de si este escapaba al control efectivo del transportista y, a continuación, el examen de las medidas razonables. Ahora bien, la metodología establecida por el Tribunal de Justicia se basa precisamente en una apreciación sucesiva y rigurosa de estos distintos elementos. (43)

55.      Solo mediante esta distinción puede preservarse el carácter estricto de la interpretación del concepto de «circunstancias extraordinarias», que constituye una excepción al principio de compensación a los pasajeros. Si ambos requisitos llegaran a confundirse, el ámbito de la exoneración de la que puede beneficiarse el transportista podría verse ampliado considerablemente, en perjuicio de la coherencia de la metodología establecida por el Tribunal de Justicia y, más generalmente, del equilibrio del régimen establecido por el Reglamento n.º 261/2004.

56.      La confusión así señalada se manifiesta de manera particularmente clara en el lugar que el Tribunal General atribuye al motivo que llevó a la adopción de la decisión de gestión del tránsito aéreo.

3.      Sobre la consideración insuficiente del motivo de la decisión de gestión del tránsito aéreo

57.      El tercer aspecto de la sentencia sometida a reexamen requiere un análisis atento, por cuanto se refiere al lugar que el Tribunal General atribuye a la razón que condujo a la adopción de la decisión de gestión del tránsito aéreo. A este respecto, la sentencia sometida a reexamen parece atribuir una importancia determinante a la propia decisión, con independencia de la razón que la motiva. Tal forma de razonar resulta problemática, por dejar de lado un elemento que, lejos de ser accesorio, puede, por el contrario, resultar decisivo para apreciar si la situación controvertida tiene o no carácter extraordinario.

58.      Tal enfoque suscita, a este respecto, serias reservas. En efecto, resulta difícilmente concebible que el motivo de la decisión de gestión del tránsito aéreo carezca de toda relevancia a la hora de apreciar el carácter extraordinario de la situación de que se trate. La apreciación de la naturaleza o del origen del acontecimiento puede variar notablemente. según que dicha decisión obedezca a un fenómeno natural excepcional, a un riesgo grave para la seguridad, a condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo de que se trate o, por el contrario, a una limitación más habitual relacionada con la gestión ordinaria del tránsito aéreo. Ahora bien, es precisamente esa naturaleza o ese origen lo que permite determinar si nos encontramos o no ante una «circunstancia extraordinaria» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004.

59.      Tratar, por principio, el motivo de la decisión de gestión del tránsito aéreo como carente de relevancia decisiva equivaldría a poner en un mismo plano situaciones que, sin embargo, no presentan ni la misma intensidad ni el mismo significado a efectos de dicha disposición. Una decisión impuesta debido a una erupción volcánica, al cierre excepcional del espacio aéreo o a condiciones meteorológicas de especial gravedad no puede equipararse, sin más, a una decisión dictada por limitaciones más habituales de regulación del tránsito. (44) Si no se tomase suficientemente en consideración el motivo de la decisión, el análisis podría centrarse exclusivamente en la forma externa de la intervención, en perjuicio de la verdadera naturaleza del acontecimiento invocado.

60.      A este respecto, procede subrayar que no todas las decisiones de gestión del tránsito aéreo obedecen a situaciones de carácter extraordinario. Algunas pueden deberse a limitaciones ordinarias que afectan al sistema de transporte aéreo, como la congestión del tráfico, ajustes rutinarios de capacidad u otras restricciones operativas ordinarias. Otras, en cambio, pueden tener su origen en circunstancias verdaderamente excepcionales, como condiciones meteorológicas extremas o riesgos particulares para la seguridad. Si el motivo de la decisión se considerase carente de relevancia decisiva, como parece admitir la sentencia sometida a reexamen al aplicar los dos requisitos acumulativos, ya no sería posible establecer una distinción satisfactoria entre estas distintas hipótesis. Pues bien, tal distinción resulta precisamente indispensable para la aplicación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/20.

61.      Esta consideración insuficiente del motivo resulta asimismo difícilmente conciliable con la finalidad del Reglamento n.º 261/2004. En efecto, el Tribunal de Justicia ha recordado en reiteradas ocasiones, basándose en particular en el considerando 1 de dicho Reglamento, que este tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de los pasajeros aéreos. (45) Dado que el artículo 5, apartado 3, del citado Reglamento constituye una excepción al principio de compensación, esta disposición no puede interpretarse en el sentido de que permita una exoneración excesivamente fácil del transportista por el mero efecto de una decisión formalmente externa a este, sin que la causa concreta que condujo a la adopción de dicha decisión quede sustancialmente demostrada. Tal enfoque tendría como efecto ampliar el ámbito de la exoneración prevista en dicha disposición y reducir correlativamente el alcance de la protección reconocida a los pasajeros.

62.      De ello resulta que la apreciación del carácter extraordinario de una decisión de gestión del tránsito aéreo no puede disociarse de las circunstancias que condujeron a su adopción. El motivo de dicha decisión constituye un elemento de apreciación pertinente, e incluso necesario, puesto que permite precisamente determinar si la situación subyacente es o no ajena al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo. Por tanto, a la luz de estas circunstancias, y no de la mera existencia de la decisión en cuanto acto adoptado por un servicio externo al transportista, debe apreciarse si concurren los requisitos establecidos por la jurisprudencia. (46)

63.      Estas consideraciones llevan, por último, a examinar el alcance más general de la interpretación adoptada por el Tribunal General en el sistema del Reglamento n.º 261/2004.

4.      Sobre el alcance de la interpretación adoptada en el sistema general del Reglamento n.º 261/2004

64.      Las dudas suscitadas por la sentencia sometida a reexamen no pueden apreciarse con independencia del sistema general del Reglamento n.º 261/2004. El artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento no constituye una disposición aislada, sino la cláusula de exoneración que limita la obligación de compensación establecida en el artículo 7 del mismo Reglamento. Por tanto, la interpretación que se adopte del concepto de «circunstancias extraordinarias» no deja de tener efectos sobre la arquitectura general del sistema establecido por dicho Reglamento. Se trata de un elemento que debe tenerse en cuenta al analizar la sentencia sometida a reexamen.

65.      Debe evitarse, además, que, debido precisamente a que el transporte aéreo forma parte de un sistema sujeto a una densa regulación externa, se reconozca de facto a los transportistas aéreos una facultad de exoneración más amplia que la derivada del carácter excepcional del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. El hecho de que la actividad del transporte aéreo se desarrolle, por su propia naturaleza, en un entorno estrechamente coordinado por autoridades externas no puede, por sí solo, justificar una ampliación de la categoría de las «circunstancias extraordinarias». Admitir lo contrario supondría conceder a este sector una flexibilización particular de la carga inherente a la excepción, pese a que dicha carga debe mantenerse estrictamente delimitada atendiendo al objetivo de protección perseguido por este Reglamento.

66.      Esta conclusión se ve, por lo demás, corroborada desde una perspectiva sistemática. El Derecho de la Unión prevé asimismo, en otros sectores del transporte de pasajeros, en particular en el transporte ferroviario, marítimo y por vías navegables interiores, mecanismos de protección y compensación sujetos a excepciones que deben interpretarse estrictamente. Por consiguiente, resultaría difícilmente justificable que el mero hecho de que el transporte aéreo sea objeto de una densa regulación externa condujera, por sí mismo, a una ampliación del alcance de la excepción prevista en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. (47)

67.      Esta consideración reviste tanta más importancia cuanto que la obligación de compensación constituye uno de los elementos estructurales del sistema de protección establecido por el legislador de la Unión en favor de los pasajeros aéreos. De ello se desprende que la interpretación del concepto de «circunstancias extraordinarias» influye directamente en el alcance práctico del derecho a compensación y, por tanto, en el equilibrio general del régimen establecido por el Reglamento n.º 261/2004. Una interpretación del artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento que condujera a reconocer de manera excesivamente amplia a las decisiones de gestión del tránsito aéreo el carácter de «circunstancias extraordinarias» podría ampliar considerablemente el ámbito de la exoneración que puede aplicarse al transportista aéreo (48) y conferir así a este sector un trato más favorable que el previsto, en esencia, en otros regímenes de protección de los pasajeros establecidos por el Derecho de la Unión.

68.      Una evolución en este sentido podría afectar al equilibrio buscado por el legislador de la Unión entre la protección de los pasajeros y las causas de exoneración admitidas en beneficio del transportista. Las dificultades que suscita la sentencia sometida a reexamen no se limitan, por tanto, a una cuestión puntual de calificación jurídica. Se refieren, más ampliamente, a la manera en que debe preservarse, al interpretar el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004, la coherencia general del sistema establecido por dicho Reglamento. Esta exigencia deberá apreciarse también a la luz de la compatibilidad del enfoque adoptado por el Tribunal General con el Derecho de la Unión.

5.      Conclusión intermedia

69.      Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto, más allá de la diversidad de las cuestiones examinadas, dos series principales de errores de Derecho. Si bien el Tribunal General no afirmó que toda decisión de gestión del tránsito aéreo constituya automáticamente una «circunstancia extraordinaria», ni ignoró la hipótesis de que el transportista contribuyera a la adopción de una decisión de este tipo, no por ello deja de existir en la sentencia sometida a reexamen una tensión metodológica interna. En efecto, aunque rechaza expresamente una calificación automática, el Tribunal General reconstruye parcialmente la lógica de esta al erigir la propia decisión de gestión del tránsito aéreo en circunstancia jurídicamente pertinente.

70.      El primer error se refiere, por tanto, a la identificación de la circunstancia pertinente a efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004, puesto que el Tribunal General sustituyó, en esencia, la situación fáctica que dio origen a la perturbación por la decisión de gestión del tránsito aéreo, que no era más que su manifestación operativa inmediata. El segundo error se refiere a la aplicación de la metodología establecida por el Tribunal de Justicia para la interpretación de dicha disposición, en la medida en que la sentencia sometida a reexamen tiende a desdibujar las distintas etapas del examen requerido y a debilitar la articulación entre los dos requisitos acumulativos relativos a las circunstancias extraordinarias. Estos dos errores principales son, además, incompatibles con la metodología establecida por el Tribunal de Justicia, ya que llevan a conceder una importancia insuficiente al motivo de la decisión de que se trata y repercuten en el alcance de la interpretación adoptada en el sistema general de dicho Reglamento.

71.      De las consideraciones anteriores se desprende que la sentencia sometida a reexamen no se limita a suscitar varias dificultades serias en cuanto a la manera en que el Tribunal General abordó el concepto de «circunstancias extraordinarias» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. El enfoque adoptado por el Tribunal General resulta, en varios aspectos estrechamente relacionados entre sí, incompatible con la metodología establecida por el Tribunal de Justicia para la aplicación de dicha disposición.

D.      Sobre la existencia de vulneración de la unidad o de la coherencia del Derecho de la Unión

1.      Propuesta de criterios de apreciación aplicables en el presente reexamen

72.      Tras haber puesto de manifiesto los errores de Derecho que afectan a la sentencia sometida a reexamen, procede indagar si estos presentan el grado de gravedad necesario para constituir una vulneración de la unidad o de la coherencia del Derecho de la Unión. Esta apreciación constituye una etapa autónoma del análisis, distinta de la mera constatación de un error de Derecho. En efecto, en el marco del presente reexamen, la constatación de tal error sin más no basta para justificar la intervención del Tribunal de Justicia. Es necesario, además, que la interpretación adoptada por el Tribunal General pueda, por su alcance, afectar, más allá del litigio principal, a la aplicación uniforme del Derecho de la Unión o a la coherencia general de este.

73.      A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que el mecanismo de reexamen previsto en el artículo 256 TFUE, apartado 3, párrafo tercero, está formulado, en cuanto a su finalidad, en términos muy próximos a los del mecanismo de reexamen previsto en el artículo 256 TFUE, apartado 2. Esta proximidad en la formulación refleja, más fundamentalmente, la función análoga que cumplen ambos mecanismos en la arquitectura jurisdiccional de la Unión, toda vez que ambos tienen por objeto permitir al Tribunal de Justicia intervenir cuando resulte necesario para preservar la unidad y la coherencia del Derecho de la Unión. Es preciso recordar, a continuación, que el reexamen constituye un mecanismo excepcional, que no tiene por objeto corregir cualquier error de Derecho, sino únicamente aquellos cuyo alcance pueda afectar a la unidad o a la coherencia del Derecho de la Unión.

74.      La jurisprudencia sobre el mecanismo previsto en el artículo 256 TFUE, apartado 2, conserva, por tanto, una indudable pertinencia a efectos de la interpretación del presente mecanismo de reexamen. A este respecto, procede recordar que, si bien las disposiciones relativas a los mecanismos de reexamen previstos en el artículo 256 TFUE, apartados 2 y 3, no contienen una definición precisa de los conceptos de «unidad» y «coherencia» del Derecho de la Unión, dicha jurisprudencia lleva más bien a privilegiar una apreciación basada en un conjunto de elementos, sin que resulte necesario establecer una frontera rígida entre ambos conceptos. Estos elementos se refieren, en particular, a la gravedad y al alcance de los errores de Derecho constatados, a su aptitud para producir efectos más allá del litigio de que se trata, y a la importancia que revisten, en el ordenamiento jurídico de la Unión, la norma, el principio o el método de que se trate.

75.      El Tribunal de Justicia ha elaborado así, en el contexto del mecanismo de reexamen previsto en el artículo 256 TFUE, apartado 2, y en relación con sentencias del Tribunal General dictadas en casación en materia de función pública de la Unión, cuatro criterios principales para apreciar la existencia de vulneración de la unidad o de la coherencia del Derecho de la Unión: en primer lugar, que la sentencia del Tribunal General pueda constituir un precedente para asuntos futuros; en segundo lugar, que el Tribunal General se haya apartado de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia; en tercer lugar, que los errores cometidos por el Tribunal General se refieran a un concepto que no forme parte exclusivamente al ámbito de la función pública, sino que sean aplicables con independencia de cuál sea la materia en cuestión, y, en cuarto lugar, que las normas o los principios vulnerados por el Tribunal General ocupen un lugar importante en el ordenamiento jurídico de la Unión. (49) Estos criterios han sido, por tanto, asumidos y aplicados reiteradamente por los abogados generales en varios asuntos. (50)

76.      Ahora bien, los criterios señalados no pueden trasladarse de manera puramente mecánica al presente reexamen. El mecanismo de reexamen previsto en el artículo 256 TFUE, apartado 3, párrafo tercero, exige, por el contrario, adaptar dichos criterios a su naturaleza particular. Esta especificidad se debe, por una parte, a que dicho mecanismo se refiere a sentencias dictadas por el Tribunal General en ejercicio de la competencia prejudicial que le ha sido transferida, de conformidad con el artículo 256 TFUE, apartado 3, párrafo primero, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE. Obedece, por otra parte, a que dicho mecanismo se inscribe en un contexto jurisdiccional renovado, caracterizado por la transferencia al Tribunal General de varios ámbitos específicos del Derecho de la Unión, y no ya de un único ámbito contencioso especializado. (51) Estas sentencias, a diferencia de las dictadas en casación, no se limitan a las partes del litigio de que se trata, sino que despliegan sus efectos más allá de este por lo que respecta a la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión por los órganos jurisdiccionales nacionales.

77.      Es precisamente en este punto en el que se distingue del mecanismo de reexamen previsto en el artículo 256 TFUE, apartado 2. Mientras que las sentencias dictadas en casación por el Tribunal General se refieren principalmente al control de una resolución ya dictada un procedimiento contencioso entre partes, el procedimiento prejudicial tiene, por su propia naturaleza, la finalidad de garantizar la interpretación uniforme del Derecho de la Unión en todos los Estados miembros. (52) Por consiguiente, un error de Derecho que afecte a una sentencia prejudicial del Tribunal General puede producir con mayor facilidad efectos más allá del litigio principal e influir en la práctica futura de los órganos jurisdiccionales nacionales.

78.      De ello se sigue que, en el contexto del artículo 256 TFUE, apartado 3, párrafo tercero, la apreciación de la existencia de vulneración de la unidad o de la coherencia del Derecho de la Unión debe conceder especial importancia al hecho de que la sentencia del Tribunal General pueda tener, en el ámbito transferido, una influencia orientadora significativa, que se aparte de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia o de los métodos de interpretación establecidos por este, que se refiera a un concepto, criterio o método que revista un carácter estructural para el ámbito transferido y que afecte a una norma, principio o equilibrio normativo que ocupe un lugar importante en el ordenamiento jurídico de la Unión.

79.      A este respecto, procede precisar el alcance del criterio basado en la existencia de una desviación respecto de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia o de los métodos de interpretación establecidos por este. El criterio mencionado no puede entenderse en el sentido de que, en todos los casos, la constatación de una vulneración de la unidad o de la coherencia del Derecho de la Unión dependa de la identificación de un precedente directamente aplicable del que se haya apartado la sentencia sometida a reexamen. En efecto, si bien la existencia de un corpus jurisprudencial importante en las materias de que se trata constituyó uno de los elementos que justificaron la transferencia parcial de la competencia prejudicial al Tribunal General, (53) no puede excluirse que en dichas materias se planteen cuestiones nuevas o que, respecto de un aspecto concreto, no exista jurisprudencia del Tribunal de Justicia que pueda servir directamente de orientación al Tribunal General. En tal supuesto, procede comprobar si el razonamiento seguido por este sigue siendo compatible tanto con los métodos de interpretación establecidos por el Tribunal de Justicia como con el sistema general del Derecho de la Unión.

80.      Estos criterios deben apreciarse en su conjunto. No son acumulativos y por tanto no deben cumplirse obligatoriamente todos para que se declare una vulneración de la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión. (54) Su función consiste en orientar la apreciación que realiza el Tribunal de Justicia de la gravedad y el alcance de los errores de Derecho constatados en la sentencia sometida a reexamen. En los apartados siguientes examinaré, a la luz de estos criterios si los errores de Derecho que afectan a la sentencia del Tribunal General constituyen tal vulneración.

2.      Sobre la aplicación de los criterios propuestos al presente reexamen

 a)      La sentencia del Tribunal General puede tener, en el ámbito transferido, una influencia orientadora significativa

81.      El primer criterio se refiere a la aptitud de la sentencia del Tribunal General para ejercer, en el ámbito transferido, una influencia orientadora significativa. Este criterio se cumple en el caso de autos. (55) En efecto, la sentencia sometida a reexamen no se limita a dar una respuesta estrechamente vinculada a las circunstancias propias del litigio principal, sino que adopta un criterio de análisis de alcance general en cuanto a la manera de abordar, a la luz del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004, las decisiones de gestión del tránsito aéreo. Trasciende, por tanto, la mera solución del caso concreto y puede orientar, en el ámbito transferido, la manera en que deberá llevarse a cabo el análisis del carácter extraordinario o no de una perturbación de vuelo.

82.      Esta aptitud para ejercer una influencia orientadora se deriva del propio objeto de la interpretación adoptada. La sentencia sometida a reexamen no se refiere a un aspecto marginal del régimen establecido por el Reglamento n.º 261/2004, sino al método que debe seguirse para calificar, a la luz del artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento, una categoría de situaciones que pueden presentarse de manera recurrente en la práctica del transporte aéreo, a saber, aquellas en las que la ejecución del vuelo se ve afectada por una decisión de gestión del tránsito aéreo. Puesto que se trata de determinar si una decisión de este tipo puede, por sí sola e independientemente del motivo que la sustente, considerarse una «circunstancia extraordinaria», la sentencia sometida a reexamen puede constituir un referente metodológico para futuros asuntos potencialmente numerosos.

83.      Esta influencia orientadora se ve reforzada por la propia naturaleza de los efectos de una decisión prejudicial. (56) La interpretación dada por el Tribunal General está destinada a guiar la aplicación del Derecho de la Unión por los órganos jurisdiccionales nacionales que deban conocer de cuestiones análogas. Pues bien, ante la presencia de un criterio tan frecuentemente utilizado como el de «circunstancias extraordinarias», el método de análisis adoptado por el juez de la Unión tiene necesariamente una importante función orientadora, máxime cuando la sentencia sometida a reexamen parece consagrar una orientación de principio, susceptible de ser seguida en otros litigios comprendidos en el ámbito transferido.

84.      En tales circunstancias, debe considerarse que se cumple el primer criterio.

 b)      La sentencia del Tribunal General se aparta de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia o de los métodos de interpretación establecidos por este

85.      El segundo criterio se refiere a la existencia de una desviación respecto de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia o de los métodos de interpretación establecidos por este. Dicho criterio también se cumple en el caso de autos. Como se desprende del análisis anterior, la sentencia sometida a reexamen no se limita a realizar, a la luz de las circunstancias propias del caso, una aplicación discutible de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sino que adopta un enfoque que se aparta de ella en varios aspectos esenciales, que procede examinar a continuación con más detenimiento.

86.      Con carácter previo, procede precisar que el Tribunal General no afirmó que toda decisión de gestión del tránsito aéreo constituya automáticamente una «circunstancia extraordinaria», ni ignoró la hipótesis de que el transportista contribuyera a la adopción de una decisión de este tipo. Estas precisiones no disipan, sin embargo, el error metodológico que afecta a la sentencia sometida a reexamen.

87.      En primer lugar, este enfoque se aparta del método seguido por el Tribunal de Justicia, en la medida en que tiende a sustituir el examen de la situación fáctica que se encuentra en el origen de la perturbación por la consideración de la mera decisión de gestión del tránsito aéreo, que no constituye más que su manifestación operativa. El error del Tribunal General consiste, por tanto, en que, aunque rechaza expresamente una calificación automática, reconstruye parcialmente la lógica de esta al hacer de la propia decisión, y no de la situación fáctica que se encuentra en su origen, la circunstancia jurídicamente pertinente a efectos de la aplicación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. (57) Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a esta disposición se basa en la identificación del acontecimiento invocado atendiendo a su naturaleza y a su origen, con el fin de determinar si no es inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo y si escapa al control efectivo de este. (58)

88.      En segundo lugar, la sentencia sometida a reexamen tiende a desdibujar la distinción entre los dos requisitos acumulativos relativos a las «circunstancias extraordinarias». (59) Al poner el énfasis, esencialmente, en el carácter externo de la decisión de gestión del tránsito aéreo y en el hecho de que esta se impone al transportista, el Tribunal General atribuye a elementos que se refieren principalmente al segundo requisito —la falta de control efectivo— un alcance que afecta también a la apreciación del primero, relativo al carácter no inherente del acontecimiento. Este enfoque se aparta de la metodología establecida por el Tribunal de Justicia, que se caracteriza por el examen sucesivo y riguroso de ambos requisitos, que son distintos. (60)

89.      En tercer lugar, la sentencia sometida a reexamen concede una importancia insuficiente al motivo que condujo a la adopción de la decisión de gestión del tránsito aéreo. (61) Si bien el Tribunal General no excluye por completo la pertinencia de las circunstancias que subyacen a dicha decisión, tiende, no obstante, al aplicar los dos requisitos acumulativos, a relegar a un segundo plano la naturaleza y el origen de la situación subyacente. Pues bien, el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, exige precisamente examinar la naturaleza y el origen del acontecimiento invocado. Al hacer de la mera decisión externa el elemento central del análisis, la sentencia sometida a reexamen tiende a neutralizar la distinción entre situaciones que, según su causa concreta, pueden corresponder bien a limitaciones ordinarias del transporte aéreo, bien a circunstancias verdaderamente extraordinarias.

90.      De lo anterior se desprende que la sentencia sometida a reexamen no se aparta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia únicamente en un punto aislado, sino que cuestiona, en varios aspectos convergentes, el método de análisis que este ha establecido para la aplicación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. Por tanto, procede considerar que también se cumple el segundo criterio.

 c)      La sentencia del Tribunal General se refiere a un concepto, criterio o método que reviste un carácter estructural para el ámbito transferido

91.      El tercer criterio se refiere al carácter estructural que, para el ámbito transferido, reviste el concepto, criterio o método en cuestión. También este criterio se cumple en el caso de autos. La sentencia sometida a reexamen no trata de un concepto marginal ni de un aspecto accesorio del régimen establecido por el Reglamento n.º 261/2004, sino de la determinación misma de las condiciones en las que un transportista aéreo puede quedar exonerado de la obligación de compensación invocando la existencia de «circunstancias extraordinarias» en el sentido del artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento.

92.      Ahora bien, el método de análisis aplicable a este concepto reviste un evidente carácter estructural. Determina, de antemano, el conjunto del razonamiento que deberán seguir los órganos jurisdiccionales llamados a aplicar dicho Reglamento para identificar el acontecimiento pertinente, distinguir entre situaciones ordinarias y situaciones extraordinarias, articular los dos requisitos acumulativos relativos a las «circunstancias extraordinarias» y apreciar, en su caso, el alcance de las decisiones externas que afecten a la ejecución del vuelo. Por consiguiente, la cuestión de que se trata no atañe a un elemento secundario del régimen establecido por el Reglamento n.º 261/2004, sino al propio marco de su aplicación jurisdiccional en un tipo de litigios que está llamado a reproducirse.

93.      Esta dimensión estructural se pone de manifiesto con mayor claridad si se tiene en cuenta que la delimitación entre las limitaciones ordinarias del transporte aéreo y las circunstancias verdaderamente extraordinarias reviste una importancia esencial para la aplicación del régimen previsto por dicho Reglamento. Una sentencia que modifique, aunque sea implícitamente, la manera de efectuar esta delimitación afecta necesariamente a un elemento estructural del ámbito de que se trata.

94.      Por consiguiente, debe considerarse que también se cumple el tercer criterio.

 d)      La sentencia del Tribunal General afecta a una norma, un principio o un equilibrio normativo que ocupa un lugar importante en el ordenamiento jurídico de la Unión

95.      El cuarto criterio se refiere al importante lugar que ocupan, en el ordenamiento jurídico de la Unión, la norma, el principio o el equilibrio normativo afectados por la sentencia sometida a reexamen. Este criterio también se cumple en el presente caso. En efecto, la interpretación de que se trata se refiere al artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004, disposición que determina las condiciones en las que el transportista aéreo puede quedar exonerado de la obligación de compensación establecida en el artículo 7 de dicho Reglamento.

96.      Pues bien, esta disposición ocupa un lugar fundamental en el sistema del Reglamento n.º 261/2004. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicho Reglamento establece, en favor de los pasajeros, el derecho a una compensación a tanto alzado y estandarizada en caso de cancelación o de gran retraso a la llegada, de manera que el artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento constituye únicamente una excepción a este principio, que debe ser interpretada de forma estricta. (62) La citada disposición no se limita a regular un aspecto secundario del régimen establecido por dicho texto, sino que determina el límite mismo de la obligación de compensación y, por consiguiente, la línea divisoria entre la protección reconocida a los pasajeros y las causas de exoneración admitidas en beneficio del transportista. La interpretación del artículo 5, apartado 3, del mismo Reglamento influye así directamente en el equilibrio normativo buscado por el legislador de la Unión entre un elevado nivel de protección de los pasajeros aéreos y la consideración de circunstancias verdaderamente excepcionales que pueden justificar una exoneración.

97.      Además, la sentencia sometida a reexamen no afecta únicamente a una disposición particular, sino que, a través de la interpretación de esta, incide en principios metodológicos que ocupan por sí mismos un lugar importante en el ordenamiento jurídico de la Unión. Se trata, en particular, de la interpretación estricta de las excepciones a un régimen de protección, de la correcta identificación del acontecimiento jurídicamente pertinente y del respeto del método de análisis establecido por el Tribunal de Justicia para la aplicación de un concepto autónomo del Derecho de la Unión. Por consiguiente, la incidencia de la sentencia sometida a reexamen no se mide únicamente a la luz de la disposición aplicada, sino también atendiendo al equilibrio metodológico y normativo al que puede afectar.

98.      Esta conclusión se impone con mayor razón por cuanto el concepto de «circunstancias extraordinarias» es objeto de una abundante litigiosidad y puede plantearse en numerosas situaciones concretas. Una modificación de su interpretación, sobre todo cuando lleva a ampliar, mediante un enfoque esencialmente formal, el ámbito de la exoneración de la que puede beneficiarse el transportista, podría tener efectos significativos en la aplicación futura del Reglamento n.º 261/2004.

99.      De ello se sigue que también debe considerarse que se cumple el cuarto criterio.

3.      Conclusión intermedia

100. De la aplicación de los criterios anteriores se deriva que los errores de Derecho que afectan a la sentencia sometida a reexamen presentan, en el caso de autos, el grado de gravedad necesario para constituir una vulneración de la unidad o de la coherencia del Derecho de la Unión. La sentencia del Tribunal General ejerce una influencia orientadora significativa en el ámbito transferido, se aparta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de los métodos de interpretación establecidos por este, se refiere a un método que reviste un carácter estructural para el ámbito de que se trata y afecta a un equilibrio normativo fundamental en el sistema del Reglamento n.º 261/2004.

101. En tales circunstancias, procede considerar que se dan las condiciones necesarias para justificar la intervención del Tribunal de Justicia en el presente reexamen.

E.      Sobre las consecuencias que han de extraerse del presente reexamen

102. Puesto que procede constatar que la sentencia sometida a reexamen puede vulnerar la unidad y a la coherencia del Derecho de la Unión, procede extraer las consecuencias pertinentes. De conformidad con el artículo 62 ter, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las respuestas dadas por el Tribunal de Justicia a las cuestiones objeto del reexamen sustituyen a las del Tribunal General, sin que, en el marco del mecanismo previsto en el artículo 256 TFUE, apartado 3, esté prevista la devolución del asunto a este. Por tanto, procede proponer al Tribunal de Justicia las respuestas que deben sustituir a las dadas por el Tribunal General a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.

1.      Sobre las respuestas que deben sustituir a las del Tribunal General

a)      Sobre las cuestiones primera y segunda

103. Procede, en primer lugar, determinar la respuesta que debe darse a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, que constituyen el objeto esencial del presente reexamen. Ha de darse una respuesta común a estas cuestiones. Se refieren, en esencia, a si una decisión de gestión del tránsito aéreo puede, como tal e independientemente del motivo que la sustente, considerarse una «circunstancia extraordinaria» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. Conforme al análisis anterior, no cabe responder a esta cuestión prescindiendo de la situación fáctica que dio origen a tal decisión.

104. A este respecto, procede recordar que el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004 exige que la cancelación o el gran retraso se deban a «circunstancias extraordinarias». Esta formulación obliga a identificar el acontecimiento o situación concreta que dio lugar a la perturbación y no limitarse tan solo a la medida administrativa u operativa mediante la cual dicha perturbación se manifiesta en la ejecución del vuelo. Una decisión de gestión del tránsito aéreo constituye, en la mayoría de los casos, la consecuencia operativa de una situación determinada. Por consiguiente, su mero carácter externo al transportista no puede ser determinante para acreditar que quede comprendida, por sí misma, en el concepto de «circunstancias extraordinarias».

105. De ello se deriva que una decisión de este tipo solo puede tomarse en consideración a efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004 si se examinan la razón que condujo a su adopción y, más ampliamente, la naturaleza y el origen de la situación subyacente. En efecto, debe apreciarse a la luz de dicha situación si el acontecimiento invocado no es inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo y si escapa al control efectivo de este.

106. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que una decisión de gestión del tránsito aéreo no puede, como tal e independientemente del motivo que la sustente, considerarse una «circunstancia extraordinaria» en el sentido de dicha disposición. Una decisión de este tipo solo puede tomarse en consideración a efectos de la aplicación de la citada disposición en la medida en que constituye la manifestación operativa de una situación respecto de la cual corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, atendiendo a su naturaleza y a su origen, si no es inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo de que se trate y si escapa al control efectivo de este.

b)      Sobre las cuestiones tercera y cuarta

107. En segundo lugar, procede determinar la respuesta que debe darse a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta. Estas se refieren, en esencia, a si una decisión de gestión del tránsito aéreo que ha afectado a un vuelo anterior puede tomarse en consideración respecto de un vuelo posterior operado por el mismo transportista aéreo mediante la misma aeronave y, en caso afirmativo, en qué condiciones.

108. A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que un transportista aéreo puede, para quedar exonerado de su obligación de compensación, invocar una «circunstancia extraordinaria» que haya afectado a un vuelo anterior operado por él mismo mediante la misma aeronave, siempre que exista una relación de causalidad directa entre el acaecimiento de dicha circunstancia y el gran retraso o la cancelación del vuelo posterior, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente, teniendo en cuenta, en particular, el modo de operación de la aeronave de que se trate. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por tanto, una «circunstancia extraordinaria» no tiene necesariamente que haber afectado directamente al vuelo objeto del litigio, siempre que siga produciendo sus efectos sobre la operación de la misma aeronave. (63)

109. Por tanto, el Tribunal General actuó correctamente al referirse, en principio, a esta jurisprudencia. No obstante, la respuesta que debe darse a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta debe precisarse a la luz de la adoptada respecto de las cuestiones primera y segunda. En efecto, una decisión de gestión del tránsito aéreo que haya afectado a un vuelo anterior no puede tomarse en consideración respecto de un vuelo posterior por el mero hecho de que se refiriese a un vuelo anterior de la misma rotación realizada mediante la misma aeronave. Es necesario, además, que, previamente, dicha decisión sea la manifestación operativa de una situación que, atendiendo a su naturaleza y a su origen, constituyera una «circunstancia extraordinaria» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004.

110. Además, no puede presumirse la existencia de una relación de causalidad directa entre dicha situación y el gran retraso o la cancelación del vuelo posterior. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz de todas las circunstancias pertinentes, si la perturbación inicial siguió efectivamente produciendo sus efectos sobre el vuelo en cuestión. Para ello, ha de tenerse en cuenta, en particular, el modo de operación de la aeronave de que se trate, la secuencia concreta de las rotaciones, el lapso de tiempo que separa los vuelos en cuestión y si el transportista aéreo disponía, en las circunstancias del caso de autos, de un margen suficiente para limitar los efectos de la perturbación inicial mediante las medidas razonables que podían exigírsele. (64)

111. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones tercera y cuarta que el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004 debe interpretarse en el sentido de que un transportista aéreo puede invocar, respecto de un vuelo posterior, una decisión de gestión del tránsito aéreo que haya afectado a un vuelo anterior operado mediante la misma aeronave, siempre que dicha decisión constituya la manifestación operativa de una situación que, atendiendo a su naturaleza y a su origen, esté comprendida en el concepto de «circunstancias extraordinarias» y exista entre dicha situación y el gran retraso o la cancelación del vuelo posterior una relación de causalidad directa, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente a la luz de todas las circunstancias pertinentes, teniendo en cuenta, en particular, el modo de operación de la aeronave de que se trate.

V.      Conclusión

112. Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, procede proponer al Tribunal de Justicia que declare que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de enero de 2026, D (Decisión de gestión del tránsito aéreo) (T‑134/25, EU:T:2026:35), vulnera la unidad y la coherencia del Derecho de la Unión y que sustituya las respuestas del Tribunal General por las siguientes:

«El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91,

debe interpretarse en el sentido de que

–        una decisión de gestión del tránsito aéreo no puede, como tal e independientemente del motivo que la sustente, considerarse una “circunstancia extraordinaria” en el sentido de dicha disposición. Una decisión de este tipo solo puede tomarse en consideración a efectos de la aplicación de la citada disposición en la medida en que constituye la manifestación operativa de una situación respecto de la cual corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, atendiendo a su naturaleza y a su origen, si no es inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo de que se trate y si escapa al control efectivo de este;

–        un transportista aéreo puede invocar, respecto de un vuelo posterior, una decisión de gestión del tránsito aéreo que haya afectado a un vuelo anterior operado mediante la misma aeronave, siempre que dicha decisión constituya la manifestación operativa de una situación que, atendiendo a su naturaleza y a su origen, esté comprendida en el concepto de “circunstancias extraordinarias” y exista entre dicha situación y el gran retraso o la cancelación del vuelo posterior una relación de causalidad directa, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional nacional, teniendo en cuenta, en particular, el modo de operación de la aeronave de que se trate y todas las circunstancias pertinentes.»


1      Lengua original: francés.


2      DO 2004, L 46, p. 1.


3      Apartado 41 y punto 1 del fallo de la sentencia objeto de reexamen.


4      Apartados 17 a 25 de la sentencia objeto de examen.


5      Apartados 28 y 29 de la sentencia objeto de examen.


6      Apartados 33 a 36 de la sentencia objeto de examen.


7      Apartado 40 de la sentencia objeto de reexamen.


8      Apartados 42 y 45 de la sentencia objeto de reexamen.


9      El Reglamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (DO L, 2024/2019), dispuso una transferencia parcial de la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia al Tribunal General. Esta transferencia se refiere a seis materias específicas: el sistema común del impuesto sobre el valor añadido, los impuestos especiales, el código aduanero, la clasificación arancelaria de las mercancías, la compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque, o de retraso o cancelación en los servicios de transporte, así como el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.


10      Véase los puntos 35 y siguientes de las presentes conclusiones.


11      Véanse los puntos 72 y siguientes de las presentes conclusiones.


12      Véanse los puntos 102 y siguientes de       las presentes conclusiones.


13      Véase la sentencia de 22 de diciembre de 2008, Wallentin-Hermann (C‑549/07, en lo sucesivo, «sentencia Wallentin-Hermann», EU:C:2008:771), apartados 17 a 23.


14      Véanse las sentencias Wallentin-Hermann (apartado 23); de 23 de marzo de 2021, Airhelp (C‑28/20, en lo sucesivo, «sentencia Airhelp», EU:C:2021:226), apartados 23 y 24, y de 13 de junio de 2024, D. (Vicio de diseño del motor) (C‑411/23, EU:C:2024:498), apartado 27.


15      Véanse las sentencias Wallentin-Hermann (apartados 23 a 26); de 4 de abril de 2019 (C‑501/17, EU:C:2019:288), apartado 22, y de 13 de junio de 2024, D. (Vicio de diseño del motor) (C‑411/23, EU:C:2024:498), apartados 31 y 32.


16      Véanse las sentencias de 4 de mayo de 2017, Pešková y Peška (C‑315/15, EU:C:2017:342), apartados 23 y 24, y de 31 de enero de 2013, McDonagh (C‑12/11, EU:C:2013:43), apartados 29 a 34.


17      Véanse las sentencias Airhelp (apartados 31 y 39 a 41) y de 7 de julio de 2022, SATA International — Azores Airlines (Fallo en el sistema de suministro de combustible) (C‑308/21, EU:C:2022:533), apartado 25.


18      Véase la sentencia Wallentin-Hermann (apartados 39 a 41).


19      Véase la sentencia de 4 de mayo de 2017, Pešková y Peška (C‑315/15, EU:C:2017:342), apartado 54.


20      Véase la sentencia de 31 de enero de 2013, McDonagh (C‑12/11, EU:C:2013:43), apartados 38 a 44.


21      Véanse las sentencias Wallentin-Hermann (apartado 23) y Airhelp (apartados 23, 24 y 31 a 45).


22      Véase, en este sentido, Schmid, R., en BeckOK Fluggastrechte-VO, 38.ª xºed., art. 5 del Reglamento (CE) n.º 261/2004, punto 176, según el cual la calificación de las medidas adoptadas por los servicios de control del tránsito aéreo como «circunstancias extraordinarias» debe ser objeto, en todo caso, de una apreciación caso por caso. A juicio de este autor, los considerandos 14 y 15 solo tienen un valor indicativo, por lo que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe poder conocer y valorar los motivos concretos que condujeron a la adopción de la decisión de gestión del tránsito aéreo. La diversidad de las razones que pueden fundamentar tales medidas excluye, por tanto, cualquier respuesta general a la cuestión de si estas constituyen «circunstancias extraordinarias».


23      Véanse las sentencias Wallentin-Hermann (apartados 23 a 26) y de 26 de junio de 2019, Moens (C‑159/18, EU:C:2019:535), apartados 17 a 20.


24      Véanse, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Pikamäe presentadas en el asunto Airhelp (C‑28/20, EU:C:2021:203), punto 140.


25      Véase asimismo, con carácter indicativo, el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos n.º 261/2004 y (CE) n.º 2027/97, adoptado definitivamente por el Consejo el 13 de julio de 2026 (PE‑CONS 39/1/26 REV 1). Dicho Reglamento introduce en el artículo 2, letra r), del Reglamento n.º 261/2004 una definición expresa del concepto de «circunstancias extraordinarias» que refleja los dos criterios acumulativos elaborados por la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia. Además, establece una lista, no exhaustiva, de circunstancias de esa índole que, por lo que atañe a la gestión del tránsito aéreo, se refiere a las restricciones con ella vinculadas, siempre que el acontecimiento se derive de una decisión que escape al control efectivo del transportista aéreo que esté encargado de efectuar el vuelo [anexo I, punto 3, letra d)]. Ha de señalarse que en la propuesta inicial de la Comisión [COM(2013) 130 final] las restricciones vinculadas con la gestión del tránsito aéreo figuraban en la lista de circunstancias que se consideraban extraordinarias, sin que dicha categoría quedara, como tal, en el anexo, sujeta a ese requisito específico. Así pues, esa evolución del tenor tiende a confirmar que la mera existencia de una decisión de gestión del tránsito aéreo no basta para que se alcance la entidad de «circunstancia extraordinaria» y que ha de valorarse en cada caso concreto si concurren los requisitos necesarios a tal fin. El Reglamento no es aplicable, ratione temporis, al litigio principal.


26      Véase, en este sentido, Bischof, C., «Slot Postponements as Extraordinary Circumstances of EU261», Air and Space Law, 2023, vol. 48, n.º 1, p. 85.


27      Véase la sentencia Airhelp (apartados 23, 24 y 31 a 45).


28      Véanse las sentencias Wallentin-Hermann (apartado 23) y Airhelp (apartados 36 a 41).


29      Véase, por analogía, la sentencia de 26 de junio de 2019, Moens (C‑159/18, EU:C:2019:535), apartados 18 a 20.


30      Véanse las sentencias de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA (C‑344/04, EU:C:2006:10), apartado 76, y de 17 de abril de 2018, Krüsemann y otros (C‑195/17, C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 a C‑286/17 y C‑290/17 a C‑292/17, EU:C:2018:258), apartado 34.


31      Véanse las sentencias Wallentin-Hermann (apartado 23) y Airhelp (puntos 23, 24 y 36 a 41).


32      Véase la sentencia de 17 de abril de 2018, Krüsemann y otros (C‑195/17, C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 a C‑286/17 y C‑290/17 a C‑292/17, EU:C:2018:258), apartado 34.


33      Véanse, en este sentido, Markova, P., «Consumer Protection while Travelling — Enforcement of Air Passenger Rights during “Extraordinary Circumstances” in Light of Regulation (EC) No 261/2004», Journal of European Consumer and Market Law, 2019, vol. 8, n.º 3, p. 115; Pantazi, T., «“I Know that I Know Nothing”: Extraordinary Circumstances in Air Passenger Rights Regulation», European Review of Private Law, 2020, vol. 28, n.º 5, p. 1096 y ss.


34      Véase, a título de ejemplo, la sentencia de la Court of Appeal (England and Wales) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales)] de 6 de febrero de 2019, Blanche v easyJet Airline Company Ltd [2019] EWCA Civ 69, que adoptó una interpretación del considerando 15 del Reglamento n.º 261/2004 favorable a la calificación de una decisión de gestión del tránsito aéreo como «circunstancia extraordinaria».


35      Véase la sentencia de 31 de enero de 2013, McDonagh (C‑12/11, EU:C:2013:43), apartados 29 a 34.


36      Sentencia de 26 de junio de 2019, Moens (C‑159/18, EU:C:2019:535), apartados 17 a 20.


37      Véase la sentencia de 4 de mayo de 2017, Pešková y Peška (C‑315/15, EU:C:2017:342), apartados 23 y 24.


38      Blankenburg, D., «10 Jahre Art. 5 Abs. 3 VO (EG) Nr. 261/2004 — bisherige und aktuelle Probleme im Rahmen der außergewöhnlichen Umstände», ReiseRecht aktuell, 2015, p. 175, señala que, en lo que respecta a la carga de alegación, corresponde al transportista aéreo exponer de manera precisa qué circunstancias extraordinarias se produjeron concretamente. A este respecto, no puede considerarse suficiente una mera referencia a una instrucción o a una decisión de control del tránsito aéreo.


39      Véanse las sentencias Wallentin-Hermann (apartados 39 a 41) y de 4 de mayo de 2017, Pešková y Peška (C‑315/15, EU:C:2017:342), apartado 54.


40      Véanse las sentencias Wallentin-Hermann (apartado 23), Airhelp (apartados 23 y 24), y de 13 de junio de 2024, D. (Vicio de diseño del motor) (C‑411/23, EU:C:2024:498), apartados 27 y 28.


41      Véase la sentencia Airhelp (apartados 31 a 45).


42      Véase la sentencia Airhelp (apartados 23, 24 y 36 a 41).


43      Véanse las sentencias Wallentin-Hermann (apartados 22, 23 y 40); de 4 de mayo de 2017, Pešková y Peška (C‑315/15, EU:C:2017:342), apartado 54, y Airhelp (apartados 23 y 24).


44      Véanse las sentencias de 31 de enero de 2013, McDonagh (C‑12/11, EU:C:2013:43), apartados 29 a 34, y de 4 de mayo de 2017, Pešková y Peška (C‑315/15, EU:C:2017:342), apartados 23 y 24.


45      Véanse las sentencias de 4 de octubre de 2012, Finnair (C‑22/11, EU:C:2012:604), apartado 23, y de 13 de junio de 2024, D. (Vicio de diseño del motor) (C‑411/23, EU:C:2024:498), apartados 26 y 41. Véanse asimismo mis conclusiones presentadas en el asunto Verein für Konsumenteninformation (Comisión cobrada por un intermediario) (C‑45/24, EU:C:2025:468), punto 35.


46      Véanse las sentencias Wallentin-Hermann (apartado 23); Airhelp (apartados 23, 24 y 36 a 41), y de 17 de abril de 2018, Krüsemann y otros (C‑195/17, C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 a C‑286/17 y C‑290/17 a C‑292/17, EU:C:2018:258), apartado 34.


47      Véase, por lo que respecta al transporte ferroviario, el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO 2021, L 172, p. 1), en particular su artículo 19, apartados 1 y 10; y, por lo que respecta al transporte marítimo y por vías navegables interiores, el Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 (DO 2010, L 334, p. 1), en particular sus artículos 19 y 20, apartado 4.


48      Delpech, X., «Retard de vol: une décision relative à la gestion du trafic aérien est susceptible de constituer une “circonstance extraordinaire”», Dalloz actualité, 10 de febrero de 2026, señala acertadamente que la sentencia objeto de reexamen es favorable al transportista aéreo.


49      Véanse las sentencias de 17 de diciembre de 2009, Reexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804), apartados 62 a 65; de 28 de febrero de 2013, Reexamen Arango Jaramillo y otros/BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134), apartados 50 a 53, y de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión (C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), apartados 84 a 90.


50      Véanse la opinión del Abogado General Mengozzi en el asunto Reexamen Arango Jaramillo y otros/BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2012:733), puntos 69 a 76; la opinión de la Abogada General Kokott en el asunto Reexamen Comisión/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:573), punto 58; la opinión del Abogado General Wathelet en el asunto Reexamen Missir Mamachi di Lusignano/Comisión (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:593), punto 54, y las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en los asuntos Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión (C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2019:977), punto 144.


51      Véase el punto 22 de las presentes conclusiones.


52      Véanse, en este sentido, el Dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión Europea al CEDH), de 18 de diciembre de 2014 (EU:C:2014:2454), apartado 176, y las sentencias de 6 de marzo de 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), apartado 37; de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799), apartado 27, y de 15 de octubre de 2024, KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:881), apartado 35.


53      Véase el considerando 6 del Reglamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (DO L, 2024/2019).


54      Véanse, en relación con el mecanismo de reexamen previsto en el artículo 256 TFUE, apartado 2, las sentencias de 28 de febrero de 2013, Reexamen Arango Jaramillo y otros/BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134), apartados 50 a 54; de 19 de septiembre de 2013, Reexamen Comisión/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570), apartado 58, y de 10 de septiembre de 2015, Reexamen Missir Mamachi di Lusignano/Comisión (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588), apartado 57.


55      Heger, A., «Fluggastrechte: Entbindung von Ausgleichszahlungspflicht aufgrund Zuweisung verspäteter Zeitnische», Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2026, p. 306; Delpech, X., «Retard de vol: une décision relative à la gestion du trafic aérien est susceptible de constituer une “circonstance extraordinaire”», Dalloz actualité, 10 de febrero de 2026. Los autores atribuyen a la sentencia objeto de reexamen una importancia práctica considerable para las medidas de regulación de los flujos de tránsito impuestas por condiciones meteorológicas. Señalan que dicha sentencia precisa en mayor medida el concepto de «circunstancias extraordinarias» y ofrece una respuesta a una cuestión jurídica debatida desde hace tiempo en la jurisprudencia y en la doctrina.


56      Véanse los puntos 76 y 77 de las presentes conclusiones.


57      Véanse los puntos 35 a 37 y los puntos 69 a 71 de las presentes conclusiones.


58      Véanse los puntos 38 a 49 y los puntos 69 a 71 de las presentes conclusiones.


59      Véanse los puntos 49 a 55 y los puntos 69 a 71 de las presentes conclusiones.


60      Véase, a este respecto, Bobek, M., «Preliminary Rulings before the General Court: What Judicial Architecture for the European Union?», Common Market Law Review, vol. 60, n.º 6, 2023, p. 1540. A diferencia de la hipótesis que el autor consideró posible que se planteara ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, en el presente asunto no se trata únicamente de determinar si una situación concreta, como condiciones meteorológicas o averías técnicas, debe calificarse de «circunstancia extraordinaria» en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004. El presente reexamen versa, en cambio, sobre la correcta aplicación del método que permite precisamente efectuar tal calificación. Plantea así una cuestión de principio que corresponde resolver al Tribunal de Justicia.


61      Véanse los puntos 57 a 62 y 69 a 71 de las presentes conclusiones.


62      Véanse, sobre el derecho de los pasajeros a una compensación a tanto alzado y estandarizada en caso de cancelación o de gran retraso a la llegada, así como sobre la interpretación estricta de la excepción prevista en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.º 261/2004, las sentencias Wallentin-Hermann (apartado 23); de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros (C‑402/07 y C‑432/07, EU:C:2009:716), apartados 51, 52 y 61; de 23 de octubre de 2012, Nelson y otros (C‑581/10 y C‑629/10, EU:C:2012:657), apartados 38 a 40; de 29 de julio de 2019, Rusu (C‑354/18, EU:C:2019:637), apartado 28; de 11 de junio de 2020, Transportes Aéreos Portugueses (C‑74/19, EU:C:2020:460), apartado 37; Airhelp (apartados 23 y 24), y de 13 de junio de 2024, D. (Vicio de diseño del motor) (C‑411/23, EU:C:2024:498), apartados 25 y 26.


63      Véanse las sentencias de 11 de junio de 2020, Transportes Aéreos Portugueses (C‑74/19, EU:C:2020:460), apartados 51 a 58, y de 22 de abril de 2021, Austrian Airlines (C‑826/19, EU:C:2021:318), apartados 51 a 57.


64      Véase la sentencia de 11 de junio de 2020, Transportes Aéreos Portugueses (C‑74/19, EU:C:2020:460), apartados 51 a 55.