1

Mediante su recurso de casación, Ferriere Nord SpA solicita, con carácter principal, la anulación de la sentencia del Tribunal General de 9 de noviembre de 2022, Ferriere Nord/Comisión (T‑667/19, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2022:692), mediante la que este desestimó su recurso que tenía por objeto, con carácter principal, la anulación de la Decisión C(2019) 4969 final de la Comisión, de 4 de julio de 2019, relativa a una infracción del artículo 65 del Tratado CECA (asunto AT.37956 — Redondos para hormigón) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), en la medida en que la afecta. Con carácter subsidiario, esa empresa solicita, por una parte, la anulación de la sentencia recurrida en la medida en que esta desestimó su pretensión subsidiaria de obtener la anulación parcial de la Decisión controvertida y, por otra parte, la anulación parcial de dicha Decisión y la reducción de la multa que se le impuso.

Marco jurídico

Reglamento (CE) n.o 1/2003

2

El artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), titulado «Constatación y cese de la infracción», dispone en su apartado 1:

3

El artículo 14 de este Reglamento, titulado «Comité consultivo», dispone:

4

Con arreglo al artículo 23, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan las disposiciones del artículo 101 TFUE o del artículo 102 TFUE.

5

El artículo 25 de dicho Reglamento, titulado «Prescripción en materia de imposición de sanciones», dispone lo siguiente:

6

El artículo 27 del Reglamento n.o 1/2003, titulado «Audiencia de las partes, de los denunciantes y de terceros», establece:

Reglamento (CE) n.o 773/2004

7

El artículo 11, titulado «Derecho a ser oído», del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 622/2008 de la Comisión, de 30 de junio de 2008 (DO 2008, L 171, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 773/2004»), dispone:

8

El artículo 12 del Reglamento n.o 773/2004 establece:

9

El artículo 13 de este Reglamento, titulado «Audiencia de otras personas», establece:

10

El artículo 14 de dicho Reglamento, titulado «Desarrollo de las audiencias», tiene el siguiente tenor:

Comunicación de 2011

11

El propósito principal de la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE (DO 2011, C 308, p. 6; en lo sucesivo, «Comunicación de 2011») es, como se desprende de su punto 1, ofrecer orientaciones prácticas sobre el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.

12

El punto 6 de dicha Comunicación establece que esta era aplicable, a partir de su fecha de publicación, «a los asuntos pendientes y futuros». Por lo que respecta a los asuntos pendientes, se aplicaba, según la nota a pie de página 16 de dicha Comunicación, «a todas las actuaciones procesales que todavía tengan que llevarse a cabo tras su publicación».

13

A tenor de los puntos 84, 86 y 109 de la referida Comunicación:

Antecedentes del litigio y Decisión controvertida

14

Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 1 a 31 de la sentencia recurrida.

A. Primera decisión de la Comisión (2002)

B. Segunda decisión de la Comisión (2009)

C. Tercera decisión de la Comisión (2019)

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

15

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 30 de septiembre de 2019, la recurrente interpuso un recurso por el que solicitaba, con carácter principal, la anulación de la Decisión controvertida en la medida en que la afectaba y, con carácter subsidiario, la reducción del importe de la multa que se le había impuesto.

16

En apoyo de su pretensión de anulación de la Decisión controvertida, la recurrente invocó, en esencia, seis motivos basados, el primero, en la vulneración del derecho de defensa y de las normas de procedimiento en la audiencia de 23 de abril de 2018; el segundo, en la negativa supuestamente contraria a Derecho de la Comisión a verificar, antes de adoptar la Decisión controvertida, la compatibilidad de dicha Decisión con el principio del plazo razonable del procedimiento; el tercero, en la violación del principio del plazo razonable del procedimiento; el cuarto, en el incumplimiento de la obligación de motivación, en exceso de poder y en la violación del principio de proporcionalidad; el quinto, en la violación del principio non bis in idem, y el sexto, en la ilegalidad del régimen de prescripción establecido en el artículo 25 del Reglamento n.o 1/2003.

17

Por lo que respecta, en particular, al primer motivo, la recurrente alegó, mediante las dos primeras de las cinco imputaciones formuladas en el marco de ese motivo, que, en primer lugar, la imparcialidad del Comité Consultivo establecido en el Reglamento n.o 1/2003 (en lo sucesivo, «Comité Consultivo») se veía cuestionada en la medida en que la actitud de los representantes de las autoridades de competencia de los Estados miembros que componen dicho Comité podría haberse visto influida por el hecho de que dichas autoridades habían tenido conocimiento de la posición adoptada sobre el asunto, por una parte, por la Comisión, en sus Decisiones de 2002 y de 2009 y, por otra parte, por el Tribunal General, en la sentencia de 9 de diciembre de 2014, Ferriere Nord/Comisión (T‑90/10, EU:T:2014:1035), y, en segundo lugar, la independencia de la Comisión se veía afectada por la circunstancia de que, corroborada por la referida sentencia, esa institución ya no podía realmente estimar una opinión contraria emitida por los representantes de las autoridades de competencia de los Estados miembros que forman parte del Comité Consultivo.

18

Mediante la tercera imputación de dicho motivo, la recurrente sostuvo que la Comisión, por un lado, había infringido diversas normas relativas a la organización de las audiencias y, por otro, había cometido un error al no haber invitado a la Federación, Leali SpA y su filial Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (en lo sucesivo, conjuntamente, «Leali»), Lucchini SpA, Riva, Industrie Riunite Odolesi SpA (en lo sucesivo, «IRO») y a la Associazione Nazionale Sagomatori Ferro (Asociación Nacional de Empresas de Acero Preformado para Hormigón Armado, Italia) (en lo sucesivo, «Ansfer») a la audiencia de 23 de abril de 2018, pese a que, al desempeñar un papel importante en el caso, esas entidades habrían podido comunicar a las autoridades de competencia de los Estados miembros elementos que permitieran a estas adoptar su posición con pleno conocimiento de causa. Según la recurrente, al no haber podido beneficiarse de un dictamen emitido con pleno conocimiento de causa por dichas autoridades, se vulneró su derecho de defensa.

19

Mediante la cuarta imputación del primer motivo, la recurrente alegó que era imposible subsanar el vicio de procedimiento censurado por el Tribunal de Justicia. Debido al tiempo transcurrido, los cambios que se habían producido en la identidad de los operadores y en la estructura del mercado eran tales, a su juicio, que no podía volver a organizarse audiencia alguna en condiciones idénticas o, al menos, equivalentes a las existentes en 2002.

20

Mediante la quinta imputación de este motivo, la recurrente sostuvo, en particular, que el dictamen emitido por el Comité Consultivo, que contenía una declaración firmada por ocho autoridades de competencia de los Estados miembros, según la cual la audiencia de 23 de abril de 2018 había subsanado el error de procedimiento constatado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Ferriere Nord/Comisión (C‑88/15 P, EU:C:2017:716), estaba viciado. En efecto, a su juicio, dos de esas ocho autoridades, incluida la autoridad de competencia ponente, no participaron en esta audiencia.

21

En apoyo de su pretensión subsidiaria de anulación parcial de la Decisión controvertida y de reducción correlativa del importe de la multa que se le había impuesto, la recurrente invocó tres motivos adicionales basados, el séptimo, en la vulneración de la carga de la prueba y del principio in dubio pro reo, el octavo, en la ilegalidad del incremento del importe de la multa por reincidencia y el noveno, en la vulneración del principio de igualdad de trato en lo que respecta a la consideración de las circunstancias atenuantes y en la extemporaneidad de la motivación que justifica la concesión de una reducción limitada de la multa.

22

Mediante resolución de 11 de febrero de 2020, el Tribunal General autorizó la intervención del Consejo de la Unión Europea en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

23

Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad.

24

Por lo que respecta al primer motivo formulado en primera instancia, el Tribunal General declaró, en primer lugar, que la argumentación de la recurrente no permitía demostrar que la imparcialidad tanto de los representantes de las autoridades de competencia de los Estados miembros en el seno del Comité Consultivo como de la Comisión no estuviera garantizada en el caso de autos. En segundo lugar, consideró que, al no invitar a determinadas empresas y asociaciones a la audiencia de 23 de abril de 2018, la Comisión no violó ni las normas relativas a la organización de las audiencias ni el derecho de defensa de la recurrente. En tercer lugar, el Tribunal General señaló que los cambios de contexto derivados del transcurso del tiempo no afectan a la posibilidad de que la Comisión reanude un procedimiento a raíz de la anulación de una de sus decisiones mediante una sentencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal General, siempre que dicha institución haya comprobado que la continuación del procedimiento resultase todavía una solución adecuada a la situación, como, a su juicio, hizo la Comisión en el caso de autos. En cuarto lugar, declaró que la alegación dirigida a demostrar que el dictamen emitido por el Comité Consultivo estaba viciado carecía de fundamento.

25

Por lo que respecta al tercer motivo formulado en primera instancia, el Tribunal General consideró que ni la duración de las fases administrativas del procedimiento tramitado por la Comisión ni la duración total de dicho procedimiento era excesiva y que, en cualquier caso, aun suponiendo que la duración del procedimiento pudiera considerarse contraria al principio del plazo razonable, la recurrente no había demostrado ninguna vulneración de su derecho de defensa derivada de dicha duración.

26

Por lo que respecta al cuarto motivo formulado en primera instancia, el Tribunal General declaró, en primer lugar, que la Comisión había explicado suficientemente las razones que la habían llevado a adoptar una nueva decisión a pesar de las dos anulaciones producidas en el pasado; en segundo lugar, que la multa impuesta a la recurrente en la Decisión controvertida seguía teniendo efecto disuasorio, dado que las multas impuestas en las Decisiones de 2002 y de 2009 habían sido devueltas después de la anulación de dichas Decisiones; en tercer lugar, que antes de la adopción de la Decisión controvertida, la recurrente aún no había sido sancionada por la infracción de que se trata, habida cuenta de las dos anulaciones producidas; en cuarto lugar, la reanudación del procedimiento y la adopción de una nueva decisión podían facilitar la tarea de terceros que desearan ejercitar una acción de indemnización, habida cuenta, en particular, del hecho de que otros Estados miembros distintos de la República italiana podían verse afectados y de que la Comisión no podía excluir la aplicación de Derechos nacionales distintos del Derecho italiano y, en quinto lugar, que no se había violado el principio de proporcionalidad.

27

Por lo que respecta al quinto motivo formulado en primera instancia, el Tribunal General declaró que no se había vulnerado el principio non bis in idem, dado que, en la fecha de la sentencia recurrida, ninguna decisión había resuelto definitivamente sobre el fondo del asunto en lo que respecta a la participación de la recurrente en las infracciones que se le reprochaban.

28

En cuanto al sexto motivo invocado en primera instancia, el Tribunal General declaró que debía desestimarse la excepción de ilegalidad del artículo 25 del Reglamento n.o 1/2003 que contenía. A su juicio, la recurrente no había demostrado que el legislador de la Unión hubiese sobrepasado, en la conciliación que realizó entre los objetivos que habían de tenerse en cuenta a este respecto, el margen que se le debe reconocer en ese contexto. En efecto, al establecer un plazo de prescripción de cinco años para sancionar las infracciones del Derecho de la competencia de la Unión y, cuando dicho plazo se interrumpe, de diez años, se impone un límite estricto a la acción de la Comisión en el tiempo. En cuanto al hecho de que, a tenor del artículo 25, apartado 6, del Reglamento n.o 1/2003, la prescripción quede suspendida durante los procedimientos de recurso contra la decisión de la Comisión, el Tribunal General subrayó que se trata de situaciones en las que la inacción de la Comisión no es consecuencia de una falta de diligencia por parte de dicha institución.

29

Por lo que respecta al octavo motivo formulado en primera instancia, el Tribunal General consideró, en primer lugar, que el incremento de la multa impuesta a la recurrente por reincidencia era suficientemente previsible para esta última y, por lo tanto, no vulneraba su derecho de defensa; en segundo lugar, que el plazo que debía tenerse en cuenta para decidir si debía imponerse tal incremento no era excesivamente largo, y, en tercer lugar, que el incremento del 50 % aplicado en el caso de autos por reincidencia no era excesivo.

30

Por lo que respecta al noveno motivo invocado en primera instancia, el Tribunal General declaró, en primer lugar, que la diferencia entre los porcentajes de reducción concedidos a la recurrente y a otra empresa, por no haber participado dichas empresas en una parte específica de la práctica colusoria objeto de la Decisión controvertida, estaba justificada y, en segundo lugar, que la Comisión no había aportado la información correspondiente de manera extemporánea.

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia

31

Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

–

con carácter principal, anule la sentencia recurrida y, por consiguiente, la Decisión controvertida.

–

con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida en la medida en que desestimó su pretensión subsidiaria de anulación parcial de la Decisión controvertida, anule parcialmente dicha Decisión y reduzca la multa que se le impuso.

–

condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.

32

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

–

desestime el recurso de casación, y

–

condene en costas a la recurrente.

33

El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que desestime la excepción de ilegalidad del artículo 25 del Reglamento n.o 1/2003 y condene a la recurrente al pago de las costas del recurso de casación.

Sobre el recurso de casación

34

En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca ocho motivos de casación.

Primer motivo de casación

35

Mediante su primer motivo de casación, que se divide en cuatro partes, la recurrente alega que el Tribunal General vulneró el derecho de defensa, no examinó pruebas, procedió a una desnaturalización manifiesta de los hechos y de las pruebas, incumplió su obligación de motivar sus sentencias y realizó apreciaciones arbitrarias.

Sobre la tercera parte

–

Alegaciones de las partes

36

Mediante la tercera parte de su primer motivo de casación, que procede examinar en primer lugar, la recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 158 a 162 de la sentencia recurrida, que, a pesar de los cambios producidos en la identidad de los operadores y en la estructura del mercado, la Comisión había podido subsanar el defecto procesal censurado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Ferriere Nord/Comisión (C‑88/15 P, EU:C:2017:716), al organizar la audiencia de 23 de abril de 2018. Impugna la motivación expuesta en los apartados 159 y 160 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General consideró que, debido al transcurso del tiempo, no podía organizarse ninguna audiencia en condiciones equivalentes a las existentes en el año 2002. Según la recurrente, la ilegalidad declarada por la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Ferriere Nord/Comisión (C‑88/15 P, EU:C:2017:716), es insubsanable, pero no debido a los cambios producidos a lo largo del tiempo, sino a la participación culposa de esa institución en la comisión de dicha ilegalidad.

37

La Comisión sostiene que esta alegación es nueva y, por consiguiente, inadmisible. En cualquier caso, a su juicio esta alegación carece de fundamento.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

38

De conformidad con el artículo 170, apartado 1, segunda frase, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el recurso de casación no podrá modificar el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General. En este sentido, conforme a reiterada jurisprudencia, permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia motivos y alegaciones que no ha invocado ante el Tribunal General equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está, pues, limitada al examen de la apreciación por el Tribunal General de los motivos y alegaciones objeto de debate ante este (sentencia de 29 de febrero de 2024, Euranimi/Comisión, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, apartado 53 y jurisprudencia citada).

39

En el apartado 158 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que la imputación de la recurrente según la cual era imposible subsanar el defecto procesal censurado por el Tribunal de Justicia se basaba en la constatación de que, debido al tiempo transcurrido, los cambios producidos en la identidad de los operadores y en la estructura del mercado eran tales que no podía organizarse ninguna audiencia en condiciones idénticas o, al menos, equivalentes a las existentes en el año 2002.

40

Esta descripción de la imputación formulada en primera instancia no ha sido impugnada por la recurrente en su recurso de casación. Pues bien, es preciso señalar que de dicha descripción no se desprende que, ante el Tribunal General, la recurrente hubiera alegado que los errores cometidos por la Comisión hubieran hecho insubsanable el vicio de procedimiento constatado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Ferriere Nord/Comisión (C‑88/15 P, EU:C:2017:716).

41

Es cierto que, en su escrito de dúplica, la recurrente indica que, en los puntos 62, 82, 97, 127, 133, 136, 167, 182 y 205 de su demanda en primera instancia, subrayó que el efecto combinado de los errores de la Comisión y de la duración anormalmente larga del procedimiento hacía imposible subsanar el vicio de procedimiento constatado por el Tribunal de Justicia. Sin embargo, de ninguno de esos puntos se desprende que la recurrente hubiera sostenido ante el Tribunal General que no fueran los cambios acaecidos a lo largo del tiempo los que hicieron insubsanable el vicio de procedimiento constatado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Ferriere Nord/Comisión (C‑88/15 P, EU:C:2017:716), sino la participación culposa de la Comisión en la realización de dicha ilegalidad.

42

De ello se deduce que, dado que la argumentación formulada en el marco de la tercera parte del primer motivo de casación se formuló por primera vez ante el Tribunal de Justicia, debe declararse su inadmisibilidad.

Sobre la primera parte

–

Alegaciones de las partes

43

Mediante la primera parte de su primer motivo de casación, la recurrente sostiene, en esencia que, en los apartados 64 a 78 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró erróneamente que, en la audiencia de 23 de abril de 2018 y al adoptar el dictamen del Comité Consultivo, tanto la Comisión como los representantes de las autoridades de competencia de los Estados miembros, cumplían el requisito de imparcialidad.

44

En primer lugar, en opinión de la recurrente, dichas autoridades no podían adoptar posturas distintas de las que figuraban ya en la Decisión de 2009 y que habían sido confirmadas por el Tribunal General en la sentencia de 9 de diciembre de 2014, Ferriere Nord/Comisión (T‑90/10, EU:T:2014:1035), así como en otras siete sentencias dictadas en 2014 sobre los recursos interpuestos por otros destinatarios de la Decisión de 2009 contra dicha Decisión (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias de 2014»), algunas de las cuales habían adquirido firmeza.

45

En segundo lugar, la apreciación del Tribunal General según la cual se cumplió el requisito de imparcialidad en lo que respecta a la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado, Italia) es errónea y procede, según la recurrente, de una desnaturalización manifiesta y de la omisión pura y simple de la apreciación de los hechos y de las pruebas.

46

En su opinión, el Tribunal General tomó en consideración el hecho de que la AGCM tenía conocimiento de la decisión de 2009 y de la sentencia de 9 de diciembre de 2014, Ferriere Nord/Comisión (T‑90/10, EU:T:2014:1035). Sin embargo, siempre según la recurrente, el Tribunal General no tuvo en cuenta que dicha autoridad se había basado, como demuestran varios documentos presentados al Tribunal General, en dicha decisión y en esa sentencia cuando sancionó, en 2017, una práctica colusoria que implicaba a las mismas empresas y el mismo tipo de comportamientos contemplados en la decisión mencionada (en lo sucesivo, «decisión de la AGCM de 2017»). La recurrente subraya que las dos personas que representaban a la AGCM en la audiencia celebrada el 23 de abril de 2018 habían desempeñado un papel determinante en el procedimiento de adopción de la decisión de la AGCM de 2017.

47

A su juicio, habida cuenta de estos factores, las dos premisas en las que se basó el Tribunal General en el apartado 75 de la sentencia recurrida son erróneas. Por una parte, el hecho de que la práctica colusoria objeto de la decisión de la AGCM de 2017 fuera diferente de la contemplada en la Decisión controvertida carece de pertinencia. Por otra parte, la premisa de que la decisión de la AGCM de 2017 no podía influir en dicha autoridad, puesto que había sido anulada por un órgano jurisdiccional italiano, también es errónea. En efecto, según la recurrente, esta anulación es posterior a la audiencia de 23 de abril de 2018, puesto que resulta de una sentencia de 12 de junio de 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo para el Lacio, Italia). En esas circunstancias, la recurrente estima que, en dicha audiencia, la AGCM tenía interés en confirmar las imputaciones de la Comisión. Además, cuando, el 27 de junio y el 1 de julio de 2019, la AGCM emitió su dictamen en el marco del Comité Consultivo, el recurso que había interpuesto contra dicha sentencia aún estaba pendiente.

48

Considera, en tercer lugar, que, tras las sentencias de 2014, la Comisión no tenía ninguna razón para dejarse influir por un eventual dictamen contrario del Comité Consultivo.

49

Por otra parte, la recurrente alega que el Tribunal General no se pronunció sobre su alegación basada en la vulneración de la presunción de inocencia, que figura en los apartados 123 a 127 de la demanda presentada en primera instancia. El Tribunal General declaró, en la sentencia de 9 de diciembre de 2014, Ferriere Nord/Comisión (T‑90/10, EU:T:2014:1035), que la recurrente había participado en la práctica colusoria objeto de la Decisión controvertida, extremo que los representantes de las autoridades de competencia de los Estados miembros no habrían podido ignorar, ni en la audiencia de 23 de abril de 2018 ni en sus intervenciones subsiguientes en el seno del Comité Consultivo.

50

La Comisión alega que esta argumentación es inadmisible porque es, en parte demasiado imprecisa, y en parte nueva. En cualquier caso, considera que es infundada.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

51

Por lo que respecta a la admisibilidad de la segunda parte del primer motivo de casación, cabe recordar, por una parte, que del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (sentencia de 11 de enero de 2024, Foz/Consejo, C‑524/22 P, EU:C:2024:23, apartado 26 y jurisprudencia citada).

52

Así pues, los elementos del recurso de casación que no contienen ninguna argumentación dirigida específicamente a identificar el error de Derecho del que supuestamente adolece la sentencia recurrida no responden a esta exigencia y deben rechazarse por ser inadmisibles (sentencia de 22 de junio de 2023, YG/Comisión, C‑818/21 P, EU:C:2023:511, apartado 105 y jurisprudencia citada).

53

Por otra parte, un recurrente puede interponer un recurso de casación invocando, ante el Tribunal de Justicia, motivos y alegaciones derivados de la propia sentencia recurrida y por los que se pretenda criticar sus fundamentos jurídicos (sentencia de 6 de julio de 2023, BEI y Comisión/ClientEarth, C‑212/21 P y C‑223/21 P, EU:C:2023:546, apartado 96 y jurisprudencia citada).

54

En el caso de autos, si bien la recurrente se refiere, en el título del primer motivo, y en lo que respecta a la audiencia de 23 de abril de 2018 y al dictamen del Comité Consultivo, a la infracción del artículo 266 TFUE y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), no explica las razones por las que dichas disposiciones podrían fundamentar una imputación basada en la falta de imparcialidad de los miembros del Comité Consultivo y de la Comisión, contrariamente a la jurisprudencia citada en el apartado 51 de la presente sentencia. De ello se deduce que procede declarar la inadmisibilidad de esta parte del motivo de casación en la medida en que se basa en la infracción de las disposiciones mencionadas.

55

En cambio, la imputación basada en la vulneración del principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 48, apartado 1, de la Carta y en el artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), se expone de manera suficientemente clara para comprender que la recurrente sostiene que el Tribunal General no se pronunció sobre una parte de su demanda en primera instancia. Por lo tanto, esta imputación es admisible.

56

Por otra parte, la recurrente alegó ante el Tribunal General que, habida cuenta de la decisión de la AGCM de 2017, los representantes de la AGCM que participaron en la audiencia de 23 de abril de 2018 y en los trabajos del Comité Consultivo relativos a la adopción de la Decisión controvertida no podían ser considerados objetivos e imparciales. Pues bien, del apartado 75 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General desestimó esta alegación debido a que la decisión de la AGCM de 2017 fue posteriormente anulada mediante sentencia de 12 de junio de 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo para el Lacio). Por lo tanto, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 53 de la presente sentencia, la recurrente puede, en el marco de su recurso de casación, impugnar esta apreciación, alegando que la fecha de dicha sentencia era pertinente.

57

En cuanto al fondo, cabe señalar que el Tribunal General recordó, en primer lugar, en los apartados 64 a 66 de la sentencia recurrida, que, al haber sido anulada por el Tribunal de Justicia, la sentencia de 9 de diciembre de 2014, Ferriere Nord/Comisión (T‑90/10, EU:T:2014:1035), había desaparecido del ordenamiento jurídico de la Unión. Seguidamente, declaró, en los apartados 71 y 72 de la sentencia recurrida, que «el posible conocimiento de una solución adoptada anteriormente y, en su caso, confirmada en una sentencia del Tribunal General anulada posteriormente por el Tribunal de Justicia en casación es inherente a la obligación de extraer las consecuencias de una anulación». Según el Tribunal General, considerar que este conocimiento puede «obstaculizar, por sí mismo, la reanudación del procedimiento» sería incompatible con el artículo 266 TFUE, que, en caso de anulación sobre la base del artículo 263 TFUE, obliga a las instituciones, órganos u organismos de la Unión a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las sentencias dictadas en su contra, sin liberarles, no obstante, de la misión de garantizar, en los ámbitos de su competencia, la aplicación del Derecho de la Unión. Por último, el Tribunal General consideró, en el apartado 73 de dicha sentencia, que, en tales circunstancias, solo se prohibiría la reanudación del procedimiento si, mediante indicios concretos, la recurrente pudiera demostrar que la imparcialidad de los representantes de las autoridades de competencia de los Estados miembros y de la Comisión «se vio realmente afectada de manera negativa».

58

En esta apreciación no se advierte ningún error de Derecho.

59

Cabe recordar, a este respecto, que el derecho a una buena administración, reconocido en el artículo 41 de la Carta, establece que toda persona tiene derecho, en concreto, a que las instituciones de la Unión traten sus asuntos imparcialmente. Esta exigencia de imparcialidad abarca, por un lado, la imparcialidad subjetiva, en el sentido de que ninguno de los miembros de la institución interesada a cuyo cargo esté el asunto debe tomar partido o tener prejuicios personales y, por otro, la imparcialidad objetiva, en el sentido de que la institución debe ofrecer garantías suficientes para descartar cualquier duda legítima a este respecto (sentencia de 1 de febrero de 2024, Scania y otros/Comisión, C‑251/22 P, EU:C:2024:103, apartado 70 y jurisprudencia citada).

60

En el presente asunto, salvo en el caso de la AGCM, la argumentación de la recurrente solo se refiere a la imparcialidad objetiva de los representantes de las autoridades de competencia de los Estados miembros y de la Comisión.

61

Pues bien, aun suponiendo que la exigencia de imparcialidad, tal como se deduce del artículo 41 de la Carta, se aplique también a los representantes de las autoridades de competencia de los Estados miembros, cuando participen en una audiencia y cuando contribuyan al dictamen que debe emitir el Comité Consultivo sobre un proyecto de decisión de la Comisión en materia de competencia, el mero conocimiento por parte de dichos representantes de una decisión anterior de la Comisión, confirmada en una sentencia del Tribunal General y anulada posteriormente por el Tribunal de Justicia, no basta, por sí mismo y a falta de cualquier otro elemento objetivo, para suscitar una duda legítima, a ojos de terceros, en cuanto a la existencia de eventuales prejuicios por parte de dichos representantes. En efecto, los miembros del Comité Consultivo, cuando participan en una audiencia y contribuyen a la elaboración del dictamen de dicho Comité sobre un proyecto de decisión de la Comisión en materia de competencia, no están obligados a tener en cuenta tal decisión anterior. Por lo tanto, el mero conocimiento de tal decisión no puede, por sí solo, suscitar dudas legítimas en cuanto a la existencia de un eventual prejuicio por parte de los miembros de dicho Comité.

62

Lo mismo sucede, con mayor razón, por lo que respecta a la Comisión. En efecto, la argumentación de la recurrente, de ser acogida, tendría como consecuencia prohibir a dicha institución reanudar el procedimiento tras la anulación de una decisión por el Tribunal General o por el Tribunal de Justicia, aunque solo fuera en una situación como la controvertida en el presente asunto, y ello incluso a falta de indicios concretos que pudieran dar lugar a una duda legítima sobre su imparcialidad. Como señaló acertadamente el Tribunal General, tal prohibición sería incompatible con el artículo 266 TFUE, que, en caso de anulación de un acto, obliga a las instituciones, órganos u organismos de la Unión de los que emane el acto a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de las sentencias dictadas en su contra, sin excluir la posibilidad de adoptar un nuevo acto, carente de los vicios constatados por el juez de la Unión. Además, tal solución impediría a la Comisión cumplir su misión de garantizar, en los ámbitos de su competencia, la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión.

63

En cuanto a la supuesta falta de imparcialidad de la AGCM, la recurrente alega que dicha autoridad se basó en la Decisión de 2009 y en las sentencias de 2014 cuando adoptó la decisión de la AGCM de 2017.

64

Sin embargo, de las pruebas invocadas por la recurrente a este respecto se desprende que la Decisión de 2009 y las sentencias de 2014, aunque mencionadas en la decisión de la AGCM de 2017, no constituyen uno de los fundamentos de esta decisión. Además, las alegaciones de la recurrente relativas a la falta de objetividad o de imparcialidad de la AGCM no estaban expuestas de forma clara en su demanda en primera instancia. En estas circunstancias, el Tribunal General no desnaturalizó los hechos y las pruebas ni se abstuvo de pronunciarse sobre la argumentación de la recurrente.

65

Por lo que respecta a la imputación de que el Tribunal General no se pronunció sobre la alegación basada en la vulneración del principio de presunción de inocencia, procede señalar que la recurrente alegaba, en primera instancia, que, dado que, en la sentencia de 9 de diciembre de 2014, Ferriere Nord/Comisión (T‑90/10, EU:T:2014:1035), el Tribunal General ya había declarado su participación en la práctica colusoria, los representantes de las autoridades de competencia de los Estados miembros no estaban en condiciones de presumir su inocencia en la audiencia de 23 de abril de 2018 y en los trabajos posteriores del Comité Consultivo. Por lo tanto, esta imputación se confundía con la alegación mediante la que la recurrente sostenía de manera más general que dichas autoridades carecían de imparcialidad. Pues bien, dado que el Tribunal General desestimó esta alegación en su totalidad, no estaba obligado a pronunciarse de manera específica sobre dicha imputación. Procede señalar, a este respecto, que la recurrente no había formulado ninguna alegación dirigida a completar de forma específica su imputación relativa al respeto de la presunción de inocencia.

66

De ello se deduce que la primera parte del primer motivo de casación debe desestimarse por ser en parte inadmisible y en parte infundada.

Sobre la segunda parte

–

Alegaciones de las partes

67

En la segunda parte del primer motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al desestimar, en los apartados 79 a 157 de la sentencia recurrida, su argumentación basada en el carácter incompleto de la audiencia de 23 de abril de 2018, al no haber invitado la Comisión a Riva, Leali, IRO, Lucchini, la Federación y la Ansfer. Considera, en particular, que el Tribunal General respondió erróneamente a la cuestión de si, en relación con dicha audiencia, la Comisión había obstaculizado, de algún modo distinto de la infracción de una norma que estaba obligada a cumplir, el derecho de defensa de la recurrente.

68

En primer lugar, por lo que respecta a Riva, la recurrente alega que esta empresa destinataria de la Decisión controvertida se vio obligada a renunciar a participar en la audiencia de 23 de abril de 2018. Considera en efecto, que, debido al tiempo transcurrido desde los hechos de que se trata, ninguno de los empleados de Riva podía oponer elementos útiles a las imputaciones de la Comisión. La recurrente subraya que la ausencia de Riva en la audiencia de 23 de abril de 2018 no es la causa de la vulneración de su derecho de defensa, sino la duración anormalmente larga del procedimiento. Como consecuencia de ello, esta duración excesivamente larga impidió al Comité Consultivo oír a Riva y adquirir una visión completa del contexto y de los medios de defensa relativos a la práctica colusoria que la Comisión pretendía sancionar.

69

En segundo lugar, por lo que respecta a la situación de las empresas y asociaciones que, según la recurrente, deberían haber sido invitadas a la audiencia del 23 de abril de 2018 en su condición de terceros interesados, con arreglo al artículo 27, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.o 1/2003 y al artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 773/2004, la recurrente sostiene, por una parte, que el Tribunal General desestimó, en el apartado 102 de la sentencia recurrida, su alegación relativa a la vulneración del derecho de defensa derivada de la ausencia de Leali, de IRO y de la Federación, basándose en consideraciones carentes de pertinencia.

70

Por otra parte, la recurrente sostiene que el Tribunal General consideró erróneamente que la Comisión había estimado válidamente que Lucchini y la Ansfer no tenían la condición de tercero interesado.

71

En su opinión, la apreciación del Tribunal General relativa a Lucchini es arbitraria, rígida y formalista. En efecto, no permitía comprender por qué la solicitud de Lucchini de que se le autorizara, como parte en el procedimiento, a participar en la audiencia del 23 de abril de 2018 no podía interpretarse en el sentido de que esta empresa deseaba ser invitada como tercero interesado.

72

Por lo que respecta a la condición de tercero interesado de la Ansfer, la recurrente sostiene que el Tribunal General se pronunció de manera contradictoria, desnaturalizó y apreció arbitrariamente los hechos. A este respecto formula tres imputaciones.

73

Considera, en primer lugar, que la fundamentación expuesta en los apartados 126 a 128 de la sentencia recurrida es contradictoria. En efecto, tras constatar que es legítimo que una entidad a la que se había reconocido la condición de tercero interesado en una fase anterior del procedimiento conservara dicha condición a lo largo de todo el procedimiento, el Tribunal General examinó si, en el caso de autos, la Ansfer había podido conservar esa condición.

74

En segundo lugar, señala que, al considerar, en el apartado 129 de la sentencia recurrida, que «el interés manifestado por la Ansfer en participar en el procedimiento no se mantuvo a lo largo de este», el Tribunal General desnaturalizó el considerando 110 de la Decisión controvertida, mediante el que la Comisión confirió a la Ansfer la condición de tercero interesado. Además, siempre según la recurrente, el Tribunal General limitó, en el apartado 124 de dicha sentencia, el alcance de la imputación formulada en primera instancia relativa a la situación procesal de la Ansfer durante el año 2002.

75

A su juicio, el Tribunal General también infringió el artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 773/2004, conforme al cual la Comisión está obligada a informar a otras personas interesadas de la naturaleza y del objeto del procedimiento y les invita, si así lo solicitan en sus observaciones por escrito, a exponer sus argumentos oralmente en la audiencia de las partes destinatarias de un pliego de cargos. Sin embargo, según la recurrente, consta que la Comisión no informó a la Ansfer de la reanudación del procedimiento administrativo en diciembre de 2017 ni la invitó a participar en la audiencia del 23 de abril de 2018.

76

Considera, por otra parte, que el Tribunal General infringió los artículos 5, apartados 1 y 2, y 6, apartado 2, de la Decisión 2011/695/UE del Presidente de la Comisión Europea, de 13 de octubre de 2011, relativa a la función y el mandato del consejero auditor en determinados procedimientos de competencia (DO 2011, L 275, p. 29).

77

En tercer lugar, la recurrente alega que aun suponiendo que el Tribunal General pudiera considerar fundadamente que era necesario apreciar si la Ansfer había podido conservar su condición de tercero interesado, el razonamiento que figura en los apartados 132 a 135 de la sentencia recurrida, sobre cuya base el Tribunal General concluyó que no era así, y que se basaba, en particular, en determinados hechos específicos, no es lógico ni decisivo.

78

En efecto, en primer lugar, según la recurrente, la Ansfer no participó en la audiencia de 30 de septiembre de 2002, ya que esta no abordaba el fondo del asunto, sino únicamente la cuestión de las consecuencias jurídicas de la expiración del Tratado CECA. A su juicio, el hecho de que esta asociación no tomara la palabra en la audiencia de 13 de junio de 2002 carece de pertinencia, anta la falta de una obligación en este sentido de los participantes. Considera, seguidamente, que el hecho de que las observaciones escritas de la Ansfer se incorporaran a los autos y posteriormente se reprodujeran en el proyecto de Decisión controvertida no es en absoluto decisivo, dado que, de otro modo, ni siquiera sería necesario invitar a las partes a una nueva audiencia. Por último, considera que la apreciación, recogida en el apartado 133 de la sentencia recurrida, según la cual redunda en interés de una buena administración «evitar una multiplicación de coadyuvantes», no es comprensible, dado que las entidades presentes en la audiencia de 23 de abril de 2018 fueron poco numerosas.

79

En cualquier caso, las consideraciones anteriores ponen claramente de manifiesto —a juicio de la recurrente— el carácter arbitrario de la apreciación de la Comisión, tal como fue validada por el Tribunal General.

80

En tercer lugar, por lo que respecta a la situación de los terceros, contemplados en el artículo 27, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.o 1/2003 y en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 773/2004, es decir, personas distintas de los destinatarios del pliego de cargos y de los terceros interesados, como Leali, IRO y la Federación, la recurrente alega que el Tribunal General infringió esas disposiciones.

81

Lo mismo cabe decir, en su opinión, en lo que respecta a Lucchini. En efecto, algunos destinatarios de las Decisiones de 2002 y de 2009 habían desaparecido entretanto después de haber sido declaradas en quiebra, mientras que otros habían quedado al margen del procedimiento de adopción de la Decisión controvertida, al no haber impugnado la Decisión de 2002 o las sentencias de 2014. Según la recurrente, en esas circunstancias, la Comisión estaba obligada a estimar la solicitud de Lucchini de participar en la audiencia del 23 de abril de 2018. La negativa de la Comisión vulneró el derecho de defensa de las empresas investigadas, a las que se privó de la posibilidad de utilizar en su favor el testimonio de Lucchini. Además, en su opinión, la ausencia de esta empresa vulneró las prerrogativas de los miembros del Comité Consultivo que representan a las autoridades de competencia de los Estados miembros. Así pues, según la recurrente, la Comisión ejerció arbitrariamente su facultad de apreciación en lo que respecta a Lucchini, extremo que el Tribunal General no hizo constar.

82

Por razones análogas, la recurrente sostiene que la Comisión estaba obligada a invitar a la Ansfer a participar en la audiencia del 23 de abril de 2018 como tercero, y que la Comisión también ejerció su facultad de apreciación de manera arbitraria respecto a dicha asociación.

83

La Comisión sostiene que la argumentación de la recurrente es inadmisible en varios aspectos. Alega, en primer lugar, que esta alegación pretende, en esencia, obtener del Tribunal de Justicia una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas presentadas en primera instancia. En segundo lugar, que no se basa en ninguna imputación específica, sino que se limita a expresar dudas. En tercer lugar, que es demasiado general y no se refiere específicamente a ningún error de Derecho. En cuarto lugar, que las imputaciones basadas en un supuesto ejercicio arbitrario por parte de la Comisión de su facultad de apreciación son nuevas. En cualquier caso, la Comisión considera que las alegaciones de la recurrente son infundadas.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

84

Con carácter preliminar, procede señalar que la recurrente subraya que, con independencia de la cuestión de si las empresas y asociaciones de que se trata tenían derecho a participar en una audiencia antes de que pudiera adoptarse la Decisión controvertida, la celebración de la audiencia de 23 de abril de 2018, en presencia de las autoridades de competencia de los Estados miembros, no permitió a estas disponer de una visión completa del contexto y de los medios de defensa relativos a la práctica colusoria que la Comisión pretendía sancionar, lo que, a su juicio, vulneró el derecho de defensa de la recurrente. No obstante, de sus alegaciones se desprende que la recurrente alega también que, al no invitar a determinadas empresas o asociaciones a participar en dicha audiencia, la Comisión infringió las normas de procedimiento relativas a las audiencias.

85

Por lo que respecta, en primer lugar, a la situación de Riva, la recurrente no impugna la apreciación del Tribunal General, recogida en el apartado 93 de la sentencia recurrida, según la cual dicha empresa no solicitó participar en la audiencia de 23 de abril de 2018. Contrariamente a las exigencias que se derivan de la jurisprudencia citada en el apartado 52 de la presente sentencia, la recurrente no formula ninguna alegación dirigida específicamente a identificar el error de Derecho de que supuestamente adolece la sentencia recurrida. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda parte del primer motivo de casación en la medida en que se refiere a la situación de Riva.

86

Por lo que respecta, en segundo lugar, a la situación de las empresas y asociaciones que podrían considerarse terceros interesados, procede señalar, en primer lugar, que, aunque la recurrente niega la pertinencia del motivo expuesto en el apartado 102 de la sentencia recurrida, según el cual la Comisión, al no invitar a Leali, a IRO y a la Federación a participar en la audiencia de 23 de abril de 2018 como terceros interesados, no vulneró el derecho de defensa de la recurrente, esta no invoca ningún error de Derecho a este respecto.

87

En segundo término, en lo tocante a Lucchini, el Tribunal General señaló, en el apartado 103 de la sentencia recurrida, que, tras la reanudación del procedimiento el 15 de diciembre de 2017, dicha empresa había solicitado a la Comisión autorización para participar en la audiencia de 23 de abril de 2018 no en condición de tercero interesado, sino como parte en dicho procedimiento, en la misma condición, en particular, que la recurrente. El Tribunal General consideró, por una parte, que la Comisión no había incurrido en error al desestimar la solicitud de Lucchini y, por otra parte, que esta última no había alegado posteriormente que pudiera ser invitada a la audiencia en calidad de tercero interesado. El Tribunal General dedujo de estas constataciones, en el apartado 104 de dicha sentencia, que la Comisión, al no haber invitado a Lucchini a participar en la audiencia de 23 de abril de 2018, no había violado una norma de procedimiento que pudiera influir en el ejercicio, por parte de la recurrente, de su derecho de defensa.

88

A este respecto, la recurrente no precisa los argumentos jurídicos en los que se basa para criticar los apartados mencionados de la sentencia recurrida, sino que se limita a solicitar al Tribunal de Justicia que reexamine las alegaciones que ya había formulado ante el Tribunal General y realice una nueva apreciación de los hechos sin invocar desnaturalización alguna.

89

Pues bien, con arreglo al artículo 256 TFUE, apartado 1, y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los medios de prueba. La apreciación de tales hechos y medios de prueba no constituye, por tanto, salvo en el caso de su desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencia de 29 de febrero de 2024, Euranimi/Comisión, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, apartado 84 y jurisprudencia citada).

90

Además, la argumentación de la recurrente según la cual la solicitud de Lucchini de participar en la audiencia de 23 de abril de 2018 como parte en el procedimiento debería haber sido interpretada en el sentido de que también tenía por objeto, con carácter subsidiario, participar en dicha audiencia como tercero interesado ha sido formulada por primera vez en el marco del presente recurso de casación.

91

Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la alegación de la recurrente basada en que Lucchini debería haber sido invitada a la audiencia de 23 de abril de 2018 como tercero interesado, habida cuenta de la jurisprudencia citada en los apartados 38 y 89 de la presente sentencia.

92

En tercer término, por lo que respecta a la Ansfer, procede recordar que, en el apartado 130 de la sentencia recurrida, el Tribunal General enumeró determinados hechos no rebatidos por la recurrente, a saber, en particular, que, en 2002, la Ansfer, al tener conocimiento de la incoación del procedimiento tramitado por la Comisión, había solicitado ser autorizada a participar en la audiencia de 13 de junio de 2002 como tercero interesado; que esta solicitud había sido aceptada por la Comisión; que la Ansfer compareció en dicha audiencia, en la que, sin que su representante tomase la palabra, había presentado observaciones escritas y que, sobre esta base, se había invitado a la Ansfer a participar en la audiencia de 30 de septiembre de 2002, relativa a las consecuencias de la expiración del Tratado CECA, pero que no había respondido a dicha invitación y tampoco se había presentado a dicha audiencia.

93

Basándose en estos hechos, el Tribunal General declaró, en el apartado 135 de la sentencia recurrida, que la Comisión había podido considerar que la Ansfer había renunciado a participar en el procedimiento o, al menos, no deseaba desarrollar más sus alegaciones en la audiencia de 23 de abril de 2018.

94

Ninguna de las tres imputaciones formuladas por la recurrente contra esta apreciación, y resumidas en los apartados 73 a 79 de la presente sentencia, puede prosperar.

95

Contrariamente a lo que alega la recurrente en su primera imputación, el razonamiento del Tribunal General expuesto en los apartados 126 a 128 de la sentencia recurrida no revela contradicción alguna. En efecto, tras haber confirmado, en los apartados 126 y 127 de dicha sentencia, el principio según el cual una entidad a la que se ha reconocido la condición de tercero interesado conserva dicha condición a lo largo de todo el procedimiento, aunque este se haya interrumpido por procedimientos judiciales que den lugar a sentencias de anulación, el Tribunal General subrayó, en el apartado 128 de dicha sentencia, que procedía determinar si, habida cuenta de los hechos del presente asunto, la situación era distinta en el caso de la Ansfer.

96

Por lo que respecta a la segunda imputación de la recurrente, es cierto que la constatación realizada en el apartado 129 de la sentencia recurrida y resumida en el apartado 74 de la presente sentencia, según la cual la recurrente reconoció que la Ansfer no había mantenido su interés en participar en el procedimiento durante toda la duración del mismo, no refleja exactamente la alegación de la recurrente en primera instancia. En efecto, esta última sostenía que la Ansfer había mantenido esa condición y, por tanto, debería haber sido invitada a participar en la audiencia de 23 de abril de 2018.

97

No obstante, del contexto en el que se inscribe esta constatación se desprende que el Tribunal General no desnaturalizó la esencia de la argumentación de la recurrente. En efecto, en los apartados 123 y 125 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó que la recurrente había alegado que la Ansfer había obtenido la condición de tercero interesado y no la había perdido durante el procedimiento.

98

En el apartado 129 de la sentencia recurrida, el inciso «sin que ello haya sido discutido por la recurrente» puede entenderse referido a los hechos enumerados en el apartado 130 de dicha sentencia y resumidos en el apartado 92 de la presente sentencia. Pues bien, efectivamente la recurrente no discutió esos hechos. Por lo tanto, el error alegado por la recurrente se debe a una lectura errónea de la sentencia recurrida y no puede dar lugar a la anulación del fallo de esa sentencia.

99

Además, la recurrente sostiene que, en el apartado 129 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó el considerando 110 de la Decisión controvertida. Sin embargo, esta alegación procede de una lectura errónea de dicho considerando. En efecto, el mencionado considerando se limita a señalar que el consejero auditor había considerado, en un momento determinado, que la Ansfer era un tercero interesado, pero no se pronuncia sobre la cuestión de si dicha asociación, tras la reanudación del procedimiento, conservaba esa condición, en concreto, con vistas a la audiencia de 23 de abril de 2018.

100

Por otra parte, la recurrente sostiene que, en el apartado 124 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó sus alegaciones en primera instancia al reducir su alcance únicamente a la situación procesal existente en 2002. No obstante, en el apartado 125 de dicha sentencia, el Tribunal General precisó que la recurrente había alegado que la condición de tercero interesado reconocida a la Ansfer debería haber llevado a la Comisión a invitar a esa asociación a la audiencia de 23 de abril de 2018. Por lo tanto, el argumento de la recurrente se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida.

101

En ese contexto, la alegación de la recurrente no puede entenderse en el sentido de que también pretende impugnar los motivos por los que el Tribunal General consideró que la Comisión había podido no informar a la Ansfer de la reanudación del procedimiento administrativo en diciembre de 2017. En efecto, estos motivos, que figuran en los apartados 108 a 122 de la sentencia recurrida, no son criticados en el recurso de casación, ya que la recurrente se limita a sostener que dichos motivos carecen de pertinencia.

102

Asimismo, procede señalar que la recurrente se limitó a afirmar que el Tribunal General infringió lo dispuesto en los artículos 5, apartados 1 y 2, y 6, apartado 2, de la Decisión 2011/695 relativa al consejero auditor, sin indicar, no obstante, de manera precisa los apartados de la sentencia recurrida que pretendía criticar, ni los argumentos jurídicos que apoyan de manera específica esta crítica, infringiendo las disposiciones mencionadas en el apartado 51 de la presente sentencia.

103

Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la apreciación efectuada por el Tribunal General en el apartado 133 de la sentencia recurrida, según la cual era de interés para una buena administración evitar una multiplicación de los coadyuvantes, no carece de sentido. En efecto, del apartado 134 de dicha sentencia se desprende que el Tribunal General señaló, a la luz de esta apreciación, que se había invitado a la Ansfer a participar en audiencias en 2002 como tercero interesado. En cambio, de la sentencia recurrida no se desprende que el Tribunal General se basara en esta apreciación para declarar que la Comisión no había incurrido en error al considerar que la Ansfer había perdido posteriormente esa condición.

104

Por lo que respecta a la tercera imputación, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al considerar que una entidad que ha sido reconocida como tercero interesado puede perder posteriormente esa condición, en particular en función de su comportamiento.

105

La recurrente, so pretexto de invocar un error de Derecho, solicita en realidad al Tribunal de Justicia que proceda a una nueva apreciación de los hechos mencionados en el apartado 92 de la presente sentencia, sin alegar su desnaturalización. Por lo tanto, de conformidad con las disposiciones recordadas en el apartado 89 de la presente sentencia, procede declarar la inadmisibilidad de esta tercera imputación.

106

Por otra parte, al criticar el carácter arbitrario de la apreciación de la situación de la Ansfer por parte de la Comisión, la recurrente formula en el presente recurso de casación una alegación jurídica nueva que, por lo tanto, debe declararse inadmisible, con arreglo a las normas relativas al procedimiento de casación que se han recordado en el apartado 38 de la presente sentencia.

107

Por lo que respecta, en tercer lugar, a la situación de terceros, la recurrente sostiene que el Tribunal General, al validar la decisión de la Comisión de no invitar, en esa condición, a Leali, IRO, Lucchini, la Federación y la Ansfer a la audiencia de 23 de abril de 2018, aplicó erróneamente el artículo 27, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.o 1/2003 y el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 773/2004.

108

Estas disposiciones prevén, como se desprende de su tenor literal, la posibilidad, y no la obligación, de la Comisión, por un lado, de oír a personas físicas o jurídicas distintas de las personas afectadas por el procedimiento y a los terceros interesados y, por otro lado, de invitarlas a expresar su punto de vista por escrito y a asistir a la audiencia de las partes destinatarias de un pliego de cargos. De ello se deduce, como señaló el Tribunal General en el apartado 149 de la sentencia recurrida, que la Comisión dispone de un margen de apreciación para determinar si la participación de esos terceros puede ser útil. Por lo tanto, solo cabe declarar la infracción de esas disposiciones si se demuestra que la Comisión rebasó manifiestamente los límites de su facultad de apreciación.

109

Sin embargo, la recurrente no alega que este fuera el caso en lo que se refiere a Leali, IRO y la Federación.

110

Es cierto que la recurrente sostiene que la Comisión ejerció arbitrariamente su facultad de apreciación con respecto a Lucchini y a la Ansfer. No obstante, dado que esta alegación se ha formulado por primera vez en el marco del presente recurso de casación, debe considerarse inadmisible, habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 38 de la presente sentencia.

111

La recurrente alega también que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no examinar si la Comisión había obstaculizado su derecho de defensa de algún modo distinto de la infracción de una norma que estaba obligada a cumplir. Procede señalar que, en el apartado 156 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la recurrente «no había demostrado que se hubiera visto obstaculizada en el ejercicio de su derecho de defensa independientemente de la infracción de una norma, debido a la ausencia de una empresa o de un tercero en la audiencia [de 23 de abril de 2018]».

112

Tal obstáculo en el ejercicio de su derecho de defensa tampoco ha sido demostrado por la recurrente en su recurso de casación.

113

Es cierto que la presencia en dicha audiencia de Leali, IRO, Lucchini, la Federación y la Ansfer habría podido ser útil en el sentido de que habría podido proporcionar al Comité Consultivo una visión más completa del contexto y de los motivos de defensa relativos a la práctica colusoria. Sin embargo, esta consideración hipotética no basta para demostrar la existencia de una vulneración del derecho de defensa de la recurrente.

114

De ello se sigue que la segunda parte del primer motivo de casación debe desestimarse por ser en parte inadmisible y en parte infundada.

Sobre la cuarta parte

–

Alegaciones de las partes

115

Mediante la cuarta parte del primer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 163 a 195 de la sentencia recurrida, por un lado, que los dos miembros del Comité Consultivo que no habían participado en la audiencia de 23 de abril de 2018 disponían de los elementos necesarios para pronunciarse con pleno conocimiento de causa, incluso sin la grabación de la audiencia y, por otro lado, que la ausencia, en la audiencia, de la autoridad de competencia ponente no viciaba el dictamen de dicho Comité.

116

En el apartado 185 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó que, según la jurisprudencia, cuando no se han comunicado al Comité Consultivo elementos de apreciación importantes e inéditos, debe considerarse que este no ha podido emitir su dictamen con pleno conocimiento de causa. En opinión de la recurrente, eso es lo que ocurría en el presente asunto. La recurrente sostiene que sus observaciones orales en la audiencia de 23 de abril de 2018 solo se reprodujeron parcialmente en los documentos transmitidos al Comité Consultivo. Así, señala que, en dicha audiencia abordó, en particular, la cuestión de la situación en ese momento del sector siderúrgico.

117

Al no comparar el contenido de los anexos A.7 y E.1 presentados en el procedimiento en primera instancia, el Tribunal General no examinó, según la recurrente, pruebas o, cuando menos, desnaturalizó determinados documentos obrantes en autos. En esas circunstancias, la recurrente considera que, al no disponer de la grabación de la audiencia, el Comité Consultivo no tuvo acceso a elementos de apreciación importantes e inéditos.

118

Por lo que respecta a la alegación basada en la ausencia, durante la audiencia, de la autoridad de competencia ponente, la recurrente toma nota de la sentencia en la que se basó el Tribunal General en el apartado 194 de la sentencia recurrida para declarar que la presencia de esta autoridad en la audiencia no era necesaria, instando al mismo tiempo al Tribunal de Justicia a que «aclare» este extremo. A este respecto, señala que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, las autoridades de competencia de los Estados miembros habían recibido una copia del acta de la audiencia, lo que, según afirma, no sucedió en el presente asunto. Considera, además, que, habida cuenta de la importancia de la autoridad de competencia ponente en el seno del Comité Consultivo, sería ilógico considerar que dicha autoridad pueda acreditar la corrección de una audiencia en la que no ha participado.

119

La Comisión sostiene que la argumentación de la recurrente es inadmisible y, en cualquier caso, infundada.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

120

En primer lugar, la recurrente alega, en esencia, haber presentado oralmente en la audiencia de 23 de abril de 2018 elementos importantes e inéditos. A su juicio, dada la ausencia de dos miembros del Comité Consultivo en dicha audiencia y, al no disponer de una grabación, dicho Comité no emitió su dictamen con pleno conocimiento de causa.

121

Ha de señalarse que, en el apartado 186 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, en el caso de autos, la recurrente no había alegado que la falta de comunicación de la grabación de dicha audiencia hubiera podido inducir a error al Comité Consultivo sobre puntos esenciales y que no había facilitado ninguna indicación relativa a la existencia de una posible divergencia entre sus respuestas escritas a los pliegos de cargos, tal como habían sido transmitidas al Comité, y sus observaciones orales durante dicha audiencia.

122

La recurrente no ha impugnado en casación esos apartados de la sentencia recurrida. De ello se deduce que la alegación basada en una supuesta divergencia entre su presentación oral durante la audiencia de 23 de abril de 2018 y el contenido de los documentos que obraban en poder del Comité Consultivo fue formulada por primera vez ante el Tribunal de Justicia y es, por tanto, inadmisible, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 38 de la presente sentencia.

123

Es cierto que la recurrente impugna la motivación expuesta en el apartado 187 de la sentencia recurrida, según la cual el examen de los autos no había revelado ningún indicio que pudiera poner en duda el hecho de que el Comité Consultivo disponía efectivamente, en su reunión, de los elementos necesarios para sus deliberaciones. No obstante, so pretexto de invocar una desnaturalización de las pruebas y de los documentos que obran en autos, la recurrente se limita en realidad a referirse de manera general a dos documentos obrantes en autos y a enumerar determinadas cuestiones supuestamente nuevas que afirma haber abordado en la audiencia de 23 de abril de 2018, sin aportar ninguna precisión que pueda sustentar la existencia de tal desnaturalización. En particular, la recurrente afirma haber abordado, en dicha audiencia, la cuestión de la situación en aquel momento del sector siderúrgico, también a la luz del anuncio de la incoación, publicado en marzo de 2018, de una investigación con vistas a la adopción de medidas de salvaguardia relativas a las importaciones de productos siderúrgicos. No obstante, esta afirmación no basta para demostrar que sus declaraciones orales en dicha audiencia incluyeran elementos de apreciación importantes e inéditos con respecto al contenido de los documentos que habían sido comunicados al Comité Consultivo.

124

En segundo lugar, la recurrente se limita a solicitar al Tribunal de Justicia que proporcione una «aclaración», sin presentar, no obstante, argumentos jurídicos que apoyen de manera específica su pretensión de anulación de la sentencia recurrida, contrariamente a la obligación que le incumbía con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 51 de la presente sentencia.

125

Asimismo, la recurrente alega que sería ilógico considerar que la autoridad de competencia ponente puede acreditar la legalidad de una audiencia en la que no participó, sin aportar ningún argumento jurídico dirigido específicamente a cuestionar los motivos expuestos en los apartados 192 y 193 de la sentencia recurrida.

126

De ello se deduce que procede desestimar la cuarta parte del primer motivo de casación y, por lo tanto, todas las partes de este motivo, por ser en parte inadmisibles y en parte infundadas.

Quinto motivo de casación

Alegaciones de las partes

127

Mediante su quinto motivo de casación, la recurrente sostiene que la fundamentación expuesta en los apartados 349 a 367 de la sentencia recurrida, mediante los que el Tribunal General desestimó la excepción de ilegalidad relativa al artículo 25 del Reglamento n.o 1/2003, adolecen de errores de Derecho.

128

En primer lugar, la recurrente recuerda que esta disposición establece que, en caso de interrupción de la prescripción, la prescripción se producirá, a más tardar, en un plazo de diez años. Señala que, sin embargo, en el caso de autos, debido a la suspensión de la prescripción durante los procedimientos judiciales, el procedimiento permaneció abierto más de veinte años después del cese del comportamiento infractor, es decir, una duración superior «al doble del doble» del plazo de prescripción ordinario. Esta circunstancia demuestra, según la recurrente, que el legislador de la Unión no concilió equitativamente las exigencias de seguridad jurídica y de respeto del Derecho.

129

Considera, en segundo lugar, que el razonamiento del Tribunal General tiene por efecto obligar a la recurrente a aceptar, bien ser objeto de una sanción ilícita, bien ser objeto de procedimientos ilimitados en el tiempo. Pues bien, a su juicio, la Comisión no debería poder aprovecharse de sus errores para beneficiarse de una prórroga del plazo que se le concede para imponer sanciones. Por otra parte, el derecho a la tutela judicial efectiva no debería volverse en contra del justiciable provocando, en su perjuicio, la imprescriptibilidad de hecho de la potestad sancionadora de la Comisión.

130

En tercer lugar, la recurrente señala que, en caso de inobservancia del plazo razonable, las empresas afectadas pueden solicitar la anulación de la decisión por la que se declara la existencia de una infracción, siempre que dicha violación haya obstaculizado el ejercicio de su derecho de defensa, o interponer un recurso de indemnización. En opinión de la recurrente, la única solución que puede garantizar la plena protección del principio del plazo razonable consistiría, no obstante, en la anulación de la decisión adoptada en caso de violación manifiesta de dicho plazo, con independencia de la expiración del plazo de prescripción. Añade que el considerando 37 del Reglamento n.o 1/2003, a tenor del cual ese Reglamento debe interpretarse y aplicarse respetando los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta, no se refleja en absoluto en el tenor del artículo 25 de dicho Reglamento.

131

En cuarto lugar, por lo que respecta al principio de proporcionalidad, la recurrente alega que el Tribunal General se refirió, en particular, a la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582), apartado 144, pese a que dicha sentencia fue criticada en las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto ThyssenKrupp Nirosta/Comisión (C‑352/09 P, EU:C:2010:635), puntos 183 a 185. Según la recurrente, el Tribunal General no respondió a la propuesta en la que le invitaba a adoptar la solución preconizada en dichas conclusiones.

132

El Consejo y la Comisión rebaten las alegaciones de la recurrente.

Apreciación del Tribunal de Justicia

133

Como recordó el Tribunal General en el apartado 354 de la sentencia recurrida, el artículo 25 del Reglamento n.o 1/2003 es el resultado de una conciliación llevada a cabo por el legislador de la Unión, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, entre dos objetivos, a saber, por una parte, la necesidad de garantizar la seguridad jurídica evitando que se puedan cuestionar indefinidamente situaciones consolidadas por el transcurso del tiempo y, por otra parte, la exigencia de garantizar el respeto del Derecho persiguiendo, estableciendo y sancionando las infracciones al Derecho de la Unión.

134

A este respecto, como señaló el Tribunal General en los apartados 355 y 356 de la sentencia recurrida, el legislador de la Unión, al pretender conciliar estos objetivos, no sobrepasó los límites de su margen de apreciación. En efecto, el artículo 25, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.o 1/2003 establece, por lo que respecta a la persecución de las infracciones de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, que la prescripción se reputará alcanzada después de un plazo de cinco años o, en caso de interrupción de la prescripción, a más tardar el día en que se cumpla un plazo igual al doble del de la prescripción sin que la Comisión haya impuesto ninguna multa sancionadora ni coercitiva. De estas disposiciones se desprende que la facultad de dicha institución de imponer sanciones está estrictamente limitada.

135

El resultado de esta conciliación es también conforme con el principio de proporcionalidad, como declaró el Tribunal General en los apartados 359 a 366 de la sentencia recurrida.

136

Es cierto que, en caso de recurso ante el juez de la Unión, el plazo de prescripción queda suspendido, de conformidad con el artículo 25, apartado 6, del Reglamento n.o 1/2003, hasta el término de dicho procedimiento contencioso. Como señaló el Tribunal General, en esencia, en el apartado 363 de la sentencia recurrida, esta suspensión protege a la Comisión contra el efecto de la prescripción en situaciones en las que la inacción de dicha institución no es consecuencia de una falta de diligencia por su parte. La posibilidad de que, debido a tales períodos de suspensión, la duración total de un procedimiento exceda sustancialmente, como ocurre en el presente asunto, del plazo de prescripción establecido en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1/2003 en cinco o diez años, o, en caso de interrupción de este, el plazo de diez años previsto en el artículo 25, apartado 5, de dicho Reglamento, no permite considerar que el legislador de la Unión haya sobrepasado los límites de su margen de apreciación.

137

Como expuso el Tribunal General, en esencia, en el apartado 356 de la sentencia recurrida, los justiciables que consideran que han sido sometidos a un procedimiento de una duración excesivamente larga pueden obtener la anulación de la decisión adoptada al término de dicho procedimiento, siempre que esa duración haya dado lugar a una vulneración del derecho de defensa o, a falta de tal vulneración del derecho de defensa, interponiendo un recurso de indemnización ante el juez de la Unión.

138

El hecho de que, en el presente asunto, la duración total del procedimiento exceda de veinte años no permite considerar que el artículo 25 del Reglamento n.o 1/2003 adolezca de ilegalidad.

139

Las demás alegaciones formuladas por la recurrente no desvirtúan esta conclusión.

140

En primer término, a la vista de los plazos de prescripción recordados en el apartado 134 de la presente sentencia, y a pesar de la duración del procedimiento de que se trata, la recurrente no puede pretender que está expuesta al riesgo de ser objeto indefinidamente de actuaciones por parte de la Comisión o de una imprescriptibilidad de hecho de la potestad sancionadora de dicha institución.

141

En segundo término, las dificultades a las que podría enfrentarse un justiciable al tratar de poner en práctica las soluciones mencionadas en el apartado 137 de la presente sentencia, por importantes que sean, no bastan para considerar que solo la anulación de la decisión mediante la que se le impone una sanción constituye una solución efectiva en caso de violación del principio del plazo razonable, con independencia de la expiración del plazo de prescripción.

142

En tercer término, la recurrente se limita a alegar que el respeto de los derechos fundamentales y de los principios reconocidos por la Carta, pese a que se recuerda en el considerando 37 del Reglamento n.o 1/2003, no está reflejado en el tenor del artículo 25 de dicho Reglamento, sin aportar, no obstante, la menor precisión a este respecto.

143

En cuarto término, en cuanto a la pertinencia de la interpretación preconizada en los puntos 183 a 185 de las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto ThyssenKrupp Nirosta/Comisión (C‑352/09 P, EU:C:2010:635), basta con recordar, como reconoce, por otra parte, la propia recurrente, que no se reflejó en los términos de la sentencia dictada en dicho asunto ni, con carácter más general, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

144

Por último, en la medida en que la recurrente alega que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General debería haberse pronunciado sobre este pasaje de las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto ThyssenKrupp Nirosta/Comisión (C‑352/09 P, EU:C:2010:635), y que no se pronunció al respecto, procede señalar que el referido pasaje contenía una propuesta relativa no a la validez de las normas controvertidas sino a su interpretación. Por ello, la posición expresada de ese modo en las mencionadas conclusiones no puede, en todo caso, fundamentar la excepción de ilegalidad formulada en el quinto motivo de casación.

145

De ello se deduce que procede desestimar el quinto motivo de casación por infundado.

Segundo motivo de casación

146

Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente impugna las razones por las que, en los apartados 229 a 272 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que no se había vulnerado el principio del plazo razonable.

147

Este motivo de casación se divide en tres partes.

148

Mediante las dos primeras partes, la recurrente impugna, por un lado, las apreciaciones del Tribunal General relativas a la duración del procedimiento de adopción de la Decisión de 2009 y de la Decisión controvertida y, por otro lado, las apreciaciones relativas a la duración total del procedimiento que, en la fecha de adopción de esta última Decisión, ya había superado los diecinueve años.

149

Mediante la tercera parte, la recurrente impugna la apreciación del Tribunal General según la cual la duración del procedimiento no vulneró su derecho de defensa.

150

Como recordó el Tribunal General, en esencia, en el apartado 215 de la sentencia recurrida, la vulneración del principio de observancia de un plazo razonable solo puede justificar la anulación de una decisión adoptada al término de un procedimiento administrativo basado en los artículos 101 TFUE o 102 TFUE cuando dé lugar también a una vulneración del derecho de defensa de la empresa interesada (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de junio de 2016, PROAS/Comisión, C‑616/13 P, EU:C:2016:415, apartados 74 a 76 y jurisprudencia citada).

151

De ello se deduce, como señaló el Tribunal General en el apartado 230 de la sentencia recurrida, que la duración del procedimiento puede conllevar la anulación de una decisión impugnada si se cumplen cumulativamente dos requisitos: el primero, que esa duración haya resultado excesiva, y el segundo, que la superación del plazo razonable haya obstaculizado el ejercicio del derecho de defensa.

152

La tercera parte del segundo motivo debe examinarse a la luz del segundo de esos requisitos.

Alegaciones de las partes

153

Mediante la tercera parte del segundo motivo de casación, la recurrente alega que, contrariamente a las apreciaciones efectuadas en los apartados 266 a 272 de la sentencia recurrida, la duración del procedimiento vulneró su derecho de defensa y le ocasionó un perjuicio. Considera, en particular, que, debido a la excesiva duración de dicho procedimiento, la mayoría de las entidades que habrían podido aportar elementos útiles para su defensa, incluidas pruebas de descargo, no pudieron participar en la audiencia de 23 de abril de 2018. Señala que si todas las partes interesadas hubieran podido ser oídas sobre el fondo de las imputaciones antes de la adopción de la Decisión de 2002 o de la Decisión de 2009, la Comisión habría podido adoptar una decisión diferente.

154

La Comisión considera que esta parte es inadmisible y, en cualquier caso, infundada.

Apreciación del Tribunal de Justicia

155

Contrariamente a lo que alega la Comisión, la recurrente no se limita a solicitar al Tribunal de Justicia que lleve a cabo un nuevo examen de la demanda en primera instancia y una nueva apreciación de los hechos, sin identificar con precisión los errores cometidos en la sentencia recurrida. No obstante, para demostrar que la duración del procedimiento supuso una vulneración de su derecho de defensa, la recurrente reitera la alegación formulada en el marco de su primer motivo del presente recurso de casación, que ha sido desestimado, en el apartado 126 de la presente sentencia, por ser en parte inadmisible y en parte infundado.

156

En consecuencia, debe desestimarse también la tercera parte del segundo motivo de casación.

157

De ello se deduce que no se cumple uno de los dos requisitos, mencionados en el apartado 151 de la presente sentencia, exigidos para que la vulneración del principio del plazo razonable pueda dar lugar a la anulación de una decisión.

158

Por consiguiente, el segundo motivo de casación, basado en la vulneración del principio del plazo razonable, debe desestimarse por infundado, sin que sea necesario examinar las partes primera y segunda de este motivo de casación.

Tercer motivo de casación

Sobre la primera parte del motivo

–

Alegaciones de las partes

159

Mediante la primera parte del tercer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 275 a 296 de la sentencia recurrida, que la Comisión explicó suficientemente las razones que la llevaron a adoptar una nueva decisión que imponía una multa.

160

En su opinión, en los apartados 282 a 287 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, consideró, en esencia, en primer lugar, que la Comisión había indicado que la duración del procedimiento no suponía una violación del principio del plazo razonable y que no se había vulnerado el derecho de defensa de las empresas, ya que, por una parte, estas habían podido presentar sus observaciones sobre la reanudación del procedimiento y, por otra parte, habían expuesto también sus alegaciones en la audiencia de 23 de abril de 2018; en segundo lugar, que la Comisión había llegado a la conclusión de que, tras haber ponderado el interés general en una aplicación efectiva de las normas sobre competencia y con el deseo de mitigar las eventuales consecuencias de los errores de procedimiento que había cometido, solo la adopción de la Decisión controvertida le permitiría asegurarse de que los autores de la infracción no quedarían impunes y serían efectivamente disuadidos de adoptar un comportamiento similar en el futuro, y, en tercer lugar, que dicha institución había decidido reducir en un 50 % el importe de las multas impuestas, con el fin de mitigar las consecuencias negativas que pudiera haber causado la larga duración del procedimiento.

161

Según la recurrente, las consideraciones primera y tercera no son pertinentes para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, última frase, del Reglamento n.o 1/2003, del que a su juicio resulta que la Comisión solo puede constatar una infracción del Derecho de la competencia de la Unión cometida en el pasado cuando la Comisión tenga un interés legítimo en hacerlo. La segunda de esas consideraciones, recogida en los apartados 284 a 286 de la sentencia recurrida, no constituye —a su juicio— un motivo suficiente para justificar la apreciación del Tribunal General, dado que, si solo la imposición de una sanción permitiera a la Comisión garantizar la inexistencia de impunidad de las infracciones de las normas sobre competencia y de reincidencia, la facultad discrecional que le confiere dicho Reglamento carecería de sentido.

162

En cualquier caso, la recurrente estima que los motivos invocados por la Comisión para justificar la adopción de la Decisión controvertida y aprobados por el Tribunal General carecen de fundamento.

163

En primer lugar, la recurrente aduce que el Tribunal General consideró erróneamente, en el apartado 290 de la sentencia recurrida, que, en el considerando 567 de la Decisión controvertida, la Comisión había respondido a la alegación de la recurrente en la que le reprochaba no haber explicado por qué, pese a que el mercado italiano había cambiado profundamente con respecto al período de infracción considerado, era necesario imponer a la recurrente, en julio de 2019, una sanción por un comportamiento que se remontaba a más de 30 años. Sin embargo, ese considerando de la Decisión controvertida, que a juicio de la recurrente subraya el efecto disuasorio de la sanción, no explica por qué ese efecto seguía siendo pertinente, cuando, en realidad, a su juicio, solo lo fue en el momento de la incoación de la investigación de la Comisión en el año 2000. Según la recurrente, dicho considerando tampoco explica por qué el efecto disuasorio debería ser «particularmente deseable» en un mercado como el italiano de redondos para hormigón.

164

En segundo lugar, la recurrente considera que el Tribunal General omitió declarar el carácter genérico de la afirmación, formulada en el considerando 562 de la Decisión controvertida, según la cual era importante impedir a las empresas «continuar o volver a iniciar su comportamiento contrario a la competencia sin que se haya declarado su responsabilidad anterior en la infracción cometida».

165

La Comisión rebate estas alegaciones.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

166

Procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la motivación de los actos de las instituciones de la Unión exigida en el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (sentencia de 9 de noviembre de 2023, Altice Group Lux/Comisión, C‑746/21 P, EU:C:2023:836, apartado 217 y jurisprudencia citada).

167

En el caso de autos, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 288 de la sentencia recurrida, que la Comisión había proporcionado una motivación detallada que mostraba, de manera clara e inequívoca, el razonamiento que había seguido para justificar la adopción de una nueva decisión por la que se imponían sanciones a pesar de las dos anulaciones que habían tenido lugar en el pasado.

168

En efecto, las explicaciones dadas a este respecto en la Decisión controvertida, y resumidas por el Tribunal General en los apartados 282 a 287 de la sentencia recurrida precisan, de manera suficientemente clara, las razones que llevaron a la Comisión a adoptar una nueva decisión que imponía una multa.

169

A este respecto, procede señalar, por una parte, que el resumen de esas razones realizado por la recurrente, mencionado en el apartado 160 de la presente sentencia, no es completo, en la medida en que omite mencionar que, en el apartado 285 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó que, en los considerandos 560 y 561 de la Decisión controvertida, la Comisión había señalado que las empresas destinatarias de dicha Decisión habían participado durante once años en una infracción considerada como una de las restricciones más graves en materia de competencia y que, en tal contexto, no adoptar una nueva decisión por la que se declare la participación de esas empresas en dicha infracción sería contrario al interés general en garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la competencia de la Unión e iría más allá del interés en mitigar las consecuencias de una eventual vulneración de los derechos fundamentales sufrida por dichas empresas. Por otra parte, esta constatación bastaba para explicar que la Comisión considerara que existía un interés legítimo en adoptar la Decisión controvertida, en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003.

170

Por otra parte, como señaló el Tribunal General en el apartado 280 de la sentencia recurrida, tras la anulación de las dos primeras decisiones adoptadas por la Comisión para sancionar la práctica colusoria de que se trata y el tiempo, excepcionalmente largo, transcurrido entre los primeros actos de instrucción y la adopción de la Decisión controvertida, correspondía a dicha institución tener en cuenta esas circunstancias al exponer las razones por las que consideraba justificado adoptar una nueva decisión que impusiera sanciones. Contrariamente a lo que alega la recurrente, esas consideraciones a las que se hace referencia en los apartados 282 y 287 de la sentencia recurrida eran pertinentes.

171

La alegación mediante la que la recurrente impugna la motivación de la Decisión controvertida que justifica un interés legítimo en la adopción de la Decisión controvertida no desvirtúa la apreciación expuesta en el apartado 167 de la presente sentencia.

172

A este respecto, cabe recordar que la obligación de motivar las decisiones constituye un requisito sustancial de forma que debe distinguirse de la cuestión de la fundamentación de la motivación, que se refiere a la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. En efecto, la motivación de una decisión consiste en expresar formalmente los fundamentos en los que se basa dicha decisión. Si estos fundamentos incurren en errores, estos vician la legalidad de la decisión sobre el fondo, pero no su motivación, que puede ser suficiente aunque exprese una fundamentación equivocada (sentencia de 18 de abril de 2024, Dumitrescu y otros/Comisión y Tribunal de Justicia, C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, apartado 46 y jurisprudencia citada).

173

Pues bien, so pretexto de invocar el incumplimiento de la obligación de motivación, la recurrente pretende, en realidad, cuestionar la fundamentación de los motivos en los que se basa la Decisión controvertida.

174

Estas alegaciones no pueden desvirtuar los apartados 275 a 296 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General declaró que, en el caso de autos, la Comisión no había incumplido su obligación de motivación.

175

De lo anterior se deduce que debe desestimarse, por infundada, la primera parte del tercer motivo de casación.

Sobre la segunda parte

–

Alegaciones de las partes

176

Mediante la segunda parte del tercer motivo de casación, la recurrente alega, en esencia, que, en los apartados 298 a 302 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho e incumplió su obligación de motivación en lo que se refiere al efecto disuasorio de la Decisión controvertida.

177

Considera, en primer lugar, que el Tribunal General no respondió a la alegación de la recurrente basada en que el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) había confirmado, mediante sentencia de 21 de enero de 2020, la inexistencia de otra práctica colusoria en la que supuestamente participó la recurrente. Señala que de dicha sentencia se desprende que, desde el año 2000, la recurrente ejerció su actividad respetando las normas de competencia, de modo que el objetivo disuasorio subyacente a la Decisión de 2002 se alcanzó plenamente.

178

Argumenta, en segundo lugar, que el Tribunal General se limitó, en el apartado 298 de la sentencia recurrida, a realizar consideraciones generales sobre el efecto disuasorio de la Decisión controvertida.

179

En tercer lugar, que la sentencia recurrida adolece de una motivación contradictoria. En efecto, a su juicio, del apartado 299 de dicha sentencia se desprende que, según el Tribunal General, la decisión de imponer una sanción en la Decisión controvertida encuentra su justificación, desde el punto de vista disuasorio, en la restitución a raíz de la anulación de las Decisiones de 2002 y de 2009 del importe de las multas impuestas por dichas Decisiones. Sin embargo, según la recurrente, en el apartado 660 de dicha sentencia, el Tribunal General declaró que el objetivo disuasorio ya se había alcanzado frente a la recurrente, parcialmente en todo caso, mediante las sanciones que se le habían impuesto en las Decisiones de 2002 y de 2009.

180

En cuarto lugar, añade que el Tribunal General no tuvo en cuenta, en los apartados 300 y 301 de la sentencia recurrida, el hecho de que la imposición de dos sanciones, en las Decisiones de 2002 y de 2009, así como los correspondientes gastos de procedimiento, ya constituyeron una sanción para ella, en particular, al dañar su reputación. A este respecto, la recurrente señala que de la jurisprudencia del Tribunal General, en particular de la sentencia de 12 de diciembre de 2018, Biogaran/Comisión, (T‑677/14, EU:T:2018:910), se desprende que debe tenerse en cuenta el perjuicio nada desdeñable que, para la reputación de una persona jurídica, representa la declaración de que ha estado implicada en una infracción de las normas sobre competencia. Considera, además, que los motivos expuestos a este respecto en la sentencia recurrida se asemejan, debido a su generalidad, a una falta de motivación.

181

La Comisión rebate estas alegaciones.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

182

Procede señalar, en primer lugar, que la sentencia del Consiglio di Stato (Consejo de Estado) de 21 de enero de 2020, a la que se refiere la recurrente, declaró la inexistencia de una infracción por otra práctica colusoria en la que supuestamente había participado la recurrente. En cualquier caso, esa sentencia no permite demostrar que, desde el año 2000, esta última haya ejercido su actividad respetando las normas sobre la competencia y que, por tanto, ya se hubiera alcanzado el objetivo disuasorio, que perseguía la Decisión de 2002. En estas circunstancias, no puede criticarse al Tribunal General por no haberse pronunciado sobre dicha sentencia en la sentencia recurrida.

183

En segundo lugar, cabe recordar que, en el apartado 298 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la Comisión había podido considerar, a la vista del carácter grave de la infracción constatada, que adoptar una decisión e imponer una sanción seguía estando justificado por el efecto disuasorio que dicha decisión y la sanción que conllevaba podrían producir en los mercados. Esta apreciación se recoge expresamente en el apartado 299 de dicha sentencia, en el que el Tribunal General subrayó que es el hecho de tener que pagar una multa lo que tiene un efecto disuasorio tras la anulación de las Decisiones de 2002 y de 2009. De ello se deduce que el apartado 298 de dicha sentencia, en relación con el apartado 299 de la referida sentencia, lejos de enunciar consideraciones de carácter general, expone de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General.

184

En tercer lugar, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, no existe contradicción alguna entre los motivos expuestos en los apartados 299 y 660 de la sentencia recurrida. En efecto, si bien el Tribunal General reconoció, en este último apartado, que figura en la parte de la sentencia recurrida en la que el Tribunal General examinó, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, si procedía conceder o no una reducción adicional de la multa impuesta a la recurrente, que las Decisiones de 2002 y de 2009 ya habían tenido cierto efecto disuasorio, del contexto y, en particular, de los apartados 658, 659 y 661 de dicha sentencia, se desprende claramente que el Tribunal General consideraba que el objetivo disuasorio no se había alcanzado plenamente antes de la adopción de la Decisión controvertida. En esas circunstancias, podía efectivamente considerarse que imponer una sanción a la recurrente en dicha Decisión estaba justificado por la necesidad de garantizar el efecto disuasorio, como señaló el Tribunal General en el apartado 299 de la sentencia recurrida.

185

En cuarto lugar, procede señalar que, en los apartados 300 y 301 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la imposición de una multa tenía como objetivo, en el caso de autos, no solo conferir cierto efecto disuasorio a dicha Decisión, sino también evitar que las empresas afectadas gozasen de una total impunidad.

186

Pues bien, al haber sido anuladas las Decisiones de 2002 y de 2009 y al haberse restituido las multas correspondientes, más los intereses correspondientes, solo una nueva decisión que impusiera una multa a la recurrente podía garantizar que su participación en la práctica colusoria objeto de la Decisión controvertida no quedara impune.

187

En cuanto a los gastos correspondientes a los dos litigios posteriores a la Decisión de 2002, basta con señalar que, en la sentencia de 25 de octubre de 2007, Ferriere Nord/Comisión (T‑94/03, EU:T:2007:320), el Tribunal General condenó a la Comisión a cargar con las costas de la recurrente y, en la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Ferriere Nord/Comisión (C‑88/15 P, EU:C:2017:716), el Tribunal de Justicia condenó a la Comisión a cargar con las costas de la recurrente tanto en el procedimiento en primera instancia como en el recurso de casación que dio lugar a dicha sentencia.

188

Por otra parte, es cierto que, en la sentencia de 12 de diciembre de 2018, Biogaran/Comisión (T‑677/14, EU:T:2018:910), a la que se refiere la recurrente, el Tribunal General tuvo en cuenta el perjuicio no despreciable que representa, para la reputación de una persona física o jurídica, la declaración de que ha estado implicada en una infracción de las normas de competencia. Sin embargo, esta apreciación no pretendía indicar que tal menoscabo constituye una forma de sanción que resulta de la constatación de una infracción por una decisión de la Comisión, sino explicar por qué es necesario que dicha institución aporte pruebas precisas y concordantes para demostrar la existencia de tal infracción.

189

Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 300 de la sentencia recurrida, que la imposición de una multa en la Decisión controvertida tenía por objeto evitar conferir a las empresas afectadas una impunidad total.

190

De lo anterior se desprende que procede desestimar por infundada la segunda parte del tercer motivo de casación.

Sobre la tercera parte

–

Alegaciones de las partes

191

Mediante la tercera parte del tercer motivo de casación, la recurrente sostiene que, en los apartados 304 a 307 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incumplió su obligación de motivación en la medida en que no respondió a su alegación basada en la infracción del artículo 6, apartado 1, del CEDH.

192

La Comisión rebate estas alegaciones.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

193

En el apartado 303 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que la recurrente había sostenido en primera instancia que el hecho de haber tenido la condición de acusada durante todo el procedimiento le había impuesto una pena suficiente en sí misma. El Tribunal General desestimó esta alegación declarando, en los apartados 304 y 305 de esa sentencia, que la recurrente, habida cuenta de la anulación de las dos decisiones anteriores a la adopción de la Decisión controvertida, aún no había sido sancionada por haber cometido una infracción del Derecho de la competencia de la Unión y que, en esas circunstancias, la adopción de dicha Decisión tenía por objeto garantizar que la recurrente fuera efectivamente sancionada por esa infracción.

194

En apoyo de la tercera parte del tercer motivo de casación, la recurrente reitera que ya se le impuso una sanción antes de la adopción de la Decisión controvertida, pero no presenta ninguna alegación dirigida a impugnar, de manera específica, el razonamiento del Tribunal General expuesto en los apartados 304 y 305 de la sentencia recurrida. Se limita a alegar que el Tribunal General no se pronunció sobre su alegación basada en la infracción del artículo 6, apartado 1, del CEDH.

195

A este respecto, procede señalar que, en el apartado 238 de su escrito de interposición de la demanda, la recurrente había alegado que el hecho de haber tenido la condición de «acusado» desde hacía más de 17 años, a saber, desde la recepción del pliego de cargos en marzo de 2002, además de constituir una infracción del artículo 6 del CEDH, que conlleva la obligación de velar por que un acusado no permanezca demasiado tiempo en la incertidumbre de la solución que se reservará a la acusación penal formulada contra él, le impuso, en sí misma, una grave pena aflictiva.

196

Pues bien, tal argumentación tenía por objeto, como demuestra el título de la sección en la que figura, impugnar la motivación de la Decisión controvertida conforme a la cual la imposición de una sanción era necesaria para evitar la impunidad de las empresas de que se trata. En estas circunstancias, y a falta de toda precisión en este sentido, el Tribunal General podía legítimamente considerar que la referencia al artículo 6 del CEDH solo pretendía reforzar la alegación de la recurrente dirigida a demostrar que ya había sido sancionada antes de la adopción de la Decisión controvertida, a la que el Tribunal General respondió en los apartados 304 y 305 de la sentencia recurrida.

197

Por lo tanto, no puede reprocharse al Tribunal General ninguna omisión de pronunciamiento a este respecto.

198

De lo anterior se deduce que debe desestimarse, por infundada, la tercera parte del tercer motivo de casación.

Sobre la cuarta parte

–

Alegaciones de las partes

199

Mediante la cuarta parte del tercer motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General, al basarse, en los apartados 310 a 315 de la sentencia recurrida, en la posibilidad de que terceros ejerciten una acción de indemnización ante los órganos jurisdiccionales nacionales, procedió a una sustitución de motivos, no examinó documentos obrantes en los autos e invirtió la carga de la prueba.

200

La Comisión considera que, dado que esta alegación se dirige contra fundamentos de Derecho expuestos a mayor abundamiento en la sentencia recurrida, debe desestimarse por inoperante. En cualquier caso, a su juicio, la cuarta parte carece de fundamento.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

201

En el apartado 301 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, habida cuenta de la gravedad y de la duración de la infracción constatada por la Comisión, el objetivo de evitar una impunidad total de las empresas implicadas bastaba, por sí solo, para justificar en este caso la adopción de una decisión por la que se impone una sanción.

202

Esta apreciación del Tribunal General no ha sido rebatida por la recurrente en su recurso de casación.

203

De ello se deduce que el Tribunal General, al exponer otras consideraciones que podían justificar la adopción de la Decisión controvertida, como, por ejemplo, la intención de proteger el derecho de terceros a ejercitar una acción de indemnización ante los órganos jurisdiccionales nacionales, expuso estas consideraciones a mayor abundamiento, con el fin de responder de manera exhaustiva a las alegaciones de la recurrente.

204

Por consiguiente, dado que las imputaciones formuladas por la recurrente en el marco de la cuarta parte del tercer motivo de casación se dirigen contra fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida formulados a mayor abundamiento, no pueden dar lugar a la anulación de dicha sentencia.

205

De lo anterior resulta que la cuarta parte del tercer motivo de casación debe desestimarse por inoperante.

Sobre la quinta parte

–

Alegaciones de las partes

206

Mediante la quinta parte del tercer motivo de casación, la recurrente sostiene que, al desestimar, en los apartados 317 a 323 de la sentencia recurrida, su imputación basada en la violación del principio de proporcionalidad, el Tribunal General se basó en consideraciones carentes de pertinencia y que no bastan para justificar dicha desestimación.

207

Por otra parte, tras la exposición de esta quinta parte, el recurso de casación contiene una sección titulada «Consideraciones finales», en la que la recurrente reitera la argumentación desarrollada en los puntos 242, 243 y 252 a 254 de su demanda en primera instancia.

208

La Comisión considera que esta quinta parte es inadmisible, habida cuenta de su carácter vago y genérico. Afirma asimismo que, en todo caso, es infundada.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

209

Procede señalar que la recurrente se limita a cuestionar la pertinencia de los elementos tenidos en cuenta por el Tribunal General en los apartados 317 a 323 de la sentencia recurrida, sin indicar de manera precisa los argumentos jurídicos que apoyan de manera específica su pretensión de anulación de esa sentencia, contrariamente a los requisitos que se han recordado en el apartado 51 de la presente sentencia.

210

Además, no cumple estos requisitos el recurso de casación que, sin incluir siquiera ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho del que adolece supuestamente la decisión que se impugna, se limita a repetir o reproducir textualmente los motivos y las alegaciones presentados ante el Tribunal General. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal General, lo cual no es competencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 9 de febrero de 2023, Boshab/Consejo, C‑708/21 P, EU:C:2023:84, apartado 60 y jurisprudencia citada).

211

Pues bien, en el presente asunto, mediante la argumentación resumida en el apartado 207 de la presente sentencia, la recurrente se limita a repetir, salvo algunas modificaciones menores, la argumentación que ya había presentado ante el Tribunal General.

212

De ello se sigue que procede declarar la inadmisibilidad de la quinta parte del tercer motivo de casación.

213

Por lo tanto, el tercer motivo de casación debe desestimarse por ser parcialmente inadmisible y parcialmente infundado.

Cuarto motivo de casación

Alegaciones de las partes

214

Mediante su cuarto motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General, al declarar en los apartados 326 a 342 de la sentencia recurrida que el principio non bis in idem no se oponía a la adopción de la Decisión controvertida, aplicó erróneamente dicho principio.

215

Según la recurrente, es cierto que el principio non bis in idem no se opone a la adopción de una nueva decisión cuando la anterior ha sido anulada por vicios de forma. Sin embargo, de la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582), se desprende, a su juicio, que esta facultad está supeditada al requisito de que no se haya pronunciado sobre el fondo de los hechos imputados. Pues bien, a su juicio, este requisito no se cumple en el presente asunto, ya que el Tribunal General se pronunció sobre el fondo del asunto en la sentencia de 9 de diciembre de 2014, Ferriere Nord/Comisión (T‑90/10, EU:T:2014:1035).

216

La recurrente subraya que el Tribunal General consideró que el principio non bis in idem solo se aplica en caso de doble sanción, lo que no se corresponde con las circunstancias del presente asunto, puesto que la sentencia de 9 de diciembre de 2014, Ferriere Nord/Comisión (T‑90/10, EU:T:2014:1035), así como la Decisión de 2009 y la sanción que establecía, fueron anuladas por el Tribunal de Justicia. No obstante, según la recurrente, este principio se opone también a una acumulación de procedimientos, con mayor razón cuando tal acumulación da lugar, como en el caso de autos, a una nueva condena por los mismos hechos.

217

Señala, además, que el Tribunal General consideró erróneamente que el principio non bis in idem solo se aplica en caso de doble sanción. Así, sostiene que del artículo 50 de la Carta resulta que este principio también es aplicable en el supuesto de una doble condena. En efecto, según afirma, una persona puede ser condenada por un comportamiento ilegal sin ser sancionado.

218

Aun reconociendo que el artículo 50 de la Carta se refiere a una sentencia firme, la recurrente subraya que la sentencia de 9 de diciembre de 2014, Ferriere Nord/Comisión (T‑90/10, EU:T:2014:1035), a pesar de haber sido anulada por el Tribunal de Justicia, debe considerarse una resolución definitiva en cuanto al fondo. Considera, en efecto, que de las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en los asuntos Feralpi y otros/Comisión (C‑85/15 P, C‑86/16 P y C‑87/15 P, C‑88/15 P y C‑89/15 P, EU:C:2016:940), se desprende que debería haberse declarado la inadmisibilidad del recurso de casación contra dicha sentencia.

219

Señala que, en cualquier caso, no todas las sentencias de 2014 han sido objeto de recursos de casación. Por tanto, la apreciación de los hechos constitutivos de la práctica colusoria de que se trata, que eran comunes a todas las empresas afectadas, se convirtió en definitiva. La apreciación del Tribunal General según la cual las sentencias no producen efectos en las empresas que no eran partes en los litigios resueltos por dichas sentencias es, a juicio de la recurrente, demasiado formalista y no tiene en cuenta la verdadera esencia del principio non bis in idem.

220

Considera, por otra parte, que el tenor del artículo 50 de la Carta no debe interpretarse de manera demasiado literal. La recurrente señala, a este respecto, que, de la sentencia de 29 de junio de 2016, Kossowski (C‑486/14, EU:C:2016:483) se desprende que, en caso de archivo del asunto por una fiscalía que, no obstante, había examinado los hechos, el principio non bis in idem es aplicable a pesar de la inexistencia de resolución judicial de absolución.

221

La Comisión refuta la argumentación de la recurrente.

Apreciación del Tribunal de Justicia

222

El artículo 50 de la Carta establece que «nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley». En consecuencia, el principio non bis in idem prohíbe la acumulación tanto de procedimientos como de sanciones de carácter penal en el sentido de dicho artículo por los mismos hechos contra la misma persona (sentencia de 14 de septiembre de 2023, Volkswagen Group Italia y Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, EU:C:2023:663, apartado 44 y jurisprudencia citada).

223

Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el principio non bis in idem debe ser respetado en los procedimientos para la imposición de multas en el ámbito del Derecho de la competencia. Este principio prohíbe, en materia de competencia, que se condene o se inicie un nuevo procedimiento sancionador contra una empresa por un comportamiento contrario a la competencia a causa del cual ya ha sido sancionada o del que se la ha declarado no responsable mediante una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso (sentencia de 22 de marzo de 2022, Nordzucker y otros, C‑151/20, EU:C:2022:203, apartado 32 y jurisprudencia citada).

224

En el presente asunto, cabe señalar que, en la fecha de adopción de la Decisión controvertida, no existía ninguna decisión relativa a la práctica colusoria objeto de la Decisión controvertida que ya no fuera susceptible de recurso y que, por tanto, hubiera adquirido firmeza. En efecto, si bien es cierto que el Tribunal General se pronunció, en la sentencia de 9 de diciembre de 2014, Ferriere Nord/Comisión (T‑90/10, EU:T:2014:1035), en cuanto al fondo, sobre la cuestión de si la recurrente podía ser considerada responsable de dicha práctica colusoria, tal como se contempla en la Decisión de 2009, dicha sentencia, que fue objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, no adquirió firmeza y posteriormente fue anulada en su totalidad por el Tribunal de Justicia, al igual que la Decisión de 2009.

225

Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la reanudación del procedimiento y la adopción de la Decisión controvertida no son incompatibles con la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582).

226

En efecto, de esta última sentencia se desprende, como recordó el Tribunal General en el apartado 331 de la sentencia recurrida, que el principio non bis in idem solo prohíbe una nueva apreciación sobre el fondo de la existencia de la infracción, que tendría como consecuencia, o bien la imposición de una segunda sanción, añadida a la primera, en el supuesto de que se estimara de nuevo la existencia de responsabilidad, o bien de una primera sanción, en el supuesto de que una segunda decisión declarase dicha responsabilidad, después de que la primera la hubiera excluido (sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582, apartado 61). Pues bien, en el caso de autos no se da ninguna de esas dos situaciones.

227

Es cierto que el Tribunal de Justicia añadió, en el apartado 62 de dicha sentencia, que el principio non bis in idem no se opone en sí mismo a que se reinicie un procedimiento que tenga por objeto el mismo comportamiento contrario a la competencia, cuando una primera decisión ha sido anulada por motivos de forma sin que haya habido un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos imputados.

228

Sin embargo, al hacerlo, el Tribunal de Justicia no indicó que el principio non bis in idem se oponga a la adopción de una nueva decisión tras la anulación, en casación, de la sentencia por la que el Tribunal General se había pronunciado sobre el fondo de una primera decisión y la anulación esa primera decisión. En efecto, como se desprende del propio apartado 62 de dicha sentencia, el principio non bis in idem solo puede ser vulnerado si ya existe una resolución firme sobre el fondo del asunto. Pues bien, como se ha señalado en el apartado 224 de la presente sentencia, precisamente tal decisión firme no existía en el momento de la adopción de la Decisión controvertida.

229

La jurisprudencia citada en el apartado 227 de la presente sentencia confirma además que la reanudación de un procedimiento en materia de aplicación de las normas de competencia de la Unión, tras la anulación de una primera decisión que pone fin a dicho procedimiento, no da lugar a una acumulación de procedimientos.

230

De ello se deduce que el Tribunal General consideró acertadamente que la adopción de la Decisión controvertida no vulneraba el principio non bis in idem.

231

Es cierto que algunas de las sentencias de 2014, relativas a otras empresas, adquirieron carácter definitivo al no haber sido objeto de recurso de casación. Sin embargo, esas sentencias, aunque se refieren a la misma práctica colusoria por la que se tramitó el procedimiento contra la recurrente, no constituyen, por lo que respecta a esta última, una sentencia firme.

232

Del mismo modo, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la posibilidad de que una resolución adoptada por el Ministerio Fiscal pueda ser pertinente para la aplicación del principio non bis in idem no desvirtúa esta apreciación, ya que el Tribunal de Justicia ha precisado que, a efectos de la aplicación de dicho principio, tal resolución debe ser firme (sentencia de 29 de junio de 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, apartados 52 a 54).

233

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar el cuarto motivo por infundado.

Sexto motivo de casación

Alegaciones de las partes

234

Mediante su sexto motivo de casación, la recurrente sostiene, en esencia, que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en los apartados 535 a 551 de la sentencia recurrida, al no declarar que la vulneración del derecho de defensa resultaba del hecho de que la Comisión no había mencionado expresamente su intención de aplicar a la recurrente la circunstancia agravante de reincidencia en el pliego de cargos, en el pliego de cargos adicional o en otro acto del procedimiento reanudado en 2017, privándola así de la posibilidad de presentar observaciones sobre este punto durante el procedimiento administrativo.

235

Según la recurrente, en primer lugar, el Tribunal General no tuvo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la sentencia de 5 de marzo de 2015, Comisión y otros/Versalis y otros (C‑93/13 P y C‑123/13 P, EU:C:2015:150), ni la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 6 del CEDH. Considera, en segundo lugar, que el Tribunal General infringió las disposiciones pertinentes contenidas en los actos de derecho indicativo que la Comisión se impuso, a saber, los puntos 84, 86 y 109 de la Comunicación de 2011. En tercer lugar, el Tribunal General no tuvo en cuenta o desnaturalizó la transcripción de determinados pasajes de la grabación de la vista en el asunto que dio lugar a la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Ferriere Nord/Comisión (C‑88/15 P, EU:C:2017:716). En cuarto lugar, considera que los hechos mencionados en los apartados 547 y 548 de la sentencia recurrida, al igual que los mencionados en los apartados 543 a 546 de dicha sentencia, carecen de pertinencia, dado que el pliego de cargos y las Decisiones de 2002 y de 2009 no contenían motivación alguna sobre la reincidencia. Sostiene que, en cualquier caso, estos hechos deberían haberse actualizado debido a la duración excepcionalmente larga del procedimiento. La circunstancia mencionada en el apartado 549 de la sentencia recurrida carece, a su juicio, de pertinencia, ya que el contenido del escrito de 15 de diciembre de 2017 manifiestamente no se ajustaba a los criterios establecidos por la jurisprudencia.

236

La Comisión considera que este motivo de casación es inadmisible y, en cualquier caso, infundado.

Apreciación del Tribunal de Justicia

237

El Tribunal General expuso, en los apartados 538 a 542 de la sentencia recurrida, los criterios que permiten comprobar la existencia de una posible vulneración del derecho de defensa de la recurrente, por lo que se refiere a la consideración de la reincidencia en su contra.

238

En el apartado 538 de dicha sentencia, declaró, refiriéndose a la sentencia de 5 de marzo de 2015, Comisión y otros/Versalis y otros (C‑93/13 P y C‑123/13 P, EU:C:2015:150), que, cuando la Comisión pretende imputar a una persona jurídica una infracción del Derecho de la competencia y se propone tener en cuenta en su contra, en este contexto, la reincidencia como circunstancia agravante, el pliego de cargos que dirige a esa persona debe contener todos los elementos que le permitan defenderse, en particular los que puedan justificar que concurren los requisitos de la reincidencia en el caso de autos. En el apartado 539 de esa sentencia, recordó que, en este sentido, la Comisión se comprometió, en el punto 84 de su Comunicación de 2011, a mencionar en el pliego de cargos, «con la precisión suficiente», los hechos que pueden dar lugar a circunstancias agravantes, para añadir, en el apartado 540 de la misma sentencia que, según reiterada jurisprudencia, la reincidencia debe ser interpretada en el sentido de que constituye una circunstancia que puede revestir dicho carácter agravante.

239

En el apartado 541 de la sentencia recurrida, el Tribunal General precisó que la obligación descrita en los apartados 538 a 540 de esa sentencia deriva de la obligación de respetar el derecho de defensa, obligación que es objeto de un principio general según el cual, en todo procedimiento que pueda dar lugar a la imposición de sanciones, en particular multas sancionadoras o multas coercitivas, se debe ofrecer a las empresas y asociaciones de empresas afectadas, desde el procedimiento administrativo, la posibilidad de manifestar oportunamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos, imputaciones y circunstancias alegados contra ellas.

240

Por último, el Tribunal General consideró, en el apartado 542 de la sentencia recurrida, que para comprobar si se ha respetado el principio del derecho de defensa, el juez de la Unión debe tener en cuenta todas las circunstancias del asunto a efectos de garantizar que la intención de la Comisión de tomar en consideración una infracción o una circunstancia determinada era lo suficientemente previsible, para la empresa afectada, para que pueda considerarse que se había ofrecido a esta última la posibilidad de formular sus observaciones sobre el punto considerado.

241

Estas explicaciones del Tribunal General no han sido rebatidas por la recurrente.

242

En cambio, la recurrente sostiene, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que, en el presente asunto, el hecho de que la Comisión tuviera la intención de apreciar la reincidencia como circunstancia agravante en su contra era suficientemente previsible.

243

Para desestimar esta alegación, el Tribunal General se basó, por una parte, en el contenido del pliego de cargos, mencionado en los apartados 543 a 546 de la sentencia recurrida, y, por otra parte, en el escrito de la Comisión de 15 de diciembre de 2017 en el que se anunciaba la reanudación del procedimiento administrativo, mencionado en los apartados 547 a 549 de dicha sentencia.

244

Aunque la recurrente afirma que no solicita al Tribunal de Justicia que lleve a cabo una nueva apreciación de los hechos, su argumentación se centra casi exclusivamente en el contenido del pliego de cargos.

245

Pues bien, de los apartados 547 y 548 de la sentencia recurrida se desprende que la Comisión informó a la recurrente, en su escrito de 15 de diciembre de 2017 en el que anunciaba la reanudación del procedimiento administrativo, de que, en la decisión que tomaría al término del procedimiento, se basaría en las imputaciones resultantes del pliego de cargos, que había dado lugar a la adopción de las Decisiones de 2002 y de 2009 y que, en dichas decisiones, se había tenido en cuenta la reincidencia en el cálculo del importe de la multa de la recurrente como una circunstancia agravante.

246

En estas circunstancias, aun cuando el pliego de cargos no hubiera sido claro, el Tribunal General pudo considerar, en el apartado 550 de la sentencia recurrida, que la intención de la Comisión de considerar, en la Decisión controvertida, la reincidencia como circunstancia agravante frente a la recurrente era suficientemente previsible.

247

Por otra parte, la Comisión declaró la reincidencia de la recurrente sobre la base de una decisión anterior por la que se declaraba una infracción cometida por esta última, que había sido tenida en cuenta a los mismos efectos en las Decisiones de 2002 y de 2009. En estas circunstancias, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal General no estaba obligado a considerar que la Comisión debería haber actualizado los elementos a la luz de los cuales tomó en consideración la reincidencia.

248

La recurrente alega asimismo que determinados pasajes de la grabación de la vista en el asunto que dio lugar a la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Ferriere Nord/Comisión (C‑88/15 P, EU:C:2017:716), confirman la verosimilitud de las razones por las que no había presentado observaciones sobre la reincidencia tras la reanudación del procedimiento administrativo. Sin embargo, la recurrente no precisa las razones jurídicas por las que estos pasajes demuestran que podía considerar que la Comisión, tras la reanudación del procedimiento, no podía apreciar la circunstancia agravante de reincidencia sin informarla expresamente de ello previamente.

249

Por lo tanto, debe declararse la inadmisibilidad de la imputación basada en la falta de pronunciamiento o en la desnaturalización de dichos pasajes, habida cuenta de los requisitos recordados en el apartado 51 de la presente sentencia.

250

En consecuencia, procede desestimar el sexto motivo de casación, por ser en parte inadmisible y en parte infundado.

Séptimo motivo de casación

Sobre la primera parte

–

Alegaciones de las partes

251

Mediante la primera parte del séptimo motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al desestimar, en los apartados 565 a 579 de la sentencia recurrida, su imputación de que la toma en consideración de la reincidencia como circunstancia agravante es contraria al principio de proporcionalidad debido al plazo excesivamente largo del procedimiento.

252

Señala, en primer lugar, que el apartado 575 de la sentencia recurrida adolece de falta de motivación. Considera, en efecto, que mientras que la recurrente se refirió a la duración anormal del procedimiento en cuestión, el Tribunal General hizo referencia, en dicho apartado 575, al breve plazo transcurrido entre la infracción anterior y la infracción sancionada por la Decisión controvertida.

253

Sostiene, en segundo lugar, que el Tribunal General consideró que la Comisión podía apreciar la existencia de reincidencia debido a una infracción declarada más de treinta años antes de la adopción de la Decisión controvertida. Alega que, al actuar de este modo, el Tribunal General se basó en una interpretación manifiestamente desproporcionada del concepto de reincidencia. La recurrente considera que esta interpretación no puede justificarse por el objetivo de garantizar el efecto disuasorio de dicha Decisión, puesto que, desde el año 2000, no ha vuelto a ser culpable de comportamientos contrarios a la competencia. A su juicio, el Tribunal General no tuvo en cuenta el carácter disuasorio de los procedimientos judiciales y administrativos en los que estaba implicada la recurrente.

254

Alega que el Tribunal General tampoco tuvo en cuenta el hecho de que el objetivo de garantizar el efecto disuasorio se tuvo en cuenta tanto para sancionar la práctica colusoria de que se trata como para incrementar la multa por reincidencia, lo que —a su juicio— supone una duplicación contraria al principio de proporcionalidad.

255

Considera, además, que la apreciación del Tribunal General es difícilmente conciliable con el principio establecido en la sentencia de 17 de junio de 2010, Lafarge/Comisión (C‑413/08 P, EU:C:2010:346), apartados 70 y 73, según el cual el Derecho de la competencia de la Unión no autoriza a la Comisión a tener en cuenta una reincidencia sin limitación temporal. Por lo tanto, la toma en consideración, en concepto de reincidencia, de hechos que se remontan a más de treinta años antes de la adopción de la Decisión controvertida es manifiestamente desproporcionada y conduce en la práctica a la negación del principio establecido por el Tribunal de Justicia.

256

La Comisión sostiene que esta argumentación es inadmisible y, en cualquier caso, carece manifiestamente de fundamento.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

257

Mediante esta parte, la recurrente reprocha al Tribunal General una falta de motivación y un error de Derecho en la interpretación del principio de proporcionalidad. Así pues, contrariamente a lo que alega la Comisión, dicha parte del motivo de casación debe considerarse admisible.

258

Sin embargo, la alegación de la recurrente carece de fundamento.

259

En primer lugar, por lo que respecta a la motivación del apartado 575 de la sentencia recurrida, de dicho apartado se desprende que, para examinar si la Comisión podía imputar fundadamente la reincidencia de la recurrente, el Tribunal General consideró que el tiempo transcurrido entre la infracción anteriormente cometida por esta empresa y la infracción sancionada por la Decisión controvertida era breve. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal General no ignoró que la imputación que se le había formulado no se refería a dicho plazo, sino al que había transcurrido entre la infracción anterior y la fecha de adopción de la Decisión controvertida. En efecto, no solo el Tribunal General resumió esta imputación en el apartado 566 de esa sentencia, sino que también declaró, en el apartado 575 de dicha sentencia, que la Comisión estaba facultada para considerar la reincidencia como circunstancia agravante respecto de la recurrente «aun cuando la investigación hubiese durado cierto tiempo, como consecuencia de las incertidumbres judiciales que ha conocido». De estos elementos se desprende que las alegaciones de la recurrente relativas a la falta de motivación y a la falta de pronunciamiento se basan en una interpretación errónea de la sentencia recurrida.

260

En segundo lugar, por lo que respecta a la imputación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, este principio exige que los actos de las instituciones de la Unión sean idóneos para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate y no sobrepasen los límites de lo que es necesario para alcanzar tales objetivos (sentencia de 9 de diciembre de 2020, Groupe Canal +/Comisión, C‑132/19 P, EU:C:2020:1007, apartado 104 y jurisprudencia citada).

261

Por lo que respecta al incremento de la multa por reincidencia, es preciso recordar que tal incremento responde al imperativo de castigar las infracciones repetidas de las normas de competencia por parte de una misma empresa (sentencia de 17 de junio de 2010, Lafarge/Comisión, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, apartado 61).

262

A este respecto, procede señalar que la recurrente no impugna la apreciación del Tribunal General, recogida en el apartado 553 de la sentencia recurrida, según la cual, desde el punto de vista disuasorio, la reincidencia es una circunstancia que justifica, según la jurisprudencia, un aumento considerable del importe de base de la multa ya que, en efecto, constituye la prueba de que la sanción anteriormente impuesta no ha sido suficientemente disuasoria.

263

La recurrente tampoco impugna la desestimación, en los apartados 557 y 564 de la sentencia recurrida, de su imputación mediante la que había alegado que el tiempo transcurrido entre la infracción cometida anteriormente y la infracción objeto de la Decisión controvertida era demasiado largo para que pudiera imputársele la reincidencia.

264

En efecto, la recurrente se limita a alegar que, dado que el objetivo de tomar en consideración la reincidencia es disuadir a una empresa de cometer nuevas infracciones del Derecho de la competencia, el principio de proporcionalidad ha sido vulnerado en el caso de autos, puesto que, por una parte, desde el año 2000 no ha vuelto a incurrir en tales comportamientos y, por otra parte, los procedimientos administrativos y judiciales que ya han tenido lugar en relación con la práctica colusoria objeto de la Decisión controvertida habían producido inevitablemente un efecto disuasorio.

265

Pues bien, procede recordar que, en el apartado 577 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que no podía excluirse que la amenaza de sanción que pesaba sobre la recurrente durante toda la investigación y la imposición, en dos ocasiones, de una sanción, hubieran podido tener cierto efecto disuasorio. No obstante, el Tribunal General consideró, sin incurrir en error de Derecho, que «[es] la sanción, es decir, el hecho de pagar la multa impuesta por la Comisión con el recargo por causa de reincidencia, lo que disuade efectivamente a una empresa de infringir las normas sobre competencia».

266

En cualquier caso, la recurrente no ha demostrado que el mero hecho de que haya transcurrido un período considerable entre las infracciones apreciadas para tener en cuenta la reincidencia y la adopción por la Comisión de la Decisión controvertida tenga como consecuencia que dicha toma en consideración sea desproporcionada.

267

Las demás alegaciones de la recurrente no ponen en entredicho esa conclusión.

268

En primer lugar, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión podía legítimamente considerar, por una parte, que la adopción de una nueva decisión por la que se declaraba la participación de la recurrente en la práctica colusoria estaba justificada, entre otras razones, por la finalidad de disuadirla de cometer tales infracciones en el futuro y, por otra parte, que era necesario reforzar ese efecto disuasorio apreciando la reincidencia de la recurrente. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el hecho de haber tenido en cuenta la reincidencia, tanto para decidir sobre la necesidad de adoptar una nueva decisión por la que se declara su participación en una infracción como para calcular el importe de la multa que se le impuso, no constituye una «duplicación» contraria al principio de proporcionalidad.

269

En segundo lugar, es cierto que el principio de proporcionalidad exige que se tenga en cuenta el tiempo transcurrido entre la infracción de que se trata y un incumplimiento anterior de las normas sobre la competencia para apreciar la tendencia de la empresa a infringir esas normas (sentencia de 17 de junio de 2010, Lafarge/Comisión, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, apartados 70 y 73). Sin embargo, este no es el plazo al que se refiere la recurrente en apoyo de su imputación basada en la violación del principio de proporcionalidad.

270

De lo anterior se deduce que debe desestimarse, por infundada, la primera parte del séptimo motivo de casación.

Sobre la segunda parte

–

Alegaciones de las partes

271

Mediante la segunda parte del séptimo motivo de casación, la recurrente sostiene, en primer lugar, que los apartados 580 a 595 de la sentencia recurrida adolecen de falta de motivación. Expone que alegó, en primera instancia, que el incremento de la multa por reincidencia era desproporcionado habida cuenta, por una parte, del transcurso de un lapso de tiempo excepcionalmente largo y, por otra parte, del carácter «menor» de la reincidencia. A su juicio, el Tribunal General solo examinó la segunda de estas alegaciones.

272

Considera, en segundo lugar, que el incremento del 50 % de la multa por reincidencia es manifiestamente desproporcionado, dado que la Decisión controvertida fue adoptada más de treinta años después de la Decisión por la que se declaraba la infracción anterior. A este respecto, el Tribunal General debería haber advertido el carácter contradictorio de la Decisión controvertida. Señala, en efecto, que la Comisión redujo en un 50 % el importe de base de la multa, habida cuenta de la duración del procedimiento, pero no tuvo en cuenta esta duración del procedimiento a efectos de aplicar el incremento por reincidencia. Por razones de coherencia, y debido al factor tiempo, la Comisión debería haber reducido también, por lo menos a la mitad, el porcentaje de incremento del 50 % por reincidencia. Considera, además, que, por su propia naturaleza, dicho incremento no puede superar el importe de la multa. Sin embargo, a su juicio, en el caso de autos, el importe de dicho incremento equivale aproximadamente al doble del importe de la multa que se habría impuesto a la recurrente si no se hubiera apreciado esta circunstancia agravante.

273

La Comisión sostiene que la recurrente se limita a repetir las alegaciones que había formulado ante el Tribunal General y pretende así obtener del Tribunal de Justicia un nuevo examen de su recurso en primera instancia. Considera, por ello, que la alegación de la recurrente es inadmisible y, en cualquier caso, infundada.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

274

Mediante la segunda parte del séptimo motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General incumplió su obligación de motivar sus sentencias e incurrió en un error de interpretación del principio de proporcionalidad. Así pues, contrariamente a lo que alega la Comisión, esta parte del motivo debe considerarse admisible.

275

Sin embargo, la alegación de la recurrente carece de fundamento.

276

En primer lugar, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber respondido a su alegación de que el incremento que le impuso la Comisión en concepto de reincidencia era desproporcionado, habida cuenta de la duración del procedimiento. A este respecto, procede señalar que, en los apartados 565 a 579 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la alegación de la recurrente de que aplicarle la agravante de reincidencia no era compatible con el principio de proporcionalidad. Por consiguiente, el Tribunal General ya no estaba obligado a responder a la alegación de la recurrente de que este principio se oponía también al incremento de la multa por reincidencia.

277

En segundo lugar, la recurrente no ha demostrado que el Tribunal General incurriera en error de Derecho cuando declaró que la Comisión, al fijar el porcentaje del incremento por reincidencia en el 50 % del importe de base de la multa, no había vulnerado el principio de proporcionalidad.

278

Procede añadir que el hecho de que, en la Decisión controvertida, la Comisión redujera en un 50 % el importe de base de la multa, habida cuenta de la duración del procedimiento, aplicando al mismo tiempo un porcentaje de incremento de la multa por reincidencia, no revela contradicción alguna, ya que estos dos elementos son independientes entre sí.

279

Por último, la recurrente, al afirmar que un incremento de la multa por reincidencia no puede superar el importe de la multa, no expone ninguna norma jurídica en apoyo de esta afirmación, y realiza un cálculo que no solo resulta incorrecto, sino que se basa también en una situación hipotética.

280

Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la segunda parte del séptimo motivo y, en consecuencia, este motivo en su totalidad, por ser infundado.

Octavo motivo de casación

Alegaciones de las partes

281

El octavo motivo de casación consta de dos partes.

282

Mediante la primera parte de este motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 611 a 628 de la sentencia recurrida, que la Comisión no vulneró el principio de igualdad de trato al aplicarle una reducción del importe de la multa proporcionalmente inferior a la concedida a Riva.

283

Según la recurrente, de la Decisión controvertida se desprende que Riva, que participó en la práctica colusoria objeto de dicha Decisión durante un total de diez años y seis meses, se benefició de una reducción del 3 % del importe de la multa debido a la interrupción de su participación, durante un año, en la parte de dicha práctica colusoria relativa a la limitación y al control de la producción o de las ventas. En cambio, la recurrente, que participó en la práctica colusoria durante siete años, se benefició de una reducción del 6 % por los tres años en los que no participó en esta parte de la práctica colusoria, es decir, una reducción de solo un 2 % por cada uno de esos años.

284

Mediante la segunda parte del octavo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no declarar la extemporaneidad de las razones aducidas por la Comisión para justificar su decisión de aplicar reducciones de la multa diferentes a comportamientos idénticos.

285

La Comisión considera que esta alegación es inadmisible. A su juicio, la recurrente se limita, en esencia, a repetir las alegaciones formuladas en primera instancia. Intenta así obtener del Tribunal de Justicia un nuevo examen de la demanda presentada en primera instancia. Considera, en cualquier caso, que la argumentación de la recurrente es manifiestamente infundada.

Apreciación del Tribunal de Justicia

286

Contrariamente a lo que alega la Comisión, las dos partes del octavo motivo de casación, en la medida en que se refieren a errores de Derecho supuestamente cometidos por el Tribunal General, son admisibles.

287

Por lo que respecta a la primera parte, procede recordar que el principio de igualdad de trato, consagrado en el artículo 20 de la Carta, exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (sentencia de 18 de abril de 2024, Dumitrescu y otros/Comisión y Tribunal de Justicia, C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, apartados 65 y 67 y jurisprudencia citada).

288

En el caso de autos, de la sentencia recurrida se desprende que, en la Decisión controvertida, la Comisión declaró, por una parte, que tanto la recurrente como Riva habían participado en la práctica colusoria objeto de dicha Decisión y, por otra parte, que esas dos empresas no habían participado en una determinada parte de dicha práctica colusoria, la recurrente durante tres años y Riva durante un año.

289

Como recordó el Tribunal General en el apartado 613 de la sentencia recurrida, es inherente a las facultades de la Comisión en esta materia un tratamiento diferenciado entre las empresas implicadas para calcular las multas que deben imponerse a las empresas que han participado en un cártel. En efecto, dentro de su margen de apreciación, la Comisión tiene que concretar la sanción según los comportamientos y las características propias de esas empresas, con objeto de garantizar, en cada caso concreto, la plena eficacia de las normas de la Unión sobre la Competencia (sentencia de 13 de junio de 2013, Versalis/Comisión, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, apartado 104 y la jurisprudencia citada).

290

De los apartados 615 a 617 de la sentencia recurrida se desprende que la Comisión justificó la diferencia entre los respectivos porcentajes de reducción por la necesidad de ponderar la reducción concedida por no haber participado en una parte de la práctica colusoria en función de la duración de la participación global de cada una de las empresas en el conjunto de la práctica colusoria. La participación de la recurrente y de Riva en la totalidad de la práctica colusoria fue un factor importante que debía tenerse en cuenta para apreciar la circunstancia atenuante de que se trata. Pues bien, se señala que, como la participación global en la práctica colusoria era más larga para Riva, el efecto de su falta de participación en este aspecto de la práctica colusoria fue más importante.

291

Más concretamente, el Tribunal General señaló, en el apartado 622 de la sentencia recurrida, que, para determinar la reducción que debía concederse a Riva, la Comisión había tenido en cuenta la gravedad relativa de la participación de esas dos empresas en la infracción, conforme a la exigencia de individualización de las multas recordada en el apartado 289 de la presente sentencia. Así, había considerado que, dado que la participación global de Riva en la práctica colusoria era más larga que la de la recurrente, era necesariamente más grave, y que el efecto de su falta de participación en una determinada parte de la práctica colusoria era tanto más importante.

292

Al declarar, en el apartado 323 de la sentencia recurrida, que este enfoque era conforme con el principio de igualdad de trato, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.

293

En efecto, consta que la Comisión concedió a la recurrente una reducción del 2 % anual por lo que respecta al período en el que no participó en la parte de la práctica colusoria de que se trata, mientras que, para Riva, la reducción fue del 3 %.

294

Es cierto que, a falta de otros factores que permitan diferenciar la participación de estas dos empresas en esa práctica colusoria, el hecho de que Riva participara en dicha práctica colusoria durante diez años y seis meses significaba que dicha participación tuvo un efecto sobre la competencia más grave que la de la recurrente, que solo participó en ella durante siete años. Sin embargo, esta apreciación no puede extenderse a los períodos durante los cuales las empresas no participaron en una determinada parte de dicha práctica colusoria, ya que su no participación en ese aspecto tenía, en principio, el mismo efecto sobre la competencia.

295

Es ciertamente posible ponderar la reducción concedida por no haber participado en un aspecto de la práctica colusoria en función de la duración total de la participación de cada una de las empresas en dicha práctica colusoria. Sin embargo, en el caso de autos, la recurrente, durante tres años, período que representa casi la mitad de su participación en dicha práctica colusoria, no participó en esa parte, mientras que Riva, durante los diez años y seis meses en los que participó en la misma práctica colusoria, solo había dejado de participar en dicha parte durante un año.

296

En esas circunstancias, debe señalarse que la Comisión trató situaciones comparables de manera diferente, sin aportar una justificación válida para esta diferencia de trato.

297

De lo anterior se deduce que debe estimarse la primera parte del octavo motivo de casación. Por consiguiente, procede anular la sentencia recurrida, sin que sea necesario pronunciarse sobre la segunda parte de este motivo de casación.

Sobre el recurso ante el Tribunal General

298

De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.

299

En el caso de autos procede que el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio, cuyo estado así lo permite.

300

De los apartados 286 a 297 de la presente sentencia se desprende que la Decisión controvertida no es compatible con el principio de igualdad de trato, en la medida en que concedió a la recurrente una reducción del 2 % anual del importe de la multa, por un período durante el cual esta no participó en una parte de la práctica colusoria de que se trata, pese a que concedió, por las mismas consideraciones, una reducción del 3 % a Riva. Puesto que el Tribunal de Justicia ha declarado la ilegalidad de la Decisión controvertida, este puede, en el marco del ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia y, en consecuencia, suprimir, reducir o aumentar la multa. Esta competencia debe ejercerse teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho (sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, apartado 78 y jurisprudencia citada). En el caso de autos, el Tribunal de Justicia considera, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, que el porcentaje de reducción del importe de la multa del 3 % anual debería aplicarse también a la recurrente.

301

De ello se deduce que el importe de la multa impuesta a la recurrente en la Decisión controvertida se fija en 2 165 000 euros.

Costas

302

Con arreglo al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.

303

A tenor del artículo 138, apartado 3, del referido Reglamento, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas.

304

Al haber sido estimadas parcialmente las pretensiones de la recurrente y de la Comisión, respectivamente, estas cargarán con sus propias costas correspondientes al procedimiento de primera instancia y al recurso de casación.

1)

Anular el punto 1 de la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal General de 9 de noviembre de 2022, Ferriere Nord/Comisión (T‑667/19, EU:T:2022:692) en la medida en que desestimó las imputaciones del noveno motivo de la demanda en primera instancia de Ferriere Nord Spa basadas en la vulneración del principio de igualdad de trato.

2)

Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

3)

Anular el artículo 2, apartado 3, de la Decisión C (2019) 4969 final de la Comisión, de 4 de julio de 2019, relativa a una infracción del artículo 65 del Tratado CECA (asunto AT.37956 — Redondos para hormigón).

4)

Fijar en 2 165 000 euros el importe de la multa impuesta a Ferriere Nord en el artículo 2, apartado 3, de la Decisión C(2019) 4969 final.

5)

Ferriere Nord y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas relativas al procedimiento de primera instancia y al recurso de casación.