1

Mediante su recurso de casación, las recurrentes solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 12 de julio de 2023, Cunsorziu di i Salamaghji Corsi — Consortium des Charcutiers Corses y otros/Comisión (T‑34/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:386), por la que este desestimó su recurso de anulación de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1879 de la Comisión, de 26 de octubre de 2021, por la que se deniegan tres solicitudes de protección de un nombre como indicación geográfica con arreglo al artículo 52, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [«Jambon sec de l’Île de Beauté» (IGP), «Lonzo de l’Île de Beauté» (IGP), «Coppa de l’Île de Beauté» (IGP)] (DO 2021, L 383, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).

2

Los considerandos 19, 58 y 61 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO 2012, L 343, p. 1), están redactados en los siguientes términos:

[…]

[…]

3

El título II del Reglamento n.o 1151/2012, titulado «Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas», contiene el artículo 6, titulado «Carácter genérico y conflictos con nombres de variedades vegetales y razas animales, con homónimos y con marcas», que establece, en su apartado 3, párrafo primero:

«Todo nombre propuesto para su registro que sea total o parcialmente homónimo de otro nombre que ya esté inscrito en el registro establecido en virtud del artículo 11 no podrá registrarse a menos que en la práctica puedan distinguirse suficientemente las condiciones de uso tradicional y local y la presentación del homónimo registrado en segundo lugar y del que ya esté inscrito en el registro, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores involucrados y de no inducir a error a los consumidores.»

4

El artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento, titulado «Pliego de condiciones», establece:

«Las denominaciones de origen protegidas o las indicaciones geográficas protegidas deberán cumplir lo dispuesto en un pliego de condiciones que contenga como mínimo lo siguiente:

[…]».

5

El artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento establece, en particular, que la solicitud de registro de una indicación geográfica contendrá como mínimo el pliego de condiciones del producto que se regula en el artículo 7.

6

Con arreglo al artículo 11, apartado 1, de ese mismo Reglamento:

«La Comisión adoptará actos de ejecución […] por los que se establezca y mantenga actualizado un registro accesible al público de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas que se reconozcan en el marco del presente régimen.»

7

El artículo 13 del Reglamento n.o 1151/2012, titulado «Protección», establece lo siguiente:

«1.   Los nombres registrados estarán protegidos contra:

[…]

[…]

3.   Los Estados miembros adoptarán las medidas administrativas y judiciales pertinentes para, en aplicación del apartado 1, prevenir o detener cualquier uso ilegal de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas, producidas o comercializadas en el Estado miembro de que se trate.

Con tal fin, los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para adoptar dichas medidas, de conformidad con los procedimientos establecidos por cada Estado miembro.

Dichas autoridades deberán ofrecer las adecuadas garantías de objetividad e imparcialidad, y disponer del personal cualificado y de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones.»

8

El artículo 49 de este Reglamento, titulado «Solicitud de registro de nombres», precisa:

«[…]

2.   Las solicitudes correspondientes al régimen del título II que atañan a una zona geográfica de un Estado miembro y las correspondientes al régimen del título III que hayan sido elaboradas por una agrupación establecida en un Estado miembro se dirigirán a las autoridades de ese Estado miembro.

El Estado miembro examinará las solicitudes que reciba con los medios adecuados para comprobar que estén justificadas y cumplan las condiciones del régimen al que correspondan.

3.   Como parte del examen mencionado en el apartado 2, párrafo segundo, del presente artículo[,] el Estado miembro iniciará un procedimiento nacional de oposición que garantice una publicación adecuada de la solicitud y establezca un plazo razonable durante el cual cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en su territorio podrá declarar su oposición a la solicitud.

[…]

4.   En caso de que, tras evaluar las declaraciones de oposición recibidas, considere que se cumplen los requisitos del presente Reglamento, el Estado miembro podrá adoptar una decisión favorable y presentar a la Comisión un expediente de solicitud. En tal caso, informará a la Comisión de las oposiciones admisibles recibidas de personas físicas o jurídicas que hayan comercializado legalmente el producto en cuestión utilizando de forma continua los nombres correspondientes durante al menos los cinco años anteriores a la fecha de publicación a que se refiere el apartado 3.

[…]»

9

El artículo 50 de dicho Reglamento, titulado «Examen por la Comisión y publicación a efectos de oposición», preceptúa:

«1.   La Comisión someterá al debido examen toda solicitud que reciba con arreglo al artículo 49 para comprobar que esté justificada y cumpla las condiciones del régimen al que corresponda. Este examen no deberá prolongarse más de seis meses. En caso de rebasarse este plazo, la Comisión indicará por escrito al solicitante los motivos de la demora.

[…]

2.   Cuando, sobre la base del examen realizado en virtud del párrafo primero del apartado 1, la Comisión considere que se cumplen las condiciones establecidas en el presente Reglamento, publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea:

[…]».

10

El artículo 52 del mismo Reglamento, con el epígrafe «Decisión de registro», establece en su apartado 1:

«Cuando, atendiendo a la información de la que disponga a raíz del examen realizado en virtud del artículo 50, apartado 1, párrafo primero, la Comisión considere que no se cumplen las condiciones de registro necesarias, adoptará actos de ejecución por los que se deniegue la solicitud. […]»

11

Los antecedentes del litigio aparecen resumidos en los apartados 4 a 10 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:

12

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 24 de enero de 2022, las recurrentes interpusieron un recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que solicitaban la anulación de la Decisión controvertida.

13

En apoyo de su recurso, las recurrentes invocaban dos motivos, basados, por una parte, en que la Comisión se extralimitó en sus competencias y, por otra, en que las autoridades nacionales y el Conseil d’État (Consejo de Estado) habían demostrado suficientemente la conformidad con los artículos 7 y 13 del Reglamento n.o 1151/2012 de las tres solicitudes de registro denegadas por la Decisión controvertida.

14

En primer lugar, tras exponer, de entrada, en los apartados 21 a 24 de la sentencia recurrida, los principios que subyacen al régimen de protección de las DOP y de las IGP establecido por el Reglamento n.o 1151/2012, el Tribunal General recordó, en el apartado 38 de dicha sentencia, que corresponde a la Comisión, en virtud del artículo 52, apartado 1, de dicho Reglamento, denegar el registro si considera ilícito el uso en el comercio del nombre candidato al registro.

15

A continuación, en los apartados 42 a 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que la Comisión disponía de un margen de apreciación autónomo en el marco del examen de las solicitudes de registro. El Tribunal General declaró, en el apartado 49 de dicha sentencia, que la Comisión había procedido efectivamente a un examen en profundidad de las solicitudes de registro.

16

Por último, por los motivos expuestos en los apartados 51 a 60 de dicha sentencia, el Tribunal General desestimó las alegaciones mediante las cuales las recurrentes sostenían que la Comisión solo dispone de un margen de apreciación limitado, o incluso inexistente, al examinar una solicitud de registro de un nombre como DOP o IGP.

17

En segundo lugar, tras desestimar las alegaciones de las recurrentes dirigidas a demostrar que la Comisión estaba vinculada por las apreciaciones de las autoridades nacionales sobre el riesgo de evocación inducido por los nombres candidatos al registro, el Tribunal General examinó, en los apartados 78 a 108 de la sentencia recurrida, los elementos en que se basó la Comisión para denegar las solicitudes de que se trata. De ello dedujo que la Comisión no había incurrido en error de apreciación a este respecto.

18

En consecuencia, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad.

19

Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

20

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

21

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de enero de 2024, las recurrentes solicitaron que el presente asunto se atribuyera a una Sala ampliada del Tribunal de Justicia, o incluso a la Gran Sala.

22

A este respecto, procede señalar de entrada que ninguna disposición del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia prevé la tramitación de una petición de este tipo, formulada por una parte en el procedimiento que no sea un Estado miembro o una institución de la Unión, en el marco de un recurso de casación (véase, en ese sentido, la sentencia de 17 de julio de 2014, Leone, C‑173/13, EU:C:2014:2090, apartado 19).

23

En virtud del artículo 60, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, la formación del Tribunal de Justicia a la que se haya atribuido un asunto podrá, en cualquier momento del procedimiento, solicitar al Tribunal de Justicia que atribuya dicho asunto a una formación más importante, pero se trata aquí de una medida que la Sala a la que se hubiera atribuido el asunto adopta, en principio, de oficio y libremente (véase, en ese sentido, la sentencia de 17 de julio de 2014, Leone, C‑173/13, EU:C:2014:2090, apartado 20).

24

En el caso de autos, la Sala Primera del Tribunal de Justicia considera que no procede solicitar la remisión del presente asunto a la Gran Sala.

25

En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan cuatro motivos. El primer motivo de casación se basa en la infracción de los artículos 7 y 13 del Reglamento n.o 1151/2012, en la medida en que el Tribunal General permitió a la Comisión denegar una solicitud de registro sobre la base del artículo 13 de dicho Reglamento. El segundo motivo se basa en la infracción de los artículos 49, 50 y 52 de dicho Reglamento, en la medida en que el Tribunal General autorizó a la Comisión a rebasar sus competencias. El tercer motivo se basa en la infracción del artículo 50 de dicho Reglamento y en la vulneración del principio general de buena administración, en la medida en que el Tribunal General declaró que la Comisión no estaba obligada a tener en cuenta las apreciaciones de las autoridades y de los órganos jurisdiccionales nacionales. El cuarto motivo se basa en la infracción de los artículos 7 y 13 del Reglamento n.o 1151/2012 y en el incumplimiento de la obligación del Tribunal General de motivar sus sentencias.

26

Dado que, mediante su segundo motivo, las recurrentes alegan que el Tribunal General infringió las reglas de reparto de competencias entre las autoridades nacionales, por una parte, y la Comisión, por otra, en el marco del examen de las solicitudes de registro de nombres como IGP, procede examinar de entrada este motivo antes de pronunciarse sobre los motivos primero, tercero y cuarto, relativos a la aplicación de los requisitos exigidos para tal registro.

27

Mediante su segundo motivo, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había sobrepasado los límites de su competencia en virtud del Reglamento n.o 1151/2012. Según las recurrentes, habida cuenta de las reglas de reparto de competencias entre esta institución y las autoridades nacionales, establecidas en los artículos 49, apartado 2, y 50, apartado 1, de dicho Reglamento, la competencia de la Comisión se limita, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en los apartados 50 a 61 de la sentencia recurrida, a comprobar que las autoridades nacionales le hayan transmitido expedientes completos sin incurrir en errores manifiestos de apreciación de los requisitos de admisibilidad de los nombres objeto de dichas solicitudes. Sin embargo, en opinión de las recurrentes, la Decisión controvertida no se basa en tales fundamentos.

28

En cualquier caso, según su parecer, no corresponde a la Comisión sustituir la apreciación de las autoridades nacionales por la suya propia, máxime cuando el motivo de denegación invocado por dicha institución ya ha sido desestimado por un órgano jurisdiccional nacional en virtud de una resolución que ha adquirido fuerza de cosa juzgada.

29

La Comisión rebate estas alegaciones.

30

En primer lugar, en virtud del tenor del artículo 49, apartado 2, del Reglamento n.o 1151/2012, cuando una solicitud de registro de un nombre como IGP ataña a una zona geográfica de un Estado miembro, se dirigirá a las autoridades de ese Estado miembro, que la examinará con «medios adecuados» para comprobar que está justificada y cumple los requisitos de registro establecidos en dicho Reglamento. De conformidad con el artículo 49, apartado 3, del mismo Reglamento, dicho Estado miembro deberá iniciar un procedimiento nacional de oposición que garantice una publicidad adecuada de la solicitud y establezca un plazo razonable durante el cual cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en su territorio podrá declarar su oposición a la solicitud.

31

Tras examinar la admisibilidad de las declaraciones de oposición recibidas, si el Estado miembro considera que la solicitud cumple los requisitos del Reglamento n.o 1151/2012, podrá, en virtud del artículo 49, apartado 4, de dicho Reglamento, adoptar una decisión favorable, garantizando que se publique dicha decisión y que cualquier persona legítimamente interesada disponga de la oportunidad de interponer recurso. Al término de esta fase nacional, dicho Estado miembro presentará un expediente de solicitud a la Comisión, a la que informará de las oposiciones admisibles.

32

En virtud del artículo 50, apartado 1, del Reglamento n.o 1151/2012, la Comisión someterá al «debido examen» toda solicitud que reciba con arreglo al artículo 49 del mismo Reglamento para comprobar que esté justificada y cumpla los requisitos de registro del nombre solicitado.

33

De ello se deduce que las disposiciones del Reglamento n.o 1151/2012 establecen un sistema de reparto de competencias, en el marco del cual la Comisión solo puede adoptar la decisión de registrar un nombre como DOP o como IGP si las autoridades del Estado miembro de que se trate le han presentado una solicitud a tal efecto, previa comprobación de que está justificada y cumple los requisitos de registro establecidos en dicho Reglamento (véase, por analogía, la sentencia de 6 de diciembre de 2001, Carl Kühne y otros, C‑269/99, EU:C:2001:659, apartado 53). Desde esta perspectiva, el Tribunal de Justicia señaló, en el apartado 36 de la sentencia de 29 de enero de 2020, GAEC Jeanningros (C‑785/18, EU:C:2020:46), que la decisión de registro de la Comisión está condicionada por la decisión previa adoptada por las autoridades nacionales competentes sobre la solicitud de registro.

34

Además, si bien el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Comisión puede basar su apreciación en la previamente realizada por las autoridades nacionales cuando esta no adolece de error manifiesto (véanse, por analogía, las sentencias de 6 de diciembre de 2001, Carl Kühne y otros, C‑269/99, EU:C:2001:659, apartado 60, y de 2 de julio de 2009, Bavaria y Bavaria Italia, C‑343/07, EU:C:2009:415, apartados 90, 93 y 99), no ha declarado que esta institución esté vinculada por la apreciación de dichas autoridades en lo que respecta, en particular, a la compatibilidad del nombre en cuestión con el Derecho de la Unión.

35

A este respecto, en el marco de este reparto de competencias, procede señalar, por una parte, que del artículo 49, apartado 2, del Reglamento n.o 1151/2012 y del artículo 50, apartado 1, de dicho Reglamento se desprende que las solicitudes de registro deben ser objeto del «debido examen», tanto por las autoridades nacionales como por la Comisión. Como señaló el Tribunal General en el apartado 43 de la sentencia recurrida en relación con el artículo 50, apartado 1, de dicho Reglamento, esta disposición no define el concepto de «debido examen», sino que deja a la Comisión la tarea de apreciar la naturaleza y el alcance de dicho examen, de modo que las recurrentes no pueden alegar que el examen efectuado por las autoridades nacionales con arreglo al artículo 49, apartado 2, del mismo Reglamento sea vinculante para la Comisión.

36

Por otra parte, el artículo 50, apartado 1, del Reglamento n.o 1151/2012 indica que la Comisión comprobará si las solicitudes de registro están justificadas y cumplen los requisitos de dicho Reglamento.

37

Ahora bien, de esta disposición no se desprende en modo alguno que el examen de los requisitos de registro por la Comisión esté limitado, en modo alguno, por el examen inicial llevado a cabo por las autoridades nacionales.

38

Por tanto, el Tribunal General declaró acertadamente, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que la Comisión no está vinculada por la apreciación de las autoridades nacionales y que dispone, por lo que respecta a su decisión de registrar un nombre como IGP, de un margen de apreciación autónomo. En efecto, como se desprende del apartado 59 de dicha sentencia, el margen de apreciación de esta institución solo es «limitado o incluso inexistente» por lo que respecta a la apreciación de la legalidad de los documentos constitutivos del expediente de la solicitud de registro reunidos por las autoridades nacionales (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2020, GAEC Jeanningros, C‑785/18, EU:C:2020:46, apartados 25, 26 y 36).

39

En segundo lugar, esta facultad autónoma de apreciación de la Comisión se ve corroborada, por una parte, por la lectura del considerando 19 del Reglamento n.o 1151/2012, que establece que la garantía del respeto uniforme en toda la Unión de los derechos de propiedad intelectual sobre los nombres que se protejan en ella constituye un objetivo prioritario que puede alcanzarse con más efectividad a escala de la Unión. En efecto, como señala el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, la Comisión dispone, en el marco de la consecución de este objetivo, de la facultad de garantizar la aplicación uniforme de las condiciones de registro, de modo que, a falta de una facultad autónoma de apreciación a este respecto, dicha institución no podría impedir que tales condiciones de registro recibieran una aplicación diferenciada en los Estados miembros.

40

Por otra parte, el considerando 58 del Reglamento n.o 1151/2012 precisa que las solicitudes deben ser examinadas por las autoridades nacionales y cumplir unas disposiciones mínimas comunes, incluida la sujeción a un procedimiento nacional de oposición. Según ese mismo considerando, la Comisión, por su parte, «debe examinarlas posteriormente para garantizar que no contengan errores manifiestos y que en ellas se hayan tenido en cuenta las disposiciones del Derecho de la Unión y los intereses de las partes implicadas que no pertenezcan al Estado miembro de la solicitud».

41

Sin embargo, si el examen de las solicitudes de registro por la Comisión debiera limitarse, como alegan las recurrentes, a la comprobación de la exhaustividad de los expedientes y de la inexistencia de errores manifiestos, dicha institución no podría proceder al examen en profundidad previsto en el considerando 58 del Reglamento n.o 1151/2012. En el marco de este examen, no puede impedirse a la Comisión que verifique la conformidad de la solicitud con las condiciones de registro establecidas por el citado Reglamento, como exige el artículo 50, apartado 1, de dicho Reglamento. Ello se ve corroborado por la importancia que los términos de dicho considerando conceden al cumplimiento, tanto en la solicitud de registro como por parte de las autoridades nacionales, de los requisitos mínimos comunes que resultan, en particular, de dicho Reglamento.

42

Además, procede señalar que, en virtud del considerando 61 del citado Reglamento, la Comisión debe ser responsable de la toma de decisiones relativas al registro. Sin embargo, esta institución solo puede asumir la responsabilidad final de la toma de decisiones relativas al registro si dispone de una facultad de apreciación autónoma, sin estar vinculada por el resultado del examen previo de las condiciones de registro por parte de las autoridades nacionales.

43

Por lo tanto, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que la Comisión no sobrepasó los límites de su competencia cuando comprobó, con arreglo al artículo 50 del Reglamento n.o 1151/2012, si se cumplían las condiciones de registro de un nombre.

44

Además, consideró acertadamente, en los apartados 63 y 64 de la sentencia recurrida, que, dado que la Comisión dispone de una facultad autónoma de apreciación, no puede invocarse una resolución de un órgano jurisdiccional nacional que haya adquirido fuerza de cosa juzgada para cuestionar la apreciación de la Comisión.

45

Por consiguiente, el segundo motivo de casación debe desestimarse por infundado.

46

Mediante su primer motivo de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1151/2012 podía servir de fundamento para una decisión denegatoria de la solicitud de registro por parte de la Comisión.

47

En primer lugar, según las recurrentes, en el apartado 35 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró erróneamente que la Comisión es competente para comprobar la existencia de una vulneración de la protección de los nombres registrados frente a cualquier evocación contemplada en el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1151/2012, pese a que el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento reserva esa competencia a los Estados miembros.

48

En segundo lugar, a juicio de las recurrentes, al proceder de este modo, el Tribunal General amplió el número de requisitos de admisibilidad para el registro establecidos en el artículo 7 de dicho Reglamento, al incluir erróneamente el examen de la exigencia prevista en el artículo 13, apartado 1, letra b), de ese mismo Reglamento, a saber, que el nombre cuyo registro se solicita como IGP no vulnere la protección contra la evocación.

49

En tercer lugar, las recurrentes entienden que el Tribunal General se limitó, en los apartados 38 y 39 de la sentencia recurrida, a validar la afirmación errónea de la Comisión según la cual la utilización en el comercio de los nombres a los que se refieren las solicitudes de registro era ilícita, a pesar de que dicha institución no disponía de datos que le permitieran apreciar las condiciones en las que se comercializan los productos afectados por dichos nombres. El error de Derecho en que incurrió el Tribunal General conduce, además, a prohibir cualquier coexistencia entre una DOP y una IGP.

50

La Comisión rebate esta alegación.

51

En virtud del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1151/2012, los nombres registrados estarán protegidos contra cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen del producto o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como «estilo», «tipo», «método», «producido como en», «imitación» o expresiones similares.

52

Del artículo 7, apartado 1, y del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento se desprende que la elaboración del pliego de condiciones, que debe respetar una IGP, constituye una etapa necesaria del procedimiento de registro. En particular, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, este deberá contener el nombre cuya protección se solicite tal como «se utilice dicho nombre, ya sea en el comercio o en el lenguaje común».

53

Como declaró el Tribunal General, en esencia, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, un nombre no puede registrarse como IGP si se comprueba que esta es evocadora de un nombre que ya está registrado como DOP. En efecto, como señala el Abogado General en el punto 75 de sus conclusiones, tal registro privaría necesariamente de efecto útil a la protección concedida al nombre previamente registrado.

54

Ciertamente, el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento precisa que los Estados miembros prevendrán y detendrán el uso de nombres que evoquen un nombre registrado como DOP o IGP que se produzcan o comercialicen en su territorio. Así pues, la evocación solo puede constatarse tras una apreciación global de las autoridades nacionales que incluya todos los elementos pertinentes del asunto (véase, por analogía, la sentencia de 9 de septiembre de 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, apartado 60).

55

No obstante, como recordó el Tribunal General en el apartado 42 de la sentencia recurrida, el artículo 50, apartado 1, del Reglamento n.o 1151/2012 exige que la Comisión compruebe que la solicitud de registro cumple las condiciones exigidas en dicho Reglamento.

56

Pues bien, en la medida en que un nombre que es evocador de un nombre ya registrado no se ajusta a lo establecido en el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1151/2012, no puede acogerse a la protección prevista por dicho Reglamento. En efecto, la exigencia que se desprende del artículo 7, apartado 1, letra a), y del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, según la cual, para poder ser registrado, el nombre debe mencionarse en el pliego de condiciones contenido en dicha solicitud tal como «se utilice dicho nombre, ya sea en el comercio o en el lenguaje común», implica necesariamente una utilización exenta de cualquier incumplimiento de las disposiciones de ese mismo Reglamento.

57

Además, el artículo 6, apartado 3, del Reglamento n.o 1151/2012 prevé expresamente que todo nombre propuesto para su registro que sea total o parcialmente homónimo de otro nombre que ya esté inscrito en el registro establecido en virtud del artículo 11 no podrá registrarse a menos que en la práctica puedan distinguirse suficientemente las condiciones de uso tradicional y local y la presentación del homónimo registrado en segundo lugar y del que ya esté inscrito en el registro. De conformidad con esta disposición, el respeto de la protección concedida a un nombre previamente registrado figura entre los requisitos de registro que la Comisión debe comprobar con arreglo al artículo 50, apartado 1, de dicho Reglamento.

58

Por lo tanto, la Comisión está obligada, antes de adoptar una decisión de registro, a comprobar que el nombre cuyo registro se solicita no menoscaba la protección de que goza, en toda la Unión, otro nombre ya registrado.

59

Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 36 y 37 de la sentencia recurrida, que, en el presente litigio, correspondía a la Comisión comprobar que el uso de los nombres candidatos al registro no vulneraba la protección contra la evocación prevista en el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1151/2012 de la que goza un nombre registrado como DOP.

60

Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de las recurrentes de que esta apreciación del Tribunal General equivale a cuestionar el principio de la coexistencia de un nombre registrado como DOP y un nombre registrado como IGP.

61

En efecto, por una parte, consta que el Tribunal de Justicia considera que los principios desarrollados en el marco de cada régimen de protección son de aplicación transversal para garantizar una aplicación coherente de las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la protección de las denominaciones e indicaciones geográficas (sentencia de 9 de septiembre de 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, apartado 32).

62

Por otra parte, puede existir un riesgo de evocación con independencia del régimen del que se benefician los nombres ya registrados y aquel que corresponda a los nombres candidatos al registro. En efecto, consta que el concepto de «evocación» abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de un nombre protegido, de modo que se lleva al consumidor, a la vista del nombre del producto, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de ese nombre (sentencia de 9 de septiembre de 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, apartado 55 y jurisprudencia citada).

63

En estas circunstancias, el Tribunal General tampoco incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que existía un riesgo de evocación entre un nombre protegido como DOP y los nombres candidatos al registro como IGP.

64

En la medida en que las recurrentes impugnan las apreciaciones del Tribunal General, en los apartados 38 y 39 de la sentencia recurrida, relativas a la comparación entre los nombre registrados como DOP y los nombres candidatos, procede recordar que estas apreciaciones fácticas no pueden ser cuestionadas, salvo en caso de desnaturalización de los hechos, en la fase de casación (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C‑56/16 P, EU:C:2017:693, apartado 126). Dado que las recurrentes no han alegado tal desnaturalización, procede declarar la inadmisibilidad de sus alegaciones a este respecto.

65

De ello resulta que el primer motivo de casación debe desestimarse por ser en parte infundado y en parte inadmisible.

66

Mediante su tercer motivo, las recurrentes alegan que el Tribunal General infringió el artículo 51 del Reglamento n.o 1151/2012 y vulneró el principio de buena administración al negarse a reconocer, en el apartado 76 de la sentencia recurrida, que, al examinar las solicitudes de registro, la Comisión está obligada a tener en cuenta las apreciaciones de las autoridades y de los órganos jurisdiccionales nacionales.

67

La Comisión solicita que se desestime este motivo.

68

En primer lugar, como se ha señalado en el apartado 43 de la presente sentencia, el Tribunal General declaró acertadamente que la Comisión dispone de una facultad autónoma de apreciación al examinar las solicitudes de registro.

69

Además, del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 1151/2012 se desprende que la Comisión, cuando adopta actos de ejecución por los que se deniega una solicitud de registro, no solo se basa en el examen efectuado de conformidad con el artículo 50, apartado 1, de dicho Reglamento, sino que también atiende «a la información de la que disponga», precisión esta última que incluye necesariamente la información transmitida por el Estado miembro.

70

Ahora bien, es preciso señalar que los demandantes, al sostener que la Comisión no había tomado en consideración las apreciaciones de las autoridades nacionales al adoptar la Decisión controvertida contraviniendo el principio de buena administración, lo que alegan en realidad es que la Comisión estaba vinculada por dichas apreciaciones y, en consecuencia, debía conceder el registro de los nombres solicitados. Pues bien, esta argumentación se confunde con la formulada en apoyo del segundo motivo, que no ha sido acogido.

71

En segundo lugar, las recurrentes impugnan las apreciaciones del riesgo de evocación realizadas por el Tribunal General para confirmar la denegación de las solicitudes de registro por la Comisión, sin demostrar, no obstante, que dicho órgano jurisdiccional haya desnaturalizado de ese modo las pruebas y los hechos.

72

Pues bien, como se ha recordado en el apartado 64 de la presente sentencia, estas apreciaciones de carácter fáctico no pueden ser cuestionadas en la fase de casación.

73

Por lo tanto, ha de desestimarse el tercer motivo de casación en parte por infundado y en parte por inoperante.

74

Mediante su cuarto motivo de casación, las recurrentes alegan, en primer lugar, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 88, 89 y 94 de la sentencia recurrida, que una sinonimia entre dos nombres da lugar necesariamente a una evocación en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1151/2012. Consideran que la circunstancia de que dos nombres sean sinónimos no basta por sí sola para dar lugar a un riesgo de evocación, ya que solo puede llegarse a tal conclusión sobre la base de una apreciación global de los hechos que consten en el expediente.

75

En segundo lugar, las recurrentes sostienen que, en los apartados 78 y 81 de la sentencia recurrida, el Tribunal General hizo suya, erróneamente, la apreciación de la Comisión en virtud de la cual solo un público particularmente informado conoce las diferencias cualitativas entre los productos cuyos nombres están protegidos como DOP y aquellos cuyos nombres son objeto de una solicitud de registro como IGP. En efecto, en su opinión, la diferencia de precios entre los productos de que se trata permite a los consumidores distinguirlos.

76

La Comisión rebate estas alegaciones.

77

Por lo que respecta a la primera alegación de este motivo, procede señalar que, en el apartado 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó que, para apreciar el riesgo de evocación, debe tenerse en cuenta la totalidad del nombre tal como está registrado y la totalidad del nombre candidato al registro.

78

Dado que las recurrentes alegaron en primera instancia que el examen de la evocación solo se refería a los términos geográficos de los nombres en conflicto, el Tribunal General se limitó a señalar, en el apartado 94 de dicha sentencia, que, habida cuenta de la sinonimia de los elementos geográficos de los nombres de que se trata, estimar este argumento llevaría necesariamente a constatar una evocación e iría en detrimento de la postura defendida por las recurrentes. De ello se deduce que la primera alegación procede de una lectura errónea del apartado 94 de dicha sentencia.

79

En cuanto a la segunda alegación, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber confirmado, en los apartados 78 y 81 de la sentencia recurrida, que solo un público particularmente informado conoce las diferencias cualitativas entre los nombres protegidos como DOP y los nombres candidatos a un registro como IGP, siendo así que la diferencia de precio de los productos de que se trata es un indicio de la diferencia de calidad.

80

Procede recordar que el riesgo de evocación queda acreditado cuando el uso de un nombre produce, en la mente de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo suficientemente directo y unívoco entre ese nombre y la DOP. A este respecto, la existencia de tal vínculo puede resultar de varios elementos, a saber, de la incorporación parcial del nombre protegido, de la semejanza fonética y visual entre ambos nombres y de la similitud que de ella se deriva y, aun a falta de tales elementos, de la proximidad conceptual entre la DOP y el nombre de que se trate o incluso de una similitud entre los productos amparados por esa misma DOP y los productos o servicios amparados por ese mismo nombre. En el marco de la apreciación efectuada por la Comisión, es preciso que esta tenga en cuenta todos los elementos pertinentes en torno al uso del nombre de que se trate (sentencia de 9 de septiembre de 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, apartado 66).

81

Por consiguiente, el Tribunal General podía considerar fundadamente, en el apartado 83 de la sentencia recurrida, que la diferencia de precio entre los productos protegidos como DOP y los productos para los que se solicita el registro de un nombre como IGP no es, por sí sola, determinante para eliminar la evocación que pueda resultar de la apreciación de los elementos recordados en el apartado anterior de la presente sentencia.

82

En cualquier caso, al alegar que el Tribunal General no identificó correctamente el público que debería tenerse en cuenta para excluir cualquier riesgo de evocación, las recurrentes pretenden, en esencia, cuestionar las apreciaciones del Tribunal General relativas a las características del público pertinente. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, tales constataciones están comprendidas en el ámbito de las apreciaciones de carácter fáctico para las que el Tribunal General es el único competente (auto de 29 de octubre de 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO, C‑305/20 P, EU:C:2020:882, apartado 18 y jurisprudencia citada).

83

Por lo tanto, procede desestimar el cuarto motivo de casación por ser en parte inoperante y en parte inadmisible.

84

Al no haberse acogido ninguno de los motivos formulados en apoyo del recurso de casación, este debe desestimarse en su totalidad.

85

A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

86

Al haber sido desestimados los motivos formulados por las recurrentes y al haber solicitado la Comisión su condena en costas, procede condenarlas a cargar, además de con sus propias costas, con las costas en que haya incurrido la Comisión.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide: