–

en nombre de SIA EUROPARK LATVIA, por el Sr. S. Petrovičs, advokāts;

–

en nombre de SKIDATA GmbH, por el Sr. R. Gasūns, jurists;

–

en nombre del Gobierno letón, por las Sras. J. Davidoviča y K. Pommere, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno checo, por la Sra. A. Edelmannová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. M. Escobar Gómez y los Sres. L. Malferrari e I. Naglis, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, punto 11, y 8, apartado 1, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO 1998, L 204, p. 37), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 (DO 2012, L 316, p. 12) (en lo sucesivo, «Directiva 98/34») y del artículo 34 TFUE.

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, SIA EUROPARK LATVIA (en lo sucesivo, «Europark») y SKIDATA GmbH (en lo sucesivo, «Skidata») y, por otro lado, la Valsts ieņēmumu dienests (Administración Tributaria del Estado, Letonia) que versa sobre una resolución de esta por la que se excluyen de sus bases de datos unos dispositivos de pago automático fabricados por Skidata.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 98/34

3

El artículo 1 de la Directiva 98/34 disponía lo siguiente:

–

las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado miembro que remiten ya sea a especificaciones técnicas, a otros requisitos o a reglas relativas a los servicios, ya sea a códigos profesionales o de buenas prácticas que a su vez se refieran a especificaciones técnicas, a otros requisitos o a reglas relativas a los servicios, cuya observancia confiere una presunción de conformidad a lo establecido por dichas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas;

–

los acuerdos voluntarios de los que sea parte contratante los poderes públicos y cuyo objetivo sea el cumplimiento, en pro del interés general, de las especificaciones técnicas u otros requisitos, o de reglas relativas a los servicios, con exclusión de los pliegos de condiciones de los contratos públicos;

–

las especificaciones técnicas u otros requisitos, o las reglas relativas a los servicios, relacionados con medidas fiscales o financieras que afecten al consumo de los productos o servicios, fomentando la observancia de dichas especificaciones técnicas u otros requisitos o reglas relativas a los servicios; no se incluyen las especificaciones técnicas u otros requisitos ni las reglas relativas a los servicios relacionadas con los regímenes nacionales de seguridad social.

4

El artículo 8, apartado 1, párrafo primero, de dicha Directiva establecía:

Directiva (UE) 2015/1535

5

La Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO 2015, L 241, p. 1), derogó y sustituyó, a partir del 7 de octubre de 2015, a la Directiva 98/34.

6

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2015/1535 dispone:

7

El artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de dicha Directiva establece lo siguiente:

Derecho letón

Ley sobre Impuestos y Tributos

8

El artículo 281, apartado 41, de la Likums Par nodokļiem un nodevām (Ley sobre Impuestos y Tributos), dispone:

Decreto sobre el Uso

9

El apartado 1214, punto 4, de los Ministru kabineta noteikumi Nr. 96 «Nodokļu un citu maksājumureģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība» (Decreto n.o 96 del Consejo de Ministros, relativo a las Modalidades de Uso de los Dispositivos y Equipos Electrónicos para el Registro de Impuestos y Otros Pagos), de 11 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, «Decreto sobre el Uso»), dispone:

10

El apartado 1215 de dicho Decreto sobre el Uso establece:

11

A tenor del apartado 1294, punto 6, del citado Decreto sobre el Uso:

12

El apartado 12917, punto 1, subapartado 1.2.2, del Decreto sobre el Uso establece:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

13

Europark es una sociedad mercantil letona que presta servicios de aparcamiento en el ámbito del transporte. Skidata es una sociedad mercantil austriaca que fabrica en Austria dispositivos de pago automático y los exporta a veinticinco Estados miembros, entre ellos Letonia.

14

El 30 de junio y el 27 de noviembre de 2015, Europark compró a Skidata ocho dispositivos de pago automático que, entre el 8 de octubre y el 30 de diciembre de 2015, fueron registrados como tales por la Administración Tributaria del Estado en su base de datos.

15

Mediante escrito de 16 de mayo de 2022, SIA Ernst & Young Baltic, organismo encargado de comprobar la conformidad de las cajas y de los dispositivos automáticos con los requisitos técnicos fiscales, informó a la Administración Tributaria del Estado de que se había negado a expedir la declaración de conformidad con respecto a esos ocho dispositivos, debido a que SIA 19 points, el prestador de servicios de mantenimiento, no le había comunicado los datos que establece el apartado 1214, punto 4, del Decreto sobre el Uso, a saber, el código fuente y el código ejecutable del software registrado de los citados dispositivos.

16

En consecuencia, mediante resolución de 2 de septiembre de 2022, la Administración Tributaria del Estado excluyó esos dispositivos de su base de datos.

17

Seguidamente, Europark y Skidata interpusieron un recurso de anulación contra la anterior resolución ante la Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Riga, Letonia), que es el órgano jurisdiccional remitente. Las citadas sociedades alegan que el Decreto sobre el Uso obliga a comunicar el código fuente y el código ejecutable del software registrado y constituyen un requisito técnico que tendría que haber sido notificado a la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2015/1535.

18

Por otra parte, señalan que Europark, en su condición de adquirente de un derecho de utilización de un software, no puede legalmente obtener y divulgar por iniciativa propia el código fuente de aquel sin el consentimiento de su fabricante, Skidata, toda vez que dicho código pertenece a esta y está amparado por el secreto comercial. De este modo, la obligación de facilitar el código fuente, a juicio de las citadas sociedades, vulnera de forma desproporcionada el derecho de propiedad intelectual del fabricante.

19

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente señala, en primer término, que los dispositivos de pago automático que son objeto del litigio principal son «productos», en el sentido del artículo 1, punto 1, de la Directiva 98/34. Así pues, se pregunta si la obligación de facilitar el código fuente del software registrado de esos dispositivos queda comprendida en el concepto de «reglamento técnico», en el sentido del artículo 1, punto 11, de la citada Directiva, que distingue cuatro categorías de medidas. En caso de que así sea, se pregunta sobre a qué categoría debería asociarse tal obligación.

20

Según el órgano jurisdiccional remitente, esta obligación podría quedar comprendida en tres de esas categorías y, por lo tanto, calificarse bien de «especificación técnica», en el sentido del artículo 1, punto 3, de la Directiva 98/34, bien de «otro requisito», en el sentido del artículo 1, punto 4, de dicha Directiva, bien de normas «que prohíben la fabricación, importación, comercialización o utilización de un producto», a las que se refiere el artículo 1, punto 11, de la citada Directiva.

21

En segundo término, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la obligación de facilitar a un organismo de comprobación de la conformidad el código fuente del software registrado puede considerarse una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, en el sentido del artículo 34 TFUE.

22

El órgano jurisdiccional remitente considera que esta obligación persigue un objetivo legítimo, pues permite a la Administración Tributaria del Estado asegurarse de la exactitud de los registros y evitar cualquier falta de registro o de pago de los impuestos. Así y todo, se pregunta si una obligación de esa índole es necesaria para alcanzar dicho objetivo. En tal sentido, el órgano jurisdiccional remitente subraya que Skidata proporciona en otros Estados miembros, a efectos de la realización de los controles de que se trata, una interfaz de programación de aplicaciones de dispositivos automáticos, como los que son objeto del litigio principal, que permiten que el organismo de comprobación de la conformidad con los requisitos fiscales obtenga toda la información necesaria sobre los pagos. Además, el órgano jurisdiccional remitente señala que Skidata también había aceptado facilitar la parte del código fuente que se refiere al registro de los pagos y de los impuestos a efectos de la comprobación de la conformidad. Ahora bien, el organismo de comprobación de que se trata en el litigio principal no aceptó esta propuesta y sigue exigiendo la comunicación del código fuente completo.

23

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente considera que aunque la obligación establecida por la normativa nacional controvertida en el litigio principal no prohíba la comercialización en el mercado letón de dispositivos de pago automático, impone una doble carga al fabricante de dichos dispositivos, dado que estos habrán de ser conformes, al mismo tiempo, con las normas de país de fabricación y con las del país de comercialización. Por consiguiente, según el órgano jurisdiccional remitente, la referida obligación puede hacer más difícil y más cara la importación de esos dispositivos, de modo que podría disuadir a los operadores interesados de comercializarlos en Letonia.

24

En estas circunstancias, la Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Riga) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

25

Con carácter preliminar, procede recordar que, como resulta de los artículos 10 y 11 de la Directiva 2015/1535, la Directiva 98/34 fue derogada con efectos a partir del 7 de octubre de 2015, fecha en la que entró en vigor la Directiva 2015/1535. De la resolución de remisión se desprende que Europark adquirió algunos de los dispositivos de pago automático en cuestión el 30 de junio de 2015, mientras que los demás se adquirieron después del 7 de octubre de 2015. Los ocho dispositivos en cuestión fueron registrados en la base de datos de la Administración Tributaria del Estado y más tarde excluidos de ella con posterioridad a dicha fecha. Se deduce de lo anterior que tanto las disposiciones de la Directiva 98/34 como las de la Directiva 2015/1535 son aplicables ratione temporis a los hechos del litigio principal.

26

No obstante, dado que las disposiciones de estas Directivas pertinentes para el litigio principal están redactadas en términos comparables, es preciso ceñirse a las disposiciones de la Directiva 2015/1535.

27

Asimismo, procede subrayar que el órgano jurisdiccional remitente ha solicitado al Tribunal de Justicia, mediante su primera cuestión prejudicial, que interprete el artículo 1, punto 11, de la Directiva 98/34 a la luz del artículo 8, apartado 1, de esta, en virtud del cual los Estados miembros han de comunicar inmediatamente a la Comisión todo proyecto de «reglamento técnico» en el sentido del artículo 1, punto 11, de esa misma Directiva. A este respecto, es preciso recordar, como también señaló el mencionado órgano jurisdiccional, que, según reiterada jurisprudencia, el incumplimiento por parte de un Estado miembro de su obligación de comunicación previa de un proyecto de ese tipo conlleva la imposibilidad de oponer a los particulares el «reglamento técnico» de que se trate (sentencia de 3 de diciembre de 2020, Star Taxi App, C‑62/19, EU:C:2020:980, apartado 57 y jurisprudencia citada).

28

Por consiguiente, procede considerar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 1, apartado 1, letra f), de la Directiva 2015/1535 debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional que obliga al prestador de servicios encargado del mantenimiento de dispositivos de pago automático a entregar al organismo de control de la conformidad de dichos dispositivos el código fuente del software registrado de estos constituye un «reglamento técnico», en el sentido de la referida disposición, que solo puede oponerse a los particulares si el proyecto de normativa correspondiente ha sido objeto de una comunicación previa a la Comisión con arreglo al artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2015/1535.

29

Es importante recordar que el artículo 1, apartado 1, letra f), de la Directiva 2015/1535 distingue cuatro categorías de medidas que cabe considerar como «reglamentos técnicos» en el sentido de dicha Directiva, a saber, en primer término, la «especificación técnica», en segundo término, «otro requisito», en tercer término, la «regla relativa a los servicios» y, en último término, las «disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohíben la fabricación, importación, comercialización o utilización de un producto». Las tres primeras categorías de medidas se definen, respectivamente, en las letras c) a e), del citado artículo 1, apartado 1.

30

Por consiguiente, para responder a la cuestión prejudicial planteada, es preciso examinar si la obligación de entregar a un organismo de control de la conformidad el código fuente del software registrado en unos dispositivos de pago automático, como es el caso de la obligación establecida en el Decreto sobre el Uso, queda comprendida en una de esas cuatro categorías de reglamentos técnicos.

31

Debe señalarse, en primer lugar, que las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren no ya a los servicios de la sociedad de la información —es decir, a los servicios prestados a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario—, sino a productos específicos y a la utilización de estos, en el caso que nos ocupa, unos dispositivos de pago automático. Así pues, no es necesario examinar si aquella obligación queda incluida en la categoría de «regla relativa a los servicios» en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra e), de la Directiva 2015/1535.

32

En segundo lugar, es preciso comprobar si la citada obligación puede quedar incluida en la categoría de las «disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohíben la fabricación, importación, comercialización o utilización de un producto» en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra f), de la Directiva 2015/1535.

33

En el presente asunto, aunque la no comunicación al organismo de control de la conformidad del código fuente del software registrado de dispositivos de pago automático supone imposibilitar que esos dispositivos se utilicen para el registro de operaciones y pagos, el Decreto sobre el Uso controvertido en el litigio principal no prohíbe, sin embargo, la fabricación, la importación, la comercialización o la utilización de esos dispositivos.

34

Por consiguiente, la obligación de entregar el código fuente del software registrado que establece el Decreto sobre el Uso debatido en el litigio principal no puede quedar incluida en la categoría de las «disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohíben la fabricación, importación, comercialización o utilización de un producto» en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra f), de la Directiva 2015/1535.

35

En tercer lugar, en cuanto a si esta obligación queda incluida en el concepto de «especificación técnica» en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/1535, es preciso recordar que este concepto remite a las especificaciones que figuran en un documento en el que se definen las características requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad o las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente, entre otras cuestiones, a los procedimientos de evaluación de la conformidad.

36

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «especificación técnica» presupone que la medida nacional se refiera necesariamente al producto o a su envasado como tales y fije, por lo tanto, una de las características exigidas de un producto (sentencia de 24 de noviembre de 2022, Belplant, C‑658/21, EU:C:2022:925, apartado 24 y jurisprudencia citada).

37

El Tribunal de Justicia también ha declarado que una normativa nacional que supedita la comercialización de un producto a una homologación previa debe calificarse de «reglamento técnico» en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra f), de la Directiva 2015/1535 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2002, Canal Satélite Digital, C‑390/99, EU:C:2002:34, apartado 46 y jurisprudencia citada).

38

En el asunto principal, la obligación impuesta al prestador de servicios de mantenimiento por el apartado 1214, punto 4, del Decreto sobre el Uso de entregar, al organismo encargado del control de la conformidad de los productos en cuestión, la documentación técnica relativa a esos productos, que debe incluir el código fuente y el código ejecutable del software registrado, se refiere a los productos como tales. Más concretamente, la normativa nacional indica que el código fuente ofrece las instrucciones informáticas legibles por el ser humano que han sido redactadas por un programador y que el código ejecutable ofrece el conjunto de símbolos que entiende un ordenador para ejecutar un programa. Además, esta normativa especifica que la mencionada documentación debe aportarse en la lengua del fabricante, acompañada de una traducción certificada notarialmente en la lengua nacional. Por consiguiente, procede subrayar que la normativa nacional controvertida en el litigio principal se refiere al producto como tal y obliga a los prestadores de servicios de mantenimiento a entregar la documentación técnica que contenga, entre otros, el código fuente y el código ejecutable del software registrado, los cuales deberían tener la consideración de características requeridas y específicas de todas las máquinas automáticas de venta, puesto que no pueden imponerse a productos que no lleven el código fuente y el código ejecutable del software registrado.

39

Asimismo, la obligación de comunicar el código fuente y el código ejecutable del software registrado es un requisito que se aplica a los dispositivos de pago automático en el contexto del procedimiento de evaluación de la conformidad de estos con los requisitos fiscales. A este respecto, esos códigos deben ser comprobados con ocasión del control de conformidad por el organismo de control de la conformidad. De no comunicarse, los dispositivos de pago automático no podrán obtener la declaración de conformidad necesaria para su inscripción en la base de datos única de la Administración Tributaria del Estado, lo que impide, en principio, que sean comercializados en Letonia. Por último, procede subrayar que las normas y las prescripciones del procedimiento de evaluación de la conformidad se establecen en el Decreto sobre el Uso, que no ha sido notificado a la Comisión con arreglo al artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2015/1535.

40

Por consiguiente, una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al prestador de servicios encargado del mantenimiento de dispositivos de pago automático a entregar al organismo de control de la conformidad de esos dispositivos la documentación técnica que contenga, en particular, el código fuente del software registrado queda comprendida en el concepto de «especificación técnica» en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/1535 y constituye, de ese modo, un «reglamento técnico» en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra f), de la citada Directiva.

41

En cuarto y último lugar, es necesario apreciar si la obligación de entregar el código fuente del software registrado puede calificarse de «reglamento técnico» merced a su pertenencia a la categoría de «otros requisitos» en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra d), de la Directiva 2015/1535. En virtud de la citada disposición, este concepto abarca cualquier requisito, distinto de una especificación técnica, impuesto a un producto, en particular por motivos de protección de los consumidores o del medio ambiente y que se refiere a su ciclo de vida con posterioridad a su comercialización, como sus condiciones de uso, reciclado, reutilización o eliminación, cuando dichas condiciones puedan afectar significativamente a la composición o naturaleza del producto o a su comercialización.

42

Es preciso poner de manifiesto que en la medida en que esta obligación queda comprendida en el concepto de «especificación técnica», según se ha señalado en el apartado 40 de la presente sentencia, no cabe calificarla de «otro requisito». En efecto, de conformidad con la definición de este último concepto desarrollada en el apartado anterior, esta no comprende las «especificaciones técnicas».

43

No obstante, en aras de la exhaustividad, es necesario indicar que el Tribunal de Justicia ha declarado que, para poder ser calificadas de «otro requisito», las medidas nacionales en cuestión deben constituir «condiciones» que puedan afectar significativamente a la composición, la naturaleza o la comercialización de un determinado producto (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Vapo Atlantic, C‑604/21, EU:C:2023:175, apartado 39 y jurisprudencia citada).

44

En el presente asunto, procede señalar que una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que obliga a los prestadores de servicios encargados del mantenimiento de dispositivos de pago automático a entregar al organismo de control de la conformidad de esos dispositivos el código fuente y el código ejecutable del software registrado de estos a fin de obtener una declaración de conformidad necesaria para inscribir dichos dispositivos en la base de datos única de la Administración Tributaria del Estado puede afectar a la comercialización de estos. En efecto, el incumplimiento de esta obligación puede afectar significativamente a la comercialización de los dispositivos de pago automático, puesto que los operadores económicos no se ven incentivados a adquirirlos y puesto que esos dispositivos no pueden, en la práctica, ser utilizados de conformidad con el uso al que se destinan. Por otra parte, es preciso recordar que, como se desprende de la resolución de remisión, la obligación a la que se refiere el litigio principal de entregar el código fuente y el código ejecutable del software registrado no tiene como objetivo proteger a los consumidores o el medio ambiente, sino que permite al Estado velar por el cumplimiento de las obligaciones declarativas y garantizar el control del pago de los impuestos.

45

Por consiguiente, no cabe considerar que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal constituya «otro requisito» en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra d), de la Directiva 2015/1535.

46

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 1, letra f), de la Directiva 2015/1535 debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional que obliga al prestador de servicios encargado del mantenimiento de dispositivos de pago automático a entregar al organismo de control de la conformidad de dichos dispositivos el código fuente del software registrado de estos constituye un «reglamento técnico», en el sentido de la referida disposición, que solo puede oponerse a los particulares si el proyecto de normativa correspondiente ha sido objeto de una comunicación previa a la Comisión con arreglo al artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la citada Directiva.

Cuestiones prejudiciales segunda y tercera

47

Teniendo en cuenta la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no es preciso responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera.

Costas

48

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.