Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentadas el 9 de julio de 2026 (1)

Asunto C‑279/25

IC

contra

Land Baden-Württemberg,

con intervención de:

Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania)]

« Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE, apartado 1 — Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Ciudadano de la Unión que posee la nacionalidad de dos Estados miembros en el momento de su nacimiento — Ciudadano de la Unión que se desplaza entre los Estados miembros de los que es nacional — Derecho de residencia del nacional de un tercer país miembro de su familia »






I.      Introducción

1.        Una persona que posee la nacionalidad de dos Estados miembros entre los que se ha desplazado, ¿puede invocar la nacionalidad de su Estado miembro de origen A ante las autoridades de su Estado miembro de origen B alegando que ha ejercido el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que le confiere el Derecho de la Unión y hacer valer el régimen jurídico que se deriva de ese derecho? (2)

2.        Esta cuestión reviste una importancia crucial. En efecto, aunque antes los Estados no miraban con buenos ojos la doble nacionalidad porque el vínculo de nacionalidad debía ser exclusivo, hoy en día este estatuto está ampliamente admitido, (3) y el número de ciudadanos de la Unión que poseen la nacionalidad de dos Estados miembros en el momento de su nacimiento es cada vez mayor. Esta situación se debe a la multiplicación de los movimientos transfronterizos de personas en la Unión Europea, al nacimiento de familias binacionales y a la adopción de normativas nacionales en virtud de las cuales los Estados miembros reconocen el principio de igualdad de sexos a efectos de la transmisión de la nacionalidad y autorizan la posesión de varios pasaportes. (4)

3.        En 2025, 3 612 000 ciudadanos alemanes poseían doble nacionalidad. Debido a la proximidad geográfica, los vínculos históricos y una cooperación reforzada entre la República Federal de Alemania y la República de Polonia, el porcentaje de nacionales alemanes que también poseían la nacionalidad polaca era el más representado en territorio alemán, ya que contaba con 458 000 personas, muy por encima del de los nacionales germano-italianos, germano-rumanos, germano-griegos y germano-franceses. (5) La Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (Ley de Modernización del Derecho de Nacionalidad), (6) de 22 de marzo de 2024, que entró en vigor el 27 de junio de 2024, debería acentuar ese fenómeno en el futuro, puesto que ya admite la doble nacionalidad desde el nacimiento y autoriza la naturalización transcurridos cinco años de residencia. (7)

4.        La presente petición de decisión prejudicial tiene su origen en un litigio entre IC, un nacional argelino, y las autoridades alemanas, en relación con la legalidad de una decisión mediante la cual le denegaron el derecho de residencia derivado que había solicitado en su condición de cónyuge de una ciudadana de la Unión que tenía doble nacionalidad alemana y polaca (en lo sucesivo, «interesada»). Dichas autoridades consideraron que la ciudadana de la Unión no había ejercido su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros en el sentido del artículo 21 TFUE, apartado 1, al desplazarse de Polonia a Alemania.

5.        En el contexto actual, en que la doble nacionalidad se considera el talón de Aquiles de la ciudadanía de la Unión, (8) se insta al Tribunal de Justicia a que precise su jurisprudencia y en particular a que determine si los ciudadanos de la Unión que poseen la nacionalidad de dos Estados miembros y que se encuentran en el territorio de uno de dichos Estados miembros residen en ese territorio sobre la base del Derecho nacional o de la Unión, así como, por ende, qué normas se aplican a la residencia de nacionales de terceros países miembros de su familia.

6.        En las presentes conclusiones, expondré las razones por las que considero que un ciudadano de la Unión que, como la interesada, ha abandonado el Estado miembro en cuyo territorio nació y cuya nacionalidad posee desde el nacimiento para desplazarse al territorio de otro Estado miembro, cuya nacionalidad también posee desde el nacimiento y en el que ha fundado una familia y desarrollado su vida familiar, no ha hecho uso de su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros en el sentido del artículo 21 TFUE, apartado 1, a pesar de haber cruzado la frontera entre ambos Estados. En particular, expondré que la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 14 de noviembre de 2017, Lounes,  (9)no parece ser aplicable por analogía, toda vez que ese ciudadano no puede invocar derechos adquiridos con anterioridad sobre la base de la Directiva 2004/38/CE. (10)

II.    Hechos del litigio principal y cuestión prejudicial

7.        El recurrente es un nacional argelino que reside en territorio alemán desde el año 2009. Como su solicitud de protección internacional no prosperó, está en situación de residencia irregular, pero se le permite permanecer en ese territorio en virtud de autorizaciones excepcionales. Es padre de tres hijos, nacidos en Alemania respectivamente en los años 2012, 2016 y 2018, que residen en territorio alemán. La madre de sus hijos, con la que contrajo matrimonio en 2017, tiene la nacionalidad alemana y polaca. Tras haber residido en Polonia hasta 2008, con doce años de edad se estableció en territorio alemán y obtuvo un permiso de residencia permanente antes de que se determinara que tenía nacionalidad alemana desde su nacimiento por filiación. Excepción hecha de estancias esporádicas en Polonia, reside de forma permanente en territorio alemán desde entonces.

8.        El recurrente ha sido imputado en varias ocasiones en procedimientos penales y ha pasado varios períodos en prisión preventiva y en cumplimiento de penas privativas de libertad, así como privado de libertad en un centro para condenados con problemas de salud mental. (11) El recurrente y la interesada se divorciaron el 18 de junio de 2021.

9.        En este intervalo, el recurrente solicitó en 2018 que se le expidiera una tarjeta de residencia de conformidad con el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Ley sobre la Libre Circulación de los Ciudadanos de la Unión), (12) de 30 de julio de 2004. (13) Después de que su solicitud fuera rechazada, el recurrente interpuso recurso ante el Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sigmaringa, Alemania), que fue desestimado. El recurrente recurrió esa resolución ante el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Baden-Württemberg, Alemania). Este recurso también fue desestimado mediante resolución de 5 de julio de 2023. Las autoridades judiciales consideraron, en esencia, que la interesada, esposa del recurrente, no había ejercido su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros en el sentido del artículo 21 TFUE, apartado 1, al trasladarse de Polonia a Alemania. (14)

10.      Por consiguiente, el recurrente interpuso ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania) un recurso de casación, alegando, en esencia, que, dado que la interesada había ejercido su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros a los doce años cuando se estableció en Alemania, puede beneficiarse de un derecho de residencia derivado del estatuto de ciudadana de la Unión de dicha interesada.

11.      Al albergar dudas sobre el alcance del artículo 21 TFUE, apartado 1, y, en particular, sobre la aplicabilidad de los principios que el Tribunal de Justicia sentó en la sentencia Lounes, el citado órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Es aplicable el artículo 21 TFUE, apartado 1, a un ciudadano de la Unión que posee la nacionalidad de dos Estados miembros desde su nacimiento y que residió durante los doce primeros años de su vida en uno y viene residiendo después en el otro de los dos Estados miembros de los que es nacional, de modo que dicho ciudadano de la Unión pueda conferir un derecho de residencia derivado al nacional del Estado tercero con el que estuvo casado durante cierto período y con el que, en el segundo Estado miembro del que es nacional, residió?»

12.      Han presentado observaciones escritas el recurrente, el Gobierno alemán y la Comisión Europea. Estas partes e interesados participaron en la vista celebrada el 22 de abril de 2026, en la que también respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral.

13.      De los debates mantenidos en esa vista se desprende que el recurrente sigue residiendo de manera irregular en territorio alemán, pero que esa circunstancia se sigue tolerando. Se ha vuelto a casar y ha tenido un cuarto hijo.

III. Análisis

A.      Observaciones preliminares

14.      Antes de iniciar el examen de la cuestión prejudicial, deseo realizar dos observaciones preliminares.

15.      La primera observación se refiere a la cuestión relativa al estatuto jurídico de la interesada, ciudadana de la Unión, cuando cruzó la frontera germano-polaca. Esta observación es esencial, ya que la aplicabilidad de la Directiva 2004/38 depende de la respuesta que se dé a esa cuestión.

16.      En su resolución de remisión, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) parte de la premisa de que la interesada, ciudadana de la Unión, tiene la nacionalidad de dos Estados miembros desde su nacimiento. Así se desprende de la redacción de su cuestión prejudicial. Sin embargo, se pregunta si el hecho de que la nacionalidad alemana de la interesada no se determinara hasta después de que esta se hubiera establecido en territorio alemán puede influir en la apreciación del ejercicio, por parte de esta, de su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros en el sentido del artículo 21 TFUE, apartado 1.

17.      Creo que esta circunstancia no debe tenerse en cuenta a efectos del examen de la cuestión prejudicial. En efecto, en la medida en que el reconocimiento de un vínculo de nacionalidad es un acto declarativo, dicho reconocimiento surtió efectos retroactivos desde el nacimiento de la ciudadana de la Unión, de modo que la interesada no puede considerarse «únicamente polaca» en el momento en que cruzó la frontera con la República Federal de Alemania, como sostiene el recurrente. Por consiguiente, en la medida en que la interesada, ciudadana de la Unión, ha residido sucesivamente en los dos Estados miembros de los que es nacional, la Directiva 2004/38, que establece las limitaciones y condiciones de ejercicio por parte de los ciudadanos de la Unión de su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros consagrado en el artículo 21 TFUE, apartado 1, (15) nunca ha sido de aplicación. Este extremo no se discute en el litigio principal. Procede recordar que, conforme al artículo 3, apartado 1, de esa Directiva, esta se aplica a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia que le acompañen o se reúnan con él. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la citada Directiva no pretende regular los derechos derivados de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión en un Estado miembro del que es nacional. (16)

18.      La segunda observación se refiere a la pertinencia de la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia ha desarrollado en relación con los obstáculos al derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros derivados de la negativa de las autoridades nacionales a reconocer o modificar su apellido.

19.      En efecto, la resolución de remisión y las observaciones del recurrente y de la Comisión hacen referencia a los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 2 de octubre de 2003, García Avello;  (17) de 8 de junio de 2017, Freitag, (18) y de 25 de noviembre de 2025, Wojewoda Mazowiecki. (19) Sin embargo, la finalidad que subyace a estos escritos es distinta: mientras que el órgano jurisdiccional remitente pretende acreditar la existencia de un vínculo de conexión con el Derecho de la Unión, el recurrente y la Comisión pretenden, por su parte, demostrar la aplicabilidad del artículo 21 TFUE y que los ciudadanos de la Unión que poseen la nacionalidad de dos Estados miembros pueden beneficiarse de los derechos que se derivan de ese artículo en el territorio de uno de esos Estados miembros.

20.      No creo que esta jurisprudencia pueda aplicarse por analogía. En efecto, tanto las normas que rigen el reconocimiento, la transcripción o incluso la modificación de datos relativos al estado civil del ciudadano de la Unión, como el apellido, el género o la situación matrimonial, como las que regulan el derecho de residencia de los nacionales de terceros países miembros de su familia, contribuyen a lograr un espacio de libre circulación y de residencia en la Unión, pero persiguen objetivos diferentes y presentan particularidades que se estructuran en torno a principios concretos.

21.      Por consiguiente, centraré mi análisis en los principios que el Tribunal de Justicia ha desarrollado sobre el ámbito de aplicación del artículo 21 TFUE, apartado 1, únicamente en el contexto de la concesión de derechos de residencia derivados a los nacionales de terceros países, miembros de la familia de ciudadanos de la Unión.

B.      Examen del ámbito de aplicación del artículo 21 TFUE, apartado 1

22.      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si un ciudadano de la Unión que se ha desplazado entre dos Estados miembros cuya nacionalidad posee desde su nacimiento para establecerse de forma duradera en uno de ellos ha ejercido el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que le reconoce el artículo 21 TFUE, apartado 1, de modo que el nacional de un tercer país con el que ha fundado una familia y desarrollado su vida familiar en este último Estado puede invocar ante las autoridades nacionales competentes un derecho de residencia derivado basado en las disposiciones del Derecho de la Unión.

23.      Por las razones que expondré a continuación, considero que el artículo 21 TFUE, apartado 1, no se aplica a esa situación. Pese a que el recurrente y la Comisión pretenden demostrar que la solución que el Tribunal de Justicia adoptó en la sentencia Lounes con respecto a un ciudadano de la Unión que adquirió una segunda nacionalidad por naturalización en el Estado miembro de acogida puede hacerse extensiva a la de un ciudadano de la Unión que posee la nacionalidad de dos Estados miembros desde el nacimiento, demostraré que existen diferencias significativas entre esas dos situaciones que se oponen, desde mi punto de vista, a que el Tribunal de Justicia acepte esa propuesta.

1.      Principios establecidos en la sentencia McCarthy

24.      Procede recodar que, en la sentencia de 5 de mayo de 2011, McCarthy,  (20)el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que el artículo 21 TFUE no es aplicable a un ciudadano de la Unión que nunca ha hecho uso de su derecho de libre circulación, que siempre ha residido en un Estado miembro cuya nacionalidad posee y que tiene además la nacionalidad de otro Estado miembro. En el asunto que dio lugar a esa sentencia, la Sra. Shirley McCarthy, ciudadana de la Unión, presentó una solicitud de derecho de residencia en virtud del Derecho de la Unión en el Reino Unido, cuya nacionalidad poseía y en el que siempre había residido. También poseía la nacionalidad irlandesa. Esa solicitud pretendía conferir al Sr. McCarthy, nacional de un Estado tercero, un derecho de residencia en virtud de la Directiva 2004/38, en calidad de miembro de su familia, dado que un derecho de residencia análogo no nacía de la aplicación de la normativa de inmigración del Reino Unido. (21)

25.      En su sentencia, el Tribunal de Justicia comenzó recordando que las normas del Tratado en materia de libre circulación de personas y los actos adoptados para la ejecución de estas no pueden aplicarse a situaciones que no presenten ningún punto de conexión con alguna de las situaciones contempladas por el Derecho de la Unión y cuyos elementos pertinentes estén todos situados en el interior de un solo Estado miembro. (22) A este respecto recordó también que la circunstancia de que la ciudadana de la Unión poseyera la nacionalidad de dos Estados miembros no bastaba, por sí sola, para considerar que su situación estaba regida por el artículo 21 TFUE. (23) Para apreciar la existencia de un vínculo de conexión con el Derecho de la Unión en una situación en la que la Sra. McCarthy no había ejercido su libertad de circulación, el Tribunal de Justicia examinó si la denegación del derecho de residencia a su esposo incidía en su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros y, en sentido más amplio, en los derechos inherentes a su estatuto de ciudadana de la Unión. (24) A falta de incidencia alguna, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que su situación no presentaba ningún punto de conexión con alguna de las situaciones contempladas por el Derecho de la Unión y que todos los aspectos pertinentes de esa situación se localizaban en el interior de un solo Estado miembro. (25)

26.      En el presente asunto, ¿modifica esta conclusión el hecho de que la interesada se haya desplazado entre los dos Estados miembros cuya nacionalidad posee? No lo creo.

27.      No se discute que la interesada, en su condición de nacional de dos Estados miembros, a saber, la República de Polonia, donde nació y residió hasta los doce años de edad, y la República Federal de Alemania, a cuyo territorio se trasladó y donde ha fundado una familia, tiene el estatuto de ciudadana de la Unión. En efecto, el artículo 20 TFUE, apartado 1, dispone que toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro disfruta de ese estatuto y que este se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. (26) Conforme a reiterada jurisprudencia, el estatuto de ciudadano de la Unión constituye el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros. (27) En esa condición, la interesada puede invocar, tanto ante la República Federal de Alemania como frente a la República de Polonia, los derechos inherentes a ese estatuto, en particular el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que le confiere el artículo 21 TFUE, apartado 1. (28)

28.      Sin embargo, aunque la interesada ha mostrado cierta movilidad dentro de la Unión, no creo que ese movimiento transfronterizo entre los Estados miembros cuya nacionalidad posee desde su nacimiento baste, en sí, para considerar que ha ejercido el derecho que le confiere el artículo 21 TFUE, apartado 1, dado que no consta en autos que haya circulado o residido en el territorio de un Estado miembro distinto de la República de Polonia y la República Federal de Alemania.

29.      Una de las normas fundamentales del Derecho de la Unión en materia de libertad de circulación y de residencia es que, en principio, esta libertad solo puede ser invocada por el nacional de un Estado miembro que, en su condición de ciudadano de la Unión, haya circulado y residido en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen, de conformidad con el artículo 21 TFUE y en las condiciones establecidas en la Directiva 2004/38. El Tribunal de Justicia ha declarado pues expresamente que el «derecho a la libre circulación comprende […] el derecho de los ciudadanos de la Unión […] a entrar en un Estado miembro distinto de aquel del que sean originarios». (29) Ello resulta conforme con el principio de que la ciudadanía de la Unión tiene carácter derivado de la nacionalidad, que se remite a un estatuto jurídico y político reconocido a los nacionales de un Estado miembro más allá de su comunidad política estatal. (30) El Tribunal de Justicia también ha declarado que ese derecho puede estar acompañado de las limitaciones y de las condiciones previstas por el Tratado FUE, así como por las disposiciones adoptadas para su aplicación, y ha destacado expresamente, en la sentencia de 17 de noviembre de 2011, Gaydarov, (31) que «no es incondicional». (32)

30.      Por consiguiente, en el estado actual del Derecho de la Unión, el artículo 21 TFUE no comprende el derecho de los ciudadanos de la Unión a entrar y residir en el territorio de su Estado miembro de origen, ya que este derecho está vinculado a su estatuto de nacional. Dicho derecho no se deriva del Derecho de la Unión, sino de su Derecho nacional. A diferencia de lo que ocurre con su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, inherente a su estatuto de ciudadano de la Unión, ese derecho no puede ser objeto de limitaciones o restricciones. De este modo, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que, en virtud de un principio de Derecho internacional, un Estado miembro no puede negar a sus propios nacionales el derecho a entrar en su territorio y a residir en él, y estos disfrutan por lo tanto en dicho Estado de un derecho de residencia incondicionado. (33)

31.      En la sentencia McCarthy, el Tribunal de Justicia dedujo que, como quiera que la residencia de una persona que se encuentra en el Estado miembro de su nacionalidad no puede someterse a condiciones, la Directiva 2004/38, relativa a las condiciones de ejercicio del derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, no puede estar destinada a aplicarse a un ciudadano de la Unión que disfruta de un derecho de residencia incondicionado por el hecho de que se encuentra en el Estado miembro de su nacionalidad. (34) Creo que ese mismo razonamiento puede aplicarse al artículo 21 TFUE, apartado 1, que constituye el fundamento de esa Directiva.

32.      En el presente asunto, la interesada, ciudadana de la Unión, abandonó el territorio de la República de Polonia, de la que es nacional, para trasladarse y residir en el territorio de la República Federal de Alemania, de la que también es nacional, no en ejercicio de su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, reconocido por el artículo 21 TFUE, apartado 1, sino sobre la base de su derecho autónomo e incondicional de entrada y residencia que le atribuye su nacionalidad. (35) A falta de esa premisa, y dado que los derechos que eventualmente se reconocen a los nacionales de terceros países no constituyen derechos propios de estos, sino derechos derivados de aquellos de los que disfruta el ciudadano de la Unión, (36) no puede exigirse a la República Federal de Alemania que reconozca al recurrente, en su condición de miembro de la familia de una ciudadana de la Unión, un derecho de residencia directamente basado en el artículo 21 TFUE, apartado 1, cuando todos los aspectos pertinentes se localizan en el interior de ese Estado miembro, ya que la pareja se conoció y fundó una familia en territorio alemán antes de desarrollar allí su vida familiar y poner fin a la misma.

33.      Así pues, a pesar del movimiento transfronterizo de la interesada, considero que esta ciudadana de la Unión que se desplazó entre los Estados miembros cuya nacionalidad posee desde su nacimiento y en cuyo territorio siempre ha residido, no ha hecho uso de su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros en el sentido del artículo 21 TFUE, apartado 1, de modo que el recurrente no puede obtener un derecho de residencia basado directamente en dicha disposición.

34.      Además, el recurrente tampoco puede disfrutar, en mi opinión, de un derecho de residencia derivado en virtud del artículo 20 TFUE. Como recuerda el Tribunal de Justicia, la finalidad y la justificación de los derechos derivados de los que tiene el ciudadano de la Unión se basan en la consideración de que no reconocerlos puede suponer un menoscabo de la libertad de circulación y de residencia del ciudadano de la Unión. (37) Pues bien, no creo que la situación objeto del litigio principal pueda asimilarse a las situaciones muy específicas en las que los Estados miembros, pese a que el ciudadano de la Unión no ha efectuado ningún movimiento transfronterizo, están obligados a reconocer un derecho de residencia de ese tipo so pena de privar a dicho ciudadano del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadano de la Unión. (38)

35.      De conformidad con reiterada jurisprudencia, establecida por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 8 de marzo de 2011, Ruiz Zambrano, (39) es cierto que existen situaciones en las que, «pese a no ser aplicable el Derecho derivado de la Unión en materia de derecho de residencia de los nacionales de terceros países y pese a que el ciudadano de la Unión de que se trate no haya ejercido su libertad de circulación y de residencia, debe reconocerse un derecho de residencia derivado en virtud del artículo 20 TFUE a un nacional de un tercer país, miembro de la familia de dicho ciudadano, pues de lo contrario se desvirtuaría la efectividad de la ciudadanía de la Unión si, como consecuencia de la denegación de tal derecho, ese ciudadano se viera obligado de hecho a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto, privándolo así del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por [su] estatuto [de ciudadano de la Unión]». (40)

36.      Como recordó el Tribunal de Justicia en la sentencia Safi, esas situaciones se caracterizan por el hecho de que, aun cuando se rigen por normativas que a priori son competencia de los Estados miembros, es decir, normativas sobre el derecho de entrada y de residencia de nacionales de terceros países fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones del Derecho derivado de la Unión, dichas situaciones están sin embargo intrínsecamente relacionadas con la libertad de circulación y de residencia de un ciudadano de la Unión, que se opone a que el derecho de entrada y de residencia les sea denegado a dichos nacionales en el Estado miembro en el que reside ese ciudadano, para no menoscabar tal libertad. (41) No obstante, la denegación de ese derecho de residencia únicamente podrá desvirtuar el efecto útil de la ciudadanía de la Unión cuando entre el nacional del tercer país de que se trata y el ciudadano de la Unión, miembro de su familia, exista tal relación de dependencia que esta llevaría a que el ciudadano de la Unión se viera obligado a acompañar al nacional del tercer país en cuestión y a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto. (42)

37.      Pues bien, a diferencia de la situación objeto de los asuntos que dieron lugar a la sentencia de 8 de marzo de 2011, Ruiz Zambrano, (43) o a las sentencias de 10 de mayo de 2017, Chávez-Vílchez y otros, (44) y de 8 de mayo de 2018, K.A. y otros (Reagrupación familiar en Bélgica),  (45) ninguna circunstancia de la situación de la interesada, expuesta en la resolución de remisión, indica que la denegación del derecho de residencia al recurrente podría privar a ella o a sus hijos menores de edad del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadanos de la Unión. (46) En efecto, nada apunta a que, como consecuencia de esa denegación, estos últimos se hayan visto obligados a abandonar el territorio de la Unión o que se haya visto obstaculizado su derecho a circular y residir libremente en el territorio de otros Estados miembros de los que no son nacionales. El recurrente se ha beneficiado siempre en territorio alemán de un régimen de tolerancia administrativa y, pese a la denegación de su solicitud de permiso de residencia, los miembros de su familia han residido siempre en territorio alemán. Además, ese riesgo puede excluirse razonablemente a día de hoy, en la medida en que, en primer término, de la resolución de remisión se desprende que la pareja se divorció en 2021; en segundo término, de las apreciaciones realizadas por el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Baden-Württemberg) resulta que no existe una dependencia efectiva entre el recurrente y los hijos nacidos de su relación con la interesada, (47) y, en tercer término, el representante del recurrente declaró durante la vista que su representado había fundado un nuevo hogar.

38.      Por consiguiente, la situación de que se trata no puede calificarse de «situación muy específica» que justifique que la República Federal de Alemania conceda excepcionalmente un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer país, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, sobre la base del artículo 20 TFUE para garantizar la efectividad de la ciudadanía de la Unión.

2.      Principios establecidos en la sentencia Lounes

39.      No creo que la solución que el Tribunal de Justicia adoptó en la sentencia Lounes,  (48)posteriormente confirmada en la sentencia Chief Appeals Officer y otros, sea aplicable en una situación como la del litigio principal.

40.      Reconozco que la idea de aplicar esta solución surge de manera bastante natural, dada la analogía fáctica. Esa analogía se debe a que, en el asunto que dio lugar a la sentencia Lounes, al igual que en el litigio principal, la ciudadana de la Unión se desplazó entre los dos Estados miembros cuya nacionalidad poseía en el momento en el que fundó su familia y desarrolló su vida familiar con un nacional de un tercer país.

41.      Más concretamente, el asunto que dio lugar a la sentencia Lounes tenía por objeto la situación de una nacional española, la Sra. Ormazabal, que, tras haberse trasladado al territorio del Reino Unido ejerciendo su libertad de circulación y haber residido en él varios años, sin poseer la nacionalidad de dicho Estado, en virtud y en cumplimiento del artículo 7, apartado 1, o del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/38, obtuvo la nacionalidad de ese Estado por naturalización sin renunciar a su nacionalidad española. Varios años más tarde, contrajo matrimonio con un nacional de un tercer país, el cual solicitó a las autoridades del Reino Unido un permiso de residencia derivado sobre la base del artículo 21 TFUE.

42.      En ese caso, el Tribunal de Justicia consideró que el ciudadano de la Unión tenía que poder «seguir disfrutando, en el Estado miembro de acogida, de los derechos dimanantes [del artículo 21 TFUE, apartado 1,] tras haber adquirido la nacionalidad de ese Estado miembro» (49) por tres razones: garantizar la coherencia del sistema que se asienta en la lógica de integrar al ciudadano de la Unión, asegurar el efecto útil del artículo 21 TFUE y promover la igualdad de trato entre ciudadanos de la Unión.

43.      En especial, el Tribunal de Justicia entendió que sería contrario a la lógica de integración progresiva que pretende favorecer el artículo 21 TFUE que ese ciudadano, al que se han conferido derechos en virtud de ese artículo en razón del ejercicio de su libertad de circulación, debiera renunciar a tales derechos, especialmente al de mantener una vida familiar en el Estado miembro de acogida, por el hecho de que ha tratado de lograr, mediante la naturalización en ese Estado miembro, una mayor integración en la sociedad de este. (50) El Tribunal de Justicia destacó así que los derechos conferidos a un ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida, en particular el de mantener una vida familiar con un nacional de un tercer Estado, irían reduciéndose a medida que ese ciudadano fuera integrándose en la sociedad de dicho Estado miembro y en función del número de nacionalidades de que dispusiera. (51)

44.      El Tribunal de Justicia también señaló que el efecto útil de los derechos que el artículo 21 TFUE, apartado 1, confiere a los ciudadanos de la Unión exige que un ciudadano que se encuentre en esa situación pueda seguir disfrutando, en el Estado miembro de acogida, de los derechos dimanantes de dicha disposición tras haber adquirido la nacionalidad de ese Estado miembro además de su nacionalidad de origen y, en particular, pueda desarrollar una vida familiar con su cónyuge nacional de un tercer Estado, mediante la concesión a este de un derecho de residencia derivado. (52) De este modo, mientras que el Tribunal de Justicia exige al ciudadano de la Unión que regresa a su país de origen que vaya acompañado del nacional del tercer país, en este caso revoca esa exigencia, pues el ciudadano de la Unión puede beneficiarse de los derechos que le confiere la Directiva 2004/38, incluso si ha creado y desarrollado su vida familiar después de su llegada al Estado miembro cuya nacionalidad ha adquirido. (53)

45.      Por último, el Tribunal de Justicia destacó que, en caso contrario, un ciudadano de la Unión que ha ejercido su libertad de circulación y ha adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida además de su nacionalidad de origen se vería tratado, en lo que a su vida familiar se refiere, menos favorablemente que un ciudadano de la Unión que hubiera ejercido también esa libertad, pero solo poseyera su nacionalidad de origen. (54)

46.      No creo que esta jurisprudencia sea aplicable por analogía a la situación de un ciudadano de la Unión que posee desde su nacimiento la nacionalidad del Estado miembro en cuyo territorio reside.

47.      En primer término, esa aplicación extensiva implicaría admitir que el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros a que se refiere el artículo 21 TFUE también incluye el derecho de los ciudadanos de la Unión a entrar y residir en su Estado miembro de origen. Pues bien, ha de recordarse que, a la luz de la naturaleza y alcance del vínculo de nacionalidad, el derecho a entrar y residir en su propio Estado miembro no puede ir acompañado de las «limitaciones y condiciones» a las que los artículos 20 TFUE, apartado 2, y 21 TFUE, apartado 1, hacen expresa referencia. (55)

48.      En segundo término, esa interpretación supondría limitar aún más la competencia de los Estados miembros en lo que respecta a las condiciones de residencia de los nacionales de terceros países, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, y llevaría en última instancia al reconocimiento sin límites de derechos vinculados a la ciudadanía de la Unión, pese a que ninguna disposición de los Tratados lo prevé expresamente, ya que la ciudadanía de la Unión tiene carácter derivado y complementario de la nacionalidad de un Estado miembro a la luz del tenor del artículo 20 TFUE, apartado 1. En efecto, sobre la base de esa interpretación, los Estados miembros estarían obligados a conceder a aquellos de sus nacionales que posean también la nacionalidad de otro Estado miembro, exclusivamente sobre la base del artículo 21 TFUE, apartado 1, incluso en relación con el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los derechos y ventajas inherentes al ejercicio del derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, entre los que figura el derecho de residencia derivado, aun cuando la Directiva 2004/38 no fuera nunca de aplicación.

49.      Desde mi punto de vista, ahí radica la diferencia más importante con los asuntos que dieron lugar a las sentencias Lounes y Chief Appeals Officer y otros, y el principal escollo a la aplicación extensiva de la solución que el Tribunal de Justicia adoptó en esas sentencias.

50.      En efecto, en cada uno de estos asuntos, la nacional «activó» la ciudadanía de la Unión al ejercer su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros en las condiciones establecidas por la Directiva 2004/38, antes de su naturalización en el Estado miembro de acogida. Eso tuvo como consecuencia que su estatuto jurídico, incluida su situación personal y familiar, quedara incluido ab initio en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, dado que pasó a ser titular de derechos nuevos derivados del Derecho de la Unión. (56) Según la doctrina, la ciudadanía de la Unión crea un conjunto adicional de derechos para los nacionales. Añade al primer conjunto de derechos vinculados a la nacionalidad de los que disfruta el nacional un segundo conjunto de derechos nuevos que tienen conferidos los nacionales de todos los Estados miembros de conformidad con las disposiciones establecidas en los Tratados. (57) Así, debido al ejercicio de su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros en las condiciones previstas en la Directiva 2004/38 y a su «integración progresiva» resultante en el Estado miembro de acogida, la Sra. Ormazabal obtuvo su nacionalidad británica y el Tribunal de Justicia admitió una «aplicación por analogía» de esa Directiva a su residencia en el Reino Unido únicamente con respecto a los derechos adquiridos con anterioridad. (58) Por lo tanto, era esencial para el Tribunal de Justicia que los derechos que había adquirido con anterioridad en virtud de esa Directiva, en particular el derecho a la reagrupación familiar, se mantuvieran en territorio británico a la luz del artículo 21 TFUE, apartado 1. La ciudadanía española o británica de la interesada era irrelevante, ya que esta era, ante todo, una ciudadana de la Unión que había ejercido su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, cuyo derecho a la reagrupación familiar, que le había sido reconocido, debía protegerse. (59) No solo se trataba del efecto útil del artículo 21 TFUE, apartado 1, sino también de la autonomía y autoridad del ordenamiento jurídico de la Unión.

51.      Pues bien, en una situación como la controvertida en el litigio principal, el ciudadano de la Unión nunca puede reivindicar el disfrute de derechos adquiridos anteriormente gracias a la «entrada en juego» de la Directiva 2004/38, puesto que, como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, esta nunca se aplica cuando circula y reside en el territorio de Estados miembros cuya nacionalidad posee. Como es imposible que adquiera esos derechos, estos tampoco pueden mantenerse. (60)

52.      En el estado actual del Derecho de la Unión y salvo que se pretenda ampliar el ámbito de aplicación del artículo 21 TFUE, apartado 1, la interesada se encuentra, por lo tanto, en lo que respecta a las condiciones de residencia del miembro de su familia, nacional de un tercer país, en una situación jurídica comparable a la de un ciudadano alemán «estático» que siempre ha vivido en Alemania y que ha fundado una familia y desarrollado su vida familiar en ese mismo Estado.

53.      Es cierto que esa solución introduce una diferencia de trato entre los ciudadanos de la Unión que poseen la nacionalidad de dos Estados miembros, en función del modo en que se les haya atribuido esta doble nacionalidad. Por un lado, estaría el ciudadano de la Unión que, como la interesada, posee la nacionalidad de dos Estados miembros desde el nacimiento y que debe considerarse «estático», porque se ha desplazado siempre y ha residido siempre en los Estados miembros cuya nacionalidad posee. Por otro lado, nos encontramos al ciudadano de la Unión que, como la Sra. Ormazabal, ha adquirido la nacionalidad de un segundo Estado miembro por naturalización y que debe considerarse «móvil». A su primera nacionalidad se ha añadido una segunda que ha podido adquirir precisamente por haber ejercido su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. (61)

54.      No obstante, la situación jurídica de la interesada debe distinguirse de la de la Sra. Ormazabal, dado que la segunda es la única que ha ejercido los derechos que le reconoce la Directiva 2004/38.

55.      Esta diferencia de trato me parece, pues, comparable a la que se permite entre un nacional «estático», que siempre ha residido en su Estado miembro de origen, y un nacional «móvil» que ha hecho uso de su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros desplazándose a un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen.

56.      A este respecto es importante señalar que aplicar de manera extensiva la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Lounes supondría introducir una diferencia de trato entre los nacionales, en función de que posean o no otra nacionalidad. En efecto, el nacional «estático» que posee únicamente la nacionalidad del Estado miembro en cuyo territorio ha residido siempre con su familia únicamente está sujeto a la legislación nacional en materia de inmigración, mientras que el nacional que posee la nacionalidad de dos Estados miembros y que, como la interesada, también ha fundado una familia y desarrollado su vida familiar en ese mismo territorio podría invocar disposiciones más favorables en materia de derecho de entrada y de residencia. Pues bien, desde el punto de vista de las normas relativas al derecho de entrada y de residencia de los nacionales de terceros países miembros de su familia, su situación personal y familiar me parece totalmente comparable. Tal interpretación podría entonces ser contraria al tenor del artículo 17, apartado 1, del Convenio Europeo sobre la Nacionalidad, en virtud del cual «los nacionales de un Estado contratante que posean otra nacionalidad deberán tener, en el territorio del Estado contratante en el que residan, los mismos derechos y deberes que los demás nacionales de dicho Estado contratante».

57.      A la luz de todos los elementos anteriores, creo que el artículo 21 TFUE, apartado 1, no se aplica a la situación de un ciudadano de la Unión que no ha ejercido su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros en las condiciones previstas en la Directiva 2004/38 al desplazarse entre dos Estados miembros cuya nacionalidad posee desde su nacimiento y que ha desarrollado su vida familiar con un nacional de un tercer país cuando ya estaba establecido de forma duradera en el territorio de uno de esos Estados. Por lo tanto, en el caso de autos, este artículo no se opone a que las autoridades administrativas alemanas examinen la solicitud de derecho de residencia presentada por el recurrente con arreglo a las disposiciones de Derecho nacional que regulan el derecho de residencia del nacional de un tercer país miembro de la familia de la interesada.

58.      Por consiguiente, propondría al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 21 TFUE, apartado 1, no se aplica a un ciudadano de la Unión que siempre ha residido en uno u otro de los Estados miembros cuya nacionalidad posee desde su nacimiento y que, por consiguiente, no ha ejercido su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, en la medida en que la situación de ese ciudadano no implique que un Estado miembro le aplique medidas que tengan por efecto privarle del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadano de la Unión u obstaculizar el ejercicio de ese derecho.

IV.    Conclusión

59.      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania) del siguiente modo:

«El artículo 21 TFUE, apartado 1, no se aplica a un ciudadano de la Unión que siempre ha residido en uno u otro de los Estados miembros cuya nacionalidad posee desde su nacimiento y que, por consiguiente, no ha ejercido su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, en la medida en que la situación de ese ciudadano no implique que un Estado miembro le aplique medidas que tengan por efecto privarle del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadano de la Unión u obstaculizar el ejercicio de ese derecho.»


1      Lengua original: francés.


2      En Derecho francés, hay un dicho según el cual «nul ne peut se prévaloir de son extranéité» (Nadie puede alegar su condición de extranjero para sustraerse a la ley). Eso significa que un francés no puede invocar otra nacionalidad para eludir sus obligaciones jurídicas en Francia.


3      Para un enfoque histórico, véase Kochenov, D., «Double Nationality in the EU: An Argument for Tolerance», European Law Journal, n.º 3, Blackwell, Oxford, 2011, pp. 323 a 343, en particular pp. 326 y ss.


4      Véase de Groot, D., «Free Movement of Dual EU Citizens», en Cambien, N., Kochenov, D., y Muir, E., European Citizenship under Stress: Social Justice, Brexit and Other Challenges, Brill Nijhoff, Leiden, 2020, pp. 67 a 109.


5      Véase el documento titulado «Population in private households by migrant background and dual citizenship» de Destatis, Statistisches Bundesamt (Instituto Federal de Estadística, Alemania), disponible en la siguiente dirección: https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Migration-Integration/Tables/migrant-status-dual-citizenships.html. El número de nacionales germano-italianos ascendía a 194 000, el de germano-rumanos a 151 000, el de germano-griegos a 104 000 y el de germano-franceses a 91 000.


6      BGBl. 2024 I, n.º 104; corrección de errores en BGBl. 2025 I, n.º 98.


7      En cuanto los aspectos fundamentales de esta reforma, véanse las precisiones que figuran en la siguiente dirección de Internet: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/droit-nationalite-2254386.


8      Véase Szpunar, M., y Blas López, M. E., «Some Reflections on Member State Nationality: A Prerequisite of EU Citizenship and an Obstacle to Its Enjoyment», en Kochenov, D., EU Citizenship and Federalism: The Role of Rights, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. 107 a 124, en particular pp. 108 y 122. Sobre la relación entre la nacionalidad de un Estado miembro y la ciudadanía de la Unión, véanse las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en el asunto Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588), punto 23.


9      C‑165/16, en lo sucesivo, «sentencia Lounes», EU:C:2017:862.


10      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35).


11      De los documentos que obran en los autos del procedimiento nacional se desprende que el recurrente ha cumplido varias penas de prisión entre los meses de junio de 2012 y septiembre de 2022, al haber sido condenado en siete ocasiones por delitos de vandalismo, robo, lesiones, fraude, complicidad en una agresión sexual, tráfico ilícito de estupefacientes y conducción sin permiso. La Administración alemana inició un procedimiento de expulsión en mayo de 2016, que fue suspendido por motivos familiares en febrero de 2020.


12      BGBl. 2004 I, p. 1986.


13      En su versión resultante de la Ley de 20 de abril de 2023 (BGBl. 2023 I, p. 106). El artículo 5, apartado 1, primera frase, de dicha Ley dispone que, «en los seis meses siguientes a la comunicación de la información necesaria, a los miembros de la familia que disfruten de la libre circulación sin ser ciudadanos de la Unión se les expedirá de oficio una tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión, válida durante cinco años».


14      En su resolución de 5 de julio de 2023, el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Baden-Württemberg) constató que no había ninguna dependencia efectiva entre el recurrente y sus hijos (apartado 25).


15      Véase la sentencia de 22 de febrero de 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (C‑491/21, EU:C:2024:143), apartado 27.


16      Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Chief Appeals Officer y otros (C‑488/21, en lo sucesivo, «sentencia Chief Appeals Officer y otros», EU:C:2023:1013), apartado 43 y jurisprudencia citada.


17      C‑148/02, EU:C:2003:539.


18      C‑541/15, EU:C:2017:432.


19      C‑713/23, EU:C:2025:917.


20      C‑434/09, en lo sucesivo, «sentencia McCarthy», EU:C:2011:277.


21      Véase la sentencia McCarthy, apartado 23.


22      Véase la sentencia McCarthy, apartado 45 y jurisprudencia citada.


23      Véase la sentencia McCarthy, apartado 54.


24      Véase la sentencia McCarthy, apartados 46 y 48 a 54.


25      Véase la sentencia McCarthy, apartado 55.


26      Véase asimismo el artículo 9 TUE.


27      Véase la sentencia de 4 de junio de 2026, Safi (C‑147/24, en lo sucesivo, «sentencia Safi», EU:C:2026:442), apartado 32 y jurisprudencia citada.


28      Véase la sentencia Lounes, apartado 51. El Tribunal de Justicia ha reafirmado recientemente ese principio en el contexto particular del reconocimiento, transcripción o modificación de datos relativos al estado civil del ciudadano de la Unión. Véase, en particular, la sentencia de 12 de marzo de 2026, Shipova (C‑43/24, EU:C:2026:183), apartado 33 y jurisprudencia citada.


29      Véase la sentencia de 17 de noviembre de 2011, Gaydarov (C‑430/10, EU:C:2011:749), apartado 25 y jurisprudencia citada. El subrayado es mío.


30      Véase, a este respecto, las reflexiones de Szpunar, M., y Blas López, M. E., op. cit., y las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en el asunto Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588), punto 23.


31      C‑430/10, EU:C:2011:749.


32      Véase la sentencia de 17 de noviembre de 2011, Gaydarov (C‑430/10, EU:C:2011:749), apartado 29 y jurisprudencia citada. Véase también, en el mismo sentido, la sentencia Safi, apartado 33.


33      Véanse las sentencias de 22 de junio de 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Madre tailandesa de un hijo menor de edad neerlandés) (C‑459/20, EU:C:2023:499), apartado 41 y jurisprudencia citada, y Chief Appeals Officer y otros, apartado 43. Véase también la sentencia Safi, apartado 47 y jurisprudencia citada.


34      Véase la sentencia McCarthy, apartado 34.


35      En su sentencia de 29 de abril de 2025, Comisión/Malta (Ciudadanía para inversores) (C‑181/23, EU:C:2025:283), el Tribunal de Justicia recordó el fundamento del vínculo de nacionalidad de un Estado miembro, que reside «en la relación especial de solidaridad y de lealtad entre dicho Estado y sus nacionales, así como en la reciprocidad de derechos y deberes» (apartado 96 y jurisprudencia citada). Véase también Kochenov, D., «Double Nationality in the EU: An Argument for tolerance», op. cit.


36      Véase la sentencia Safi, apartado 35 y jurisprudencia citada.


37      Véase la sentencia Safi, apartado 35 y jurisprudencia citada.


38      Véase la sentencia Safi, apartado 34 y jurisprudencia citada.


39      C‑34/09, EU:C:2011:124. En el asunto que dio lugar a esa sentencia, el padre de unos menores de edad que eran nacionales belgas fue objeto de una medida de expulsión y las autoridades competentes habían denegado su solicitud de permiso de trabajo. El Tribunal de Justicia declaró que tales decisiones privarían a los hijos del Sr. Ruiz Zambrano del disfrute efectivo de los derechos que derivan del artículo 20 TFUE. Las decisiones controvertidas en dicho asunto habrían tenido como consecuencia que los hijos, ciudadanos de la Unión, se vieran obligados a abandonar el territorio de la Unión (apartados 43 y 44).


40      Sentencia Safi, apartado 41. Véase asimismo la sentencia de 8 de mayo de 2025, Stadt Wuppertal (C‑130/24, EU:C:2025:340), apartado 27 y jurisprudencia citada.


41      Véase la sentencia Safi, apartado 42 y jurisprudencia citada.


42      Véase la sentencia Safi, apartados 43 a 47. Véase asimismo la sentencia 8 de mayo de 2025, Stadt Wuppertal (C‑130/24, EU:C:2025:340), apartado 28 y jurisprudencia citada.


43      C‑34/09, EU:C:2011:124.


44      C‑133/15, EU:C:2017:354.


45      C‑82/16, EU:C:2018:308.


46      Véanse asimismo las sentencias de 8 de noviembre de 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691), apartado 71; de 8 de mayo de 2013, Ymeraga y otros (C‑87/12, EU:C:2013:291), apartado 36; de 10 de octubre de 2013, Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 32; de 13 de septiembre de 2016, Rendón Marín (C‑165/14, EU:C:2016:675), apartado 74, y de 13 de septiembre de 2016, CS (C‑304/14, EU:C:2016:674), apartado 29.


47      Véase la nota 14 de las presentes conclusiones.


48      Para un comentario de esa sentencia véase, en particular, Benlolo Carabot, M., «Cour de justice, gde ch., 14 novembre 2017, Toufik Lounes c/ Secretary of State for the Home Department, aff. C‑165/16, EU:C:2017:862», Jurisprudence de la CJUE 2017: décisions et commentaires, Bruylant, Bruselas, 2018, pp. 255 a 266.


49      Véase la sentencia Lounes, apartado 60. El subrayado es mío.


50      Véase la sentencia Lounes, apartado 58.


51      Véase la sentencia Lounes, apartado 59.


52      Véase la sentencia Lounes, apartado 60. Véase también la sentencia Chief Appeals Officer y otros, apartado 45.


53      En lo que respecta a la jurisprudencia relativa al regreso de los ciudadanos de la Unión a sus países de origen, véanse, en particular, las situaciones a que se refieren las sentencias de 11 de diciembre de 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771); de 12 de marzo de 2014, O. y B. (C‑456/12, EU:C:2014:135), y de 27 de junio de 2018, Altiner y Ravn (C‑230/17, EU:C:2018:497). Los asuntos que dieron lugar a dichas sentencias se referían, en efecto, a la situación de un ciudadano de la Unión que regresaba a su Estado miembro de origen tras haber residido de manera efectiva en un Estado miembro del que no poseía la nacionalidad en las condiciones establecidas por la Directiva 2004/38 y en el que había desarrollado o consolidado una convivencia familiar con un nacional de un tercer país. En tales supuestos, el Tribunal de Justicia ha declarado que el efecto útil de los derechos que el artículo 21 TFUE, apartado 1, confiere al ciudadano de la Unión de que se trate exige que la vida familiar que se ha desarrollado a raíz del ejercicio de la libertad de circulación y de residencia en el Estado miembro de acogida pueda continuar a su regreso al Estado miembro del que es nacional, lo que implica, en particular, la obligación para este último de conceder un derecho de residencia derivado al miembro de la familia en cuestión, nacional de un tercer país. El Tribunal de Justicia ha considerado que la inexistencia de tal derecho de residencia podría disuadir al ciudadano de la Unión de salir de su Estado miembro de origen para ejercer su derecho de residencia en otro Estado miembro o de regresar a su Estado miembro de origen tras haber ejercido ese derecho, ante la incertidumbre de si podrá continuar en este la convivencia familiar desarrollada o consolidada en el Estado miembro de acogida.


54      Véase la sentencia Lounes, apartado 59.


55      Véase al apartado 29 de las presentes conclusiones.


56      Véase Closa, C., «Citizenship of the Union and nationality of member States», Common Market Law Review, n.º 2, Wolters Kluwer, Leiden, 1995, pp. 487 a 518, en particular p. 487.


57      Véase Closa, C., op. cit., en particular, pp. 493 y 494.


58      Véase la sentencia Lounes, apartados 56 y 57.


59      Heymann, J., «Citoyenneté de l’Union et conflit positif de nationalités», Revue Trimestrielle de Droit européen, n.º 3, Dalloz, París, 2018, pp. 587 a 596, en particular el apartado 13.


60      Véase el documento de trabajo elaborado por David de Groot en noviembre de 2024 para el Parlamento Europeo que lleva por título «Right to return and dual citizens in free movement case law».


61      El artículo 5, apartado 2, del Convenio Europeo sobre Nacionalidad, hecho en Estrasburgo el 6 de noviembre de 1997 en el contexto del Consejo de Europa, que entró en vigor el 1 de marzo de 2000, en el que son parte muchos Estados miembros, establece que «los Estados contratantes deben regirse por el principio de no discriminación entre sus nacionales, ya sea de nacimiento o que hayan adquirido su nacionalidad con posterioridad». Sin embargo, como se desprende de su informe explicativo, este artículo solo se refiere a la aplicación de las normas en materia de nacionalidad entre los nacionales de nacimiento y los demás nacionales, incluidas las personas naturalizadas (apartado 46 de dicho informe).